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En el infortunio de las niñas y niños na savi de la Montaña de Guerrero, las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la misma gobernadora Evelyn Salgado Pineda han negado su educación al interponer un recurso de revisión para no dar cumplimiento a una suspensión definitiva concedida por una jueza, donde se ordena que la SEG envíe dos maestros a la Escuela Primaria “Benito Juárez” de la comunidad de Loma Bonita, municipio de Metlatónoc. A pesar de que la escuela se encuentra cerrada desde agosto de 2024 por falta de maestros o maestras, con trabas y maniobras legaloides las autoridades violan sistemáticamente el derecho a la educación de 31 niñas y niños indígenas que han sobrevivido en el fango del olvido.  
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan promovió seis amparos, dos de las comunidades de Villa de Guadalupe y Llano de Tepehueje están resueltos; en tres ya mandaron a profesores, pero no en Loma Bonita, donde permanecen tres aulas de la primaria “Benito Juárez” en el filo de la montaña poblada de pino y encineras. En una cancha techada solo deambulan guajolotes y gallinas. A las 9 de la mañana pasan los niños y niñas rumbo al preescolar. Dos niños más juegan en la calle, cerca del desfiladero. El comité de padres de familia atentos en el asta bandera, con la esperanza de que lleguen los maestros o maestras. Sin embargo, lo único que se levanta es el polvo con el remolino de viento que pasa con las horas. 
<figure id="attachment_1494339" aria-describedby="caption-attachment-1494339" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1494339" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ninos-na-savi-montana-Guerrero-1024x683.jpg" alt="niños na savi montaña Guerrero" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ninos-na-savi-montana-Guerrero-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ninos-na-savi-montana-Guerrero-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ninos-na-savi-montana-Guerrero-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ninos-na-savi-montana-Guerrero.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1494339" class="wp-caption-text">Foto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan</figcaption></figure>
Daniel Pausano Moreno, presidente del comité de padres de familia de la escuela primaria, contó que “desde el inicio del ciclo escolar en agosto de 2024 nuestros hijos no han tenido clases, los maestros solo vivinieron una semana. Nosotros pensamos que las autoridades iban a mandarlos en enero de 2025, pero la escuela sigue cerrada. No hay maestros, no se han presentado. Aunque les hablábamos, ellos decían que no iban a venir. Siempre nos ponían trabas, pero nunca nos decían la verdad. Ahora los más perjudicados son los niños y niñas”.
El 18 de noviembre de 2024, en asamblea el comité de padres de familia desesperados por la falta de profesores presentaron una demanda de amparo con la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero. “El 21 de noviembre de 2024 fue admitido el amparo 1241/2024, donde se concedió una suspensión provisional en la que ordena a la SEG y a la gobernadora de Guerrero para que implementen acciones necesarias y designen a dos profesores en la Escuela Primaria &#8220;Benito Juárez&#8221; hasta que sea resuelta la suspensión definitiva”, informó Baldomero Díaz Salazar, abogado de Tlachinollan. 
El 29 de noviembre de 2024 la SEG hizo saber a la Jueza Décimo de Distrito que en la escuela primaria no hay docentes y que está cerrada desde agosto de 2024. En esta fecha la Jueza concede una suspensión definitiva para que la SEG mande a dos maestros. Sin embargo, la gobernadora interpuso un recurso de revisión para no dar cumplimiento, violando el derechos de las niñas y niños a una educación, en lugar de proteger el interés superior de la niñez. 
Josefina Martínez, habitante de la comunidad, en una reunión este 23 de enero de 2025, lamentó que la misma “gobernadora está poniendo trabas. Debe tomarse su tiempo en venir y que vean cómo estámos aquí, cómo vivimos, porque sólo escucha desde fuera. Quizá le dijeron que los maestros que estaban fueron amenazados. Un señor les reclamó que la escuela está en su tierra, pero el pueblo es el que manda. No es posible que por una persona castiguen a la comunidad. No somos peligrosos, más bien que las autoridades se tomen el tiempo para conocernos y vean cuál es nuestra forma de vida y, sobre todo, que los niños están sufriendo. 
<figure id="attachment_1494338" aria-describedby="caption-attachment-1494338" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1494338" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ninos-na-savi-1024x683.jpg" alt="niños na savi" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ninos-na-savi-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ninos-na-savi-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ninos-na-savi-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/ninos-na-savi.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1494338" class="wp-caption-text">Foto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan</figcaption></figure>
Los docentes sólo venían tres días y se iban. Ya no querían estar en la comunidad, quizá porque es un pueblito alejado de Metlatónoc. Lo que vino a empeorar las cosas fue un supuesto mensaje por whashapp de que la escuela estaba en un terreno particular. Creo que fue la mejor excusa para dejar de venir. Además, los maestros nos faltaron al respeto porque solo venían tres días a la semana. En julio dijeron que iban a seguir dando clases, pero nada más fueron a dejar las boletas de unos niños, mientras otros no les tocó. Les dijimos ¿qué pasó, cuándo vienen? Nos respondieron: hablen ahí con el supervisor, él es el que les va a dar todas las explicaciones que necesitan”. 
El comité tuvo que ir a Tlapa para exigir profesores, pero no les hicieron caso. Las autoridades educativas no les preocupa que durante seis meses las niñas y niños sigan perdiendo clases. La escuela primaria está abandonada. Lo peor de todo es que la gobernadora, Evelyn Salgado, abona aun más al rezago educativo y a la marginación en la región de la Montaña. 
Los padres de familia no quieren que el futuro de sus hijos se quede en el campo. Durante medio año los niños han ayudado a sus padres a limpiar las pocas plantaciones de plátano y piña, mientras la niñas ayudan a barrer en sus casas. “Todos los días nos preguntan de los maestros porque quieren venir a la escuela, pero no hay nadie que les enseñe. La verdad es que necesitamos con urgencia a maestros o maestras. Queremos que estudien para que sean alguien en la vida y no sufran las futuras generaciones. La comunidad espera que salgamos adelante de otra manera tanto de trabajo, de hablar, comunicarnos y saber lo que pasa en el mundo. Por lo menos queremos saber leer para reclamar nuestros derechos”, dijo Maribel Tolentino Primo, integrante del comité.    
<figure id="attachment_1494337" aria-describedby="caption-attachment-1494337" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1494337" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/escuelas-montana-de-Guerrero-1024x683.jpg" alt="escuelas montaña de Guerrero" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/escuelas-montana-de-Guerrero-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/escuelas-montana-de-Guerrero-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/escuelas-montana-de-Guerrero-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/escuelas-montana-de-Guerrero.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1494337" class="wp-caption-text">Foto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan</figcaption></figure>
“Quizá los gobiernos piensan que somos asesinos, pero somos personas de paz. Aquí a los maestros los respetamos, hasta les damos un plato de comida. Aquí no hay ningún peligro y la prueba es que la maestra de prescolar Luz del Saber sigue dando clases desde el 4 de septiembre que regresó. El comité de padres de familia la va a traer los domingos y a dejar en el Zapote, y cuando no hay tiempo la maestra camina del crucero de la carretera Metlatonoc a Ometepec y no le pasa nada. Exigimos que lleguen los maestros”, desde la voz del comisario Margarito Arce Cano.
“Le pido un favor a la gobernadora para que nos volteen a ver y que mande algo para los pobres. Ella maneja la ciudad, pero en nuestras comunidades le falta mucho. Solo manda por allá donde está el turismo, mientras acá no hay nada. En la campaña la gobernadora nada más dice y dice, pero no hace nada. Se le olvida que vivimos”, dijo Daniel.
<figure id="attachment_1494336" aria-describedby="caption-attachment-1494336" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1494336" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Loma-Bonita-montana-Guerrero-1024x683.jpg" alt="Loma Bonita montaña Guerrero" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Loma-Bonita-montana-Guerrero-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Loma-Bonita-montana-Guerrero-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Loma-Bonita-montana-Guerrero-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Loma-Bonita-montana-Guerrero.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1494336" class="wp-caption-text">Foto: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan</figcaption></figure>
Las niñas y niños que cursaron a primero de primaria han estado acudiendo a clases con la profesora del jardín para no atrasarse. Algunas niñas les han pedido a sus padres que las lleven a la escuela al menos para mirar los libros arrumbados. Los padres de familia quieren una mejor vida para sus hijos. Sin embargo, las autoridades se niegan a garantizar su derecho a la educación, aun cuando está establecido en las leyes nacionales e internacionales. Es grave el abandono en el que están las familias indígenas. En Loma Bonita viven en la precariedad, sin acceso a salud desde hace 4 o 5 años. Tienen que cooperarse de 150 pesos para comprar paracetamol, tabcin, alcohol, vendas porque las niñas y niños se lastiman y se enferman de gripa, tos, dolor de muela y oído. Las autoridades viven ausentes, lejos de las montañas sumidas en la pobreza y el olvido.

Gobernadora de Guerrero niega educación a 31 niñas y niños na savi de Loma Bonita en la Montaña

