Sin categoría

Junto a la organización <a href="https://www.idheas.org.mx/about-us/" target="_blank" rel="noopener">Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A. C.</a>, participamos en un diálogo de la región Mesoamericana para hablar de los impactos transgeneracionales de las violaciones a derechos humanos. Defensoras y defensores de México, Guatemala y Honduras compartimos  los hallazgos, en nuestro territorio, sobre las afectaciones en la salud física y mental de las familias que tienen a un familiar desaparecido. Para enmarcar, dejamos las preguntas detonadoras del diálogo compartido.
Cuando un familiar desaparece, hay fracturas por varios frentes: hay una alta incidencia en la aparición o agravamiento de padecimientos de hipertensión, diabetes, y afecciones crónicas a nivel músculo esquelético o neurodegenerativas en las mujeres buscadoras cuidadoras. Así como diagnósticos de ansiedad y depresión con tratamientos psiquiátricos de larga data por parte de las instituciones de salud estatales. En mujeres jóvenes y adolescentes existen varios casos con diagnóstico y tratamiento por trastorno de ansiedad y depresión; se ha brindado contención en algunos eventos de crisis de pánico.
Si bien no existe reporte de diagnóstico psiquiátrico en niñas y niños, en los espacios de apoyo individual y familiar que hemos desarrollado se han abordado problemáticas vinculadas a estados de tristeza que en los casos específicos de hijas e hijos se relaciona hasta en cierta medida con la ausencia del padre o la madre desaparecida. Sin embargo, estos estados de tristeza en su mayoría tiene que ver más con la ausencia emocional del progenitor que se queda a cargo de la búsqueda y el trabajo de cuidados, especialmente en el caso de las madres.
En el caso de niñas y niños que no tienen relación parental con la persona desaparecida (por ejemplo hermanos, primos, sobrinos o nietos), una vez transcurridos los primeros meses posteriores a la desaparición también tiende a cobrar más relevancia la ausencia emocional de las personas adultas de su entorno que están directamente relacionadas con la persona desaparecida.
En ambos tipos de casos se ha encontrado que la desconexión que experimentan niñas y niños es un generador importante de angustia que va afectando algunas áreas del desarrollo y la socialización, especialmente al encontrarse ante otras situaciones complicadas o riesgosas que no tuvieron que ver directamente con la desaparición, pero demandaron en su momento una atención inmediata y ocuparon un lugar secundario en las prioridades familiares. O bien, en caso de haber recibido una atención inmediata, sucedió de forma parcial, tendiente a dar soluciones rápidas para continuar enfocándose en las labores de búsqueda, pues sus personas cuidadoras no estaban en condiciones de realizar demostraciones de afecto o tratar de dar explicaciones adecuadas a la edad de niñas y niñas debido a los estados de saturación y embotamiento en que se encontraban por la situación de desaparición.
En todas las edades, los estados de afectación de salud mental sufren una agudización de los síntomas cuando hay novedades desfavorables en las investigaciones (es decir, falta de avances, diligencias sin resultados, negativa a solicitudes ante autoridades, negación de evidencias o líneas de análisis, entre otros).
La revisión de los expedientes por parte de mujeres jóvenes que comienzan a involucrarse en los procesos de búsqueda o investigación se ha identificado como un detonante importante de síntomas vinculados a la re-experimentación de eventos potencialmente traumáticos alrededor de la desaparición.
El acceso y adherencia a los tratamientos siempre sufre mayores limitaciones cuanto más bajo es el nivel socioeconómico, cuando existen condiciones de dependencia económica en las personas adultas que ejercen labores de  cuidados y cuando quienes proveen los ingresos no cuentan con derechos laborales.
¿Cuál ha sido el impacto a nivel personal, familiar y comunitario en mujeres, niñas, niños y adolescentes con un miembro desaparecido?
El impacto a nivel personal en adultas inicia con el desconcierto inicial y la saturación de información al comenzar a involucrarse en los distintos procesos que implican tanto la búsqueda como la investigación: hay una generación de estados permanentes de confusión. A la par, aquellas personas que no tienen acceso al proceso de investigación atraviesan largos periodos de incertidumbre, donde el imaginar a su familiar en escenarios violentos es el mayor generador de daños a nivel cognitivo.
En los casos en donde la persona desaparecida era la principal proveedora, los cambios de las condiciones de vida de las familias son variables; sin embargo, las más graves tienen que ver con la precarización extrema y la necesidad de trasladarse a viviendas de las familias de origen o extensas por no poder sostener los pagos de renta, teniendo así que instalarse en condiciones de hacinamiento, adaptarse a reglas, dinámicas y costumbres que les son ajenas y en muchos casos injustas o discriminatorias.
Cuando existen hostigamientos o amenazas directas contra la vida o integridad de las personas que buscan o indirectas hacia otros miembros de su familia, el miedo y el estado de hiper alerta sostenido en el tiempo provocan, no sólo un deterioro cognitivo a la larga, sino que en periodos más cortos, limitan o dificultan la capacidad y habilidades a la hora de tomar decisiones asertivas.
La búsqueda de empleo para muchas mujeres buscadoras que además ejercen labores de cuidados es prácticamente inviable, pues existe un doble obstáculo para cumplir con los horarios de jornada laboral: por un lado, al no contar con personas en quiénes delegar permanentemente la labor de cuidados y, en segundo lugar, lograr resolver el punto anterior al necesitar ausentarse de sus puestos de trabajo para atender y asistir a las diversas diligencias para el seguimiento de la búsqueda, pues en  tanto no se apersonen en las mismas, corren un gran riesgo de que se cierren las investigaciones.
En el caso de mujeres jóvenes, además de suplir el lugar de la cuidadora principal cuando debe trabajar o atender diligencias, las jornadas laborales suelen verse interrumpidas para acudir a atender los asuntos de hermanos, sobrinos u otras infancias y adolescencias en edad escolar, ya sea por cuestiones académicas, conductuales, médicas o para gestionar diversas necesidades como traslados, alimentación, entre otros. En caso de no poder aportar a estas labores de cuidado, estas mismas mujeres suelen experimentar profundos sentimientos de culpa o atravesar conflictos severos ya sea con las cuidadoras principales o con las infancias cuyos cuidados quedan descubiertos.
En el caso de hombres buscadores, en diversos casos deben someterse a las condiciones de la persona en que delegan las labores de cuidado así como a las condiciones de empleadores que ejercen dinámicas laborales abusivas, eliminando casi por completo el tiempo disponible que podrían dedicar al cuidado de sis niñas, niños y adolescentes, cuando están dispuestos a involucrarse en el mismo.
En el acceso a educación, se han encontrado casos de abandono escolar donde especialmente los niños (varones) son requeridos para integrarse a un trabajo remunerado, a través del cual deben cubrir o completar los ingresos familiares, especialmente cuando las personas cuidadoras son personas de edad avanzada que ya no cuentan con las condiciones de salud o resistencia para cumplir con jornadas extensas o simplemente son rechazadas de los empleos a los que buscan acceder, tanto por la edad, como por el tiempo que necesitan para dar seguimiento a los procesos de búsqueda.
Además de la estigmatización en el salón de clases, también hay una dinámica de señalamiento en los entornos familiares o vecinales. La inseguridad prevalente en el estado ha generado ambientes de desconfianza generalizada, por lo que las relaciones comunitarias son complejas y a menudo vividas de forma negativa. En infancias con dificultades de aprendizaje o adaptación escolar asociadas o no a la desaparición, el acceso a servicios especializados para tratar problemas de neurodesarrollo se ve limitado no sólo por el factor económico que dificulta la atención privada, sino también por la falta de especialistas actualizados en la región.
¿Cuáles son los retos para los colectivos de familiares al reclamar al Estado el reconocimiento y la reparación del daño por los impactos sufridos en la salud física y mental?
Los retos son muchos. En el caso de México, la reparación del daño está ligada al acceso a la justicia y, desafortunadamente, el acceso a la justicia en México está en un proceso de desaparición. Ante este reto, como en muchas otros, los colectivos de familiares hemos emprendido varias iniciativas que nos han permitido colocar algo de reparación en torno a la continuidad de nuestro proyecto de vida. En esta área, hemos colocado con las autoridades que no podemos seguir con la precariedad económica y el Estado ha respondido con apoyos a emprendimientos económicos.
Hemos formado a profesionales de la salud mental junto al apoyo técnico del Comité Internacional de la Cruz Roja. Estamos en vinculación con la Comisión de Víctimas de nuestro estado para que sus psicólogas y psicólogos reciban nuestra capacitación con enfoque psicosocial para atender a más familias de forma asertiva.
Hemos hecho muchas alianzas para la asesoría jurídica con varias organizaciones para llevar nuestros casos e incidir en las autoridades ministeriales y de atención a las víctimas y construir jurisprudencia en torno a la reparación del daño, donde las familias estemos al centro, donde nosotras determinemos qué elementos nos significan como reparación del daño y el derecho a la verdad.
No hay justicia sin verdad, no hay verdad sin justicia y no hay reparación sin que los proyectos de vida sigan floreciendo.
¿Qué experiencias o buenas prácticas han implementado para sanar, abordar las afectaciones y los daños frente a la ausencia de protección del Estado?
A partir  de los diagnósticos de impactos psicosociales en niñas, niños, adolescentes y personas cuidadoras con un familiar desaparecido, estamos ahora mismo desarrollando tres programas fundamentales de apoyo.
El primero tiene que ver con la implementación de plenarias comunitarias por grupos de edad que ha favorecido que niñas, niños y adolescentes tengan espacios de encuentro con pares que también atraviesan la desaparición de un ser querido. Estos espacios, además de permitir y fomentar que hablen libremente de sus vivencias alrededor de la desaparición, procura realizar un abordaje focalizado de problemáticas que se repiten en la mayoría de los casos, como la violencia entre pares, el ejercicio de roles que corresponden a los adultos, los problemas para comunicarse y ser escuchados, o los riesgos que atraviesan en sus respectivos contextos y grupos etarios.
El segundo es un programa de apoyo psicosocial individual y familiar a distancia y presencial, donde cinco profesionales brindan espacios de escucha a quienes tienen una demanda para abordar asuntos problemáticos que no logran tocarse en las plenarias comunitarias, a fin de que las personas adultas a cargo de los cuidados puedan consultar aspectos que son de su preocupación en los procesos de crianza, así como otros de interés y trabajo más personal; las infancias y adolescencias puedan validar su experiencia, su sentir y pensar, fortaleciendo aquellas áreas que requieren apuntalar durante los difíciles procesos que en cada familia, con sus especificidades, están atravesando.
El tercer programa es el espacio para la formación de profesionales de salud mental con un enfoque psicosocial. Este programa es apoyado técnicamente por el Comité Internacional de la Cruz Roja en México y Latinoamérica.
Y se suman a los programas las actividades editorales, lúdicas y de aprendizaje como el Recetario para la memoria; el libro de poesías y cartas Mi grito y mi silencio; talleres de teatro, de cuentos, dibujo, cartonería, mural y fotografía para infancias y adolescencias. En estos talleres se aprenden herramientas de comunicación que permiten volver a re construir los lazos de confianza al interior de las familias.
¿Cómo se siente la ausencia en fechas como la Navidad? 
La ausencia está presente de forma constante, no importa la fecha. La silla vacía en la mesa nos señala la presencia de esa ausencia. Brindar buenos deseos y estar felices nos cuesta mucho. Dudamos si debemos estar ahí riéndonos, comiendo, bebiendo, mientras que nuestros familiares siguen desaparecidos. Sin embargo, y con el apoyo psicosocial mencionado en los programas, hemos adquirido herramientas de afrontamiento; reconocemos que la obligación es de las instituciones; conocemos nuestros derechos y hemos aprendido a no rendirnos para exigir que siga la búsqueda y la investigación. Y sobre todo: nos hemos enfocado en nuestros y en los proyectos de vida de nuestras niñas, niños y adolescentes para seguir adelante.
* Alejandra Díaz es integrante del Colectivo Buscadoras Guanajuato. Por 18 meses estuvo buscando a su hermano Felipe desaparecido en Guanajuato. Actualmente acompaña a más familias en su búsqueda a través de la vinculación y gestión proyectos para la incidencia política, cultural y de acción ciudadana. NG es profesional de Salud Mental y solicitó no acreditada en esta colaboración.

