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Entre enero de 2023 y septiembre de 2025, Pemex envió a Cuba cargamentos de crudo y diésel valuados en más de 1.4 mil millones de dólares. El dato proviene de la información <a href="https://www.pemex.com/ri/reguladores/Paginas/informacion_sec.aspx" target="_blank" rel="noopener">reportada</a> por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la Security Exchange Commission (SEC), órgano regulador del mercado de valores y deuda en los Estados Unidos. La cantidad equivale al presupuesto anual de nueve hospitales públicos, como el Infantil o Cancerología, según apuntó la periodista de Animal Político, <a href="https://animalpolitico.com/sociedad/gasolinas-bienestar-cuba-26-mil-millones-pesos-crudo-amlo-sheinbaum" target="_blank" rel="noopener">Nayeli Roldán</a>. Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad ha señalado que, en realidad, dicho volumen corresponde <a href="https://contralacorrupcion.mx/omite-pemex-reportar-en-eeuu-87-de-envios-a-cuba/" target="_blank" rel="noopener">sólo al 13 %</a> del total exportado a Cuba, según datos de plataformas de comercio exterior como ImportKey y Veritrade.
Estos embarques se canalizaron a través de la empresa Gasolinas Bienestar, S. A. de C. V., una filial de Pemex constituida bajo el derecho privado con el objeto social de suministrar combustible a comunidades vulnerables en México y en el extranjero.
En noviembre pasado, Gasolinas Bienestar <a href="https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/OBTIENE-GASOLINAS-BIENESTAR-PERMISOS-PARA-EXPORTAR_3gewv/" target="_blank" rel="noopener">obtuvo permiso</a> de la Secretaría de Energía para exportar a países con infraestructura precaria o en conflicto, como Corea del Norte, Siria y Yemen. La petrolera, sin embargo, ha sostenido que, dada la naturaleza jurídica de la filial, no es sujeto obligado en materia de transparencia. Con base en esa interpretación, Pemex <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qbaal-etDEE" target="_blank" rel="noopener">ha negado la entrega de información</a> detallada sobre estas transacciones.
La Presidencia de la República, sin embargo, <a href="https://www.nacion321.com/gobierno/2026/01/14/pemex-presentara-informe-sobre-petroleo-enviado-a-cuba-asegura-sheinbaum/" target="_blank" rel="noopener">reconoce</a> públicamente que “se tiene que dar esa información”. A la vez, confirma la continuidad de los envíos a Cuba, que justifica como “ayuda humanitaria”.
Esta posición abre una tensión relevante: por un lado, se reconoce el interés público de las operaciones; por otro, se mantiene un esquema jurídico que limita el acceso a la información, aun cuando se trata de recursos y activos de naturaleza pública.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1628647" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Grafica-Pemex-Cuba.jpg" alt="Gráfica sobre las exportaciones de petróleo crudo que México ha hecho a Cuba como &quot;ayuda humanitaria&quot;." width="1280" height="1040" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Grafica-Pemex-Cuba.jpg 1280w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Grafica-Pemex-Cuba-600x488.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Grafica-Pemex-Cuba-1024x832.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Grafica-Pemex-Cuba-768x624.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />
<h3>El perfil financiero de Gasolinas Bienestar</h3>
México Evalúa <a href="https://www.mexicoevalua.org/indice-transparencia-corporativa/" target="_blank" rel="noopener">publicó</a> en 2019 un análisis sobre transparencia corporativa en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, seis años después, mantiene plena vigencia. El estudio se basó en marcos internacionales de mejores prácticas para empresas productivas del Estado que divulgaron información en ámbitos de alto interés público. En aquel análisis advertimos que el hecho de que las filiales estén constituidas bajo derecho privado no debería convertirse en un escudo frente al escrutinio, debido a que cuentan con capital y control público.
Desde la reforma energética de 2013, el régimen especial aplicable a las filiales de Pemex se ha mantenido esencialmente sin cambios, incluso a pesar de la aprobación de nuevas leyes para el sector en 2025. Es verdad que el diseño de estas figuras buscó dotar a las actividades de comercialización de petróleo y gas, de flexibilidad operativa para responder a los mercados energéticos. Pero también es cierto que las empresas filiales forman parte del ámbito de responsabilidad del Estado pues operan con dinero público, administran activos públicos y acumulan pasivos que, en última instancia, recaen sobre las finanzas del Gobierno.
Con la información disponible en la <a href="https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2024/tomo/VIII/52T9M.05.DAR.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">Cuenta Pública</a> (págs. 50, 51), Gasolinas Bienestar muestra un perfil financiero frágil y altamente apalancado, es decir, con niveles de deuda importantes. Este diseño contable implica un importante riesgo que se transfiere al balance consolidado de Pemex y, en última instancia, hacia las finanzas gubernamentales.
Analizando las cifras reportadas, hallamos que, entre 2023 y 2024, los activos de la filial se triplican, pero este crecimiento no viene acompañado de una capitalización proporcional. Como resultado, los pasivos prácticamente igualan a los activos y el capital contable se mantiene marginal. Al mismo tiempo, los márgenes son casi nulos, lo que sugiere que las ventas registradas no se traducen en fortalecimiento patrimonial.
En ausencia de estados financieros desagregados y de notas que detallen la composición del activo —en particular el peso, antigüedad y calidad de las cuentas por cobrar— resulta imposible evaluar si los ingresos reportados corresponden a flujos efectivamente cobrados o a derechos de cobro de alta incertidumbre (es decir, ventas con mucha probabilidad de nunca ser cobradas). Esto significa que la filial Gasolinas Bienestar no genera valor económico para Pemex. Además, desde el enfoque anticorrupción, una empresa estatal que vende sin cobrar simula operaciones al regalar bienes públicos que no fueron debidamente acreditados como donativos. Esto implica presuntos actos de corrupción administrativa y penal por presunto daño patrimonial.
<h3>De afectaciones al erario, a riesgos geopolíticos</h3>
Cuando una filial de Pemex registra pérdidas, éstas se incorporan al consolidado contable de la empresa productiva del Estado y terminan traduciéndose en mayor gasto no programable. En términos prácticos, ello implica una renuncia fiscal a recursos públicos que podrían haberse destinado a financiar derechos fundamentales como la salud, la educación o la seguridad.
Desde esta perspectiva, los donativos energéticos a Cuba, cuyo monto ya es significativo al ser comparable al presupuesto anual de una secretaría de Estado, plantean interrogantes legítimas sobre la gobernanza corporativa de Pemex y su capacidad financiera frente a acreedores.
El caso de Cuba ilustra de manera concreta los riesgos que entraña este diseño institucional. La narrativa oficial sostiene que los donativos buscan apoyar la generación eléctrica en plantas que operan con combustóleo y diésel, en beneficio de una población que enfrenta una crisis humanitaria profunda. No obstante, hasta ahora no existen mecanismos públicos que permitan verificar de manera independiente que el crudo y los refinados enviados se destinen efectivamente a esos fines para beneficio de la población cubana. Fuentes periodísticas documentan que la isla sufre en promedio <a href="https://www.infobae.com/america/mundo/2025/05/30/crisis-en-cuba-la-isla-registro-un-promedio-de-18-horas-diarias-de-apagones-en-mayo/" target="_blank" rel="noopener">18 horas diarias de apagones</a> y que los consumidores deben esperar <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2026/01/14/estan-desesperados-cubanos-agendan-citas-para-cargar-gasolina-en-3-meses-asi-viven-crisis-petrolera/" target="_blank" rel="noopener">hasta tres meses</a> para obtener gasolina, previa cita con las estaciones de servicio.
Además de lo anterior, este tipo de arquitectura institucional plantea riesgos geopolíticos que no deben soslayarse. La experiencia internacional ofrece precedentes relevantes. En el caso de Petróleos de Venezuela (PDVSA), donativos de petróleo supuestamente orientados a fines sociales terminaron siendo <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_7jhwTaTblQ" target="_blank" rel="noopener">triangulados</a> hacia terceros países, como documentó el propio gobierno de Estados Unidos. Además, en ausencia de trazabilidad, auditorías y controles externos, los donativos energéticos están expuestos a desvíos y usos no previstos. La posibilidad de que algo similar ocurra con los envíos mexicanos no es mera especulación, sino un riesgo real derivado de la opacidad ya existente en el <a href="https://www.cibercuba.com/noticias/2026-01-08-u209390-e199854-s27068-nid318086-todo-petroleo" target="_blank" rel="noopener">caso venezolano</a>.
Congresistas estadounidenses han cuestionado públicamente los envíos y han recordado el rechazo del Exim Bank a un crédito por 800 millones de dólares solicitado por Pemex. En este contexto, el caso podría convertirse en un elemento de fricción en las negociaciones del T-MEC hacia 2026, donde la transparencia en el sector energético y el apego a estándares internacionales son factores clave para la confianza entre socios comerciales.
<h3>La solidaridad internacional no puede confundirse con opacidad</h3>
La discusión de fondo, entonces, no está en el orden moral sobre si México debe o no apoyar a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido los envíos bajo un argumento humanitario, y es innegable que la isla enfrenta <a href="https://www.14ymedio.com/cuba/ee-uu-no-impedira-mexico_1_1122639.html" target="_blank" rel="noopener">severas limitaciones</a> en su suministro eléctrico, de gasolina y gas licuado, como documenta con gran valentía el portal <a href="https://www.14ymedio.com/cuba/habana-mayoria-gasolineras-no-despachan_1_1122571.html" target="_blank" rel="noopener">14 y medio</a>. Sin embargo, la solidaridad internacional no puede confundirse con opacidad. La ayuda humanitaria exige condiciones claras: contratos públicos, auditorías independientes, certificación del uso final y cláusulas explícitas que eviten la triangulación para evitar la materialización de riesgos de corrupción.
Sin estos elementos, lo que se presenta como ayuda puede transformarse en subsidios a estructuras que no confirman que el traslado de la ayuda humanitaria beneficie directamente a la población cubana. Además, las ventas incobrables de Gasolinas Bienestar deterioran aún más las finanzas de Pemex, y la convierten en una fuente innecesaria de tensiones internacionales con nuestro principal socio comercial.
Desde México Evalúa <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/lo-que-mexico-evalua/las-peligrosas-malas-practicas-de-transparencia-en-pemex" target="_blank" rel="noopener">hemos alertado </a>sobre las peligrosas consecuencias de malas prácticas en materia de transparencia, que pueden detonar <a href="https://scarincihollenbeck.com/law-firm-insights/business-law/lying-to-sec-investigators-jail-time" target="_blank" rel="noopener">graves sanciones</a> administrativas y penales de las autoridades estadounidenses. Este riesgoso escenario podría implicar para Pemex y para el Estado mexicano la obligación de pagar millonarias sumas a los quejosos.
El Consejo de Administración de Pemex (CAP) tiene una responsabilidad institucional central. Debe emitir lineamientos claros de transparencia para sus filiales y establecer un régimen de “sujeto obligado”. Es decir, una empresa que cumpla con las reglas de transparencia y de prevención de actos de corrupción mediante el aseguramiento de los sistemas internos de control, transparencia y auditoría, según las leyes mexicanas en dichas materias. Si los envíos a Cuba en realidad son donativos y no ventas, Pemex tendría que reportarlos en su <a href="https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/transparencia/responsabilidadsocial/Paginas/donaciones-2024.aspx" target="_blank" rel="noopener">listado anual</a> de donativos aprobados por el CAP, en vez de registrarlos como ventas de exportación.
Las filiales de Pemex, aunque estén constituidas bajo las reglas del derecho privado, son empresas que operan con dinero y activos públicos; por tanto, no deben funcionar como cajas negras. El objeto social de la filial Gasolinas Bienestar debe revisarse a la luz de la situación financiera actual de Pemex, que acumula una deuda de 100.3 mil millones de dólares al <a href="https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%203T25.pdf" target="_blank" rel="noopener">tercer trimestre de 2025</a>.
El caso de Gasolinas Bienestar, los donativos a Cuba y las futuras exportaciones a países con baja probabilidad de pagar, es una prueba de fuego para la capacidad del Estado mexicano de cerrar los vacíos de transparencia en sus empresas públicas y demostrar que la política energética estrenada en 2025 puede ejercerse con responsabilidad fiscal, rendición de cuentas, inteligencia geopolítica y estándares públicos acordes con su relevancia estratégica para los mexicanos. 
* Ana Lilia Moreno (<a href="https://x.com/analiliamoreno" target="_blank" rel="noopener">@analiliamoreno</a>) es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica en México Evalúa.