El 18 de enero de 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió disculpas públicas por un caso de desaparición y de ejecución extrajudicial cometido en 2017 en Irapuato, Guanajuato. Estas son de gran trascendencia debido a lo representativo del caso: un joven de 19 años que es detenido arbitrariamente, desaparecido y después ejecutado extrajudicialmente por militares. Además, 7 años de litigio que las instancias federales se empeñaron en mantener, contra las víctimas y contra el Juzgado IX de distrito con sede en Irapuato.
A continuación, parte de las palabras pronunciadas a nombre de la familia de José Salvador Cárdenas Fuentes.
Saludo a las autoridades que el día de hoy están dando la cara por parte del Estado Mexicano ofreciendo estas disculpas públicas. No sólo están cumpliendo con su responsabilidad legal frente a un proceso judicial, sino que están reconociendo que estos hechos no deben volver a repetirse, es decir, se están comprometiendo políticamente a establecer medidas de no repetición. Ninguna persona debe ser desaparecida de manera forzada, ni en Irapuato ni en Guanajuato ni en México. 
Le decimos a la familia de José que la disculpa pública no va a devolverle la vida, pero sirve para reconocer la responsabilidad del Estado Mexicano, en medio de una crisis generalizada de desaparición en Guanajuato y en el país. ¿Por qué no está aquí la familia de José? Por qué tienen miedo a las represalias. “Si mete la denuncia le va a ir muy mal porque la acusación que está haciendo es muy grave”, les dijeron militares cuando buscaban a José.
Lamentablemente no se están previniendo las desapariciones. Hasta el día de ayer, el registro nacional indicaba que 121,275 personas se encuentran desaparecidas o no localizadas. Más de ciento veinte mil hogares incompletos, más de ciento veinte mil proyectos de vida truncos. En Guanajuato hasta noviembre del año pasado había 4,449 personas desaparecidas, es decir, 4 mil 449 proyectos de vida truncos. Según organizaciones nacionales, en México desaparece una persona cada 40 minutos; de esta crisis es de la que estamos hablando.
Hace más de dos décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las violaciones graves a derechos humanos afectan el proyecto de vida de las víctimas, este proyecto que en todas las personas atiende a la realización integral, es decir, a las metas que tienen los individuos a realizarse con relación a su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones. Este proyecto de vida no sólo es individual, sino familiar y comunitario. ¿Qué pasó con el proyecto de vida de José?
Por eso después de la desaparición de José en 2017, sus amigos establecieron un memorial en la esquina de su casa. El derecho a la memoria estuvo presente desde el primer momento de manera intuitiva y espontánea; hoy, a ocho años, exigimos a las autoridades que se garantice el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria. Por eso no está de más señalar que en Guanajuato y en México NO contamos con una política de memoria y de reparación del daño; las disculpas públicas que hoy estamos presenciando, son, lamentablemente, muy pocas.
Uno de los elementos indispensables de la justicia es la sanción a los responsables, por ello en nuestra calidad de acompañantes del caso exhortamos a la Fiscalía General de la República a avanzar en la carpeta 27956/2017 relativa a la desaparición de José, investigación en la que se acumuló su posterior localización sin vida. ¿Dónde está el doctor Gertz Manero? No puede haber justicia plena sin la sanción penal por parte de la autoridad ministerial. ¿Será que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en realidad está comprometida con el combate a la impunidad?
En caso de que los recursos de investigación nacional sean insuficientes, diversos procedimientos especiales de la ONU han llamado a crear Comisiones Independientes (Protocolo Minnesota actualizado) cuando se trate de ejecuciones extrajudiciales, como la que se presume cometieron integrantes de la 12a región militar con sede en Irapuato. El caso, incluso, podría presentarse ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU a través del mecanismo de Comunicaciones Individuales.
Otra pregunta que tenemos que hacer es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que le recordamos que su propia normatividad le obliga a investigar las presuntas violaciones a derechos humanos en un plazo no mayor a 6 meses. ¿Qué ha pasado con el expediente CNDH/2/2017/2662/Q iniciado en 2017? ¿Dónde está la CNDH? ¿Cuáles son los resultados de su investigación?
¿Qué hacer para que hechos como estos no vuelvan a suceder, señor sargento comandante? Que no haya detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado, como en el caso de José, por militares? Que este evento sirva para que las víctimas indirectas de desaparición no desistan en su búsqueda, porque como ellas mismas dicen, “no descansaremos hasta encontrarles”.
Finalmente quisiera señalar que en el momento actual que vive el país en el que se debilita la independencia judicial, es necesario hacer un reconocimiento a las personas juzgadoras que se comprometen con las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos en nuestro estado y en nuestro país, e impulsan la reparación del daño y el acceso a la justicia. A ellas, nuestro reconocimiento. Como personas defensoras de derechos humanos que hacemos acompañamiento y que confiamos en que se puedan seguir construyendo caminos hacia la justicia para las víctimas, queremos agradecerles su trabajo. No dejen de hacerlo, pese a que las condiciones sean adversas.
<a href="https://it.scribd.com/document/817326352/Discurso-Fabrizio-Lorusso-evento-Disculpa-Sedena-18-01-25" target="_blank" rel="noopener">Acá</a> pueden leer el texto completo de Fabrizio Lorusso sobre la memoria de José Salvador.
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*Raymundo Sandoval (<a href="https://x.com/ray_sandoval" target="_blank" rel="noopener">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

Las disculpas de Sedena a la familia de José Salvador

El testimonio que Juan Fernando Ascoli Andreu (Guatemala, 1949) nos ofrece en Con la esperanza en la mira. Testimonio de espiritualidad, militancia y revolución en El Salvador. Parte I 1965-1980 (Guatemala, 2024) se inscribe en una vieja y gran tradición de personajes de la política y de la cultura que deciden compartir con los demás su experiencia de vida.
Juan Fernando, a la manera del alemán Günter Grass en Pelando la cebolla (2006), su biografía, aborda su propia historia. Lo hace de manera abierta, franca y honesta. Es su versión de lo que pasó, lo que está en su memoria, con ayuda de textos y documentos.
En esta obra, la primera de tres, Juan Fernando narra el tiempo de su historia personal que va de 1965 a 1980. En ese entonces tiene entre 15 y 30 años. Un lapso de 15 años. Identifico tres capas de la cebolla, que van de adentro hacia afuera.
La primera capa de la cebolla nos introduce, a grandes rasgos, a la vida de una familia católica clase media en la Guatemala de los años cincuenta y sesenta, donde nació y creció junto con sus hermanos. Una familia unida en torno a los padres, que dan todo por sus hijos.
En la familia sus padres le trasmitieron una serie de valores, el más importante “la entrega al servicio de los demás”, que ellos hicieron siempre patente en su condición de maestros.
Su familia es una como otras muchas en Guatemala, en América Latina, y diría que en el mundo. Una familia que fue capaz de trasmitir un modo de vida y unos valores, que han tenido una influencia definitiva en su vida.
La segunda capa de la cebolla inicia en 1968 cuando ingresa a la Compañía de Jesús, tiene entonces 18 años. El dejar a la familia y la vida que llevaba y entrar a una disciplina y a una formación intelectual, a un estilo de vida muy propio, de una institución creada en 1540 por san Ignacio de Loyola.
Los nuevos compañeros de distintos países de Centroamérica, el padre maestro de novicios, los profesores jesuitas, los estudios, la experiencia de Dios, los Ejercicios Espirituales, y la búsqueda del magis, del siempre más de san Ignacio. El cuestionamiento profundo de la vida y lo que Dios espera de cada uno.
Cuando Juan Fernando entra de jesuita ya ha concluido el Concilio Vaticano II, en 1965, y han iniciado profundos cambios en la Iglesia católica, de manera particular en la Latinoamericana.
En 1968, cuando ingresa en el noviciado, tiene lugar la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELEM), que se celebra en Medellín, Colombia.
Esa reunión, histórica para la Iglesia en América Latina, la hace consciente de los graves problemas sociales y políticos que vive la región y la necesidad de comprometerse con los más pobres y trabajar en la construcción de un mundo más justo.
En el marco de los documentos del Concilio Vaticano II y de la encíclica Populorum Progressio, publicada por el papa Paulo VI, en 1967, ese mismo año el padre general de los jesuitas, Pedro Arrupe, publica la carta sobre el Apostolado Social en América Latina.
Y en 1968 los provinciales jesuitas de Latinoamérica y el padre general, reunidos en Río de Janeiro, Brasil, dan a conocer la Carta de Río, donde la Compañía de Jesús se compromete a combatir la situación de miseria e injusticia en la región.
Para los jesuitas esos documentos y posicionamientos públicos se convierten en materia de estudio, pero sobre todo de reflexión que conduzca a una práctica social comprometida, que transforme la realidad social.
Los jesuitas de América Latina, de manera particular de Centroamérica, se cuestionan sobre su trabajo y el camino que ahora deben de emprender, para seguir las nuevas enseñanzas de la Iglesia y compromiso social de la Compañía de Jesús. Es el tiempo que surge la Teología de la Liberación.
De sus primeros años de jesuita, en la memoria de Juan Fernando están muy presentes dos experiencias que lo marcan: sus visitas a presos y, de manera en particular, la historia de Rafa Rata y su familia.
Y un trabajo de investigación en San Pedro Jocoplias, comunidad quiché. Al final de esa experiencia, después de dar su informe, el antropólogo jesuita, Ricardo Falla, le pregunta: “¿y el dolor de la gente?”.
Fue también fundamental en su proceso de búsqueda, de discernimiento ignaciano, como se dice entre los jesuitas, el año que vivió en la comunidad jesuita de la Zona 5 en la Ciudad de Guatemala. 
Ahí, recuerda, empezó a reflexionar sobre la situación de los obreros, campesinos e indígenas explotados. Decide, entonces, que se quiere dedicar a luchar para cambiar sus condiciones de vida.
Después de estar en la Zona 5, Juan Fernando continúa sus estudios en la Compañía de Jesús en la Universidad Centroamericana (UCA) José Simeón Cañas, en San Salvador, El Salvador.
Lo hace en compañía de otros jesuitas centroamericanos. El plan de estudios combinaba la filosofía con otras disciplinas, para él la economía, que le serviría como un instrumento para apoyar a la población más pobre.
La tercera capa de la cebolla inicia con la creación de un grupo de estudiantes en la UCA que él y otros jesuitas, Alberto Enríquez y Antonio Cardenal, organizan para trabajar en apoyo de los campesinos.
Lo hacen a través de la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), y en la medida que el grupo se compromete crece su incidencia y también el peligro de ser reprimido por el gobierno.
Entran entonces en contacto con la guerrilla a través de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) Farabundo Martí, que se habían fundado en 1970.
Varios integrantes del grupo, entre ellos los tres jesuitas, ingresan la guerrilla, y salen de la Compañía de Jesús. En el caso de Juan Fernando después de un largo proceso de discernimiento.
A él, como parte de su evolución personal, en el marco de la realidad de El Salvador, lo lleva a decidir por el camino de la Revolución y para eso había que ingresar a la guerrilla.
Había llegado a la conclusión de que esa era la única manera de cambiar radical y profundamente la realidad social, en la esperanza irrenunciable de construir un mundo más digno y justo.
Recuerda los primeros cuatro años de su ingreso a la guerrilla, de 1977 a 1980. El trabajo clandestino, la represión, la posibilidad de la muerte, pero también la certeza de que se está en el camino que debía tomar.
El testimonio de Juan Fernando da cuenta de su propia vida, que es única e irrepetible, pero también da luz sobre miles de otras vidas que siguieron una ruta semejante en América Latina.
Hijos de familias católicas de la clase media y media alta que a partir de fe y convicciones sociales, derivadas del Evangelio, en un proceso largo, pasaron del compromiso del trabajo social, a la elección de la vía armada como el único camino, para cambiar la realidad social.
Juan Fernando nos entrega un texto que es testimonio de vida, pero también sitúa la realidad de una Centroamérica violenta y radicalmente desigual e injusta gobernada por dictaduras militares. Y lo hace en una prosa directa y clara, que fluye y resulta fácil de leer (el texto es prólogo del libro).
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Con esperanza en la mira 
Testimonio de espiritualidad, militancia y revolución en El Salvador 
Parte I 1965-1980 
Juan Fernando Ascoli Andreu 
Guatemala, Guatemala, 2024 
pp. 120
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Con la esperanza en la mira

