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Hay que pensar en la sangre. En la que baja cada veintiocho días, puntual o a destiempo, en un lugar donde falta el pan y falta la luz, pero donde sobre todo falta lo que ninguna lista oficial de donaciones anota primero.
En el corazón de la colonia Roma existe un territorio donde el asfalto fue derrotado por la clorofila. El Huerto Roma Verde huele a albahaca, a lavanda y a tierra húmeda. En el fondo, una oficina de madera que suele ser espacio de bioconstrucción sirve hoy como una bodega desbordada de pasta de dientes, comida para perros y toallas menstruales. Desde que el gobierno de Donald Trump intensificó el bloqueo contra Cuba, los acopios en Ciudad de México no han parado de salir: llevan latas de atún, cobijas, antibióticos. Pero en este jardín urbano, Laia Cerqueda y Mariela Ayala preparan un envío distinto para una misión transcaribeña.
Mariela, de Amor Primal Partería, conoce el cuerpo de las mujeres desde adentro, sabe cómo se abre, cómo sangra y cómo se cura. Juntas trabajan en Despiertas Escuela, proyecto que creó la Weycup, una copa menstrual. La idea de este recipiente de silicona que recolecta el flujo no es nueva —se patentó en los años treinta y se popularizó hace apenas una década como bandera ecológica—, pero en manos de ellas se vuelve una herramienta de guerra contra la escasez.
Menstruar en Cuba hoy es una gestión de la precariedad. Las toallas sanitarias desaparecieron casi por completo de las tiendas; cuando llegan, son pedazos de papel que se deshacen entre las piernas, dejando una estela de incomodidad y estigma. El desabastecimiento empuja a las mujeres al uso de trapos de tela o algodón industrial, materiales que lastiman y multiplican el riesgo de infecciones.
La copa menstrual es una forma de resiliencia. A diferencia de la toalla que se agota y contamina, la copa es un capital. Una sola unidad enviada desde este huerto puede liberar a una mujer de la preocupación por su periodo durante diez años. Una década de autonomía.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1648989 size-full" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/03/menstruacion-Cuba.jpg" alt="menstruación Cuba" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/03/menstruacion-Cuba.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/03/menstruacion-Cuba-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/03/menstruacion-Cuba-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/03/menstruacion-Cuba-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Laia y Mariela quieren entregar dignidad. El plan es ambicioso y los números aprietan: necesitan alrededor de 400 mil pesos para el objetivo completo y apenas rondan los 90 mil, pero la red se expande. Desde Venezuela, la marca Ama Cup prepara un lote de 616 copas, mientras que Despiertas ya puso de su propia cosecha 416 copas menstruales WeyCup para la donación de kits menstruales a Cuba.
Hay que pensar en la sangre. El reloj corre y las cajas se acumulan. No saben exactamente con cuánto se irán, pero saben que el 21 de marzo aterrizarán con lo recolectado. En el corazón de la colonia Roma se gesta una revolución que no utiliza balas, sino silicona y tela.

Días de sangre en una isla sin pan

La semana pasada, el Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa reportó el asesinato de su compañera Rubí Patricia, madre buscadora, en Mazatlán, Sinaloa. Colectivos aliados, como Por las Voces sin Justicia, organizaciones civiles y la sociedad en general condenamos este grave hecho, que desgraciadamente no es aislado. Las personas buscadoras, mayoritariamente madres, han exigido al Estado mexicano, <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/madres-buscadoras-cidh-garantias?rtbref=rtb_no3s6alt5qszhlf3zp2l_1713927391153" target="_blank" rel="noopener">en distintos espacios</a>, que se garanticen condiciones de seguridad para quienes buscan a los suyos tras múltiples sucesos de amenazas, desplazamientos, agresiones incluso fatales; hoy suman al menos 34 personas buscadoras asesinadas en México, desde 2010, en distintas entidades de la República, lo que nos muestra que no es un problema de una región o un estado. En todo el país, colectivos y familiares en distintos estados se enfrentan a regiones donde denunciar las desapariciones implica riesgos letales, en contextos donde las redes de macrocriminalidad imperan.
El mismo día que se informó sobre el asesinato de la buscadora, la Presidenta de la República realizó su conferencia mañanera junto con el Gabinete de Seguridad también en Mazatlán, donde resaltó la tendencia a la baja del promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad, lo que en esta entidad levanta <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/homicidios-delitos-desapariciones-metodologia-federal" target="_blank" rel="noopener">más cuestionamientos por los cambios de metodologías</a>, frente a la realidad de la violencia latente que viven las comunidades y se cuentan en historias diariamente.
Esa semana, tras los cuestionamientos sobre la seguridad tras el operativo en el que fue detenido y privado de la vida el líder de uno de los cárteles con mayor presencia en el país, la Primera Mandataria aseguró que “México está bien” y los estados afectados regresaron a sus actividades regulares. Esto a pesar de que derivado del operativo, más de 60 personas fueron privadas de la vida, incluyendo 28 elementos de las Fuerzas Armadas y a que en<a href="https://www.eluniversal.com.mx/nacion/caos-por-el-mencho-desata-252-bloqueos-en-20-estados-90-ya-fueron-desactivados-afirma-el-gabinete-de-seguridad/" target="_blank" rel="noopener"> al menos 20 estados</a> la vida de miles de familias se viera afectada por eventos violentos, sin información de qué pasaba por horas, y en aquellos lugares más vulnerables paralizando la vida de aquellas personas más vulnerables por varios días. 
Sobre las desapariciones, la Presidenta dijo que los casos en donde están implicadas fuerzas de seguridad de los estados son mínimos, y que la mayoría están vinculados a la delincuencia organizada, así como “otros casos pasionales&#8221;, desconociendo que la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada no se limita a la participación directa de sus agentes, sino que también comprende la aquiescencia, la colusión, la omisión y la falta de investigación efectiva. Un mensaje además de falta de empatía a las víctimas.
<a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/dimensionar-crisis-violencia-empatia-victimas" target="_blank" rel="noopener">Como señalamos anteriormente</a>, si bien es relevante que haya un enfoque en la reducción de homicidios, ya que se trata de vidas humanas, y que se prioricen estrategias de pacificación en los territorios con alta criminalidad, también hay que ponderar esos pasos positivos a la dimensión de la crisis de violencia en el país, en donde la desaparición de personas es una de sus caras más dolorosas y que se profundiza con el paso del tiempo. Adicionalmente, cuando se toman medidas para desmantelar redes de macrocriminalidad por la vía militar, se espera que estas acciones vengan  acompañadas de más acciones legales para realmente atacar las estructuras financieras y políticas que las sostienen y perpetúan los rasgos más graves de las violencias.
Hoy en el país hay más de 131 mil personas desaparecidas y 72 mil cuerpos sin identificar. Las estadísticas, lejos de ir a la baja, van en aumento. De acuerdo con el informe Nacional de personas desaparecidas 2025 de <a href="https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-nacionales/informe-nacional-de-personas-desaparecidas-2025/" target="_blank" rel="noopener">Red Lupa,</a> después de llegar en el 2022 a 100 mil casos de personas desaparecidas la cifra aumentó en un 7.3 % en el 2023 y siguió aumentando en el 2024 en un 6.3 % y en el 2025 en un 12 %. Mientras los hallazgos de cuerpos y fosas, por parte de personas buscadoras, persisten, de acuerdo con la <a href="https://articulo19.org/la-plataforma-ciudadana-de-fosas-revela-irregularidades-y-opacidad-en-los-registros-oficiales-de-fosas-clandestinas-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas</a>, durante el periodo de 2023 a 2024 se documentaron 1,006 hallazgos de fosas en medios de comunicación, comparado con 1,451 fosas reportadas por las fiscalías estatales y 94 fosas por la FGR. Tan sólo esta semana, también en Sinaloa,<a href="https://www.animalpolitico.com/estados/buscadoras-fosa-clandestina-el-verde-concordia-sinaloa" target="_blank" rel="noopener"> buscadoras encontraron una nueva fosa clandestina</a> en un predio cercano a la comunidad de El Verde, en Concordia, cerca de donde se han hallado otras fosas con 14 cadáveres en semanas anteriores.
Ante la situación apremiante en el noroeste y en todo el país, múltiples colectivos han llamado a la articulación y al trabajo conjunto para visibilizar la dimensión de la crisis. Como expresaron integrantes del colectivo al que perteneció Rubí Patricia, en un <a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122156411084952210&amp;id=61578566320547&amp;mibextid=wwXIfr&amp;rdid=Zc1uhjcnmM3dpZAU" target="_blank" rel="noopener">comunicado</a>: “Hacemos un llamado a que nos mantengamos unidos, organizados y visibles. Este no es momento de silencio. Es momento de respaldo mutuo, de acompañamiento y de exigir juntas garantías reales de seguridad”. El llamado incluye a la sociedad: es necesario acompañar a las familias y difundir sus mensajes para visibilizar la cruenta realidad, que contrastan con las narrativas desde el poder. Pero sobre todo continuar exigiendo acciones que vayan encaminadas a revertir la crisis más que centrarse en cifras convenientemente entusiastas para las autoridades y que no necesariamente reflejan lo que viven miles de personas. 
Por más que el discurso actual se centre en miles de detenciones, operativos y desmantelamiento de grupos criminales, es necesario un mensaje de empatía hacia las víctimas. Con miles de personas desaparecidas no hay paz. Con madres buscadoras asesinadas no hay tranquilidad. Con cada vez más hallazgos de fosas clandestinas no hay calma. Sin investigaciones diligentes que abonen a sancionar y desmantelar las redes macrocriminales, la población seguirá inerme ante la violencia. México estará bien hasta que haya verdad y justicia para todas y todos.

Desapariciones: Los rostros detrás de la normalidad

Animal Politico

Hoy viernes seis de marzo, el Frente Amplio Democrático (FAD) da a conocer su posición ante la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un acto público que se celebra en el Salón Yacatecutli, Expo Reforma, de la Ciudad de México. El evento tendrá lugar a las 10.00. Aquí transcribo el texto:
Señoras y Señores Legisladores:
La Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum, ha propuesto una iniciativa de reforma electoral que representa una regresión para la democracia en México e impulsa la restauración de un partido de Estado.
La iniciativa se aparta de los principios que rigen la integridad de los procesos comiciales, debilita a las autoridades electorales y partidos minoritarios, reduce la pluralidad en los Congresos, interviene en la vida interna de los partidos y no enfrenta el problema más grave que es la participación del crimen organizado y la utilización de recursos de origen prohibido en las elecciones.
Si realmente se quiere preservar nuestra democracia, evitemos el restablecimiento pleno de un sistema político de partido hegemónico. El Frente Amplio Democrático (FAD) propone:
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<li>La reducción genérica del 25% del presupuesto asignado a las autoridades electorales y partidos políticos, sin que ello signifique el debilitamiento del sistema electoral ni la desaparición del servicio profesional de carrera por una contratación temporal.</li>
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<li>Mantener el PREP, pues además de resultados inmediatos, se preserva con él la evidencia de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas y, a través de ellas, la garantía de transparencia y certeza para el escrutinio ciudadano.</li>
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<li>Garantizar el pluralismo político en las Cámaras del Congreso a través de un sistema de representación proporcional que refleje auténticamente la expresión del voto ciudadano recogido en las urnas.</li>
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<li>Mantener las Senadurías de representación proporcional para garantizar la presencia de todos los partidos políticos en este órgano legislativo.</li>
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<li>No a la sobrerrepresentación y al transfuguismo. Que ningún partido o coalición pueda, por sí mismo, reformar nuestra Constitución.</li>
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<li>No a una reducción del financiamiento que beneficie al partido en el gobierno. Proponemos que la asignación se haga en forma igualitaria y a nivel nacional, evitando así duplicar los financiamientos federales y locales.</li>
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<li>Defender los principios constitucionales de imparcialidad gubernamental y prohibición de propaganda personalizada. Hacer efectiva las sanciones al Ejecutivo y a todas las personas servidoras que utilicen recursos públicos y programas sociales para promover partidos o candidaturas.</li>
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<li>Conformar un sistema integral de fiscalización que controle el ejercicio de los recursos bancarizados y en efectivo, transparentando el gasto que realicen los partidos políticos, las candidaturas y todas las autoridades.</li>
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<li>Si en verdad se quiere eliminar las candidaturas cupulares, la selección de candidaturas en los partidos políticos debe hacerse mediante elecciones primarias.</li>
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<li>No a la elección popular de consejerías y magistraturas. La designación debe hacerse en las respectivas Cámaras del Congreso por las tres cuartas partes de sus integrantes presentes. Las Consejerías locales deben ser designadas por el INE y las Magistraturas locales por las Legislaturas de cada entidad federativa.</li>
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<li>Respetar los plazos constitucionales actuales para la revocación de mandato sin que la figura se convierta en un acto innecesario de ratificación.</li>
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<li>Eliminar las supuestas elecciones judiciales. Nos oponemos terminantemente a la elección de los Poderes Judiciales.</li>
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<li>Nulidad de las elecciones y pérdida de registro del partido que rebase topes de campaña o reciba dinero ilegal, del crimen organizado o del narcotráfico.</li>
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<li>Facilitar y reducir los requisitos a las candidaturas independientes.</li>
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<li>Garantizar el acceso a medios de comunicación, en los tiempos oficiales del Estado, en términos igualitarios para los partidos políticos, y mantener la facultad de las autoridades electorales para promover el ejercicio de los derechos políticos, pero no para decidir arbitrariamente la eliminación de mensajes y contenidos. La ciudadanía tiene la madurez para juzgarlos y con su voto sancionarlos.</li>
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<li>Abrir a la pluralidad política el acceso al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, tal como lo ordena la Constitución.</li>
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Para que la Reforma Electoral sea legítima, debe discutirse en Parlamento Abierto y aprobarse por consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
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<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>
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El FAD ante la propuesta de Reforma Electoral