La ausencia, la salud y la Navidad

El 2025 marcó un punto de inflexión en la conversación global sobre el envejecimiento y la economía plateada. Por primera vez, la Silver Economy dejó de ser un tema periférico, asociado a nichos de consumo o a políticas sociales fragmentadas y comenzó a ocupar un lugar visible en el radar de los grandes organismos internacionales. Los organismos internacionales prestaron atención a esta realidad y llama en particular la atención el World Economic Outlook 2025 del Fondo Monetario Internacional, el cual  dedicó un c<a href="https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2025/04/22/world-economic-outlook-april-2025#Chapters" target="_blank" rel="noopener">apítulo completo</a> al impacto económico del envejecimiento, subrayando que una población más longeva no implica necesariamente menor crecimiento si se invierte en salud, prevención y participación laboral a edades avanzadas y a reducir las brechas de género.
Ese giro discursivo coincide con una cifra que se repite cada vez con más fuerza: se calcula, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Población, que la economía plateada representa un mercado de <a href="https://china.unfpa.org/en/news/opinion-editorial-ensuring-all-older-people-can-benefit-development-silver-economy" target="_blank" rel="noopener">15 trillones de dólares</a>.
Sin embargo, mientras el tamaño del mercado crece y el concepto se vuelve tendencia, la pregunta central permanece incómodamente ausente: ¿quiénes participan realmente de esa economía y quiénes quedan al margen?
Ahí aparece la paradoja que atravesó 2025. La Silver economy se presenta como oportunidad macroeconómica, pero los sujetos que la encarnan no la transitan en igualdad de condiciones. Las personas mayores no envejecen igual y las mujeres envejecen en condiciones sistemáticamente más precarias. Naciones Unidas ha documentado que la pobreza en la vejez tiene rostro de mujer en prácticamente todas las regiones del mundo, debido a trayectorias laborales interrumpidas, brechas salariales acumuladas y una carga desproporcionada de <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/animatrix/economia-del-cuidado-columna-de-silver-economy" target="_blank" rel="noopener">trabajo de cuidados</a> no remunerado.
Este dato es crucial para entender lo que está en juego. Cuando las mujeres quedan al margen de la economía plateada y sus posibilidades, no sólo se reproduce la desigualdad: se vacía de contenido la promesa misma de la longevidad como oportunidad. Un mercado que crece sobre la exclusión de quienes sostuvieron durante décadas la economía del cuidado corre el riesgo de convertirse en una economía de la longevidad para unos pocos.
Es como si hablásemos de dos carreteras que han crecido en paralelo. El contraste entre ellas se volvió aún más visible al observar cómo distintos países están respondiendo al envejecimiento. En 2025, algunos comenzaron a tender puentes reales entre longevidad y políticas públicas. Japón, por ejemplo, consolidó su sistema de cuidados de largo plazo y avanzó en la integración de tecnologías de apoyo para la vida independiente, al mismo tiempo que impulsa la permanencia de personas mayores en el mercado laboral bajo esquemas flexibles.
En Europa, países nórdicos como Suecia y Dinamarca destacan por haber articulado sistemas de bienestar que combinan cuidados universales, salud preventiva y participación social, reduciendo los riesgos de pobreza en la vejez, especialmente entre mujeres.
Estos casos no son perfectos ni exportables sin matices, pero muestran algo fundamental: cuando existen instituciones de cuidado, salud y protección social sólidas, el envejecimiento deja de ser percibido exclusivamente como riesgo y puede convertirse en posibilidad.
La tecnología añadió en 2025 una capa decisiva a esta discusión. El mercado global de gerontotecnología, que incluye dispositivos de asistencia, plataformas digitales, soluciones de monitoreo, inteligencia artificial aplicada a la salud y tecnologías para la vida independiente, llegó a los 69.6 billones de dólares en el 2024 y se estima que llegue a <a href="https://www.datamintelligence.com/research-report/gerontechnology-market" target="_blank" rel="noopener">245 en 2033 </a>(¡en tan sólo 8 años!).
Este crecimiento alimenta la narrativa de innovación asociada a la Silver Economy. Sin embargo, también revela nuevas brechas. El acceso a estas tecnologías está profundamente condicionado por ingreso, región, alfabetización digital y género. La brecha digital no desaparece con la edad, de hecho, se amplifica. Las mujeres mayores, especialmente en países de ingresos medios y bajos, tienen menos acceso a dispositivos, conectividad y formación digital, lo que las deja fuera de los beneficios potenciales de esta nueva economía tecnológica
El 2025 dejó al descubierto una tensión central. Por un lado, una narrativa emergente que cuestiona el edadismo, revaloriza la experiencia y empieza a imaginar trayectorias de vida más largas y diversas. Por otro, marcos legales, laborales y tecnológicos diseñados para un mundo que ya no existe, donde la vejez se asume dependiente, invisible, infantilizada y en gran medida, silenciosa.
Es hora de dejar de hablar de la economía plateada simplemente como un mercado en expansión. Es una disputa sobre el tipo de futuro que se está construyendo en un mundo que envejece. Si no se incorporan de manera explícita la igualdad de género, la salud a lo largo de la vida, el reconocimiento del cuidado y el acceso equitativo e igualitario a la tecnología, el resultado puede ser profundamente regresivo: un planeta más longevo, pero también más desigual, con millones de mujeres mayores viviendo más años en condiciones de mayor precariedad.
El desafío que deja 2025 es claro. La economía plateada ya está aquí. Llegó para quedarse.  La pregunta no es si existe, sino para quién existe. Convertir la longevidad en una oportunidad colectiva requiere algo más que entusiasmo de mercado: exige políticas del siglo XXI para un mundo que ya dejó atrás el siglo pasado.

Longevidad, mercado y desigualdad. El balance de la Silver Economy en 2025

En alguna ocasión, siendo estudiante de preparatoria en una institución privada, uno de mis compañeros dijo a otro: “Con la Biblia te demuestro que Dios existe y, también que no”. Los textos, los autores, las obras literarias, las construcciones teóricas, etcétera, se pueden utilizar para demostrar que uno tiene la razón y que la otra persona está en el error.
En el ámbito de la bioética se dan enfrentamientos y descalificaciones entre quienes defienden una teoría y atacan las otras. Alguien me dijo que “la bioética o era kantiana o no era bioética ni mucho menos ética”. Es cierto que, en ocasiones, debido al <a href="https://filosofiaenlared.com/2024/05/el-rol-de-la-personalidad-en-la-filosofia/" target="_blank" rel="noopener">temperamento</a> propio se elige tal o cual corriente o teoría ética, lo cual, sin embargo, no debería ser fuente de absolutismo total ni de total relativismo. <a href="https://hoytocapensar.wordpress.com/2013/10/31/aristoteles-etica-para-nicomaco-in-medio-virtus/" target="_blank" rel="noopener">En el medio está la virtud</a>.
La bioética, una disciplina híbrida cuyo núcleo es el diálogo entre las ciencias de la vida y los valores morales, sufre, frecuentemente, los embates de los defensores de corrientes, teorías, modelos y métodos que desean que se proclame su perspectiva como la <a href="https://bioetica.nexos.com.mx/entre-el-escepticismo-la-verdad-y-el-poder-sacar-conejos-de-la-chistera/" target="_blank" rel="noopener">verdadera</a>. En este punto quisiera centrar mi reflexión, especialmente, porque existe un antídoto contra la así llamada posverdad, entendida como aquellas circunstancias que hacen visible que la objetividad —que se construye sobre hechos patentes— tiene un peso específico menor —en el proceso de construir la opinión pública— que las creencias individuales y comunitarias y las emociones, los sentimientos y las intuiciones.
Este antídoto contra la posverdad se construye con una descripción detallada de lo que se considera objetivamente la verdad, que es la meta última del conocimiento objetivo. En las demás esferas de conocimiento, existen las llamadas verdades religiosas, históricas, jurídicas, que son verdades en sentido lato. Sin embargo, en la esfera de la moral, <a href="https://ethic.es/hablemos-de-verdad-moral" target="_blank" rel="noopener">más que alcanzar la verdad</a>, lo que se pretende es lograr la justificación de los juicios morales; una justificación que alcanza diversos grados de solidez y fortaleza de acuerdo con el peso específico de los argumentos que se empleen en el proceso de deliberación.
<h3>Bioética y posverdad</h3>
Algunos proclaman que vivimos en la época de la <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38594515" target="_blank" rel="noopener">posverdad</a>, que se produce cuando &#8220;los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales&#8221;. Si se admite, entonces, que ya no existe una verdad absoluta que sirva de guía y proporcione fundamento al actuar de los seres humanos, las preguntas ineludibles que surgen delante de este panorama son las siguientes: ¿desde qué criterios o parámetros se pueden legitimar las acciones morales?, ¿cómo se justifican los juicios morales?, ¿se parte de normas, leyes y reglamentos, confundiendo derecho y ética, autoridad y poder?, ¿son los imperativos categóricos, los principios prudenciales, la base del juicio y actuar humano o está el fundamento de los juicios morales en el contexto histórico de cada sociedad?, ¿están guiados los juicios morales únicamente por la razón o sólo por los sentimientos, las emociones y las intuiciones? Recordemos que para captar la verdad no son suficientes ni las razones ni las evidencias ni las proposiciones coherentes, sino que es estrictamente indispensable una vocación de la voluntad que se deje llevar por las evidencias y la coherencia, lo que no se da en el terreno de lo racional, sino en el de la sensibilidad.
En el día a día, la gente es capaz de entenderse y, por tanto, es capaz de reconocer la verdad; sabe lo que quiere decir y sabe de lo que está hablando. Hay un sustrato sólido y común, y esa es la verdad. En otras palabras, en la vida ordinaria, las sociedades humanas, en general, funcionan de manera adecuada porque existe la convicción planteada por Aristóteles cuando expresó: “Falso es, en efecto, decir que lo que es, no es, y que, lo que no es, es; verdadero que lo que es, es, y que lo que no es, no es”. 1
<h3>Bioética y filosofía moral</h3>
Uno de los criterios de verdad o, quizá, mejor, de autenticidad en el ámbito moral, es la empatía del ser humano, sobre todo porque la verdad de la moralidad tendría su núcleo en conocerse y cuidarse uno mismo, en sentir empatía por los otros seres humanos, los demás seres vivos y una actitud de cuidado por la casa común de todos, que es este planeta llamado Tierra.
Entre otras significaciones de la moral, una va en la línea de aseverar que ésta consiste, básica y fundamentalmente, en buscar las mejores opciones que permitan la <a href="https://ethic.es/entrevista-eduardo-infante" target="_blank" rel="noopener">reducción del sufrimiento en el mundo</a>. Los ciudadanos de una comunidad civil, creyentes o no, que han decidido actuar con buena voluntad y que toman decisiones apoyados, lo más posible, en su claridad mental, se abstienen de asesinar, por ejemplo, no porque eso esté vetado en algún texto sagrado, sino porque, a través de un proceso de análisis y de razonamiento, han llegado a descubrir que el asesinato inflige un inmenso sufrimiento a los seres conscientes y sentientes.
Ahora bien, es cierto que algunas afirmaciones morales estaban, y siguen estando, construidas sobre el cimiento de algunas percepciones falsas, lo que ha provocado graves alteraciones y perturbaciones en los juicios morales. La justificación de estos debería estar basada en la evidencia empírica, los conceptos y la lógica. Por otro lado, es necesario no perder de vista que el objeto de la ética aplicada es llegar a la mejor decisión, una decisión justificable y probable; por eso, parece ser que la mejor justificación está basada en la universalización, los valores, las normas, los principios, los casos paradigmáticos, el consenso y las consecuencias. De esta manera, una hipótesis plausible en este contexto es que, si las creencias erróneas han dado origen a comportamientos insostenibles, si una visión del mundo distorsionada genera una ética defectuosa, es necesario establecer los hechos relevantes, construir los valores y establecerlos, porque: “<a href="https://alfayomega.es/diego-gracia-guillen-en-la-gestion-de-los-valores-somos-todos-unos-maleducados/" target="_blank" rel="noopener">Sobre los valores hay que ‘deliberar’, tanto individual como colectivamente</a>”.
<h3>Justificar decisiones morales</h3>
Al momento de justificar los juicios y las decisiones morales es necesario recordar el concepto casuístico de que las decisiones en bioética no son dicotómicas, maniqueas, por irse al extremo de verdadero o falso absolutamente hablando. En bioética como en la vida no hay certezas absolutas, sino probabilidades. Por eso, para lograr una toma de decisiones técnica y éticamente correctas por parte del ser humano se necesita un procedimiento. Desde los antiguos filósofos griegos se llamaba deliberación, que puede ser individual o colectiva. La colectiva es mucho más difícil que la individual porque demanda tener en cuenta las opiniones y los puntos de vista distintos e incluso opuestos al propio; eso no es fácil, a veces ni siquiera es posible. Tomar decisiones correctas en medio de la incertidumbre exige un largo aprendizaje que debería comenzar en épocas muy tempranas de la vida y constituir uno de los objetivos básicos del sistema educativo.
Cuando Antonio Machado 2 escribió el “Proverbio LXXXV” de sus Nuevas canciones, que se refiere a la verdad absoluta, puesta con la V inicial mayúscula, tal como se escriben los nombres propios en castellano, buscaba manifestar el deseo universalista de buscar —y hacerlo en compañía de los otros—, establecer y decir la verdad:
¿Tu verdad? No, la Verdad, 
y ven conmigo a buscarla. 
La tuya, guárdatela.
<h3>Conclusión</h3>
Si Sartre dijo que estábamos <a href="https://bloghemia.com/2020/11/jean-paul-sartre-estamos-condenados-ser.html" target="_blank" rel="noopener">condenados a ser libres</a>, algo semejante puede afirmarse de la ineludible tarea de tomar decisiones, muy frecuentemente en medio de la incertidumbre. Si queremos vivir, convivir y sobrevivir en el planeta Tierra, más que imponer una verdad moral, urge intentar que nuestras decisiones sean ponderadas, razonables y prudentes; es decir, de esto depende no sólo nuestra felicidad, sino, muy probablemente, también el éxito de la especie a la que pertenecemos e, incluso, de toda la vida.
* Eduardo Farías Trujillo es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga; maestro en Teología y Ciencias Patrísticas por la Universidad Lateranense de Roma; en Ética y Bioética Aplicada por la Universidad Autónoma de Querétaro, y en Bioética por la Universidad de Clarkson de Nueva York, así como doctor en Bioética por la UNAM.
&nbsp;
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.
&nbsp;
1 Aristóteles. Metafísica, IV, VII, 1011b. Gredos, Madrid. Traducción: Julio Pallí Bonet, 2015.
2 Machado, A. Nuevas canciones. Mundo Latino, 1924.

