
“En Jalisco estamos buscando”, se lee en la página web del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de dicho estado, que es la entidad en México con más desapariciones en el país desde 2018 y acumula 16,064 registros —1,829 mujeres y 14,235 hombres— hasta 2025, de acuerdo con la misma base de datos.
La problemática atraviesa a Jalisco principalmente en los casos de desaparición de menores de edad —de 0 a 14 años—, los cuales aumentaron 17 % de 2024 a 2025 tras pasar de 275 a 323 casos.
Pese a que el gobernador del estado, Pablo Lemus, ha calificado al fenómeno de la desaparición como “la mayor tragedia que vive nuestro país y Jalisco” e implementó acciones para combatirlo, como el Plan de Acción contra la Desaparición de Personas, especialistas en desapariciones destacan que esta problemática continúa y advierten un aumento de casos.
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Con la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco se estableció la creación y la gestión de registros estatales de desapariciones, fosas comunes y personas fallecidas no identificadas. Estos fueron diseñados para facilitar la búsqueda y la investigación forense, lo cuales, de acuerdo con el gobierno de Enrique Alfaro, pretendían usar una metodología más precisa para evitar “duplicidades” que existían en la plataforma nacional y así garantizar la protección de los derechos de las víctimas.
Desde 2022 —bajo la gubernatura de Enrique Alfaro— Jalisco dejó de reportar sus desapariciones al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) para contabilizarlas únicamente en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD de Jalisco).
Esta decisión generó controversia, pues aunque la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dicta que todas las entidades federativas tienen la obligación jurídica de reportar y actualizar sus registros de desapariciones en el RNPDNO, Jalisco ha mantenido una postura de autonomía técnica y política frente al gobierno federal.
Respecto al registro estatal, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) explicó que los casos se clasifican de distintas formas: las personas desaparecidas —aquellos casos en los que los familiares desconocen su paradero y la ausencia se relaciona con la comisión de un delito— y las personas no localizadas —cuya ubicación es desconocida.
El Sabueso realizó un ejercicio de búsqueda en ambos registros a partir de la desaparición de Jordy Alejandro Cárdenas Flores, quien fue visto por última vez en Guadalajara el 19 de mayo de 2022 —en ese momento tenía 19 años— y cuyo caso se registró en la Cédula Informativa de Búsqueda de Jalisco con el folio CIBM/19/2024, emitida el 17 de mayo de 2024 —dos años después de los hechos.
Pese a que la cédula fue expedida por las autoridades jaliscienses, al buscar el registro en el REPD de Jalisco con la información del documento el sistema arrojó: “Lo sentimos, no encontramos ninguna cédula que cumpla con los criterios especificados”, y advierte que las familias pueden determinar si estas fichas continúan siendo públicas.

Fuente: Captura de pantalla de la búsqueda en el REPDJal.
Cabe destacar que la Ficha de Búsqueda de Jordy Alejandro tiene información contradictoria, pues en el apartado lugar de desaparición aparece Guadalajara, mientras que en la sección de resumen de hechos se especifica que fue visto por última vez en la colonia Centro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Si se busca con esta última ubicación si aparece el registro, sin embargo, esto impide una correcta búsqueda.
Mientras, en el RNPDNO tampoco aparece registrado el caso, aunque se buscó con todos los criterios mencionados en la Cédula Informativa de Búsqueda de Jalisco con el folio CIBM/19/2024 con un rango de fechas de hechos del 18 de mayo de 2022 —un día antes de la desaparición— al 19 de mayo del mismo año.