En el México actual, donde nuestra primera presidenta busca construir bases firmes para la justicia social y el bienestar universal, es imperativo visibilizar y poner en el centro a las niñas, niños y adolescentes en el país. Este grupo, que constituye el 28.1 % de la población, enfrenta desafíos que demandan una respuesta contundente y transformadora de parte del <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/pacto-por-la-primera-infancia/presupuesto-primera-infancia-2025" target="_blank" rel="noopener">Estado Mexicano</a>. 
<h2>La realidad que enfrentamos</h2>
A pesar de la disminución de la pobreza ocurrida en el sexenio anterior, las niñas, niños y adolescentes siguen siendo los más pobres entre los pobres. Y entre ellos, los que viven en peores condiciones son las niñas y niños menores de 6 años. No es casualidad que la presidenta Claudia Sheinbaum haya establecido que trabajará como prioridad con este grupo para la construcción de los Centros de Cuidado y Educación Infantil. No obstante, sacar a estas niñas y niños de esa condición, y asegurar sus derechos para que tengan una vida de dignidad y plenitud, requiere de una Política de Estado. Así, con mayúsculas. Una donde tengamos claro qué resultados queremos observar en cada niña y niño, para que de manera inequívoca sepamos que estamos garantizando sus derechos. Y a partir de ahí, una definición de los servicios que cada niña, niño y familia cuidadora requiere para garantizarle a ese individuo en concreto bienestar en el presente y prosperidad en el futuro. Al impulsar todo su potencial, también estaremos construyendo un México más justo, igualitario y digno para todas y todos.
<h2>La propuesta: una república de y para las niñas, niños y adolescentes</h2>
La presidenta de la república se propone transformar a la nación y, para ello, en el boceto de su Plan Nacional de Desarrollo enuncia 14 repúblicas. Cada una es una faceta del México que se ha propuesto construir. Sin embargo, esta ambiciosa propuesta podría reflejar con mayor claridad la convicción y compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con las poblaciones más vulnerables, si se incorporara una república de y para la niñez y la adolescencia. Si bien el Plan actual contempla programas dirigidos a esta población, estamos ante una oportunidad única para darles mayor visibilidad y mencionarles explícitamente en la redacción final. 
Por ello, un grupo amplio de colectivos pedimos que la primera infancia, la niñez y la adolescencia sean reconocidos como una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto permitirá que cada servidor público, en el ámbito de su responsabilidad, trabaje de manera activa para garantizar a cada bebé, niño, niña y adolescente el pleno ejercicio de sus derechos.
Pero, ¿qué es esta república de y para la niñez? Es la enunciación de una política de estado de carácter integral, que reconociendo las particulares de cada etapa y situación de vida, provea a bebés, niñas, niños y adolescentes, y a las familias que los cuidan, los servicios que requieren para vivir con bienestar, garantizar sus derechos y detonar su potencial. No estamos hablando de lo mismo para todos, sino de servicios universales que se complementen con servicios especializados para las poblaciones que así lo requieran.  
Proponemos que la base de esta política de estado sea “Raíces del Bienestar”, una política de atención integral e intersectorial para las niñas y niños menores de 6 años. Tendrá entre sus componentes algunos de los programas insignia de esta administración, como 1000 días, que sería la puerta de entrada desde los servicios de salud. Con seguridad el programa incluirá suplementación, lactancia materna, tamizajes, vacunación, apoyo a la alimentación y evaluaciones del desarrollo infantil. Habrá que conectarlo con servicios de educación inicial universal -escolarizada o no escolarizada-, asegurando programas de crianza positiva para sus familias, servicios de cuidado infantil para quienes los requieran (aquí conectamos con sistema de cuidados) y transferencias económicas para la población en pobreza y pobreza extrema. Una posible vía de entrega son los programas de visitas domiciliarias, que han mostrado ser muy efectivos.
Al entrar a primero de primaria, niñas y niños entrarían a “Creciendo con bienestar”, una política integral que debe asegurarles acceso a educación de calidad con enfoque inclusivo que disminuya las brechas y asegure aprendizajes fundamentales, disponibilidad y acceso a materiales educativos, alimentación escolar balanceada, programas de habilidades socioemocionales y entornos escolares seguros, libres de violencia y discriminación. Como ya propone el plan, es crucial implementar programas de salud preventiva que incluya evaluaciones regulares, nutrición adecuada y promoción de actividad física. De igual modo, debe considerar especial atención a los entornos digitales y los riesgos que de ellos derivan. Finalmente, se conecta al Sistema de Cuidados con los horarios extendidos, y asegura programas de crianza positiva para seguir desarrollando en las personas cuidadoras las competencias parentales que requieren. Las becas como Rita Cetina son fundamentales en esta etapa. 
Al cumplir 12 años, las y los adolescentes entrarían a “Creando con bienestar”, política nacional intersectorial diseñada para garantizar que adolescentes hasta los 17 años cuenten con las oportunidades, herramientas y entornos necesarios para desarrollar su autonomía, construir proyectos de vida y ejercer plenamente sus derechos. Esta política prioriza a quienes enfrentan desigualdades estructurales y condiciones de vulnerabilidad, promoviendo su desarrollo integral en un marco de equidad.
<h2>Un llamado a la acción</h2>
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que es tiempo de transformación y de mujeres. También que la prioridad son las poblaciones en pobreza, y que las acciones del Gobierno deben construir equidad, bienestar y justicia. Siguiendo este espíritu, amplios grupos de colectivos hacemos un llamado a la presidenta para que, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, adopte esta propuesta como una estrategia central para transformar a México desde sus cimientos.
<h2>Conclusión</h2>
Hoy tenemos la oportunidad de reimaginar y reconstruir nuestro país sobre bases de justicia y bienestar para todos. Hagamos de México una República que, con responsabilidad y amor profundo, dé a cada bebé, niño, niña y adolescente, la oportunidad de ser feliz, de vivir con dignidad y bienestar, de escapar de la condena de la pobreza, y de tener una vida de plenitud. Es su derecho, y por tanto, nuestro deber. Hagamos de México el mejor lugar para nacer.
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* Aranzazu Alonso Cuevas es directora ejecutiva y coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia (<a href="https://x.com/Pacto1aInfancia" target="_blank" rel="noopener">@Pacto1aInfancia</a>).

Una república para la niñez

Desde el 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero como el Día Internacional de la Educación como reconocimiento al papel que representa en la conquista de la paz y el desarrollo en el mundo. Al proclamar este día internacional, los Estados miembros identificaron la importancia de adoptar medidas garantes de una <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/potencial-transformador-inteligencia-artificial" target="_blank" rel="noopener">educación inclusiva y equitativa</a> de calidad en todos los niveles.
Sin embargo, actualmente las <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/ninez-adolescencia-elecciones-compromisos-gubernaturas" target="_blank" rel="noopener">niñas, niños y adolescentes</a> están enfrentando una época de conflictos armados, crisis climáticas, migratorias y de salud que alteran su presente y, con toda seguridad, su derecho a una educación digna y de calidad.
En México, factores como la desigualdad en el acceso a la educación y la deficiencia en la calidad educativa que tiene la oferta programática actual, ponen en riesgo la garantía del <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/aprender-es-mi-derecho/educacion-futuro-debate-elecciones" target="_blank" rel="noopener">derecho a la educación</a> y aprendizaje de millones de niñas, niños y adolescentes que se desarrollan en nuestro país. 
Ante esta situación es necesario observar a la educación de la misma forma en la que se observa un caleidoscopio: para apreciar el panorama es preciso poner atención a todas las aristas y cómo es que cada una es causa y efecto de la perspectiva final. 
Empecemos por señalar que, aunque parezca que la pandemia por covid-19 ya quedó en el pasado, sus efectos negativos siguen presentes en el ámbito educativo y, tristemente, continuará por varios años más, ya que la desigualdad y rezago que existían antes de la crisis sanitaria solo se agudizó con su llegada. Podríamos pensar que los retos que la pandemia les representó a todos los sectores dio como resultado un avance en las herramientas tecnológicas para todas y todos, sin embargo, las cifras que el Sistema Educativo Nacional reportó sobre el <a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2023_2024_bolsillo.pdf" target="_blank" rel="noopener">ciclo 2023-2024</a> revelan que el 45.6 % de las escuelas de educación básica no cuentan con computadoras y el 53.1 % no tienen acceso a internet. 
Mientras la inteligencia artificial parece estar instalada en el día a día de muchas personas, el 4.1 % de los planteles de educación básica ni siquiera cuenta  con electricidad, el 17.4 % no dispone de acceso a agua potable, el 12.4 % no tiene lavamanos y el 6.5 % no cuenta con sanitarios independientes. 
En tanto, hay quienes no logran integrarse al sistema educativo. A pesar de que desde 2019 la educación inicial es un derecho, apenas el 16.4 % de niñas y niños de 0 a 3 años recibe algún programa de este nivel, ya sea escolarizado o no escolarizado. Y en el ciclo escolar 2023-2024 hubo una disminución del 5.4 % de la matrícula en la educación básica y media superior, lo que significa que 1.68 millones de niñas, niños y adolescentes no tuvieron acceso a la educación.
En Save the Children implementamos programas y acciones que facilitan que niñas, niños y adolescentes en situaciones de desventaja puedan enfrentar sus contextos sin aumentar su rezago educativo, además, facilitamos procesos formativos para agentes de la educación para que la atención que brindan sea de calidad. Y continuaremos sumando esfuerzos para que de forma directa e indirecta la niñez y adolescencia en territorio mexicano tenga un mayor y mejor acceso a la educación. 
No obstante, somos conscientes de que una de las mayores aportaciones que podemos realizar es hacer un llamado a la reflexión y entendimiento de que la educación debe atenderse de forma integral, para que cualquier niña, niño y adolescente tenga garantizada una educación de calidad, segura e incluyente.  Así que es momento de cuestionarnos: ¿las niñas, niños y adolescentes en México tienen la educación que se merecen?
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* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Visita <a href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.

¿Las niñas, niños y adolescentes en México tienen la educación que se merecen?