La bioética y las verdades morales

Desde una perspectiva comparada, el sistema de pensiones en México ha mostrado avances relevantes en los últimos años, particularmente en su diseño institucional y en algunos de sus resultados. Esto se refleja en el Índice Global de Pensiones Mercer-CFA, que en 2024 elevó la calificación del país de una C (55.1 puntos) a una B (68.5 puntos). En su edición 2025, México mantiene esta evaluación con 69.3 puntos, ubicándose en niveles comparables a los de países europeos miembros de la OCDE, como Bélgica, Alemania o Irlanda.
Estos resultados sugieren que el sistema contributivo mexicano ha incorporado medidas que fortalecen su estructura y mejoran su desempeño técnico. Sin embargo, una lectura integral del sistema pensionario requiere mirar más allá de una sola calificación, incorporando indicadores específicos y otros ejercicios internacionales que permiten identificar tanto fortalezas como áreas de oportunidad.
En este sentido, el informe <a href="https://www.oecd.org/en/publications/pensions-at-a-glance-2025_e40274c1-en.html" target="_blank" rel="noopener">Pensions at a Glance 2025</a>, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ofrece elementos clave para el análisis comparado. Al contrastar a México con otros países de la región americana —Chile, Canadá y Estados Unidos, también incluidos en el índice Mercer-CFA— se observan diferencias que ayudan a dimensionar los retos estructurales que persisten. En términos generales, Chile presenta la evaluación más alta, seguido por Canadá, México y, finalmente, Estados Unidos.
Uno de los indicadores más relevantes para el bienestar económico en la vejez es la tasa de reemplazo, que mide el porcentaje del último ingreso laboral que se conserva como pensión. De acuerdo con datos de la OCDE, México destaca en el caso de las personas con ingresos bajos, con una tasa de reemplazo estimada de 121 %, lo que implica que la pensión puede incluso superar el último salario percibido. En contraste, esta proporción se ubica en 61.8 % en Chile, 50.5 % en Estados Unidos y 47.3 % en Canadá. Estos datos permiten reflexionar sobre el carácter redistributivo de los sistemas y sobre los distintos mecanismos que influyen en los resultados finales.
Otro eje central del análisis contemporáneo de los sistemas de pensiones es la brecha de género. Si bien esta brecha está estrechamente vinculada a las desigualdades del mercado laboral —como trayectorias laborales más discontinuas o una menor participación en empleos formales—, también responde a factores estructurales, entre ellos la organización social de los cuidados y el diseño de los propios sistemas pensionarios.
El informe de la OCDE muestra que, en el conjunto de sus países miembros, la brecha de género en pensiones se ha reducido de 28 % en 2007 a 23 % en 2024. Esta disminución no ha sido automática, sino que responde a la implementación de medidas compensatorias específicas, como diferencias en los años mínimos de cotización, edades de retiro diferenciadas, bonos por maternidad —en dinero o en tiempo cotizado— y otros mecanismos, como las pensiones financiadas mediante transferencias públicas o, en el caso de la Unión Europea, el uso obligatorio de tablas de mortalidad unisex.
Entre los países de la región americana analizados por Mercer-CFA y la OCDE, Chile destaca por haber adoptado un conjunto más amplio de estas medidas. Entre ellas se encuentran una edad legal de retiro para las mujeres de 60 años, cinco años menor que la de los hombres; la entrega de bonos por maternidad equivalentes a 18 cotizaciones sobre el salario mínimo, y la división de los saldos acumulados en las cuentas individuales de ahorro para el retiro en casos de divorcio o nulidad matrimonial. Estas experiencias ofrecen referencias útiles para el análisis comparado, siempre considerando las particularidades demográficas y económicas de cada país.
En conjunto, estos elementos muestran que el análisis comparado de los sistemas de pensiones no busca establecer jerarquías simples entre modelos “mejores” o “peores”, sino comprender cómo distintas sociedades han respondido a retos comunes. En el caso de México, los avances reflejados en indicadores internacionales y la ampliación de la cobertura mediante programas sociales dan cuenta de un progreso relevante, al tiempo que subrayan la necesidad de seguir fortaleciendo la sostenibilidad financiera, la equidad y la inclusión del sistema pensionario.
El reto hacia adelante no es emitir juicios sobre el pasado reciente, sino mantener un diálogo técnico y social informado, que permita aprovechar las experiencias comparadas para enriquecer el debate y orientar ajustes graduales que contribuyan a garantizar mejores condiciones de vida en la vejez.
* María del Sol Calvario Palma es auxiliar de investigación en Actuaría en el equipo actuarial de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Egresada de la Licenciatura en Actuaría de la Facultad de Ciencias Físico – Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Icoquih Arzu Flores Martínez es integrante del programa de personas becarias y servicio social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Socia (CISS) Egresada de la carrera de Actuaría de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué tan bien estamos en pensiones? México frente a otros países de la región

La pesca es una actividad que da empleo y podría ayudar a garantizar el derecho humano a la alimentación para las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, el sector pesquero aún no es clave para que México alcance la soberanía alimentaria.
En México tenemos más de 11 mil kilómetros de litoral en 17 estados de la república. A lo largo de las costas mexicanas, existen más de 370 mil personas que se dedican a la pesca ribereña; de esta actividad sostienen a sus familias y ponen alimento en la mesa de millones de mexicanas y mexicanos.
En la actualidad, el <a href="https://www.gob.mx/agricultura/articulos/la-base-de-la-soberania-alimentaria-agua-suelo-agrobiodiversidad-y-personas-productoras" target="_blank" rel="noopener">gobierno mexicano</a> habla de alcanzar la soberanía alimentaria, y la define como la capacidad de una nación para producir de manera sostenible y garantizar el abasto de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad para todas las mexicanas y los mexicanos. Para lograr este objetivo es fundamental contar con recursos naturales saludables y biodiversos. En este sentido, el agua, el suelo y la agrobiodiversidad son tres elementos esenciales que sustentan la producción de alimentos y garantizan la seguridad alimentaria.
Es importante poner en el foco que la pesca ribereña puede ser clave para producir de manera sustentable alimentos nutritivos y de calidad, ya que la proteína animal marina tiene un alto valor nutrimental. Además, tiene una <a href="https://mx.oceana.org/blog/salvar-los-oceanos-para-alimentar-al-mundo/" target="_blank" rel="noopener">huella ambiental minúscula</a> comparada con la de otras fuentes de proteína. No requieren tierra, usan poca agua potable y combustibles fósiles para su producción. Sin embargo, en México no se toma en cuenta a la pesca ribereña como centro de la política alimentaria. No se le apuesta a su fortalecimiento ni mucho menos a su desarrollo.
Basta con ver cómo ha disminuido el presupuesto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS), encargadas de gestionar e investigar el estado de las pesquerías para tener un manejo adecuado pesquero, así como vigilar que las especies de interés comercial no se deterioren, poniendo en riesgo la salud y abundancia de los océanos.
Si no existe presupuesto para investigar, gestionar y vigilar la pesca, es imposible implementar políticas pesqueras orientadas a la recuperación de especies y al desarrollo de investigación científica; es decir, no hay inversión en un sector que es clave para alimentar a las y los mexicanos.
La pesca enfrenta otros retos también. De acuerdo con  el <a href="https://mx.oceana.org/nuestras-campanas/pescando-ciegas/#custom" target="_blank" rel="noopener">Semáforo de la Pesca de Oceana</a>, 23 % de las pesquerías de nuestro país están en algún grado de deterioro; el 40 % de la pesca es ilegal; hay una degradación o destrucción de los hábitats marinos y costeros, como arrecifes de coral, manglares y pastos marinos donde se desarrollan las especies de interés pesquero; la contaminación de los océanos por hidrocarburos y plásticos se agrava, y la crisis climática trae anomalías en la temperatura y acidificación del agua, así como tormentas más frecuentes e intensas.
Con todo, el sector pesquero ribereño ha emprendido acciones de recuperación de especies de interés pesquero y también de ecosistemas importantes como arrecifes de coral y manglares. Son ellos los que se autovedan, los que crean Zonas de Refugio Pesquero, los que siembran manglares, los que crean Áreas Marinas Protegidas para resguardar arrecifes, con el objetivo de garantizar la pesca en el futuro. Saben que cuidar los mares es poner alimento en sus mesas y en la de todas y todos los mexicanos.
El Estado mexicano tiene que apostarle a la pesca ribereña y verla como su aliada para alcanzar la soberanía alimentaria en el país. Al hacerlo, no solo garantizará alimento para las y los mexicanos, también garantizará empleos y sustento para quienes se dedican a esta actividad a lo largo de toda la cadena de valor. Para ello, se debe asegurar que los mares mexicanos sean abundantes por medio de la restauración de pesquerías que se encuentran en deterioro.
Si se quiere alcanzar la soberanía alimentaria, es necesario fortalecer al IMIPAS y la CONAPESCA. Que cuenten con recursos y capacidad suficientes que les permitan realizar investigación científica y asegurar el manejo sustentable de los recursos pesqueros en beneficio de la pesca.
Llevar alimento a la mesa de millones de personas no es tarea fácil; sin embargo, se puede elegir fortalecer la pesca en México y con ello a un sector que ha quedado rezagado por años.
* Nancy Gocher es campañista senior y directora de Incidencia en Oceana.

Apostar a la pesca ribereña para alcanzar la soberanía alimentaria

Los diez museos que menciono a continuación los visité en el primer semestre de 2025, pero las reseñas de mis recorridos por los mismos aparecieron a lo largo del segundo semestre en distintos portales, que se originan en México. Son museos de Etiopía, Kenia, Tanzania y Zanzíbar.
Museo Etnográfico, Adis Ababa, Etiopía. Pertenece a la Universidad de Addis Ababa (UAA). Abrió en 1955 con la intención de conservar el patrimonio nacional. El museo se aloja en el Palacio de Guenete Leul, que el rey Haile Selassie manda construir en 1930, y luego dona a la universidad. La colección tiene más de 13 0000 objetos. Incluye manuscritos religiosos y seculares, objetos ceremoniales, iconos, pinturas, túnicas bordadas en oro y plata, paraguas, cruces y libros. Y también objetos de las distintas culturas de los pueblos originarios.
Museo Nacional, Nairobi, Kenia. El museo se establece en 1919. La exhibición se organiza en las siguientes secciones: Sala introductoria; Sala numismática; Sala orígenes del hombre; Sala de mamíferos; Sala de pájaros; Sala historia de Kenia; Sala de abejas; Sala ciclos de la vida; Sala Joy Adamson; Sala Omán &#8211; Kenya; Sala arqueológica; Sala arte contemporáneo; Sala Agá Khan. La Sala orígenes del hombre ofrece un recorrido por el desarrollo de los de los homínidos de 7 000 000 a 300 000 años. Y también de la evolución del homo en sus diferentes etapas.
Galería Nacional, Nairobi, Kenia. En museo se aloja en un edificio de principios del siglo XX y abre sus puertas en 2005. Alberga la colección que formaron Joseph y Sheila Murumbi. Reunieron obras de arte, muebles, textiles, joyas, artefactos, libros y timbres de toda África. Ellos se propusieron preservar, proteger y promover la cultura africana. La exposición se organiza en nueve salas: Pasillo de entrada; Rotonda; Sala textiles de África; Sala adornos de África; Sala artefactos de África; Sala pintores; Sala &#8211; Casa Joseph Zuzarte Murumbi; Sala libros y objetos.
Casa &#8211; Museo Karen Blixen, suburbio de Karen, Nairobi, Kenia. En esta casa vivió la escritora danesa Karen Christence Blixen-Finecke (1885-1962) de 1914 a 1931. La casa es obra de principios del siglo XX de estilo europeo. Está en medio del bosque, ahora un jardín. En 1964, el gobierno danés, para honrar a la escritora compra la casa y la dona al gobierno como un “regalo” por su independencia. El lugar adquiere importancia en 1985 después de la película autobiográfica de Karen Blixen, Out of Africa, que interpreta Marly Streep y Robert Redford. Es cuando el gobierno decide hacerla museo.
Fuerte Jesús, Mombasa, Kenia. En 2011 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Se construye entre 1593 y 1596 por orden del rey Felipe II de España, entonces también rey de Portugal. Obra del arquitecto italiano Giovanni Battista Cairatti. Es el primer fuerte de estilo europeo que se levanta en esta región. Entre 1631 y 1875 el fuerte se gana y pierde en nueve ocasiones por las naciones que disputaban el control de Mombasa. Era una posesión vital para cualquier potencia con la intención de controlar la isla y sus alrededores.
Museo Lamu, Lamu, Kenia. Está en el Centro histórico de Lamu que desde 2001 es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Se aloja en una casa de finales del siglo XIX. La colección es muy rica y en las 20 salas, los objetos que se muestran representan diferentes facetas de la herencia cultural swahili e incluyen prendas de vestir, joyas, muebles, manuscritos, amuletos, instrumentos musicales, puertas y ventanas, materiales marítimos y hallazgos arqueológicos.
Fuerte Lamu, Lamu, Kenia. Está en el Centro histórico de Lamu, que desde 2001 es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. A principio del siglo XIX se empieza a construir el edificio, que se termina en 1821. En 1984, el edificio se entrega a los Museos Nacionales de Kenia, que lo convierten en museo a partir de 1993.
Museo Nacional, Dar es Salaam, Tanzania. El museo abre al público en 1940. En 1948 se inaugura un edificio propio y en 1963 se construye uno nuevo, el que ahora aloja la exhibición. Esta se organiza en: Sala Cuna de la Humanidad; Sala Ciudad &#8211; Estado de Shirazi; Sala etnográfica; Sala Pintura Rupestre en África; Sala Arte Contemporáneo. La Sala Cuna de la Humanidad muestra la evolución del ser humano desde los primeros Austolopthecus Africanus de 3 000 000 de años, al desarrollo de los diversos Homo desde 1 800 000 años hasta llegar al Homo Sapiens de 200 000 años.
Museo Freddie Mercury, Zanzíbar, Tanzania. El museo se abre al público en 2002. Se encuentra en el centro histórico de la ciudad, y es la casa donde el cantante Freddie Mercury (Zanzíbar, 5 de septiembre de 1946-Kensington, Inglaterra, 24 de noviembre de 1991) vivió durante sus primeros años, antes mudarse con su familia a Inglaterra en 1963. El museo alberga fotografías, objetos personales y recuerdos relacionados con Freddie Mercury y el conjunto musical Queen’s.
Museo del Comercio de Esclavos de África del Este: 1800 – 1909, Zanzíbar, Tanzania. En 2016, el museo se abrió al público en lo que fue el Hospital Santa Mónica, construido y atendido por la Iglesia Anglicana. Se conservan parte de los sótanos donde se recluía a los esclavos. En las salas se ofrece información detallada de como operó el mercado de esclavos. Zanzíbar fue el principal centro de venta de esclavos de África Oriental. Se calcula que entre los siglos XV y XIX cerca de 15 000 000 de esclavos desde aquí fueron vendidos y llevados a otros continentes.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Los diez mejores museos del segundo semestre