El affaire Pemex-Cuba: ayuda humanitaria o riesgos públicos

Este 2026, México será evaluado por primera vez en materia de derechos civiles y políticos frente a las Naciones Unidas, en un contexto nacional marcado por una serie de reformas que, los últimos años, rediseñaron la institucionalidad mexicana e impactaron seriamente estos derechos.
En enero de 2024, aún bajo la presidencia de López Obrador, el Consejo de Derechos Humanos (CoDH) examinó por cuarta ocasión a nuestro país en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). En esa ocasión, <a href="https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2024/07/comunicado-epu-julio-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">México recibió</a><a href="https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2024/07/comunicado-epu-julio-2024.pdf"> 318 </a><a href="https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2024/07/comunicado-epu-julio-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">recomendaciones y aceptó 304</a>. De ese ejercicio, la mayoría de recomendaciones fueron sobre la situación de violencia e inseguridad en el país y su impacto en las familias buscadoras, mujeres, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El balance tras el examen fue el diagnóstico ya conocido: México enfrenta una seria crisis de violaciones a derechos humanos.
Ya bajo la administración de Sheinbaum, México ha tenido que presentar una serie de informes y procesos de sustentación sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ante Naciones Unidas, por ejemplo, en materia de <a href="https://www.gob.mx/sre/prensa/sustenta-mexico-iv-informe-ante-comite-de-proteccion-de-los-derechos-de-todos-los-trabajadores-migratorios-y-sus-familiares" target="_blank" rel="noopener">migración</a> y <a href="https://www.gob.mx/mujeres/prensa/el-estado-mexicano-sustenta-su-x-informe-periodico-ante-el-comite-cedaw-400993" target="_blank" rel="noopener">derechos de las mujeres</a>, pero será este marzo de 2026 cuando nuestro país vuelva a presentarse ante la ONU, ahora para evaluar su cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos a través de la presentación de un informe de cumplimiento del pacto.
Será la primera vez que el Estado mexicano lo sustente y que el Comité de Derechos Humanos emita recomendaciones a México, ya bajo la administración de Sheinbaum. Y lo fundamental está en que este informe de cumplimiento y las recomendaciones que deriven tendrán que responder a la transformación radical que sufrió el país en términos de Estado de derecho tras las diversas reformas aprobadas entre 2024 y 2025, incluyendo la reforma al Poder Judicial, la reforma militar, la que desaparece a los organismos autónomos y las relativas al juicio de amparo, que en suma menoscaban la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder, tres elementos fundantes para una democracia sana.
En este sentido, ya diversos grupos de organizaciones civiles hemos comenzado a remitir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas diversos informes sombra sobre la situación de los derechos humanos, particularmente en la esfera de los derechos civiles y políticos. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) se sumó al informe <a href="https://drive.google.com/file/d/14VE1z-ZYtjjG0u9lU0JsT0eRMrlcu6qi/view" target="_blank" rel="noopener">“Derechos humanos y democracia: un panorama de retrocesos en diversos ámbitos”</a>, en el cual se expresa y documenta con preocupación la forma en que estas reformas generan condiciones sistémicas para el abuso y el autoritarismo en la país.
El informe enfatiza que la eliminación de los pesos y contrapesos del sistema político tienen repercusiones directas en el ejercicio de derechos, como el acceso a recursos legales ante posibles violaciones, el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, a un juicio justo, a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la asociación y protesta pacífica, por mencionar algunos. Por ejemplo, la reforma judicial ha evidenciado que los perfiles que han llegado a las instancias de impartición de justicia <a href="https://www.reforma.com/entre-fallas-y-banalidades/ar3088242" target="_blank" rel="noopener">carecen de la formación necesaria para juzgar con perspectiva de derechos humanos</a> y que la primera elección judicial, celebrada en junio de 2025, evidenció prácticas de captación del voto y baja participación ciudadana.
Otro aspecto clave del informe tiene que ver con la militarización de la seguridad y vida pública en México, pues la reforma militar aprobada en agosto de 2024 contraviene a las propias recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, <a href="https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/ObservacionesFinales_ComiteDHONU_MX_2019.pdf" target="_blank" rel="noopener">que en 2019 había recomendado a nuestro país alejarse de posturas militaristas en la esfera de la seguridad</a>.
También se advierte del preocupante impulso a la participación de las fuerzas armadas en la vida pública del país. Como analizamos desde MUCD, en este sexenio se está perfilando la implementación de un <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2025/10/ProgramasSectorialesDefensayMarina.pdf" target="_blank" rel="noopener">plan militar amplio para el periodo 2025 – 2030</a>, en el cual se han anunciado las próximas áreas que serán militarizadas tales como la gestión hídrica y los conflictos sociales por el acceso al agua, la atención a la población en casos de crisis sanitaria/humanitaria y hasta el control del comercio exterior.
El informe sombra enviado a la ONU resalta que es igual de preocupante la reforma a la Ley de Amparo, que limita la protección de los derechos humanos de grupos enteros e históricamente vulnerados. Esta reforma también estuvo acompañada de la denominada reforma sobre inimpugnabilidad (artículo 105 constitucional), que significa que ninguna modificación a la Constitución, sin importar su contenido o alcance, podría ser impugnada a través de mecanismos legales que antes estaban disponibles, dejando sin protección jurídica a la ciudadanía y restringiendo severamente las vías para hacer valer sus derechos humanos.
Otros importantes temas se tocan en este informe, como el reto que el país enfrenta en términos de desaparición de personas, con 133 mil personas desaparecidas a diciembre de 2025.
Lo que México informe al Comité de Derechos Humanos será fundamental tras este rediseño institucional y marcará, en gran medida, el trabajo y esfuerzos necesarios desde la sociedad civil para contribuir a resolver las crisis de derechos humanos que enfrenta el país, así como para insistir en que las reformas aprobadas están lejos de resolver los problemas nacionales. Debemos prestar atención a este proceso y, como ciudadanía organizada, seguir exigiendo cambios a favor de todos nuestros derechos haciendo uso de los mecanismos internacionales para denunciar las violaciones que efectivamente existen en México, aunque el Estado los niegue.
* Jonathan De Vicente Encarnación es director de Incidencia Política en México Unido Contra la Delincuencia A. C. (<a href="https://x.com/MUCDoficial" target="_blank" rel="noopener">@MUCDOficial</a>).

México vuelve a la ONU: ¿cuáles son los retos en materia de derechos humanos y democracia?

Alguien pudo ser formado como médico, pero no ejerce su profesión y por la vía de los hechos no es un médico, y lo mismo sucede con un arquitecto o un ingeniero. La formación original no es lo que determina lo que se es profesionalmente, sino el trabajo que se realiza todos los días.
Esto vale para cualquier profesión y todavía se hace más evidente en aquellas disciplinas, la ciencia y la tecnología, que evolucionan todos los días, y que si no se ejercen en el día día, con la actualización permanente que exigen, quien deja la práctica pronto se queda atrás y los conocimientos que adquirió al inicio de su formación se vuelven obsoletos.
La canciller alemana Angela Merkel (Hamburgo, 1954) se formó como física en la entonces República Democrática Alemana (RDA), que ahora ya no existe. Tiene un doctorado en química y desarrolló su carrera como científica con una investigación sobre la desintegración de moléculas de hidrocarburo y escribiendo artículos para revistas científicas.
En 1989, después de la caída del Muro de Berlín, cuando decide entrar a la política, dijo: “Me di cuenta de que no era tan buena científica y que no estaba suficientemente comprometida con la investigación, con pasar horas en el laboratorio. A mí me gustaba la gente, siempre sentí curiosidad por hablar con ella”. Deja, entonces, la ciencia, para dedicarse a la política, que sería su nueva profesión.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México, 1962) se formó como científica, pero hace más de 20 años no ejerce como tal, y por lo mismo ya no es una científica. Ella, como Merkel, decidió dejar las exigencias propias del mundo de la ciencia para dedicarse de tiempo completo a la política y a la administración pública, donde ha tenido grandes éxitos. Entre otros, ser la presidenta de México y ser la primera mujer que lo logra.
Décadas atrás se formó como científica, tiene un doctorado en ingeniería en energía, pero desde que ingresó a la política, su nueva profesión, ya nunca volvió al ejercicio y a las actividades que exige la práctica cotidiana de la ciencia, que requiere de la investigación, la práctica de laboratorio y la actualización permanente.
La madre de la presidenta, la doctora Pardo, Premio Nacional de Ciencias 2023, sí ha tenido una larga carrera como científica desde el campo de la investigación y la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
No hay duda de que la presidenta se formó inicialmente como científica, campo que deja por el de la política, y ahora no hay duda que su profesión de tiempo completo, desde hace más de 20 años, es la política, carrera en la que ha destacado.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

¿La presidenta es una científica?

En la antesala de una nueva reforma electoral, las prioridades parecen concentrarse en rediseñar instituciones, reducir estructuras y modificar reglas que, durante décadas, han garantizado elecciones competitivas y confiables. Sin embargo, poco se ha impulsado aquello que realmente fortalecería la igualdad del voto. Si el objetivo fuera hacer el sistema más democrático, el foco debería colocarse en un problema conocido, documentado y persistente: <a href="https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/16/7863/7863_26.pdf" target="_blank" rel="noopener">la sobrerrepresentación legislativa</a>.
México construyó su sistema electoral a lo largo de casi cuarenta años. No fue un diseño improvisado ni ideológico, sino una respuesta gradual a fraudes, conflictos postelectorales y a las demandas de pluralismo y mayor competencia. El resultado fue un modelo complejo, sí; perfectible, también. Pero eficaz: tan solo entre 2014 y 2023 se realizaron, en paz y con certidumbre, más de 300 elecciones en las que se renovaron más de 43 mil cargos públicos. Dicho proceso permitió la alternancia en todos los niveles de gobierno cuando la ciudadanía así lo decidió.
Ese andamiaje no es intocable, pero tampoco es prescindible.
<h3>¿Qué es la sobrerrepresentación y por qué importa?</h3>
La sobrerrepresentación ocurre cuando un partido político obtiene en el Congreso un porcentaje de diputaciones mayor al porcentaje de votos que recibió en las urnas. En México, la Constitución establece un límite máximo de desviación entre votos y curules —de hasta 8 %— como parte del diseño del sistema de asignación previsto en el artículo 54 constitucional, con el objetivo de evitar distorsiones excesivas en la traducción del voto. Sin embargo, en la práctica, ese margen se ha estirado hasta convertirse en una distorsión sistemática del principio de igualdad del voto.
A través de las reglas de asignación de diputaciones de representación proporcional y de la integración de coaliciones electorales, esa desviación se ha profundizado. Hoy existen votos que “valen más” que otros. Esto no es una abstracción técnica, tiene consecuencias concretas: en la última elección federal, la coalición encabezada por Morena obtuvo aproximadamente 54 de cada 100 votos y terminó con 73 de cada 100 diputaciones en la Cámara. Es decir, una sobrerrepresentación cercana al 20%.
¿El resultado? Una sola fuerza política puede habilitar reformas profundas al diseño institucional del país —incluidos los contrapesos y los órganos autónomos— sin contar con un respaldo ciudadano equivalente.
Este fenómeno no es espontáneo ni reciente. Aunque el riesgo fue identificado desde la reforma de 1996, la distorsión actual entre votos y curules se observa de manera consistente desde 2015. No es exclusivo de una fuerza política ni de una coyuntura específica, aunque su magnitud en los procesos recientes sí resulta inédita.
<h3>La paradoja de la reforma electoral: tocar garantías, ignorar la distorsión del voto</h3>
Las iniciativas que se han puesto sobre la mesa en los últimos años, particularmente aquellas impulsadas desde el oficialismo, han apuntado en otra dirección.
En 2022, el Ejecutivo y su bancada presentaron una iniciativa constitucional para sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Entre otras propuestas, el documento reducía de manera arbitraria la estructura del INE, eliminaba la lógica de un Servicio Profesional de Carrera autónomo, trasladaba el padrón electoral al gobierno y pretendía elegir a las consejerías —su órgano de dirección— mediante voto popular. No se trataba de robustecer el sistema, sino de debilitarlo bajo el pretexto del ahorro.
Aunque la propuesta no alcanzó la mayoría calificada requerida, dejó claro el rumbo político de quienes hoy impulsan una nueva reforma. No es casual, entonces, que las propuestas actualmente en discusión retomen buena parte de esa lógica. Ojalá que las audiencias públicas realizadas para escuchar a personas expertas en materia electoral en todo el país hayan logrado exponer los riesgos de desmantelar capacidades técnicas, romper la lógica de profesionalización o politizar órganos clave.
<h3>Sobrerrepresentación y democracia sustantiva</h3>
Eliminar o reducir la sobrerrepresentación no es una demanda radical ni antisistémica. Es, en realidad, una exigencia profundamente democrática. Implica asumir que cada voto debe tener el mismo peso y que la traducción de los votos en representantes populares debe ser lo más fiel posible.
Además, la sobrerrepresentación tiene efectos indirectos sobre otros principios democráticos: distorsiona la pluralidad, reduce los incentivos para la negociación política y debilita los mecanismos de control y contrapeso que dependen de una representación equilibrada.
Si el discurso oficial insiste en “fortalecer la democracia”, resulta difícil justificar que este tema permanezca ausente del debate. Más aún cuando existen alternativas viables: ajustes a las fórmulas de asignación, límites más estrictos a la desviación permitida o <a href="https://libroblanco.juridicas.unam.mx/sites/default/files/2025-07/Ciro%20Murayama_%20La%20trampa%20de%20la%20sobrerrepresentacio%CC%81n%20del%201%20de%20abril%20de%202024.pdf" target="_blank" rel="noopener">mecanismos que impidan que las coaliciones simulen mayorías que no existen en las urnas</a>.
<h3>Una advertencia necesaria</h3>
La reforma electoral que hoy se discute no ocurre en el vacío. Se plantea en un contexto de alta polarización, desconfianza institucional y concentración de poder. En ese escenario, tocar las garantías del voto sin corregir sus distorsiones reales representa un riesgo que no deberíamos asumir.
La igualdad del voto no ha sido un regalo de las instituciones, sino una conquista social sostenida. A lo largo de la historia, el avance hacia un voto igualitario ha respondido a una misma exigencia democrática: que la voluntad ciudadana se traduzca en condiciones reales de igualdad. Por eso, cuando hoy se plantean distorsiones estructurales como la sobrerrepresentación, no se está mejorando el sistema; se está erosionando una conquista democrática.
* Farah Munayer Sandoval es cofundador de Aúna. Especialista en gobernanza democrática e integridad electoral.

La reforma electoral y la desigualdad del voto

Durante 2025, al menos 348 policías fueron asesinados en México, 9 % más que los registrados en 2024. No se trata de una cifra excepcional ni de un repunte inesperado, sino de la continuidad de una violencia que se ha vuelto estructural contra quienes encarnan la primera línea del Estado. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Lejos de disminuir, los homicidios de policías se distribuyeron de manera constante a lo largo del año y se concentraron en territorios donde la presencia criminal y la debilidad institucional conviven desde hace tiempo.
La violencia no se repartió de forma homogénea. Sinaloa encabezó el registro con 48 policías asesinados, seguido de Guerrero (39), Guanajuato (36), Michoacán (34) y Veracruz (24). A estas entidades se suman el Estado de México (20), Puebla y Jalisco (16 cada uno) y Baja California (13). El patrón es claro: estados con disputas criminales activas, altos niveles de homicidio doloso y corporaciones locales debilitadas concentran también la mayor letalidad contra policías. El asesinato de agentes no es un daño colateral, sino una estrategia reiterada de control territorial y desafío abierto al Estado.
El tipo de corporación al que pertenecían las víctimas refuerza esta lectura. De los 348 policías asesinados en 2025, 223 eran municipales, 104 estatales y solo 21 federales. Seis de cada diez homicidios recayeron sobre policías municipales, el eslabón históricamente más frágil del sistema de seguridad pública. Son corporaciones con salarios bajos, escasa profesionalización, equipamiento limitado y, en muchos casos, sin acceso efectivo a prestaciones básicas, seguros de vida o esquemas de protección para sus familias. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
El estatus de las víctimas al momento del asesinato aporta otro elemento central. En 2025, 198 policías estaban en activo y 100 se encontraban en franco, es decir, fuera de servicio. Además, 26 eran expolicías. Estos datos muestran que el riesgo no se restringe a operativos o enfrentamientos en funciones. Para muchos policías, la amenaza persiste incluso cuando regresan a casa, cuando dejan el uniforme o cuando ya se han retirado de la corporación. La frontera entre vida laboral y personal es, en los hechos, inexistente.
La distribución mensual confirma la persistencia del problema. Enero, marzo y febrero concentraron cifras altas, pero no hubo un mes sin asesinatos ni una tendencia clara a la baja. La violencia fue sostenida y acumulativa. Cada mes se sumaron nuevas víctimas sin que ello derivara en ajustes visibles de política pública orientados a proteger a quienes sostienen la seguridad cotidiana en los territorios.
Hablar de policías asesinados implica mirar más allá del conteo. Implica reconocer las condiciones en las que operan miles de agentes en el país. La mayoría de las víctimas de 2025 pertenecían a corporaciones municipales que enfrentan al crimen organizado con desventajas evidentes: turnos extendidos, falta de capacitación continua, armamento inferior y una profunda precariedad laboral. En ese contexto, el asesinato de policías no es solo un indicador de violencia criminal, sino un síntoma de abandono institucional. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
La respuesta del Estado ha sido, en el mejor de los casos, reactiva y fragmentada. Se anuncian refuerzos, se despliegan fuerzas federales o se promete equipamiento, pero rara vez se atienden las necesidades estructurales de desarrollo policial. Profesionalizar, mejorar condiciones laborales, garantizar seguridad social, atender la salud física y mental de los agentes y reducir su vulnerabilidad económica siguen siendo tareas pendientes. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Cada policía asesinado representa una vida perdida y una institución debilitada. Pero también revela una omisión persistente: mientras no se atienda la precariedad en la que operan las policías, especialmente las municipales, la violencia seguirá encontrando blancos fáciles. Los 348 policías asesinados en 2025 no son una cifra inevitable; son el reflejo de una deuda acumulada que el Estado ha postergado durante años y que hoy cobra vidas de manera sistemática.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> El conjunto de reportes sobre policías asesinados, y sus respectivas bases de datos, se localizan en: Causa en Común (2026), Registro de policías asesinados. Disponible <a href="https://www.causaencomun.org/registro-de-policias-asesinados" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Datos que lo corroboran, se localizan en: Causa en Común (2025), La situación de los policías en México Disponible <a href="https://www.causaencomun.org/situacion-de-las-policias-en-m%C3%A9xico4" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Causa en Común elaboró un estudio amplio sobre la realidad institucional de las policías estatales. Los hallazgos pueden consultarse <a href="https://www.causaencomun.org/informenacionaldetransparencia2025" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Nuestras propuestas, en materia de desarrollo policial, pueden localizarse <a href="https://www.causaencomun.org/propuestas" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Policías en la línea de fuego: 348 asesinados en 2025

A mediados de octubre pasado, Aysam Mualla, de 13 años, acompañó a su familia a cosechar aceitunas en su campo de olivos, al sur de Nablús. Un comando israelí les tiró gases lacrimógenos que lo intoxicaron hasta dejarlo en coma. Finalmente, <a href="https://www.europapress.es/internacional/noticia-muere-nino-trece-anos-sucumbir-heridas-sufridas-ataque-israeli-cisjordania-20251111235058.html" target="_blank" rel="noopener">el 11 de noviembre falleció</a>.
<figure id="attachment_1627959" aria-describedby="caption-attachment-1627959" style="width: 428px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1627959" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Aysam-Mualla-438x600.jpg" alt="Aysam Mualla, de 13 años, fallecido el 11 de noviembre luego que un comando israelí le tiró gases lacrimógenos que lo intoxicaron hasta dejarlo en coma. " width="438" height="600" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Aysam-Mualla-438x600.jpg 438w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Aysam-Mualla-747x1024.jpg 747w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Aysam-Mualla-768x1053.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Aysam-Mualla.jpg 911w" sizes="auto, (max-width: 438px) 100vw, 438px" /><figcaption id="caption-attachment-1627959" class="wp-caption-text">Foto proporcionada por la familia de Aysam Mualla a los medios.</figcaption></figure>
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<a href="https://english.wafa.ps/Pages/Details/164131" target="_blank" rel="noopener">Murad Fawzi Abu Seifen</a> murió desangrado el 6 de noviembre después de que soldados israelíes le dispararan cuatro veces tras una redada en las calles de la ciudad de Al Yamoun e impidieran la entrada de ambulancias. Tenía 15 años.
<figure id="attachment_1627960" aria-describedby="caption-attachment-1627960" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1627960" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen-600x338.png" alt="Murad Fawzi Abu Seifen, de 15 años, murió desangrado el 6 de noviembre de 2025 después de que soldados israelíes le dispararan cuatro veces tras una redada en las calles de la ciudad de Al Yamoun e impidieran la entrada de ambulancias." width="600" height="338" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen-600x338.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen-1024x577.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen-768x433.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen-1536x865.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen.png 1640w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1627960" class="wp-caption-text">Foto proporcionada por la familia de Murad a la prensa.</figcaption></figure>
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<a href="https://www.haaretz.com/israel-news/twilight-zone/2025-11-15/ty-article-magazine/.highlight/he-waited-for-his-school-bus-an-israeli-soldier-fired-a-tear-gas-canister-in-his-face/0000019a-864b-df64-a5db-feef17b00000" target="_blank" rel="noopener">Nazih Masalma tuvo “la suerte de solo perder un ojo”</a>. El 27 de octubre, mientras esperaba el autobús escolar junto a su hermana en la villa de Beit Awwa, al sur de Hebrón, un soldado abrió la puerta de uno de los tres jeep militares que pasaban y lanzó una bomba de gas lacrimógeno directamente al rostro de este estudiante de 14 años.
<figure id="attachment_1627961" aria-describedby="caption-attachment-1627961" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1627961" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Nazih-Masalma-credito-de-la-foto-Alex-Levac-600x600.jpg" alt="Nazih Masalma, de 14 años, esperaba el autobús escolar junto a su hermana en la villa de Beit Awwa, al sur de Hebrón, el 27 de octubre de 2025, cuando un soldado abrió la puerta de uno de los tres jeep militares que pasaban y lanzó una bomba de gas lacrimógeno directamente a su rostro. Perdió el ojo izquierdo." width="600" height="600" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Nazih-Masalma-credito-de-la-foto-Alex-Levac-600x600.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Nazih-Masalma-credito-de-la-foto-Alex-Levac-768x768.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Nazih-Masalma-credito-de-la-foto-Alex-Levac.jpg 900w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1627961" class="wp-caption-text">Foto de Alex Levac, publicada en el periódico Haaretz.</figcaption></figure>
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Estas historias no son de Gaza. Son de Cisjordania y desmontan una de las coartadas más repetidas para justificar la sistemática violencia israelí contra población civil: la idea de una “zona de guerra” contra Hamás.
Empezar por aquí permite comprender que el proyecto de limpieza étnica y colonialismo de asentamiento sobre la que se fundó el Estado de Israel no es un desvío reciente ni una reacción excepcional al 7 de octubre. Es una política de largo aliento que, en los últimos dos años, no ha hecho más que acelerarse sobre la Palestina histórica.
Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (<a href="https://unrwa.es/actualidad/noticias/cisjordania-sigue-sufriendo-un-infierno-silencioso/" target="_blank" rel="noopener">UNRWA</a>), entre octubre de 2023 y el 14 de enero de este año, 1046 palestinos han sido asesinados en Cisjordania, 229 eran menores de edad. Sólo en 2025, más de 830 palestinos fueron heridos por colonos israelíes, envalentonados por el genocidio en Gaza que sigue su curso.
Desde el anuncio del supuesto alto al fuego del 10 de octubre pasado, más de 450 gazatíes han sido asesinados por el ejército israelí. <a href="https://www.unicef.es/noticia/pese-al-alto-el-fuego-en-gaza-los-ninos-y-ninas-siguen-muriendo" target="_blank" rel="noopener">Según UNICEF en un reporte al 14 de enero, 100 de ellos eran niños y niñas,</a> cifra que, advierte el organismo, solo refleja aquellos incidentes que se han podido documentar. Entre ellos el de <a href="https://animalpolitico.com/internacional/bbc/gaza-alto-fuego-avances-conflicto-sin-terminar" target="_blank" rel="noopener">los hermanos Fadi y Jumaa Abu Assi</a>, de 8 y 11 años, asesinados el 29 de noviembre. Fueron considerados “amenaza inmediata” por los soldados israelíes, quienes los abatieron con un dron al verlos cruzar la imaginaria línea amarilla mientras buscaban leña para que su familia pudiera cocinar.
Pero los actos genocidas no se reducen a asesinatos directos. También buscan hacer inviable la vida misma. Según un análisis satelital de <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2026/01/12/world/middleeast/israel-cease-fire-gaza-demolition.html" target="_blank" rel="noopener">The New York Times</a>, 2500 edificios han sido demolidos en Gaza desde el “alto al fuego”. A ello se suma, desde enero, la <a href="https://elpais.com/internacional/2025-12-30/israel-detendra-en-enero-la-actividad-de-varias-ong-que-operan-en-gaza-entre-ellos-msf.html" target="_blank" rel="noopener">prohibición impuesta por Israel</a> para que 37 organizaciones humanitarias operen en la Franja, entre ellas Médicos Sin Fronteras. Todo esto en pleno invierno, mientras <a href="https://www.elmundo.es/internacional/2026/01/17/696b64b0fdddff08218b456d.html" target="_blank" rel="noopener">bebés mueren por hipotermia</a> en campamentos improvisados.
Lo que, en cambio, sí logró el acuerdo de paz trumpiana fue sacar a Palestina de los titulares y desmovilizar las calles. Estos días, el hueco que se abre en los medios internacionales se centra en presentar a los integrantes del <a href="https://animalpolitico.com/internacional/bbc/quienes-forman-junta-paz-gaza-anunciada-trump" target="_blank" rel="noopener">“Consejo de Paz”</a> que Donald Trump ha invitado para dar inicio a la segunda fase de su “Plan de Paz” para la franja de Gaza, con el que además pretende ir más allá y crear una estructura paralela a la ONU, eso sí, con cartera en mano que <a href="https://www.animalpolitico.com/internacional/trump-mil-millones-dolares-paises-lugar-consejo-paz-mundial" target="_blank" rel="noopener">la membresía cuesta 1000 millones de dólares por país.</a>
Ante este panorama, pocos incentivos parecen quedar para el optimismo. Pero si Palestina ha fungido como laboratorio de prueba de este nuevo orden mundial distópico que pretende desplazar el derecho internacional por la ley del más fuerte y la impunidad, es también desde ahí donde podemos encontrar respuestas para revertirlo.
El pueblo palestino, tras décadas sometido a la sistemática desposesión de tierras, negación de derechos y amenaza constante del olvido, ha puesto nombre a la esperanza activa que guía la práctica de resiliencia y cuidado de la vida colectiva que hoy desborda sus fronteras: sumud.
Sumud se refleja en las voces de <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Xiye-B43a8M" target="_blank" rel="noopener">las “Hijas de la Nakba”</a> y se expresa hoy, dentro de Gaza, en gestos cotidianos que desafían la lógica de la aniquilación: en las familias que <a href="https://www.linkedin.com/posts/carolina-calderon-375409167_a-palestinian-family-celebrates-their-son-activity-7394791070771007490-JI7e?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop&amp;rcm=ACoAAAlOc6IBWIACm9s5kR9v-SxCJsDGH0xHRtg" target="_blank" rel="noopener">celebraron en noviembre</a> que sus hijas e hijos lograron graduarse del tawjihi (el bachillerato), porque saben que estudiar es una vía para defender una posibilidad de futuro, y en la perseverancia de una nueva generación de periodistas gazatíes que, a través de proyectos como <a href="https://www.youtube.com/@gazasvoice" target="_blank" rel="noopener">Gaza’s Voice</a>, sigue formándose, decidida a que sus comunidades no se queden sin voz.
Pero sumud, entendido como una ética de resistencia civil, se sigue encarnando también fuera de Palestina, en acciones concretas como el <a href="https://bdsmovement.net/es" target="_blank" rel="noopener">movimiento BDS</a>, que disputan la normalización del genocidio y el apartheid. En el terreno simbólico del deporte se han sumado campañas como <a href="https://www.gameoverisrael.com/es" target="_blank" rel="noopener">Game Over Israel</a>, que ha puesto bajo presión a la FIFA y a la UEFA para que suspendan a Israel de las competiciones internacionales, cuestionando que un Estado acusado de graves violaciones a los derechos humanos participe en eventos que pretenden representar valores universales. En el Reino Unido, activistas vinculados a Palestine Action sostuvieron una huelga de hambre desde prisiones británicas para exigir que el gobierno no adjudicara contratos de defensa a Elbit Systems, la principal empresa armamentística israelí; setenta días después, <a href="https://www.elsaltodiario.com/reino-unido/gobierno-britanico-cancela-acuerdo-armas-elbit-systems-huelga-hambre-al-limite" target="_blank" rel="noopener">el gobierno anunció la cancelación de uno de esos acuerdos.</a>
Ese mismo desplazamiento del marco —salir de las trampas narrativas heredadas— es el que plantea la <a href="https://mobadara.ps/es/" target="_blank" rel="noopener">One Democratic State Initiative</a>, una iniciativa ciudadana que señala el agotamiento de la retórica de los “dos Estados”, convertida en un dispositivo para gestionar la desigualdad y posponer la justicia. Frente a ello, propone un horizonte político en el que todas las personas que habitan entre el río Jordán y el mar Mediterráneo puedan coexistir como ciudadanos libres e iguales, con los mismos derechos, sin jerarquías impuestas por origen, religión o etnia.
Nada de esto sustituye la responsabilidad concreta de los Estados de salvaguardar el derecho internacional y garantizar justicia. Pero sí muestra cómo, frente a la parálisis institucional y la anestesia mediática, se sigue construyendo democracia desde abajo: a través de la articulación ciudadana, la presión política y la disputa de los marcos de legitimidad que han permitido que lo intolerable se vuelva cotidiano. En tiempos de fatiga apocalíptica y saturación informativa, sumud no es una consigna romántica, sino una interpelación directa: a no dejar de mirar y a actuar para que lo que se normalice sea la solidaridad, no el horror. Despertar, aunque no baste, sigue siendo el primer acto de resistencia frente a la creciente ola autoritaria.
* Daniela S. Valencia (<a href="https://x.com/dany_svalencia" target="_blank" rel="noopener">@dany_svalencia</a>) es analista política y directora de la agencia internacional <a href="https://vibrantecomunicacion.com/" target="_blank" rel="noopener">Vibrante Comunicación</a>. Tiene un Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía por la Universidad de Barcelona. Redes sociales: <a href="https://www.instagram.com/danoax/" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>, <a href="https://www.linkedin.com/in/daniela-s-valencia-82a35844/" target="_blank" rel="noopener">LinkedIn</a> y <a href="https://bsky.app/profile/danyvalencia.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">BlueSky</a>

Y cuando desperté, el genocidio seguía ahí

Ya ha pasado un año desde que el gobierno federal puso en marcha el Plan México, la estrategia de industrialización para fortalecer las capacidades productivas de nuestro país. A los pocos días de su lanzamiento, el gobierno federal creó estímulos fiscales para la atracción de inversiones, promover la capacitación laboral y fortalecer la innovación tecnológica.
A grandes rasgos, los estímulos consisten en permitir que las empresas y personas físicas paguen menos impuestos a cambio de que el gobierno alcance un objetivo económico más importante. Como cualquier otra política, deben estar sujetos a medidas de rendición de cuentas y garantizar los derechos sociales, pues de otro modo pueden convertirse en privilegios fiscales. ¿Qué evidencia hay sobre su impacto? ¿Han funcionado?
Los estímulos fiscales del Plan México, con una bolsa de 30 mil millones de pesos a distribuirse en 5 años, permiten que las empresas y personas físicas paguen menos impuestos –mediante deducciones preferenciales– si realizan alguno de los siguientes tipos de gastos:
<ul>
<li>Inversión en activos fijos nuevos, como maquinaria y equipo especializado, instalaciones o patentes.</li>
<li>Capacitación a personal, particularmente mediante programas que proporcionen conocimientos técnicos o científicos.</li>
<li>Desarrollo de planes de inversión para la obtención de patentes o para la certificación inicial que permita a las empresas sumarse a las cadenas de valor locales y regionales.</li>
</ul>
Para acceder a estos estímulos fiscales, un Comité integrado por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización –a cargo de Altagracia Gómez–, debe estudiar los proyectos de inversión que presenten los contribuyentes. Según datos de la Secretaría de Economía, <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1019229/1er_IL_ECONOMIA_2024-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">al cierre del primer semestre de 2025, dicho Comité había aprobado dos proyectos, y doce se encontraban aún en trámite</a>. Ni los montos de estos apoyos ni la información sobre quienes fueron beneficiados han sido reportados.
Aunque el Comité tiene la obligación de evaluar si los proyectos cumplen con los fines del Plan México y otros requisitos legales, la toma de decisiones debería transparentarse proactivamente. Debido a esta ausencia de información, es imposible realizar un balance técnico sobre sus resultados, a pesar de que los estímulos fiscales son una de las principales herramientas de política fiscal que buscan fortalecer nuestra economía en un contexto geopolítico marcado por la incertidumbre.
Esta situación da pie a diferentes preguntas: ¿qué perfil de empresas se beneficiarán de los estímulos fiscales en sus tres componentes? ¿Cuáles son los proyectos que han sido aprobados, cuáles han sido rechazados y qué razones justifican dichas decisiones? ¿En qué medida el Comité de Evaluación incorpora proyectos comprometidos con la igualdad de género o la sostenibilidad ambiental? Resolver estas dudas es fundamental para garantizar que los estímulos fiscales contribuyan a la soberanía productiva.
Además del estímulo fiscal aquí analizado, el Plan México ha impulsado la creación de más incentivos durante este año, entre los que destacan los estímulos fiscales para los polos de bienestar, los proyectos de economía circular y para la repatriación de capitales. Desafortunadamente, las reglas de estos estímulos tampoco obligan a las autoridades a publicar información detallada sobre sus resultados.
En el marco del Plan México, el gobierno federal ha impulsado diferentes estrategias para elevar las capacidades productivas de nuestro país en un contexto geopolítico incierto. Sin embargo, sería un grave error que estas políticas se implementen sin una adecuada rendición de cuentas a la sociedad. Para garantizar que cada peso invertido por el Estado mexicano esté cumpliendo los objetivos del Plan, es indispensable que se transparente la información sobre quiénes se han beneficiado de los estímulos fiscales y las labores del Comité de Evaluación.
* Iván Benumea es coordinador del programa de <a href="https://fundar.org.mx/justicia-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">Justicia Fiscal</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

Estímulos fiscales del Plan México: más preguntas que respuestas

El <a href="https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social-2024/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Progreso Social (IPS)</a> es una herramienta que evalúa el desempeño social de las entidades federativas de México, de manera independiente a variables monetarias como el ingreso o el producto interno bruto. Su objetivo es medir si las personas cuentan con las condiciones materiales, institucionales y sociales necesarias para llevar una vida digna y el pleno ejercicio de una serie de derechos.
El IPS se distingue por centrarse en resultados, el cual se construye a partir de 48 indicadores sociales y ambientales comparables entre entidades y a lo largo del tiempo. Se construye por medio de una estructura multidimensional y subnacional que genera una serie histórica y resulta altamente complementario a los indicadores económicos tradicionales.
El IPS se organiza en tres grandes dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades. Cada una incluye cuatro componentes: nutrición y cuidados médicos, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal; acceso a conocimientos básicos, información y comunicaciones, salud y bienestar, y calidad medioambiental, así como derechos personales, libertad personal, inclusión y acceso a educación superior. Estas dimensiones, consideradas de forma conjunta, buscan ofrecer una visión integral del bienestar social a lo largo de las localidades de México.
La relevancia del IPS radica en que mide la calidad de vida desde una perspectiva más completa, más allá del ingreso o la actividad económica. Permite identificar brechas territoriales, evaluar la efectividad de las políticas públicas y orientar atención hacia las carencias más persistentes.
<h3>Resultados generales del IPS en México, 2015-2024</h3>
Entre <a href="https://mexicocomovamos.mx/wp-content/uploads/2025/11/MCV-2025_IPS_WEB.pdf" target="_blank" rel="noopener">2015 y 2024</a>, el Índice de Progreso Social en México muestra una trayectoria de avance positivo y moderado. En 2024, el puntaje nacional del IPS alcanzó 65 puntos sobre 100, el nivel más alto desde que se tiene registro, con un avance acumulado de 6.5 puntos respecto a 2015. No obstante, el avance agregado convive con importantes disparidades regionales y con la persistencia de carencias básicas, particularmente en seguridad, acceso efectivo a servicios de salud y calidad del empleo. Estos resultados confirman que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza mejoras equivalentes ni automáticas en materia de progreso social y que el fortalecimiento de los servicios públicos y el acceso a derechos debe ser complementario y necesario para contar con avances en materia social.
<h3>Evolución del Índice de Progreso Social en Aguascalientes, 2015-2024</h3>
El caso de <a href="https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado/aguascalientes/" target="_blank" rel="noopener">Aguascalientes</a> resulta particularmente ilustrativo dentro del análisis subnacional del IPS. A lo largo del periodo 2015-2024, esta entidad se ha consolidado entre los primeros lugares del país en progreso social, reflejando un desempeño sólido en las tres dimensiones del índice.
En 2015, Aguascalientes registró un puntaje general de 65.9 puntos, ubicándose en la cuarta posición nacional. Desde entonces, el estado mostró una tendencia general de mejora, con avances constantes que lo llevaron a alcanzar 73.4 puntos en 2024 y consolidarse en el segundo lugar nacional. Este desempeño refleja condiciones favorables en acceso a servicios básicos, cobertura educativa y una mejora en el ejercicio de los derechos.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1628003" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-1.png" alt="Gráfica con el ranking del Índice de Progreso Social del 2015 a 2024." width="1602" height="984" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-1.png 1602w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-1-600x369.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-1-1024x629.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-1-768x472.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-1-1536x943.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 1602px) 100vw, 1602px" />
El análisis desagregado de los subíndices del Índice de Progreso Social permite identificar con mayor precisión las áreas que explican el desempeño destacado de Aguascalientes a lo largo del periodo 2015–2024.
En la dimensión de Necesidades Humanas Básicas, Aguascalientes presenta un desempeño favorable. En 2015, la entidad registró un puntaje de 78.1 puntos, ubicándose en la segunda posición nacional, mientras que para 2024, el puntaje aumentó a 83.5 puntos, lo que le permitió alcanzar el primer lugar nacional en este subíndice. Este avance refleja mejoras sostenidas en el acceso a servicios fundamentales como agua potable, saneamiento, vivienda adecuada y seguridad personal, consolidando una base sólida de bienestar material para la población.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1628005" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-2.png" alt="Gráfica con el Puntaje en la dimensión de Necesidades Humanas Básicas del IPS (2015-2024)." width="1620" height="740" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-2.png 1620w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-2-600x274.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-2-1024x468.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-2-768x351.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/IPS-Aguascalientes-2-1536x702.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 1620px) 100vw, 1620px" />
En la dimensión de Fundamentos del Bienestar, el progreso ha sido más moderado. En 2015, Aguascalientes obtuvo un puntaje de 67.5 puntos, posicionándose en el sexto lugar a nivel nacional. Para 2024, el puntaje ascendió a 70.8 puntos al ubicarse en el segundo lugar nacional. Este avance está asociado principalmente a mejoras en la cobertura educativa básica, así como en ciertos indicadores de salud y calidad medioambiental.
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La dimensión de Oportunidades es donde Aguascalientes muestra el avance más notable, en 2015 el estado registró un puntaje de 52.4 puntos, ocupando la quinta posición nacional. Para 2024, el puntaje se incrementó de manera sustancial hasta 66.0 puntos lo que permitió a la entidad escalar al segundo lugar nacional. Este crecimiento sugiere avances significativos en la ampliación de oportunidades educativas y en algunos componentes de inclusión, aunque persisten desafíos en materia de derechos personales y libertades individuales.
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El avance de Aguascalientes en el Índice de Progreso Social obedece a una combinación de estabilidad institucional, políticas públicas relativamente eficaces y una estructura productiva orientada a sectores competitivos y de exportación. La provisión de servicios básicos —agua, saneamiento y vivienda—, junto con una cobertura amplia en educación básica y una infraestructura digital sólida, ha fortalecido el acceso a derechos para la población. Asimismo, un <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pibent/PIBE2024_12_RR_Ags.pdf" target="_blank" rel="noopener">entorno económico</a> dinámico, vinculado a inversión industrial y empleo formal, ha permitido traducir el crecimiento económico en mejoras sostenidas de bienestar social.
El caso de Aguascalientes muestra que el progreso social requiere coordinación entre política pública y sector privado. Para el gobierno, la principal lección es priorizar la calidad y continuidad de los bienes y los servicios públicos, así como invertir en capital humano y entornos con mayor seguridad física y seguridad jurídica. Mientras que, para el sector privado, destaca la importancia de generar empleo formal, invertir en capacitación y participar en actividades económicas competitivas e integradas con las cadenas de América del Norte. La experiencia del estado sugiere que el crecimiento económico solo se traduce en progreso social cuando se consolida y se acompaña de instituciones eficaces y de una visión compartida de bienestar.
La experiencia de Aguascalientes subraya la utilidad del IPS como herramienta de diagnóstico y seguimiento. El índice permite identificar áreas donde el estado ha logrado avances consistentes, así como componentes específicos donde se requieren intervenciones focalizadas. El caso de Aguascalientes demuestra que desde una perspectiva económica, el desempeño del IPS en Aguascalientes refleja una interacción positiva entre desarrollo productivo, provisión de servicios públicos y condiciones institucionales. El estado ha logrado traducir parte de su dinamismo económico en mejoras sociales. Aunque el índice también evidencia que el progreso no es automático ni homogéneo, la persistencia de brechas internas y la necesidad de fortalecer servicios públicos fundamentales siguen siendo retos centrales.
* Alfonso Muñoz Duarte es estudiante de Economía en el ITAM, en proceso de titulación y realiza su servicio social en <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>

Del crecimiento económico al progreso social: el caso de Aguascalientes

¿Tiene responsabilidad Estados Unidos de la violencia que se vive en México? Esa es la pregunta que responde el nuevo libro La violencia vino del norte, del académico del CIDE, Carlos Pérez Ricart, el cual fue publicado en diciembre de 2025.
Se trata de uno de los mejores textos académicos que se han escrito sobre la violencia en México en los últimos años, porque desentraña con datos la relación entre un proceso de desregulación en la compra de armas y el aumento en la cantidad de rifles de alto poder que se trafican de Estados Unidos a México.
Es decir, sostiene que la falta de controles en la venta de armas en los Estados Unidos es responsable de un porcentaje relevante de la violencia en México y también en el mismo Estados Unidos, porque al quitar los límites que hubo durante una década en la venta de rifles de asalto, provocó un aumento en los tiroteos masivos en escuelas, centros comerciales y otros espacios públicos.
Si bien lo anterior no se trata de un argumento nuevo, ya que ha sido sostenido durante años por muchos investigadores, periodistas e incluso por el Gobierno de México, lo novedoso es que presenta una cronología muy clara del proceso de desregulación, y con datos soporta cómo cada ley a favor de la industria armamentista y de la Asociación Nacional del Rifle se tradujo en más ventas de armas, en rifles de mayor poder en las calles y en más violencia.
Pérez Ricart señala varios momentos críticos. Por ejemplo, la adopción de la Ley Brady en 1993, que obligó a los vendedores a revisar los antecedentes penales de los compradores, y la Assault Weapons Ban en 1994, que prohibió la venta por 10 años de armas de asalto en los Estados Unidos, ambas impulsadas en el gobierno de Bill Clinton.
Sin embargo, el lobby armamentista logró que en 2024 esta ley no se renovara y el congresista Todd Tiahrt impulsó un año antes -en 2003- una serie de enmiendas que dificultó a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos el dar seguimiento al rastreo de las armas, impidió que se compartieran estadísticas públicas y que esa información se pudiera usar como prueba en procesos judiciales.
Pero lo peor vino en 2005 cuando George W. Bush firmó la Protection of Lawful Commerce in Arms Act, que impide que las empresas de armas sean procesadas por los delitos cometidos con las armas que venden, como corresponsables, lo que en la práctica las hace inmunes.
Esta transformación legal se combinó con el combate frontal emprendido por desde el sexenio de Felipe Calderón, ya que coincidió la necesidad de mayor acceso a armas del crimen organizado, con una mayor disposición y facilidad para comprar armas en los Estados Unidos.
Esto ayudó a crear intrincadas redes de compra de armas en donde ciudadanos estadunidenses -la mayoría sin antecedentes compran armas en armerías, ferias o a particulares- las pasan a México por una frontera que prácticamente no revisa los vehículos que entran a México y dentro de nuestro país las mismas se envían a los lugares en donde hay disputas territoriales entre bandas criminales.
Al final existe una corresponsabilidad de ambos países en la violencia que vive México, y se requieren cambios legales que restrinjan la venta indiscriminada. Sin embargo, suena poco probable que se pueda dar pronto.
Se trata de un excelente texto para entender la violencia en México y las posibles opciones que tenemos para hacerle frente, que les recomiendo leer. El mismo ya se encuentra disponible en las principales librerías del país y en plataformas como <a href="https://www.amazon.com.mx/violencia-vino-del-norte-alimenta-ebook/dp/B0G3TPK5KT" target="_blank" rel="noopener">Amazon</a>, en <a href="https://pendulo.com/libro/violencia-vino-del-norte-la_477804" target="_blank" rel="noopener">formato impreso</a>, <a href="https://www.gandhi.com.mx/la-violencia-vino-del-norte-9786073867702/p?srsltid=AfmBOooElYWhlsjZA3PSLwP2F7PonMy3YIu-Jg2RthM83Ej7165QkiRM" target="_blank" rel="noopener">libro electrónico</a> y en <a href="https://www.audible.com/es_US/pd/La-violencia-vino-del-norte-Audiolibro/B0G5BFFK4K?srsltid=AfmBOorRRMQCFzzFtLH0HOFgJH66DmJAd1LfGh2lqJvkoEYmXEzHivY_" target="_blank" rel="noopener">audiolibro</a>.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

La violencia vino del norte, de Carlos Pérez Ricart

El 20 de mayo de 2025 diversos medios internacionales reportaron un hecho que, a primera vista, podría parecer un error logístico desafortunado: <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/05/20/sociedad/servicio-postal-abandona-camion-con-12-mil-pollitos-en-delaware-eu" target="_blank" rel="noopener">el abandono de un camión del Servicio Postal de Estados Unidos con aproximadamente 12,000 pollitos recién nacidos en su interior, en el estado de Delaware</a>. A consecuencia del calor y la falta de agua, cerca de 4 000 murieron. Muchos de los sobrevivientes llegaron deshidratados y con graves signos de estrés térmico. Aunque este acontecimiento ha sido calificado como una falla operativa o un “accidente”, desde una perspectiva antiespecista y desde el marco teórico de los estudios críticos animales, constituye una muestra clara y dolorosa de lo que significa tratar a los animales como objetos y mercancías: vidas reducidas a números, bienes transportables, pérdidas logísticas.
El antiespecismo, <a href="https://www.infobae.com/america/perrosygatos/2021/04/22/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-antiespecismo/" target="_blank" rel="noopener">corriente ética y política que rechaza la discriminación moral basada en la especie, plantea que todos los seres sintientes —humanos o no— deben recibir consideración ética similar cuando sus intereses son comparables</a>. Bajo esta mirada, la vida de un pollo tiene un valor intrínseco, no subordinado al beneficio humano ni a los dictámenes del mercado. Por ello, el hecho de que miles de animales recién nacidos fueran enviados en masa, por medio de un servicio de paquetería, y luego dejados morir en condiciones inhumanas, no puede interpretarse como una simple falla administrativa. Es, en cambio, una evidencia del lugar estructuralmente marginal que ocupan los animales en el mundo moderno capitalista.
Los Estudios Críticos Animales, disciplina interdisciplinaria que combina análisis político, filosófico y ético, han insistido en que <a href="https://animalsandsocialwork.info.yorku.ca/about-animals-and-social-work/" target="_blank" rel="noopener">el problema no reside solamente en el trato individual hacia los animales, sino en los sistemas que los cosifican y los insertan en circuitos de producción y consumo donde su subjetividad se anula</a>. La tragedia de Delaware representa con brutal claridad esta lógica: animales recién nacidos, provenientes del criadero Freedom Ranger Hatchery, en Pensilvania, fueron empaquetados y despachados como si fueran objetos inertes. Al fallar la entrega, no se activó un protocolo de rescate inmediato ni una alarma ética, sino que simplemente se dejó el camión estacionado durante más de 36 horas, lo que condenó a miles a una muerte lenta.
Este hecho no puede desligarse de un marco más amplio: el de la mercantilización de la vida animal. Desde la <a href="https://www.animal-ethics.org/animals-used-food-introduction/" target="_blank" rel="noopener">industria alimentaria</a> hasta la <a href="https://wildwelfare.org/animals-in-tourism/" target="_blank" rel="noopener">del entretenimiento y el turismo</a>, pasando por la <a href="https://www.humaneworld.org/en/issue/animals-in-research" target="_blank" rel="noopener">experimentación científica</a> y <a href="https://www.watsonwolfe.com/2023/09/01/animals-in-the-fashion-industry/?srsltid=AfmBOopr_glSKUKql9Y_lXmCodGvIDsCJZGfU37y9kSV7UsMrSH8oTLc" target="_blank" rel="noopener">la moda</a>, los animales han sido históricamente utilizados como recursos al servicio humano. Lo novedoso en este caso es la exposición pública de lo que normalmente permanece oculto tras los muros de los criaderos, las granjas industriales y los mataderos. Cuando estos procesos fallan, como ocurrió en Delaware, el sistema revela su <a href="https://revistaleca.org/index.php/leca/article/view/103" target="_blank" rel="noopener">violencia estructural</a>.
No es casual que los pollitos en cuestión fueran considerados no como víctimas, sino como “pérdidas económicas”. Tanto el criadero como el servicio postal centraron sus declaraciones en el aspecto logístico del error, sin asumir responsabilidad moral por las muertes. Más aún, el Departamento de Agricultura de Delaware, al verse superado por la situación, <a href="https://edition.cnn.com/2025/05/20/us/delaware-chicks-abandoned-usps-truck" target="_blank" rel="noopener">ofreció una compensación mínima al refugio animal que acogió a los sobrevivientes, sin reconocer la dimensión ética del suceso.</a> Esto ilustra perfectamente lo que significa el “<a href="https://caroljadams.com/spom-the-book" target="_blank" rel="noopener">referente ausente” de Carol Adams</a>, una operación conceptual por la cual se borra al animal como sujeto viviente y se le convierte en un objeto: carne, mercancía, en categoría gestionable.
Frente a este escenario, el antiespecismo no propone una respuesta caritativa o sentimental, sino una transformación radical del marco ético y político desde el cual pensamos nuestra relación con otros animales. La pregunta no es cómo podemos mejorar las condiciones de envío de pollitos vivos, sino si es moralmente aceptable que tratemos a seres sintientes como paquetes postales. Lo que este caso pone en entredicho es la misma legitimidad de una práctica que, aunque legal y común, es profundamente injusta.
A menudo se argumenta que este tipo de <a href="https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/bienestanimal/en-el-transporte/" target="_blank" rel="noopener">transporte es necesario para abastecer la demanda alimentaria humana, especialmente en sectores que optan por criar sus propias aves para huevos o carne</a>. Sin embargo, esta lógica utilitarista obvia una cuestión crucial: ¿en qué momento decidimos que las vidas de miles de animales son sacrificables en aras de la conveniencia, la tradición o el precio? ¿Por qué asumimos como “normal” que pollitos de un día de nacidos sean enviados por correo, sin compañía materna, sin garantías mínimas de bienestar, con el riesgo constante de muerte?
Esta normalización de la violencia es un ejemplo de <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2145-77192018000200237" target="_blank" rel="noopener">“vida desnuda”: una existencia reducida a lo biológico, desprovista de derechos, susceptible de ser eliminada sin consecuencias jurídicas o morales</a>. En el caso de los animales no humanos esta condición es estructural: no sólo pueden ser eliminados sin castigo, sino que su eliminación es parte del sistema mismo que los produce. De hecho, <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-51667656" target="_blank" rel="noopener">los pollitos machos en la industria avícola son rutinariamente triturados al nacer o asfixiados por ser considerados económicamente inútiles, lo que muestra que el horror no comienza ni termina en Delaware</a>.
No obstante, también es importante destacar las respuestas éticas que emergen ante estas tragedias. El refugio <a href="https://www.npr.org/2025/05/20/nx-s1-5405036/12000-chicks-postal-service-usps-truck" target="_blank" rel="noopener">First State Animal Center rechazó categóricamente las solicitudes de adopción con fines alimentarios, y ha priorizado el cuidado, la rehabilitación y la adopción responsable de los pollitos sobrevivientes</a>. Este tipo de prácticas, aunque pequeñas frente al tamaño del sistema, son gestos ético-políticos significativos: reafirman la vida como valor en sí mismo, resisten la lógica de la mercancía, y nos invitan a imaginar otras formas de relacionarnos con los animales.
Lo ocurrido en Delaware no debe verse como una excepción, sino como un síntoma. Es un espejo incómodo que refleja nuestra indiferencia cotidiana ante la explotación animal; nuestra complicidad estructural y el vacío ético de nuestras instituciones. Pero también es una oportunidad: una fisura en el discurso dominante que nos permite cuestionar lo que hemos aceptado sin pensar. Si de verdad creemos en una sociedad más justa, no podemos limitar nuestra compasión y nuestro sentido de justicia a los miembros de nuestra especie. Necesitamos un nuevo marco ético que reconozca a los animales como sujetos, no como cosas. Necesitamos, como plantean los estudios críticos animales, desmantelar los regímenes de dominación que se articulan en torno a la especie, el capital y la violencia. La pregunta que queda, tras la muerte de miles de pollitos olvidados en un camión, no es qué falló en la logística. La pregunta, mucho más incómoda, es por qué seguimos permitiendo —y naturalizando— que seres vivos sean tratados como objetos desechables.
* Gino Jafet Quintero Venegas (<a href="https://x.com/JafQuven" target="_blank" rel="noopener">@jafquven</a>) es doctor en Geografía por la UNAM, con un posdoctorado en Bioética. Actualmente es Investigador Asociado “C” del Instituto de Investigaciones Sociales en el área de Espacio social, cocoordinador del Seminario Permanente de Estudios Críticos Animales de la UNAM, y profesor de Geografía y Ética y Temas Selectos de Biogeografía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

La vida animal como mercancía y la tragedia de los pollos en Delaware

Hace meses, una lluvia convirtió la Calzada Zaragoza, al oriente de la Ciudad de México, en un río ingobernable. Autos flotando, coladeras colapsadas y personas colgadas de la reja del Metro que querían cruzar charcos nos recordaron que intentar “domar” el agua con tubos y concreto ya no funciona.
Construimos nuestras ciudades para climas que ya no existen. Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), casi 70 % de los municipios en México tienen vulnerabilidad alta y muy alta ante los impactos del cambio climático, afectando principalmente zonas urbanas.
Por eso el libro de Miguel Treviño, Contracorriente, llega en un momento tan necesario. Aunque surge de su experiencia como alcalde independiente en San Pedro Garza García, ofrece enseñanzas clave para quienes trabajamos en la agenda de ciudades sustentables: rescatar nuestro entorno urbano requiere, ante todo, la voluntad de desafiar la inercia.
La sustentabilidad urbana no es un concepto abstracto, se mide en algo sencillo como la calidad de vida al caminar. Es la diferencia entre una calle donde te quemas bajo el sol y una con sombra de árboles que refresca el barrio. Se mide en qué tan segura se siente una ciudad cuando llueve fuerte o en si las niñas y niños pueden jugar tranquilos y respirar aire limpio en el parque de su colonia.
Esta cotidianidad es la que Treviño pone sobre la mesa en su libro, en el que narra cómo la recuperación de parques y ampliación de banquetas suelen enfrentar la resistencia de sectores acostumbrados al automóvil. Sin embargo argumenta, con mucha razón, que el espacio público es lugar donde todos somos iguales y el cimiento desde el cual se construyen las ciudades.
Para nosotros, ese espacio es también donde las ciudades respiran, el agua se infiltra al subsuelo para evitar inundaciones y se restaura parte de esa vida natural que perdimos.
Ir “a contracorriente” es entender que un parque no es un adorno, sino infraestructura vital para el clima y el tejido social. La visión del libro coincide con la urgencia de transitar de un modelo de “pavimentar y entubar” a uno de “regenerar y conservar”.
Es preciso reconocer que ya existen gobiernos locales en México que dan pasos valientes en esta dirección, impulsando proyectos de movilidad activa y rescate de ríos urbanos que rompen con la inercia del siglo pasado. Sin embargo, ante la velocidad de la crisis climática, estos esfuerzos todavía son insuficientes.
El autor es realista: para que estos avances dejen de ser aislados, se requieren capacidades institucionales sólidas, servidores públicos profesionales y datos precisos. No basta con el entusiasmo ambientalista; la transformación urbana exige rigor técnico, transparencia y equipos que antepongan el bien común a cualquier inercia política.
Un punto que resuena con nuestra misión en WWF México es la participación ciudadana. Treviño enfatiza que “entrarle al reto” implica que la ciudadanía sea corresponsable, algo que comprobamos en el trabajo con las ciudades mexicanas.
Lo vimos en Hermosillo, donde nuestra campaña We Love Cities, que fomenta la comunicación entre los gobiernos y ciudadanos, movilizó miles de personas que retroalimentaron el trabajo de su gobierno en el cuidado de recursos naturales, parques y espacios públicos y movilidad.
Hoy también los vemos en Guadalajara con la iniciativa “Puntos Verdes Metropolitanos”, donde los vecinos participan activamente en la valorización de residuos y promueven la sostenibilidad en sus colonias. Cuando la ciudadanía se organiza para proteger su entorno, construye en la práctica la gobernanza que el libro propone como antídoto a la apatía tradicional.
Contracorriente es un recordatorio de que el tiempo de las soluciones de corto plazo se agotó. Con temperaturas extremas (muy bajas o altas) y ciudades cada vez menos habitables, el costo de hacer lo mismo es muy alto.
Hoy, las ciudades mexicanas están en un punto crítico: seguir el flujo de una urbanización desmedida o nadar contra corriente para rediseñar su relación con el entorno.
La transición hacia ciudades sustentables y resilientes no sucederá por accidente; será el resultado de conversaciones, algunas difíciles, y liderazgos valientes que, como sugiere Treviño, se atrevan a reconstruir la ciudad desde su fibra más básica: la calle, el árbol y el ciudadano. Es momento de entrarle al reto, porque en la salud de nuestras ciudades nos jugamos, literalmente, nuestro futuro. La meta es traer la naturaleza de vuelta.
* Álvaro Rodríguez es Oficial de Ciudades Sustentables en WWF México.

Ciudades a contracorriente: la voluntad de desafiar la inercia

Enero de 2026. No empiezo el año con entusiasmo, sino con cautela. No porque no crea en los ciclos, en los comienzos o en la posibilidad de cambio, sino porque algo en el cierre de 2025 dejó un peso difícil de ignorar. El tiempo pasó con una velocidad que no logro asimilar del todo, y aunque esta sensación suele explicarse como parte del envejecimiento, lo cierto es que me descubro más observadora que celebratoria, más atenta que optimista.
Vivo en la Ciudad de México. El 2 de enero despertamos con un sismo cuyo epicentro fue Guerrero. Un día después, la conversación pública se volcó hacia un evento político internacional que, más allá de sus implicaciones geopolíticas reales, detonó una avalancha de opiniones inmediatas, categóricas y ferozmente seguras de sí mismas. En cuestión de horas, redes sociales, chats, programas de opinión y sobremesas digitales se llenaron de diagnósticos, juicios morales y sentencias definitivas.
No me interesa detenerme aquí en el análisis del hecho en sí ni en sus consecuencias para los países involucrados. Me inquieta otra cosa: la ligereza con la que nos hemos acostumbrado a opinar de todo, como si comprender fuera opcional y la experiencia ajena un detalle secundario. Pareciera que basta con tener una cuenta activa, un micrófono o un grupo de WhatsApp para asumirnos expertos. Nos hemos convertido, con sorprendente facilidad, en falsos especialistas de cualquier tema que cruce nuestra pantalla.
Opinar no es el problema. La posibilidad de hacerlo es, de hecho, uno de los grandes logros democráticos de nuestro tiempo. El problema aparece cuando la opinión se emite sin empatía, sin contexto y sin el mínimo esfuerzo por colocarse en el lugar de quien vive las consecuencias reales de aquello que se discute. En esos casos, la opinión deja de ser una contribución y se transforma en ruido: frío, superficial y, en muchos casos, violentamente indiferente.
Vivimos en una época que premia la rapidez sobre la reflexión, el volumen sobre la profundidad y la seguridad performativa sobre la duda honesta. Se valora más parecer experto que aceptar la complejidad. Más ganar una discusión que comprender una realidad. Más hablar que escuchar. La conversación pública se ha vuelto un espacio donde se compite por tener razón, no por entender mejor lo que ocurre.
Hace unos días, en un chat donde abundan las posturas políticas firmes y los egos bien entrenados, alguien cerró una discusión escribiendo: “Aprende a debatir”. La frase, cargada de superioridad, me dejó pensando. ¿De verdad creemos que debatir es convencer al otro? ¿O se nos ha olvidado que el valor de una conversación está en abrir preguntas, no en imponer respuestas?
Ninguna de las personas involucradas vivía la situación que discutía. Opinaban desde la comodidad de un dispositivo que no ha sido bloqueado, desde la seguridad de no enfrentar represalias físicas ni silencios forzados. Y aun así, hablaban con una certeza absoluta que no admitía fisuras, dudas ni matices. Como si la experiencia directa fuera prescindible.
Tal vez, al iniciar este 2026 —un año que ya trae demasiado que procesar— valga la pena arrancar pausando. Recuperar los aprendizajes de 2025 y hacer un ejercicio personal, incómodo pero necesario: preguntarnos dónde estamos hoy, en qué momento de vida nos encontramos, por qué nos sentimos tan seguros de lo que pensamos y en qué punto dejamos de preguntar con curiosidad genuina por el otro.
Quizá empezar mejor el año no tenga que ver con opinar más, sino con conversar mejor. Algunas prácticas podrían ayudarnos a elevar la calidad de la conversación pública:
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<li>Autodiagnóstico: antes de opinar, preguntarnos cuánto sabemos realmente del tema y si podemos informarnos mejor, escuchando a quienes lo viven.</li>
<li>Propósito de la opinión: identificar si queremos expresar, convencer, aportar algo nuevo o demostrar que sabemos.</li>
<li>Debatir no es ganar: es comprender, contrastar y ampliar la mirada.</li>
<li>Reivindicar al que pregunta: dudar y no saber es una posición poderosa desde la cual se aprende más.</li>
<li>Respetar la historia ajena: nadie opina desde el vacío; saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio también es responsabilidad.</li>
</ol>
Tal vez así, en este enero sin euforia, logremos que las opiniones pesen menos y que las conversaciones —esas que realmente transforman— vuelvan a importar.
*Karina Vega (<a href="https://x.com/KarinaVegaP" target="_blank" rel="noopener">@KarinaVegaP</a>) es socia directora en LEXIA. Comunicóloga y especialista en prospectiva.
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Para la fecha en que se publique este artículo ya sonó otra alarma sísmica en CDMX y los acontecimientos internacionales siguen calientes y creciendo en complejidad y tono.

Enero sin euforia: cuando opinar se volvió más fácil que comprender

Cuando pensamos en los arrecifes de coral, solemos imaginarlos como paisajes coloridos que atraen a turistas, o como refugios para peces. Pero los arrecifes de coral son mucho más que eso.
Aunque cubren menos del 1 % de la superficie del océano, estos ecosistemas sustentan cerca del 37 % de las especies de peces que conocemos, muchas de ellas fundamentales para las redes tróficas, que nutren nuestras mesas.
En México, los arrecifes tropicales no solo son patrimonio natural, sino una fuente de proteína y de sustento. En particular, los arrecifes de coral del Golfo de México como Alacranes, Bajos del Norte y Arrecifes del Golfo de México-Sur, son clave para sostener la vida marina en la región conocida como el Banco de Campeche, una zona de alta productividad pesquera y biodiversidad.
Desde Oceana hemos impulsado la investigación de los arrecifes de coral del Golfo de México para conocer más sobre estos ecosistemas y promover su protección.
Gracias a tres expediciones científicas en estos Parques Nacionales Marinos, hemos documentado la abundancia de especies que no solo son hermosas o carismáticas, también son fundamentales para la pesca. Hablamos de pargos, meros, langostas, pulpos y muchas otras especies que sustentan la economía y la seguridad alimentaria de miles de familias que viven de la pesca.
<figure id="attachment_1627499" aria-describedby="caption-attachment-1627499" style="width: 890px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1627499" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/arrecife-de-coral-ok.jpg" alt="Arrecife de coral que Oceana exploró en una expedición científica en 2022 en el Golfo de México." width="900" height="600" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/arrecife-de-coral-ok.jpg 900w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/arrecife-de-coral-ok-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/arrecife-de-coral-ok-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><figcaption id="caption-attachment-1627499" class="wp-caption-text">Arrecife de coral que Oceana exploró en una expedición científica en 2022 en el Golfo de México.</figcaption></figure>
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Es decir, conservar los arrecifes de coral no es solo proteger la belleza del mar, es también asegurar que la comida llegue a nuestros platos. Un arrecife sano y cuidado representa pesca, alimento disponible y futuro para las familias que dependen de la pesca en toda la región. Y aunque vivas en una ciudad lejos de la costa, la protección de estos ecosistemas también te alcanza: ese ceviche que disfrutas, ese filete a la plancha o esa sopa de mariscos muy probablemente provienen de estos arrecifes coralinos.
Pero los arrecifes de coral enfrentan amenazas crecientes. El cambio climático, la sobrepesca, la contaminación y el turismo mal gestionado están deteriorando su salud a un ritmo alarmante en regiones como el Caribe. Y cuando el arrecife enferma, también lo hace la vida que depende de él. Por eso, protegerlos no puede esperar.
Desde Oceana impulsamos su protección no solo mediante la creación de Áreas Naturales Protegidas, sino también promoviendo su buen manejo. Lo que está en juego es mucho más que un paisaje bonito: es el equilibrio del océano y la posibilidad de seguir alimentando a México y al mundo hoy y en el futuro.
* Mariana Reyna es coordinadora de Ciencia en Oceana México.

Arrecifes de coral: alimentación para México y el mundo

A inicios de este año, la desaparición del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrientos, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, sacudió a la comunidad estudiantil, <a href="https://x.com/suj_contigo" target="_blank" rel="noopener">comunidad jesuita en México</a> y a la población en general. Durante su testimonio, en <a href="https://x.com/IberoPuebla/status/2013325385765642426?s=20" target="_blank" rel="noopener">conferencia de prensa</a>, Leonardo relató que tras llegar al aeropuerto Internacional de Monterrey para realizar una escala hacia la Ciudad de México, fue estigmatizado y llevado a una celda en el municipio de Apodaca por elementos de la Guardia Nacional, quienes lo golpearon provocándole severas lesiones; permaneció ahí durante 36 horas y, tras ser liberado, fue despojado de sus pertenencias, inadmitido por el aeropuerto, orillado a una situación de calle y luego llevado por una clínica de rehabilitación, hasta que favorablemente fue localizado y volvió con su familia el 16 de enero.
Los hechos enfrentados por el Dr. Escobar Barrientos demuestran las múltiples violencias a las que puede estar expuesta una persona en tránsito en nuestro país —más severamente para aquellas que cruzan el territorio—, y las dificultades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Su búsqueda también demostró, como señaló en su <a href="https://x.com/CentroProdh/status/2013399787320569881?s=20" target="_blank" rel="noopener">comunicado</a> la Universidad, la relevancia de la movilización social, de la amplia difusión mediática, del<a href="http://facebook.com/photo?fbid=1315775073916618&amp;set=a.476153007878833&amp;locale=es_LA" target="_blank" rel="noopener"> trabajo de la sociedad civil</a> —en particular de las organizaciones locales como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) con años de experiencia acompañando familiares de personas desaparecidas—, de la presión a que las autoridades actúen desde los primeros momentos —incluso sin una carpeta de investigación— y de que se tome con seriedad esta problemática, aspectos vitales para la localización de las personas.
Lo que vivió el Dr. Escobar Barrientos no fue aislado. Forma parte de una crisis estructural que suma más de 133 mil personas desaparecidas. También de la falta de aplicación de controles a las fuerzas de seguridad y en particular de la Guardia Nacional en sus tareas de seguridad pública y migratorias.
Un tema inicial, como ha sido denunciado por la propia Ibero Puebla y en el testimonio del Dr. Escobar Barrientos, es que su detención -que duró al menos 36 horas- nunca fue registrada conforme a lo <a href="https://x.com/CentroProdh/status/1617918217858748417?s=20" target="_blank" rel="noopener">establecido en la Ley del Registro Nacional de Detenciones</a>. La exigencia de un registro inmediato ante una detención por cualquier fuerza de seguridad tiene como antecedente evitar detenciones arbitrarias, la incomunicación de personas y otras posibles violaciones a derechos humanos cometidas al no garantizar protecciones jurídicas claras. La denuncia de que el académico sufrió lesiones graves durante su detención se vuelven más relevantes ante la decisión de la institución castrense y la policía local de no registrar la detención y de <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/01/20/politica/sedena-niega-que-docente-de-la-ibero-fuera-golpeado-durante-detencion-en-nuevo-leon" target="_blank" rel="noopener">negar cualquier vulneración de derechos sin haber cooperado previamente con la investigación</a>.
De igual forma, organizaciones de sociedad civil han <a href="https://adondevanlosdesaparecidos.org/2025/05/15/desaparicion-y-delitos-contra-personas-colombianas-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">denunciado y documentado el incremento de denuncias de incomunicación e incluso secuestros y extorsión de personas en tránsito aeroportuario</a>. Lamentablemente, las denuncias contra el Instituto Nacional de Migración (INM) y sus prácticas de extorsión o maltratos no han cambiado en décadas y, por el contrario, se ha llegado a los extremos de <a href="https://animalpolitico.com/politica/francisco-garduno-cargo-sep-inm" target="_blank" rel="noopener">premiar a funcionarios que continúan sin ser deslindados de responsabilidades ante eventos de graves violaciones a derechos humanos</a>.
Adicionalmente, los hechos dan cuenta de múltiples retos y pendientes de las políticas de búsqueda. En particular, la urgente y necesaria coordinación entre las instituciones de búsqueda e investigación, para que —contrario a lo que se espera al centrar los esfuerzos en consolidar una Base de Datos de Carpetas de Investigación— ante un reporte de desaparición se activen todas las acciones de búsqueda inmediata, pues son las primeras horas después de un reporte las más relevantes. Los hechos también dan cuenta de las imposibilidades que muchas familias —en particular de personas en movilidad o migrantes— tienen para interponer denuncias o reportes en la compleja red institucional de una federación.
Finalmente, los hechos de movilización impulsados por la denuncia de la desaparición de Leonardo Escobar deben también llevarnos a reconocer la labor de múltiples buscadoras de personas migrantes en el país, quienes han enfrentado a lo largo de los años estos y otros tantos obstáculos en la búsqueda de sus seres queridos en tránsito por México.
Una de las figuras más emblemáticas de estas búsquedas ha sido la labor de la Red Regional de Familias Migrantes, fundada por Ana Enamorado, quien busca a su hijo Óscar Antonio López, hondureño desaparecido en Jalisco en 2010. En este mes, Ana <a href="https://www.facebook.com/share/v/1NT27sAxgQ/" target="_blank" rel="noopener">conmemoró 16 años de la ausencia de su hijo</a>, denunciando particularmente los obstáculos que las familias de personas desaparecidas en movilidad enfrentan ante la incapacidad de coordinación entre autoridades nacionales con las de los países de origen y a la estigmatización de las personas migrantes y sus familias en el país; esa que observamos y denunciamos porque la encaran mexicanas y mexicanos en otros países.
Hoy, sumados a familiares de personas desaparecidas -en particular aquellas en  movilidad-, colectivos de búsqueda, múltiples organizaciones civiles y organismos internacionales seguimos señalando que la crisis de desaparición sigue siendo un enorme <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/agenda-2026-derechos-humanos-desafios-y-pendientes" target="_blank" rel="noopener">reto para este año</a>. Los anuncios sobre la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el intento de limitar la categoría de desaparecidas a únicamente las personas que cuentan con carpeta de investigación, conlleva un riesgo para la invisibilización de muchos casos, en particular las de personas migrantes. Bajo ningún motivo reducir cifras es la solución a la crisis. Se deben de impulsar acciones que atiendan los diversos fenómenos y contextos para su adecuada prevención y erradicación. El caso del Dr. Escobar Barrientos, como muchos otros y los de cientos de familias no pueden dejar de tener un rostro. La magnitud de la crisis nos exige acciones igualmente amplias y robustas, hasta encontrarles a todas, hasta encontrarles a todos.

La desaparición de personas en México, una crisis con diversos rostros

La <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/ruta-critica/hoyo-negro-supervision-policial-desapariciones-forzadas-1" target="_blank" rel="noopener">primera parte</a> de esta colaboración, publicada en octubre pasado, deja en claro que el conocimiento especializado asociado al comportamiento de la policía, aún el recién producido con base empírica en democracias consolidadas, reconoce que se sabe muy poco sobre lo que esta hace en sus operaciones cotidianas, si bien se puede afirmar que ella funciona de manera relativa bajo sistemas de autogobierno que anidan comportamientos delictivos y violatorios de los derechos humanos. Funcionan las instituciones policiales a través de cadenas de mando que combinan, según criterios de oportunidad, el control formal e informal del desempeño. Se repite que la policía es la cara más visible del Estado cuando, en realidad, la documentación formal de sus rutinas generalmente es marginal o nula.
El 27 de octubre del año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las desapariciones que existen en México están vinculadas con la delincuencia organizada, en la gran mayoría de los casos. No es la violencia del Estado, eso es cosa del pasado, enfatizó.
La declaración mereció amplia respuesta por parte de un importante colectivo de la sociedad civil, argumentando que las diferencias respecto al pasado, cuando agentes del Estado militares y civiles desaparecieron masivamente personas como parte de una política de persecución contra la disidencia precisamente política, no quiere decir que las desapariciones que se están cometiendo actualmente no sean desapariciones forzadas propiamente dichas, de acuerdo con la estricta aplicación de la definición de desaparición forzada contenida en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, y de la misma legislación mexicana en la materia.
Cita el colectivo las normas internacionales aplicables a México y afirma que, «cuando agentes del Estado otorgan autorización, apoyo o aquiescencia a agentes no estatales, como podrían ser grupos del crimen organizado, dichas privaciones de la libertad constituyen desapariciones forzadas propiamente dichas, en virtud de la participación directa o indirecta de agentes gubernamentales del Estado».
Este autoriza cuando, por conducto de sus agentes, ha dado permiso oralmente o por escrito a personas o grupos de personas para hacer desaparecer a una persona. O bien, apoya cuando el Estado ha proporcionado algún tipo de ayuda a personas o grupos de personas que han cometido una desaparición forzada, entre otras cosas compartiendo información o proporcionando medios como infraestructura, financiación, armas, capacitación o medios logísticos. Hay varios mecanismos asociados a la aquiescencia y esta existe ante «un cuadro persistente conocido de desaparición de personas y el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para impedir nuevos casos de desaparición e investigar a los autores y llevarlos ante la justicia».
Si bien esta respuesta a la presidenta es acertada, el asunto merece ser complementado con la interpretación de las condiciones estructurales que asocian las desapariciones forzadas a la débil o nula documentación del quehacer policial y militar en tareas policiales en terreno. Para decirlo más claramente, la presidenta, al igual que cada presidente antes que ha afirmado que no hay desapariciones forzadas, o cualquier cosa que se haya aseverado supuestamente bajo conocimiento de la tendencia de ese fenómeno, en realidad no está fundada en los hechos comprobados.
En la parte 1 dije que David Bayley comparó la policía en países de regiones de todo el mundo y descubrió que los mandos policiales saben poco o nada de lo que hacen sus subordinados en la calle; también afirmó que “la reforma policial no se decreta, se gestiona”. En la experiencia internacional, explicó, el hecho de que una persona que es responsable política de la policía (poder ejecutivo) decida algo y lo ordene respecto al desempeño policial en terreno, puede impactar mucho, poco o nada. En estricto sentido, al menos en lo que se refiere a las rutinas en calle, generalmente ni siquiera se sabe. Lo que sí se sabe es que decretar cambios no equivale a transformar el quehacer policial.
Anoté que esta institución intercambia en cadena de mando mecanismos formales (legales) de supervisión e informales (prácticas legales o no). Un ejemplo reciente nos enseña el alineamiento de comportamientos institucionales policiales, militares y de órganos judiciales administrativos que parecen confirmar la normalización de culturas institucionales que multiplican exponencialmente el riesgo de las desapariciones forzadas.
Me refiero al<a href="https://aristeguinoticias.com/1901/mexico/tras-golpiza-y-robo-por-parte-de-la-guardia-nacional-estuve-a-punto-de-morir-profesor-leonardo-escobar/" target="_blank" rel="noopener"> caso del profesor Leonardo Escobar Barrios de la Ibero Puebla</a>. En la <a href="https://x.com/IberoPuebla/status/2013325385765642426?s=20" target="_blank" rel="noopener">conferencia de prensa</a> del 19 de enero, el maestro Simón Hernández, coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de esa universidad, explicó que han pasado 19 días sin que la detención haya sido esclarecida: «tenemos la verificación de su acceso al filtro migratorio, posterior a ello no hay evidencia videográfica ni ningún tipo de registro de cómo se le detuvo, por qué se le detuvo… en un espacio como un aeropuerto internacional, con una condición de sobrevigilancia, con posibilidades perfectamente de documentar el tránsito de personas, a casi 20 días no se ha podido poner a disposición de la Fiscalía de Nuevo León estos videos. No solo no se ha esclarecido esta mecánica de su detención, reiteramos que el tema de la ausencia de un registro de acuerdo a la Ley Nacional del Registro de Detenciones es una omisión grave… es un incumplimiento de una obligación legal, incluso de una sentencia internacional contra México que lo que busca es asegurar que se eviten condiciones de detención arbitraria y que cualquier persona que es detenida pueda tener certeza de a dónde va a ser presentada, así como que esta información sea pública, verificable y consultable en tiempo real».
Explicó el coordinador que tres autoridades desacataron la obligación: la Guardia Nacional, la policía municipal de Apodaca, Nuevo León, y la autoridad judicial administrativa, lo que constituye «una irregularidad sumamente delicada porque entonces se abre un escenario de potenciales violaciones de derechos humanos sin que quede el registro de que una persona se encuentra bajo resguardo, en custodia, y que haya una autoridad que asume el papel de garante de su vida, de su libertad y de su integridad personal».
El artículo 17 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones dispone: «Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención deberán realizar el registro de inmediato y en el momento en que la persona se encuentre bajo su custodia, bajo su más estricta responsabilidad. En caso de que al momento de la detención la autoridad no cuente con los medios para capturar los datos correspondientes en el Registro deberá informar, inmediatamente y por el medio de comunicación de que disponga, a la unidad administrativa de la institución a la cual se encuentre adscrito y que pueda generar el registro».
El caso de Leonardo Escobar Barrios enseña hasta dónde pueden llegar instituciones gestionadas por amplios márgenes de autogobierno.
Yo mismo he entrevistado a policías de no menos de 50 países en visitas de investigación y foros internacionales durante 35 años. Sus representantes confirman, casi nunca públicamente, que la supervisión policial operativa es una caja negra donde se disputan poderes formales e informales de la propia institución y de las redes de intereses vinculados a ella.
En suma, nadie sabe de qué tamaño es el subregistro de detenciones, nadie sabe de qué tamaño es el subregistro documental respecto a la operación policial y militar en terreno, y nadie sabe de qué tamaño es el subregistro de las desapariciones forzadas.
De ese tamaño el hoyo negro en México.

El hoyo negro de la supervisión policial operativa y las desapariciones forzadas (parte2)

Se prevé que en 2026 la economía de México crezca en 1.2 %, más que en 2025, que solo lo hizo en 0.2%, pero aun así será una de las cuatro economías con el peor crecimiento de América Latina, afirma Alejandro Werner Wainfeld (Reforma, 11.01.26).
Werner, que fuera subsecretario de la SHCP (2006-2010), sostiene que es probable que la inflación se mantenga en 4.0 % o sufra un aumento debido a presiones generadas por la política de crecimiento salarial y el aumento de los aranceles impuestos por Estados Unidos.
En la medida que el costo unitario de la mano de obra y algunos insumos importados aumente, los productores van a trasladar estos incrementos a los precios. Esto complica la meta de inflación que compromete el Banco de México.
Se espera un comportamiento estable del tipo de cambio y esto porque los inversionistas muestran confianza en la salud fiscal y financiera del país. El diferencial de tasas de interés entre el peso y el dólar dejará de reducirse y el ahorro privado es casi suficiente para cubrir las necesidades del financiamiento del sector público.
Y el fundador del Georgetown American Institute considera que si hay un buen resultado en la negociación del T-MEC, el tipo de cambio nominal podría experimentar una apreciación adicional. El principal factor interno de incertidumbre económica de México sigue siendo la revisión del T-MEC.
En la versión de Werner, la posibilidad de que se firme el acuerdo es alta, dado a que las exportaciones mexicanas son complementarias a la estructura productiva de Estados Unidos. En la negociación de parte del presidente Trump juega un papel relevante el tema en un año electoral, donde ahora las encuestas no favorecen a los candidatos de su partido.
El doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se pregunta: ¿Optará el presidente Trump por mostrar su fortaleza a través de medidas simbólicas a lo largo del año en los temas de seguridad, migración y comercio exterior que puedan complicar a nuestro gobierno y perjudicar nuestra economía, o intentará finalizar rápidamente las negociación para presentarlo como un logro de su administración para reducir la migración, limitar la entrada de opioides de México y revitalizar el empleo y el sector manufacturero de Estados Unidos?
La respuesta a esta pregunta es la que determina si el escenario de crecimiento, que ahora comparten la mayoría de los analistas, se hace realidad en 2026 o se continúa con el registro de un crecimiento nulo de nuestra economía y una reducción del per capita, como ha sucedido en los años anteriores.
Hay analistas que consideran que el escenario que contempla Werner es optimista, y estiman que si al arranque del año la expectativa de crecimiento es del 1.2 %, hay altas posibilidades que esta estimación no se sostenga y que al final del año, en el mejor de los casos, el crecimiento estimado es del 0.4 %. Habrá que ver cómo se desarrolla la negociación del T- MEC, y como se comporta el PIB.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

La economía mexicana en 2026

Durante años, la economía global funcionó bajo una lógica relativamente clara: producir donde fuera más barato y eficiente. Esa etapa quedó atrás. Hoy, el crecimiento económico se define menos por costos y más por seguridad, resiliencia y control de insumos clave. La rivalidad entre Estados Unidos y China es la expresión más visible de ese cambio. No se trata solo de comercio o aranceles, sino de quién puede sostener su modelo productivo en un entorno incierto. En ese nuevo mapa, la energía se trasladó de ser un tema técnico para convertirse en una condición indispensable para la inversión.
<h3>La energía ya no es solo un insumo</h3>
La energía cumple hoy un papel más amplio que en el pasado. Por un lado, sigue siendo un insumo básico. Sin electricidad suficiente, confiable y a precios competitivos, no hay manufactura moderna, centros de datos ni logística eficiente. La viabilidad de muchos proyectos depende directamente de ello. Pero además, la energía funciona como un ancla macroeconómica. Los choques energéticos se reflejan rápidamente en inflación, finanzas públicas y estabilidad financiera. Las economías que no pueden absorberlos enfrentan mayor volatilidad y menor margen de maniobra.
Finalmente, la energía se ha convertido en una señal institucional. Las reglas del sector energético revelan qué tan predecible es un país, qué tan estables son sus políticas y qué tan confiable resulta invertir a largo plazo. Para muchas empresas, esta señal pesa tanto como los costos laborales o la cercanía a los principales mercados de consumo a nivel global.
<h3>Dos potencias, una misma competencia</h3>
Estados Unidos y China han tomado rutas distintas, pero comparten un objetivo: atraer y retener inversión productiva. Estados Unidos ha puesto el énfasis en resiliencia y seguridad energética. Busca reducir dependencias, asegurar suministros y ofrecer certidumbre a largo plazo para que la inversión se quede o regrese. La energía forma parte de su estrategia de competitividad. China, por su parte, conserva ventajas de escala. Controla segmentos clave de la manufactura energética y domina varios eslabones de insumos intermedios. Su modelo privilegia el control y la continuidad, lo que le permite seguir siendo un actor central en las cadenas globales. Ambos modelos son intensivos en energía. Y ambos compiten, de forma directa, por el mismo capital.
<h3>El filtro previo de la inversión</h3>
Aunque el debate público suele centrarse en discursos o alineamientos políticos, la decisión de inversión es más concreta. Las empresas buscan lugares donde puedan operar sin interrupciones, cumplir estándares internacionales y planear a largo plazo. En ese proceso, la energía actúa como un filtro previo: si no hay certidumbre energética, la inversión se pospone o se redirige. No es una decisión ideológica. Es una decisión de riesgo.
<h3>México: estabilidad sin dinamismo</h3>
México parte de una posición particular. Está profundamente integrado con Estados Unidos, participa en cadenas globales donde China sigue siendo relevante y mantiene fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos. Sin embargo, la inversión privada lleva años enfrentando debilidad. Eso sugiere que el problema ya no es macroeconómico, sino estructural. El principal cuello de botella aparece en el sector energético.
<h3>El problema no es la energía, sino las reglas</h3>
México no carece de potencial energético. Lo que enfrenta es incertidumbre. Reglas que cambian o se interpretan de forma discrecional, capacidad limitada en generación y transmisión, y procesos administrativos largos elevan el riesgo percibido. El resultado es un fenómeno silencioso: la inversión no se va, pero tampoco llega con la fuerza necesaria. La economía entra así en un equilibrio de baja velocidad. Todo parece estable, pero nada despega.
<h3>Qué busca realmente la inversión privada</h3>
Contrario a una percepción extendida, la inversión privada no busca subsidios ni privilegios. Busca reglas claras, previsibilidad y una relación funcional con el Estado. Cuando esas condiciones existen, el capital fluye. Cuando no, se queda en espera. La inversión responde a reglas, no a narrativas.
<h3>Por qué este es un punto de decisión</h3>
En los próximos años, la política energética será, en los hechos, política de crecimiento. La revisión del marco comercial norteamericano y la fragmentación global hacen que la ambigüedad regulatoria deje de ser neutral. En un mundo más competitivo, la falta de claridad se convierte en una desventaja. México no tiene que elegir entre Estados Unidos y China. Pero sí tiene que decidir si su marco energético facilita o bloquea la inversión. Una frontera clara.
La estabilidad macroeconómica es un activo valioso, pero tiene un límite. Sin inversión, no se transforma en crecimiento duradero. Hoy, la energía es una de las fronteras donde se define ese paso. Es ahí donde se revela si un país puede convertir su estabilidad en dinamismo. En esta década, las decisiones de capital no se escriben en discursos, sino en reglas claras y energía confiable. Ahí está el mensaje.
* <a href="https://mexicocomovamos.mx/expertos/perfil-de-experto/victor-gomez-ayala/" target="_blank" rel="noopener">Víctor Gómez Ayala</a> (<a href="https://x.com/Victor_Ayala" target="_blank" rel="noopener">@Victor_Ayala</a>) es Economista en Jefe de Finamex Casa de Bolsa, Fundador de Daat Analytics y experto <a href="https://mexicocomovamos.mx/" target="_blank" rel="noopener">México, ¿cómo vamos?</a>

La energía como frontera del crecimiento

Estados Unidos ha puesto su interés por adquirir la soberanía de Groenlandia como punto central de su agenda de política exterior y este interés se ha vuelto un punto de tensión entre Washington y Europa. Frente a la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Groenlandia, <a href="https://www.bbc.com/news/articles/cd0ydjvxpejo" target="_blank" rel="noopener">diversos países europeos</a> como Noruega, Suecia, Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido y Países Bajos han enviado tropas a la isla como muestra de solidaridad con Dinamarca. En respuesta a esto, Estados Unidos <a href="https://edition.cnn.com/2026/01/18/business/europe-greenland-trump-tariffs-trade" target="_blank" rel="noopener">impuso aranceles</a> de un 10 % a todos los productos de los países europeos que no apoyen los planes de la Casa Blanca sobre Groenlandia. Esta es una situación muy tensa que puede tener graves implicaciones para la relación entre Estados Unidos y Europa, pues en un lapso relativamente corto, pasó de ser una pretensión más en la política exterior de Washington a convertirse en un problema estratégico de primer orden para la arquitectura de seguridad transatlántica. Sobre todo, porque la sola posibilidad de una intervención militar estadounidense en Groenlandia plantea un escenario que va mucho más allá de una disputa territorial, pues supondría, en términos prácticos, el fin de la OTAN.
El solo hecho de que Estados Unidos contemple públicamente la posibilidad de imponer su control sobre Groenlandia constituye <a href="https://www.theguardian.com/world/2026/jan/18/western-alliance-hangs-in-balance-as-europe-stiffens-itself-against-trumps-threats" target="_blank" rel="noopener">una amenaza directa</a> a la cohesión interna de la OTAN. En términos estrictos, una invasión estadounidense de Groenlandia produciría el colapso funcional de la Alianza Atlántica, no necesariamente por la desaparición de sus estructuras formales, sino por el daño de los supuestos políticos que hacen posible su existencia. Sobre todo, destruiría el principio fundamental sobre el que se sostiene la Alianza: la garantía de seguridad mutua entre sus Estados miembros.
Si Washington llegase a intervenir militarmente en Groenlandia existe la posibilidad de que Dinamarca invoque el <a href="https://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/otan/es/Organismo/Paginas/Que-es.aspx" target="_blank" rel="noopener">articulo 5</a> del Tratado del Atlántico Norte, el cual es el pilar de la defensa colectiva de la organización. Implica que un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra el resto y obliga a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias, incluidas en materia de seguridad, para restaurar la seguridad del país atacado. En este caso, si Dinamarca invocara el Artículo 5 en respuesta a una agresión estadounidense en Groenlandia, la OTAN entraría en una crisis sin precedentes que obligaría a los demás miembros a decidir entre cumplir formalmente con el compromiso de defensa colectiva o reconocer, de facto, que dicho compromiso es inaplicable cuando el agresor es el actor hegemónico del sistema.
El efecto a largo plazo sería devastador para la arquitectura de seguridad occidental, pues erosionaría la confianza entre aliados, incentivaría a los Estados europeos a buscar arreglos de seguridad alternativos o autónomos y debilitaría la capacidad disuasiva de la Alianza frente a actores externos como Rusia o China, que percibirían una organización fragmentada, incapaz de resolver sus propias contradicciones fundamentales. Asimismo, esta ruptura tendría implicaciones profundas y negativas para la propia seguridad de Estados Unidos, cuya arquitectura estratégica descansa, en buena medida, en la defensa colectiva y en la relación con Europa.
En términos concretos, se estaría <a href="https://www.chathamhouse.org/2026/01/us-intentions-towards-greenland-threaten-natos-future-european-countries-are-not-helpless" target="_blank" rel="noopener">poniendo en riesgo</a> el futuro de la relación de defensa de Estados Unidos con Europa, con consecuencias que podrían incluir el cierre de bases militares, la negación del uso de puertos para el reabastecimiento naval, restricciones al acceso a infraestructura logística y sistemas de alerta temprana, así como el debilitamiento de los acuerdos de inteligencia compartida y de la capacidad de proyección de fuerza estadounidense. Esta arquitectura de defensa permite a Washington disuadir a competidores estratégicos, proyectar poder hacia Eurasia y compartir costos de defensa con aliados que aportan territorio, infraestructura, inteligencia y capacidades militares. Un quiebre de la OTAN erosionaría esta arquitectura al debilitar el acceso privilegiado de Estados Unidos a espacios estratégicos europeos y al fragmentar los mecanismos de coordinación militar que han operado durante décadas. Sobre todo, limitaría la capacidad estadounidense de monitorear la actividad rusa en el Ártico y el Atlántico Norte, así como de operar en Medio Oriente y el norte de África.
El interés estadounidense en Groenlandia se explica, en primer lugar, por la posición estratégica de la isla, lo que ha colocado al territorio de manera constante en los cálculos geopolíticos de Washington. Desde al menos 1867, cuando Washington compró Alaska al Imperio ruso, diversos gobiernos estadounidenses han contemplado la posibilidad de anexar la isla, ya sea mediante compra, cesión o acuerdos especiales. Lo que distingue el momento actual de otros no es el interés en sí, sino el tono y la naturaleza de la presión. Por primera vez, la idea de adquirir Groenlandia deja de plantearse como una negociación diplomática discreta y aparece como una presión pública, incluso acompañada de la posibilidad explícita de una intervención.
Este giro resulta particularmente grave si se considera el marco histórico-jurídico que rige la relación entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Cuando Washington adquirió las Islas Vírgenes Danesas en 1917 (hoy Islas Vírgenes de Estados Unidos), <a href="https://www.diis.dk/en/research/colonial-past-and-the-us-wish-to-buy-greenland" target="_blank" rel="noopener">se comprometió</a> explícitamente a respetar y reconocer la soberanía danesa sobre Groenlandia como parte del intercambio. Ese compromiso no fue un gesto simbólico, sino parte de un arreglo destinado a estabilizar el equilibrio estratégico en el Atlántico Norte. La ruptura de ese acuerdo sería un ejemplo más de que para Estados Unidos, los compromisos históricos, sobre todo con sus aliados, pueden desecharse cuando dejan de ser convenientes, afectando significativamente la relación de confianza (hoy ya debilitada) entre Washington y Europa.
Para la Casa Blanca la justificación pública de la necesidad por el control de Groenlandia viene de la perspectiva sobre su <a href="https://www.france24.com/en/americas/20260117-does-trump-need-own-greenland-to-build-his-golden-dome-missile-shield" target="_blank" rel="noopener">valor estratégico</a> y de la noción de que si no es un territorio soberano estadounidense este se encontraría propenso a una <a href="https://www.bbc.com/news/articles/c78vj5n7jg3o" target="_blank" rel="noopener">intervención rusa o china</a>. Tal vez esto no sea tanto un diagnóstico estratégico como una admisión involuntaria de cómo Washington concibe la política internacional. Sin embargo, la situación es que dentro de los acuerdos de cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Dinamarca ya existe toda una serie de mecanismos para garantizar la seguridad de Groenlandia dentro de la influencia militar estadounidense.
Desde 1951 existen acuerdos que, en la práctica, han otorgado a Estados Unidos amplias facultades para operar militarmente en el territorio groenlandés. Durante la Guerra Fría, Washington llegó a mantener más de cincuenta instalaciones militares en la isla; posteriormente, y de manera voluntaria, <a href="https://nationalinterest.org/blog/buzz/us-military-once-had-much-bigger-presence-greenland-ps-011726" target="_blank" rel="noopener">redujo de forma significativa su presencia</a>. De esta forma, Estados Unidos no necesita controlar formalmente Groenlandia para garantizar su influencia en la región. De hecho, en el <a href="https://www.acronym.org.uk/old/archive/docs/0408/doc02.htm" target="_blank" rel="noopener">acuerdo de defensa</a> firmado entre Dinamarca y Estados Unidos en 2004 se estableció que Washington únicamente estaría obligado a “consultar e informar” a Dinamarca y a Groenlandia sobre cambios sustantivos en sus operaciones militares en la isla, sin que Copenhague o Nuuk tengan derecho de veto sobre dichas operaciones.
Si bien Groenlandia ocupa una posición estratégica clave en la geopolítica del Ártico y en la futura reconfiguración de las rutas comerciales, el interés estadounidense difícilmente puede explicarse en términos estrictamente de seguridad. Washington ya cuenta con bases militares consolidadas y con una cooperación estrecha en materia de defensa que le permite garantizar sus objetivos estratégicos en la región sin necesidad de alterar el estatus territorial de la isla. El verdadero incentivo parece residir en el acceso y control de recursos minerales estratégicos, cuya explotación adquiere un valor creciente en un contexto de competencia global por materias primas críticas.
El interés estadounidense en Groenlandia responde de manera cada vez más evidente a incentivos económicos concretos, impulsados en gran medida por actores privados. La isla concentra recursos estratégicos cuya explotación resulta especialmente atractiva en un contexto de transición energética, digitalización acelerada y competencia por insumos críticos. En este marco, Groenlandia aparece menos como un problema de defensa y más como una frontera económica que aún no está plenamente integrada a las dinámicas globales del capital.
En principio, el interés renovado de que Estados Unidos adquiera Groenlandia vino de <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/15/ronald-lauder-billionaire-donor-donald-trump-ukraine-greenland" target="_blank" rel="noopener">Ronald Lauder</a> (heredero del emporio de cosméticos Esteé Lauder), quien financio la campaña de Donald Trump y tiene un interés económico en la privatización del agua de Groenlandia. De igual forma, otras empresas como <a href="https://www.forbes.com/sites/martinadilicosa/2026/01/09/these-billionaires-bet-big-on-greenland-after-trump-took-interest/" target="_blank" rel="noopener">Praxis</a>, del empresario Peter Thiel, buscar crear un espacio de desarrollo tecnológico en la isla. Asimismo, fondos de inversión como <a href="https://www.forbes.com/sites/martinadilicosa/2026/01/09/these-billionaires-bet-big-on-greenland-after-trump-took-interest/" target="_blank" rel="noopener">Breakthrough Energy</a>, respaldados por capital de figuras como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Michael Bloomberg, han canalizado inversiones millonarias hacia empresas con intereses mineros en Groenlandia.
Un ejemplo del interés de los inversionistas en empresas con proyectos en suelo groenlandés es el caso de Critical Metals Corp, una empresa minera cuyo valor bursátil ha <a href="https://www.cnbc.com/2026/01/12/tech-investors-probe-mining-viability-if-us-acquires-greenland-ceo.html" target="_blank" rel="noopener">aumentado más de 116 %</a> desde el inicio de las tensiones por el dominio estadounidense de Groenlandia. Esto debido a su interés en extraer minerales críticos para tecnologías avanzadas que van desde vehículos eléctricos hasta centros de datos para inteligencia artificial. De igual forma, este patrón se repite en otras empresas como la minera Amaroq Ltd., con múltiples proyectos mineros en territorio groenlandés. E incluso se ha confirmado públicamente que <a href="https://www.cnbc.com/2026/01/08/-greenland-critical-minerals-mining-amaroq-us-government.html" target="_blank" rel="noopener">el gobierno de Estados Unidos está considerando invertir directamente en proyectos de minería en Groenlandia</a>. Debido a esto, no es casualidad que los inversionistas tengan un especial interés en una eventual adquisición estadounidense de este territorio.
Estos casos dejan claro que el debate sobre Groenlandia no está guiado por un tema de seguridad nacional, sino por la convergencia entre los intereses privados y la especulación financiera bajo el respaldo estatal. El dominio estadounidense sobre la isla resulta ser un instrumento para asegurar activos, reducir riesgos de inversión y garantizar el acceso de empresas aliadas de la Casa Blanca a recursos estratégicos.
Sin embargo, cabe mencionar que si bien Groenlandia es rica en recursos minerales, la realidad es que la <a href="https://edition.cnn.com/2026/01/12/business/greenland-trump-venezuela-mining" target="_blank" rel="noopener">explotación de estos yacimientos</a> es sumamente compleja y en la mayoría de los casos económicamente inviable. Especialmente <a href="https://www.cnbc.com/2026/01/07/greenland-rare-earths-us-china-processing-reality-mining-arctic-shipping-lanes-route-critical-minerals.html" target="_blank" rel="noopener">los yacimientos de tierras raras en Groenlandia</a>, que son -en su mayoría- de baja calidad, implican altos costos de extracción y, en el mejor de los escenarios, tardarían al menos una década para entrar en producción, lo que los vuelve incapaces de competir con el dominio chino en el mercado global de minerales críticos. <a href="https://fortune.com/2026/01/07/trump-greenland-billions-decades-mineral-experts/" target="_blank" rel="noopener">Se requerirían décadas y miles de millones de dólares</a> para desarrollar una industria minera que no existe actualmente. De esta forma, es probable que el interés de los inversionistas no descansa realmente en la viabilidad económica de los proyectos mineros en Groenlandia, sino en el efecto especulativo que genera la posibilidad de una eventual anexión de la isla por parte de Estados Unidos sobre el valor de las acciones de estas empresas.
En última instancia, la disputa en torno a Groenlandia no responde a una necesidad estratégica, pero sí pondría en riesgo la cohesión de la OTAN y su arquitectura de seguridad para perseguir proyectos extractivos de dudosa viabilidad y rentabilidad. Más que una jugada de estratégica en temas de seguridad internacional, Groenlandia se ha convertido en un ejemplo más de cómo la política exterior y de seguridad estadounidense se subordina a intereses financieros privados e inclusive a las <a href="https://www.bbc.com/news/articles/cy7mev35x2lo" target="_blank" rel="noopener">aspiraciones y rencillas personales</a> de la presidencia de los Estados Unidos.
De esta forma, la cuestión de Groenlandia no es solo un problema territorial ni un debate sobre recursos naturales. Es una prueba de estrés para el orden atlántico. Si Estados Unidos está dispuesto a sacrificar la relación transatlántica y la coherencia interna de la OTAN en nombre de intereses financieros, entonces la alianza deja de ser un pilar de estabilidad y se convierte en un arreglo instrumental, vacío y contingente. En ese escenario, no sería exagerado afirmar que una intervención estadounidense en Groenlandia marcaría, si no el fin formal de la OTAN, sí su quiebre político definitivo como una alianza de defensa mutua.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

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