Una elegía rural (Estados Unidos, 2020) es una película dirigida por Ron Howard y guion de Vanessa Taylor, con base en el libro de carácter autobiográfico Hillbilly Elegy, escrito por James David Vance (1984), actual vicepresidente de Estados Unidos.
La infancia de Vance estuvo marcada por la pobreza y el abuso, con una madre adicta a las drogas. Él y su hermana Lindsey se crían con sus abuelos maternos, James Vance (1929–1997) y Bonnie Blanton (1933–2005).
En 2016, la Editorial Harper publica el libro de Vance, Elegía campesina: una memoria de una familia y una cultura en crisis. Estuvo en la lista de los más vendidos de The New York Times en 2016 y 2017.
El diario lo calificó como “uno de los seis mejores libros para ayudar a entender la victoria de Trump” y de The Washington Post llamó a Vance la “voz del cinturón de óxido”.
Después del éxito de su libro, Vance empieza a colaborar con CNN a principios de 2017 y en ese mismo año Ron Howrad es contratado para dirigir la película que se estrena en 2020. El papel de Mamaw, la abuela de Vance, la representa Glenn Close.
La película cuenta la historia de Vance (Gabriel Basso), un exmarine del sur de Ohio que estudia derecho en la Universidad de Yale, cuando su madre drogadicta (Amy Adams) entra en una crisis que se ve obligado a enfrentar.
El texto de Vance y la película da cuenta, a partir de su propia experiencia, de un Estados Unidos profundo formado por una clase trabajadora blanca que carece de oportunidades para salir de su situación de pobreza, al tiempo que -de manera contradictoria- permite que un joven, de una familia pobre y con una madre drogadicta, pueda con su esfuerzo y la ayuda de su abuela, llegar a graduarse como abogado en la Universidad de Yale y conseguir un trabajo en uno de los grandes despachos de Estados Unidos.
La crítica especializada se divide sobre la valoración de la película: para algunos se trata de una gran actuación de Glenn Close y Amy Adams, para otros es una película artificiosa que vende la tragedia.
En lo personal me parece estupenda la actuación de Close y de Adams, y también pienso que la narración está bien estructurada. En la película no está presente la historia política y el pensamiento ultraconservador del actual vicepresidente, sino su historia personal y su relación con su madre y abuela.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1494210" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Elegia-rural.jpg" alt="Cartel de la película Una elegía rural, del director Ron Howard." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Elegia-rural.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Elegia-rural-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Elegia-rural-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/01/Elegia-rural-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Una elegía rural 
Título original: Hillbilly Elegy
Producción: Estados Unidos, 2020
Dirección: Ron Howard
Guion: Vaness Taylor, con base en la autobiografía Elegía campesina de James Vance.
Fotografía: Maryse Alberti
Música: David Fleming y Hans Zimmer
Actuación: Any Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Haley Bennett, Freida Pinto, Bo Hopkins, Owen Asztalos (…)
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Una elegía rural, la historia del vicepresidente Vance

En este 24 de enero de 2025, Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, adoptado en 2019 por la UNESCO, es urgente reflexionar sobre la situación que viven y experimentan día a día las personas que se identifican como afrodescendientes en México, América Latina y el Caribe. Particularmente es de llamar la atención la situación que viven las personas, pueblos y comunidades migrantes y afrolatinxs en Estados Unidos y México, toda vez que, con la llegada al poder del presidente de ese país, Donald Trump, los derechos de las personas racializadas, migrantes y de las disidencias sexuales se encuentran en peligro.
Al mencionar a México como otro país donde las políticas violatorias de los derechos humanos del presidente Trump tendrán efecto, no es una forma de señalar al gobierno en turno sino señalar que dichas políticas están tomando fuerza desde hace años en diferentes países del mundo, se está construyendo un discurso que autoriza el racismo, la violencia misógina, las políticas antiinmigrantes y los discursos de odio hacia las poblaciones LGBTTIQ+.
Los esfuerzos históricos realizados por organizaciones supranacionales como la UNESCO para declarar jornadas como este 24 de enero como día de memoria sobre poblaciones específicas, se finca en la imperante necesidad de generar políticas de afrorreparación en términos sociales, económicos, políticos e históricos a las personas de origen africano que fueron traficadas durante el periodo colonial como esclavizadas por los imperios activos en ese tiempo histórico. Sin embargo, la idea de afrorreparación corresponde a los ahora estados nacionales que contribuyeron de manera directa a la creación de sociedades racistas, como en las que vivimos en nuestros días.
En ese sentido, el problema de pensar que los procesos de memoria y afrorreparación son nacionales y competen exclusivamente a las poblaciones negras de las naciones caribeñas impide una perspectiva contemporánea sobre los flagelos que las personas afrodescendientes y negras, migrantes en México, Estados Unidos, Canadá o los diferentes países de Europa -inclusive en América Latina- viven en nuestros días.
Este 24 de enero conmemoramos la vida, celebramos la presencia de las personas africanas y afrodescendientes a nivel global y también experimentamos la incertidumbre de un mundo en el cual las identidades étnicas, raciales, de género, las disidencias sexuales, las personas migrantes están en la diana de los ataques de la supremacía blanca, autorizada en sus discursos por el presidente Trump.
Es central reflexionar sobre el peso del olvido en relación con la gran cantidad de personas afrolatinxs y caribeñas que habitan los países de América Latina, esos habitajes temporales o definitivos también marcan cambios positivos en la vida de las sociedades latinoamericanas. El caso específico de México da cuenta de la presencia cada vez más notoria de personas caribeñas y/o afrodescendientes en paso o viviendo en nuestro país, personas provenientes de Colombia, Venezuela, Haití, Puerto Rico, Cuba, República Democrática del Congo, Somalia, Camerún y Ghana (según cifras de investigaciones recientes) nos muestra la necesidad de pensar en una noción más compleja sobre lo que significa ser o vivirse como afromexicano.
¿Qué hacemos entonces con las personas afrodescendientes y africanas en nuestros territorios? ¿No son acaso los territorios una construcción cotidiana, como señaló Emiliano Zapata, de quienes los trabajan?
Algunos países del Caribe han logrado que la reparación y la no repetición sea, por lo menos, parte de los discursos nacionales. ¿Cómo pensamos políticas de reparación en México? Y sobre todo, ¿cómo pensamos en la reparación histórica cuando a nivel global los discursos de la derecha y las prácticas represivas en relación con la identidad étnica, cultural, racial y de género están siendo autorizadas?
Hace falta que todas estas preguntas nos movilicen políticamente, nos permitan imaginar futuros utópicos a diferencia de nuestro presente distópico. Tal vez una de las formas de iniciar los procesos de reparación sea a través del reconocimiento de los aportes de las personas de origen africano que fueron esclavizadas en el territorio que hoy es México y, también, pensar en la forma en la cual podemos reconocer la importancia de las personas migrantes -afrodescendientes y no afrodescendientes- en nuestro presente, tal vez esa sea la utopía para construir día a día nuestro presente.
Para los movimientos sociales como el afromexicano será central pensar cómo nos relacionamos con las personas afrodescendientes migrantes que tienen derecho a ser ciudadanos mexicanos, a ser reconocidos dentro de ese movimiento con la particularidad de su experiencia histórica. Si en estos días aciagos para el pensamiento progresista nos dejamos seducir por las mismas políticas que Trump impulsa en el país vecino, las políticas de reparación seguirán siendo solo un discurso más de las políticas neoliberales de la identidad. Sin embargo, si la ciudadanía y las personas, pueblos y comunidades negras y afromexicanas reconocemos la importancia de la migración africana, negra y afrodescendiente contemporánea, tal vez seamos capaces de construir políticas de reparación colectiva y común en territorio mexicano.
* Itza Amanda Varela Huerta es profesora-investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y Asambleísta del Copred.

Políticas de reparación en el Día Internacional de la Cultura Africana y de los afrodescendientes

El acuerdo de alto al fuego temporal en Gaza es un alivio, pero llega con más de 465 días de demora y 46,000 vidas perdidas. Si bien este cese temporal de los combates y los bombardeos debe respetarse y ser duradero, esto <a href="https://www.instagram.com/p/DE5Y1Q3K7U9/?img_index=1" target="_blank" rel="noopener">es sólo el comienzo</a> para abordar las inmensas necesidades humanitarias, psicológicas y médicas en Gaza. Israel debe poner fin de inmediato a su bloqueo de Gaza y garantizar un aumento masivo de la ayuda humanitaria para que cientos de miles de personas en condiciones desesperadas puedan comenzar su largo camino hacia la recuperación.
El precio de esta espantosa guerra incluye la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura. El desplazamiento de millones de personas que ahora necesitan desesperadamente agua, alimentos y refugio durante el frío invierno. La destrucción masiva ha causado dolor y sufrimiento a millones de personas en la Franja de Gaza, mientras muchas familias en Israel continúan esperando desesperadamente el regreso de sus seres queridos tomados como rehenes el 7 de octubre de 2023.
Durante más de 15 meses, las habitaciones de los hospitales han estado llenas de pacientes con extremidades amputadas y otros traumatismos, causados ​​por bombardeos. También por personas angustiadas que buscan los cuerpos de sus familiares. Las instalaciones sanitarias y el personal médico han sido atacados y ocho colegas de MSF han sido asesinados durante esta guerra. Mientras tanto, el número de personas detenidas arbitrariamente en Gaza y Cisjordania es atroz.
Médicos Sin Fronteras sigue comprometida a trabajar las 24 horas del día para brindar atención a la población de Gaza. Las necesidades humanitarias <a href="https://www.msf.mx/actualidad/un-alivio-fragil-declaracion-de-msf-sobre-un-posible-alto-al-fuego-en-gaza/" target="_blank" rel="noopener">han alcanzado niveles catastróficos.</a> Satisfacer incluso una fracción de estas necesidades sólo será posible mediante un aumento rápido y masivo de la ayuda humanitaria global hacia y dentro de la Franja. Llamamos a las autoridades israelíes para que garanticen urgentemente la ayuda humanitaria a Gaza, las evacuaciones médicas. En particular, el acceso al norte, que ha estado bajo asedio desde octubre de 2024. Hacemos un llamado también a Israel, Hamás y otros grupos y organizaciones que controlan Gaza, a respetar el acuerdo, así como a la entrega segura de asistencia humanitaria a las personas.
El gobierno israelí, Hamás y los líderes mundiales le han fallado trágicamente al pueblo de Gaza al no acordar e imponer antes un alto al fuego sostenido. El alivio que aporta este alto al fuego está lejos de ser suficiente para que las personas reconstruyan sus vidas, recuperen su dignidad, lloren por los muertos y todo lo que se ha perdido.
<a href="https://x.com/MSF_Mexico" target="_blank" rel="noopener">@MSF_Mexico</a>

Alivio tras el alto al fuego temporal: la ayuda humanitaria masiva debe llegar ahora a Gaza

