
Para entender mejor
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó recuperar el presupuesto mínimo destinado para ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos, el cual fue eliminado por el Congreso en 2020 tras una reforma a la Ley General de Víctimas. Ahora, especialistas advierten que esta resolución puede afectar el financiamiento de medidas de reparación, rehabilitación y no repetición.
Al no existir una obligación, el presupuesto puede reducirse o eliminarse —como en este caso— y afectar directamente acciones como el acceso a peritajes, la representación jurídica gratuita y el apoyo a los centros de atención a víctimas.
“Es una medida regresiva porque no existe una garantía presupuestaria que respalde aspectos para la lucha o búsqueda de justicia de las víctimas, como el caso de las madres buscadoras, quienes acuden al Ministerio Público a solicitar medidas de atención médicas y psicológicas o el apoyo monetario para las búsquedas independientes que ellas realizan”, explica Ivette Galván, coordinadora del área de Defensa del Centro Prodh.
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Previo a la reforma a la Ley General de Víctimas de 2020, el artículo 132 fracción I garantizaba un presupuesto mínimo para medidas de ayuda, atención y reparación a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, el cual no podía ser menor al 0.014 % del gasto programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año inmediato anterior.
“La garantía presupuestaria referida consistía en que siempre que los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas fueran inferiores al 0.014 % del gasto programable en el Proyecto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior correspondía al Congreso la concesión de recursos adicionales para que se satisfagan sus fines”, menciona el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.
De acuerdo con el Centro Prodh, la eliminación de esta garantía ha tenido un impacto directo y negativo en la capacidad del Estado para la atención de víctimas. No asegurar 0.014 % del gasto programable ha significado que, entre 2022 y 2026, el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) promedie 29 % por debajo del nivel de financiamiento anteriormente garantizado.
En enero de 2021, el Centro Prodh promovió una demanda de amparo bajo el argumento de que eliminar el piso mínimo era una medida regresiva para los derechos de las víctimas debido a que la disponibilidad de recursos quedaba sujeta únicamente a decisiones anuales, sin una base obligatoria garantizada.
Tres años después, el 13 de marzo de 2024, la Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad el Amparo en Revisión 675/2022 y declaró que era injustificado y violatorio del principio de progresividad —por el derecho a la reparación integral del daño.
Durante la sesión del Pleno del 18 de noviembre de este año, con el argumento de que la reforma de 2020 “otorgó una mayor protección a las víctimas”, las ministras Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y el ministro Irving Espinosa Betanzo votaron en contra de recuperar este presupuesto mínimo.
Por el contrario, los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía y las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa argumentaron que esa misma reforma no garantiza un presupuesto mínimo para las víctimas.
“El mensaje que emite la nueva Corte es una expresión de abandono para las víctimas del país debido a que las despoja de vivir una reparación del daño. Además, este fondo económico no solamente es para víctimas de violaciones a derechos humanos, sino también para quienes sufren un delito y el responsable de este no paga, ya que el Estado cubría de manera subsidiaria este gasto”, explica el profesor y abogado de Derechos Humanos, Luis Tapia.
Con la eliminación de este presupuesto protegido, los procesos de reparación del daño pueden retrasarse, fragmentarse o no cumplirse, debido a que estos requieren recursos económicos para indemnizaciones, rehabilitación o medidas de no repetición.
Ivette Galván y Luis Tapia evidencian que, sin un piso mínimo, cada año puede asignarse más o menos dinero para las víctimas según la conveniencia política y no la magnitud de las crisis en el país.
Por ejemplo, mientras que el presupuesto de 2025 consideró 658 millones de pesos a las ayudas sociales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el monto para cumplir con la garantía mínima debió ser aproximadamente de 909 millones de pesos.

“Reabrir discusiones que jurídicamente ya debían considerarse agotadas violenta el derecho a la seguridad jurídica de las víctimas y vulnera a toda la ciudadanía que tiene asuntos legales bajo el yugo de esta nueva Corte”, expone Ivette Galván.