Debido a que el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal más grande de México, el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes va a provocar cambios importantes en las dinámicas criminales del país, transformando a dicha organización y su relación con el resto de los grupos criminales, pero también es legítimo preguntarnos si la caída de Nemesio Oseguera tendrá impacto más allá de México y afectará el panorama del crimen en otros países. 
El CJNG tiene una amplia cobertura global, ya que, de acuerdo con la Drug Enforcement Administration (DEA), tiene presencia en más de <a href="https://www.dea.gov/cartels" target="_blank" rel="noopener">40 países</a> y en una investigación propia, a partir de notas de prensa, pude localizar su acción en <a href="https://seguridad.nexos.com.mx/la-expansion-internacional-de-los-carteles-de-sinaloa-y-jalisco-nueva-generacion/" target="_blank" rel="noopener">61 países</a> de los 5 continentes. 
Al ser una de las organizaciones criminales de mayor tamaño, la que tiene más ingresos y presencia en una amplia cantidad de países, se podría esperar que los cambios en su estructura interna y en su forma de operar, por la caída de su líder, no sólo tendrá repercusiones en México, sino en otros países.
Sin embargo, el efecto en los países será diferenciado. El impacto será alto en aquellos países en donde el CJNG ha tomado partido en favor de otras organizaciones criminales locales, ha asentado operaciones regulares, su presencia tiene como objetivo la compra de insumos y existe una multiplicidad de actores que pueden generar violencia. 
En cambio, el impacto de la transformación del CJNG no tendrá efectos mayores en aquellos países en donde dicha organización se encuentra presente para la venta de droga, ya que las bandas criminales locales, si les llega a hacer falta el suministro, buscarán otros proveedores en México o en América Latina, como ya lo han hecho en el pasado muchas de ellas. 
En ese sentido, es muy importante identificar a las organizaciones aliadas del CJNG en otros países, por lo que a partir de una búsqueda se identificaron plenamente 29 organizaciones de 16 países diferentes, con las cuales lleva a cabo actividades delictivas transnacionales, sobre todo centradas en el tráfico ilegal de drogas, aunque también participan en otras actividades delictivas. En el siguiente mapa se pueden ver estas organizaciones y los países de procedencia. 
<figure id="attachment_1648735" aria-describedby="caption-attachment-1648735" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1648735" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/03/Aliados-del-CJNG-en-el-mundo.jpg" alt="Aliados del CJNG en el mundo" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/03/Aliados-del-CJNG-en-el-mundo.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/03/Aliados-del-CJNG-en-el-mundo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/03/Aliados-del-CJNG-en-el-mundo-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/03/Aliados-del-CJNG-en-el-mundo-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1648735" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes periodísticas, que pueden ser consultadas en el siguiente<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/16a2fXIEjCwDJlkrNx4ORReh60U_XYSvd/edit?usp=sharing&amp;ouid=114458237975497044566&amp;rtpof=true&amp;sd=true" target="_blank" rel="noopener"> enlace.</a></figcaption></figure>
Es importante mencionar que varias de estas organizaciones no limitan su actuar a los países enlistados, por ejemplo, el Tren de Aragua tiene presencia en 12 países o la Mara Salvatrucha en 7. Primeiro Comando Capital no solo es la organización de mayor poder en Brasil, sino que tiene influencia en Bolivia, Uruguay y Paraguay; de igual manera, la banda de motociclistas Hells Angels, que en este caso se documentó su actividad en coordinación con el CJNG en Canadá. Lo cierto es que es un club global, nacido en Estados Unidos, pero con presencia en 66 países, en donde no todos sus capítulos participan en actividades criminales, pero que tampoco se puede descartar que en varios países participen como socios del CJNG en la distribución de drogas. 
De hecho, casi todo el proceso de distribución de drogas del CJNG en Europa se hace a través de cuatro organizaciones criminales, las cuales tienen presencia en varios países, la Mafia Albanesa que tiene operaciones no solo en los Balcanes, sino en todo el Benelux, Escandinavia, Gran Bretaña, Francia y Alemania, la ‘Ndrangheta de origen italiano, pero con operaciones en toda Europa Occidental, la Camorra que además de Italia tiene una presencia relevante en España y la Mocro Mafia, que es una banda de origen marroquí que tiene una excelente posición en el puerto de Rotterdam en Holanda y en el sur de Francia, además de operar en Marruecos, desde donde se hacen envíos de droga a costas europeas en lanchas rápidas. 
De forma que el CJNG no requiere un aliado en cada país de Europa, sino que esas cuatro alianzas le permiten cubrir todo el continente e incluso partes del norte de África. Algo similar a lo que pasa con su alianza con la Mafia Nigeriana, con la que el CJNG ha instalado laboratorios de producción de droga sintética en Nigeria, Kenia y probablemente otros países africanos. 
Pero al volver a la pregunta de origen, sí en alguno de estos países la caída de Nemesio Oseguera tendrá un impacto relevante que mueva el tablero criminal; al respecto debemos aceptar que en la mayoría de ellos el impacto será nulo o mínimo, por ejemplo, en Colombia, que el CJNG mantiene relaciones comerciales con el Clan del Golfo, las FARC y el ELN, sin embargo, estas tres organizaciones también guardan relación con el Cártel de Sinaloa y otros cárteles mexicanos, por tanto, no hay exclusividad, y si el CJNG se fragmenta, seguramente seguirán trabajando con las facciones resultantes, de manera que en Colombia en impacto podría ser mínimo. 
Algo similar sucederá en Europa, Japón, Australia o Canadá, ya que al ser mercados de consumo, las organizaciones locales pueden cambiar fácilmente de proveedores, lo mismo sucede con los países que venden insumos como China, en donde le venden precursores a todas las organizaciones que busquen comprarlos, por ende, pueden sustituir clientes. 
En cambio, en Ecuador podría tener un impacto profundo, ya que ahí el CJNG tiene acuerdos comerciales con 5 bandas locales: los Lobos, los Lagartos, los Chone Killers, los Tiguerones y Comandos de la Frontera, mientras que el Cártel de Sinaloa mantiene relaciones con los Choneros, un grupo antagónico de estas bandas, por tanto en el caso de Ecuador las bandas sí tienen exclusividad y los cárteles mexicanos han tomado partido en la disputa interna, financiando a las bandas locales, enviando refuerzos y dándoles asesoría. 
Por tanto, si el CJNG enfrenta problemas e incluso se fragmenta, va a propiciar cambios en la correlación de fuerzas en la disputa que libran los Choneros y los Lobos, por ende, mientras más se debilite la cohesión interna del CJNG, mayor riesgo corren los Lobos, principales aliados en Ecuador de la misma, de perder espacios en favor de los Choneros, de forma que a diferencia de otros casos, en Ecuador sí importará el futuro del cártel. 
Otro país que puede verse afectado, aunque en menor medida, es Guatemala, ya que en él opera una organización satélite del CJNG, que es el Cártel de Chiapas y Guatemala, que los de Jalisco financiaron para disputar Chiapas y Huehuetenango en Guatemala a la Mayiza del Cártel de Sinaloa, por lo que, si el CJNG se fragmenta o sufre disputas internas, estas debilitarían la posición de este cártel local, beneficiando a los de Sinaloa. 
Estados Unidos presenta otro panorama, ya que tendría efectos mixtos, porque hay muchas pandillas locales que distribuyen drogas en muchas ciudades para diferentes cárteles. De esas bandas, algunas operan de forma exclusiva con determinados cárteles y otras que trabajan con varios, por lo que en el agregado el debilitamiento del CJNG tendría un efecto limitado, donde los espacios perdidos serán ocupados por organizaciones rivales y el impacto mayor sería en ciudades como Los Ángeles o Chicago, donde operan muchas bandas de forma simultánea.
En conclusión, si bien en México los cambios en el CJNG se van a traducir en movimientos importantes en el tablero criminal, a nivel internacional el impacto está lejos de ser profundo y, sobre todo, habrá de limitarse a unos pocos países como Ecuador, Guatemala o partes muy específicas de los Estados Unidos. 
<a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>
<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval </a>

¿La caída del Mencho mueve el tablero del crimen organizado en otros países?

El siete de febrero de 2021 una persona fue detenida después de realizarle una inspección corporal en la que se encontró que traía consigo una bolsa de marihuana con 14.26 gramos. Posteriormente, la persona fue vinculada a proceso<a href="#_ftn1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref1">[1]</a> por el delito de narcomenudeo por posesión simple de marihuana, ya que de acuerdo con el artículo 479 de la Ley General de Salud la dosis máxima de consumo personal es de 5 gramos; cualquier gramaje superior a ese puede ocasionar que seas vinculado a un proceso penal. Es decir, que seas sometido a una investigación sobre la comisión del delito y eventualmente a un juicio por lo mismo.
Tras haber sido vinculada a proceso, la persona presentó una demanda de amparo indirecto en la cual mencionaba que la porción normativa “en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma” presente en el artículo 478 de la Ley General de Salud —el cual es una excluyente de la farmacodependencia— era inconstitucional debido a que afectaba sus derechos a la libertad personal, autodeterminación y diversos principios del derecho penal.
Ante la negativa del juzgador, se recurrió la sentencia y la SCJN reasumió la competencia para resolver este recurso.
El responsable de realizar la sentencia  del amparo en revisión fue el Ministro Figueroa, quien propuso revocar la sentencia y conceder el amparo, argumentando que la porción normativa sí es inconstitucional por limitar la excluyente de farmacodependencia cuando es mayor de 5 gramos de cannabis sativa, además de que la penalización del consumo personal puede violentar los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la privacidad, la salud y la integridad personal.
En este mismo sentido, el ministro Figueroa propuso que las autoridades al analizar el artículo 478 deberán tomar en consideración las circunstancias de cada caso —cantidad, tiempo, lugar, modo de posesión, condición de farmacodependencia, entorno cultural y creencias— a través de las pruebas que se presenten.
Posteriormente, se dio inicio a la deliberación en el pleno, la cual concluyó con una votación de 5 votos a favor y 4 en contra; al no alcanzar los 6 votos a favor no se logró constituir la decisión como jurisprudencia por precedente.
Sin embargo, más allá de la decisión tomada, al observar la sesión del pleno fue posible identificar que esta nueva conformación electa tiene una forma particular de deliberar, la cual está caracterizada por intervenciones fragmentadas, posicionamientos más discursivos que argumentativos y con un tinte político, dejando a un lado su obligación de resolver con exhaustividad y congruencia  conforme a lo ordenado en los artículos 17 constitucional;  74 y 75 de la Ley de Amparo. La dinámica de las discusiones del pleno es una muestra de lo que denominamos <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/disentir-en-publico/nueva-suprema-corte-de-la-justicia-constitucional-a-la-justicia-performativa" target="_blank" rel="noopener">“justicia performativa”</a>.
El problema jurídico planteado proviene del sinsentido que es el reconocimiento del derecho a consumir cannabis, sin una forma legal de obtener la sustancia, sin una regulación clara y con la existencia de un tipo penal que prohíbe su posesión. La discusión solamente debía haber sido respecto a los argumentos planteados. Todos los planteamientos que no atiendan lo establecido en el proyecto,<a href="#_ftn2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref2">[2]</a> en estricto sentido, no son acordes a la obligación constitucional de congruencia y exhaustividad que tienen los juzgadores.  Así, las manifestaciones de la Ministra Ríos González resultan especialmente preocupantes, ya que no solo carecen de aportes relevantes al caso, sino que además reproducen estereotipos discriminatorios y retrógrados. Este tipo de comentarios contribuye a perpetuar prejuicios que afectan negativamente a grupos vulnerables y no abonan a una discusión jurídica seria.
Por otro lado, la intervención del Ministro Aguilar llama la atención porque fundamenta su decisión en la situación de calle del quejoso. Si bien esta condición debió ser considerada para resolver el caso desde una perspectiva de vulnerabilidad, el ministro la utiliza de manera discriminatoria, asumiendo que el quejoso no tenía los medios para conocer el gramaje de cannabis que portaba. Esta argumentación tampoco aporta elementos sustantivos al debate y refuerza una visión excluyente. Asimismo, las preocupaciones de la Ministra Herrerías respecto a la subsistencia del tipo penal para otras sustancias carecen de pertinencia en el contexto específico del caso, desviando la atención de los aspectos centrales que debían analizarse.
A pesar de la ausencia de un debate congruente y exhaustivo sobre el fondo del asunto, los ministros se esforzaron en limitar los efectos de la resolución. Todos los ministros procuraron que el caso solo tuviera como consecuencia la emisión de una nueva resolución sobre la vinculación a proceso, evitando que otros usuarios pudieran beneficiarse de este precedente. De esta manera, se perpetúa la criminalización de los consumidores de cannabis, aun cuando se reconoce la inconstitucionalidad de la prohibición. A pesar de esto la misma Corte difundió esta resolución como un ejemplo de que la justicia ha mejorado.
<a href="#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn1">[1]</a> Vinculación a proceso: etapa procesal en la que el o la jueza de control decide si existen elementos suficientes para comenzar con un proceso penal en contra de la persona. Si se cuenta con los elementos suficientes el proceso continuará con la investigación complementaria.
<a href="#_ftnref2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn2">[2]</a> Que a la vez debía atender los agravios expresados por las partes.

La justicia performativa al centro del Pleno

Cada año, el 8 de marzo, las calles de México y otros países se llenan de consignas, los perfiles en redes sociales se tiñen de violeta y las instituciones publican mensajes de reconocimiento. El Día Internacional de la Mujer, oficializado por la Organización de las Naciones Unidas, se ha convertido en una de las fechas más visibles del calendario global. Pero la pregunta necesaria no es qué ocurre ese día, sino qué sucede el 9 de marzo.
La conmemoración tiene raíces históricas profundas: mujeres trabajadoras que exigieron condiciones dignas, derecho al voto, igualdad legal. No nació como celebración, sino como exigencia. Y, sin embargo, más de un siglo después, el riesgo es que el 8M se convierta en un ritual simbólico que no siempre se traduce en transformaciones estructurales.
Las cifras hablan con crudeza. La brecha salarial persiste. La carga del trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. La violencia de género continúa siendo una herida abierta en todos los continentes y especialmente en México donde mueren alrededor de 12 mujeres diariamente víctimas de feminicidio y el 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha vivido al menos un incidente de violencia en su vida. Incluso en países que han avanzado en representación política —como México con el liderazgo de Claudia Sheinbaum— el desafío no termina con la llegada de una mujer al poder. La igualdad no se agota en la foto institucional.
En los últimos años, movimientos como el Me Too demostraron que la denuncia colectiva puede sacudir estructuras aparentemente inamovibles. Sin embargo, también evidenciaron resistencias, retrocesos y la fragilidad de algunos avances. La igualdad real incomoda porque obliga a redistribuir poder, privilegios y responsabilidades.
Más allá del 8 de marzo, la discusión debe trasladarse a lo cotidiano. A las empresas que revisan, o no, sus políticas salariales y de conciliación. A los hogares donde la corresponsabilidad todavía es una deuda pendiente. A los sistemas educativos que pueden perpetuar estereotipos o desmontarlos desde la infancia. A los medios de comunicación que deciden qué historias se cuentan y cuáles se silencian. A los jóvenes que normalizan la violencia.
También interpela a los hombres. La igualdad no es una concesión ni una agenda exclusiva de mujeres; es una transformación social que exige aliados activos. No basta con apoyar en redes sociales un día al año. Se trata de revisar prácticas, cuestionar privilegios, asumir responsabilidades compartidas y ser capaces de reconocerse y reconocer en el otro la agresión y pedir ayuda.
El 8 de marzo no debería ser un punto de llegada, sino un punto de partida. Un recordatorio incómodo de lo que falta por hacer. Porque la igualdad no necesita homenajes anuales; necesita coherencia diaria. No requiere discursos bien intencionados, sino decisiones sostenidas en el tiempo.
Cuando las pancartas se guardan y los titulares cambian, la realidad sigue ahí. La verdadera medida del compromiso no está en la intensidad de una jornada, sino en la constancia de los otros 364 días del año. Ahí, precisamente ahí, se juega el sentido más profundo del 8 de marzo.