Durante la madrugada muevo mis piernas para corroborar que el peso que solía estar sobre mí ya no está. La ligereza de las cobijas me recuerda su partida e inmediatamente siento cómo se me pulveriza el corazón. No quiero despertar, pero tampoco puedo volver a dormir. Siento un hueco profundo en el pecho por pensar que el resto de mi vida tendrá que ser sin ella.
“Así es la vida”, me digo mientras me ruedan las lágrimas por las mejillas y respiro profundo para no convertirme en Magdalena y despertar a mi hijo que no hace intento alguno por corroborar nada, es mucho más sabio que yo y duerme profundo.
Suena la alarma de mi teléfono a las seis treinta de la mañana. Cada día, a las seis en punto, Pic se trepaba sobre mí y me rascaba el brazo para exigir que le abriera la terraza. Ella misma decidió que sería mi despertador por los siguientes años. No paró ni un solo día. Ojalá me hubiese despertado ella y no esta ansiedad llena de dolor y de angustia. No logro concebir que murió.
Paso rápido la mirada por sus rincones favoritos como queriendo no ver, pero mi cerebro me juega chueco y alcanzo a ver su blancura. Por un mínimo instante veo una bola de pelos enroscada, hasta que desaparece. La busco en cada uno de los pelos que siguen flotando por la casa. “Cada pelo es un deseo”, le digo a mi hijo para darle algún sentido a su ausencia. Nicolás sopla: “Deseo que venga un poco del alma de Macu (como también le decimos) en nuestro siguiente gato”. Sonreímos. Compartimos nuestra tristeza. Se divide. Una vez más, Nicolás me enseña a enfrentar la circunstancia de una manera desconocida para mí, en la que no siente que pierde algo de él, a diferencia mía, que siento que me amputaron una parte del cuerpo.
Quiero llamarla, mirarla y abrazarla hasta que me quite bruscamente de un manotazo. “¿Por qué tan pronto?”, pregunto cada tanto, reprochándole a la nada. Cumplió su misión, me digo, consciente del autoengaño.
Tuve su compañía en épocas de soledad y dolor crónico. Fue muy específica con los momentos que elegía para darme su cariño, como si tuviera claro cuándo hacerlo y por qué. Nunca de más, nunca de menos. Su tino fue preciso, perfecto, curativo.
Fue una compañera para cada miembro de mi familia. Para mi madre, su amiga. Para mi hijo, su par. Para mí, una fortaleza de alegría. Perderla se parece mucho a una pesadilla. Siento cómo ronronea, sobre mí, aunque no esté. No voy a superar jamás su cuerpito blanco desvanecido sobre mis manos, cediendo ante esa última inyección que acabaría con su sufrimiento. Me aferro a la idea de pensar que evitar su dolor es el mayor acto de amor que pudimos hacer por ella.
Siento de nuevo el hueco en el pecho. Estoy cansada de llorar y estoy temerosa de este nuevo mundo en el que ella no está.
Me sostengo para sostener a mi hijo. Es la primera pérdida de un ser querido que vivimos juntos. Entre toda esta tragedia, he podido observar su valentía, su nulo drama. Por mi parte, cada vez que se me ha muerto alguien que amo, mi mundo ha colapsado, se ha desintegrado. Cada pérdida se remonta a la anterior y a la anterior, como mole madre, hasta llegar a la pérdida original: se acumulan, viven en mí. Soy mis pérdidas.
Estoy segura de que lo único peor que sentir este dolor sería no haberla conocido y no haberme conocido a través de sus pupilas felinas, encantadoras, siempre alertas. Pic, con esa dosis exagerada de belleza e independencia, me enseñó que la dignidad es un invento de los gatos.
Deseo que esté en el mejor lugar posible. Esta familia se siente incompleta sin ella. Pero, qué se le va a hacer, salvo permitir que el tiempo haga lo suyo y honrarla a través de pequeños rituales que solo tienen sentido para nosotros.
Está incomprensión que siento, acompañada de pensamientos racionales que no sirven para nada, me recuerda que a esta vida se viene a perder todo lo que se ama. El único consuelo que me queda es la capacidad que tengo de amar profundo y fuerte, como amé a Pic.
No me queda más que estar agradecida por haber tenido el privilegio de que se sumara a este hogar e incluso que nos ayudara a construirlo. Mientras tanto, seguiré corroborando a través de las cobijas, cada madrugada, si su peso está sobre mí. Hasta que un día asuma su ausencia.
Descanse en paz mi amiga incondicional y mi mejor compañera. Aquí estaremos soplando cada pelito blanco que encontremos para desear que un poquito de ti nos acompañe siempre.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1314816" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/anatomia-de-barbara-hoyo.jpg" alt="Ilustración del blog de Bárbara Hoyo, Anatomía, que representa la forma de una mujer en tres dimensiones." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/anatomia-de-barbara-hoyo.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/anatomia-de-barbara-hoyo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/anatomia-de-barbara-hoyo-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/08/anatomia-de-barbara-hoyo-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<a href="https://x.com/barbarahoyo" target="_blank" rel="noopener">@barbarahoyo</a>

Hasta siempre, Pic

“… Zemmoa, el travesti más glamoroso de la ciudad, aparece en las portadas de las revistas y preside sobre el M.N. Roy, una discoteca extraordinaria escondida detrás de una tienda de paletas heladas, a la que sólo se accede si eres parte de una lista original de invitados, que nadie sabe cómo se formó. La lista es incorruptible”. Así describe Guillermo Osorno al antro M.N. Roy y a su emblemática cadenera en “Tengo que morir todas las noches” (Debate, 2014), su exquisita y acuciosa crónica sobre la vida nocturna gay en el Distrito Federal del último cuarto del siglo veinte, adaptada el año pasado a plataformas por Prime Video.
Para Osorno, el M.N. Roy es, junto con el Salón Marrakech, el epítome de la vida nocturna de la pluralidad sexual en la capital del país, el fiel heredero, evolucionado y extrapolado, de lo que fuera El Nueve, el mítico antro de la Zona Rosa que es el verdadero protagonista de su libro. Un espacio en donde la noche chilanga se convierte en el lienzo que permite a cada cual dibujarse a su antojo, sin preguntas ni reproches, sin intermediarios. Incluso, sin pincel. Todos aquellos que hemos pasado por el M.N. Roy podemos atestiguar lo “extraordinario y escondido” de sus noches. Lo transformador, original y subversivo de su personalidad.
Lo que pocos saben, si no es que casi ninguno, es que lo rebelde e insurrecto del local de ocio ubicado en la céntrica calle de Mérida, en la Roma Norte, trasciende a sus saraos diarios entre el crepúsculo y el amanecer. Lo verdaderamente revolucionario del M.N. Roy está en su nombre, y en la historia y el personaje que yacen, un poco olvidados, detrás del mismo. El predio de factura porfiriana en el que se ubica la discoteca albergó a Manabendra Nath Roy, mejor conocido como M.N. Roy, durante su exilio la Ciudad de México entre 1917 y 1920.
M.N. Roy es una figura sin la cual no puede ni debe entenderse la larga y tediosa lucha del pueblo indio por obtener su independencia del yugo de la corona británica, un proceso que costó innumerables vidas y que no se concretó sino hasta 1947, bajo el liderazgo pacifista de Mahatma Gandhi. Pero también un protagonista, aunque secundario y poco reconocido, de los convulsos años de la Revolución Mexicana y, por ende, del proceso que cimentó la historia moderna de nuestro país. El filósofo, revolucionario, activista y político indio nació en 1887 en la provincia de Bengala, al este de la India, y pasó sus años formativos codeándose con la élite del incipiente movimiento independentista de su país.
Con la irrupción de la Primera Guerra Mundial, M.N. Roy inició un periplo que a lo largo de 16 años le llevó de la India ocupada a Japón, Java, China, Rusia, Alemania, los Estados Unidos y, también, México. La misión encomendada al intelectual indio de recaudar fondos y reunir apoyos entre potencias regionales y mundiales para avanzar en la lucha por la independencia de su país, se convirtió súbitamente en un exilio extendido, en un intento de escapar del largo y tenebroso brazo justiciero de la autoridad colonial británica.
Como recoge Aditya Iyer en la revista <a href="https://tribunemag.co.uk/2021/07/how-an-indian-radical-founded-the-mexican-communist-party" target="_blank" rel="noopener">Tribune</a>, M.N. Roy llegó con su esposa Evelyn buscando refugio a la Ciudad de México en julio de 1917, procedente de San Francisco. Aquí se encontró con un país en efervescencia, con una constitución recién concebida, bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, pero aún en lucha consigo mismo, a través de los caudillismos de Villa y Zapata. Nuestra ciudad le proveyó el asilo que necesitaba, pero también se le presentó como el espacio idóneo para expandir y propagar sus ideas revolucionarias, de implicaciones no solo para su nativa India, sino para el mundo entero. A las pocas semanas de su llegada, M.N. Roy comenzó a escribir ensayos de filosofía política en el diario El Pueblo. Para diciembre de 1917, junto a Adolfo Santibáñez, fundó el Partido Socialista de los Trabajadores, que en 1919 tomaría el nombre de Partido Comunista Mexicano. El primero en su haber tras el triunfo bolchevique sobre la Rusia zarista en octubre de aquel año.
Aunque breve, el paso de M.N. Roy por la Ciudad de México no pasa inadvertido. Al menos no para los historiadores abocados al proceso independentista indio, tampoco para los sociólogos, antropólogos y politólogos indios y bangladesíes. Aún menos para los interesados en la génesis del socialismo como alternativa política. Espero que a partir de esta lectura, el nombre y la historia de M.N. Roy, tampoco pasen desapercibidos para nosotros los chilangos, seamos o no asiduos al antro homónimo. Se lo debemos al revolucionario indio, nos lo debemos a nosotros mismos, se lo debemos a la CDMX.
* Diego Gómez Pickering (<a href="https://x.com/gomezpickering" target="_blank" rel="noopener">@gomezpickering</a>) es escritor, periodista y diplomático mexicano. Su libro más reciente es “África, radiografía de un continente” (Taurus, 2023).

M.N. Roy

La organización de la sociedad civil México Evalúa, en el cuaderno <a href="https://politicas-publicas-a-tu-medida.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2024/10/Cuadernillo-6.pdf" target="_blank" rel="noopener">Policía digna</a>, de su serie Políticas públicas a la medida de México, ofrece un panorama general de la situación de las policías en nuestro país y hace una serie de propuestas, para mejorar su condición.
Una primera afirmación es que las policías municipales se encuentran en una situación de precariedad laboral, cuentan con personal muy reducido, reciben salarios muy bajos, tienen equipamiento en mal estado, trabajan jornadas extenuantes y tiene acceso a muy pocas prestaciones laborales.
El último Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI revela, que solo el 60 % recibe aguinaldo y vacaciones, el 21 % tiene seguro de vida y menos del 25 % cuenta con acceso a algún fondo de retiro. Menos del 5 % tiene acceso a beneficios como préstamos para vivienda, crédito automotriz o comercial.
Ante esta realidad, México Evalúa afirma “que las y los policías municipales enfrenten cotidianamente condiciones de vulnerabilidad que los acercan a la pobreza, sin activos ni patrimonio”.
A esto se añade que en las actuales circunstancias, las fuentes de financiamiento con las que los gobiernos municipales podrían revertir esta situación son limitadas e insuficientes. En los últimos años, las autoridades locales no han podido elevar la recaudación.
Hoy día es imposible que los municipios puedan destinar recursos propios para mejorar la condición de vida y trabajo de sus policías. La gran mayoría de los gobiernos locales depende sustantivamente de la asignación de recursos provenientes de la hacienda estatal o de la propia Federación.
Es un hecho que las autoridades locales por ahora se encuentran en un callejón sin salida y con nulos incentivos para revertir la problemática. De un lado, sus policías trabajan con pocas prestaciones laborales, y, por el otro, persisten las carencias en los sistemas financieros locales, las cuales no les permiten obtener los recursos necesarios para cambiar dicha realidad.
En Policía digna, México Evalúa ofrece soluciones prácticas, técnicas, sostenibles y sustentadas, a partir del cual las autoridades locales pueden encontrar una ruta de trabajo viable para empezar a cambiar esta situación en el corto plazo, y consolidar una mejora en las policías en el mediano y largo plazo. La organización está convencida de que es viable mejorar la condición laboral de los policías municipales.
El plan de acción exige visión y voluntad política de los tres niveles de gobierno. Se requiere desde calcular el número ideal de policías del municipio, hasta desarrollar estrategias de financiamiento sostenibles. El plan consta de dos partes:
<ul>
<li>Un conjunto de beneficios que debe garantizarse mínima e inmediatamente, conforme a lo establecido en la normatividad local y federal, junto con los lineamientos del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC) emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).</li>
<li>Un conjunto complementario de beneficios que, para garantizarse, requiere del desarrollo de nueva infraestructura normativa y financiera, acuerdos de colaboración y una mayor armonización de los instrumentos legales.</li>
</ul>
El documento detalla las condiciones y beneficios laborales establecidos por el marco regulatorio local y federal y precisa también de dónde podrían venir los recursos para su financiamiento. El texto se puede ver <a href="https://politicas-publicas-a-tu-medida.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2024/10/Cuadernillo-6.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Policías municipales en México