De los libros de literatura que leí en el primer semestre de 2025, estos seis son las que me parecen las mejores. De ellos han aparecido reseñas en estas páginas. Son obras de autores de Polonia, Japón, Marruecos, México y El Salvador. Dos de ellos Premio Nobel de Literatura.
Keyle la Pelirroja (Acantilado, 2023), es obra del polaco Isaac Bashevis Singer (Polonia, 1904 &#8211; Estados Unidos, 1991), Premio Nobel de Literatura en 1978, que siempre escribió en yiddish. La novela se divide en dos partes, la primera transcurre en Varsovia, Polonia, y la segunda en Nueva York, Estados Unidos. Se cuenta la historia de Keyle, una prostituta judía, quien, después de encontrarse en Varsovia, con Búnmem, joven hijo de un rabino, se propone llevar otro tipo de vida, y con él emigra a América. Está la vida de los bajos fondos, la prostitución, el crimen y la corrupción, y también la vida comunitaria y de familia, las costumbres, la cocina y las festividades religiosas de la comunidad judía.
Lo bello y lo triste (Austral, Barcelona, 2011), es obra del japonés Yasunari Kawabata (Osaka, Japón, 1899) que en 1968 gana el Premio Nobel de Literatura, fue el primer japonés en obtenerlo. La historia de desarrolla en el Japón del siglo XX entre las ciudades de Kioto y Kamakura, el tema central es la elaborada venganza que trama Keiko, discípulos de la pintora Otoko, que a los dieciséis años fue abandonada por su amante Oki. El autor desarrolla con profundidad la psicología de cada uno de sus personajes, y lo hace con una gran gama de matices que nos dicen quiénes son y la motivación de su actuación. Está presente la belleza del paisaje y de las construcciones centenarias, de los templos y las tumbas, y también las costumbres propias de Japón.
El país de los otros (Editorial Cabaret Voltaire, Madrid, 2021) es una obra de la escritora Leila Slimani (Rabat, Marruecos, 1981) hija de padre marroquí y madre franco-argelina. En la novela se cuenta la historia de Mathilde, una joven alsacaina, que en 1944 se enmora de Amine Belhach, combatiente marroquí del ejército francés durante la II Guerra Mundial. Al fin de la guerra se casan y el matrimonio viaja a Marruecos para establecerse en Meknés. La historia abarca diez años de vida de la pareja, es la primera parte de una trilogía que narra la vida de tres generaciones de una familia marroquí.
Miradnos bailar (Editorial Cabaret Voltaire, Madrid, 2023) de la escritora Leila Slimani (Rabat, Marruecos, 1981), hija de padre marroquí y madre franco-argelina, es la segunda de la trilogía que narra la vida de tres generaciones de una familia marroquí, que se inspira en su propia historia. La historia que se cuenta se desarrolla en un ir y venir entre los relatos íntimos del ámbito familiar y la realidad política y social por la que atraviesa Marruecos, ya independiente. La autora, con precisión y detalle, sitúa a sus personajes en el contexto contradictorio de una sociedad que deja el pasado e ingresa a la modernidad occidentalizada. En esa realidad las y los jóvenes deben de encontrar su nueva identidad y su propia forma de vida.
Tu sueño imperios han sido (Alfaguara, México, 2022), del mexicano Álvaro Enrigue (Guadalajara, Jalisco, 1969) narra el encuentro en 1519, entre los españoles, al mando de Hernán Cortés, y la corte de Moctezuma, el emperador azteca. Los hechos y los diálogos entre los personajes son una construcción que surge de la mente del autor, que se ha preparado con abundante literatura histórica sobre el tema, para para abordar la tarea. El autor construye, con imaginación documentada, cómo pudieron haber sido los diálogos y el comportamiento de pareja, entre Cortés y Malinalli, La Malinche; entre Cortés y Moctezuma, y de este con los nobles de su corte.
El Poemar. Antología Poética (Celdas Ediciones, San Salvador, El Salvador, 2024) del salvadoreño Luis Melgar Brizuela (Suchitoto, 1943 – San Salvador, 2024), se compone de 101 poemas, que son parte de 13 libros, que fueron escritos entre 1968 y 2022 en El Salvador y México. Un lapso de 54 años.  En mi lectura, encuentro cuatro grandes caminos, para entender y desentrañar la obra de este poeta: El camino del humanismo; El camino del compromiso político; El camino de la Cultura Mesoamericana y El camino de Dios. En la obra de Melgar Brizuela está el grito profético, que llegue la justicia y el fin de la opresión de los pobres, que son hijos de Dios.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Los mejores libros del segundo semestre de 2025

“Negar la denominación correcta (del desplazamiento forzado interno) implica desconocer las causas específicas, las implicaciones jurídicas y las obligaciones estatales en materia de protección, asistencia y reparación”.
Muñoz, Morales y Martínez, 2025.
&nbsp;
En México, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares sin cruzar fronteras internacionales. Huyen para salvar la vida, muchas veces de noche, sin bienes, sin documentos y sin garantías de retorno. Sin embargo, esta realidad continúa siendo nombrada de forma ambigua. Se habla de “movilidad”, “migración”, o “desplazamiento interno”, como si se tratara de decisiones voluntarias. No lo son. Lo que ocurre en amplias regiones del país es desplazamiento forzado interno, y no llamarlo así tiene consecuencias profundas.
De acuerdo con el informe <a href="https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/derechosHumanos/2025/informe-travesias-forzadas-desplazamiento-interno-en-mexico-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Travesías Forzadas</a> de la Universidad Iberoamericana, en 2024 al menos 28,900 personas fueron desplazadas forzadamente en México. La mayoría de los casos documentados están directamente relacionados con la violencia ejercida por el crimen organizado. A ello se suman otras causales relevantes, como proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios, impactos del cambio climático (<a href="https://hchr.org.mx/relatorias_grupos/visita-a-mexico-informe-de-la-relatora-especial-sobre-los-derechos-humanos-de-los-desplazados-internos-cecilia-jimenez-damary/" target="_blank" rel="noopener">Relatora de la ONU para el Desplazamiento, 2023</a>), entre otros. No se trata de hechos aislados, sino de una expresión continua de violencia y desprotección.
Desde el libro <a href="https://publicaciones.geografia.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/215" target="_blank" rel="noopener">Desplazamiento Forzado Interno en México</a> (2025, editorial UNAM), y particularmente desde el primer capítulo “Entre Palabras y Derechos: La Importancia del Lenguaje en el Reconocimiento del Desplazamiento Forzado Interno en México”, se demuestra que el lenguaje no es neutro. Las palabras con las que se nombra una realidad determinan si esa realidad existe jurídicamente, si genera obligaciones estatales y si las víctimas son reconocidas como tales. Nombrar incorrectamente el fenómeno diluye la violencia que lo origina y facilita la omisión institucional.
El análisis permite distinguir con claridad tres conceptos que suelen confundirse. El desplazamiento interno que, en sentido estricto, describe cualquier movimiento dentro del territorio nacional, incluso voluntario, y no considera las causas. El desplazamiento arbitrario, que, introduce una dimensión penal, pues alude a traslados impuestos de manera ilegal y puede implicar responsabilidad criminal. En cambio, el desplazamiento forzado interno (DFI) nombra una realidad específica: personas obligadas a huir dentro de su propio país como mecanismo de supervivencia frente a riesgos graves para su vida, su integridad o su libertad.
Esta distinción no es académica: es vital. Las víctimas de desplazamiento forzado interno no se van porque quieren, sino porque quedarse ya no es una opción. La huida es una reacción de escape, individual o colectiva, inmediata o progresiva, temporal o definitiva. En la mayoría de los casos ocurre sin condiciones mínimas de seguridad y genera afectaciones profundas a derechos fundamentales. Llamar a esto simplemente “movilidad”, “migración” o “desplazamiento interno” invisibiliza la coacción que lo provoca.
Nombrar correctamente importa porque el reconocimiento abre derechos. Utilizar el término desplazamiento forzado interno activa obligaciones concretas del Estado: prevenir, proteger, asistir, reparar e incluir a las víctimas en la toma de decisiones sobre su atención, sus rutas de protección y sus procesos de reparación. Cuando el fenómeno se nombra de forma ambigua, estas obligaciones se diluyen.
Un ejemplo relevante es Oaxaca, donde existe una <a href="https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/sep/20250917-II-1-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno</a>, construida a partir de las experiencias de las propias comunidades afectadas. Esta legislación demuestra que nombrar el problema con precisión permite diseñar respuestas institucionales más coherentes y centradas en las víctimas. En todo caso, la ausencia de una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno es una deuda grave. Si bien existen esfuerzos y marcos locales, como el caso de Oaxaca, la falta de una legislación nacional deja a miles de personas en un vacío de protección, fragmenta las respuestas institucionales y normaliza la pérdida progresiva del tejido social, el desarraigo y el etnocidio. Sin una ley nacional, el desplazamiento se vuelve permanente, invisible y heredable.
Insistir en el uso del término desplazamiento forzado interno no excluye otras categorías jurídicas. El concepto de desplazamiento arbitrario sigue siendo clave cuando se trata de atribuir responsabilidades penales. Pero evitar deliberadamente la palabra “forzado” en el debate público y en la política pública no es inocente: reduce la visibilidad del fenómeno y debilita el acceso a la justicia.
Nombrar también es un acto de dignidad. Reconoce que las personas desplazadas no “se movieron”, sino que fueron expulsadas por la violencia. Mientras el desplazamiento forzado interno siga siendo disfrazado con eufemismos, miles de víctimas permanecerán en un limbo jurídico y político. Nombrar es reconocer. Reconocer es obligar. Y obligar es el primer paso hacia la justicia.
* Iris Martínez, integrante del Pueblo Triqui Oaxaca, es víctima de DFI. Flor Estela Morales es coordinadora de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH Oaxaca). Daniel Muñoz es defensor de derechos humanos, víctima de DFI.

Nombrar el Desplazamiento Forzado Interno: implicaciones jurídicas y responsabilidades del Estado

La reciente “discusión” sobre la autonomía de la Fiscalía General de la República, a propósito del relevo de su titular, dejó al descubierto con nitidez el lugar en el que nos encontramos frente a la ley. La posibilidad real de que la FGR —o cualquier fiscalía del país— sea autónoma depende de una pregunta mucho más amplia y profunda: ¿cómo entendemos la ley en México?
La reciente discusión sobre la autonomía fue extraordinariamente sintomática. Lo que se debatió no son los mecanismos institucionales que podrían garantizarla, sino la confianza —o desconfianza— depositada en la persona que encabeza la institución. Ahí se desnuda el fondo del problema: nuestra relación con la ley se construye a partir de atributos personales, no institucionales. Escuché decenas de comentarios y debates en torno a la designación de la nueva titular de la FGR, y ni una sola vez apareció la pregunta por los mecanismos, las bases orgánicas o los controles capaces de fortalecer —o incluso hacer posible— la autonomía. La pregunta, sencillamente, no emerge.
Esta inclinación es masiva; los medios y las redes digitales hacen exactamente lo mismo. Me resulta familiar porque durante décadas hemos trabajado en el fortalecimiento de controles institucionales internos y externos en las instituciones policiales, y la resistencia es idéntica. Mientras resulta extraño —casi incomprensible— hablar de candados institucionales que limiten la arbitrariedad, es perfectamente común depositar todas las expectativas en el perfil de quien encabeza a la institución.
Este fenómeno tiene un trasfondo cultural profundo. La construcción de la ley en nuestra convivencia no descansa en el consenso de su indisponibilidad. No hemos logrado un acuerdo político y social que reconozca a la ley como una herramienta que no puede ser manipulada. Por el contrario, nuestra convivencia se organiza como una disputa permanente —política y social— entre macro y micropoderes que compiten por utilizar la ley bajo criterios políticos de oportunidad. En términos simples: quien puede usar la ley, la usa.
Esto ocurre de manera transversal, tanto en ámbitos públicos como privados, e incluso atraviesa los sistemas de regulación informal. A este fenómeno lo he llamado la insoportable igualdad: nos resulta intransitable la idea de que existen límites indisponibles que nos igualan a todas las personas. En su base reside una construcción cultural del poder como algo esencialmente ilimitado. Si el poder no reconoce límites, entonces el Estado de derecho se vuelve una quimera.
Una quimera escondida detrás de pomposos rituales de formalidad. Existe un desdoblamiento profundo entre el discurso y las imágenes que aparentan cohesionarnos en torno a la ley, por un lado, y la práctica cotidiana, por el otro, donde el aprendizaje real se da en el entrenamiento constante para disputar el macro y el micropoder.
Si por autonomía de una fiscalía entendemos que esa institución ajusta su actuación a la ley por encima de cualquier otro criterio, entonces en México no existe el contexto que lo haga posible. Peor aún: el criterio de oportunidad política provoca que “todo el peso de la ley” caiga solo cuando conviene a quien detenta el poder de usarla. El poder político, así entendido, es poder usar la ley por motivos políticos.
Hace bien un ejercicio de franqueza en este fin de año. Se discuten los atributos de las personas y no los de las instituciones porque, en el fondo, nadie cree realmente que los mecanismos orgánicos de control puedan operar por encima de la voluntad de quienes ejercen el poder. El sustrato cultural de esta desconfianza se revela cuando alguien “en corto” describe como una oportunidad perdida -una estupidez, digamos- el hecho de que una persona haya respetado una norma, pudiendo pasar por encima de ella en su propio beneficio -¿quién no lo ha pensado, dicho o escuchado?-.
Si esto es cierto, entonces esperar fiscalías autónomas aquí es tan absurdo como pretender que de un huerto de uvas broten tomates. Las fiscalías manipuladas no son la anomalía: son el síntoma de un contexto que hace imposible su autonomía.