“Jalisco ha incumplido con la obligación de subir datos de manera permanente a la base federal”, expone Carmen Chinas Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. “La ley determina que la actualización de datos de personas desaparecidas debe ser inmediata, pero el gobierno actualiza el registro estatal cada mes. Además, los reportes o fichas de búsqueda se emiten demasiado tarde, a veces tardan semanas, y en estas búsquedas el tiempo es vital”.
Víctor Manuel González Romero, exrector de la misma universidad y coordinador del sitio web Desaparecidos en Jalisco, afirma: “Las autoridades locales no actualizan los datos de personas desaparecidas en los registros nacionales y aparentan que en Jalisco ocurren menos desapariciones, pero en realidad hay un aumento”. Además, señala que “esto genera un desequilibrio entre los datos de ambos registros”, como se muestra en este gráfico:

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De acuerdo con el sitio web oficial del REPD de Jalisco, de 2018 a 2025 —gobiernos de los emecistas Enrique Alfaro Ramírez y Pablo Lemus— las desapariciones en el estado aumentaron 39.7 % con 2,217 y 3,098 desapariciones en cada respectivo gobierno.
“En Jalisco las desapariciones no son un fenómeno nuevo, pero la crisis sí se ha agravado. Ahora vemos más violencia en los casos, como presencia de personas armadas, crimen organizado, agentes federales, y uso excesivo de la fuerza”, asegura el periodista Jonathan Ávila.

Víctor Manuel González Romero y Carmen Chinas Salazar también explican que hay tendencias preocupantes en el caso específico de niñas, niños y adolescentes. “Desde 2025, el rango de edad de 15 a 19 años se sitúa en el primer lugar, esto puede relacionarse en distintos casos por reclutamiento forzado vinculados con ofertas de empleos falsas”, señala la especialista.