Uno de los enfoques más humanos para abordar temas penales es el que se centra en las víctimas. Esta visión no debe opacar otras experiencias, como las de las personas procesadas y sentenciadas que están cumpliendo sanciones. En términos de datos e información sobre esta población, son pocas las fuentes gubernamentales que se centran en la perspectiva de las personas privadas de la libertad.
En este contexto, la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Población Penitenciaria Privada de Libertad (Enpol)</a>, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (<a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/" target="_blank" rel="noopener">Inegi),</a> es la única levantada por la autoridad centrada en la opinión y experiencia de las personas procesadas y sentenciadas que están en reclusión.
A pesar de su relevancia para el estudio integral del sistema de justicia penal, no hay certeza de futuros levantamientos de esta encuesta. Desafortunadamente, solo existen dos ediciones de la Enpol: 2016 y 2021, y no hay información de cuándo será la próxima, porque su periodicidad es indeterminada. De hecho, la edición de 2021 es casi un milagro, pues se había anunciado su suspensión en 2019 debido a los recortes presupuestales del Inegi.
<h2>¿De qué trata la Enpol?</h2>
La Enpol incluye preguntas relacionadas a la experiencia del usuario desde el momento de la detención, hasta las condiciones de internamiento en prisiones, e incluso respecto a sus expectativas después de salir. Es decir, nos revela información sobre policías, ministerios públicos, defensores, jueces y personal penitenciario, desde el punto de vista de las personas justiciables en materia penal.
Así, por ejemplo, la Enpol recaba datos sobre la escolaridad de las personas recluidas y razones por las que abandonaron sus estudios; si padecen de enfermedades y si son atendidas en prisión, si las personas han considerado el suicidio mientras cumplen con su pena y si tienen alguna adicción, entre otros aspectos. También contempla preguntas dirigidas a grupos específicos. Por ejemplo, se les pregunta a las mujeres sobre las condiciones de embarazo y la crianza en reclusión, y si las personas hablan alguna lengua de pueblos originarios.
La Enpol surge para dar cumplimiento al mandato legal contenido en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Su propósito ha sido “generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida.” En otras palabras, permite conocer a grandes rasgos el pasado, presente y expectativas del futuro de las personas privadas de la libertad en México. Lo anterior con perspectiva de género y de derechos humanos.
<h2>Las preguntas que revelan la verdad de la vida en prisión</h2>
Si bien existen otras herramientas estadísticas que generan datos en materia penal, hay temas que son exclusivos de la Enpol. Por ejemplo, ¿cuál es la etapa del proceso penal que concentra más actos de corrupción? ¿La detención se realizó con algún tipo de violencia? ¿Qué porcentaje de la población penitenciaria no está sentenciada? ¿A qué tipo de defensa tuvieron acceso las personas sentenciadas y procesadas?
Hablemos de lo que perderíamos si se deja de levantar la Enpol. Ninguna otra encuesta en México nos dice que 67 % de las mujeres en prisión son madres, o que más de 60 % de las personas privadas de la libertad tienen apenas educación básica. Tampoco, que más de la mitad tenía un ingreso mensual previo a la sentencia de 5,500 pesos.
Ninguna otra fuente explora las experiencias de poblaciones vulnerables (comunidad LGBTI+, personas indígenas, personas con discapacidad), los antecedentes sociodemográficos y jurídicos de la persona, ni las condiciones de maternidad en prisión. Estos datos no sólo son estadísticas: son la base para construir políticas públicas que respondan a un diagnóstico real del sistema penal en su conjunto.
Asimismo, esos datos tienen el potencial de ser insumos para investigaciones en diferentes campos. Desde el ámbito del desarrollo económico, podrían ser el primer acercamiento para analizar el impacto de la prisión en las dinámicas familiares, y entender cómo la exclusión económica y social influye en la reincidencia. Concretamente, la Enpol incluye preguntas como: “¿Tiene dependientes económicos?” y “¿Con quién viven sus hijos ahora?”.
<h2>La urgencia de diseñar políticas públicas para las personas encarceladas</h2>
En materia de derechos humanos, la encuesta proporciona insumos clave para identificar abusos de autoridad y tortura, ya que a las personas recluidas se les pregunta: “¿Cuándo lo arrestaron, la autoridad aplicó fuerza física para someterlo?”, “¿Fue presionado a dar información durante el interrogatorio?”, “¿La autoridad permitió o realizó alguna agresión física durante su estancia en el Ministerio Público?”, entre muchos otros detalles que nos dan un panorama de las condiciones que viven las personas encarceladas y del comportamiento de los operadores del sistema de justicia penal en México.
Finalmente, en términos de justicia, ayuda a medir el impacto de la reforma del sistema de justicia penal porque es posible comparar las experiencias de las personas sentenciadas en el viejo y nuevo sistema, ya que un reactivo recupera el año de detención y año de sentencia. En este sentido, podemos contrastar el acceso a defensorías, la calidad de audiencias y los tipos de resolución judicial implementados en ambos sistemas.
Por todo lo anterior, esperemos que Inegi anuncie pronto la próxima edición de la Encuesta, pues la calidad y cantidad de los datos sobre un tema reflejan el interés social y de las autoridades. Además, un levantamiento en lo inmediato sería pertinente para dar guía al diseño de políticas públicas en materia de justicia penal del gobierno entrante.
* Valeria Campuzano es investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa.

¿Desaparecerá la voz de las personas privadas de la libertad?

Boletas, enésimo obstáculo de las elecciones judiciales

El regreso de Donald Trump a la Oficina Oval tendrá implicaciones tectónicas en la relación de Estados Unidos con el resto del mundo y para el orden internacional basado en reglas. Por su proximidad geográfica, nivel de interdependencia y diásporas en ese país, México y Canadá son a todas luces los países más expuestos al riesgo Trump.
En el ámbito internacional, la segunda administración del presidente Trump estará definida por la carrera por el liderazgo tecnológico con China. El reto central para México y Canadá será convencer que la receta para competir con éxito en esta disputa está en una mayor integración regional que aproveche la complementariedad económica, energética y demográfica de los tres países.
Ante este panorama, ¿qué pueden hacer los dos socios y aliados más importantes de Estados Unidos? En primer lugar, preservar América del Norte. Toda revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) debe mantener su naturaleza trilateral. México y Canadá deben ir juntos para empujar sus intereses ofensivos y defensivos.
Esto es especialmente relevante para el próximo gobierno canadiense, que de dejarse llevar por el canto de las sirenas y buscar un acuerdo bilateral llegaría en una posición de debilidad a la mesa de negociaciones en temas clave como el acceso a los mercados de lácteos y madera, la excepción cultural de Quebec o la posibilidad de establecer paneles para la revisión de medidas antidumping.
Por su parte, México debe convencer que reglas de origen más estrictas para el sector automotriz debilitaría a la industria en la región en beneficio de las armadoras chinas. De igual forma, el país debe impulsar una flexibilización de las reglas de origen en textiles para fortalecer la industria textil y de confección, especialmente en el sur de México, regiones históricamente expulsoras de migrantes.
La cuestión migratoria, el problema perenne en la relación México-Estados Unidos representa un nudo difícil de desenredar dada la ausencia de condiciones políticas en el Capitolio y en la Casa Blanca para una reforma migratoria integral. No obstante, es posible dar pasos en esa dirección.
Las caravanas de migrantes de América Central, Venezuela, Cuba y Haití, entre otros países, no terminarán únicamente con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en el Suchiate. México, Estados Unidos y Canadá tendrían que establecer un programa ambicioso de visas temporales donde los tres países, proporcional a su tamaño y economía, reciban un determinado número de migrantes por año.
Asimismo, México tiene que promover una ampliación de la lista de profesiones del T-MEC para la entrada temporal de personas de negocios para incorporar empleos actualmente escasos en Estados Unidos como el autotransporte o la enfermería.
En energía, tanto México como Canadá debieran aprovechar la coyuntura para impulsar el desarrollo de proyectos transfronterizos de infraestructura energética que abonen a fortalecer la seguridad energética y la competitividad de la región.
La administración Trump mantendrá la presión para detener los flujos de droga, particularmente fentanilo, a EUA, una de sus principales preocupaciones. La amenaza del crimen organizado transfronterizo sólo se puede abordar con éxito de forma conjunta.
En este sentido, la respuesta tendría que ser un Tratado de Seguridad de América del Norte que formalice los canales y mecanismos de cooperación en este rubro, con mecanismos de identificación de objetivos prioritarios, intercambio de inteligencia, congelamiento de cuentas y otros activos en los tres países, certificaciones y controles de confianza, entrenamiento y capacitaciones, entre otros.
Sólo así podrán México y Canadá quitarse de encima esa espada de Damocles que representa la amenaza arancelaria.
* Oscar Ocampo (@<a href="https://twitter.com/oscarocampo" target="_blank" rel="noopener">OscarOcampo</a>) es coordinador de Energía y Medio Ambiente.