Más allá de un 8 de marzo

A lo largo de la historia, siempre ha habido mujeres que han luchado por la equidad. Algunas han optado por la confrontación directa, otras han seguido caminos más pacíficos, pero todas han sido piezas clave en esta lucha. En este mes en el que conmemoramos el Día de la Mujer, quiero compartir una forma de lucha que quizá no es tan visible ni directa, pero que está generando un impacto profundo: la lucha a través del emprendimiento y la innovación.
En los últimos años han surgido organizaciones que buscan cerrar la brecha de género en el emprendimiento. De acuerdo con datos del Global Entrepreneurship Monitor, las mujeres tienen un “47 % más de probabilidades que los hombres de cerrar un negocio por razones familiares o personales”. Frente a esta realidad, distintas iniciativas buscan empoderar a otras mujeres, generar liderazgo y crear independencia económica, dándoles las herramientas para desarrollar sus propios emprendimientos y ser independientes. Comunidades como 10,000 Mujeres por México y Lady Multitask han creado espacios donde las mujeres pueden comercializar sus productos, ampliar sus redes de contacto y fortalecer su confianza empresarial. No se trata solo de vender; se trata de generar ecosistemas de apoyo donde emprender no signifique hacerlo sola.
Paralelamente, otras empresas están apostando por algo igual de poderoso: diseñar productos pensados específicamente para las necesidades reales de las mujeres. El crecimiento del sector FemTech —tecnología enfocada en la salud femenina— es una muestra clara. Durante años, temas como la salud hormonal, la fertilidad, el embarazo, el posparto o la menopausia fueron atendidos desde perspectivas limitadas o insuficientes. Hoy están proliferando productos y servicios innovadores que reconocen estas etapas como parte central de la vida de millones de mujeres.
Lo mismo ocurre con marcas que trabajan en la aceptación y el cuidado de la imagen femenina desde una mirada más inclusiva. Es fundamental que las empresas atiendan a diferentes tipos de cuerpos, belleza y grupos de edad. Un caso inspirador es el de Rizos Mexicanos, que ayuda a las mujeres a aceptar y controlar su cabello rizado, promoviendo la belleza natural y la aceptación personal.
La tendencia es clara. Euromonitor, en su edición de Tendencias de Consumo 2024, identificó como una de las corrientes globales más relevantes la tendencia “por ellas”, señalando que las marcas que deseen conectar auténticamente con sus consumidoras deben demostrar un compromiso genuino con la equidad, la diversidad y la inclusión.
La innovación y el emprendimiento está transformando las vidas de las consumidoras y abriendo caminos para que las mujeres puedan ser protagonistas de su propia historia, construyendo un futuro más justo y equitativo. La lucha está clara: las mujeres están eligiendo y construyendo, marcas que las representen y acompañen porque cuando las mujeres emprenden, el mundo cambia.
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*Georgina Bustamante, profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

Emprender para empoderar: La revolución femenina desde la innovación

El estado de Chiapas vive desde hace años una violencia generalizada y sistemática, caracterizada por el control territorial de grupos de la delincuencia organizada, con disputas entre cárteles y grupos locales armados, paramilitarismo residual y conflictos intercomunitarios por tierra y recursos. Esta situación ha generado un entorno de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, extorsiones y desplazamientos forzados masivos, con altos niveles de impunidad. En este escenario, las políticas estatales de supuesta “seguridad y pacificación”, que incluyen la militarización y operativos conjuntos, a menudo resultan insuficientes o contraproducentes, priorizando el control aparente sin abordar las causas estructurales como la corrupción y la colusión entre autoridades y grupos criminales.
La tortura en Chiapas, existe y persiste como una práctica histórica, generalizada entre sus cuerpos de seguridad en contra de la población,  la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) señala que las detenciones  de personas ocurren sin una orden de detención, sacándolas de su domicilio o en la calle; las personas entrevistadas en esta encuesta fueron esposadas en el momento de la detención, se usó la fuerza física; en lo que refiere a actos de violencia después de la detención las personas fueron incomunicada y aisladas, amenazada con levantar cargos falsos o con hacerle daño; otras fueron vendados de ojos o les cubrieron la cabeza, recibieron golpes, fueron atadas con sogas, vendas, cintas o cobijas, otros fueron atados a algún objeto, el uso de la asfixia también se señaló como un método común.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, señalan que durante el 2018 y el 2019, las personas que denunciaron ser víctimas de tortura describen métodos de tortura físicos como la asfixia, electrochoques, golpes en general, golpes en los oídos, golpes en las plantas de los pies y violencia sexual; y psicológicos como, humillaciones, aislamiento, agresiones verbales, amenazas de muerte, amenazas a familiares, privación sensorial, de sueño, de servicios sanitarios o de alimentos. El uso de la tortura tenía como intención obtener una declaración autoinculpatoria en la comisión de algún delito, inculpar a otras personas o identificarlas, por lo que afirman que, en el estado de Chiapas, se usa como una forma de investigación criminal.
En este contexto de violaciones a derechos humanos en el estado de Chiapas, y bajo la justificación de “pacificar” el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar creo en diciembre del 2024 la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una unidad de élite de la policía. Esta unidad especial forma parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y realiza acciones de combate a la delincuencia, comenzó a operar con 500 elementos y paso a 800, conformada por la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Federal; cuentan con equipo táctico y tecnológico, además de recibir un salario que impediría su corrupción. Su objetivo era combatir al crimen organizado en la frontera con Guatemala, misiones de alto riesgo, el trafico de combustible, narcomenudeo, secuestro y extorsión<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. El mando de los Pakales lo ostenta Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, exmando de la Policía Federal, relacionado directamente con la masacre ocurrida en 2015 en Tanhuato, Michoacán, donde se ejecutaron a 22 civiles.
Pakales, el grupo de élite encargado de la ‘pacificación’ en Chiapas, enfrenta acusaciones por abusos policiales<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, como las denuncias de la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas, de la detención de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con un fuerte operativo fueron detenidos, acusados de secuestro. Se les señala de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública y tortura. Se ha reportado el allanamiento de domicilios, como el de la señora Enedina en Cintalapa, ella fue encapuchada y golpeada, además de que robaron sus pertenencias. En Tila se les denunció de hacer operativos con un grupo del crimen organizado llamado Karma, cateando casas y realizando la detención de 20 personas, entre ellos 5 niños.
Detención de Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez
Orbey y José Julián, sirven a la Iglesia de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, ambos son reconocidos por su labor es pastoral y comunitaria, orientada al servicio espiritual y al acompañamiento social. Orbey, tiene 39 años, de religión católica, y se desempeña como subcoordinador desde el 2025 en la capilla de su comunidad, perteneciente a la parroquia de San Dionisio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, bajo la supervisión de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez. Su ocupación principal es la agricultura y la electricidad.
José Julían tiene 21 años, originario del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán,
Católico y ocupa el cargo de Ministro Extraordinario de la Comunión, en la capilla de su comunidad, compartiendo su labor de servicio religioso con Orbey. Se dedica al comercio.
El 22 de enero de 2026, aproximadamente a las dos de la tarde, en la Colonia “El Estoraque” del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Orbey se dirigía a realizar un trabajo de instalación eléctrica en un domicilio particular, portando su mochila con herramientas. En ese trayecto, fue interceptado de manera violenta por una camioneta con logotipos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (en adelante FRIP). A bordo viajaban al menos tres elementos encapuchados, uniformados y fuertemente armados, quienes le apuntaron directamente con sus armas. Durante la intervención, los agentes se comunicaban por radio con frases incriminatorias como “tenemos todo controlado” y “tenemos a los asesinos”, prejuzgando su culpabilidad sin mediar investigación alguna.
Después arribó otra camioneta de la FRIP, los pakales golpearon a Orbey en la cara, derribándolo y propinándole patadas mientras se encontraba en el suelo. Posteriormente, llegó un vehículo particular color negro con personas civiles y una mujer que, por las placas de identificación que portaban, se presume eran agentes ministeriales. En el mismo operativo, también fueron detenidos José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez, quienes se encontraban en las inmediaciones realizando sus actividades cotidianas. A todos ellos se les obligó a permanecer aproximadamente una hora tirados boca abajo en el suelo, bajo el sol, en una clara muestra de trato degradante y uso desproporcionado de la fuerza.
Ellos tres junto con otras cuatro personas, fueron trasladados esposados de dos en dos a la base de la Guardia Estatal Preventiva, ubicada en el Barrio Pocito de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Fueron recluidos en un cuarto de aproximadamente 2.5 metros cuadrados, donde pudieron ser testigos de actos que evidencian la fabricación de pruebas, como la manipulación de teléfonos celulares de otros detenidos y la siembra de armas, para ser fotografiado. Ese mismo día, aproximadamente a las cuatro de la tarde, fueron trasladados al municipio de Reforma, Chiapas, e ingresados a la cárcel de la Policía Municipal, iniciándose así un periodo de incomunicación total que se prolongaría por varios días.
En su denuncia se narra su detención arbitraria y desaparición forzada que vivieron, ya que se les mantuvo incomunicados durante cinco días, negando información a sus familiares sobre su paradero hasta que aparecieron el 27 de enero en el Centro penitenciario de San Cristóbal de las Casas. Sufrieron actos de tortura, Orbey sufrió agresiones físicas directas, incluyendo golpes en la cara y patadas, agravando una lesión vertebral preexistente; permanecieron una hora boca abajo bajo el sol. Les fabricación de pruebas, la Fiscalía los acusa de homicidio calificado en la causa penal 27/2026 ubicado en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, mediante un proceso lleno de contradicciones de modo, tiempo y lugar, carente de sustento real y con indicios de siembra de evidencias.
A Orbey y Julián se les impuso prisión preventiva oficiosa no justificada, una medida injusta que agrava la situación de violaciones a derechos humanos y reafirma la forma de operar de los Pakales y de la Fiscalía en Chipas.
Orbey en una denuncia publica que hace de estos hechos<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, con fecha del 9 de febrero, describe lo siguiente:
“&#8230;al momento de detenerme me dieron un golpe en la cara y patada en la costilla, sin importar que les dije que tenía una fractura en la columna vertebral, posteriormente me trasladaron a Pueblo Nuevo Solistahuacán junto con las otras personas, nos trasladaron Pakales y Judiciales creo solo vi que tenían placa colgante en el pecho, no nos llevaron a la cárcel municipal, sino que nos encerraron en un cuartito en la base donde se ubicaba la policía…nos tuvieron en ese lugar hasta las 7:00 de la noche aproximadamente donde fueron mis familiares a preguntar pero no les permitieron verme luego me trasladaron a Reforma Chiapas junto con otras 6 personas llevándonos a la cárcel municipal de Reforma donde nos encerraron sin zapatos y sin cobijas nos tuvieron los días viernes, sábado, domingo y lunes…El día lunes 26 de enero me trasladaron a la Fiscalía de Reforma con las otras personas, donde nos tomaron fotos y luego nos hicieron firmar unos documentos…Antes de ser trasladados a San Cristóbal de las Casas, Chiapas me tomaron fotos ya con la policía, Fiscal y Pakales y luego hicieron un video como si fuera el día de la detención, pero no publicaron que nos privaron de la libertad, desde el día Jueves 22 de enero como secuestrados.”
Tanto Orbey como José Julián se encuentran recluidos y privados arbitrariamente de la libertad con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 del municipio de San Cristóbal de las Casas (CERSS 05).
Su detención además debe contextualizarse en la importancia que tiene la Iglesia católica en Chiapas, con su arraigada tradición de opción por los pobres y vulnerables inspirada en el obispo SAMUEL RUIZ GARCÍA, ha desempeñado históricamente un rol clave en el acompañamiento pastoral y la defensa de los derechos humanos en comunidades mestizas e indígenas. Sacerdotes, catequistas, agentes de pastoral y comités parroquiales actúan como mediadores en conflictos, denuncian violaciones y contextos regionales, apoyan a los vulnerables y promueven la paz y la justicia. Sin embargo, esta labor legítima los ha convertido en voces incómodas, generando un patrón recurrente de criminalización, estigmatización y señalamiento contra estos servidores.
La detención de Orbey y José Julían se inscribe en el patrón de criminalización a grupos religiosos, con acusaciones falsas de incitar a la violencia o de tener vínculos con grupos delincuenciales o participar en delitos. Este patrón, que incluye la fabricación de culpables en investigaciones penales, donde elementos de los Pakales realizan la labor de detener y torturar.
Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez, sobrevivientes de tortura
Fb Grupo de Litigantes Prodedh, es un grupo de abogados que trabajan en la protección y defensa de los derechos humanos de personas vulnerables y organizadas, en el estado de Chiapas. Contacto glprodedh@gmail.com
FbTejiendo Redes Contra la Tortura, un colectivo de personas sobrevivientes de tortura en diferentes contexto y regiones de México, así como de familiares y acompañantes de organizaciones de derechos humanos.
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> En https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_chis.pdf
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> CDHFrayba (2020). Romper el miedo. Análisis sobre impactos y consecuencias de la tortura a víctimas y sobrevivientes indígenas en Chiapas.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> El Universal en línea  <a href="https://www.eluniversal.com.mx/el-uni-explica/policia-de-elite-de-chiapas-con-historial-de-denuncias-y-detenciones-esta-es-la-fuerza-especial-que-aparece-en-la-narconomina-del-cjng/">https://www.eluniversal.com.mx/el-uni-explica/policia-de-elite-de-chiapas-con-historial-de-denuncias-y-detenciones-esta-es-la-fuerza-especial-que-aparece-en-la-narconomina-del-cjng/</a>
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> https://animalpolitico.com/estados/pakales-chiapas-abusos-policiales-seguridad
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>[5] En https://www.facebook.com/share/p/1GmrNacSUE/