Autonomía de las fiscalías en México: ¿culturalmente imposible?

Se extingue el 2025 y con ello la esperanza de que el medio ambiente se vuelva prioridad ante gobiernos -como el corruptérrimo de Trump en los Estados Unidos- empeñados en meter el acelerador del desarrollo para ver cuánto aguanta el armatoste antes de que éste se haga añicos.
1. El <a href="https://tinyurl.com/yc8rpbd2" target="_blank" rel="noopener">cambio climático amenaza el futuro de la alimentación</a>. El País 
2. Proyectos de extracción de combustibles en todo el mundo: <a href="https://tinyurl.com/bdeuwduw" target="_blank" rel="noopener">amenazas directas a la salud de dos mil millones de personas</a>. The Guardian
3. El <a href="https://tinyurl.com/4ctc4t7p" target="_blank" rel="noopener">impacto humano</a> transforma la historia evolutiva del Amazonas. El País 
4. Naciones Unidas: <a href="https://tinyurl.com/5n8exm9y" target="_blank" rel="noopener">desastres climáticos provocaron el desplazamiento de doscientas cincuenta millones de personas en el mundo</a>, esta última década. The Guardian 
5. Los Acuerdos de París de 2015 plantearon una senda de calentamiento gradual y lento. El mundo desoyó el compromiso. Associated Press 
6. Investigación: <a href="https://tinyurl.com/bdh87cxd" target="_blank" rel="noopener">cunden desplazamiento de especies, alteraciones en arrecifes rocosos y mayores ondas de calor en el Golfo de México</a>. Mongabay Latam 
Nada está escrito. No ha sucumbido la esperanza. Siguen activándose resistencias ante la voluntad ecocida de gobiernos y oligarcas pretendidamente todopoderosos. Entre tanto caos, habrá que ver qué resultados arroja 2026.
7. <a href="https://tinyurl.com/bdhntxkc" target="_blank" rel="noopener">Trump, la Naturaleza y el orden feudal moderno</a>, por José Luis Lezama. Nexos 
8. <a href="https://tinyurl.com/54t68dp7" target="_blank" rel="noopener">Veintidós de los 34 signos vitales del planeta presentan niveles alarmantes</a>, de acuerdo a un nuevo reporte. Aún hay tiempo para desactivarlos. Live Science 
9. Inteligencia Artificial. <a href="https://tinyurl.com/32jwkjxm" target="_blank" rel="noopener">El auge en la construcción de grandes centros de datos en América Latina enfrenta una creciente resistencia social</a>. The Guardian 
10. ‘Nuestro compromiso es irrenunciable’. <a href="https://tinyurl.com/3fuuwcb7" target="_blank" rel="noopener">Tres activistas ecológicos (de Colombia, Uganda y las Filipinas) comparten tribulaciones y esperanzas</a>. Mongabay 
11. <a href="https://tinyurl.com/2k6nvw8y" target="_blank" rel="noopener">Crecimiento de energías renovables y vehículos eléctricos</a> en la última década rebasa ampliamente todas las expectativas. Fast Company 
12. <a href="https://www.ecoticias.com/en/solar-panels-could-soon-be-obsolete-new/22965/" target="_blank" rel="noopener">Los paneles solares podrían pronto volverse obsoletos</a>, pues existe un material que absorbe prácticamente toda la luz a una temperatura de setecientos grados Celsius. Econews

El final

El Teatro Universal (Colección Miramar, 2025) de Pedro Meyer, reúne imágenes que el fotógrafo tomó en 1980-1981, para hacer un libro sobre la campaña del candidato del PRI Miguel de la Madrid Hurtado (Colima, 1934 – Ciudad de México, 2012), que finalmente no se hizo y es hasta ahora que estas se conocen.
En los siete meses que duró la campaña, Meyer tomó 17 mil fotografías. De este acervo, el curador del libro, Rogelio Villarreal, seleccionó 350, que son las que integran el libro. De él también es un lúcido ensayo que analiza la manera como en esos tiempos se hacía la política, que en estos días ha revivido en forma muy semejante.
En la campaña Meyer utilizó una cámara Laica con rollo a color y otra con rollo de blanco y negro, y sobre la marcha decidía qué imágenes debía tomar con una u otra de las cámaras. Las fotografías reunidas son de una enorme fuerza expresiva y constituyen un testimonio histórico del México de la década de 1980, y de la manera en la que el PRI, partido de Estado, organizaba sus campañas. Muy semejante a como ahora las realiza Morena, fundado por un expriista. Hoy en una campaña de Morena se pueden tomar las mismas fotografías que en 1980 hizo Meyer de los eventos del PRI.
El fotógrafo, con sus imágenes, registra un enorme, gigantesco circo, donde la pista es todo México, y los espectadores son al mismo tiempo los actores. El libro es un testimonio histórico, antropológico, sociológico y político, pero también una obra de arte.  En él, a más de Villarreal, escribe Pedro Meyer y un servidor. Aquí transcribo mi texto:
En la contienda electoral de 1982 nadie dudaba de que la iba a ganar el candidato del PRI, Miguel de la Madrid Hurtado, que fue presidente de México de 1982 a 1988.
Eran tiempos donde no había ninguna posibilidad de competir. El Partido de Estado lo controlaba todo. La participación de la oposición era testimonial y heroica.
Pedro Meyer fotografió la campaña del priista y desde su inicio entendió bien en qué consistía. Se trataba de un circo, de un gigantesco circo.
Todo lo que se hacía en la campaña cobraba sentido si se entendía como una gran puesta en escena, diseñada con cuidado, con décadas de experiencia, donde todo estaba contemplado y tenía un papel.
El escenario, las pistas del circo, era toda la geografía del país. Las grandes y pequeñas ciudades, los barrios marginales, las zonas rurales e indígenas con su histórica y dolorosa pobreza.
Ahí estaban también las agrestes montañas, el desierto, la selva, las costas y el mar. La riqueza inmensa de la naturaleza y el territorio era parte de la escenografía.
En estas múltiples pistas de la inmensa carpa del circo, la dimensión toda del país, se movían los actores, que también eran los espectadores. Sin saberlo desempeñaban ese doble papel.
Pedro Meyer registra cómo los directores del circo habían contemplado la participación de personas de todas las edades, y de todos los sectores sociales. Nadie podía faltar.
Sus imágenes dan cuenta de cómo a esas personas se les coloca, de acuerdo con un libreto, en escenarios previamente diseñados y donde todas debían llevar el disfraz adecuado para la función.
Los indígenas, sus vestidos tradicionales; las jóvenes, sus trajes regionales; los obreros, las chamarras de su sindicato; los médicos, sus batas, y las niñas y los niños sus uniformes escolares.
La variedad y el colorido de la vestimenta es enorme. Los actores —hombres y mujeres—, que al tiempo son espectadores, se visten, se disfrazan para participar en los eventos, en las pistas del circo.
Los directores de escena a los actores les dan los carteles, mantas, banderolas y globos de todos los tamaños y colores que deben de utilizar en la función que les tocó participar.
El evento se anima con bandas, mariachis y todo tipo de conjuntos musicales y también con cantantes famosos, y otros no tanto.
En los escenarios, los grandes y los pequeños, mientras transcurre el espectáculo, se deja caer confeti y se truenen cohetes.
En las imágenes de los actores se ve la risa abierta y el gozo de estar ahí, de ser parte del espectáculo, pero en otros se hace presente el aburrimiento y el cansancio. No asumen a cabalidad el papel que se les ha impuesto. Se resisten. Fueron obligados a participar.
Pedro Meyer, con su mirada, nos hace ver que el candidato en una elección que ya está ganada no es el personaje central. Solo es el pretexto para que se monte el circo. Lo que convoca y realmente cuenta es el espectáculo y los actores que lo realizan.
Las imágenes que aquí vemos son una anatomía profunda, que nunca antes se había hecho, sobre el circo gigantesco de las campañas del PRI en los ochenta años que de manera ininterrumpida estuvo en el poder. Es un testimonio histórico único y también una obra de arte.
 <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1615836" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/El-teatro-universal.png" alt="Portada del libro El Teatro Universal, de Pedro Meyer" width="406" height="471" />
El Teatro Universal 
Pedro Meyer
Colección Miramar, 2025
pp. 376
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

El Teatro Universal, de Pedro Meyer

Amplias zonas de la ciudad, antes parcialmente fuera del radar institucional, ahora son incorporadas al sistema de videovigilancia a partir de una premisa simple, pero poderosa: ver mejor no es capricho tecnológico, sino una decisión política.
En ese marco debe leerse el incremento de 36.4 por ciento en el número de cámaras de videovigilancia de la ciudad, impulsado con la instalación de 30 mil 400 nuevos dispositivos y el despliegue de 15 mil 200 tótems, cuyo avance ronda ya el 95 por ciento.
No se trata solo de cifras récord ni de competir en rankings globales, aunque inevitablemente la capital se coloca por encima de ciudades como Nueva York, Chicago o Río de Janeiro, y se aproxima a urbes como Londres o Seúl. El dato relevante es que, por primera vez, la expansión de esta infraestructura se diseñó con una lógica territorial la cual prioriza a quienes han tenido menos presencia institucional.
La estrategia rompe con el viejo reflejo de concentrar vigilancia en zonas centrales, turísticas o políticamente visibles. La instalación se orientó a periferias, colonias con alta movilidad cotidiana, zonas de conexión metropolitana y espacios donde la gente transita, trabaja y vive sin reflectores. El reforzamiento de áreas como Topilejo es una señal de justicia territorial aplicada a la seguridad, una de las agendas más sensibles para cualquier gobierno.
Cada nuevo tótem del C5 —bajo el programa Ojos que Te Cuidan, instruido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada— incorpora dos cámaras PTZ con cobertura de 360 grados. En conjunto, amplían de manera significativa el campo de observación institucional y mejoran la coordinación operativa con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina.
El verdadero giro no es solo en tecnología, sino en el método. La definición de puntos de instalación se construyó a partir de análisis de riesgo y legitimidad comunitaria. Las peticiones recogidas en esquemas de acercamiento directo —como Zócalo Ciudadano y Casa por Casa— influyeron de manera concreta en el mapa final.
Los beneficios son evidentes. La red amplía la capacidad de prevención, fortalece la atención de emergencias y se articula con líneas ya existentes como el 9-1-1, *765 para violencia contra las mujeres, 089 de denuncia anónima y la línea antiextorsión 55 5036 3301.
Hay retos evidentes, como evitar la ilusión de la videovigilancia que, por sí sola, resuelve problemas estructurales. Las cámaras no sustituyen patrullajes inteligentes, políticas sociales ni reconstrucción del tejido comunitario. Funcionan mejor cuando se integran a una estrategia donde la prevención depende de la mirada tecnológica y la presencia institucional sostenida.
No es el final del camino, pero sí un punto de inflexión en la geografía de la videovigilancia en la CDMX.
* Salvador Guerrero Chiprés (<a href="https://twitter.com/guerrerochipres" target="_blank" rel="noopener">@guerrerochipres</a>) es coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (<a href="https://x.com/C5_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@C5_CDMX</a>).

