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“Ni venganza ni perdón”, de Julio Scherer y Jorge Fernández, no es un texto definitivo, contundente o demoledor, pero sí un libro revelador por quien comparte sus memorias. No se trata de una especulación sino del recuento que hace alguien que vivió muy de cerca el ejercicio del poder en buena parte del sexenio pasado.
Más allá de las motivaciones, las omisiones o las imprecisiones que contiene el libro, es relevante, insisto, porque muchas de las aseveraciones del texto no hacen sino confirmar sospechas o consolidar hipótesis que se tenían desde fuera. Destaco dos.
Primero. El pragmatismo desmedido que consagró que el fin justifica a los medios y que la lealtad está por encima de la capacidad. Las consecuencias de ese estilo de gobierno las seguimos padeciendo: el desprecio por las evidencias técnicas, el atropello a las formas y a las reglas mínimas de convivencia política han degradado sistemáticamente a la política y al ejercicio de gobierno. Observar el nuevo pragmatismo mexicano ha sido muy costoso. Improvisación, incompetencia, opacidad y corrupción han sido secuencias inevitables de ese nuevo estilo de gobernar que, acaso de manera involuntaria, queda fielmente reflejado en el libro.
El segundo tema por destacar, y acaso el más importante, es la confirmación de la convivencia de la delincuencia organizada con la manera de hacer política de Morena. La dependencia del movimiento con el dinero es ostensible desde hace tiempo, ya no puede hacer una concentración sin acarreo, pase de lista, apoyo económico y una costosa logística; la cercanía de muchos de sus abanderados con diversos grupos de crimen organizado es cada vez más cotidiana, y el impresionante boquete a las finanzas públicas del huachicol fiscal sigue siendo una asignatura pendiente para el grupo gobernante.
Ninguno de esos temas es novedoso o sorprendente, reitero, pero lo relevante es quién lo confirma. Sus detractores lo han calificado de traidor, no de mentiroso. Pero si ello ya hace interesante la lectura del libro, la reacción de la presidenta es ciertamente perturbadora.
Afirmar que no lo ha leído es normal, pero sostener que no lo va a leer por ser consecuente con el movimiento de transformación que representa, es sin duda un exceso preocupante, pues aunque la presidenta admite que la autocrítica y la crítica son importantes, pareciera que son impracticables, según ella, si se observa la congruencia con la transformación.
Difícil de entender. El libro puede tener imprecisiones, pero las reacciones que ha generado terminan por acreditar una podredumbre en el ejercicio de gobierno que es cada día más difícil de ocultar.

Scherer, ¿el libro que no hay que leer?

En México, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado se ha convertido en un fenómeno social instalado en la vida cotidiana. Las noticias que leemos o escuchamos sobre delitos cometidos a manos de menores de edad han dejado de ser episodios aislados y se han convertido en ejemplificaciones de una persistente. Hoy no podemos pensar que reclutar es solo “levantar”; es seducir, disciplinar, endeudar, amenazar y convertir el miedo y la necesidad en un sistema de pertenencia. Todo eso, en un país donde la violencia no siempre estalla de forma visible, sino que se asienta, se normaliza y termina por moldear aspiraciones, expectativas y límites. De esa forma, entender el reclutamiento exige mirar más allá del acto delictivo y adentrarse en las condiciones que lo hacen posible.
Ante este fenómeno suele surgir la siguiente pregunta: ¿por qué habría niñas, niños y adolescentes queriendo arriesgar su vida dentro de un cártel? Para responderla es necesario observar la infancia que se vive en nuestro país. En 2022, cifras del CONEVAL mostraron que <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/pob_infantil/2022/Pobreza_infantil_y_adolescente_en_Mexico_2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">45.8 % de las niñas, niños y adolescentes en México vivían en pobreza</a>, y ese mismo año el INEGI reportó que <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENTI/ENTI_23.pdf" target="_blank" rel="noopener">3.7 millones de personas de entre 5 y 17 años realizaban trabajos prohibidos</a> o peligrosos para su desarrollo. A ello se suma que en 2025 el INEGI reportó que <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pl/pl2025_11.pdf" target="_blank" rel="noopener">34.3 % de la población ocupada se encontraba en pobreza laboral</a>, lo que se traduce en personas proveedoras que no logran cubrir la canasta alimentaria básica con su trabajo. Estas cifras no solo describen carencias económicas, sino contextos donde las oportunidades reales son escasas y la cohesión familiar puede verse obstaculizada ante la prioridad de supervivencia. En ese escenario, la oferta criminal no aparece como una locura inexplicable, sino como una alternativa que compite con opciones profundamente limitadas.
Más allá del componente económico y social, el momento del desarrollo cognitivo en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes resulta determinante para comprender el reclutamiento. Durante esta etapa atraviesan procesos intensos de construcción de identidad, búsqueda de reconocimiento y necesidad de pertenencia, mientras que la valoración de riesgos y consecuencias aún no es una habilidad plenamente consolidada. Cuando a esa condición evolutiva se suman estrategias de captación basadas en manipulación, engaño, promesas de protección o amenazas directas, la aparente “decisión” pierde buena parte de su autonomía. En ese contexto, los grupos delictivos ofrecen ingreso inmediato, estatus, protección y un espacio donde son vistos y reconocidos, justo allí donde la escuela, la comunidad o incluso el entorno familiar no logran brindar certezas. Así, la integración a las filas del crimen no puede entenderse como una elección libre e informada, sino como el resultado de la convergencia entre vulnerabilidad estructural y captación estratégica.
Sin embargo, aun cuando la incorporación esté marcada por vulnerabilidad y coerción, las consecuencias que siguen a esa decisión son profundamente dolorosas y, en muchos casos, irreversibles. Una vez dentro, el impacto es devastador, y no solo porque la esperanza de vida suele reducirse drásticamente en un entorno atravesado por disputas territoriales, tareas de alto riesgo y una lógica de reemplazo constante, sino por el proceso interno al que son sometidos. El proceso mismo de permanencia implica adiestramiento sistemático y deshumanización: aislamiento progresivo, ruptura de vínculos familiares, exposición continua a la violencia y normalización del daño como forma de supervivencia. A través de ese entrenamiento se moldea la identidad en función de la utilidad para la organización, se inhibe la empatía y se aprende a obedecer sin cuestionar, generando heridas psíquicas profundas asociadas a trauma complejo. La paradoja es cruel: quienes son reclutados pueden experimentar una sensación inicial de respaldo y reconocimiento, al mismo tiempo que se les arrebata la infancia y la posibilidad de construir una identidad propia fuera de la lógica criminal. Así, lo que parece una elección atrevida es el resultado de un proceso sistemático que convierte a niñas, niños y adolescentes en piezas fundamentales de una economía criminal que se sostiene sobre su vulnerabilidad.
Frente a esta complejidad, la reacción social suele reducirse a la indignación y criminalización automática. Se les señala como si hubieran actuado con plena información y libertad, sin considerar la violencia estructural, emocional y física que media su incorporación e incrementa después de la misma. No podemos seguir entendiendo la comisión de delitos por parte de infancias y adolescencias como una desviación individual. Al preguntarnos ¿quién armó a ese adolescente?, la respuesta no puede buscarse únicamente en una estructura criminal, también debe mirarnos de frente como sociedad. Lo armó un entorno desigual que normalizó la violencia, un Estado que no garantizó oportunidades ni protección a tiempo, comunidades fragmentadas que no lograron sostener redes de protección y una indiferencia colectiva que no quiso ver los signos de alerta. Pero, lamentablemente, no solo fallamos antes de que fuera reclutado; seguimos fallando cuando no nombramos, no prevenimos y no actuamos frente a la captura sistemática de vidas en formación.
Ahora, si ese es el diagnóstico, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué hay que hacer ante la situación? Hoy el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado no está tipificado como delito autónomo. En la práctica, las autoridades recurren a figuras como corrupción de menores o trata de personas, pero ninguna de ellas logra captar la complejidad del fenómeno. Ello da como consecuencia la posible sanción del delito visible, pero sin que este sea correctamente nombrado, investigado ni abordado de manera integral.
La falta de tipificación tiene consecuencias concretas. Si el reclutamiento no existe como tipo penal este no se mide como tal, no genera estadísticas diferenciadas y no activa protocolos especializados para frenar la captación. Y, más grave aún, quienes fueron reclutados quedan atrapados en una narrativa que los coloca exclusivamente como delincuentes, sin que se reconozca su cáracter de víctima en la previa captación y utilización.
Por ello, exigir la tipificación del reclutamiento responde a una necesidad impostergable que no nace de un deseo punitivo, sino de la urgencia de nombrar la conducta, de trasladar la responsabilidad hacia quienes se benefician de la captación, de otorgar a niñas, niños y adolescentes el estatus de víctimas de una forma particular de violencia y de construir respuestas institucionales coherentes y acordes a esa realidad. En un país donde la violencia corre el riesgo de confundirse con el paisaje cotidiano, las palabras importan. Tipificar el reclutamiento es, en ese sentido, el primer paso para parar el fenómeno.
* Sofía Martínez Paz es abogada e internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), especializada en derechos humanos, perspectiva de género, niñez, igualdad y no discriminación. Directora de Incidencia y Políticas Públicas en Reinserta.

¿Quién armó a ese adolescente?

Imaginemos un partido de futbol en el que, de un lado, compiten varios países de América Latina y el Caribe. Cada jugador representa a un Estado. Del otro lado se encuentra el equipo de los derechos humanos, integrado por personas sin nacionalidad específica. Suena el silbatazo inicial y, casi de inmediato, comienzan a suceder cosas extrañas.
En el instante mismo en que arranca el encuentro, el estadio empieza a inclinarse lentamente, de forma casi imperceptible, a favor del equipo latinoamericano. Al principio nadie lo advierte y el juego continúa como si nada.
De pronto, uno de los jugadores del bando de América Latina pide salir unos minutos para cambiarse la camiseta. Cuando regresa, en el pecho ya no lleva el nombre de su país, sino el del “populismo punitivo”. El equipo de derechos humanos, desconcertado, reclama al árbitro. No obtiene respuesta. El partido sigue y, poco después, desde su banca notan que la inclinación del estadio ya es evidente. Vuelven a protestar. Otra vez son ignorados.
Hay algo más: con el estadio lleno, la mayoría de la afición aplaude el juego desigual en favor del adversario de los derechos humanos. No solo celebra las ventajas obtenidas fuera de las reglas; tampoco protesta por las faltas que se cometen y no se sancionan.
Los goles en contra de derechos humanos no tardan en llegar. Cada anotación repite el mismo ritual: el jugador que marca se ha cambiado previamente la casaca. Termina el primer tiempo y el marcador ya es 6–0 a favor del equipo latinoamericano del populismo punitivo.
En el descanso, en el vestidor, el equipo de derechos humanos no logra diseñar una estrategia distinta frente al embate desigual. Regresa al campo con el mismo planteamiento. Entonces descubre que el árbitro también ha cambiado de uniforme: ahora viste los colores del equipo latinoamericano del populismo punitivo.
El partido concluye 11–0. La cancha ha quedado completamente inclinada. La mayoría del público celebra el resultado. El equipo de derechos humanos se retira sin haber modificado la alineación ni la estrategia.
Con el Mundial de futbol como telón de fondo, imaginé esta metáfora después de entrevistar a especialistas de México, El Salvador, España, Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina y Colombia en la serie <a href="https://open.spotify.com/show/5Q1uZ8j2ye0yMCeWsjt09h?si=2a218f4784cc4d1e" target="_blank" rel="noopener">El populismo punitivo en mi país </a>(grabaremos además Guatemala, Honduras y Ecuador).
El estadio se inclina porque las reglas del juego cambian cada día, empujadas por el populismo punitivo. El arbitraje no marca las faltas porque la justicia abandona progresivamente su función de salvaguarda constitucional. Cada jugador se cambia la camiseta porque la clase política, en un número creciente de países, prefiere la rentabilidad electoral del castigo y la prisión a la construcción de seguridad ciudadana con derechos humanos. Mientras tanto, el sector de los derechos humanos se desgasta intentando anotar en una cancha que se ha convertido en una pendiente casi imposible.
Peor aún: las mentes desde donde deberían surgir nuevas estrategias —tanto en la dirigencia como en el propio equipo de los derechos humanos— parecen paralizadas, repitiendo jugadas pensadas para un terreno de juego que ya no existe. El desconcierto se profundiza cuando desde las gradas se aplaude con mayor entusiasmo el desmoronamiento de las reglas que conocíamos, exactamente como ocurre bajo un estado de excepción.
No, el populismo punitivo no gana porque construye mayor seguridad. Ocurre más bien lo contrario. Como explican especialistas de varios países en la serie del pódcast, el endurecimiento penal montado sobre el miedo provoca daños masivos a la integridad, al patrimonio, a la vida y a los derechos fundamentales en general, y puede incluso detonar nuevas formas de violencia, tanto estatal como privada, que antes no existían o no tenían esa intensidad.
El ADN del populismo punitivo no es la seguridad: es la rentabilidad política extraída de la manipulación del miedo. Quien gana es quien siembra más miedo y quien pierde es toda persona dominada por el mismo, al punto de ceder el ejercicio de sus propios derechos.
El juego ahora está en la disputa ante la construcción del miedo. Es otra cancha y sin otras estrategias a favor de los derechos humanos, el partido está de antemano perdido por goliza.
<a href="https://bsky.app/profile/ernestolpv.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">@ernestolpv.bsky.social</a>