Pakales, como fuerzas de control social en Chiapas

En México, la gestación por sustitución no es un fenómeno nuevo ni excepcional. Desde hace años se recurre a esta práctica como una forma de ejercer los derechos reproductivos y formar una familia. No obstante, esta realidad social se desarrolla en un contexto de profunda incertidumbre jurídica, pues no existe un marco normativo federal en la materia y cuando las entidades federativas han intervenido, lo han hecho de manera desigual y fragmentada.
Así, mientras algunas entidades han establecido disposiciones específicas —como Tabasco y Sinaloa— y otras la han prohibido de manera expresa —Querétaro y San Luis Potosí—, en la mayoría no existe regulación alguna. Ese vacío legal no solo no detiene la práctica, sino que genera inseguridad jurídica, obstáculos para el acceso a derechos básicos y, en ocasiones, la necesidad de recurrir a los tribunales para obtener documentos esenciales, como actas de nacimiento o pasaportes.
Frente a este panorama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha asumido un papel fundamental. A través de <a href="https://gire.org.mx/paso-a-paso-decisiones-emblematicas-sobre-salud-reproductiva/" target="_blank" rel="noopener">diversos precedentes</a>, ha buscado proteger el interés superior de la niñez, el derecho a la identidad y el principio de no discriminación. Al mismo tiempo, ha reiterado que urge contar con una regulación integral basada en derechos humanos. La más reciente de estas resoluciones —la <a href="https://www2.scjn.gob.mx/Juridica/Engroses/Cerrados/Publico/Proyecto/2026/01/CT159_2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">Contradicción de Criterios 159/2025</a>— recuerda que la intervención judicial tiene límites: no puede sustituir de manera indefinida la labor legislativa.
<h3>¿Qué es la gestación por sustitución y por qué importa cómo se nombra y regula?</h3>
Para comprender por qué las decisiones judiciales sobre este tema generan debates intensos y sus efectos son relevantes, es necesario partir de lo básico: ¿qué es la gestación por sustitución y por qué importa su denominación?
Se trata de un acuerdo mediante el cual una persona acepta llevar un embarazo para otra u otras que asumirán la filiación legal del niño o la niña. Esta práctica también ha sido denominada maternidad subrogada, vientre subrogado o subrogación de vientre; sin embargo, desde la perspectiva de derechos humanos, el término más adecuado es gestación por sustitución, porque pone énfasis en la capacidad de gestar y en la voluntad procreacional de quienes asumirán la filiación, sin atribuir la maternidad a la persona gestante de manera automática.
Es necesario reconocer que los contratos de gestación por sustitución se llevan a cabo, con frecuencia, en contextos de desigualdad cultural, económica y social; condiciones que pueden afectar la forma en que se manifiesta el consentimiento de quienes participan en ellos. Por este motivo, es imprescindible contar con una regulación que proteja los derechos de todas las partes involucradas, en especial los de las personas gestantes y las infancias.
Sin embargo, esos contextos de desigualdad también han servido para justificar <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/punto-gire/regular-gestacion-por-sustitucion" target="_blank" rel="noopener">enfoques prohibicionistas</a> que reproducen estereotipos de género y desconocen la capacidad de agencia de las personas gestantes. En los hechos, lejos de erradicar la práctica, la prohibición tiende a empujarla a la clandestinidad, lo que aumenta los riesgos de abuso y puede derivar en la <a href="https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2023/09/Efectos-Inesperados.pdf" target="_blank" rel="noopener">criminalización</a> de quienes participan, sin ofrecerles una protección real.
Una regulación integral debería garantizar que los acuerdos se celebren con consentimiento libre e informado, sin explotación ni coerción, y con mecanismos claros de protección para todas las personas involucradas. Sin embargo, mientras esa regulación no exista, la ausencia de reglas claras deja a muchas personas en situación de vulnerabilidad jurídica.
<h3>Contradicción de Criterios 159/2025</h3>
El 3 de febrero de 2026, el Pleno de la SCJN votó y aprobó, por mayoría, el proyecto relativo a la Contradicción de Criterios 159/2025; el engrose aún no se ha publicado. Este caso evidenció las dificultades que enfrentan los tribunales al resolver acuerdos de gestación por sustitución cuando no hay un marco legal específico sobre el tema.
Los asuntos que motivaron la contradicción provienen de tres procedimientos distintos, promovidos por parejas de hombres que celebraron contratos de gestación por sustitución ante notario con mujeres gestantes mexicanas, mediante técnicas de reproducción asistida. En todos los casos, las partes solicitaron a juzgados familiares de la Ciudad de México intervenir mediante diligencias de jurisdicción voluntaria para dar seguimiento al proceso de gestación y, una vez ocurrido el nacimiento, ordenar al Registro Civil expedir el acta correspondiente con los nombres de los padres intencionales, y no con el de la gestante.
En los tres asuntos, los juzgados locales se declararon incompetentes o no admitieron a trámite la solicitud, al considerar que la jurisdicción voluntaria no era la vía idónea para reconocer la filiación. Su argumento principal fue la falta de una legislación específica sobre gestación por sustitución en la Ciudad de México y que ese tipo de procedimiento no permitía ordenar al Registro Civil la expedición del acta de nacimiento solicitada.
Las resoluciones de los juzgados fueron impugnadas, por lo que los casos llegaron a distintos tribunales colegiados que usaron criterios divergentes para resolverlos. El Tercer y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito confirmaron la negativa inicial y sostuvieron que la jurisdicción voluntaria no procedía para obtener el registro de nacimiento. En cambio, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito revocó la sentencia y determinó que sí era procedente cuando no existía controversia entre las partes, pues permite dotar de certeza jurídica a la voluntad procreacional y proteger el derecho de la infancia a la identidad.
En octubre de 2023, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito informó al Pleno Regional competente sobre una posible contradicción de criterios entre el Tercer y el Sexto Tribunales Colegiados del mismo circuito. La discrepancia era relativa a la procedencia de la jurisdicción voluntaria en casos de gestación por sustitución. Después de reconocer la contradicción, el asunto fue remitido a la SCJN. En junio de 2025, se admitió a trámite y se turnó a la Ministra Loretta Ortiz para la elaboración del proyecto de sentencia.
<h3>¿Qué resolvió la SCJN?</h3>
La SCJN decidió que, incluso en ausencia de una ley específica, la jurisdicción voluntaria es una vía adecuada para que un juez revise un acuerdo de gestación por sustitución ratificado ante notario, acompañe el proceso y ordene la expedición del acta de nacimiento. Subrayó que la falta de regulación no puede ser un obstáculo para proteger los derechos humanos. Según el criterio desarrollado en este caso, el juez no actúa como mero fedatario: debe verificar que el consentimiento de todas las personas involucradas haya sido libre, previo e informado; que no exista explotación ni violencia reproductiva; y que los derechos de la persona gestante y de las infancias estén garantizados.
Sentencias como esta ofrecen una respuesta jurídica mínima frente a situaciones concretas, pero no constituyen una regulación integral ni sustituyen la necesidad de que el Poder Legislativo establezca criterios claros, homogéneos y basados en derechos humanos.
<h3>Consecuencias prácticas y límites de la decisión</h3>
Esta sentencia no legaliza ni establece una regulación integral de la gestación por sustitución. Más bien, ofrece una vía para proteger derechos en casos concretos, en particular el derecho a la identidad de las infancias nacidas bajo estos acuerdos.
Cuando el juez aplica la jurisdicción voluntaria, antes de ordenar la expedición del acta de nacimiento debe analizar que se cumplan ciertos lineamientos, entre ellos: que exista consentimiento libre e informado, que no haya coerción y que se protejan los derechos correspondientes. No se trata de un trámite automático, sino de una valoración judicial que opera como medida supletoria frente a un vacío legal. Si bien este mecanismo es necesario, no es suficiente; no reemplaza la necesidad de una regulación clara que homologue estas prácticas en todo el país y brinde certeza jurídica a las personas gestantes, las infancias y quienes recurren a la gestación por sustitución.
Esta decisión de la SCJN —al igual que los precedentes previos sobre la materia— abre una vía para proteger derechos en un contexto de vacío legal, pero no resuelve el problema estructural. Corresponde al Poder Legislativo proporcionar un marco normativo que garantice una protección plena y homogénea a quienes forman parte de estos procesos.
Bio con nombres de autoras y cuentas de X: Verónica Esparza Pérez (@esparza2602) es Coordinadora de Investigación en @GIRE_mx.
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Gestación por sustitución en México: la intervención judicial frente al vacío legal

“Los hombres son mejores haciendo dinero y las mujeres administrándolo” es uno de los mitos que aún persiste en el imaginario colectivo. Y si bien algunos datos podrían parecer confirmar parcialmente esa idea, es fundamental desglosar qué hay detrás de ella.
Las mujeres son buenas administrando el dinero. Durante décadas, programas sociales en México como Progresa, Oportunidades y posteriormente Prospera —basados en transferencias monetarias condicionadas— otorgaban la titularidad de los apoyos económicos mayoritariamente a las mujeres del hogar, reconociéndolas como responsables principales del bienestar familiar<a href="#_ftn1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref1">[1]</a>.
La razón no era simbólica. El diseño del programa buscaba asegurar que los recursos efectivamente se destinaran a asistencia escolar y citas médicas. Empíricamente, cuando las mujeres tienen mayor control sobre el ingreso del hogar, aumenta la probabilidad de que el gasto se asigne a salud, alimentación y educación<a href="#_ftn2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref2">[2]</a>, generando impactos intergeneracionales más consistentes en la reducción de la pobreza.
Es decir, incluso el propio Estado partía del supuesto —respaldado por evidencia— de que las mujeres administran mejor los recursos del hogar.
Y si las mujeres son buenas administrando el dinero, ¿por qué su participación en instrumentos de inversión sigue siendo baja? Porque el problema no es la capacidad financiera, sino la estructura económica. La brecha financiera no comienza en el momento de invertir. Empieza mucho antes, en las decisiones educativas, en la estructura del mercado laboral y en general en una trayectoria económica desigual.
<h2>La desigualdad financiera no se origina en la adultez. Empieza desde la infancia</h2>
En muchos hogares, a los hombres se les socializa en torno a “generar ingresos”, mientras que a las mujeres se les educa para “administrarlos”. Esta diferencia en expectativas influye en aspiraciones profesionales, tolerancia al riesgo y elección de carrera<a href="#_ftn3" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref3">[3]</a>.
La menor presencia femenina en áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas— frente a su mayor concentración en educación, salud y ciencias sociales no responde únicamente a preferencias individuales, sino también a patrones culturales que se reproducen desde edades tempranas. Estos campos son fundamentales para el desarrollo, pero en promedio presentan menores retornos salariales, lo que impacta el ingreso acumulado a lo largo de la vida.
Posteriormente, al incorporarse al mercado laboral, las mujeres enfrentan trayectorias más interrumpidas. La economista Claudia Goldin, Premio Nobel 2023, documenta lo que denomina el “parenthood effect”: la brecha salarial se amplifica de manera significativa tras el nacimiento del primer hijo<a href="#_ftn4" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref4">[4]</a>. No se trata de un ajuste marginal, sino de un choque estructural. Justo en la etapa de mayor crecimiento profesional —cuando comienzan las promociones y el aumento de responsabilidades— muchas mujeres salen parcial o totalmente del mercado laboral, reducen horas o aceptan posiciones más flexibles, pero menos remuneradas.
En México, esta realidad se combina con una elevada carga de trabajo no remunerado. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres dedican entre 6 y 30 horas semanales más que los hombres a tareas domésticas y de cuidado no remunerado<a href="#_ftn5" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref5">[5]</a>. Esta carga invisible limita su permanencia en empleos formales y de mayor proyección.
El resultado es mayor informalidad y menor densidad de cotización. Sin acceso pleno a seguridad social ni a mecanismos formales de ahorro, la acumulación patrimonial se ve comprometida desde etapas tempranas.
Finalmente, esta trayectoria desemboca en una brecha salarial persistente. Dependiendo de la fuente y del tipo de mercado considerado, la <a href="https://mexicocomovamos.mx/mercado-laboral-y-genero/" target="_blank" rel="noopener">diferencia salarial en México</a> oscila entre 10% y 22% (datos del IMSS para el mercado formal y de la <a href="https://mexicocomovamos.mx/mercado-laboral-y-genero/" target="_blank" rel="noopener">ENOE</a> para el mercado formal e informal). Y lejos de corregirse con el tiempo, tiende a ampliarse.
<h2>Inclusión financiera: la brecha que se acumula</h2>
Esta trayectoria laboral desigual se traduce directamente en una brecha financiera.
De acuerdo con la ENIF 2024, el 63.5% de las mujeres reporta algún tipo de ahorro, frente a 65% de los hombres. Sin embargo, cuando se trata de inversión en instrumentos financieros formales, apenas 2% de las mujeres participa, frente a 4% de los hombres.
La menor presencia femenina en mercados financieros no es una cuestión biológica asociada al riesgo. Es una consecuencia de menor ingreso acumulado, menor formalidad y menor acceso a activos.
El Banco Mundial ha señalado que la brecha de género en inclusión financiera tiene raíces estructurales: normas sociales, desigualdad en oportunidades y menor propiedad de activos. En México, apenas 28% de las mujeres son propietarias de vivienda, 16% de automóvil y 6% de un terreno. Esta baja propiedad limita su capacidad de ofrecer garantías y aumenta la probabilidad de enfrentar rechazos o condiciones menos favorables de financiamiento.
Cuando menos mujeres invierten, no estamos observando una preferencia individual aislada. Estamos viendo el resultado de una trayectoria económica que limita la acumulación de capital desde etapas tempranas.
<h2>¿Qué se puede hacer? Reducir barreras y democratizar la inversión</h2>
Si el problema es estructural, las soluciones también deben serlo.
Primero, es fundamental reducir las barreras de entrada al sistema financiero. La digitalización y la banca móvil permiten abrir cuentas, invertir y ahorrar desde montos bajos, eliminando costos de transacción y barreras geográficas. Las plataformas de microinversión han demostrado que no se necesita un gran capital inicial para comenzar a construir patrimonio.
Segundo, es necesario democratizar la información financiera. Persisten mitos como que invertir requiere grandes montos o conocimientos especializados. La educación financiera —incorporada desde etapas escolares y reforzada mediante herramientas digitales claras y comparables— puede cerrar esa brecha de conocimiento.
Tercero, los productos financieros deben adaptarse a trayectorias laborales interrumpidas. Aportaciones flexibles, esquemas automatizados de ahorro e instrumentos accesibles desde el celular pueden facilitar la continuidad en la acumulación patrimonial.
La inclusión financiera no empieza en los grandes mercados. Empieza reduciendo fricciones para que más personas, y particularmente más mujeres, puedan participar.
Cerrar la brecha financiera femenina no es solo una cuestión de equidad. Es ampliar la base de ahorro e inversión del país. Las mujeres no necesitan aprender a administrar dinero. Lo que necesitan es un entorno económico que les permita invertirlo y convertirlo en patrimonio.
* Montserrat Aldave (@monorriel_) es economista por el ITAM con maestría en Economía Aplicada. Ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en Finamex Casa de Bolsa, donde ha desarrollado análisis para inversionistas institucionales. Actualmente forma parte del área de ventas institucionales en mercados de crédito en Finamex y es experta en <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>
<a href="#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn1">[1]</a> <a href="https://www.gob.mx/bienestar/es/articulos/conoce-todo-sobre-prospera" target="_blank" rel="noopener">https://www.gob.mx/bienestar/es/articulos/conoce-todo-sobre-prospera</a>
<a href="#_ftnref2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn2">[2]</a> ENIGH 2024.
<a href="#_ftnref3" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn3">[3]</a> Informe de Movilidad Social 2025, CEEY.
<a href="#_ftnref4" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn4">[4]</a> Bertrand, M.; Goldin, C.; Katz, L.
Dynamics of the Gender Gap for Young Professionals in the Financial and Corporate Sectors. American Economic Journal: Applied Economics 2010, 2 (3), 228-255.
<a href="#_ftnref5" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn5">[5]</a> <a href="https://www.ilo.org/es/resource/news/avanzando-hacia-la-igualdad-el-rol-del-cuidado-en-el-mercado-laboral-de" target="_blank" rel="noopener">https://www.ilo.org/es/resource/news/avanzando-hacia-la-igualdad-el-rol-del-cuidado-en-el-mercado-laboral-de</a>