Geografía de la videovigilancia en CDMX

En México, la <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/El_efecto_de_la_Representacion_Proporcional" target="_blank" rel="noopener">representación proporcional</a> (RP) ha generado debates intensos en los últimos años. Las discusiones se han dividido entre su papel en la inclusión política y en la reproducción de prácticas cuestionables al asignar escaños, por ejemplo. Por eso, no solo para comprender su impacto sino para orientar la adopción de mejores prácticas en el sistema electoral mexicano, es crucial analizar las múltiples fórmulas aplicables. América Latina, como laboratorio de sistemas electorales, es un excelente punto de partida.
La RP es la regla en casi todo el mundo. En nuestro último <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/La_representacion_proporcional_en_America_Latina" target="_blank" rel="noopener">análisis</a> sobre el tema, de 17 países de la región, mostramos que el 59 % utiliza el sistema D’Hondt o variantes; el 24 % el método Hare o versiones modificadas; el 12 % combina fórmulas mixtas, y el 6 % aplica el método Webster. Sin embargo, su impacto trasciende el diseño de la fórmula y depende de factores como la estructura de los partidos, la distribución territorial del voto o la simultaneidad de las elecciones presidenciales y legislativas y su efecto arrastre.
A su vez, algunos sistemas de representación proporcional pueden funcionar como si fueran sistemas mayoritarios: en El Salvador se redujo el número de diputaciones y, luego, se sustituyó la fórmula de asignación de escaños, permitiendo que, en las últimas elecciones legislativas y con casi el 70 % de los votos, el partido oficialista Nuevas Ideas obtuviera el 90 % de la Asamblea. Existen otros ejemplos de ello, como el MAS en Bolivia en 2020 o el FSLN en Nicaragua.
El nivel de representación de cada fórmula dependerá de arreglos institucionales y la configuración del sistema de partidos. Por eso, para dimensionar las distintas formas que puede adoptar un sistema de representación proporcional, resulta crucial analizar también el <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leer/La_representacion_proporcional_en_America_Latina" target="_blank" rel="noopener">tipo de lista</a> mediante el cual la ciudadanía elige las candidaturas.
El caso de Brasil es ilustrativo: se usan listas abiertas que permiten elegir candidaturas de distintos partidos, contando con alrededor de 30 partidos en el Congreso y permitiendo que candidaturas de un mismo partido compitan entre sí. El resultado es un presidencialismo de coalición que requiere alianzas en un contexto de fragmentación y polarización partidista.
Este tipo de listas puede representar más libertad para votantes y candidaturas, pero también un elevado multipartidismo, gobiernos de coalición con obstáculos para la alternancia y polarización política. Ello dependerá de las regulaciones a la conformación de listas y partidos, los periodos de campaña y las formas de votar. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Por el contrario, Uruguay emplea listas cerradas y bloqueadas, pero ha destacado por sus alternancias políticas sanas, estabilidad en las preferencias partidistas, elecciones pacíficas y disciplina partidaria, lo que ha contribuido a consolidar su democracia. Pese a ello, debido a que en este tipo de listas la decisión sobre las candidaturas recae en el partido, las dirigencias son quienes suelen determinar quiénes acceden a ellas. También existen las listas cerradas y desbloqueadas, como las de Perú o República Dominicana, en donde se pueden usar votos preferenciales para plasmar una segunda y/o tercera opción sin tener que respaldar una lista completa.
Todo lo anterior permite determinar que la proporcionalidad, por sí misma, no asegura una representación auténtica si los partidos no cuentan con procesos internos democráticos, si carecen de acuerdos y consensos entre ellos, o si las leyes no regulan de manera clara la selección de candidaturas. La búsqueda de equilibrio entre representación y gobernabilidad no puede derivar en modelos que distorsionen fórmulas para beneficiar de manera desmedida a las mayorías.
En el fondo, América Latina no necesita trastocar sus sistemas electorales esperando que la democracia le sea dada como simple mandato de papel, sino una nueva relación entre sus sistemas de partidos y la ciudadanía, donde existan pactos entre partidos, alianzas y candidaturas, e instituciones sólidas capaces de hacerlos valer.
Por ahora, México está fuera de la zona de peligro de la eliminación de la representación proporcional. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Sin embargo, el desafío central de la próxima reforma electoral será fortalecer una democracia legislativa que garantice gobernabilidad mediante una fórmula que amplíe la representatividad de todos los distritos, limite los privilegios de los partidos y coaliciones mayoritarios, impulse la presencia de las fuerzas minoritarias y consolide una disciplina partidista basada en la unidad, el diálogo y la cooperación, donde los partidos promuevan candidaturas comprometidas con la ciudadanía.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Wall, A. (2021). Open list proportional representation: <a href="https://www.idea.int/sites/default/files/publications/open-list-proportional-representation.pdf" target="_blank" rel="noopener">The good, the bad and the ugly. International Institute for Democracy and Electoral Assistance</a> (International IDEA).
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral afirmó en días recientes que solamente se buscará modificar el sistema de RP.

Representación proporcional y gobernabilidad en América Latina

El documental Winnie Mandela: ¿Santa negra o pecadora? (Sudáfrica, 2015), de Ruud Elmendorp, consta de dos partes de media hora, y es una producción del canal de televisión CGTN África y forma parte de la serie “Caras de África”.
Este documental aborda la controvertida figura de Winnie Madikizela-Mandela (1936-2018) quien fue una figura clave en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero también objeto de episodios oscuros y escandalosos.
El trabajo del director, Ruud Elmendorp, que también hace la fotografía y el guion, se adentra en la historia de quien fuera la compañera de Nelson Mandela (1918-2013) desde dos ángulos de mirada: la heroína luchadora contra el apartheid y la mujer que hizo uso de la violencia y abusó del poder.
Elemendor deja en claro que Winnie fue una mujer mucho más que solo la compañera de Mandela, el “Padre de la patria” de Sudáfrica. Ella fue un personaje con peso propio en la lucha en contra del apartheid y la libertad de su país.
En 1958, Nelson Mandela y Winnie Madikizela contrajeron matrimonio, y pocos años después él fue arrestado y permaneció por más de dos décadas en la cárcel. Ella desde su juventud luchó contra el régimen racista de Sudáfrica.
Sufrió persecución, cárcel y tortura, y se hizo del reconocimiento, a nivel nacional e internacional, por su lucha contra el racismo y la brutalidad del régimen político de su país. Siempre lideró la causa por la liberación de su compañero.
A este ángulo de luz indiscutible, el documental también aborda el ángulo de oscuridad donde Winnie se ve envuelta en episodios que implican el secuestro, el asesinato, la corrupción y el abuso de poder.
Ella pudo haber sido sólo la heroína indiscutible de Sudáfrica, “la Madre de la patria”, como lo dicen algunos, pero se involucró en hechos violentos probados que oscurecen su figura. De aquí el título del documental.
***
Winnie Mandela nació en una familia numerosa de origen humilde. Desde joven se rebeló contra un destino de ser solo una pastora de animales y logró que se le permitiera estudiar. Fue la primera trabajadora social negra del hospital Baragwanath de Soweto.
En 1957, mientras esperaba en la parada del autobús, conoció a Nelson Mandela, que tenía 40 años, y en ese entonces estaba casado con Evelyn y ya tenía tres hijos. Un años después se casa con Winnie que tiene poco más de 20 años.
La pareja tuvo dos hijos, y ella fue quien sacó adelante su hogar en los 27 años que su compañero estuvo encarcelado. El gobierno la reprimió y la condenó a vivir en un pueblo apartado de Sudáfrica.
En una de las ocasiones estuvo en la cárcel 491 días en una pequeña celda en régimen de aislamiento total, y esa experiencia la cambió y dijo: “Allí aprendí a odiar”. Para ella es fue un punto sin retorno.
Winnie siempre dejó en claro que “no soy un producto de Mandela. Soy un producto de las masas de mi país y un producto de mi enemigo”. En 1985 se le permitió que regresara a Soweto, a las afueras de Johannesburgo, donde estaba la casa en la que vivió con Mandela.
En febrero de 1990 cuando Nelson Mandela fue liberado de la cárcel, en la isla de Robben, Winnie fue a buscarle a la puerta del reclusorio, y alzó el puño con él, imagen que se volvió icónica, y se conoció en todo el mundo.
Ya en ese entonces era público que el matrimonio estaba roto y que ella mantenía una relación con un abogado 30 años menor, la pareja oficialmente se separó hasta 1996. Ella, en el gobierno de Mandela, fue nombrada viceministra de Arte y Cultura, pero tiene que dejar el cargo tras salir a la luz pública los eventos violentos en los que estuvo implicada.
En 1991, fue condenada a seis años -la sentencia se redujo a un año y una multa tras las apelaciones- por ordenar el secuestro de cuatro jóvenes, entre ellos un niño de 14 años que fue encontrado degollado días después.
El Tribunal de Perdón y Reconciliación de Sudáfrica, organismo destinado a cerrar las cicatrices de la barbarie del apartheid, la señala, y en su informe final dice que ella era “políticamente y moralmente responsable de graves violaciones de los derechos humanos”.
***
En la construcción del documental el director recurre a material de archivo, de enorme valor histórico y gráfico, ya también a múltiples entrevistas con personas que conocieron a Winnie, y estudiosos de su biografía y de la historia de Sudáfrica. Ruud Elmendorp ofrece un trabajo donde aparecen las dos mujeres, la heroína y la implicada en hechos de violencia. No hace juicios, deja que la realidad hable.
 <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1615825" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Winni-Mandela.jpg" alt="Portada del documental Winni Mandela ¿Santa negra o pecadora?
Título original: Winnie Mandela: Black Saint or Sinner?
Producción: Sudáfrica, 2015
Dirección: Ruud Elmendorp
Guion: Ruud Elmendorp
" width="429" height="241" /> 
Winni Mandela ¿Santa negra o pecadora?
Título original: Winnie Mandela: Black Saint or Sinner?
Producción: Sudáfrica, 2015
Dirección: Ruud Elmendorp
Guion: Ruud Elmendorp
Fotografía: Rudd Elmendorp
Investigación: Rudd Elmendorp
Narración: Slaim Amin
Con: Personaje reales
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Winnie Mandela, ¿santa negra o pecadora?