Ante Trump, México y Canadá deben apostar por América del Norte

En México, la creciente preocupación por la degradación ambiental y los efectos del cambio climático han generado una necesidad urgente de contar con sistemas eficaces para evaluar, gestionar y monitorear los impactos de las actividades industriales. Sin embargo, la legislación ambiental no ha evolucionado al ritmo necesario para abordar los desafíos actuales. A pesar de la existencia de normas y leyes, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, estas no han sido suficientemente actualizadas para reflejar los avances científicos y tecnológicos en la comprensión de los procesos industriales que afectan al medio ambiente, y tampoco existen indicadores precisos que las industrias deberían implementar en sus procesos productivos ni mucho menos la claridad de quién sería la instancia que vigilará que estos indicadores se cumplan.
Por ello, una forma de abordar los problemas de la política industrial sostenible podría ser la revisión de las leyes ambientales para que existan datos que posibiliten evaluar los impactos que las industrias generan y sus repercusiones en el ambiente. Por ejemplo, los indicadores ambientales que son herramientas que permiten medir, monitorear y evaluar el desempeño ambiental de las industrias, ofreciendo una visión clara de cómo sus actividades impactan los recursos naturales, la biodiversidad y la salud pública. Esto es relevante porque la meta 10 del Plan México propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que refleja su visión sobre el desarrollo del país, hace referencia a la sostenibilidad ambiental de las industrias y plantea como objetivo promover inversiones con prácticas que incluyan al ambiente, la sociedad y la gobernanza (ASG). Algunas de las acciones mencionadas en el Plan incluyen el reúso de agua, inversión en energía con capacidad de almacenamiento, sistemas de manejo de residuos sólidos y acciones de impacto comunitario.
La necesidad de estos indicadores es especialmente urgente en México por varias razones. Una de ellas es la evolución de las industrias del sector energético y minero, y sus impactos ambientales negativos como la contaminación del aire, agua, suelo, deforestación y pérdida de biodiversidad, por mencionar algunos. Además, debido a la falta de una legislación ambiental rigurosa los megaproyectos de energía se han aprobado a través de instrumentos de política pública como la evaluación de impacto ambiental y de impacto social <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/evaluaciones-de-impacto-ambiental/" target="_blank" rel="noopener">con serias deficiencias ampliamente documentadas</a>.
Aunque la legislación ambiental en México establece ciertos límites para las emisiones contaminantes y la gestión de residuos, estas leyes no se han actualizado de manera adecuada para reflejar las nuevas realidades ambientales, sociales, económicas y tecnológicas. La ley ambiental aún se basa en paradigmas y datos de décadas pasadas, lo que limita su efectividad para enfrentar problemas contemporáneos como la contaminación de micro plásticos, las emisiones de gases de efecto invernadero o la gestión de residuos electrónicos, y no incluye la emergencia climática por la que atraviesa el mundo. Por ello, los indicadores ambientales pueden servir como una herramienta que complemente y actualice el marco normativo, permitiendo una regulación más precisa y adaptada a los desafíos actuales. Además, pueden ayudar a la industria a cumplir con estándares internacionales, a mejorar su competitividad a nivel global y ayudar a la resiliencia de los procesos productivos.
De igual manera, la falta de transparencia y la debilidad en la rendición de cuentas es otro de los mayores retos en la gestión ambiental en México. En muchos casos, las empresas no informan de manera veraz sobre sus impactos ambientales o manipulan los datos para cumplir con los requisitos mínimos. Por ejemplo, ha habido derrames de petróleo en donde no hay mecanismos de reparación del daño, tampoco es transparente qué origina estos derrames, ni existen consecuencias claras para las industrias que ponen en riesgo nuestro derecho a un medio ambiente sano. Por eso es necesario implementar herramientas estandarizadas y basadas en datos verificables para contribuir a mejorar la transparencia y facilitar el acceso público a la información sobre el desempeño ambiental de las industrias mexicanas.
Esta administración tiene un desafío importante pues es prioridad regular y construir rutas hacia una política industrial sostenible y armoniosa con el medio ambiente y con un enfoque de derechos humanos y derechos colectivos. Nos toca exigir que esta ruta de acción sea con instrumentos de política pública que sean vinculantes y adecuadas a la crisis climática, que sean transparentes y medibles para su monitoreo porque retrasar esto puede tener consecuencias irreparables. Es ahora o nunca.
* Ariana Escalante Kantún es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

Una política industrial sostenible: que se mida y sea transparente

En México, en el actual imaginario político una frase que llegó para quedarse es “la guerra de Calderón”. Es una frase poderosa que busca responsabilizar el actuar criminal del gobierno durante la administración del presidente Felipe Calderón por el saldo de destrucción de vidas humanas que ya conocemos.
La frase también expresa una postura clara y contundente: el rechazo a las medidas draconianas implementadas para el combate a la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, particularmente el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública.
Durante los años de campaña del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto a la constitución del actual partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), mantuvo como una de sus banderas el completo rechazo a la política de “guerra contra las drogas” y la militarización de la sociedad. Es posible encontrar mensajes del propio López Obrador donde rechazaba el uso de militares en labores de seguridad y aseguraba que, de ganar la presidencia, regresaría el Ejército a los cuarteles. En su conferencia matutina del 15 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que lo hecho por Calderón fue una medida irresponsable y se cuestionó: <a href="https://www.infobae.com/mexico/2025/01/15/sheinbaum-responde-a-calderon-sobre-la-decision-que-tomo-ante-ola-de-violencia-quien-declara-la-guerra-en-su-propio-pais/"> “¿quién declara la guerra en su propio país?”</a>, reclamo que quienes estamos en contra de la política de “guerra contra las drogas” compartimos.
Pero este reclamo legítimo acompañado del rechazo de la guerra contra las drogas por parte de la sociedad se ha tornado en un velo de protección y evasión de responsabilidad para la administración actual y la anterior, donde cualquier deficiencia y error en las acciones en materia de seguridad son señaladas como resultado directo de la “guerra de Calderón”. Esta frase sirve también para desinformar sobre el proceso histórico complejo que implica “la guerra contra las drogas” y que no tiene su origen ni en el sexenio de Calderón ni en México.
Dice el académico español <a href="https://www.academia.edu/34453778/_La_Guerra_contra_el_Narcotr%C3%A1fico_cre%C3%B3_la_violencia_en_M%C3%A9xico_An%C3%A1lisis_cuantitativo_de_la_violencia_antes_y_despu%C3%A9s_de_los_operativos_conjuntos" target="_blank" rel="noopener">Carlos Resa Nestares</a> que la llamada guerra contra las drogas de Calderón que “no se trata de una medida original, sino que profundiza un planteamiento preexistente” y no solo en la continuidad del “Operativo México Seguro” de Vicente Fox, sino que se remonta a casi un siglo atrás. El académico y analista <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/bitacora-de-violencias/la-guerra-contra-las-drogas-en-mexico-no-empezo-ayer" target="_blank" rel="noopener">Pérez Ricart señala</a> que desde 1910 en el Washington Post se habla de una “guerra contra el opio diabólico” (war upon evil opium), lo cual deja ver que desde inicios del siglo XX ya existía en el imaginario estadounidense la idea de combatir la producción y consumo de enervantes.
La guerra contra las drogas es un fenómeno histórico cuyo antecedente inmediato se encuentra en el surgimiento del sistema internacional prohibicionista. Este sistema se refiere al conjunto de instrumentos jurídicos internacionales diseñados para restringir la producción de sustancias posteriormente clasificadas como drogas ilegales, el cual inicia con la Convención Internacional del Opio en 1912. En Estados Unidos, una figura clave en el desarrollo de las políticas prohibicionistas fue Harry J. Anslinger, primer &#8220;zar antidrogas&#8221; y director de la Agencia Federal de Narcóticos (precursora de la actual Administración para el Control de Drogas, DEA). Durante sus 30 años al frente de la agencia, Anslinger impulsó activamente la prohibición de la producción y el consumo de drogas, rechazando cualquier alternativa distinta al enfoque punitivo. Su cruzada tuvo un impacto notable en México, el cual ya era identificado como el principal país de origen de la mariguana que ingresaba a Estados Unidos.
Pérez Ricart cuenta que durante el mandato de Ávila Camacho se llegó al exceso al ampliarse la suspensión de garantías individuales de presuntos traficantes y consumidores de drogas, en uno de los episodios más vergonzosos de la guerra contra las drogas en nuestro país. El académico nos dice que las leyes mexicanas eran más represivas que sus equivalentes estadounidenses. <a href="https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0187-73722019000100112" target="_blank" rel="noopener">Las élites conservadoras gobernantes mexicanas no solo cedieron totalmente a las presiones prohibicionistas estadounidenses</a>, sino que incluso superaron a los Estados Unidos en su propia intención represiva de la sociedad, cosa que dio gusto a Anslinger.
En 1971, bajo el mandato del presidente Nixon, se inicia la política de “guerra contra las drogas”, la cual entre sus medidas incluyó una mayor presión diplomática sobre México para intensificar la criminalización de la venta y consumo de drogas, especialmente de la mariguana. Como parte de esta política antidrogas, el Congreso estadounidense crea el proceso de certificación, mediante el cual EUA reconoce a aquellos países aliados en la guerra contra las drogas y sus esfuerzos por frenar la producción y el tráfico, lo que fungió como un arma diplomática, presión que en México se materializa con la Operación Cóndor (1975-1978), primer ensayo en el continente americano de una estrategia antidrogas dirigida por militares.
Desde entonces, el despliegue de las fuerzas armadas en operativos de erradicación de plantíos de mariguana y amapola, junto con la persecución policial, ha constituido una política constante del Estado mexicano frente al fenómeno de las drogas. Esta estrategia nunca se ha planteado como una medida orientada a garantizar la seguridad de la población, sino como una herramienta al servicio de los intereses intervencionistas de Estados Unidos y un pretexto para ejercer control político y social sobre ciertos territorios del país. Estos elementos resultaron particularmente evidentes durante el gobierno de Felipe Calderón.
Finalmente, decir “la guerra de Calderón” es referirnos a un capítulo más parte de un continuum histórico de políticas de prohibición, criminalización y persecución de productores, traficantes y consumidores de drogas ilegalizadas, cuyo episodio más reciente se da con la profundización de la militarización en los gobiernos morenistas y con la declaratoria del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de designar a los “cárteles mexicanos de las drogas” como organizaciones terroristas.
La ruta que Calderón y los gobiernos panistas tomaron es un claro fracaso, pero los gobiernos morenistas que le siguieron han insistido en la misma ruta.
Del mismo modo que las autoridades actuales pueden argumentar que la profundización de la inseguridad en México y las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense limitan su margen de acción para explorar alternativas, este ha sido el mismo razonamiento esgrimido por administraciones anteriores. Al igual que durante el gobierno de Ávila Camacho y las élites conservadoras de su época, las autoridades actuales continúan aceptando las imposiciones de Estados Unidos, consolidando un sistema punitivo, fortaleciendo la intervención militar —ahora mediante la Guardia Nacional— y rechazando cualquier posibilidad de abrir un debate sobre la legalización de las drogas. En conclusión, lo que rechazan son las alternativas al modelo actual.
Porque, no hay que engañarnos, seguimos con la “guerra contra las drogas”: mientras el ejército tenga un papel fundamental, no se reformen las fiscalías, se fortalezcan medidas punitivas (como la prisión preventiva oficiosa) y no se legalicen las drogas, seguimos en la ruta de la guerra.
* Gerardo López García es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
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1 Astorga, L. (2007). Seguridad, traficantes, militares. El poder y la sombra. México: Tusquets Editores.