Diversas organizaciones sociales como el centro de Análisis e Investigación Fundar, el Centro Prodh y Artículo 19 evidenciaron que la decisión de la SCJN de reabrir la discusión vulnera la figura de la cosa juzgada porque rompe la firmeza de las decisiones judiciales, crea inseguridad jurídica y genera precedentes de inestabilidad en los criterios del máximo tribunal.
El abogado y profesor de derechos humanos también visibiliza que el Estado mexicano incumple con sus obligaciones porque, además de prever y defender el fondo económico para la reparación del daño, debe efectuar mejores acciones para la protección de víctimas como medidas de no repetición, disculpas públicas y actos simbólicos.
“La nueva Corte tendría que ser más cuidadosa, enviar el mensaje de invalidar lo que dijo la Primera o la Segunda Sala definitivamente siembra confusión e inseguridad en la sociedad. Debe tomar con seriedad su jurisprudencia y sus precedentes para no insinuar que habrá un ‘borrón y cuenta nueva’ en el Pleno tras la reforma judicial”, concluye Luis Tapia.
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Como madre, Ellie Leonard sintió que no había misión más importante que encontrar justicia para las víctimas de Jeffrey Epstein.
Mientras los archivos del caso Epstein acaparan titulares en todo el mundo, no son solo los principales medios de comunicación los que examinan los millones de documentos: también han despertado un amplio interés del público en línea.
Entre los periodistas ciudadanos independientes que se han unido al esfuerzo de examinar los archivos está la escritora estadounidense Ellie Leonard, quien trabaja con otros para revisar el último lote de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Tengo que hacerme a la idea de que no puedo revisar las 3,5 millones de páginas”, dijo Leonard a la BBC.
Leonard asegura que al principio no sabía nada sobre Jeffrey Epstein, pero comenzó por investigar sus vínculos con Donald Trump, inspirada por su interés en la justicia social y su oposición a las políticas económicas y de inmigración del presidente.
La última entrega de material publicada el 30 de enero incluye tres millones de páginas, 180.000 imágenes, 2.000 videos y varios nombres conocidos como Richard Branson, Bill Gates y Elon Musk.
Nada indica que aparecer en los documentos implique algún delito. Muchas personas que han aparecido en publicaciones anteriores han negado cualquier ilícito en relación con Epstein.
Leonard dice que renunció a su trabajo en la escuela de su hijo a finales de diciembre de 2025 para dedicarse a la tarea de examinar los documentos, pero con las entregas de archivos más grandes pronto se dio cuenta de que necesitaría ayuda.
La última publicación llegó semanas después de la fecha límite establecida por la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, que el presidente estadounidense Donald Trump firmó en noviembre. Esta exigía la publicación completa de todos los documentos relacionados con Epstein.
Leonard invitó a personas de todo el mundo a ayudarle a examinar los archivos y, como ella dice, “la gente respondió a mi llamado”.
Estima que más de 1.000 periodistas ciudadanos de países que van desde Corea del Sur hasta Noruega se han unido a su proyecto en la plataforma en línea Substack. Tienen intereses y especializaciones tan diversas como el psicoanálisis, las métricas de datos y el derecho.
Leonard tiene experiencia en simplificar documentos políticos complejos para ayudar a los votantes a estar más informados, y sintió que podía ayudar de manera similar con los archivos de Epstein.
Sin embargo, su motivación radica principalmente en obtener justicia para las víctimas cuyos relatos a menudo no han recibido credibilidad.
“Cuando las mujeres se presentan o las sobrevivientes se presentan y cuentan su historia, voy a creerles. Voy a darles el beneficio de la duda”, dice.
“Luego voy a comenzar a buscar las cosas que dicen e ir a encontrar estas cosas. Creo que es realmente importante validar sus historias de esa manera”.