Un extraño partido de futbol: populismo punitivo vs. derechos humanos

En la mañanera del 10 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/homicidios-dolosos-disminuyeron-42-de-septiembre-de-2024-a-enero-de-2026-representan-36-homicidios-diarios-menos-presidenta" target="_blank" rel="noopener">homicidios dolosos pasaron de un promedio diario de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 50.9 víctimas en enero de 2026</a>, marcando así el enero más bajo desde 2016.
Son datos que no deben despreciarse ya que la tendencia en los homicidios ha tenido una tendencia al alza estable desde 2012. Sin indagar en las temporalidades y la forma en que presenten los datos, y asumiendo que son precisos, ¿es posible decir México es más seguro? No es una pregunta fácil de responder, pero a continuación daré unos elementos con los cuales se puede realizar una evaluación.
Es importante comenzar por definir qué se entiende por seguridad, concepto que proviene del latín “securitas” que significa libre de peligro o ausencia de peligro, donde el término “público” refiere a que concierne a la sociedad y a que es responsabilidad y obligación del Estado el brindar a la sociedad una condición de protección de la integridad personal, de sus bienes y de sus libertades. Esta idea ha ido en evolución y hoy en día también se puede referir a “seguridad ciudadana” o “seguridad humana” incluso como el siguiente paso de la seguridad pública, pero el quid sigue siendo la ausencia de peligros.
Para el caso de México, este concepto se materializa en la Constitución en el artículo 21°, donde se considera que “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”.
A partir de entender lo que conlleva esta obligación, en primera instancia se puede decir que no tenemos seguridad ya que, a pesar de que han disminuido los delitos, éstos prevalecen y, según métricas internacionales, México sigue siendo un país con alta incidencia delictiva, en particular de homicidios. Pero al no haber en el mundo lugar libre de delitos este argumento se debilita, por lo que sería una deshonestidad intelectual sostener que la incidencia de un delito definiera por sí solo la seguridad de un país.
Si reconocemos que la incidencia delictiva es un fenómeno permanente de las sociedades actuales, entonces no podemos hablar de la seguridad como un estado definitivo, como un rango donde se mida en absolutos, donde 0 sea ausencia de seguridad y 1 cuando exista seguridad, sin mayores matices, sino de un proceso continuo de trabajo de las instituciones y colaboración con la sociedad para contener y progresivamente eliminar los peligros y amenazas para la sociedad.
Se podría argumentar que la disminución de los delitos ya mencionados se traduce en que el gobierno federal efectivamente está trabajando por eliminar estos peligros y así mejorar la seguridad.
La disminución de delitos siempre será algo positivo y digno de reconocerse, sobre todo la disminución de los homicidios, pero tristemente el contexto de violencia del país es complejo, por lo que el estado de la seguridad difícilmente se puede aprehender únicamente desde los números. En consecuencia, es importante poner los datos en el contexto político-social.
Una parte importante de la crisis de violencia del país se genera por la existencia de grupos delincuenciales organizados, quienes se encuentran en permanente conflicto por el control de mercados criminales, ya sea entre grupos o de éstos con las fuerzas estatales. En México, la existencia de estos grupos “está ligada estructuralmente a la política y como negocio posible desde el poder político y supeditado a este”, como dice el investigador Luis Astorga. De manera que la secrecía que caracteriza estas relaciones dificulta la observación y evaluación de este fenómeno, sobre todo para saber cuánto se ha avanzado en la eliminación de este peligro. Pero la continuidad y permanencia de los grupos delincuenciales organizados en México invitan a pensar que es un fenómeno que sigue presente con fuerza.
Estamos en un punto en el que la ausencia de delito no significa ausencia de delincuentes, por lo menos no de carácter organizado, sino que éstos ya han logrado monopolizar un mercado criminal y cuentan con menor resistencia a su dominio. En este escenario no podemos decir que la seguridad ha mejorado ya que los principales habilitadores de la inseguridad en México, tanto actores criminales como las debilidades institucionales, siguen presentes.
Ahora, si cuestionamos las cifras oficiales, encontramos varias organizaciones civiles que señalan discrepancias en los registros de las carpetas de investigación de las fiscalías estatales respecto al delito de homicidios. Por ejemplo, Causa en Común expone que en estados se esté reclasificando el delito de homicidio doloso en el rubro de otros delitos contra la vida, o como homicidios culposos. Por otro lado, se tiene la crisis de desapariciones que representa una anomalía en el registro de delitos y que deja ver una crisis profunda de violencia y de capacidades institucionales para contener la violencia ejercida por grupos delictivos y por particulares.
En los ejercicios de comunicación del gobierno, donde declaran con orgullo y satisfacción que los delitos van a la baja, lo que para ellos es muestra de que la estrategia de seguridad está funcionando, debemos cuestionarnos si realmente vemos mejoradas las condiciones de seguridad de la sociedad y, de no ser así, indagar sobre qué está detrás de este fenómeno de inseguridad que estamos experimentando.
* Gerardo López García (<a href="https://x.com/gera_emp" target="_blank" rel="noopener">@gera_emp</a>) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).

Bajan los delitos, ¿mejora la seguridad? Notas para una evaluación de la seguridad

Nunca sé cuándo pausar las felicitaciones por el año nuevo, así que me reservo el derecho de felicitarlos hasta que me canse. ¡Felicidades a tod@s y que en este 2026 no sufran apagones, ni pérdidas de electrodomésticos por variaciones de voltaje!  Tal es mi mejor deseo.
Para que así sea, hay que retomar el tema de la Justicia Energética, tan necesario como espinoso, porque es arduo averiguar dónde falta, cómo se manifiesta y, más aún, los pasos para remediarla.
El primer paso hacia ella requiere de identificarla, cosa que, de forma intrincada, hace su definición legal. No la citaré textualmente para no indigestar a nadie. En suma, la Justicia Energética es todo lo que toca hacer para reducir la Pobreza Energética, las desigualdades sociales y de género, y las insuficiencias en el desarrollo regional. Para ello, alguien (pues no se aclara quién) debe proveer energía “confiable, asequible, segura y limpia,” además de saludable y benévola con el medio ambiente”. También deben abrirse espacios de participación inclusiva, principalmente para los pueblos originarios, “en las cadenas productivas locales de los proyectos energéticos”.
Si fuera funcionaria en la SENER, ante la magnitud de este reto, podría o fingir demencia que la Justicia Energética hoy es un mandato de ley, o enfrentar que lograrlo es más difícil que hacer tortitas de huautzontles. El símil no es baladí pues tanto las tortitas, como la Justicia Energética, requieren desmenuzar, pacientemente, ramita por ramita, para no hacer un batidillo. Comencemos, pues:
1. Justicia Energética es combatir la Pobreza Energética, entendida ella como “Situación que ocurre cuando en una vivienda no se alcanza a satisfacer una o más necesidades energéticas básicas, como son el calentamiento de agua, cocción y conservación de alimentos e iluminación, debido a sus condiciones de ingresos y carencias sociales”.
Pregunta: ¿la SENER ya tiene plenamente identificada la extensión y profundidad de la Pobreza Energética en México? ¿Qué estudios ha realizado o a cuáles ha recurrido para identificarla?
2. Justicia Energética es cerrar brechas de desigualdades sociales y de género.
Reflexión y pregunta: he de suponer que las brechas de desigualdad y de género se deben de relacionar con el uso de los energéticos. ¿La SENER ya tiene identificadas y definidas estas brechas de desigualdad y de género? ¿Cómo las entiende? ¿A partir de qué metodología?
3. Justicia Energética es detectar insuficiencias en el “desarrollo regional”.
Reflexión y pregunta: Me pregunto cómo construyen la noción de desarrollo regional. ¿Cómo relacionan desarrollo regional con el uso energético?
Ni siquiera voy a la mitad del tallito de huauzontle y ya estoy abrumada. También falta definir cómo armar los espacios de participación inclusiva, determinar qué energía es “confiable, asequible, segura y limpia,” además de saludable y benévola con el medio ambiente, para cada contexto en particular &#8211;porque no se trata tan sólo de atascar techos con paneles solares.
Quehacer tal vez fácil fue establecer que la Justicia Energética hoy es un mandato de ley. La parte difícil será prepararla, pues no hay recetas infalibles y, al igual que las tortitas de huauzontles, hay que aprender y saber cómo se come.
* Miriam Grunstein Dickter es abogada y experta en energía. Grunstein es Académica Afiliada del Mexico Center de James Baker III de Rice University, donde desarrolla trabajos de investigación sobre energías renovables, transición energética, desarrollo de nuevas tecnologías, sustentabilidad y compromisos internacionales para la reducción de emisiones y combate al cambio climático. Experta <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>

Justicia Energética:  ¿cómo se hace? ¿Cómo se come?

Hay que decirlo, envejecer no es solamente un proceso biológico, es un proceso social, y destacar esto importa y mucho. Mientras la industria de la enfermedad organiza la vejez en torno a diagnósticos, medicamentos y tratamientos, la evidencia científica muestra que uno de los factores más poderosos para la salud en edades avanzadas no se encuentra en una farmacia. Tiene otro nombre y se llama vínculo social.
Durante años hemos entendido la longevidad y la edad como un riesgo, un mal que inevitablemente llega a la sociedad y a las personas, como un problema de políticas públicas, como un problema familiar y como una amenaza fiscal. Pocas veces se habla sobre ella con cuestiones relacionadas al entorno social y a la comunidad que rodea este proceso natural de la vida. La Organización Mundial de la Salud reconoce hoy que <a href="https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/social-isolation-and-loneliness" target="_blank" rel="noopener">la soledad y el aislamiento social </a>son un problema serio de salud pública con impactos directos en el bienestar físico y mental de las personas. No se trata de un tema emocional menor: es un determinante social de la salud.
La evidencia científica es clarísima al respecto. Un estudio publicado por <a href="https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316" target="_blank" rel="noopener">Julianne Holt-Lunstad</a> encontró que las personas con relaciones sociales sólidas tienen una probabilidad significativamente mayor de supervivencia en comparación con aquellas con redes débiles. El efecto de las relaciones sociales sobre la mortalidad es comparable al impacto de factores de riesgo ampliamente reconocidos en salud pública.
El U.S. Surgeon General publicó una advertencia oficial sobre <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK595227/">l</a><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK595227/" target="_blank" rel="noopener">a epidemia de soledad y aislamiento</a>, señalando que la desconexión social se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia, depresión y mortalidad prematura. Este documento es relevante porque se trata  de una alerta institucional sobre costos sanitarios y sociales del aislamiento.
En personas mayores, la vulnerabilidad se acentúa y es motivo de atención por parte de las y los expertos en longevidad. La OMS estima que aproximadamente <a href="https://www.who.int/activities/reducing-social-isolation-and-loneliness-among-older-people" target="_blank" rel="noopener">una de cada seis personas</a> mayores experimenta aislamiento social y una proporción significativa reporta soledad persistente. Estamos hablando de un problema estructural, no de un fenómeno aislado.
Frente a estos datos es inevitable preguntarnos por qué seguimos organizando la vejez como un asunto individual y clínico cuando la evidencia muestra que es profundamente relacional.
Hablar de comunidad no es hablar de entretenimiento ni de actividades para pasar el tiempo o de actividades para “quienes no tienen algo mejor que hacer”.  Comunidad significa pertenencia sostenida, redes de confianza, reciprocidad y propósito. Significa tener a quién llamar y que alguien note tu ausencia. Significa que el envejecimiento no se vive en aislamiento sino en interacción.
Desde una perspectiva económica, esto no es romántico ni inspiracional: es racional. La OCDE ha advertido que las conexiones sociales son un <a href="https://www.oecd.org/en/publications/social-connections-and-loneliness-in-oecd-countries_6df2d6a0-en.html" target="_blank" rel="noopener">componente crítico del bienestar</a> en sociedades que envejecen y que el deterioro de vínculos incrementa vulnerabilidades sanitarias y sociales.
Al hablar de la Silver Economy, esta realidad cambia el enfoque. Si la longevidad se aborda exclusivamente como mercado médico -suplementos, tratamientos, anti-envejecimiento- el modelo es reactivo. Si se aborda como ecosistema social, el modelo es preventivo. Una persona mayor con redes activas, participación comunitaria y sentido de propósito tiene mayor probabilidad de mantener autonomía y bienestar psicológico.
La diferencia no es menor. En términos de políticas públicas, implica pasar de invertir solamente en atención clínica a invertir también en infraestructura social. En términos empresariales, implica reconocer que la comunidad no es un accesorio reputacional, sino un factor que reduce riesgos y costos sanitarios.
La narrativa antiedad vende la ilusión de “combatir” el tiempo y el envejecimiento. La evidencia en salud pública sugiere algo más sensato: aceptar el envejecimiento como etapa vital y fortalecer las condiciones sociales que lo sostienen. No se trata de negar la medicina, se trata de reconocer que la medicina sola no es suficiente.
Si las ciudades hostiles generan aislamiento, si las viviendas no adaptadas confinan, si el retiro rompe redes laborales sin ofrecer alternativas de pertenencia, entonces la enfermedad no es únicamente biológica: es estructural y comunitaria.
Envejecer en comunidad no es una aspiración nostálgica. Es una estrategia de salud pública, un modelo económico más sostenible y, sobre todo, una decisión política y profundamente humana sobre cómo queremos vivir más años: luchando contra la edad, marginando a quienes viven esta etapa o habitándola en compañía, reconociéndola y dignificándola.

Faltan comunidades, no pastillas antienvejecimiento

¿Tiene algún beneficio incorporar la inteligencia artificial (IA) a la educación? En su caso, ¿cuáles podrían ser estos beneficios?
Fernando Reimers, profesor de la Universidad de Harvard, junto con sus colaboradoras Zainab Azim, Maria-Renée Palomo y Callysta Thony, aportan una respuesta de gran alcance a estas preguntas en su libro Inteligencia artificial y educación en el Sur Global. Una perspectiva sistémica, recientemente publicada en inglés y lanzada, en su traducción al español, por Mexicanos Primero.
Este libro analiza el potencial de la inteligencia artificial en educación, con base en tres objetivos centrales:
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<li>Desarrollar la alfabetización en IA: que las y los estudiantes comprendan cómo funciona la IA y desarrollen las competencias necesarias para interactuar con ella como una forma de &#8220;cointeligencia&#8221;, es indispensable para que sean capaces de discernir los impactos sociales de la IA y los dilemas éticos que plantea.</li>
<li>Mejorar la eficacia de las escuelas: la IA puede optimizar la gestión administrativa de los sistemas educativos para que puedan ser más eficaces en el desarrollo de los procesos de aprendizaje, y mejoren el logro de los objetivos de conocimiento y habilidades propuestos en el currículo, asegurando que los estudiantes realmente aprendan lo que se intenta enseñar.</li>
<li>Mejorar la relevancia de las escuelas: se pretende que el currículo y la enseñanza ayuden a los estudiantes a avanzar en sus circunstancias personales y sociales, se adapten a las crecientes demandas de un mundo cambiante, moldeado actualmente por la tecnología digital.</li>
</ol>
Estos tres dominios —alfabetización en IA, eficacia educativa y relevancia educativa— constituyen el núcleo desde el cual los autores analizan si la IA puede realmente resolver problemas críticos en la educación. El análisis de esta cuestión se enfoca en el sur global, compuesto por más de 100 países de África, América Latina y aquellos de Asia considerados ‘en desarrollo’, y en conjunto cuentan con una población de más de 6 mil millones de personas, alrededor del 85 % de la población mundial, y aproximadamente el 90 % de los menores de 18 años del mundo. Los diversos países que integran este conjunto requieren inversiones significativas en educación, salud e infraestructura para aprovechar su bono demográfico. Si estas necesidades no se atienden satisfactoriamente, pueden presentarse tensiones sociales en distintos ámbitos.
Los sistemas educativos en estos países –algunos de enorme magnitud– tienen recursos insuficientes y, sobre todo, enfrentan grandes crisis de aprendizaje, incluso en aquellos que son fundamentales, como lectura, escritura y matemáticas básicas. Esto es resultado de la diversidad de condiciones socioeconómicas de las y los estudiantes, las cuales no han sido adecuadamente atendidas, de manera que al ofrecerles un mismo currículo, se les ofrecen, de hecho, distintas oportunidades de aprendizaje, cuestión que ocupa un lugar prioritario en el libro de Reimers y sus colaboradoras.
En esta obra, el aprendizaje –el núcleo de la educación– constituye el centro del análisis. En consecuencia, sus autores examinan la forma como la IA puede contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje en los sistemas educativos, para lo cual se basan en una perspectiva sistémica, es decir, consideran a la educación no como un conjunto de partes desvinculadas, sino como un sistema adaptativo complejo, en donde las distintas intervenciones no generan efectos lineales y pueden tener consecuencias impredecibles e ingentes, y aquellas de alcance local o marginal no siempre son escalables.
A partir de estos planteamientos ampliamente desarrollados en el libro, analizan el potencial de la IA para subsanar las deficiencias observadas en distintos componentes del sistema educativo: los estudiantes, su aprendizaje, el trabajo en las aulas y las escuelas; el currículo; la evaluación del aprendizaje; el desarrollo profesional docente; la organización y gestión escolar y, por último, la gobernanza educativa.
En cada capítulo, presentan los desafíos más importantes que enfrentan los sistemas educativos en sus distintos componentes, la evidencia disponible relacionada con la aplicación de la IA para atender estos desafíos en diferentes países, y las implicaciones para los tomadores de decisiones de política educativa, los profesionales de la docencia y los desarrolladores de IA. Además, sus autores reflexionan sobre las cuestiones de orden ético y plantean una serie de preguntas para la investigación.
El libro es prolijo en ejemplos, en evidencias y en cuestionamientos acerca de las mejores formas de incorporar los distintos recursos de la IA a la educación. Con apoyo de la IA es posible diseñar contenidos y materiales educativos contextualizados, adaptar los procesos de aprendizaje al ritmo y dificultades de las y los estudiantes, identificar las brechas de aprendizaje entre estudiantes, evaluar el desarrollo de habilidades críticas, apoyar con mayor pertinencia el desarrollo profesional docente, transformar la gestión educativa, en fin. Las posibilidades de la IA para mejorar las oportunidades de aprendizaje que este extraordinario libro nos hace ver son inagotables.
No obstante, no hay a lo largo del texto un optimismo ciego que ignore los obstáculos o los retos que tienen frente a sí los sistemas educativos del sur global. Si la IA se integra a la educación, tendrá que hacerlo colocando en el centro al ser humano, actuando como soporte y no como sustituto de la interacción docente-estudiante. Esto requiere transitar de una perspectiva de ‘innovación incremental’ hacia una transformación paradigmática que fomente la ‘cointeligencia’, asegurando que la tecnología sea una herramienta de apoyo y no un factor de exclusión digital en el sur global. En este marco, se destacan la contextualización –la adaptación a realidades de infraestructura limitada y de culturas diversas; la equidad –prioridad a grupos marginados, y la transformación –el cambio sistémico basado en la tecnología digital para reimaginar la relevancia de la educación y no solo automatizar los sistemas educativos que no han logrado impulsar la igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes.
En este horizonte de posibilidades, la inteligencia artificial es esperanzadora. Es una posibilidad para volver al núcleo de la educación: el aprendizaje –especialmente del que es fundamental para la vida. Nos abre el camino para redescubrir el aprendizaje como experiencia que transforma y nos permite construir futuros más dignos y justos. Ahora que estamos en los inicios de la era del llamado diseño post-inteligente, donde la colaboración entre humano y máquina crea algo totalmente nuevo, este libro nos recuerda que ninguna tecnología podrá jamás reemplazar la especial sinergia que surge en cada encuentro educativo, en la mirada, la palabra o la presencia que sostiene. En cada salón de clases, la IA puede ayudarnos a recuperar la promesa más profunda de la escuela: el derecho de cada persona a florecer.
* Maura Rubio Almonacid es directora de Investigación de Mexicanos Primero.

Inteligencia artificial y educación en el Sur Global

El Frente Amplio Democrático (FAD) sostiene que a partir de los anuncios públicos realizados por la presidenta de la República y una comisión, integrada exclusivamente por funcionarios del oficialismo, se han puesto sobre la mesa temas y definiciones que comprometen los pilares esenciales del sistema democrático (Tercer Comunicado, 06.02.26).
Aunque no se conoce la propuesta final de reforma que va a mandar la presidenta Sheinbaum Pardo al Congreso, sus declaraciones anticipan posiciones políticas y objetivos que obligan a una discusión de fondo. Está en juego la democracia. Ella en sus comparecencias mañaneras ha hecho mención a temas que anuncian cómo viene la propuesta de reforma electoral, aquí algunos de estos:
Quitar la autonomía al INE; eliminar diputados y senadores plurinominales; cambiar el método de designación de consejeras y consejeros electorales; reducir la independencia del TEPJF; eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs); reducir el financiamiento público a los partidos políticos; reducir el financiamiento del INE; dar lugar a la utilización de recursos públicos y de personal gubernamental con fines partidistas, así como la presumible penetración de recursos de origen ilícito en los procesos electorales de Morena.
Se ha hecho mención también a otros temas regresivos como que continúa el sistema de la subrepresentación y la sobrerrepresentación que hoy distorsionan la voluntad popular y que han permitido que una fuerza política -ahora Morena, el partido de la presidenta- concentre un poder que no corresponde al respaldo real obtenido por el voto popular en las urnas.
El Frente Amplio Democrático (FAD) “sostiene con claridad que ninguna fuerza política ni partido debe contar con una mayoría calificada que le permita modificar la Constitución sin consensos amplios. Las reglas del juego democrático existen precisamente para evitar la concentración del poder y garantizar que las transformaciones constitucionales respondan a acuerdos nacionales, no a imposiciones coyunturales”.
El Frente Amplio Democrático (FAD) reitera, una vez más, que “no se trata de oponerse al cambio, sino de defender las reglas que garantizan que la ciudadanía pueda, con su voto libre, poner y quitar a sus gobernantes. La democracia no se reforma desde la imposición ni la opacidad, y ese es un principio que este Frente seguirá defendiendo”, y lo hace porque de no ser así se pone en juego la existencia de la democracia que tanto ha costado alcanzar.
Las y los integrantes del FAD plantean, como ocurre en las sociedades democráticas, que “la Reforma Electoral anunciada requiere consenso, diálogo plural y respeto a la autonomía de las instituciones para preservar la equidad y la confianza ciudadana. Modificar las reglas del juego democrático sin acuerdos amplios puede debilitar a las autoridades electorales y generar incertidumbre política innecesaria”. La Reforma exige de un Parlamento Abierto, amplio y plural.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

La reforma electoral, una amenaza a la democracia

El periodo de la guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderon emprendió contra el crimen organizado está ampliamente documentado por las graves violaciones a derechos humanos. Durante dicha administración se vieron reforzados los operativos conjuntos de militares y la marina en las actividades de seguridad.
Baja California como zona fronteriza fue uno de los estados más afectados en esta lucha. Fue de los primeros lugares donde se hicieron operativos conjuntos por parte de las fuerzas armadas que después se hicieron cargo totalmente de la seguridad del estado. Los abusos por parte de militares en Baja California incluyeron prácticas violatorias a los derechos humanos, allanamientos para realizar detenciones sin orden de aprehensión ni de arraigo y las personas detenidas eran arraigadas en cuarteles militares, particularmente en los denominados Aguaje de la Tuna y Morelos, perteneciente al 28º Batallón de Infantería.
Andrew Armando Córdova tenía 21 años cuando fue detenido de forma arbitraria el 26 de abril del 2008 en Tijuana, acusado de delincuencia organizada. Ciudadano estadounidense, fue torturado bajo arraigo y mantenido en prisión preventiva oficiosa durante 17 años. Su caso se enmarca en un contexto de graves violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia mexicano.
Su detención se dio luego de un enfrentamiento armado en el cual él no participó y donde fue herido, trasladado a la Cruz Roja para ser atendido y posteriormente al Hospital General, donde fue detenido. Se le trasladó a las instalaciones militares del vigésimo octavo batallón de infantería “Aguaje de la Tuna”, donde fue torturado física y psicológicamente. Estuvo incomunicado por tres días, no contó con atención consular ni defensa legal y fue obligado a autoinculparse. Otras personas fueron torturadas y coaccionadas para señalarlo de haber cometido los delitos de los que se le acusaban.
En mayo de ese mismo año fue trasladado a una casa de arraigo en la Ciudad de México, donde permaneció hasta el 20 de julio. Andrew estuvo privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) núm. 1 o “Altiplano”; en el CEFERESO núm. 8 o “Norponiente”, en Guasave; en el CEFERESO núm. 11, denominado “CPS-Sonora”, ubicado en Hermosillo, y en el CERESO llamado el Hongo, en Baja California.
Los delitos por los cuales fue detenido de forma arbitraria tenían una pena de 8 años. Esto muestra que la privación de la libertad ha excedido y prolongado el castigo injusto para Andrew y su familia.
Después de que Andrew y su esposa Abigail solicitaron tres veces el cambio de medida cautelar, buscaron apoyo de la Secretaría de Gobernación, para enviar una comunicación al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Baja California haciendo hincapié a los resolutivos de la opinión 1/2022 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Fue luego de esta revisión que el cambio de medida cautelar fue otorgada el 23 de diciembre del 2025 a detención domiciliaria, donde Andrew sigue su proceso por demostrar su inocencia de los delitos que se le imputaron, pese a haberse demostrado que fue detenido de manera ilegal y arbitraria, y de haber sido torturado por elementos de SEDENA y agentes ministeriales pertenecientes a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.
Durante el proceso de Andrew se ha demostrado que en su detención no hubo flagrancia, esto señalado por el mismo Tribunal Superior de Justicia, que advirtió que no había ningún indicio que demostrara que Andrew fue detenido y trasladado del lugar de los hechos al hospital general. Todas las pruebas que fueron obtenidas de manera legal no arrojan ningún indicio en contra de Andrew en cuanto a ser responsable de los delitos por los cuales fue detenido, torturado y privado de la libertad. Lo anterior demuestra que su detención fue ilegal y arbitraria, argumento utilizado a favor de la libertad y absolución de otra persona implicada en estos hechos.
Las denuncias por tortura que Andrew y su familia han emprendido han sido cuestionadas y desestimadas por el gobierno mexicano. Sin embargo, organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias determinó en la <a href="https://digitallibrary.un.org/record/4004259?ln=es&amp;v=pdf" target="_blank" rel="noopener">Opinión núm. 1/2022</a> que la detención de Andrew fue arbitraria, mientras que la <a href="https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-por-violaciones-graves-120vg2023" target="_blank" rel="noopener">Recomendación número 120VG/2023</a> de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó graves violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura, en agravio de Andrew por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.
La reparación del daño tras 17 años de injusta privación de la libertad para Andrew y un proceso pendiente que lo absuelva finalmente son los grandes pendientes de las autoridades para que su caso no se sume a los casos de impunidad sin ser reparados de forma integral en el país.
Andrew y su familia ahora se enfrentan a la institucionalidad y burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que considera que la privación de la libertad durante 17 años de la que ha sido víctima Andrew no resulta vinculante al hecho victimizante de su detención arbitraria y tortura en 2008, dejando de lado el continuum de violaciones de derechos humanos a lo largo de este tiempo y de impactos relacionados con la revictimización, ahora por exigir su derecho a la reparación integra. Además de deslegitimar a su familia como víctimas indirectas de esta sucesión de hechos, se torna omisa y negligente al no reconocerles daños en el proyecto de vida, precarización económica, desplazamiento del lugar de origen de su familia para estar más cerca de Andrew y su proceso penal, afectaciones en la salud. Los impactos acumulados a lo largo de estos años, que la instancia encargada de velar por reparar y proteger los derechos de las víctimas no encuentra vinculación, representan un desgaste más en la lucha de Andrew y su familia.
Lo anterior se enmarca en las fallas estructurales en la atención a víctimas en México. La CEAV fue de las instituciones impactadas por las medidas de austeridad de 2020 implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una reducción del 75 % de su presupuesto, así como la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, del cual se sostenían las medidas de ayuda y las compensaciones a víctimas de violaciones a derechos humanos. La falta de recursos, el incremento de violaciones a derechos humanos por <a href="https://permisoparamatar.org/" target="_blank" rel="noopener">la militarización de la seguridad pública iniciada con Calderón y continuada por López Obrador</a>, la burocracia que permea estos procesos, la falta de coordinación, así como la falta de preparación y sensibilización en los servidores públicos encargados de esta atención, tienen como consecuencia mayor desgaste emocional, en la salud, en la economía, y aumenta los impactos por revictimización en quienes siguen en la lucha por su derecho a ser reparados de forma integral.
El caso de Andrew Armando Córdova es emblemático debido a la impunidad en el sistema judicial mexicano respecto a la tortura y al debido proceso. La falta de investigación, la prolongada prisión preventiva y la obtención de confesiones bajo tortura evidencian la necesidad urgente de procesos justos y reparación integral para las víctimas.
* Andrew Armando Córdova es sobreviviente de tortura. Abigail Martínez es abogada y esposa de Andrew. Ambos son integrantes de <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=61570084242467" target="_blank" rel="noopener">Tejiendo Redes Contra la Tortura</a>, un colectivo de personas sobrevivientes de tortura en diferentes contexto y regiones de México, así como de familiares y acompañantes de organizaciones de derechos humanos.<a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>

Tortura en México: los daños pendientes por reparar

La reforma constitucional del Poder Judicial introdujo al sistema jurídico mexicano cambios radicales en la impartición de justicia en nuestro país y, con ello, muchísimos problemas que la ciudadanía, las autoridades y las personas impartidoras de justicia tienen que afrontar día a día. Tal es el caso de la materia penal, cuyos principios se vieron afectados con la sustitución escalonada de juezas y jueces que integraban los tribunales de enjuiciamiento.
En <a href="https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-reforma-judicial-y-su-impacto-en-el-proceso-penal/" target="_blank" rel="noopener">anteriores publicaciones</a> hemos señalado cómo las elecciones de personas juzgadoras en materia penal afectan la legalidad de los juicios orales en curso al momento de la jornada electoral, provocando su interrupción e inclusive su reinicio por violaciones al principio de inmediación. Pero no podemos pasar por alto que estas afectaciones seguirán presentándose si no modificamos el modelo de escalonamiento impuesto en el régimen transitorio de la reforma constitucional.
En 2025, la Federación y 18 Estados de la República sometieron a elección popular la integración de sus respectivos Poderes Judiciales, incluyendo las titularidades de órganos jurisdiccionales en materia penal. Sin embargo, no hubo salvaguarda procesal alguna que protegiera los derechos fundamentales de víctimas e imputados para evitar el reinicio de juicios y la prolongación indefinida de su resolución. En el mismo sentido, la justicia penal para adolescentes quedó completamente desprotegida, pues no hubo disposición constitucional o legal que asegurara que las personas candidatas a un cargo en dicha materia contarán con la especialización que se requiere para desempeñar sus funciones.
A diferencia de otras reformas a nuestro sistema judicial -como la del sistema penal acusatorio o la laboral- la de septiembre de 2024 no se preocupó en proteger a las personas y, al contrario, las expuso a una serie de peligros que pueden llevar a la pérdida del caudal probatorio, el reinicio de juicios y la revictimización. En este sentido, el senador Javier Corral señaló <a href="https://www.reporteindigo.com/nacional/javier-corral-admite-fallas-en-la-reforma-judicial-y-exige-corregir-el-nuevo-sistema-de-justicia-20260213-0010.html" target="_blank" rel="noopener">en una entrevista</a> que la reforma judicial debe revisarse antes de la elección del cincuenta por ciento de juzgadores restantes, prevista para el año 2027. También mencionó que la primera etapa de la elección ha dejado al descubierto problemas relevantes y que se han presentado situaciones preocupantes en la entidades federativas.
No se trata de un problema meramente jurídico, sus implicaciones alcanzan la realidad de miles de personas que enfrentan el entramado judicial. Simplemente en la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia reportó que durante 2025 se iniciaron 22,818 procesos penales y 443 de justicia para adolescentes que quedaron expuestos a los riesgos antes señalados durante la jornada electoral extraordinaria de ese mismo año. Según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2025 del INEGI, existen 4,279 casos penales en el ámbito federal pendientes de concluir y 78,441 juicios y 10,203 casos de justicia para adolescentes en los Poderes Judiciales Estatales que fueron y serán afectados por la sustitución de personas juzgadoras en materia penal.
Es decir, miles de expedientes quedan expuestos a repetir audiencias, revivir testimonios y multiplicar costos humanos y materiales para víctimas, imputados y el propio sistema de justicia, y sufrir dilataciones innecesarias en su resolución. Para mitigar estos riesgos es necesario diseñar un modelo de escalonamiento nuevo que respete las etapas procesales en curso y defina plazos que eviten la sustitución masiva de quienes están en etapa de juicio.
Tanto los Congresos locales como el Congreso de la Unión deben encaminar sus esfuerzos en asegurar la certeza jurídica para las víctimas del delito, por medio de un sistema transitorio que asegure el lugar de las personas juzgadoras que tengan a su cargo juicios orales hasta la emisión de sentencia -aunque el cargo sea ocupado por otra persona electa-, para que los cambios de titularidad no introduzcan incertidumbre sobre la validez de lo actuado. Asimismo, debe pensarse en una manera de cumplir con el mandato constitucional de especialización en justicia penal para adolescentes, para que las personas que busquen ser titulares de uno de esos cargos acrediten su especialización desde el momento en que se registran para competir por una candidatura.
Si el objetivo de la reforma constitucional del Poder Judicial es mejorar la impartición de justicia en nuestro país y acercar los tribunales a la ciudadanía, es indispensable que los Congresos y los Tribunales de Justicia tomen en cuenta las observaciones que las personas usuarias del sistema jurisdiccional, la sociedad civil y los propios servidores públicos de la judicatura han hecho desde el inicio de su implementación.
* Ximena Cruz Domínguez es abogada de Litigio Estratégico de México Unido Contra la Delincuencia (<a href="https://x.com/MUCDoficial" target="_blank" rel="noopener">@MUCDOficial</a>).

Revalorar la elección judicial: desafíos y oportunidades en materia penal

Cambian los gobiernos, pasan los años, cambian los discursos, pero el sistema punitivo permanece intacto y las personas siguen siendo detenidas y privadas de la libertad por consumo de drogas en México. Mientras tanto, instituciones con capacidad de impulsar cambios, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante Corte), continúan recurriendo a los mismos argumentos que sostienen el sistema de prohibición.
En 2021 fue detenida una persona en situación de calle en Ciudad Juárez, Chihuahua por consumo de marihuana en la vía pública. Se le vinculó a proceso por narcomenudeo tras identificar que portaba 14.26 gramos de dicha sustancia. El asunto llegó a la Corte, desde la cual se analizó los alcances del artículo 478 de la Ley General de Salud, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> que hoy permite al Ministerio Público ejercer la acción penal automática contra una persona usuaria de cannabis por <a href="https://elementaddhh.org/prision-por-posesion/" target="_blank" rel="noopener">poseer</a> <a href="https://elementaddhh.org/prision-por-posesion/" target="_blank" rel="noopener">más de 5 gramos</a>, cantidad superior a la prevista por dicha Ley en la tabla de dosis máxima de consumo personal.
Lo que sostenía el proyecto del ministro ponente era que <a href="https://www2.scjn.gob.mx/Juridica/Engroses/Cerrados/Publico/Proyecto/2026/01/AR132_2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">la posesión de cannabis no debía criminalizarse ni presumirse automáticamente como un delito</a>. La propuesta partía de que, sin importar la cantidad, incluso cuando se rebasara lo establecido en la tabla de dosis máxima, no debía asumirse una conducta distinta al consumo personal. No se contemplaba la eliminación del tipo penal, pero lo que planteaba era algo mucho más centrado en los derechos de las personas y no en estigmas: que la exclusión de responsabilidad se analice caso por caso, con base en circunstancias objetivas y personales para evitar la criminalización de personas consumidoras y se vulneren sus derechos.
Es decir, el proyecto del ministro Giovanni Figueroa planteaba avanzar en el reconocimiento de una realidad evidente: el uso de sustancias no responde a los límites rígidos que fija una norma. La tabla de dosis, creada en 2009, no opera con base en la realidad, pues las personas no portan una única dosis de consumo; del mismo modo que alguien compra alimentos para varios días y los administra según sus necesidades. También las personas se aprovisionan para organizar su consumo de sustancias. Pretender que toda posesión que exceda un límite normativo implique automáticamente un delito -el de narcomenudeo- es negar la realidad social.
En el Pleno de la Corte se reconoció que, del análisis del caso, no se desprendían elementos que permitieran sostener que la persona se dedicara al narcomenudeo, sino que su conducta se vinculaba únicamente con el consumo personal. Este argumento era central, en tanto realiza un análisis del caso a partir de sus circunstancias concretas y de que el derecho penal se aplicara de manera más garantista y protectora, evitando presunciones generales sobre la finalidad de la posesión. Tras la discusión, el proyecto fue aprobado con cinco votos, lo que permitió garantizar la protección de la persona quejosa. Así, la decisión obliga a la autoridad a determinar, en ese único caso, la exclusión de un delito, esto para evitar la criminalización automática de la persona usuaria.
Sin embargo, se perdió la oportunidad de extender el alcance de la decisión para que no sólo protegiera a la persona quejosa, sino que se declarara la inconstitucionalidad de la frase correspondiente del artículo y se consolidara un precedente con efectos generales que ampliara la protección a todas las personas. De los nueve ministros y ministras que integran la Corte, se requieren al menos seis votos para invalidar una porción normativa; en este caso, sólo se alcanzaron cinco. Cuatro ministras votaron en contra del proyecto; tres de ellas identificadas como cercanas al gobierno anterior. Mediante argumentos técnicos, optaron por mantener intacto un esquema de fiscalización y criminalización de la posesión de cannabis que lleva operando, sin cambios sustantivos desde hace 17 años.
Esta decisión no es abstracta; por el contrario, resulta profundamente preocupante. Mantener intacto el sistema de prohibición, tal como opera actualmente, implica que sus efectos seguirán recayendo de manera desproporcionada en las poblaciones más vulnerables. Desde Elementa hemos identificado que la <a href="https://elementaddhh.org/wp-content/uploads/2021/06/informe-resultados-narcomenudeo.pdf" target="_blank" rel="noopener">realización de pruebas de detección de drogas y detenciones arbitrarias recaen principalmente en personas racializadas</a>, de contextos socioeconómicos precarizados y grupos sociales históricamente violentados. Determinar quién debe ser sometido a una prueba para detectar la tenencia de drogas puede ser una decisión, a menudo, basada en el aspecto físico, el sexo, la edad o el origen étnico.
Se trataba de un caso que abría la posibilidad de un cambio real y representaba una oportunidad perdida para avanzar en la ampliación de la protección de derechos, como se prometió con las elecciones al Poder Judicial y la expectativa de una Corte integrada por personas más sensibles a los problemas cotidianos de quienes habitamos este país. El uso de drogas exige un entendimiento que va más allá de los elementos estrictamente normativos y requiere análisis contextuales, sociales y de derechos humanos; no obstante, a esa lectura se le dio la espalda. Una vez más, la comprensión sobre el uso de drogas encontró resistencia en las esferas judiciales. Las promesas de la reforma judicial en favor de los derechos y de las poblaciones más vulnerables aún no se reflejan plenamente en la nueva conformación de la Suprema Corte, en tanto no dan los pasos para desmantelar los sistemas que sostienen la arbitrariedad y los abusos.
Aunque la deuda con las personas usuarias sigue intacta, el proyecto votado también dejó ver que existen voces al interior de la Corte que reconocen que el derecho ha sido injusto y distante de la realidad. Con eso habrá que trabajar. No será sencillo. Los asuntos en materia de drogas que lleguen a la Corte seguirán enfrentando resistencias, lecturas obtusas y posturas prohibicionistas que seleccionan la agenda de los derechos humanos según les resulte prioritaria o útil. Pero mientras el sistema insista en ignorar la realidad social, la discusión seguirá abierta.
* Isaias Pablo Tolentino (<a href="https://x.com/wakaladepoyo" target="_blank" rel="noopener">@wakaladepoyo</a>), internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en <a href="https://x.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> El proyecto propuesto por el Ministro Giovanni Figueroa Mejía establecía la inconstitucionalidad de la parte normativa en el artículo 478 de la Ley General de Salud que dice “en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma”.

La realidad del consumo no cabe en una tabla de dosis máxima

En medio de rutas marcadas por la violencia, la burocracia y el miedo, los cuerpos de las mujeres migrantes siguen siendo territorio de silencios y ausencias.
Louis es una mujer joven que se vio obligada a salir de Haití por amenazas de un grupo criminal. Comenzó su tránsito en 2025 con el objetivo de encontrar una mejor vida en Estados Unidos; sin embargo, tras el endurecimiento de las políticas migratorias, ha tenido que permanecer en México. Ingresó al país a través del Río Suchiate, ahí buscó acercarse a las autoridades para iniciar sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero tras largos meses de espera, no logró obtener su documentación.
Para muchas personas en movilidad, México es uno de los países más difíciles de transitar por el nivel de violencia que enfrentan: secuestros, extorsiones y una creciente militarización no solo de las fronteras sino del territorio en general. A ello se suma la discriminación, la imposibilidad de regularizarse, la ausencia de políticas públicas que posibiliten el acceso a servicios básicos y, en los últimos meses, el desmantelamiento de las organizaciones humanitarias que les acompañan en sus diferentes procesos.
Las mujeres migrantes se enfrentan, además, a otro tipo de riesgos, como la violencia sexual durante el tránsito. En este contexto, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos debería estar garantizado. Pero lo que ocurre es que continúan siendo invisibilizadas en las rutas migratorias; se les mira como acompañantes y no como mujeres que migran solas o que van como principales cuidadoras de sus hijes, sus madres u otros familiares. Esta narrativa mantiene sus necesidades alejadas de los programas y las políticas dirigidas a las personas en movilidad.
‘‘La sexualidad y la reproducción es algo que acompaña a las mujeres siempre, y tiene modificaciones importantes cuando se atraviesan distintas violencias, por ello es algo que no podemos deslindar del proceso migratorio, pero se sigue creyendo que es algo que desaparece con nuestros tránsitos’’, cuenta Monserrat, de <a href="https://www.instagram.com/lasvanders/" target="_blank" rel="noopener">Las Vanders</a>, organización que acompaña en contextos de movilidad y violencias letales.
Louis quedó embarazada y buscó la manera de recibir atención médica por su cuenta, aun sin contar con su documentación migratoria. Las complicaciones llegaron cuando el personal de salud que la recibió se dio cuenta de que desconocían su idioma. El criollo es la lengua materna de Haití; es parecido al francés, pero tiene influencias de diversas lenguas africanas, así como del español e inglés. Con esta barrera idiomática vino una insistencia en solicitar un documento que acreditara que Louis estaba en México de forma regular. Entonces, la atención no continuó.
El idioma, la falta de recursos económicos, de trabajo y vivienda, así como la ausencia de instituciones que le acompañaran, la llevaron a buscar interrumpir su embarazo, pero las barreras fueron más duras.
‘‘Hay un desconocimiento importante sobre los documentos migratorios. Nos ha tocado que las compañeras lleguen con sus tarjetas y las personas funcionarias públicas no sepan qué son esas tarjetas o que [esas tarjetas] les dan acceso a ciertos servicios’’, continúa Monserrat.
Después de que en el 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizara el aborto a nivel federal, la información sobre el derecho a decidir encontró plataformas más amplias y descentralizadas, principalmente a través de redes sociodigitales, donde las voces y las historias se han ido multiplicando. Sin embargo, las discusiones acerca de los alcances del derecho a la salud reproductiva están muy alejadas de la realidad que viven las mujeres migrantes.
Aun con los avances en material legal, las personas que pueden acceder a un aborto deben tener una serie de recursos que les permitan saber que es un derecho, para luego entender en qué condiciones pueden hacerlo, a dónde pueden acudir y quiénes les pueden acompañar durante el proceso, así como contar con una red de apoyo durante ese caminar.
Las mujeres migrantes suelen carecer de todos estos recursos. Muchas de ellas vienen de países con leyes más restrictivas; por ejemplo, Haití es uno de los países con prohibición absoluta, su legislación considera el aborto como un delito con severas penas de cárcel para quienes lo practican y quienes se someten a él. Por otro lado, son pocas las instancias especializadas en brindarles acompañamiento, no figuran en la atención para las poblaciones vulnerables, aun cuando se les reconoce como grupos de atención prioritaria, y el acceso a la justicia es casi nulo.
La Ley General de Salud y la Ley de Migración en México establecen que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud, sin importar si cuenta o no con un documento migratorio. Para Louis y muchas otras mujeres que llegaron a México con el objetivo de establecerse, o de solo hacer una parada en su tránsito hacia Estados Unidos, la realidad es distinta. Han tenido que aprender otro idioma, adaptarse a otra cultura, a otros sabores; también, a enfrentar las dificultades de encontrar redes solidarias que les acompañen a consultas ginecológicas, con quiénes hablar sobre su sexualidad de forma libre o informarse sobre prevención entendiendo el contexto cultural diferenciado.
No existen políticas públicas que atiendan sus necesidades específicas en materia de derechos sexuales y reproductivos, porque ni siquiera se han implementado programas para identificar dichas necesidades. Además, persiste en ellas una idea de que al estar en una situación migratoria irregular no tienen derechos y eso ocurre porque es el mensaje que reciben cuando intentan acceder a ellos.
‘‘La mayoría de las instituciones que atienden a personas migrantes, sean públicas o privadas, no tienen el foco en estos temas y creo que primero, pues está el hecho de no se tienen las mujeres como centro o la idea de que sí hay una diferenciación en la atención. Y segundo, creo que es algo muy cultural, más que institucional, el no poder poner en el centro la salud de las mujeres porque no se toma en cuenta esta diferenciación. También como mujeres no sabemos cómo dar prioridad porque no tenemos el aprendizaje en procesos incluso de autocuidado, culturalmente siempre es hacia los demás y qué es lo que necesitan los demás’’, concluyó Monserrat.
Migrar es un acto humano que ha existido a lo largo de la historia. Sin embargo, ha sido atravesado por la más dura criminalización y el estigma. Es claro por qué la atención prioritaria para las personas en movilidad es la regularización migratoria, la alimentación y la salud mental, pero es indispensable garantizar una atención integral que incluya la salud sexual y reproductiva de quienes están expuestas a múltiples violencias y la desprotección del Estado. Sus cuerpos no pueden seguir siendo el último asunto en las agendas públicas.
* Karen Villalobos (<a href="https://x.com/Karenvillalobs" target="_blank" rel="noopener">@karenvillalobs</a>) es periodista independiente, comprometida con quienes resisten en la exigencia de verdad, memoria y justicia.

Migrar y decidir sobre el territorio propio

Lo sucedido a los 10 mineros de la empresa Vizla Silver, que fueron secuestrados y asesinados en Concordia, Sinaloa, no es un hecho aislado ni un fenómeno que se circunscribe a dicha entidad federativa. Por el contrario, empresas mineras de todo el país son extorsionadas o robadas por múltiples organizaciones criminales.
El interés del crimen en las empresas mineras se deriva de los altos ingresos que esta industria genera: se estima que la misma tiene ganancias anuales por más de <a href="https://minedocs.com/23/Camimex-AR-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">330 mil millones de pesos</a>, da empleo a más de 400 mil personas y genera el <a href="https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria" target="_blank" rel="noopener">2.5 % del PIB del país</a>, además de que hay metales o minerales extraídos en nuestro país que tienen alto valor de mercado, lo que incentiva el robo de los mismos como el oro, la plata, el mercurio o el litio.
Si bien la extorsión y el robo son delitos que ha formado parte de las fuentes de ingreso de las organizaciones criminales, no era tan común que se diera con las grandes compañías mineras. Pero a inicios de la década de 2010, dos organizaciones sistematizaron este esquema. Por un lado, <a href="https://www.ocmal.org/narco-lava-dinero-en-minas-de-coahuila/" target="_blank" rel="noopener">los Zetas</a> con las minas de carbón en Coahuila y por el otro, los <a href="https://www.jornada.com.mx/2014/01/03/politica/005n1pol">Caballeros Templarios</a>, con las minas de fierro en el sur de Michoacán, las cuales tuvieron tanto éxito en obtener ingresos de esta actividad, que pronto otras organizaciones comenzaron a imitarlas.
En la actualidad, prácticamente todas las organizaciones relevantes en mayor o menor medida han incursionado en la extorsión o robo a empresas mineras, ya que al ser empresas de gran tamaño y rentabilidad, un solo pago de las mismas por la vía de la extorsión equivale al de decenas de negocios de otros rubros.
Ejemplos sobran. Como el de la <a href="https://www.reforma.com/incendian-civiles-armados-traileres-de-minera-en-guerrero/ar3034201" target="_blank" rel="noopener">Familia Michoacana</a> en la mina Capela, en el municipio de Teloloapan en Guerrero, que produce plata, plomo y zinc. Le impusieron un esquema de pagos mensuales y cuando hubo retrasos en los mismos, el grupo criminal incendió tres tráileres de la compañía como una forma de presionar para la reanudación de los pagos.
También en Guerrero, la mina los Filos -perteneciente a la empresa canadiense <a href="https://suracapulco.mx/desde-hace-16-anos-grupos-delictivos-controlan-las-zonas-mineras-dice-ong/" target="_blank" rel="noopener">Leagold</a>, en el municipio de Eduardo Neri, la cual se dedica a la extracción de oro- fue durante años extorsionada por el grupo criminal los Rojos, que después se transformó en los Tlacos, los cuales siguen extorsionando a la compañía.
En 2018 en el municipio de Madera, Chihuahua, la Mina Dolores -operada por la empresa <a href="https://zetatijuana.com/2018/05/ante-inseguridad-minera-canadiense-cierra-operaciones-en-madera-chihuahua/" target="_blank" rel="noopener">Pan American Silver Corp</a>&#8211; tuvo que interrumpir sus operaciones un tiempo ante las amenazas constantes del crimen organizado a sus empleados, al grado que evacuaron la mina y la cerraron por espacio de algunas semanas.
Además de la extorsión, dado el alto valor de varios metales y minerales, las empresas mineras también han sido víctimas de robos. El ejemplo más claro fue <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/11/06/estados/calculan-en-42-millones-el-costo-de-los-minerales-robados-a-penasquito-5627" target="_blank" rel="noopener">el hurto en 2024 de un convoy con 6 góndolas de oro, plata, plomo y zinc</a>, propiedad de la empresa Newmont, en una carretera de Zacatecas. El cargamento estaba valorado en tres millones de dólares.
En Sonora encontramos el caso de la Herradura, una de las minas más productivas de oro y plata perteneciente a la empresa <a href="https://www.sinembargo.mx/3868097/mexico-lanza-fuerza-especial-para-vigilar-a-las-mineras-y-evitar-extorsion-de-grupos-criminales/" target="_blank" rel="noopener">Fresnillo PLC</a>, en donde también experimentaron robos de alto valor, lo que propició presiones al Gobierno Federal para crear una fuerza especial para la protección de las minas. La fuerza especial no ha parado los robos, la extorsión y el asedio.
Otra variante la encontramos en Querétaro. En minas de mercurio de la Sierra Gorda, el <a href="https://elpais.com/mexico/2025-08-03/trafico-de-mercurio-para-las-minas-de-oro-el-nuevo-y-millonario-negocio-del-cartel-jalisco-nueva-generacion.html" target="_blank" rel="noopener">Cártel Jalisco Nueva Generación</a> no sólo recurre a la extorsión de las empresas, también participa en la comercialización del metal por su papel fundamental en el proceso de separación del oro de otros materiales. El CJNG envía el mercurio a Colombia, Venezuela y Bolivia a organizaciones aliadas, para que lo comercialicen allá.
O el caso de la mina La Ciénaga, en Sonora, propiedad de la compañía Veruna Minerals, que produce oro y que por años explotaron <a href="https://www.latimes.com/world-nation/story/2025-11-06/drug-cartels-el-chapo-mexico-gold" target="_blank" rel="noopener">los Chapitos</a>, aunque también fue disputada por el Cártel de Caborca. La mina tuvo que cerrar luego que los Chapitos tomaron el control.
En el siguiente mapa se pueden ver los principales yacimientos de oro, plata, cobre, hierro, barita, litio y mercurio del país, así como las organizaciones criminales que participan en la extorsión a las mineras dedicadas a estos metales y minerales.
<figure id="attachment_1639609" aria-describedby="caption-attachment-1639609" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1639609" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/extorsion-a-empresas-mineras-en-Mexico.png" alt="Mapa con la extorsión que sufren las empresas mineras en México." width="1200" height="904" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/extorsion-a-empresas-mineras-en-Mexico.png 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/extorsion-a-empresas-mineras-en-Mexico-600x452.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/extorsion-a-empresas-mineras-en-Mexico-1024x771.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/extorsion-a-empresas-mineras-en-Mexico-768x579.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1639609" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia a partir de notas periodísticas.</figcaption></figure>
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Hay dos grandes franjas mineras altamente productivas en México. Una abarca Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sinaloa, y es disputada por las dos facciones del Cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Mayiza, y por el CJNG y algunas organizaciones locales como el Cártel Independiente de Sonora (Los Salazar) y el Cártel de Caborca. La otra franja se encuentra en el sur, en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y en ellas están presentes grupos criminales locales como la Familia Michoacana, los Ardillos, los Tlacos, Caballeros Templarios y organizaciones de mayor tamaño como el CJNG.
En el centro-occidente del país las explotaciones mineras son de menor tamaño, pero existe un control muy amplio del CJNG.
Frente a este fenómeno delictivo, es importante que el gobierno tome acciones urgentes, estableciendo vínculos con las empresas mineras para llevar a cabo las siguientes acciones:
I. Recuperación de todas las minas que han sido despojadas a empresas con concesiones vigentes.
II. Sistema de alerta temprana ante la desaparición de trabajadores mineros, a fin de realizar la búsqueda de manera inmediata.
III. Esquema de denuncia directa de las extorsiones, para implementar seguimiento a la organización criminal que las realiza.
IV. Mecanismos de seguridad en el traslado de metales de gran valor.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

La minería a merced del crimen organizado

El narcisista patológico Trump Dos Punto Cero, decrépito y disminuido, pero aún vivito y coleando, es agente del desorden aún más desatado que el de la versión primeriza. Su gobierno desmantela -con el apoyo prácticamente irrestricto y el control de su partido en las tres ramas federales de gobierno, y el de ciertos ‘opositores’ quisling en el poder legislativo- a las instituciones que constituían relativos diques y contrapesos a la demolición en curso.
Su apego a pulsiones entropísticas que enardecen a sus bases y rellenan las alforjas propias, las de su familia y apoyadores oligárquicos auguran tiempos complejos hasta 2029, cuando podría él entregar la estafeta a una versión más joven y aventajada que la suya.
La ruta ambiental suicida no parece tener freno.
1. Un desastre largamente anunciado. <a href="https://tinyurl.com/y2stsuv9" target="_blank" rel="noopener">Lo que realmente significan los planes de Trump para el Ártico</a>, en el contexto de la emergencia climática. The Guardian
2. Paraíso de Dos Bocas (sic), <a href="https://tinyurl.com/yrj4d6ec" target="_blank" rel="noopener">mechero de petróleo en Tabasco que arde al lado de tu escuela</a>. El País 
3. <a href="https://tinyurl.com/4czszbtk" target="_blank" rel="noopener">Contaminación lumínica</a> durante las noches podría complicar aún más las temporadas de alergia en el mundo, de acuerdo a estudio. Mongabay 
4. Mapa de las presuntas<a href="https://tinyurl.com/mwed7at5" target="_blank" rel="noopener"> zonas climáticas idóneas para la sobrevivencia de la humanidad </a>(sic). Futura 
5. Focos rojos. Científicos advierten que <a href="https://tinyurl.com/376trjcu" target="_blank" rel="noopener">registros de calor extremo</a> el año pasado son señales de emergencia climática. NPR 
6. Calentamiento global 2025, <a href="https://tinyurl.com/2fup2rxw" target="_blank" rel="noopener">año mortífero</a>. Copernicus (Unión Europea)
7. <a href="https://tinyurl.com/3axwxy8p" target="_blank" rel="noopener">Colonialismo verde</a>: nueva rebatinga o ‘reparto de África’, como en el siglo diecinueve. Meer 
A pesar de todo hay algunos destellos de esperanza. Invitaciones para imaginar alternativas ecofílicas y ecosóficas reales, que nos despierten de una buena vez de la larga noche del trumpismo.
8. ‘Para los gigantes tecnológicos, la dilatada evolución de un Internet abierto llega a su fin. Su versión de la red no es la de un ecosistema: más bien, es la de un zoológico’. <a href="https://tinyurl.com/2seh5yp9" target="_blank" rel="noopener">Tenemos que renaturalizar o resilvestrar Internet</a>. Corriente Cálida 
9. De cómo la <a href="https://tinyurl.com/5xx7tffd" target="_blank" rel="noopener">comunidad californiana de Monterey Park</a> pudo detener un gigantesco -y ecocida- proyecto de centro de datos para Inteligencia Artificial. The Guardian 
10. <a href="https://tinyurl.com/5n8effsm" target="_blank" rel="noopener">A muchas niñas y niños les provoca angustia la emergencia climática</a>. Aquí, algunas propuestas para evitarlo. CBC
11.<a href="https://tinyurl.com/bek3b37k" target="_blank" rel="noopener"> El desarrollo económico sin control potencia el calentamiento global</a>. ¿Existe alguna solución? The Guardian 
12. Serranía de Sunsas: <a href="https://tinyurl.com/p274whm4" target="_blank" rel="noopener">un santuario boliviano que protege 176 especies de aves</a>. Mongabay Latam.
13. ¿Rumania ha roto con éxito el vínculo entre el desarrollo económico y las <a href="https://tinyurl.com/4d3m35fe" target="_blank" rel="noopener">altísimas emisiones tóxicas asociados al ‘progreso’</a>? The Guardian 
14. <a href="https://tinyurl.com/mrxyej5t" target="_blank" rel="noopener">Las áreas protegidas frenan aridez y resisten mejor el cambio climático</a>. Ecoticias

El caos

De William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 1564 &#8211; 1616) es La tragedia de Macbeth (Austral, España, 2012) (The Tragedy of Macbeth), que se piensa se representó por primera vez en 1606. Entre los especialistas no existe acuerdo en señalar la fecha exacta en la que pudo haber sido compuesta.
La obra se basa en la vida de un personaje histórico, Macbeth, quien fue rey de los escoceses entre 1040 y 1057. La fuente principal de Shakespeare para escribir esta tragedia fueron las Crónicas de Holinshed, obra de la que extrajo también los argumentos de sus obras históricas.
Raphael Holinshed se basó a su vez en Historia Gentis Scotorum (Historia de los escoceses), obra escrita en latín por el autor escocés Hector Boece e impresa por primera vez en París en 1527. Para agradar a su mecenas, el rey Jacobo V de Escocia, Boece había oscurecido deliberadamente la figura de Macbeth, con el fin de exaltar a un hipotético antepasado del rey, Banquo.
En la obra, un general escocés llamado Macbeth recibe una profecía de un trío de brujas, que le dicen: un día se convertirá en rey de Escocia. La ambición lo consume y su esposa lo incita a hacer realidad lo que ha oído. Macbeth, entonces, asesina al rey y se apropia del trono escocés.
Después, atormentado por la culpa y la paranoia, comete más asesinatos violentos para protegerse de la enemistad y las sospechas, convirtiéndose pronto en un gobernante tiránico y criminal. El baño de sangre conduce rápidamente a la locura y, finalmente, a la muerte de la pareja, ávida de poder. La obra se estructura en cinco actos.
<h3>Acto I</h3>
Al regresar victorioso de una batalla, Macbeth, en compañía de su amigo Banquo, se encuentra con tres brujas que le predicen el futuro: Macbeth va a obtener el título de duque de Cawdor y después será rey. A Banquo le dicen que sus descendientes serán reyes. Cuando Macbeth pide a las brujas que le aclaren el sentido de las profecías, ellas desaparecen.
Se presenta un enviado del rey, quien notifica a Macbeth la concesión real del título de duque de Cawdor. El anterior duque ha sido acusado de traición. Macbeth y Banquo se sorprenden al ver que la predicción se ha cumplido.
Lady Macbeth anima a su marido, que no espere y se apresure a cumplir con la profecía. Pero para ello hace falta asesinar en secreto al rey Duncan. En ese momento, se anuncia la visita del rey, a casa de Macbeth, que llega para rendir homenaje a su heroísmo. Este cree ver en la visita del rey una señal del destino.
Tras intensas dudas, decide finalmente pasar a la acción y asesina al rey Duncan, mientras este duerme. Lady Macbeth convence a su marido, poseído por los remordimientos, de que no ceda al pánico y la desesperación y que termine lo que ha iniciado. Al alba, Banquo y Macduff descubren el cuerpo del rey.  Todos maldicen unánimemente a los asesinos desconocidos.
<h3>Acto II</h3>
A la mañana siguiente, se descubre el crimen y Macbeth culpa a los sirvientes de Duncan, a los que previamente ha asesinado, supuestamente en un arrebato de furia para vengar la muerte del rey. Los hijos de Duncan, Malcolm y Donalbain, que se encuentran también en el castillo, no creen la versión de Macbeth, y huyen del lugar Malcolm a Inglaterra y Donalbain, a Irlanda.
Macbeth consigue ser proclamado rey de Escocia, y así se cumple la segunda profecía de las brujas. Ahora se atormenta por la predicción hecha a su amigo: los descendientes de Banquo serán los sucesores de Macbeth en el trono. Se convence a sí mismo y también a Lady Macbeth de la necesidad de asesinarlo.
<h3>Acto III</h3>
Macbeth encarga a unos asesinos que maten a Banquo y a su hijo Flenace, cuando lleguen al castillo para participar en el banquete al que les ha invitado. Los asesinos matan a Banquo, pero Fleance huye. En el banquete, poco después de que Macbeth sepa por los asesinos lo ocurrido, se aparece el espectro de Banquo y se sienta en el sitio de Macbeth. Sólo él puede ver al fantasma, con el que dialoga, y en sus palabras se hace evidente su crimen.
Macbeth interroga de nuevo a las brujas sobre el futuro. Estas le predicen que alcanzará el poder absoluto y será invencible y nada amenazará su vida mientras el bosque de Birnam no avance hacia él. Los únicos de los que debe desconfiar son de Macduff y los descendientes de Banquo, quienes se harán con el trono, como dice la profecía. Macbeth declara la guerra implacable y brutal a todos los que ahora consideran sus enemigos.
<h3>Acto IV</h3>
Macbeth regresa al lugar de su encuentro con las brujas, y les pregunta por su futuro. Ellas conjuran a tres espíritus. El primero le advierte que tenga cuidado con Macduff; el segundo dice que &#8220;ningún hombre nacido de mujer&#8221; lo podrá vencer, y el tercero hace la profecía de que seguirá invicto si el gran bosque de Birnam no se mueve.
Macbeth, quiere saber si los descendientes de Banquo llegarán a reinar. Se aparecen los fantasmas de ocho reyes y el de Banquo, con un espejo en la mano, indicando así que ocho descendientes de Banquo serían reyes de Escocia. A Macbeth le notifican que Macduff ha desertado. En represalia, decide atacar su castillo y acabar con toda su familia. La acción se traslada a Inglaterra, donde Macduff, que ignora la suerte que ha corrido su familia, se entrevista con Malcolm, hijo de Duncan, al que intenta convencer para que reclame el trono. Recibe la noticia de la muerte de su familia.
<h3>Acto V</h3>
Lady Macbeth empieza a sufrir remordimientos: sonámbula, intenta lavar manchas de sangre imaginarias de sus manos. Malcolm y Macduff, con la ayuda de Inglaterra, invaden Escocia. Macduff, Malcolm y el inglés Siward, atacan el castillo de Dunsinane, con un ejército camuflado con ramas del bosque de Birnam, con lo que se cumple la profecía: el bosque de Birnam se mueve y ataca Dunsinane.
Macbeth recibe la noticia de que el bosque se mueve y de la muerte de su esposa por suicidio. Decide combatir hasta el final. Tras matar al hijo de Siward, se enfrenta con Macduff, que le revela que su madre había muerto una hora antes de que él naciera, y que los médicos realizan una cesárea para mantenerlo vivo, y así se cumple la profecía de que «no podría ser matado por ningún hombre nacido de mujer» y comprende las profecías de las brujas. Macduff mata a Macbeth y lo decapita. En la escena final, Malcolm es coronado rey de Escocia.
***
Shakespeare en esta obra profundiza sobre la ambición y los peligros que esta entraña. Dramatiza sobre los efectos, físicos y psicológicos, de la ambición en aquellos que buscan el poder por sí mismo. La ambición envuelve la vida de Macbeth y de Lady Macbeth, y es la causa de su ruina.
En el estudio introductorio, Ángel-Luis Pujante, quien hace la traducción del inglés al español, muestra como a través de un lenguaje metafórico y sensorial, la obra indaga en lo prohibido, explora la transgresión y ofrece la oportunidad única de compartir la vida interior de un asesino, con su horror y su misterio.
Y desvela el significado de ese juego de símbolos, el primitivismo y el concepto mágico del mundo que representan, y aclara cómo la altura poética e intelectual de esta obra de Shakespeare hace patente la situación política concreta de sangre y violencia, ambición y deslealtad en que la acción se desenvuelve.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1639407" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/Macbeth.jpg" alt="Portada del libro Macbeth, de William Shakespeare. " width="307" height="466" />
Macbeth
William Shakespeare
Austral Ediciones
España, 2012
pp. 160
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Macbeth de Shakespeare

Las legumbres son una de las respuestas más concretas que tiene México frente a la crisis alimentaria y climática que estamos viviendo. Sus características nutricionales y productivas las convierten en una de las formas más saludables y sostenibles de obtener proteína y nutrientes clave para la población.
Cada 10 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Legumbres, celebrado desde 2016 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para sensibilizar sobre el papel fundamental que desempeñan en la transición hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, capaces de garantizar alimentos nutritivos para todas las personas. Y en ese marco queremos poner a las legumbres al centro, no solo esa fecha sino todos los días.
Frijoles, lentejas, garbanzos, habas o chícharos deben ocupar un lugar protagónico en nuestras comidas. De ellos obtenemos proteínas, vitaminas y minerales a un menor costo económico y ambiental. Son más accesibles que las proteínas de origen animal y su producción genera un impacto ambiental considerablemente menor que el de productos como carnes, huevo o leche.
Sin embargo, pese a su arraigo histórico, su consumo ha disminuido de forma sostenida. Según datos de la <a href="https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2024/index.php" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut)</a>, entre 2012 y 2022 la ingesta diaria de leguminosas en personas adultas pasó de 10 gramos a 7.7 gramos. El mayor consumo se concentra en personas mayores de 60 años y en localidades rurales del norte del país, donde persisten patrones alimentarios tradicionales. En contraste, las generaciones más jóvenes crecen en entornos alimentarios dominados por productos ultraprocesados, fenómeno que se profundizó con la apertura comercial y la transformación del sistema alimentario en las últimas décadas.
Esta tendencia debería alertarnos. Las nuevas<a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1029510/Guias_Alimentarias_Mexico_2025.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles</a> de la Secretaría de Salud recomiendan consumir una taza diaria de frijoles, aproximadamente 170 gramos, para adultos, adolescentes e infancias. La distancia entre lo que consumimos y lo que deberíamos consumir es significativa.
Nuestro bajo consumo contrasta con otro dato revelador: México es el octavo productor mundial de frijol. Es, después del maíz, el segundo cultivo con mayor superficie sembrada en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. No obstante, alrededor del 10 % del consumo nacional se importa. Cada año ingresan en promedio 139 mil toneladas desde Estados Unidos, Canadá y China, principalmente debido a las afectaciones de la sequía en los cultivos nacionales.
Para el ciclo 2025-2026, la Secretaría de Agricultura estima una producción de 1.2 millones de toneladas, concentrada en estados como Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Chiapas, Chihuahua, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Morelos.
Tenemos, entonces, un doble desajuste: producimos, pero no consumimos lo suficiente; importamos, mientras el consumo interno cae; promovemos precios de garantía para apoyar a productores, pero no impulsamos con la misma fuerza políticas que incentiven su incorporación como alimentos centrales en comedores escolares, hospitales, programas sociales y compras públicas.
Es momento de dejar de ver a las legumbres como simples acompañantes o guarniciones. Tienen el potencial nutricional y gastronómico para convertirse en platos principales, reduciendo la presencia de productos de origen animal y ultraprocesados y, con ello, los impactos negativos asociados tanto a la salud pública como al clima.
Revalorizar las legumbres no es solo una estrategia nutricional o climática. Es también una decisión económica y territorial que puede fortalecer nuestro sistema alimentario desde la producción hasta el consumo.
Por ello en Alianza Alimentaria y Acción Climática lanzamos la campaña <a href="https://alianzaalimentaria.org/mas-legumbres-hoy" target="_blank" rel="noopener">#MásLegumbresHoy</a>, para concientizar sobre los beneficios de estos alimentos. Tenemos tres recetarios a los que puede acceder la población de manera gratuita para incorporar estos alimentos en su día a día con las porciones recomendadas por la Secretaría de Salud.
Si las Guías Alimentarias recomiendan priorizar proteínas de origen vegetal, la política pública debe cerrar el círculo: producción, distribución y consumo alineados con esa evidencia. Es ineludible apoyar al productor en el precio, y es igual de necesario aumentar el consumo de manera estructural.
El frijol, junto con lentejas, garbanzos y habas, ya forma parte de nuestra cultura agrícola y gastronómica. La discusión de fondo es si tenemos la disposición de colocar estos alimentos en el centro de una estrategia nacional que articule salud pública, acción climática y seguridad alimentaria. Porque la transición no comienza en el discurso: comienza en nuestros platos. 

* Sofía Ruiz Oldenbourg es Ingeniera Ambiental por el Instituto Tecnológico de Colima, con más de 10 años de experiencia en el ámbito ambiental y de sostenibilidad en el sector privado y de organizaciones de la sociedad civil. Gerente de Políticas Alimentarias en Alianza Alimentaria y Acción Climática (<a href="https://x.com/AlianzaAliment" target="_blank" rel="noopener">@AlianzaAliment</a>), organización mexicana sin fines de lucro que está transformando el sistema alimentario hacia prácticas más éticas y sostenibles. También trabaja con el sector público y privado implementando menús sostenibles en los comedores de las organizaciones para reducir impactos ambientales y riesgos a la salud asociados a patrones alimentarios.

Legumbres: salud pública, clima y nutrición en un mismo plato

La habitación de al lado (The Room Next Door) (España, 2024) es el primer largometraje en inglés del español Pedro Almodóvar. En la historia, Ingrid (Julianne Moore) y Martha (Tilda Swinton), fueron amigas en la juventud y trabajaron en la misma revista.
Ingrid se convierte en novelista y Martha en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separan y, después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse. Martha tiene cáncer terminal, e Ingrid, ha construido una exitosa carrera como escritora.
Se cuenta la historia del reencuentro, y la manera como Martha convence a Ingrid de que la acompañe en sus últimos días, hasta que ella se anime a tomar una pastilla para morir con dignidad, bajo sus propios términos. No en una cama de hospital, intubada, sino en un ambiente de paz, cerca de la naturaleza, conversando con una amiga y escuchando a los pájaros cantar.
Almodóvar, de manera pausada, desarrolla la historia de las dos amigas que platican de su pasado, de sus antiguos romances, las experiencias que compartieron, la complicada relación que Martha tuvo tanto con el padre de su hija, como con ella misma, y del trabajo de ambas.
La historia aborda el dolor de la pérdida, el límite de la existencia, el derecho a una muerte digna, y también la amistad, la empatía y la solidaridad.
La crítica especializada reconoce el trabajo de Julianne Moore y Tilda Swinton, y hablan de una gran interpretación de los papeles que les toca representar. De la contención de sus emociones.
Almodóvar trata el tema de la muerte de una manera donde está presente la tristeza y el dolor, pero también la dignidad y la aceptación de esta realidad a la que todas y todos nos tenemos que enfrentar.
Una crítica sostiene que es la película más arriesgada del director español, y que marca “un punto y aparte en la filmografía y en la vida de Almodóvar”. La película, dice otro, coincido con él, va a lo esencial y preside de toda floritura. En ella hay claros tintes de Ingmar Bergman. Me conmovió.
En 2024, en el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, esta obra de Almodóvar ganó el León de Oro como mejor película.
 <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1639403" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/La-habitacion-de-al-lado.jpg" alt="Póster de la película La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar." width="330" height="330" />
La habitación de al lado 
Título original: The Room Next Door
Producción: España, 2024
Dirección: Pedro Almodóvar
Guion: Pedro Almodóvar, con base en la novela Cuál es tu tormento (Anagrama), de Sigrid Núñez
Fotografía: Eduardo Grau
Música: Alberto Iglesias
Con: Tilda Swinton, Juliane Moore, John Turturro, ​Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Melina Matthews, Raúl Arévalo, Vicky Luengo, Esther McGregor, Alex Høgh Andersen, Alvise Rigo, Anh Duong, Bobbi Salvör Menuez (…)
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

La habitación de al lado

Ese sonido estridente filtrado en el ADN colectivo es la materialización de un contrato social con décadas de asimilación. La alerta sísmica representa la oportunidad de anticipación sobre la tragedia, una muralla de algoritmos para la supervivencia.
¿Qué habría pasado si en septiembre de 1985 México hubiera contado con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, una robusta red de sensores en la costa del Pacífico y una cultura de la prevención centrada en los simulacros? La historia con certeza se escribiría con menos ausencias.
Entonces, el Estado mexicano era un gigante ciego que se enteró del desastre cuando ya tenía el polvo encima, con escasa o nula capacidad de reacción evidenciada por la intervención de sociedad civil en labores de rescate de vivos y de cuerpos.
La gestión de riesgos, como sugiere el sociólogo Ulrich Beck en su teoría de la &#8220;Sociedad del Riesgo&#8221;, no consiste en eliminar el peligro, sino en domesticarlo mediante conocimiento. En 1985, el riesgo era una fuerza mística; ahora es una variable calculada en milisegundos.
Si la alerta del CIRES hubiera sonado en los radios de transistores aquel jueves antes de las 07:17, el margen de evacuación habría permitido que miles de personas abandonaran los edificios de la colonia Roma o el Centro Histórico.
La evolución de la cultura sísmica ha transitado de una sociedad a la expectativa de instrucciones por televisión a una exigente de protocolos automatizados. Este cambio refleja la capacidad para convertir la tragedia en resiliencia. El SASMEX es ahora un engranaje donde no interviene el capricho humano.
Cuando el C5 dispara la señal por más de 28 mil altavoces no hay un burócrata decidiendo si la magnitud amerita el susto; hay un sistema automatizado que lee la energía liberada y decide en una fracción de segundo. La alerta se activa cuando 1) el sismo será igual o mayor a 5 y el epicentro está a menos de 200 kilómetros, 2) es igual o mayor a 5.5 con epicentro a menos de 350 kilómetros, y 3) si es igual o mayor a 6 sin importar la distancia.
México, junto con Japón, lidera una vanguardia global en esta materia. El sistema nipón, implementado tras el terremoto de Kobe en 1995 operado por la Agencia Meteorológica, emite alertas a través de celulares, radio, televisión y altavoces públicos.
Sin embargo, de poco sirve el algoritmo perfecto si el ciudadano no sabe qué hacer con ese tiempo extra. Los simulacros dejan de ser una molestia administrativa para convertirse en un ejercicio de supervivencia. Si un sismo es un evento geológico, el desastre es la falta de preparación de la sociedad. Por ello, la convocatoria de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para el próximo simulacro metropolitano del 18 de febrero representa el reconocimiento de la defensa ante la vulnerabilidad.
Cuando la alerta suena, además de la evacuación de edificios, se está honrando la memoria de quienes en 1985 no tuvieron sesenta segundos de ventaja.
* Salvador Guerrero Chiprés (<a href="https://twitter.com/guerrerochipres" target="_blank" rel="noopener">@guerrerochipres</a>) es coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (<a href="https://x.com/C5_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@C5_CDMX</a>).

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