La “guerra contra las drogas de Calderón”: del reclamo legítimo a la justificación y uso político-electoral

La “guerra contra las drogas de Calderón”: del reclamo legítimo a la justificación y uso político

El nuevo año marcó el inicio de la convocatoria de consulta del gobierno federal para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho proceso determina que durante el mes de enero se desarrollarán foros de consulta temáticos en diferentes ciudades del territorio mexicano.
El artículo 26 <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> de la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf" target="_blank" rel="noopener">Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos </a>establece que se deberá elaborar un Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. De acuerdo con la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPlan.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley de Planeación</a>, todos los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que definen las acciones del gobierno deberán diseñarse en congruencia al Plan Nacional de Desarrollo 2025 a 2030.
Entre los elementos <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> con los que deberá contar el PND están: a) un diagnóstico general de los temas prioritarios; b) los ejes generales que agrupan los temas prioritarios; c) los objetivos específicos; d) las estrategias para ejecutar las acciones; e) los indicadores de desempeño y sus metas. El referido PND indicará programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, así como una visión de largo plazo para su cumplimiento.
De lo anterior, se puede observar que el PND será el antecedente para la construcción del <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&amp;fecha=10/12/2020" target="_blank" rel="noopener">Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH),</a> que será el instrumento rector en materia de derechos humanos de la Administración Pública Federal, con la finalidad de articular las acciones del Ejecutivo para la atención de las problemáticas más apremiantes en la materia.
En el anterior <a href="https://www.gob.mx/segob/articulos/rumbo-al-programa-nacional-de-derechos-humanos-pndh-2019-2024?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">PNDH 2019 a 2024</a>, gracias al impulso de las comunidades afectadas por la <a href="https://poderlatam.org/2020/12/proteger-los-derechos-humanos-sobre-los-intereses-empresariales-el-pendiente-del-sexenio/" target="_blank" rel="noopener">actividad empresarial y del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos</a> por primera vez se logró incluir una <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/666833/DOF-Diario_Oficial_de_la_Federacion-PNDH_2020-2024_Programa.pdf" target="_blank" rel="noopener">estratégica prioritaria</a> sobre “impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta”.
El respeto a los derechos humanos por parte del sector empresarial es fundamental para disminuir la desigualdad y generar actividades económicas congruentes con el respeto a los derechos de las personas, las comunidades y el medio ambiente. Es trascendental que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos en contextos corporativos, para lo cual es necesario contar un marco regulatorio robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de esos derechos. Esto contribuirá a mejorar el destino del país, conservar su soberanía y proteger los derechos humanos frente a cualquier tratado comercial y de inversión.
Por este motivo, en la construcción actual del PND, el gobierno de México debe comprometerse con la promoción de esta agenda de empresas y derechos humanos, a fin de posicionar el tema en la APF y estatal para lograr un marco robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de los derechos humanos.
Los <a href="https://planeandojuntos.gob.mx/backoffice/media/explore/1/file/pnd-fechas-y-sedes-foros-part-ciudadana_pdf_67890e86eb750" target="_blank" rel="noopener">foros</a> anunciados para consulta pública no incluyen mesas de trabajo específicas para que participen las comunidades indígenas, afromexicanas, campesinas, agrícolas, forestales que día con día enfrentan los impactos de la actividad empresarial en su territorio. Las autoridades federales aún están a tiempo de cambiar el rumbo de esos procesos de consulta, incorporando además una perspectiva de género e intercultural.
Durante este <a href="https://planeandojuntos.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">sexenio</a>, la apuesta de todas las autoridades se debería enfocar en fortalecer los mecanismos y políticas de protección existentes para salvaguardar los derechos a la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales, así como de aquellas afectadas por las actividades empresariales incluyendo megaproyectos, con la finalidad de eliminar los obstáculos jurídicos para acceder a la justicia, así como proporcionar mecanismos accesibles y efectivos a través de los cuales las víctimas puedan presentar denuncias sobre los daños a los derechos humanos relacionados con las empresas y, sobretodo, para obtener reparación integral.
La economía es política y la adopción de un marco regulatorio de la actividad empresarial, que asegure el respeto de los derechos humanos y ambientales, es esencial para cambiar y mejorar el destino del país.
* Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en <a href="https://poderlatam.org/" target="_blank" rel="noopener">PODER</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Este artículo también establece que la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Artículo 21 ter de la Ley de Planeación.

Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030: ¿ los derechos humanos de las comunidades afectadas por las empresas?

Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y los derechos humanos de las comunidades afectadas

La crisis de desapariciones no ha sido revertida en México. En particular, el rezago forense en la identificación de cuerpos y restos sigue siendo un desafío mayúsculo aún no atendido. <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/esfuerzos-forenses-en-abandono?rtbref=rtb_kx0pgd079qfvtumnuh_1714070765325" target="_blank" rel="noopener">Requiere de todos los esfuerzos</a> y de un abordaje interdisciplinario, por lo que es un error contraponer irresponsablemente diferentes técnicas de búsqueda, postulando falsas disyuntivas.
Lo anterior viene a cuento porque hace unos días, <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=912790294375126&amp;set=a.295156532805175" target="_blank" rel="noopener">una publicación en redes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB)</a> causó escándalo y escarnio en la comunidad científica dedicada a las ciencias forenses. En una infografía, la CNB contrapuso la identificación mediante levantamiento de huellas dactilares a la identificación mediante confrontación de perfiles genéticos empleando ADN. La primera, según esta institución, es más barata y ofrece 100 % de confiabilidad. La segunda, para este ente de Estado, es cara y no ofrece plena certeza.
Esta contraposición es falaz y va en sentido contrario de la solidez científica que el actual gobierno busca imprimir a la actividad pública. Como lo señalaron inmediatamente voces muy acreditadas, en ciencia ningún método de identificación ofrece 100 % de certeza. Además, si bien la identificación por vía de huellas dactilares es útil y relevante respecto de cuerpos encontrados recientemente, no puede postularse como única vía para atender el rezago forense, pues son numerosos los cuerpos relacionados con desapariciones de larga data, respecto de los cuales no será ya posible obtener huellas para confronta. Aunque sea escabroso señalarlo, no puede obviarse que en México los restos recuperados no siempre incluyen extremidades de las que puedan levantarse huellas: en muchas ocasiones, se trata de fragmentos corporales o de piezas óseas, que además en ocasiones están dañadas por la exposición a la intemperie o por factores externos como el fuego.
No puede soslayarse, tampoco, que en algunas entidades federativas la identificación por huellas dactilares sólo está ocurriendo en el escritorio y sobre papel, pues las fiscalías no han depurado sus bases de datos como para asegurar plenamente la trazabilidad de los respectivos cuerpos y restos; en estos casos, hay identificación, pero no restitución ni entrega de restos a las familias, ante la incapacidad de las autoridades de hallar esos cuerpos que legalmente se encuentran bajo su propio resguardo.
El avance en la identificación de cuerpos mediante huellas dactilares es sin duda positivo y hay que animar a que prosiga, pues está arrojando logros significativos. La participación en ello de la cooperación internacional, los propios esfuerzos de la CNB y la colaboración del INE son esfuerzos en la dirección correcta. Pero hay que ponderar esta línea de acción en su justa dimensión para no generar simulación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se celebra como un avance para los familiares de personas desaparecidas la entrega de un escáner de huellas digitales a la Fiscalía General de Justicia Militar, aun cuando las instancias castrenses de justicia en ningún supuesto legal compatible con el régimen internacional de derechos humanos pueden indagar la desaparición de una persona y/o participar en el levantamiento de cuerpos o restos de civiles.
El intento de contraponer la identificación mediante huellas dactilares a la identificación mediante perfiles genéticos, como si de una disyuntiva se tratara, se relaciona con el abandono en que ha quedado el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una de las iniciativas de la anterior administración que levantaron expectativas y que <a href="https://elpais.com/mexico/2024-02-20/el-desmantelamiento-del-centro-nacional-de-identificacion-deja-en-vilo-a-cientos-de-familiares-todo-se-fue-por-el-cano.html" target="_blank" rel="noopener">hoy es un elefante blanco</a>. Este <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/8/9/exigen-cero-impunidad-para-evitar-que-centro-nacional-de-identificacion-humana-sea-elefante-blanco-291191.html" target="_blank" rel="noopener">Centro, inaugurado en presencia de familiares de personas desaparecidas</a>, representó en su momento la esperanza de que verdaderamente hubiera un impulso de una política de Estado para superar el rezago forense. Si bien la operación del Centro generaba una serie de desafíos legales no menores –lo que por cierto fue explotado con oportunismo por las fiscalías para preservar el estado actual de cosas– pudo ser una plataforma extraordinaria para la identificación genética de cuerpos y restos asociados casos de larga data o difíciles, integrado por peritos supeditados más a la ciencia y que al ministerio público, con enfoque preponderantemente humanitario y no penal. Sin embargo, <a href="https://elpais.com/mexico/2024-02-20/el-desmantelamiento-del-centro-nacional-de-identificacion-deja-en-vilo-a-cientos-de-familiares-todo-se-fue-por-el-cano.html" target="_blank" rel="noopener">el modelo fue abandonado a nivel federal</a>. Pese a ello, esta forma de trabajar ha empezado a rendir frutos a nivel local, como lo supo distinguir recientemente un muy importante <a href="https://www.nytimes.com/es/2025/01/04/espanol/america-latina/mexico-desaparecidos-narco-violencia.html" target="_blank" rel="noopener">reportaje publicado en </a><a href="https://www.nytimes.com/es/2025/01/04/espanol/america-latina/mexico-desaparecidos-narco-violencia.html" target="_blank" rel="noopener">The New York Times</a> sobre el esperanzador Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila (CRIH).
La <a href="https://adondevanlosdesaparecidos.org/2024/09/24/cierra-sexenio-con-mas-de-72100-cuerpos-sin-identificar/" target="_blank" rel="noopener">crisis de desapariciones y el rezago forense en México son inmensos</a>. Es un despropósito contraponer las diversas aproximaciones técnicas disponibles. No estamos en una condición en la que generar falsas disyuntivas abone: necesitamos de todo, frente a este flagelo que no cesa. Así lo hicieron patente, con la dignidad de siempre, las <a href="https://x.com/CentroProdh/status/1879624236085755915" target="_blank" rel="noopener">madres, hermanas, cónyuges e hijas de personas desaparecidas que la semana pasada participaron en el Congreso Mundial sobre la Desapariciones</a> al que <a href="https://x.com/ONUDHmexico/status/1879961136109678914" target="_blank" rel="noopener">convocó el Comité de la ONU</a> en la materia, celebrado en Ginebra. Y es que aunque las instancias de derechos humanos hoy se excusan en un soberanismo añejo, la crisis de México sigue bajo el seguimiento y la atención de la comunidad internacional.
Internamente, se pretende invisibilizar la continuidad de la crisis –o peor aún, se intenta atribuir la responsabilidad a la propias víctimas como se hacía en el pasado y como lo hacen, en el presente, de modo irresponsable,<a href="https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/alfonso-durazo-culpando-a-las-victimas" target="_blank" rel="noopener"> actores del partido en el poder como el gobernador de Sonora</a>– pero en los foros internacionales el reclamo de las familias es y seguirá siendo incontenible.
En este marco, la identificación mediante ADN seguirá siendo tan necesaria como la identificación mediante huellas dactilares, del mismo modo que seguirá siendo necesaria la cabal puesta en marcha del <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/banco-nacional-datos-forenses-no-funciona-fgr?rtbref=rtb_pruymhhec9cdeujc6yhs_1714649331220" target="_blank" rel="noopener">Banco Nacional de Datos Forenses</a> y la exploración de esquemas humanitarios de identificación que no sean controlados por las negligentes fiscalías.
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