¿Las mujeres invierten menos que los hombres? Mitos y realidades

Puede parecer exagerado el título, pero solo lo será para quienes no están prestando atención a la continua —y cada vez más acelerada— erosión de los Estados constitucionales en la región, impulsada por el populismo punitivo. En la cúspide formal de esos Estados se encuentran los derechos humanos, instituidos en las normas supremas como garantías fundamentales. Hoy, ese pináculo se debilita.
¿Qué es el populismo punitivo? Se trata de una política criminal que manipula el temor social frente a las violencias y el delito, utilizándolo como palanca para expandir los poderes penales de persecución y encarcelamiento, y como instrumento de rentabilidad electoral. Esta definición la formulo tras escuchar a personas especialistas de siete países (México, España, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina y Perú), en conversación con el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX, en la serie de podcast “El populismo punitivo en mi país” (<a href="https://open.spotify.com/show/5Q1uZ8j2ye0yMCeWsjt09h?si=28cfbbc6fdd04c43" target="_blank" rel="noopener">https://open.spotify.com/show/5Q1uZ8j2ye0yMCeWsjt09h?si=28cfbbc6fdd04c43</a>).
Hemos caído en una trampa monumental, y no parece que vayamos a salir de ella pronto. La trampa es un círculo vicioso: las violencias y la delincuencia alimentan el miedo; el miedo respalda la inflación penal; la inflación penal no resuelve la crisis y, por el contrario, la prolonga y profundiza; y ese agravamiento vuelve a justificar más expansión punitiva. La crisis se reproduce a sí misma. La trampa es casi perfecta.
Lo es porque las mismas personas que no ven llegar la seguridad, la justicia y la paz —movidas por la desesperanza y privadas de una reflexión crítica— aplauden la medicina que las daña, por paradójico que resulte. Pero el problema se agrava: no enfrentamos la misma crisis de antes. En la mayoría de los países, las violencias y la delincuencia se multiplican; en otros, aun sin un deterioro evidente de los indicadores, la inflación penal avanza de todos modos y ella misma siembra más violencias, comenzando por las del Estado mismo. ¿Cómo se explica?
Desde México se advierte: el miedo se convirtió en estrategia política. Llevamos años con gobiernos que prometen imponer orden y acabar con la impunidad, pero nada funciona porque se trata de una ilusión. En El Salvador, tras cuatro años bajo régimen de excepción, los delitos de las pandillas han sido sustituidos por delitos de Estado, y la democracia se ha erosionado gravemente. En España, relatan que la clase política parece haberse quedado sin imaginación: ante cada conflicto se proponen penas más severas y encarcelamientos más prolongados, tanto desde la izquierda como desde la derecha, desplazando el eje desde la rehabilitación hacia la inhabilitación permanente de quien es etiquetado como delincuente.
En Estados Unidos, el populismo punitivo opera “con esteroides”, y la pregunta que surge es quién y cuándo podrá contener a Trump. En Perú, especialistas advierten que, si esta lógica se consolida, el país seguirá contando muertos, mientras el homicidio, el sicariato y la extorsión crecen de manera alarmante. En Chile —uno de los países con mayor percepción de inseguridad en el mundo, pese a niveles comparativamente más bajos de victimización— el miedo desbordado revela una disociación en parte alimentada por el discurso punitivo. En Argentina, el temor se traduce en la creación constante de nuevas figuras penales que, implementadas mediante políticas ineficaces, terminan generando más violencias y delitos. En Colombia, la inflación penal ha contribuido a una crisis humanitaria en el sistema penitenciario, con prisiones que superan el 200% de hacinamiento, sostenida por lo que allí denominan un “sentido común punitivo”.
La región se aleja así del Estado constitucional de derechos no por un golpe abrupto, sino por una deriva paulatina: el miedo como motor, la expansión penal como respuesta automática y la erosión de derechos como costo asumido. El problema no es solo jurídico; es político, cultural y democrático. Y, mientras no rompamos el círculo, la trampa seguirá funcionando.
Seamos más claros respecto a la potencia del daño a través de la rentabilidad política y electoral del temor. Trump lo enseña muy bien, etiquetando enemigos e inflando poderes de persecución, catálogo de delitos y aplicación de castigos -incluyendo ejecuciones-, mientras Estados Unidos acaba de registrar en 2025 la tasa más baja de homicidios en los últimos 125 años: 4 por cada 100 mil habitantes, según nos explicaron grabando el caso Argentina.
Lo dicho, el temor al delito y las violencias viene aniquilando el Estado constitucional de derechos.

El temor al delito y las violencias viene aniquilando el Estado constitucional de derechos

El 15 de febrero, desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de estímulos fiscales que podría cambiar el rumbo del cine mexicano. Tras el anuncio de un nuevo estímulo fiscal para la producción cinematográfica y audiovisual, el instrumento fue publicado al día siguiente en el <a href="https://dof.gob.mx/index_111.php?year=2026&amp;month=02&amp;day=16#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">Diario Oficial de la Federación</a>. La iniciativa busca convertir la inversión en motor de una industria que ha oscilado entre el esplendor y la precariedad a lo largo de su historia.
Para dimensionar el momento conviene mirar atrás. Durante la llamada Época de Oro del cine mexicano, entre las décadas de 1930 y 1950, el país no solo produjo películas exitosas, sino que consolidó estudios, formó técnicos, creó estrellas y desarrolló una identidad cultural con capacidad de exportación. Figuras como María Félix o Pedro Infante no surgieron de la nada, fueron parte de una estructura industrial que generaba empleo continuo, especialización y públicos masivos. Décadas después, en los años noventa, el llamado Nuevo Cine Mexicano reactivó la creatividad y devolvió visibilidad internacional al país gracias a nuevas narrativas y direcciones que luego conquistarían festivales y premios globales –películas como Como agua para chocolate (1992), Sexo, Pudor y Lágrimas (1999) o Amores Perros (2000) marcaron un antes y después–. Sin embargo, ese renacimiento resultó desigual y dependió en buena medida de apoyos públicos intermitentes y de coyunturas económicas frágiles.
El nuevo estímulo fiscal se inscribe en esa tensión histórica entre talento y estructura. La medida concede un crédito fiscal de hasta 30% del gasto realizado en México para proyectos que cumplan con ciertos requisitos. Como medida de control presupuestario, el decreto establece un límite de 40 millones de pesos por producción y por sujeto beneficiado, así como un tope global de 400 millones para distribuirse cada año hasta el 2030. No se trata de una política cultural tradicional, se trata de una herramienta de política industrial. 
Uno de sus elementos más innovadores reside en la posibilidad de transferir el crédito fiscal. Esto permite que una productora que no tenga suficientes recursos pueda ceder el beneficio a otro contribuyente y obtener liquidez inmediata. En una industria donde los flujos de efectivo suelen ser inestables y la recuperación de inversión puede tardar años, esta flexibilidad podría marcar la diferencia entre concretar o cancelar un proyecto.
Pero el estímulo no se limita a atraer capital. El decreto establece que al menos 70% del gasto se quede en México, pagando proveeduría, personas creativas y técnicos y técnicas locales. El propósito no es solo que se filme aquí, sino que la industria nacional crezca, se generen empleos especializados y el talento mexicano gane una experiencia que perdure mucho después de que terminen los rodajes.
No obstante, el diseño del estímulo también genera dudas sobre su alcance y beneficio real para la industria nacional.  Los montos mínimos de gasto, que van de 20 a 40 millones de pesos según el tipo de producción, dejan fuera en la práctica al cine comunitario, experimental o regional que opera con presupuestos más modestos. Para que este estímulo alcance a las productoras emergentes, éstas tendrían que encontrar la forma de integrarse como proveedoras de las grandes casas productoras nacionales y extranjeras, y al mismo tiempo competir en condiciones desiguales contra las plataformas de streaming, quienes podrán adquirir el crédito fiscal. Si los lineamientos que emitirá el Comité Técnico a más tardar el 31 de marzo no incluyen mecanismos para priorizar la proveeduría nacional, el estímulo podría concentrarse en las grandes empresas y profundizar las asimetrías del sector.   
El estímulo favorece particularmente los servicios de producción y postproducción, lo cual puede fortalecer capacidades técnicas y atraer inversión extranjera. Pero eso no garantiza por sí mismo mejores condiciones laborales, derechos efectivos ni mayor diversidad cultural en los contenidos. Tampoco hay claridad sobre el impacto que tendrá en la identidad narrativa del país, ya que promover la inversión no es lo mismo que fortalecer al cine nacional desde nuestra diversidad. 
Aquí aparece un elemento que suele pasar desapercibido en la discusión fiscal, el de la profesionalización. Si México aspira a consolidar una industria capaz de competir de manera sostenida, como lo ha hecho Hollywood durante décadas, no basta con atraer rodajes o generar incentivos temporales. Se requiere construir carreras, y eso implica formación técnica continua, sindicatos y asociaciones sólidas, trayectorias laborales estables para personas realizadoras de guion, fotografía, diseño de producción, edición, efectos visuales y personal de producción. Esto incluye, por supuesto, a las personas trabajadoras que laboran en instituciones públicas como el IMCINE, quienes desde hace mucho tiempo exigen mejores condiciones laborales.
La Época de Oro funcionó porque había estudios que producían de manera constante y permitían al gremio desarrollarse profesionalmente, como fue el caso de los <a href="https://www.gob.mx/cultura/articulos/la-fabrica-de-cine?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">Estudios Churubusco</a>. El Nuevo Cine Mexicano prosperó cuando se combinaron escuelas de formación, fondos públicos y una generación dispuesta a experimentar. Hoy el desafío consiste en articular los estímulos fiscales con políticas educativas y laborales que aseguren continuidad. Sin una estrategia de profesionalización, el incentivo puede generar picos de producción sin consolidar trayectorias.
El decreto abre, sin duda, una ventana relevante, pues reconoce al sector audiovisual no solo como expresión cultural, sino como un sector estratégico para el país. Sumado a la iniciativa de Ley Federal de Cine y Audiovisual — que ampliará la exhibición de películas mexicanas en salas de cine —, el estímulo fiscal podría dar un impulso significativo a la industria nacional. Sin embargo, mucho de ello dependerá de los detalles que sean definidos por el Comité Técnico integrado por la Secretaría de Hacienda, el IMCINE y Cultura. 
El debate sobre este estímulo fiscal permanece abierto. Si las condiciones se alinean favorablemente, el estímulo podría actuar como catalizador para que México incremente su atractivo ante producciones extranjeras, fortalezca sus empresas técnicas y consolide un mercado interno más robusto. Pero si la implementación resulta deficiente, podría operar como un instrumento que dirija las ventajas hacia las grandes casas productoras y plataformas de streaming, mientras que otras manifestaciones cinematográficas mantendrían su lucha por acceder a recursos y audiencias. 
La historia del cine mexicano demuestra que el talento existe y que los momentos de auge son posibles cuando convergen los factores adecuados. Lo que está en juego ahora no es únicamente la capacidad para atraer inversión, también la posibilidad de construir una industria sostenible y plural. Si el estímulo logra convertirse en cimiento y no en episodio aislado, México podría escribir un nuevo capítulo de larga duración. De lo contrario, el guion no habrá cambiado demasiado.
*  Iván y Paulina son parte del equipo de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