Una clave es que el enfoque del grupo difiere del de muchas organizaciones de medios más grandes.
En lugar de comenzar por el principio de cada nuevo lote de documentos publicados, donde generalmente se encuentran los clips, capturas de pantalla y citas más ampliamente difundidos y comentados, ella aconseja a su grupo comenzar en otro lugar.
“Cuando sale un nuevo lote de archivos, hay muchos momentos destacados de los que la gente hablará una y otra vez… y tienden a venir del principio de los archivos”, explica.
“Así que siempre recomiendo que las personas se distribuyan y comiencen en el medio, comiencen cerca del final, trabajen hacia atrás, porque todo está desordenado”.
Al dividir los documentos de esta manera, dice que el grupo puede comparar notas más fácilmente, identificar vacíos y evitar duplicar el trabajo de los demás.
“Todos buscan con su propia habilidad en su propia sección de los archivos, y todos aunamos nuestras mentes”, dice.
Leonard argumenta que la conversación pública a menudo gravita hacia las figuras más reconocibles mencionadas en los documentos, las “grandes personalidades” que dominan los titulares cuando se publica nuevo material.
Pero ella dice que ese enfoque puede oscurecer otras partes de los archivos que son igualmente significativas.
“Creo que hay cosas más pequeñas que contienen más detalles en este caso”, dice Leonard.
Los intercambios de correos electrónicos, las comunicaciones internas y los pequeños fragmentos de evidencia, dice, “actúan como recibos para las historias de los sobrevivientes”.
Señala el ejemplo de una mujer que dio el nombre de Epstein a las autoridades en una etapa temprana del caso.
“Maria Farmer habló con el FBI en 1996. Bueno, ahora podemos ver realmente su informe del FBI. Y prueba que lo que ella decía era verdad, corrobora lo que ha dicho durante décadas”.
Farmer, una artista que trabajó para Epstein, había dicho al FBI que Epstein había robado fotos personales que ella tomó de sus hermanas de 12 y 16 años.
Denunció que creía que Epstein vendió las fotos a posibles compradores, y dijo que la amenazó con quemar su casa si le contaba a alguien lo sucedido.
Farmer también afirmó que Epstein le había pedido que tomara fotos para él de niñas en piscinas.
Tras la publicación de los archivos, Farmer dijo que se sentía “reivindicada” después de casi 30 años.
Leonard dice que es el efecto acumulativo de los indicios lo que encuentra más sorprendente, la forma en que llenan los vacíos y confirman las líneas de tiempo.
“Puedo ver qué pensaba la gente, con quién hablaban, quiénes eran sus amigos, dónde bajaron la guardia, y luego qué información nos daban en esas conversaciones”.
“Realmente creo que la sustancia de este caso vendrá de esas conversaciones, porque nunca pensaron que serían públicas”.
Leonard dice que aborda los documentos sin la experiencia y el enfoque de un reportero de noticias tradicional, pero con las habilidades analíticas que moldeó durante sus estudios unviersitarios de Historia Clásica.
“El periodismo tradicional se trata de tener estándares, tener guardianes”, dice.
“Creo que yo realmente me enfoco en las citas y la búsqueda de hechos”.
Aún así, aún consulta a periodistas capacitados que conoce y comparte borradores antes de publicar.
“Recibo mucho ánimo de ellos. Y creo que eso me permite avanzar y saber que he contado la historia con el mejor de mis conocimientos”.
Como madre, Leonard dice que para ella este trabajo es una cuestión de “responsabilidad”.
“Soy madre, y haré lo que sea necesario para hacer del mundo un lugar mejor para mis hijos y un lugar más seguro”.
Espera que su trabajo de investigación llegue a una conclusión.
“Necesita tener un final para estas sobrevivientes, y necesitan encontrar justicia”, dice.
“Creo que el objetivo, la razón por la que todos trabajamos tan duro, es encontrarla”.
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