“Les ofrecen un trabajo falso, los citan, por ejemplo, en la terminal de autobuses de Tlaquepaque y los llevan a otras ciudades. Con los operativos implementados por el gobierno se ha logrado rescatar a algunas víctimas, pero falta un plan integral para evitar que esto siga. Es todo un sistema: desde quién publica el anuncio en redes hasta los centros de reclutamiento forzado”, explica Víctor Manuel González Romero.
Al respecto, Carmen Chinas Salazar afirma que las juventudes se ven más afectadas por el fenómeno de la desaparición, pues “es una forma de violencia estructural que refleja la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad de la juventud. Las y los jóvenes deberían estar estudiando, pero para ellos se convierte en una prioridad buscar trabajo por la necesidad de apoyar económicamente a sus familias”, añade.
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Cuatro jóvenes desaparecidos y asesinados en Jalisco tenían cédulas de búsqueda y no figuran en la base de datos sobre desapariciones que publica cada mes el gobierno estatal, acusó Jorge Ramírez Plascencia, profesor e investigador de Sociología de la Universidad de Jalisco, en una publicación de X.
Como este, existen otros casos. Jonathan Ávila, coautor de la investigación Guadalajara. Zona de exterminio y desaparición, advierte: “Hemos detectado que los casos que no se reportan al registro nacional se quedan como ‘pre-búsquedas’ en las que quizá se contabiliza la desaparición, pero no se abre una carpeta de investigación. Esto elimina la garantía de que las autoridades realicen todas las acciones que amerita este mecanismo y que otras fiscalías conozcan el caso para enlazar nuevas líneas de investigación”.
“¿Qué ocurrió con los reportes no registrados? No se puede tener la certeza de que las personas hayan sido localizadas. Se pudieron demeritar los reportes y no se atendieron. O siguen activos en una contabilidad paralela, no oficial. O se reservaron para su registro oficial en fecha posterior. O una combinación de todas ellas”, cuestiona Jorge Ramírez Plascencia en este artículo de Nexos.
En este contexto, Victor Manuel Gónzalez Romero señala en entrevista: “Desaparecen a los desaparecidos. Al gobierno le interesa quedar bien con las cifras, pero si el objetivo es que la crisis mejore, lo primero que se debe hacer es evaluar el contexto para implementar medidas; pero para eso primero hay que tener registros y Jalisco no los tiene desde hace tres años”.
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La presentación de Benito Martínez Ocasio en el show de medio tiempo del Super Bowl el domingo estuvo marcada por mensajes y símbolos que evocaban la cultura latina y puertorriqueña. La bandera tuvo un rol destacado.
“Aquí mataron gente por sacar la bandera, por eso yo la llevo donde quiera”.
Bad Bunny se tomó muy en serio este verso de su canción “La MuDANZA” cuando el domingo, durante el show de medio tiempo del Super Bowl, ondeó con orgullo la bandera de Puerto Rico en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.
Lo hizo ante la mirada de millones de personas en todo el mundo, cantando casi por completo en español y en el momento en que denunciaba los constantes cortes de luz que sufren los puertorriqueños en la isla.
El artista suele ofrecer presentaciones meticulosas, donde cada detalle está calculado, y esta ocasión no fue la excepción.
“La bandera puertorriqueña no es solo un símbolo de afirmación nacional; también es una herramienta de resistencia frente al colonialismo”, sostuvo el historiador Jorell Meléndez-Badillo en un artículo de 2019.
Al interpretar su éxito “El apagón”, rodeado de una escenografía que aludía al maltrecho sistema eléctrico boricua, Benito Martínez Ocasio empuñó una versión muy específica de la monoestrellada: la azul celeste.
Dicha variante del diseño está vinculada al movimiento independentista puertorriqueño y, en general, a quienes buscan marcar una diferencia cultural con la estadounidense.
Sin embargo, la bandera oficial es la azul oscuro, adoptada en 1952, cuando se creó el Estado Libre Asociado, la forma de gobierno propio con poderes limitados aprobada por el gobierno de EE.UU. para Puerto Rico.
Esa fue la versión que en 2020 Jennifer Lopez, al presentarse junto a Shakira, también usó en el show del medio tiempo del Super Bowl.
La cantante sorprendió entonces al público al abrir su vestuario decorado con la bandera estadounidense para revelar en su interior la boricua.
Pero, más allá del debate del color, la bandera de la isla guarda una historia de persecución que es la que el artista expone en su música.
La bandera puertorriqueña fue diseñada en 1895 por Antonio Vélez Alvarado, un periodista y político que militaba en el Comité Revolucionario de Puerto Rico, grupo de boricuas que, a su vez, formaba parte del Partido Revolucionario Cubano.
El partido, fundado por José Martí en Nueva York, buscaba la independencia de Cuba y Puerto Rico, las últimas dos colonias españolas en América.
Con la intención de mostrar unidad, al diseñar la bandera puertorriqueña el periodista se inspiró en la cubana, pero invertida: franjas rojas y blancas, triángulo azul y estrella blanca.
La bandera boricua fue presentada al propio Martí en una cena, según el historiador puertorriqueño Joseph Harrison Flores en entrevista con el diario El Nuevo Día.
“Las dos islas… juntas han de salvarse o juntas han de perecer”, habría dicho el escritor y revolucionario, según los documentos estudiados por el autor de “Historia de la bandera puertorriqueña: del conflicto a la certeza”.
Hay historiadores que afirman que el azul de aquella primera versión era celeste y estaba inspirado en la bandera del Grito de Lares, un alzamiento de puertorriqueños contra España que tuvo lugar en el municipio de Lares, en el centro de la isla, en 1868.
Pero Harrison Flores argumenta que, en realidad, era azul oscuro y que años más tarde los grupos independentistas fueron quienes cambiaron su tono.
Mientras que Cuba alcanzó la independencia que deseaban los exiliados en Nueva York, Puerto Rico fue cedido a EE.UU. al final de la guerra hispanoamericana en 1898.
Décadas después, en 1948 y con la intención de sofocar los movimientos independentistas, el gobierno local de Puerto Rico aprobó la Ley 53 o la Ley de la Mordaza.
Esta disposición coartaba la libertad de expresión, prohibía apoyar públicamente la independencia, imprimir información relacionada o participar en algún grupo con esta inclinación.
Y, por supuesto, hacía ilegal poseer, exhibir o incluso tener en el hogar una bandera de Puerto Rico.
La pena por violar la ley podía ser de hasta 10 años de cárcel.
Fue derogada en 1957, pero sus efectos culturales y psicológicos persisten y aún son motivo de discusión en Puerto Rico.
Por eso no es casualidad que Bad Bunny insista en este símbolo, no solo en “La MuDANZA”, sino también en “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”:
“No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai/Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái“.
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