Un decreto para cambiar el guion del cine mexicano

La iniciativa de reforma electoral enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum introduce, por primera vez a ese nivel, una puerta constitucional para que la conversación electoral en el espacio digital pueda ser contenida antes de circular (no solo sancionada después), trasladando a las plataformas —y a la ley secundaria— la operación de decidir qué se etiqueta y qué se “evita difundir”. O sea que los grandes censores serán las plataformas, para evitar que se le reclame al gobierno la censura que se ejercerá; pero además, por lo mismo, no habrá un estándar reconocible, sino que tendrá que ajustarse a lo que cada “plataforma” considere que es censurable.
La ley tiene un problema de origen, –que parece menor–, pero no lo es; cuando menciona que todo contenido deberá ser “etiquetado”, nunca define a qué se refiere con esto.
Esto pone en riesgo la libertad de información, que implica que la ciudadanía reciba y comparta información política sin bloqueos preventivos. Pone en riesgo la libertad de expresión que conlleva el que actores políticos y sociales, periodistas y ciudadanía publiquen sin miedo a que el contenido sea bajado “por si acaso”.
La iniciativa pone en peligro la calidad de la deliberación democrática, si se normaliza “evitar la difusión”, porque esto empobrece el debate público y se incentiva la autocensura.
De acuerdo con el artículo 41, Base III, Apartado C (párrafo adicionado), la reforma pretende que, durante los procesos electorales, todo contenido alterado o modificado con inteligencia artificial sea etiquetado por quien lo emite y que, si ese etiquetado no existe, las plataformas digitales (y también concesionarios de radio y televisión) queden obligadas a identificarlo, advertirlo y “evitar su difusión”, dejando a la ley secundaria la definición de responsabilidades, medidas y sanciones aplicables.
El riesgo es que, al ordenar “evitar la difusión” de contenido no etiquetado sin definir en la Constitución quién determina que fue alterado con IA, con qué evidencia (estándar probatorio), bajo qué procedimiento y con qué recursos inmediatos, se abre la puerta a decisiones discrecionales o automatizadas de plataformas (o de autoridades, según la ley secundaria) que incentiven el sobrecumplimiento (bajar de más “por si acaso”) y produzcan un efecto inhibitorio sobre la libertad de información y expresión; además, en campañas el daño puede ser irreversible porque aunque después intervenga el Tribunal, la contienda ya habrá sido impactada por la restricción temporal de circulación de información.
<h2>No es censura, es regulación</h2>
El debate sobre la reforma electoral estuvo semanas atrapado en una consigna: “no es censura, es regulación”.  Mientras no había iniciativa, el conflicto era sobre todo discursivo. Hoy, con el texto en la mesa, ya es posible identificar un punto normativo específico que toca directamente el ecosistema de la libertad de información: la regulación de contenidos alterados por inteligencia artificial en procesos electorales y, sobre todo, el mandato de “evitar la difusión” de materiales “no etiquetados”.
<h2>1) Lo que sí ordena la iniciativa: etiquetado y deber de contención</h2>
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De acuerdo con el artículo 41, Base III, Apartado C, en un párrafo adicionado (en el cuadro comparativo aparece “Sin correlativo”), la iniciativa establece primero una obligación para quien emite el contenido:
“Todo contenido relacionado con los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley.”
Hasta aquí el objetivo suena razonable: informar al público cuándo un contenido ha sido intervenido tecnológicamente.
Sin embargo, el mismo párrafo adicionado desplaza la carga también a intermediarios —y ahí está el giro sensible para la libertad de información—, porque señala que: “Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado.”
Y remata con una remisión abierta a la legislación secundaria: “La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables.”
Este triple movimiento (etiquetar–evitar difusión–sanciones por definirse) es el núcleo del nuevo poder sobre la información en campañas.
<h2>2) La laguna central: “evitar la difusión” sin estándar probatorio ni procedimiento</h2>
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El problema democrático no está en el etiquetado en sí, sino en la combinación entre:
Un mandato constitucional de resultado (“evitar la difusión”), y la ausencia, en el propio texto constitucional, de reglas sobre cómo se decide y con qué evidencia se activa esa contención.
De acuerdo con el propio artículo 41 citado, el diseño procesal no se define ahí: se difiere a “la ley” en forma de “responsabilidades, medidas y sanciones”.
Eso abre una pregunta jurídica inevitable: ¿cuál será el estándar probatorio?
Es decir: ¿qué prueba bastará para afirmar que un contenido fue “modificado o alterado” por IA?, ¿quién lo acreditará?, ¿habrá peritaje técnico?, ¿se permitirá defensa previa o solo posterior?, ¿en qué plazos?, ¿con qué recurso?
Mientras no exista ese estándar, la puerta que se abre es la discrecionalidad: decisiones rápidas, poco transparentes o inconsistentes —tomadas por plataformas o por autoridades, según cómo se diseñe la secundaria— con efectos directos sobre la circulación de información.
<h2>3) Primer riesgo: Censura práctica por sobrecumplimiento de plataformas</h2>
De acuerdo con el artículo 41 citado, las plataformas quedan como “responsables” de “identificar” y “evitar la difusión” de contenido no etiquetado.
Cuando un sistema normativo impone responsabilidades y prevé sanciones futuras (a definir), el comportamiento más probable de las plataformas es el sobrecumplimiento: bajar o limitar más contenido del estrictamente necesario para evitar castigos. Esto no siempre se presenta como censura en términos formales, pero produce un efecto similar: enfría la conversación pública (chilling effect) y reduce la diversidad informativa, especialmente en coyunturas sensibles.
El punto fino es que la obligación no dice “advertir” solamente; dice también “evitar la difusión”.  Esa expresión, sin reglas claras, incentiva medidas preventivas amplias.
<h2>4) Segundo riesgo: arbitrariedad por definiciones amplias (“alterado”, “modificado”, “etiquetado”)</h2>
De acuerdo con el párrafo adicionado del artículo 41, el universo regulado es “todo contenido” electoral que sea “modificado o alterado” por IA.
Pero el texto constitucional no define qué cuenta como “alteración”.
Si en estas alteraciones se incluyen ajustes menores (mejoras de audio/imagen), si distingue entre parodia, sátira, edición periodística y manipulación engañosa, ni qué significa “etiquetado” suficiente.
Sin definiciones acotadas, la aplicación puede volverse errática: lo que una plataforma considere “alterado”, otra puede no considerarlo; y lo que hoy se etiqueta, mañana podría exigirse bajarlo. Esa incertidumbre se traduce en riesgos para la libertad de información: la regla no solo regula conductas, regula incentivos.
<h2>5) Tercer riesgo: daño irreparable por la temporalidad electoral</h2>
 En elecciones, el tiempo es poder. Si la regla operativa termina siendo “primero se evita la difusión y luego se revisa”, el daño puede ser irreversible, aunque intervenga una autoridad jurisdiccional después.
Este riesgo se deriva directamente del mandato de “evitar la difusión” impuesto a plataformas y concesionarios en el artículo 41 adicionado.  Si un contenido se limita en un momento crítico —debate, crisis, cierre—, aunque luego se restituya, la conversación pública ya cambió. La circulación perdida no se recupera en el mismo contexto.
Por eso, el dilema no es solo “regular IA”, sino cómo regularla sin instalar un mecanismo de contención preventiva con efectos irreparables.
<h2>6) Contexto útil: la iniciativa ya incorpora “plataformas” como categoría de restricción en otros rubros</h2>
De acuerdo con el artículo 35, fracción VIII, numeral 4° (consultas populares), la iniciativa incluye expresamente “plataformas” en una restricción de propaganda:
“No se podrá contratar propaganda en radio, televisión y otros medios o plataformas de difusión masiva en las consultas populares.”
Este antecedente dentro del mismo paquete muestra una tendencia: incorporar a “plataformas” como objeto directo de obligaciones y límites. No es en sí mismo censura, pero sí confirma que el diseño normativo está ampliando el radio de regulación hacia el ecosistema digital.
¿Quién va a marcar qué es lo censurable?, ¿las plataformas o el gobierno?
<h2>7) Qué debería exigirse a la ley secundaria para proteger libertades</h2>
Si el objetivo es evitar manipulación sin afectar libertades, la secundaria debería fijar, como mínimo: definiciones acotadas de “alteración” relevante (no todo uso de IA), estándar probatorio explícito (qué evidencia, quién la valida, peritaje independiente), gradualidad de medidas (advertir/etiquetar antes que bajar, salvo supuestos extremos), debido proceso rápido (notificación y defensa efectiva, aunque sea posterior inmediata), control jurisdiccional expedito, precisamente por el riesgo de daño irreparable.
La inteligencia artificial ya forma parte del repertorio electoral. Ignorarla sería irresponsable. Pero de acuerdo con el artículo 41, Base III, Apartado C en su párrafo adicionado, la iniciativa no se queda en transparencia: impone a plataformas el deber de “identificar” y “evitar la difusión” de contenido no etiquetado, dejando a la ley secundaria medidas y sanciones.
La diferencia entre regulación y censura no está solo en el discurso: está en el diseño institucional. Y, en elecciones, está también en el tiempo. Porque si se “evita la difusión” sin estándares y sin garantías, incluso una corrección posterior puede llegar tarde. El daño ya habrá sido hecho.
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Censura práctica o regulación: el punto ciego de la reforma electoral sobre IA

Nací en la Ciudad de México y estudié en escuelas privadas hasta que decidí cursar la licenciatura en la UNAM. En el salón compartí espacio con compañeros y compañeras de distintos estados del país, muchas mujeres, y varias de ellas eran las primeras en su familia en llegar a la universidad. Durante cuatro años compartimos lecturas, fiestas, desvelos y esa pregunta insistente que aparece hacia el final de la carrera: ¿y ahora qué sigue?, pensando que estábamos parados en el mismo punto de partida, pero sin estarlo.
Cuando finalmente terminamos los créditos, el horizonte compartido comenzó a fragmentarse. Yo tardé un año y medio en finalizar el servicio social y escribir mi tesis, mientras tramitaba en paralelo mi ingreso a una maestría en el extranjero. Fueron meses de reunir decenas de documentos, pedir cartas de recomendación, llenar formularios y solicitar becas. Durante ese tiempo tuve respaldo económico y emocional de mi familia, hasta que recibí la carta de aceptación y comencé la maestría en septiembre del año pasado. Hasta la fecha, somos pocas las personas de mi generación que nos hemos titulado, y ciertamente no se debe a falta de talento. La universidad pública puede ampliar el acceso, pero no neutraliza las desigualdades que condicionan quién logra sostenerse hasta el final.
Esa intuición encuentra sustento en los datos más recientes. El informe Education at a Glance 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirma algo que en México se vive cotidianamente: el problema educativo no es únicamente de acceso, sino de trayectoria. No basta con entrar; importa quién logra permanecer, concluir y capitalizar ese recorrido.
Es por esto que, cuando hablamos de Desigualdad (educativa, en este caso), existen dos niveles por medio de los cuales opera:
<ol>
<li>Las oportunidades: quién logra llegar a cada peldaño del sistema.</li>
<li>Los resultados: qué calidad tiene lo que se recibe y qué tan efectivamente se traduce en estabilidad laboral, ingresos y movilidad social.</li>
</ol>
Por ejemplo, en 2023 las mujeres representaron más de la mitad (53%) de los nuevos ingresos a la educación superior en México. Las oportunidades, en ese sentido, parecen haberse ampliado. Sin embargo, esa mayor presencia en las aulas no se traduce automáticamente en igualdad de resultados, pues en el mercado laboral persiste una brecha salarial del 20% <a href="https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/mexico-labor-inequalities-between-men-and-women-in-mexico/" target="_blank" rel="noopener">(es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 80 pesos)</a>.
Ahora bien, si el desenlace muestra asimetrías, el punto de partida es todavía más restrictivo: la desigualdad educativa no comienza en la universidad, se instala mucho antes. En México, <a href="https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1a3543e2-en/mexico_3b36a6f6-en.html" target="_blank" rel="noopener">cuatro de cada diez jóvenes de 25 a 34 años no han concluido la preparatoria</a>. Aunque la cifra ha mejorado respecto a años previos, continúa siendo estructuralmente alarmante, pues la educación media superior funciona como un umbral decisivo en nuestro país: quien no lo cruza enfrenta mayores probabilidades de insertarse en el empleo informal, con ingresos bajos y trayectorias laborales inestables.
Ahora bien, incluso entre quienes logran ingresar a la universidad, el recorrido es incierto. En México, <a href="https://publications.iadb.org/publications/english/document/CIMA-Brief-31-How-have-Access-and-Completion-in-Post-Secondary-Education-Evolved-in-Latin-America-over-the-Past-Decades.pdf" target="_blank" rel="noopener">menos del 14% de quienes acceden a la educación superior concluyen con un título</a>, a diferencia del promedio del resto de los países de la OCDE (70%), revelando que, en nuestro contexto, el acceso no equivale a permanencia y mucho menos a conclusión. La universidad no es solo una puerta de entrada; es un trayecto que exige condiciones materiales y simbólicas para sostenerse.
En este sentido, el origen familiar adquiere un peso determinante. Los datos muestran que cuando los padres del estudiante no completaron la preparatoria, las probabilidades de que este obtenga un título universitario disminuyen drásticamente. En promedio, solo 26% lo logra. En contraste, cuando al menos uno de los padres cuenta con educación superior, esa proporción asciende a 70%. Es decir, no se trata únicamente de ingresos, sino también de capital cultural, redes de apoyo, información sobre cómo navegar el sistema educativo y la posibilidad de dedicar tiempo al estudio sin la presión inmediata de generar ingresos.
A esta transmisión intergeneracional se suma una dimensión estrictamente política: la inversión pública. Entre 2015 y 2022, el gasto por estudiante en México disminuyó, y la proporción del presupuesto público destinada a educación también se redujo (del 15.8% a 13.2%). En un sistema caracterizado por profundas brechas, una reducción en el financiamiento es verdaderamente trágico, pues se traduce en menos recursos para acompañamiento académico, infraestructura, apoyos económicos y demás mecanismos de retención estudiantil.
Si se consideran en conjunto estos elementos —la exclusión temprana en la preparatoria, la baja eficiencia terminal en la universidad, el peso del origen familiar y la reducción en la inversión pública— emerge un patrón coherente: la educación en México ofrece acceso, pero no garantiza trayectoria ni resultados equivalentes. Funciona como una promesa de movilidad que se cumple de manera selectiva.
Por ello, el debate no debería limitarse a cuántos logran ingresar al sistema, sino a qué condiciones hacen posible que quienes entran puedan permanecer y concluir. Mientras el nivel educativo de los padres continúe siendo uno de los mejores predictores del destino académico de sus hijos, y mientras la probabilidad de titularse dependa en gran medida de los recursos disponibles fuera del aula, la educación no estará rompiendo el vínculo entre origen y destino. Estará, más bien, administrándolo.
<h2>Qué se puede hacer</h2>
Cuando la desigualdad se concentra en el acceso, la política pública debe intervenir en el acceso; cuando se manifiesta en la permanencia, la respuesta debe orientarse a sostener las trayectorias. En términos generales, las estrategias para hacerlo suelen agruparse en dos grandes tipos:
<ol>
<li>Cuotas o metas de admisión (Muchas veces conocido como Ley de Cuotas, en las que el Estado interviene para reconfigurar quién llega a las aulas).</li>
<li>Apoyos focalizados (económicos, de infraestructura o de vivienda).</li>
</ol>
En este marco, la discusión en México se puede concentrar en cuatro frentes que no necesariamente implican inventar nuevos programas, sino replantear cómo operan —y para quién— los existentes.
Primero, financiamiento verdaderamente progresivo y transparente. El problema no es solo que el presupuesto educativo sea insuficiente, sino que su distribución suele beneficiar a instituciones con mayor capacidad de gestión. Si las escuelas con mayores tasas de deserción reciben proporcionalmente menos recursos o apoyos inestables, el sistema reproduce las brechas que dice combatir. Priorizar a quienes más lo necesitan es una condición mínima para que el gasto público tenga sentido redistributivo.
Segundo, becas diseñadas para sostener trayectorias completas. Muchos apoyos funcionan como incentivo de entrada, pero con frecuencia la deserción ocurre a mitad del camino. Cuando el costo del transporte, los materiales, la alimentación o la conectividad se vuelve insostenible, el abandono no es una decisión académica, sino económica.
Tercero, mecanismos de admisión que reconozcan el contexto. En la práctica, ningún sistema es neutral. Las universidades públicas ya operan con reglas que favorecen ciertas trayectorias escolares sobre otras. Incorporar criterios que consideren el entorno socioeconómico o el tipo de escuela de procedencia no implica “bajar estándares”, sino reconocer que el desempeño académico está condicionado por oportunidades previas desiguales. Si el punto de partida no es el mismo, tratar a todos como si lo fuera solo consolida ventajas.
Y por último, inversión sostenida en educación inicial. La evidencia es consistente: las brechas se abren temprano y se amplían con el tiempo. Corregir desigualdades a los 18 años es mucho más costoso y menos efectivo que prevenirlas desde los primeros años. Universalizar servicios de calidad en la primera infancia no es un gasto apresurado, sino una política estructural de movilidad social.
Al final, la discusión no es solamente técnica, sino también política. Si México quiere hablar en serio de movilidad social, debe romper el vínculo entre origen y destino educativo. La diferencia entre titularse o abandonar, entre aspirar a un posgrado o quedarse a mitad del camino, rara vez es solo una competencia de talento. Es, sobre todo, una competencia de condiciones. La educación puede ser una escalera, pero mientras 4 de cada 10 jóvenes no logren terminar la preparatoria, y 8 de cada 10 jóvenes que entran a la universidad no consigan titularse, seguirá funcionando más como filtro que como puente.
<h2>Referencias </h2>
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025, September 9). Education at a Glance 2025: Mexico. OECD Publishing. <a href="https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1a3543e2-en/mexico_3b36a6f6-en.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1a3543e2-en/mexico_3b36a6f6-en.html</a>
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Education at a Glance 2025: OECD Indicators. OECD Publishing. <a href="https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1c0d9c79-en/full-report.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1c0d9c79-en/full-report.html</a>
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La escalera rota: por qué estudiar en México sigue siendo un privilegio