Estados Unidos <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2025/12/10/eu-corta-suministro-a-maduro-intercepta-e-incauta-buque-con-crudo-venezolano/" target="_blank" rel="noopener">impuso un bloqueo</a> a Venezuela. Este es el último desenlace en las tensiones entre Caracas y Washington. Sin embargo, el bloqueo a la exportación de crudo venezolano no es solo una forma de coaccionar al régimen de Nicolas Maduro, sino que demuestra un cambio en la conducción de la política exterior estadounidense que responde a una realidad: las sanciones económicas usadas como arma de guerra económica pierden su eficacia como método de coacción internacional. Por lo que la Casa Blanca se ha visto obligada a recurrir a métodos más directos y peligrosos de presión. Una dinámica que probablemente sea el nuevo estándar en la política exterior estadounidense.
El pasado 10 de diciembre, fuerzas especiales de Estados Unidos <a href="https://www.dw.com/es/estados-unidos-incauta-un-buque-petrolero-frente-a-las-costas-de-venezuela/a-75099973" target="_blank" rel="noopener">abordaron</a> el buque petrolero Skipper frente a las costas de Venezuela y tomaron control de la embarcación, bajo el <a href="https://www.dw.com/es/estados-unidos-incauta-un-buque-petrolero-frente-a-las-costas-de-venezuela/a-75099973" target="_blank" rel="noopener">argumento</a> de que era utilizada por Venezuela e Irán para comerciar hidrocarburos, pese a las sanciones internacionales impuestas a ambos países. De acuerdo con la información disponible, el <a href="https://edition.cnn.com/2025/12/10/politics/oil-tanker-seized-venezuela" target="_blank" rel="noopener">barco</a> había zarpado de Venezuela con destino a Cuba y posteriormente se dirigiría a Asia con un cargamento de crudo venezolano. No obstante, el Skipper no navegaba en aguas estadounidenses, no enarbolaba la bandera de Estados Unidos ni era operado por una empresa estadounidense, lo que ha abierto un debate sobre la <a href="https://www.cbsnews.com/news/what-we-know-oil-tanker-the-skipper-seized-us-near-venezuela/" target="_blank" rel="noopener">legalidad</a> de la operación, que incluso ha sido calificada por algunos como un acto de piratería.
Esto tiene implicaciones importantes para el comercio marítimo y preocupa que abra la puerta a escenarios de interrupción del comercio marítimo en distintas regiones. Ya lo vimos en el Golfo de Omán hace un par de días con la <a href="https://www.middleeastmonitor.com/20251213-iran-seizes-oil-tanker-in-strait-of-hormuz-on-suspicion-of-smuggling-fuel/" target="_blank" rel="noopener">toma de un buque petrolero</a> por parte de Irán bajo la sospecha de que traficaba hidrocarburos. Sin embargo, más allá de las implicaciones inmediatas en el comercio internacional, con la incautación del Skipper y el bloqueo venezolano vemos un síntoma de un tema más amplio: la pérdida del control hegemónico del sistema financiero internacional, el fracaso de las sanciones como instrumento de política exterior y el retorno a una lógica de control internacional más agresiva.
La captura del Skipper no se puede entender como un hecho aislado, sino que forma parte de un esfuerzo más amplio para presionar económicamente a Caracas mediante una amplia cartera de sanciones financieras y comerciales impulsadas por Washington. Sin embargo, resalta lo agresivo de la acción y del bloqueo a Venezuela como método de coacción. Usualmente las sanciones internacionales impuestas por Washington buscan afectar al contrincante al mismo tiempo que evitan enfrentamientos o acciones como esta. Las sanciones económicas operan a través del control de los nodos centrales del sistema financiero internacional: el acceso al dólar como moneda de intercambio global, el sistema bancario occidental y, sobre todo, al sistema de mensajería financiera SWIFT, indispensable para realizar transferencias internacionales. Estados Unidos sanciona a partir del control de estos mecanismos pues, al quedar excluido de estos, un país y sus empresas enfrentan enormes dificultades para cobrar exportaciones, pagar importaciones o mover recursos a través de canales formales, lo que convierte a las sanciones en una forma de asfixia económica que busca limitar la capacidad operativa de un país sin recurrir, al menos en teoría, al uso abierto de la fuerza.
Estados Unidos ha <a href="https://www.csis.org/analysis/back-forth-3-do-sanctions-work#:~:text=Moreover%2C%20sanctions%20have%20failed%20to,era%20of%20great%20power%20competition." target="_blank" rel="noopener">recurrido en las últimas dos décadas</a> a las sanciones económicas como una de sus herramientas predilectas de política exterior para castigar y disuadir a gobiernos que considera hostiles, como ocurrió con Irán, Rusia, Cuba o Venezuela. En estos casos, Washington restringió el acceso al dólar, congeló activos, prohibió transacciones mediante el sistema SWIFT y expulsó a bancos y empresas de estos países del sistema financiero internacional. Esto se dio especialmente en <a href="https://www.aei.org/research-products/one-pager/sanctions-on-russia-and-the-splintering-of-the-world-oil-market/" target="_blank" rel="noopener">sectores como los hidrocarburos</a> y otras materias primas, lo que efectivamente limito el comercio de estas materias utilizando la infraestructura occidental. Todo esto con el objetivo de asfixiar sus economías. Sin embargo, esto dio como resultado que los Estados sancionados busquen otros mercados, así como mecanismos económicos y financieros alternativos ajenos al control estadounidense.
El uso extensivo de sanciones por parte de Estados Unidos ha incentivado a numerosos países a buscar vías de escape del sistema financiero occidental como mecanismo de protección frente a la coerción económica. Países como Rusia, Irán y China, junto con otros miembros de los BRICS han desarrollado mecanismos para eludir las sanciones mediante la diversificación de mercados en el Sur Global, el comercio en monedas nacionales, el uso de sistemas de pago alternativos al SWIFT y la construcción de arquitecturas financieras internacionales paralelas al control de Washington. Esto, al tiempo que refuerzan espacios de coordinación tanto comercial como militar en el Sur Global, como la Organización de Cooperación de Shanghái y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Este desplazamiento gradual hacia arreglos financieros y políticos alternativos e incluso ajenos a Occidente no solo reduce la eficacia de las sanciones, sino que también revela cómo la presión económica estadounidense está acelerando la fragmentación del orden financiero internacional.
Esta situación incrementa la presión en Washington, pues una de las grandes vulnerabilidades del dominio estadounidense es la aparición de mecanismos financieros alternativos que puedan erosionar el papel del dólar como moneda de reserva global y, con ello, la capacidad de Estados Unidos para regular los intercambios comerciales y aplicar sanciones económicas, a la par que generaría mayores costos de endeudamiento, presiones inflacionarias, un menor margen fiscal para sostener gasto público y militar, y un ajuste estructural profundo en su modelo económico basado en un fácil acceso a deuda barata sostenida por el valor y aceptación internacional del dólar como moneda de intercambio global. Washington no puede darse el lujo de perder el control del comercio internacional y el estatus del dólar como moneda central del sistema internacional.
Frente a este escenario critico en donde las sanciones ya no cumplen con sus objetivos, Estados Unidos recurre a las herramientas coercitivas que aún conserva para controlar su entorno estratégico. Esto implica que la política exterior estadounidense está retomando las lógicas propias de la “gunboat diplomacy”, en las que la coerción militar complementa o incluso sustituye completamente a la presión económica como forma de lograr sus objetivos de política exterior. Esto lo plantea en su nueva <a href="https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf" target="_blank" rel="noopener">estrategia de seguridad nacional</a>, en donde Washington deja abierta la posibilidad de adoptar formas de intervención más directas en América Latina. El caso del bloqueo venezolano es un ejemplo de este giro, al combinar sanciones económicas con acciones coercitivas que buscan imponer costos inmediatos en contextos donde los instrumentos financieros han dejado de ser eficaces.
De esta forma, a medida que las sanciones económicas pierden eficacia por la proliferación de redes comerciales ajenas a Estados Unidos, sistemas financieros alternativos y la menor dependencia del dólar, Washington pierde una de sus herramientas centrales de presión al ver reducida su capacidad para imponer costos a sus adversarios sin recurrir a la fuerza. En ese vacío, el bloqueo a Venezuela aparece como un laboratorio de una política exterior más dura y agresiva, donde las sanciones son reemplazadas con acciones más frontales para asfixiar económicamente al adversario y controlar el comercio internacional. Esto indica una forma más agresiva de conducir la política exterior estadounidense en América Latina. En otras palabras, el giro hacia medidas más agresivas como la incautación del Skipper y el bloqueo venezolano no son solo una elección estratégica aislada, sino la reacción estadounidense al desarrollo de un mundo multipolar que cada vez puede comerciar más sin depender de Occidente y al fracaso de las sanciones económicas para producir los resultados que antes garantizaban.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

El fracaso de las sanciones y el endurecimiento de la política exterior estadounidense

La competencia como motor del desarrollo vuelve al centro del debate público. Este mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) <a href="https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/la-vision-del-bid-sobre-como-impulsar-la-competencia-puede-transformar-el-pib-de-latam/" target="_blank" rel="noopener">publicó</a> el estudio <a href="https://publications.iadb.org/es/mercados-y-desarrollo-como-la-competencia-puede-mejorar-vidas-resumen-ejecutivo" target="_blank" rel="noopener">Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas</a>. En él ofrece una coyuntura inmejorable para revisar cómo las reglas que diseñan los gobiernos inciden —para bien o para mal— en el crecimiento económico, la innovación y el bienestar social. El mensaje del BID es claro: cuando los mercados están cerrados, capturados o distorsionados por regulaciones mal diseñadas, los precios suben, la productividad se estanca y las oportunidades se concentran en unos cuantos. Cuando la competencia funciona, los beneficios se traducen en un uso más eficiente del dinero público, lo que a su vez promueve economías más dinámicas que entregan a los consumidores mejores bienes y servicios a menores precios.
Uno de los hallazgos más relevantes del análisis del BID es que la falta de competencia en América Latina no es un accidente ni una fatalidad estructural. En buena medida, es el resultado de decisiones públicas. En la región abundan regulaciones que levantan barreras de entrada a nuevos competidores, excepciones amplias que favorecen la discrecionalidad de las autoridades, y marcos institucionales que permiten que los mercados se cierren en favor de ciertas empresas con poder monopólico. En este sentido, la política de competencia va más allá de la aplicación de las leyes antimonopolios, debe abarcar el análisis del diseño de regulaciones que incluyen los procesos de contratación pública.
<h3>Un ejercicio de estudio inmersivo</h3>
Con esta convicción como punto de partida, México Evalúa aceptó la invitación del Tecnológico de Monterrey para formar parte en el <a href="https://tec.mx/es/socios-formadores?srsltid=AfmBOopxCVjGfLIVo54OnQr9N7uP9h5THvWCaA3rXUfSVcLa5Tx6BJmK" target="_blank" rel="noopener">Programa Socio Formador</a><a href="https://tec.mx/es/socios-formadores?srsltid=AfmBOopxCVjGfLIVo54OnQr9N7uP9h5THvWCaA3rXUfSVcLa5Tx6BJmK">.</a> Gracias a este convenio, estudiantes de licenciatura participaron en un proyecto inmersivo junto con sus profesores y el equipo de investigación de México Evalúa. El objetivo fue ambicioso y poco común en la formación universitaria tradicional: estudiar las mejores prácticas en materia de competencia económica y regulación.
El ejercicio partió de una premisa fundamental: las leyes no son sólo textos jurídicos, son diseños de mercado. Las reglas escritas definen incentivos, moldean comportamientos y determinan si un mercado será disputable entre muchos participantes o estará cerrado a solo unos cuantos.
El criterio de referencia para el estudio incluyó la revisión regulatoria de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la <a href="https://www.cofece.mx/proyecto-de-ley-general-de-adquisiciones-arrendamientos-y-servicios-del-sector-publico/" target="_blank" rel="noopener">Ley Marco de Contrataciones</a>. Esta última fue propuesta en el 2020 al Congreso de la Unión mediante el trabajo conjunto de México Evalúa, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Partiendo de esa revisión, el equipo de investigación examinó los 32 marcos normativos estatales de contratación pública para la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios en México.
El análisis combinó el enfoque jurídico con el económico, preguntando no sólo si las normas son legales, sino si promueven o inhiben la competencia, el emprendimiento, la innovación y el mejor uso del dinero público. En otras palabras, si los gobiernos estatales juegan a favor del crecimiento económico o si, por el contrario, frenan la economía mediante reglas que concentran el poder.
<h3>Ejemplo de caso de estudio: Yucatán</h3>
Un caso de estudio destacado fue el de Yucatán. El equipo conformado por José Gabriel Olea, María Quintero y María Paula Vargas analizó los 37 artículos de la <a href="https://consejeria.yucatan.gob.mx/documentos/VL02_D0581988.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles</a>. Se utilizó una metodología de revisión regulatoria y un semáforo de riesgos a la competencia según cinco categorías: 1) límites al número o tipo de oferentes; 2) proclividad a facilitar adjudicaciones con poca o nula competencia; 3) elementos legales que facilitan el ejercicio de decisiones arbitrarias de las autoridades tomadoras de decisiones; 4) reducción de mecanismos de transparencia, controles y rendición de cuentas, y 5) elementos que refuerzan el poder de mercado de ciertos proveedores.
Los hallazgos son ilustrativos y preocupantes. En 2023, de 83,931 contratos estatales apenas 0.4 % se adjudicaron mediante licitación pública, a pesar de que debería ser el mecanismo ordinario. El hecho es que la redacción de la norma permite e incluso incentiva procedimientos con poca o nula competencia.
Entre los principales problemas identificados se encuentran las disposiciones que restringen quién puede participar. Así, el padrón de proveedores obligatorio contiene criterios poco claros y modificables discrecionalmente por las autoridades en turno. Hay además cláusulas que. mediante la aplicación legal de conceptos vagos como “circunstancias extraordinarias o imprevisibles”, facilitan justificar la no obligación de licitación para realizar adjudicaciones directas en la contratación pública. Tampoco se detectaron mecanismos efectivos para impugnar los fallos.
Reglas como éstas reducen la participación, desalientan a nuevos oferentes y favorecen las adjudicaciones a proveedores históricamente beneficiados por dichos criterios, generalmente conectados por intereses políticos con los tomadores de decisión. Es decir, la falta de competencia puede establecer riesgos de corrupción y de falta de transparencia en la contratación pública.
La OCDE advierte que excepciones mal definidas reducen el número de oferentes y facilitan la colusión, porque se termina contratando con el mismo grupo de proveedores. En Yucatán, la combinación de un sistema sin recursos de revisión y una cláusula amplia para evitar la licitación ayuda a explicar por qué un porcentaje ínfimo de los contratos se adjudicaron en 2023 mediante procesos abiertos.
<h3>Propuestas puntuales de mejora regulatoria</h3>
El análisis realizado no se quedó en el diagnóstico. El equipo formuló propuestas concretas de mejora.
Primero, es fundamental formalizar y transparentar el padrón de proveedores. Si bien el objetivo del padrón es filtrar los riesgos, es necesario expedir el reglamento faltante y fijar los requisitos de manera clara y proporcionada para que no impida el paso a nuevos competidores.
Segundo, recuperar certeza jurídica. Es necesario permitir que las empresas puedan impugnar un fallo cuando consideren que hubo errores o arbitrariedad, y obligar a que la autoridad explique de forma clara y pública por qué eligió a un proveedor.
Tercero, acotar las excepciones. Definir con precisión qué es “extraordinario o imprevisible” y exigir justificación pública cuando se evite una licitación.
Finalmente, delimitar las preferencias locales. Se debe permitir la participación de proveedores extranjeros con capacidad de ofrecer mejores precios y calidad.
<h3>Un aprendizaje para todas y todos los participantes</h3>
Más allá del caso específico, el valor de este ejercicio radica también en el aprendizaje. Para los estudiantes, significó comprender de manera práctica el papel de los gobiernos como actores económicos relevantes a través del gasto público. Leer una ley dejó de ser un ejercicio abstracto para convertirse en el análisis de un mercado real, con efectos tangibles sobre hospitales, escuelas, seguridad y desarrollo regional.
En sus palabras: “A simple vista, las compras públicas pueden parecer un tema lejano, técnico, ‘de gobierno’. Pero detrás de ellas están los medicamentos de los hospitales, el mantenimiento de las escuelas, las patrullas que vemos en las calles y muchas otras decisiones que influyen en cómo vivimos y en la capacidad de un país para desarrollarse. Conforme avanzamos nos dimos cuenta que el derecho y la economía, a pesar de ser campos tan diferentes, están profundamente conectadas y que, en casos como éste, las leyes no son solo textos legales: son diseños de mercado. Por eso es tan importante que abogados y economistas trabajen juntos. Los primeros aportan certeza jurídica; los segundos, una evaluación de cómo esas reglas afectan la competencia económica y, por ende, el bienestar social”.
Para México Evalúa, el proyecto reforzó una convicción central: mejorar la competencia requiere construir capacidades, generar evidencia y formar nuevas generaciones de jóvenes que comprendan que el desarrollo económico también se juega en el diseño de las reglas.
En línea con el llamado del BID, avanzar hacia mercados más competitivos no es una discusión ideológica, sino una agenda práctica para mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Las compras públicas, bien diseñadas, pueden ser una palanca poderosa para lograrlo.
* Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. José Gabriel Olea, María Quintero, María Paula Vargas son alumnos de las licenciaturas en economía, derecho y relaciones internacionales, respectivamente, en el Tecnológico de Monterrey.

¿Quién gana cuando el gobierno compra?