Los protocolos para la prevención y atención de las violencias en los espacios laborales, forman parte de las acciones indispensables de inclusión laboral, además son herramientas necesarias que presentan un marco normativo fundamental; cuando están construidos sobre los tres niveles de prevención (primaria: prevenir, secundaria: atender y terciaria: no repetir) son de gran ayuda a los espacios laborales para prevenir y atender casos de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación, sin embargo, no abarcan en su totalidad la resolución de conflictos que se presentan en la vida cotidiana de las organizaciones.
Es importante recordar que los conflictos no comienzan como denuncias formales, sino que se instalan poco a poco a través de fallas en la comunicación, tensiones sostenidas en el tiempo o liderazgos deficientes (Ureta, 2026). Además, es necesario desestigmatizar el conflicto y saber que no existen relaciones personales sin este y que pueden ser una buena oportunidad para la búsqueda de soluciones creativas.
El “problema” no es conflicto, es la escalada, la cual puede llevar a daños profundos en las relaciones entre las personas, afectaciones a la salud mental, violencias y discriminación, así como crear espacios laborales hostiles; por ello la relevancia de no ignorar las señales tempranas. Es fundamental saber cómo gestionarlo y qué hacer para que el conflicto no nos paralice. El conflicto mal gestionado puede generar estrés, disminuir la motivación y afectar la productividad. En cambio, cuando se aborda de manera adecuada, fortalece la cohesión del equipo, mejora la capacidad de resolución de problemas y se abre el diálogo.
La gestión de conflictos es una habilidad indispensable en los equipos directivos, ya que de ella depende mantener un buen clima laboral y, en consecuencia, el progreso de la empresa (UNIR, 2023). Existen diversas estrategias para hacerlo: círculos de diálogo, actividades de integración, espacios de escucha activa y prácticas de comunicación honesta. Estas herramientas ayudan a que las personas se sientan escuchadas y a que los equipos encuentren soluciones colectivas.
Desde 2019 en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) hemos llevado a cabo trabajo importante para empujar acciones de prevención y atención a la discriminación, acoso y hostigamiento sexual; en ese mismo año, se presenta una reforma importante a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132 y se introduce la obligación de que los centros de trabajo cuenten con medidas para prevenir y atender casos de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento sexual. Uno de los retos fue que muchos protocolos se diseñaron desde una lógica punitiva: desvincular a las personas agresoras sin procesos de conciliación, culpar a las víctimas o dejar espacios hostiles sin medidas de no repetición.
Posteriormente, en marzo de 2022, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puso a disposición un Modelo de Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral, que sirve como guía para que las empresas cumplan con esta obligación, que el mayor reto era su perspectiva punitiva, que replicaba las malas prácticas de las empresas, además, proponía la necesidad de protocolos, aunque algunas empresas no tuvieran la capacidad para contar con uno y lo más acertado sería contar con algún otro mecanismo. En ese año desde el COPRED se trabajaron los lineamientos generales para la creación e implementación de mecanismos y protocolos para la atención de estos casos (COPRED, 2023). Este documento proponía una perspectiva desde la justicia restaurativa y reparadora, participativa y de persona testiga proactiva, que suponía que todas las personas podían intervenir para detener las situaciones de violencia.
Sin embargo, para fortalecer la acción y alcance de los protocolos, también es necesario que los espacios laborales cuenten con mecanismos para la detección y atención oportuna del conflicto, con la intención de que estos no escalen y lleguen a discriminación o violencias. La literatura especializada enfatiza que la clave no está en evitar los conflictos, sino en gestionarlos de manera constructiva. Una empresa que apuesta por una gestión eficiente no solo evita problemas mayores, sino que también fortalece la comunicación, aumenta la productividad y crea un ambiente de trabajo más saludable.
La gestión del conflicto no debe entenderse como una acción aislada, sino como parte de la cultura organizacional. Las empresas que promueven un ambiente de confianza y colaboración logran que los desacuerdos se conviertan en oportunidades de innovación. Esto implica que la prevención y el abordaje temprano de los conflictos se integren en las prácticas cotidianas de liderazgo y gestión de talento (Losada &amp; Briz, 2024).
El proceso ha sido un gran aprendizaje que nos ha llevado a la reflexión de que la importancia de la gestión del conflicto en los espacios laborales radica en que no se trata únicamente de activar protocolos frente a situaciones graves de violencia o acoso, sino de desarrollar habilidades humanas y organizacionales que permitan transformar las tensiones en oportunidades.
Una empresa que apuesta por la gestión integral del conflicto protege su productividad y construye un entorno más justo, equitativo y resiliente. En última instancia, gestionar conflictos es gestionar relaciones, y hacerlo bien es la base de un clima laboral sano, inclusivo y libre de discriminación.
Maricela Hernández Martínez es asesora en la Secretaría Técnica del Copred y responsable de vinculación con el sector privado.
FUENTES:
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<li>Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). (2023). Lineamientos generales para la creación e implementación de mecanismos de atención a casos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Ciudad de México: COPRED. Disponible en: <a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/20230724_%20Lineamientos%20generales%20DHAS.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/20230724_%20Lineamientos%20generales%20DHAS.pdf</a></li>
<li>Losada Crespo, B., &amp; Briz Clariget, M. J. (2024). La gestión de conflictos laborales. Habilidades necesarias para el trabajo como mediador laboral. Revista de Derecho, (29), e3694. Universidad Católica del Uruguay. Disponible en: <a href="https://doi.org/10.22235/rd29.3694" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.22235/rd29.3694</a></li>
<li>Ureta, M. (2026, febrero 17). Más allá de la Ley Karin: por qué las empresas necesitan protocolos de gestión temprana de conflictos. LinkedIn. <a href="https://www.linkedin.com/pulse/m%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-ley-karin-por-qu%C3%A9-las-empresas-gesti%C3%B3n-ureta-f--jliwf/" target="_blank" rel="noopener">https://www.linkedin.com/pulse/m%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-ley-karin-por-qu%C3%A9-las-empresas-gesti%C3%B3n-ureta-f&#8211;jliwf/ </a></li>
<li>UNIR Revista. (2023, noviembre 20). La importancia de la correcta gestión de conflictos laborales. Universidad Internacional de La Rioja. Disponible en: <a href="https://www.unir.net/revista/derecho/gestion-conflictos-laborales/" target="_blank" rel="noopener">https://www.unir.net/revista/derecho/gestion-conflictos-laborales/</a></li>
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De los protocolos a los círculos de diálogo: Gestión de conflictos para la prevención de la discriminación en el ámbito laboral

Gestión de conflictos para la prevención de la discriminación en el ámbito laboral

Tras la muerte de Jameneí, Irán <a href="https://gulfnews.com/world/mena/mosaic-defence-doctrine-iran-studied-us-wars-for-20-years-says-abbas-araghchi-what-it-means-1.500460676" target="_blank" rel="noopener">implementó su doctrina</a> conocida como “defensa en mosaico descentralizada” (Decentralised Mosaic Defence), un concepto desarrollado por la Guardia Revolucionaria que consiste en dispersar sus estructuras de mando, sistemas de armas y unidades operativas a lo largo de múltiples nodos geográficos y organizacionales. En la práctica, este modelo reduce la dependencia de un centro único de decisión y otorga mayor autonomía a comandos regionales para ejecutar operaciones de forma independiente. El resultado es un entorno operativo más fragmentado y menos predecible, en el que pueden producirse acciones que no necesariamente reflejan los intereses estratégicos de Teherán, como sería el caso de los bombardeos contra Omán o los ataques contra infraestructura civil o energética en diversos países del Golfo.
Este re-equilibrio interno podría traducirse en una expansión acelerada de las capacidades militares del país. En ese escenario, no puede descartarse una postura más ambiciosa respecto al futuro del programa nuclear, particularmente si desaparecen los contrapesos políticos más moderados que anteriormente habían limitado su desarrollo, sobre todo si se considera que <a href="https://www.iranintl.com/en/202501217015" target="_blank" rel="noopener">Jameneí era el principal freno</a> al interior del régimen que limitaba su avance debido a sus posturas abiertamente anti-nucleares.
Más allá del eventual interés en debilitar al régimen iraní, los objetivos estratégicos inmediatos de Estados Unidos e Israel se han concentrado en degradar las principales capacidades de defensa y proyección ofensiva de Teherán: su programa nuclear, el desarrollo de misiles balísticos y drones de largo alcance, y su capacidad naval en el Golfo Pérsico. Estos tres componentes constituyen los pilares de la disuasión iraní y son percibidos en Washington y Tel Aviv como la amenaza estructural más relevante para su arquitectura de seguridad regional.
Al margen de la discusión estrictamente nuclear, el programa de misiles y drones otorga a Irán la capacidad de alcanzar bases estadounidenses desplegadas en Medio Oriente y territorio israelí, mientras que su fuerza naval, particularmente a través de tácticas asimétricas, sustenta la posibilidad de cerrar o interrumpir el tránsito en el Estrecho de Hormuz y, con ello, afectar el flujo de hidrocarburos que sale del Golfo Pérsico. Esta medida es considerada como la “opción nuclear” estratégica de Teherán por su impacto potencial en la economía global.
En este contexto, el conflicto ha escalado no solo en intensidad, sino también en alcance, tanto por el número de actores involucrados como por sus efectos sobre la economía global y la seguridad regional. A nivel mundial, el principal foco de riesgo sigue siendo el Estrecho de Hormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa por vía marítima. Si bien <a href="https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-revolutionary-guards-tell-ships-passage-through-strait-hormuz-not-allowed-2026-02-28/" target="_blank" rel="noopener">la Guardia Revolucionaria ha anunciado su cierre</a> y ha amenazado e <a href="https://www.bbc.com/news/articles/c75evve6l63o" target="_blank" rel="noopener">incluso atacado</a> a los buques petroleros que transitan por el estrecho, por lo que <a href="https://www.reuters.com/world/middle-east/russia-warns-oil-choke-due-closure-strait-hormuz-2026-03-01/" target="_blank" rel="noopener">varias navieras han suspendido</a> el movimiento de sus barcos por la zona, el estrecho no ha sido bloqueado por completo, entre otras razones porque se trata de una operación militarmente compleja, pero sí se mantiene latente la posibilidad de un intento de cierre más agresivo como medida extrema por parte de Teherán.
A la par las tensiones han afectado la infraestructura energética en la región, lo que ya impactó los mercados internacionales, pues <a href="https://www.reuters.com/business/energy/oil-jumps-10-iran-conflict-could-spike-100-barrel-analysts-say-2026-03-01/" target="_blank" rel="noopener">el precio del crudo subió</a> con fuerza tras los ataques, con alzas de más de 10% ante el temor de interrupciones en el suministro y el alza de los costos de transporte. Sobre todo, tras <a href="https://www.oilandgasmiddleeast.com/news/aramco-shuts-down-ras-tanura" target="_blank" rel="noopener">el cierre temporal</a> de la refinería de Ras Tanura en Arabia Saudita tras un ataque con un drone. De igual forma el precio del gas natural licuado ya subió más de 50% debido a que Qatar <a href="https://naturalgasintel.com/news/qatar-shutters-lng-production-after-iranian-drone-attacks-hit-ras-laffan-industrial-city/" target="_blank" rel="noopener">detuvo la producción de gas</a> tras un ataque en el puerto de Ras Laffan.
Otra consecuencia global del conflicto es la posibilidad de que varios países revisen y refuercen sus capacidades de defensa. Aunque aún no existen decisiones formales ampliamente documentadas, <a href="https://worldview.stratfor.com/article/implications-irans-attacks-gulf" target="_blank" rel="noopener">se ha señalado</a> que la guerra podría acelerar esa tendencia, especialmente en los países del Golfo, cuyas vulnerabilidades estructurales en particular en infraestructura energética y estabilidad económica han quedado más expuestas. Por lo que es previsible que busquen <a href="https://worldview.stratfor.com/article/implications-irans-attacks-gulf" target="_blank" rel="noopener">incrementar su gasto militar</a>, profundizando una dinámica que <a href="https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2026/02/global-defence-spending-continues-to-grow-amid-geopolitical-uncertainty/#:~:text=Growth%20was%20somewhat%20modest%20compared,up%20from%203.5%25%20in%202022." target="_blank" rel="noopener">ya venía consolidándose</a> desde antes del conflicto. Esta reacción se explica, en parte, porque históricamente estos países han dependido del paraguas de seguridad estadounidense y hoy enfrentan una creciente <a href="https://breakingthenews.net/Article/Saudi-official-may-have-claimed-US-'abandoned-Gulf'/65773795" target="_blank" rel="noopener">percepción de incertidumbre</a> sobre ese respaldo, lo que los ha llevado a explorar <a href="https://www.usnews.com/news/world/articles/2026-03-02/italy-says-gulf-countries-have-requested-air-defence-systems#:~:text=%22The%20Gulf%20countries%20%E2%80%8Bare,threat%20%E2%80%8Bto%20Italy's%20security.&amp;text=Copyright%202026%20Thomson%20Reuters." target="_blank" rel="noopener">proveedores alternativos en Europa</a> para diversificar sus garantías de seguridad.
Cabe destacar que el conflicto se está expandiendo más allá de Irán. Tras la muerte de Jameneí, Hezbollah reactivó su ofensiva en contra de Tel Aviv y lanzó proyectiles desde Líbano hacia el norte de Israel. La respuesta israelí incluyó <a href="https://www.aljazeera.com/news/2026/3/2/israel-bombs-beirut-after-hezbollah-launches-rocket-attack" target="_blank" rel="noopener">bombardeos en territorio libanés</a>, sobre todo en Beirut, reabriendo un conflicto que pone en riesgo la ya frágil estabilidad política, económica y de seguridad del país. De esta forma, la participación de actores como Hezbollah y los ataques en el Líbano muestran que la crisis se está convirtiendo en un conflicto más amplio con la capacidad de reconfigurar las dinámicas de estabilidad y seguridad de gran parte de los países del Medio Oriente, más allá del Golfo Pérsico.
En este contexto, Washington enfrenta una clara urgencia estratégica por concluir las operaciones en el menor tiempo posible. <a href="https://www.ynetnews.com/opinions-analysis/article/hylyslbfzx" target="_blank" rel="noopener">Medios israelíes han reportado</a> que, tras el asesinato de Jameneí y la expansión de los contraataques iraníes en diversos países de la región, la Casa Blanca exploró canales de comunicación con Teherán para evaluar la posibilidad de un cese al fuego. Incluso el propio presidente Donald Trump ha declarado que la ofensiva contra Irán está planeada para durar <a href="https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-says-conflict-with-iran-could-last-four-weeks-daily-mail-reports-2026-03-01/" target="_blank" rel="noopener">unas cuatro semanas</a> o menos.
Este horizonte temporal no responde únicamente al cálculo sobre cuánto tomaría alcanzar los objetivos estratégicos planteados por Washington, sino también a <a href="https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-races-to-accomplish-iran-mission-before-munitions-run-out-c014acbc" target="_blank" rel="noopener">preocupaciones internas relacionadas con la disponibilidad de munición crítica</a>, en particular interceptores antiaéreos y misiles de precisión. Se trata de una limitación que Estados Unidos <a href="https://www.csis.org/analysis/depleting-missile-defense-interceptor-inventory" target="_blank" rel="noopener">ya arrastraba</a> desde enfrentamientos previos con Irán, en los que <a href="https://edition.cnn.com/2025/07/28/middleeast/us-thaad-missile-interceptor-shortage-intl-invs" target="_blank" rel="noopener">una porción significativa</a> de su arsenal fue empleada y cuya reposición no se ha completado plenamente, lo que condiciona la viabilidad de sostener una campaña prolongada.
El problema para los Estados Unidos es que los inventarios de misiles defensivos como los sistemas THAAD, Patriot y otros sistemas de defensa <a href="https://www.wsj.com/world/middle-east/u-s-races-to-accomplish-iran-mission-before-munitions-run-out-c014acbc?mod=WSJ_home_supertopperbottom_pos_2" target="_blank" rel="noopener">están siendo consumidos</a> a un ritmo que podría agotar sus reservas. Sobre todo, si Irán mantiene ataques de forma sostenida, mientras que <a href="https://www.ft.com/content/c2cfb9e5-9ef7-4448-a5a1-414c996d7093" target="_blank" rel="noopener">la producción actual no permite reponer</a> esas reservas con la rapidez necesaria. Teherán es consciente de esto y por ello <a href="https://www.ft.com/content/f2eae858-a5a4-4c49-9526-e1757a2d55e2?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">busca desgastar</a> con <a href="https://www.nytimes.com/2026/03/01/world/middleeast/iran-fires-drones.html" target="_blank" rel="noopener">drones relativamente baratos</a> las reservas estratégicas de los sistemas antiaéreos israelíes y estadounidenses. Esta restricción logística ha sido señalada internamente por <a href="https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/02/23/dan-caine-iran-risk-trump/" target="_blank" rel="noopener">altos mandos militares estadounidenses</a>, quienes han advertido a la Casa Blanca sobre los riesgos de una campaña prolongada, lo que limita la capacidad de mantener una campaña de bombardeo continuo más allá de unas pocas semanas.
Este límite material condiciona el horizonte del conflicto y amplía sus riesgos, pues presiona a Washington a lograr sus objetivos cuanto antes. Por lo que Estados Unidos necesita gestionar una salida al conflicto en el corto plazo o se arriesga a quedar atrapado en una confrontación prolongada sumamente costosa no solo económica sino políticamente. En ese escenario, el principal beneficiado de un conflicto prolongado sería Irán, <a href="https://www.aljazeera.com/news/2026/3/2/what-is-irans-military-strategy-how-it-has-changed-since-june-2025-war" target="_blank" rel="noopener">cuya estrategia</a> se centra en resistir hasta que el costo político, militar y económico de continuar los ataques resulte insostenible para Washington e Israel. Al mismo tiempo, Teherán ha apostado por aumentar deliberadamente los costos para los aliados de Estados Unidos y desgastar la posición de ambos países mediante una política de defensa más agresiva y orientada a la resiliencia del régimen.
En este contexto, la guerra ya representa un punto de inflexión en la arquitectura de seguridad de Medio Oriente. Lo que comenzó como un intercambio de ataques directos entre Estados Unidos, Irán e Israel ha evolucionado hacia una confrontación regional con múltiples frentes y amplias implicaciones militares, energéticas y políticas. La posibilidad de una guerra aérea sostenida, los ataques contra infraestructura energética y la participación de actores como Hezbollah han ampliado el foco de inestabilidad más allá de un enfrentamiento inicialmente acotado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Por lo que incluso si Washington logra encontrar una salida al conflicto o cumplir sus objetivos tácticos inmediatos, el costo estratégico puede ser mayor, con un Irán mucho más agresivo, una región más militarizada, más polarizada y con menos márgenes para la contención y la diplomacia.
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Una nueva guerra en el Golfo Pérsico (Parte 2)

En las últimas semanas —y en realidad, en los últimos años— el mundo se ha llenado de imágenes difíciles de mirar: guerras transmitidas en tiempo real, discursos de odio que se vuelven tendencia, actos violentos que irrumpen en espacios que creíamos seguros. México no es ajeno a esa atmósfera. Aquí también hemos aprendido a vivir con noticias que estremecen por la mañana y se diluyen por la tarde, reemplazadas por otras igual de duras.
En ese entorno, muchas personas adultas optan por una estrategia que parece protectora: cambiar el tema, apagar la televisión, decir “no pasa nada”. Pero ¿de verdad sirve que les digamos eso? A quién tranquiliza más esa frase: ¿a ellas y ellos, o a nosotros?
Desde Save the Children lo vemos todos los días: las niñas, niños y adolescentes no viven en una burbuja. Habitan el mismo país que nosotros. Escuchan conversaciones en casa, leen titulares en redes sociales, reciben mensajes en grupos escolares, miran videos que circulan sin filtro en plataformas digitales. Saben que algo ocurre, aunque no siempre comprendan qué.
Cuando optamos por el silencio, no evitamos el miedo; solo dejamos que lo enfrenten en soledad.
<h2>El derecho a saber</h2>
La niñez y la adolescencia no solo necesitan protección: tienen derechos. Entre ellos, el derecho a la información. Esto no significa exponerles a imágenes crudas o a detalles innecesarios, sino reconocer que merecen explicaciones honestas, adecuadas a su edad y forma de comprender el mundo.
Negar la información no les protege; al contrario, puede aumentar la ansiedad. La incertidumbre suele ser más angustiante que una verdad compartida con cuidado. Cuando las personas adultas minimizamos o desestimamos lo que sucede, enviamos un mensaje implícito: “Lo que sientes no es válido” o “no puedes manejar esta conversación”.
¿Pero qué pasa si cambiamos la pregunta? En lugar de “¿cómo le oculto esto?”, preguntarnos: “¿qué sabe ya y cómo se siente?”.
Escuchar antes de explicar transforma la conversación. Permite dimensionar qué tanto han escuchado, qué rumores circulan en su entorno y qué emociones están presentes. Miedo, enojo, tristeza, confusión. Todas son legítimas. Validarlas es el primer paso para no normalizar la violencia.
<h2>El riesgo de la costumbre</h2>
Uno de los mayores peligros de vivir en contextos atravesados por conflictos armados en otras regiones del mundo, por discursos discriminatorios o por expresiones persistentes de violencia en nuestro propio territorio, es acostumbrarnos. La repetición puede insensibilizar.
Y cuando la violencia se vuelve paisaje, el riesgo es que también se vuelva referencia. Que las niñas y los niños crezcan pensando que así es el mundo y que nada puede hacerse para transformarlo.
Hablar de lo que ocurre —con lenguaje adecuado, sin amarillismo, sin detalles innecesarios— es una forma de resistir esa normalización. Es reconocer que lo que sucede es grave, que duele y que no debería ser cotidiano. Es también subrayar que existen personas, organizaciones e instituciones trabajando para proteger y reparar, y que la violencia no es la única respuesta posible frente al conflicto.
¿No es esa, en el fondo, una de nuestras responsabilidades como personas adultas? Nombrar la realidad sin resignarnos a ella.
<h2>Cuidar el tono es cuidar el vínculo</h2>
No se trata de sentar a niñas y niños frente a un noticiero ni de convertir cada comida en un análisis geopolítico. Se trata de abrir espacios seguros donde puedan expresar lo que sienten.
Eso implica también revisar y regular nuestra propia exposición. Si las personas adultas consumimos noticias de manera constante, comentamos cada video impactante y compartimos mensajes alarmistas sin verificar, es probable que estemos amplificando la angustia.
La repetición de imágenes violentas puede generar ansiedad o incluso respuestas de estrés. Limitar la exposición, establecer momentos específicos para informarse y privilegiar fuentes confiables son medidas que también protegen a la niñez.
Y algo muy importante: no todas las niñas y los niños reaccionan igual. Algunas querrán hablar mucho; otras necesitarán tiempo. Algunas harán preguntas directas; otras lo expresarán a través del juego, del dibujo o del silencio. Respetar esos ritmos es parte del acompañamiento.
Las niñas y los niños necesitan saber que no están solos. Que su familia, su escuela, su comunidad están atentas. Que hay personas dedicadas a defender sus derechos. Que la violencia no define quiénes son ni limita lo que pueden llegar a ser.
Cuando cerramos estas conversaciones ofreciendo caminos claros —a quién acudir, qué hacer si algo les preocupa, cómo expresar lo que sienten— les ayudamos a recuperar una sensación de seguridad y capacidad frente a lo que parece abrumador.
<h2>Hablar también es prevenir</h2>
Conversar sobre violencia y discriminación no solo responde a una coyuntura; también fortalece habilidades para la vida. Nombrar emociones, identificar información falsa, distinguir entre un rumor y un hecho verificado, reconocer discursos de odio y cuestionarlos: todo ello forma parte de una educación que promueve ciudadanía crítica y cultura de paz.
En Save the Children hemos aprendido que el desarrollo de habilidades socioemocionales es clave para que niñas, niños y adolescentes puedan enfrentar contextos complejos sin que estos definan su bienestar. Por eso impulsamos herramientas como el portal <a href="https://www.espaciodeemociones.org/" target="_blank" rel="noopener">Mi espacio de emociones</a>, un espacio digital con juegos y dinámicas que les ayudan a identificar lo que sienten y a fortalecer capacidades como la empatía, la autorregulación y la resolución pacífica de conflictos. Porque hablar de violencia no debe centrarse solo en el miedo, sino también en la construcción de recursos internos para afrontarla.
Si queremos que la próxima generación no asuma la violencia como destino, necesitamos enseñar que puede nombrarse, cuestionarse y transformarse. Y eso comienza en casa, en la escuela, en cada espacio donde una persona adulta decide escuchar en lugar de evadir.
¿Estamos dispuestas y dispuestos a sostener esas conversaciones incómodas? ¿A reconocer que ellas y ellos tienen derecho a entender el mundo que habitan? ¿A aceptar que validar sus emociones no les hace más vulnerables, sino más fuertes?
Hablar con niñas y niños sobre lo que ocurre no les roba la infancia. Les da herramientas para vivirla con mayor seguridad y conciencia. Y en tiempos donde la violencia amenaza con volverse costumbre, conversar con honestidad y cuidado es, quizá, uno de los actos más poderosos de protección y amor.

Hablar para no normalizar: la conversación pendiente con niñas y niños sobre la violencia

Tengo miedo. Estoy en un lugar oscuro y siento como se pega a mí y empieza a sobar mis glúteos. Tengo 11 años y estoy en el laberinto “Viaje en el tiempo” de una feria a la que fui con mi familia. Estoy paralizada. Lo siento embarrado en mí. Estoy sudando. Me preocupa mi hermana que viene detrás de mí. Lo único que pienso es correr. 
Encuentro la salida y voy hacia mi mamá para contarle lo que acaba de suceder. Ella se enfurece, se dirige firmemente a la entrada del juego y empieza a gritar a los responsables. No recuerdo las palabras, solo una sensación de vergüenza profunda. 
¿Por qué no grité? ¿Por qué no dije que no? ¿Mi silencio fue lo que propició esto?
Treinta y un años después, el pasado 18 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el <a href="https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2026/feb/20260218-IV.pdf" target="_blank" rel="noopener">dictamen</a> que establece que EL SILENCIO NO ES UN SÍ. Se reformaron los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, estableciendo, entre otras cosas, que el consentimiento no podrá presumirse a partir del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
Al leer esa noticia, mi niña interior se sintió vista y validada. También mi yo actual, al que le duele saber que, de enero a octubre de 2025, se <a href="https://agendamx.com.mx/index.php/2025/12/23/mexico-pide-auxilio-cada-90-segundos-casi-medio-millon-de-llamadas-al-911-por-violencia-de-genero-en-solo-10-meses/#:~:text=Pero%20la%20violencia%20no%20termina%20ah%C3%AD.%20En,acoso%20u%20hostigamiento%2C%20con%20la%20Ciudad%20de" target="_blank" rel="noopener">registraron</a> 6,760 llamadas de emergencia por abuso sexual; que, de acuerdo a la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/nacional_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">ENDIREH 2021</a>, el 49.7% de las mujeres en México han sido víctimas de violencia sexual a lo largo de su vida. Peor aún, entre 2020 y 2024, en <a href="https://www.milenio.com/policia/ninas-embarazadas-mexico-violencia-sexual-embarazo-infantil" target="_blank" rel="noopener">3720 registros de nacimientos reportados,</a> las madres tenían entre 10 y 17 años y los padres entre 40 y 85. Porque aun teniendo Presidenta [sic], seguimos siendo objetivizadas sexualmente.
Probablemente, estas cifras te revuelven el estómago y te generan una necesidad inmediata de que esta realidad cambie. La buena noticia es que esta reforma al Código Penal puede ser el inicio de un cambio sociocultural profundo.
Que la ley se construya sobre la base de que el consentimiento debe ser libre, voluntario e informado —libre de toda coacción— implica un cambio radical en la forma en que entendemos la interacción sexoafectiva entre personas. Y si esta iniciativa se acompaña de una buena socialización, hay esperanza de que <a href="https://www.unwomen.org/es/articulos/datos-y-cifras/datos-y-cifras-violencia-contra-las-mujeres" target="_blank" rel="noopener">una de cada tres mujeres</a>  deje de ser víctima de abuso sexual.
Este nuevo paradigma reconoce que los delitos sexuales no son casos aislados que pasan de vez en cuando. Son un problema estructural que forma parte de la manera en que están organizadas nuestras dinámicas sociales. Tienen que ver con desigualdades históricas de poder entre hombres y mujeres, arraigadas en una cultura machista que perpetúa la discriminación.
Tratar la violencia sexual como un problema estructural implica reconocer que no basta con castigar al agresor individual: se requiere transformar las estructuras sociales y culturales que permiten que estos comportamientos persistan. En este contexto, el consentimiento se entiende como un proceso que se construye y reafirma de manera continua, en el que cada persona puede decidir y expresar lo que quiere y lo que NO quiere en todo momento, con libertad, seguridad y sin miedo. 
Al ser continuo, incluso cuando ha habido un consentimiento inicial de forma expresa, este puede ser reversible y retirado en cualquier momento. En términos simples, se busca proteger nuestra autonomía e integridad, y garantizar que las personas involucradas puedan decidir, comunicarse y asegurarse de que todos los actos sexuales se realicen de mutuo acuerdo.
Por lo anterior, “no se considera consentimiento  cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad”. Ya que en cualquiera de estos supuestos, el aparente consentimiento deriva de la coacción, fuerza, amenaza —explícita o implícita—, generada por un desbalance de poder, miedo, opresión psicológica, ignorancia,  indefensión o incapacidad para entender la violencia sexual, entre otras.
De igual manera, la reforma incluye diversas agravantes que aumentan las penas, particularmente en casos en los que existe un claro desbalance de poder: cuando hay una relación previa (sentimental, familiar, de confianza), una situación de dependencia y —quizás de las más relevantes para desestigmatizar a muchas víctimas— “cuando la víctima se encuentre bajo los efectos de alcohol, fármacos, narcóticos u otras sustancias que afecten su voluntad o discernimiento”.
El mensaje resulta claro: los perpetradores ya no pueden despojarnos de la posibilidad de decidir, vulnerando nuestra autonomía y nuestra integridad. El consentimiento es el elemento fundamental en el marco de los delitos contra la libertad sexual.
Esperemos este mensaje se traduzca en las legislaciones locales y en la generación de políticas públicas que permeen en la sociedad y garanticen la aplicación efectiva de estos criterios, para que todas las niñas puedan estar seguras de que pueden ir a la feria, y a cualquier lugar, sin el riesgo de ser violentadas. 
***
Macarena Velázquez López (@MacaIntensa) es abogada por el CIDE y cuenta con estudios de maestría por la London School of Economics &amp; Political Science (LSE). Feminista, activista e intensa. Profesionalmente, su carrera se ha desarrollado en torno a la promoción y defensa de los derechos humanos. Actualmente es consultora en género y derechos humanos.

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