Cuando en alguna empresa el Director General (CEO) se jubila o deja el cargo, suele haber un sucesor perfilado para reemplazarlo o habrá una breve disputa interna entre los ejecutivos de alto nivel, que cesará en el momento en que el Consejo de Administración haga una designación.
En las organizaciones criminales, como empresas ilegales, las cosas funcionan diferente, ahí las sucesiones se dirimen por lo general con violencia e incluso cuando el anterior líder haya perfilado algún sucesor, los principales jefes de plaza no necesariamente acatarán la decisión.
Un ejemplo de ello se dio en 2013-2014. Tras arresto de Eduardo Costilla Sánchez “El Coss”, el Cártel del Golfo entró en una crisis de liderazgo, al acabarse las figuras fuertes que garantizaran la obediencia de todos los operadores. Si bien se pudo imponer de forma efímera a Mario Ramírez Treviño “El X20”, éste duró menos de un año ya que también fue arrestado. Y cuando se impulsó a Homero Cárdenas Guillén, el último de los hermanos de Osiel Cárdenas, parte de la organización se inconformó, generando una ruptura.
De forma que el Cártel del Golfo dejó de ser una sola organización a partir de 2013, para pasar a ser una marca, de la que <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/tamaulipas-guerra-facciones-criminales" target="_blank" rel="noopener">se desprendieron varias facciones.</a> Las dos de mayor tamaño son los Metros, la cual controla Reynosa, y la segunda son los Ciclones-Escorpiones, que controlan Matamoros; pero también hay otras como los Rojos en Tampico o las Panteras en Soto la Marina.
Estos procesos debilitan a las organizaciones criminales. No es casual que en 2014 el Cártel del Golfo fuera la segunda organización criminal más grande del país y que en estos momentos sus dos principales facciones, los Metros y los Ciclones, están en la quinta y la sexta posición por detrás del CJNG, la Mayiza, los Chapitos y la Nueva Familia Michoacana. Es decir, han tenido un retroceso importante por una mala gestión en la sucesión, algo similar a lo que ahora le está pasando al Cártel de Sinaloa, que se encuentra dividido en dos grandes facciones.
<figure id="attachment_1615048" aria-describedby="caption-attachment-1615048" style="width: 790px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1615048" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok.png" alt="Diagrama sobre la sucesión en el liderazgo de los cárteles mexicanos." width="800" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok.png 800w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok-600x600.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok-768x768.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-1615048" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia.</figcaption></figure>
&nbsp;
Incluso en los casos en los que se ha podido lograr una sucesión “tersa”, por ejemplo, cuando un familiar sucede a otro, se generan trastornos en la organización. Sobran ejemplos en la historia del narco mexicano de sucesiones entre hermanos, en donde quien llegó carecía del carácter, la inteligencia, el liderazgo o los contactos para dirigir la organización.
Quizá el caso más ilustrativo es el del Cártel de Juárez, la organización más poderosa en la década de los 90, que dirigió Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos&#8221;. Y si bien a su muerte la sucesión fue clara en favor de su hermano Vicente -quien duró al frente de la organización 19 años, lo cual supondría estabilidad- lo cierto es que con Vicente dicho cártel experimentó un debilitamiento paulatino, perdiendo territorios frente al Cártel de Sinaloa, por lo que pasó de ser una organización de cobertura nacional a una de corte regional, que hoy apenas tiene presencia en la mitad norte de Chihuahua.
Situación similar atravesó el Cártel de Tijuana, que ante la falta de sus dos líderes históricos, Benjamín y Ramón Arellano Félix en 2002, comenzó una secuencia sucesoria en donde otros de los hermanos Arellano e incluso un sobrino se han pasado el poder cada que alguno es arrestado, sin que dicha organización haya podido recuperar la influencia de antaño.
Esto nos lleva a inferir que los cambios de liderazgo suelen ser un factor que afecta a las organizaciones criminales. Por ejemplo, mientras estuvieron al frente del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, dicha organización se mantuvo fuerte y tuvo años de crecimiento. Pero al perder estos liderazgos, comenzó un proceso de erosión interna que hoy se traduce en una lucha abierta entre dos grandes facciones, en la que los hijos de ambos personajes se disputan el liderazgo desde hace más de un año sin que quede claro, si alguno de los grupos podrá vencer al otro, por lo que en la práctica ya no existe un Cártel de Sinaloa, sino dos grupos criminales independientes, los Chapitos y la Mayiza. 
En contraparte, un factor que ha ayudado al Cártel Jalisco Nueva Generación a crecer y ganar terreno frente a sus competidores, al grado que hoy se considera que es la organización más poderosa de México, es que ha tenido un liderazgo estable. Desde el surgimiento de esta organización en 2010, Nemesio Oseguera Cervantes ha estado al frente de la misma, lo cual ha evitado conflictos mayores en su interior, que permiten que los operadores se enfoquen en el proceso de expansión territorial y diversificación de las fuentes de ingreso.
Lo anterior nos obliga a revisar la forma en la que el Gobierno de México ha contribuido a acelerar los procesos sucesorios complejos en las organizaciones criminales y con ello ha propiciado inestabilidad interna, que se ha traducido en un recrudecimiento de la violencia en muchas zonas del país. Comenzando en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que al optar por una política de confrontación activa definida como guerra contra el narco propició una crisis en el liderazgo del Cártel del Golfo, que derivó en la separación tanto de la Familia Michoacana como de los Zetas, incrementando la violencia en el occidente y en el noreste. También la crisis de sucesión de los Beltrán Leyva que trajo consigo la aparición de una veintena de grupos criminales en Guerrero, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, así como la transformación del Cártel del Milenio al Cártel Jalisco Nueva Generación, derivado del ascenso en su interior de una nueva cúpula de poder.
Lo anterior no implica que se deje de combatir a las organizaciones criminales desde el gobierno, todo lo contrario, sino que el objeto central de la política no debe de ser el arresto o el abatimiento de los líderes, sino el debilitamiento paulatino de toda la estructura criminal, para que los golpes a la misma no propicien escaladas abruptas en la violencia que se vive en las diversas zonas del país.
Es decir, un enfoque basado en la inteligencia que tenga como eje el garantizar que de forma constante se disminuya la violencia en el país. Al final esta debe ser la misión del Estado a la hora de garantizar la seguridad de su población, que el combate al crimen organizado se traduzca en menos violencia, en lugar de la estrategia de descabezamiento de organizaciones criminales que se siguió por varios sexenios, la cual contribuyó en muchos momentos al incremento de la misma.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

El problema de la sucesión en los cárteles de la droga

Como resultado de casi un año de incidencia colectiva, hace algunas semanas, desde la Junta Local de Cuidados de Aúna en la Ciudad de México, recibimos la invitación del Congreso de la Ciudad de México para participar en lo que se denominó el Órgano Técnico Consultivo para el proceso de consulta previa de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México.
Junto con organizaciones aliadas como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación S.C. (MIDI), Familias y Retos Extraordinarios, Oxfam México, entre muchas otras, fuimos convocadas para acompañar a las y los diputados en este proceso participativo.
La consulta inició con dos largas jornadas de foros temáticos en torno al derecho al cuidado: su importancia, sus retos y sus interseccionalidades. Ahí tuvimos la oportunidad de participar y acompañar las conversaciones. Escuchamos la visión legislativa, que, hay que reconocerlo, ha sido hasta ahora plural; al menos las principales fuerzas políticas se han visto involucradas.
En varias ocasiones conocimos la postura de la Secretaría del Bienestar frente al reto institucional que implica esta política y sobre lo que ya se está haciendo, así como la de otras dependencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo, la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos, la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana, el Instituto de las Personas con Discapacidad, el Instituto de Reinserción Social y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, entre otras.
Hago hincapié en estas instituciones porque las mesas desarrolladas en torno a sus atribuciones abrieron un panorama sumamente relevante sobre los múltiples retos para el diseño de esta política pública.
Además, mientras se llevaba a cabo la segunda jornada de foros, que comenzó con la mesa sobre presupuestos, fue entregado el Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México por parte del secretario de Administración y Finanzas. En el apartado de alineación al programa de gobierno, el Eje “Ciudad cuidadora y de bienestar con igualdad sustantiva y de derechos plenos” cuenta con un presupuesto asignado de poco más de 46 mil 300 millones de pesos, lo que representa casi el 15 % del gasto total para 2026.
De esa bolsa, se prevé destinar 400 millones de pesos a la implementación del Sistema de Cuidados, específicamente para la construcción de 16 Casas de las 3R del Cuidado, espacios que buscan ofrecer servicios gratuitos para reconocer, redistribuir y reducir la carga de las tareas de cuidado; además de otros 168 millones para su equipamiento y operación.
Al respecto, vale la pena hacer una observación importante. Durante los foros, diversas personas reiteraron la necesidad de orientar este gasto a través de un Anexo Transversal que permita reconocer con claridad en qué se están destinando efectivamente los recursos para garantizar el derecho al cuidado y a quiénes están dirigidos. Este pendiente sigue vigente en el paquete económico presentado.
Desde la Junta Local de Cuidados participamos en la mesa sobre experiencias y horizontes de implementación, donde compartimos distintas miradas sobre los retos para poner en marcha el sistema, y nos centramos en uno de los desafíos que va de la mano con el fin último de la Ley y del propio Sistema: el cambio cultural.
Cuando tomamos conciencia de la importancia de los cuidados, entendemos que la vida tiene sentido, que el futuro nos pertenece y que la paz es una mejor forma de habitar el mundo.
Pero para construir esa paz no basta con cuestionar la injusta división sexual del trabajo. También debemos preguntarnos cómo estas construcciones sociales y culturales han moldeado la manera en que entendemos la justicia y cómo esa visión nos ha fallado. Gracias a la Constitución de la CDMX, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Ciudad de México hoy sabemos que los cuidados, en sus diferentes dimensiones, son un derecho humano y que, como todo derecho, implican la responsabilidad del Estado de garantizarlos.
También sabemos que, si queremos sacar los cuidados del ámbito exclusivo del hogar, involucrar a todas las personas y liberar el tiempo de las mujeres y de las familias, necesitamos defender y exigir este derecho como una responsabilidad compartida: del Estado, sí, pero también de las empresas, las comunidades y las familias. Precisamente porque se trata de una responsabilidad colectiva, plural y diversa.
Este cambio cultural pasa, además, por asumir que no existe una sola forma de cuidar. El cuidado es tan diverso como quienes habitamos la ciudad, y esa diversidad es la que debería sostener al Sistema de Cuidados.
Desde esta visión identificamos dos retos centrales. El primero es la brecha de información y la territorialización: cómo llegar a las zonas de la ciudad que más necesitan esta información y estos servicios, cuando incluso en territorios como Iztapalapa aún no se conoce plenamente qué son las UTOPÍAS ni los servicios que ahí se brindan.
El segundo reto, quizá el que más nos preocupa, es la facilidad con la que como sociedad recurrimos a respuestas penales. Castigar es sencillo; atender los problemas es lo que realmente cuesta trabajo, y aquí también se juega el cambio cultural. Hoy, el Código Penal de la ciudad, y el de muchos estados, contempla el delito de omisión de cuidados, cuya configuración afecta de manera desproporcionada a las mujeres, porque históricamente se nos han impuesto las responsabilidades de cuidado. Dentro de este grupo, impacta de forma particular a quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad.
En la Ciudad de México, este tema atraviesa con fuerza a las familias que duermen y trabajan en las calles, pues son ellas a quienes se les abren carpetas de investigación por este delito. A nivel territorial, existe una concentración en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que reúnen más del 40 % de los casos.
Sin embargo, este delito no afecta únicamente a las poblaciones callejeras. Existen casos muy mediáticos, como el de Alejandra Cuevas, y otros mucho menos visibles: el de una madre que viajaba en coche con su hija menor de edad; la niña sufrió un accidente al caer de su silla y, días después, presentó complicaciones de salud. El Ministerio Público imputó a la madre por feminicidio y le impuso una pena de sesenta años. O el caso de una madre y su hija, ambas privadas de la libertad en el mismo penal, donde la hija, que ya cumple con los requisitos para un cambio de medida cautelar, no puede acceder a él porque realiza labores de cuidado dentro del penal.
Estos casos revelan una profunda contradicción: no podemos seguir castigando de manera individual lo que es una responsabilidad colectiva. La lógica punitiva termina siendo, muchas veces, un boomerang que golpea a quienes supuestamente buscaba proteger.
Poner los cuidados al centro implica revisar y transformar esta lógica. Si queremos que el Sistema de Cuidados y una sociedad que pone los cuidados en el centro sean una realidad, necesitamos sostener de manera simultánea los avances normativos, presupuestales e institucionales, pero también impulsar la transformación cultural, porque sin cambio cultural no habrá paz posible.
Si deseas conocer más sobre cómo se llevó a cabo esta consulta, puedes consultar <a href="https://sistemadecuidados.congresocdmx.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> su página oficial.
* Silvana Carranza Navarro (<a href="https://x.com/sil__carranza" target="_blank" rel="noopener">@sil__carranza</a>) es politóloga y maestra en políticas públicas y género, con experiencia en administración pública y el poder legislativo local y federal. Desde 2023 impulsa colectivamente una estrategia jurídica y de incidencia política para aprobar la Ley de Sistema Integral de Cuidados en la Ciudad de México, producto de lo anterior se han presentado amparos y obtenido dos sentencias que obligan al Congreso a discutirla y dictaminarla. Desde octubre de 2025 representa a la Junta Local de Cuidados de Aúna CDMX en el Órgano Técnico Consultivo para la aprobación de esta Ley. IG: <a href="https://www.instagram.com/sil__carranza/" target="_blank" rel="noopener">@sil__carranza</a>.

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje