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Estados Unidos <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2025/12/10/eu-corta-suministro-a-maduro-intercepta-e-incauta-buque-con-crudo-venezolano/" target="_blank" rel="noopener">impuso un bloqueo</a> a Venezuela. Este es el último desenlace en las tensiones entre Caracas y Washington. Sin embargo, el bloqueo a la exportación de crudo venezolano no es solo una forma de coaccionar al régimen de Nicolas Maduro, sino que demuestra un cambio en la conducción de la política exterior estadounidense que responde a una realidad: las sanciones económicas usadas como arma de guerra económica pierden su eficacia como método de coacción internacional. Por lo que la Casa Blanca se ha visto obligada a recurrir a métodos más directos y peligrosos de presión. Una dinámica que probablemente sea el nuevo estándar en la política exterior estadounidense.
El pasado 10 de diciembre, fuerzas especiales de Estados Unidos <a href="https://www.dw.com/es/estados-unidos-incauta-un-buque-petrolero-frente-a-las-costas-de-venezuela/a-75099973" target="_blank" rel="noopener">abordaron</a> el buque petrolero Skipper frente a las costas de Venezuela y tomaron control de la embarcación, bajo el <a href="https://www.dw.com/es/estados-unidos-incauta-un-buque-petrolero-frente-a-las-costas-de-venezuela/a-75099973" target="_blank" rel="noopener">argumento</a> de que era utilizada por Venezuela e Irán para comerciar hidrocarburos, pese a las sanciones internacionales impuestas a ambos países. De acuerdo con la información disponible, el <a href="https://edition.cnn.com/2025/12/10/politics/oil-tanker-seized-venezuela" target="_blank" rel="noopener">barco</a> había zarpado de Venezuela con destino a Cuba y posteriormente se dirigiría a Asia con un cargamento de crudo venezolano. No obstante, el Skipper no navegaba en aguas estadounidenses, no enarbolaba la bandera de Estados Unidos ni era operado por una empresa estadounidense, lo que ha abierto un debate sobre la <a href="https://www.cbsnews.com/news/what-we-know-oil-tanker-the-skipper-seized-us-near-venezuela/" target="_blank" rel="noopener">legalidad</a> de la operación, que incluso ha sido calificada por algunos como un acto de piratería.
Esto tiene implicaciones importantes para el comercio marítimo y preocupa que abra la puerta a escenarios de interrupción del comercio marítimo en distintas regiones. Ya lo vimos en el Golfo de Omán hace un par de días con la <a href="https://www.middleeastmonitor.com/20251213-iran-seizes-oil-tanker-in-strait-of-hormuz-on-suspicion-of-smuggling-fuel/" target="_blank" rel="noopener">toma de un buque petrolero</a> por parte de Irán bajo la sospecha de que traficaba hidrocarburos. Sin embargo, más allá de las implicaciones inmediatas en el comercio internacional, con la incautación del Skipper y el bloqueo venezolano vemos un síntoma de un tema más amplio: la pérdida del control hegemónico del sistema financiero internacional, el fracaso de las sanciones como instrumento de política exterior y el retorno a una lógica de control internacional más agresiva.
La captura del Skipper no se puede entender como un hecho aislado, sino que forma parte de un esfuerzo más amplio para presionar económicamente a Caracas mediante una amplia cartera de sanciones financieras y comerciales impulsadas por Washington. Sin embargo, resalta lo agresivo de la acción y del bloqueo a Venezuela como método de coacción. Usualmente las sanciones internacionales impuestas por Washington buscan afectar al contrincante al mismo tiempo que evitan enfrentamientos o acciones como esta. Las sanciones económicas operan a través del control de los nodos centrales del sistema financiero internacional: el acceso al dólar como moneda de intercambio global, el sistema bancario occidental y, sobre todo, al sistema de mensajería financiera SWIFT, indispensable para realizar transferencias internacionales. Estados Unidos sanciona a partir del control de estos mecanismos pues, al quedar excluido de estos, un país y sus empresas enfrentan enormes dificultades para cobrar exportaciones, pagar importaciones o mover recursos a través de canales formales, lo que convierte a las sanciones en una forma de asfixia económica que busca limitar la capacidad operativa de un país sin recurrir, al menos en teoría, al uso abierto de la fuerza.
Estados Unidos ha <a href="https://www.csis.org/analysis/back-forth-3-do-sanctions-work#:~:text=Moreover%2C%20sanctions%20have%20failed%20to,era%20of%20great%20power%20competition." target="_blank" rel="noopener">recurrido en las últimas dos décadas</a> a las sanciones económicas como una de sus herramientas predilectas de política exterior para castigar y disuadir a gobiernos que considera hostiles, como ocurrió con Irán, Rusia, Cuba o Venezuela. En estos casos, Washington restringió el acceso al dólar, congeló activos, prohibió transacciones mediante el sistema SWIFT y expulsó a bancos y empresas de estos países del sistema financiero internacional. Esto se dio especialmente en <a href="https://www.aei.org/research-products/one-pager/sanctions-on-russia-and-the-splintering-of-the-world-oil-market/" target="_blank" rel="noopener">sectores como los hidrocarburos</a> y otras materias primas, lo que efectivamente limito el comercio de estas materias utilizando la infraestructura occidental. Todo esto con el objetivo de asfixiar sus economías. Sin embargo, esto dio como resultado que los Estados sancionados busquen otros mercados, así como mecanismos económicos y financieros alternativos ajenos al control estadounidense.
El uso extensivo de sanciones por parte de Estados Unidos ha incentivado a numerosos países a buscar vías de escape del sistema financiero occidental como mecanismo de protección frente a la coerción económica. Países como Rusia, Irán y China, junto con otros miembros de los BRICS han desarrollado mecanismos para eludir las sanciones mediante la diversificación de mercados en el Sur Global, el comercio en monedas nacionales, el uso de sistemas de pago alternativos al SWIFT y la construcción de arquitecturas financieras internacionales paralelas al control de Washington. Esto, al tiempo que refuerzan espacios de coordinación tanto comercial como militar en el Sur Global, como la Organización de Cooperación de Shanghái y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Este desplazamiento gradual hacia arreglos financieros y políticos alternativos e incluso ajenos a Occidente no solo reduce la eficacia de las sanciones, sino que también revela cómo la presión económica estadounidense está acelerando la fragmentación del orden financiero internacional.
Esta situación incrementa la presión en Washington, pues una de las grandes vulnerabilidades del dominio estadounidense es la aparición de mecanismos financieros alternativos que puedan erosionar el papel del dólar como moneda de reserva global y, con ello, la capacidad de Estados Unidos para regular los intercambios comerciales y aplicar sanciones económicas, a la par que generaría mayores costos de endeudamiento, presiones inflacionarias, un menor margen fiscal para sostener gasto público y militar, y un ajuste estructural profundo en su modelo económico basado en un fácil acceso a deuda barata sostenida por el valor y aceptación internacional del dólar como moneda de intercambio global. Washington no puede darse el lujo de perder el control del comercio internacional y el estatus del dólar como moneda central del sistema internacional.
Frente a este escenario critico en donde las sanciones ya no cumplen con sus objetivos, Estados Unidos recurre a las herramientas coercitivas que aún conserva para controlar su entorno estratégico. Esto implica que la política exterior estadounidense está retomando las lógicas propias de la “gunboat diplomacy”, en las que la coerción militar complementa o incluso sustituye completamente a la presión económica como forma de lograr sus objetivos de política exterior. Esto lo plantea en su nueva <a href="https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf" target="_blank" rel="noopener">estrategia de seguridad nacional</a>, en donde Washington deja abierta la posibilidad de adoptar formas de intervención más directas en América Latina. El caso del bloqueo venezolano es un ejemplo de este giro, al combinar sanciones económicas con acciones coercitivas que buscan imponer costos inmediatos en contextos donde los instrumentos financieros han dejado de ser eficaces.
De esta forma, a medida que las sanciones económicas pierden eficacia por la proliferación de redes comerciales ajenas a Estados Unidos, sistemas financieros alternativos y la menor dependencia del dólar, Washington pierde una de sus herramientas centrales de presión al ver reducida su capacidad para imponer costos a sus adversarios sin recurrir a la fuerza. En ese vacío, el bloqueo a Venezuela aparece como un laboratorio de una política exterior más dura y agresiva, donde las sanciones son reemplazadas con acciones más frontales para asfixiar económicamente al adversario y controlar el comercio internacional. Esto indica una forma más agresiva de conducir la política exterior estadounidense en América Latina. En otras palabras, el giro hacia medidas más agresivas como la incautación del Skipper y el bloqueo venezolano no son solo una elección estratégica aislada, sino la reacción estadounidense al desarrollo de un mundo multipolar que cada vez puede comerciar más sin depender de Occidente y al fracaso de las sanciones económicas para producir los resultados que antes garantizaban.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

El fracaso de las sanciones y el endurecimiento de la política exterior estadounidense

La competencia como motor del desarrollo vuelve al centro del debate público. Este mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) <a href="https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/la-vision-del-bid-sobre-como-impulsar-la-competencia-puede-transformar-el-pib-de-latam/" target="_blank" rel="noopener">publicó</a> el estudio <a href="https://publications.iadb.org/es/mercados-y-desarrollo-como-la-competencia-puede-mejorar-vidas-resumen-ejecutivo" target="_blank" rel="noopener">Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas</a>. En él ofrece una coyuntura inmejorable para revisar cómo las reglas que diseñan los gobiernos inciden —para bien o para mal— en el crecimiento económico, la innovación y el bienestar social. El mensaje del BID es claro: cuando los mercados están cerrados, capturados o distorsionados por regulaciones mal diseñadas, los precios suben, la productividad se estanca y las oportunidades se concentran en unos cuantos. Cuando la competencia funciona, los beneficios se traducen en un uso más eficiente del dinero público, lo que a su vez promueve economías más dinámicas que entregan a los consumidores mejores bienes y servicios a menores precios.
Uno de los hallazgos más relevantes del análisis del BID es que la falta de competencia en América Latina no es un accidente ni una fatalidad estructural. En buena medida, es el resultado de decisiones públicas. En la región abundan regulaciones que levantan barreras de entrada a nuevos competidores, excepciones amplias que favorecen la discrecionalidad de las autoridades, y marcos institucionales que permiten que los mercados se cierren en favor de ciertas empresas con poder monopólico. En este sentido, la política de competencia va más allá de la aplicación de las leyes antimonopolios, debe abarcar el análisis del diseño de regulaciones que incluyen los procesos de contratación pública.
<h3>Un ejercicio de estudio inmersivo</h3>
Con esta convicción como punto de partida, México Evalúa aceptó la invitación del Tecnológico de Monterrey para formar parte en el <a href="https://tec.mx/es/socios-formadores?srsltid=AfmBOopxCVjGfLIVo54OnQr9N7uP9h5THvWCaA3rXUfSVcLa5Tx6BJmK" target="_blank" rel="noopener">Programa Socio Formador</a><a href="https://tec.mx/es/socios-formadores?srsltid=AfmBOopxCVjGfLIVo54OnQr9N7uP9h5THvWCaA3rXUfSVcLa5Tx6BJmK">.</a> Gracias a este convenio, estudiantes de licenciatura participaron en un proyecto inmersivo junto con sus profesores y el equipo de investigación de México Evalúa. El objetivo fue ambicioso y poco común en la formación universitaria tradicional: estudiar las mejores prácticas en materia de competencia económica y regulación.
El ejercicio partió de una premisa fundamental: las leyes no son sólo textos jurídicos, son diseños de mercado. Las reglas escritas definen incentivos, moldean comportamientos y determinan si un mercado será disputable entre muchos participantes o estará cerrado a solo unos cuantos.
El criterio de referencia para el estudio incluyó la revisión regulatoria de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la <a href="https://www.cofece.mx/proyecto-de-ley-general-de-adquisiciones-arrendamientos-y-servicios-del-sector-publico/" target="_blank" rel="noopener">Ley Marco de Contrataciones</a>. Esta última fue propuesta en el 2020 al Congreso de la Unión mediante el trabajo conjunto de México Evalúa, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Partiendo de esa revisión, el equipo de investigación examinó los 32 marcos normativos estatales de contratación pública para la adquisición y arrendamiento de bienes y servicios en México.
El análisis combinó el enfoque jurídico con el económico, preguntando no sólo si las normas son legales, sino si promueven o inhiben la competencia, el emprendimiento, la innovación y el mejor uso del dinero público. En otras palabras, si los gobiernos estatales juegan a favor del crecimiento económico o si, por el contrario, frenan la economía mediante reglas que concentran el poder.
<h3>Ejemplo de caso de estudio: Yucatán</h3>
Un caso de estudio destacado fue el de Yucatán. El equipo conformado por José Gabriel Olea, María Quintero y María Paula Vargas analizó los 37 artículos de la <a href="https://consejeria.yucatan.gob.mx/documentos/VL02_D0581988.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles</a>. Se utilizó una metodología de revisión regulatoria y un semáforo de riesgos a la competencia según cinco categorías: 1) límites al número o tipo de oferentes; 2) proclividad a facilitar adjudicaciones con poca o nula competencia; 3) elementos legales que facilitan el ejercicio de decisiones arbitrarias de las autoridades tomadoras de decisiones; 4) reducción de mecanismos de transparencia, controles y rendición de cuentas, y 5) elementos que refuerzan el poder de mercado de ciertos proveedores.
Los hallazgos son ilustrativos y preocupantes. En 2023, de 83,931 contratos estatales apenas 0.4 % se adjudicaron mediante licitación pública, a pesar de que debería ser el mecanismo ordinario. El hecho es que la redacción de la norma permite e incluso incentiva procedimientos con poca o nula competencia.
Entre los principales problemas identificados se encuentran las disposiciones que restringen quién puede participar. Así, el padrón de proveedores obligatorio contiene criterios poco claros y modificables discrecionalmente por las autoridades en turno. Hay además cláusulas que. mediante la aplicación legal de conceptos vagos como “circunstancias extraordinarias o imprevisibles”, facilitan justificar la no obligación de licitación para realizar adjudicaciones directas en la contratación pública. Tampoco se detectaron mecanismos efectivos para impugnar los fallos.
Reglas como éstas reducen la participación, desalientan a nuevos oferentes y favorecen las adjudicaciones a proveedores históricamente beneficiados por dichos criterios, generalmente conectados por intereses políticos con los tomadores de decisión. Es decir, la falta de competencia puede establecer riesgos de corrupción y de falta de transparencia en la contratación pública.
La OCDE advierte que excepciones mal definidas reducen el número de oferentes y facilitan la colusión, porque se termina contratando con el mismo grupo de proveedores. En Yucatán, la combinación de un sistema sin recursos de revisión y una cláusula amplia para evitar la licitación ayuda a explicar por qué un porcentaje ínfimo de los contratos se adjudicaron en 2023 mediante procesos abiertos.
<h3>Propuestas puntuales de mejora regulatoria</h3>
El análisis realizado no se quedó en el diagnóstico. El equipo formuló propuestas concretas de mejora.
Primero, es fundamental formalizar y transparentar el padrón de proveedores. Si bien el objetivo del padrón es filtrar los riesgos, es necesario expedir el reglamento faltante y fijar los requisitos de manera clara y proporcionada para que no impida el paso a nuevos competidores.
Segundo, recuperar certeza jurídica. Es necesario permitir que las empresas puedan impugnar un fallo cuando consideren que hubo errores o arbitrariedad, y obligar a que la autoridad explique de forma clara y pública por qué eligió a un proveedor.
Tercero, acotar las excepciones. Definir con precisión qué es “extraordinario o imprevisible” y exigir justificación pública cuando se evite una licitación.
Finalmente, delimitar las preferencias locales. Se debe permitir la participación de proveedores extranjeros con capacidad de ofrecer mejores precios y calidad.
<h3>Un aprendizaje para todas y todos los participantes</h3>
Más allá del caso específico, el valor de este ejercicio radica también en el aprendizaje. Para los estudiantes, significó comprender de manera práctica el papel de los gobiernos como actores económicos relevantes a través del gasto público. Leer una ley dejó de ser un ejercicio abstracto para convertirse en el análisis de un mercado real, con efectos tangibles sobre hospitales, escuelas, seguridad y desarrollo regional.
En sus palabras: “A simple vista, las compras públicas pueden parecer un tema lejano, técnico, ‘de gobierno’. Pero detrás de ellas están los medicamentos de los hospitales, el mantenimiento de las escuelas, las patrullas que vemos en las calles y muchas otras decisiones que influyen en cómo vivimos y en la capacidad de un país para desarrollarse. Conforme avanzamos nos dimos cuenta que el derecho y la economía, a pesar de ser campos tan diferentes, están profundamente conectadas y que, en casos como éste, las leyes no son solo textos legales: son diseños de mercado. Por eso es tan importante que abogados y economistas trabajen juntos. Los primeros aportan certeza jurídica; los segundos, una evaluación de cómo esas reglas afectan la competencia económica y, por ende, el bienestar social”.
Para México Evalúa, el proyecto reforzó una convicción central: mejorar la competencia requiere construir capacidades, generar evidencia y formar nuevas generaciones de jóvenes que comprendan que el desarrollo económico también se juega en el diseño de las reglas.
En línea con el llamado del BID, avanzar hacia mercados más competitivos no es una discusión ideológica, sino una agenda práctica para mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Las compras públicas, bien diseñadas, pueden ser una palanca poderosa para lograrlo.
* Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. José Gabriel Olea, María Quintero, María Paula Vargas son alumnos de las licenciaturas en economía, derecho y relaciones internacionales, respectivamente, en el Tecnológico de Monterrey.

¿Quién gana cuando el gobierno compra?

Cuando en alguna empresa el Director General (CEO) se jubila o deja el cargo, suele haber un sucesor perfilado para reemplazarlo o habrá una breve disputa interna entre los ejecutivos de alto nivel, que cesará en el momento en que el Consejo de Administración haga una designación.
En las organizaciones criminales, como empresas ilegales, las cosas funcionan diferente, ahí las sucesiones se dirimen por lo general con violencia e incluso cuando el anterior líder haya perfilado algún sucesor, los principales jefes de plaza no necesariamente acatarán la decisión.
Un ejemplo de ello se dio en 2013-2014. Tras arresto de Eduardo Costilla Sánchez “El Coss”, el Cártel del Golfo entró en una crisis de liderazgo, al acabarse las figuras fuertes que garantizaran la obediencia de todos los operadores. Si bien se pudo imponer de forma efímera a Mario Ramírez Treviño “El X20”, éste duró menos de un año ya que también fue arrestado. Y cuando se impulsó a Homero Cárdenas Guillén, el último de los hermanos de Osiel Cárdenas, parte de la organización se inconformó, generando una ruptura.
De forma que el Cártel del Golfo dejó de ser una sola organización a partir de 2013, para pasar a ser una marca, de la que <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/tamaulipas-guerra-facciones-criminales" target="_blank" rel="noopener">se desprendieron varias facciones.</a> Las dos de mayor tamaño son los Metros, la cual controla Reynosa, y la segunda son los Ciclones-Escorpiones, que controlan Matamoros; pero también hay otras como los Rojos en Tampico o las Panteras en Soto la Marina.
Estos procesos debilitan a las organizaciones criminales. No es casual que en 2014 el Cártel del Golfo fuera la segunda organización criminal más grande del país y que en estos momentos sus dos principales facciones, los Metros y los Ciclones, están en la quinta y la sexta posición por detrás del CJNG, la Mayiza, los Chapitos y la Nueva Familia Michoacana. Es decir, han tenido un retroceso importante por una mala gestión en la sucesión, algo similar a lo que ahora le está pasando al Cártel de Sinaloa, que se encuentra dividido en dos grandes facciones.
<figure id="attachment_1615048" aria-describedby="caption-attachment-1615048" style="width: 790px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1615048" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok.png" alt="Diagrama sobre la sucesión en el liderazgo de los cárteles mexicanos." width="800" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok.png 800w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok-600x600.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diagrama-narcos-ok-768x768.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption id="caption-attachment-1615048" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia.</figcaption></figure>
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Incluso en los casos en los que se ha podido lograr una sucesión “tersa”, por ejemplo, cuando un familiar sucede a otro, se generan trastornos en la organización. Sobran ejemplos en la historia del narco mexicano de sucesiones entre hermanos, en donde quien llegó carecía del carácter, la inteligencia, el liderazgo o los contactos para dirigir la organización.
Quizá el caso más ilustrativo es el del Cártel de Juárez, la organización más poderosa en la década de los 90, que dirigió Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos&#8221;. Y si bien a su muerte la sucesión fue clara en favor de su hermano Vicente -quien duró al frente de la organización 19 años, lo cual supondría estabilidad- lo cierto es que con Vicente dicho cártel experimentó un debilitamiento paulatino, perdiendo territorios frente al Cártel de Sinaloa, por lo que pasó de ser una organización de cobertura nacional a una de corte regional, que hoy apenas tiene presencia en la mitad norte de Chihuahua.
Situación similar atravesó el Cártel de Tijuana, que ante la falta de sus dos líderes históricos, Benjamín y Ramón Arellano Félix en 2002, comenzó una secuencia sucesoria en donde otros de los hermanos Arellano e incluso un sobrino se han pasado el poder cada que alguno es arrestado, sin que dicha organización haya podido recuperar la influencia de antaño.
Esto nos lleva a inferir que los cambios de liderazgo suelen ser un factor que afecta a las organizaciones criminales. Por ejemplo, mientras estuvieron al frente del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, dicha organización se mantuvo fuerte y tuvo años de crecimiento. Pero al perder estos liderazgos, comenzó un proceso de erosión interna que hoy se traduce en una lucha abierta entre dos grandes facciones, en la que los hijos de ambos personajes se disputan el liderazgo desde hace más de un año sin que quede claro, si alguno de los grupos podrá vencer al otro, por lo que en la práctica ya no existe un Cártel de Sinaloa, sino dos grupos criminales independientes, los Chapitos y la Mayiza. 
En contraparte, un factor que ha ayudado al Cártel Jalisco Nueva Generación a crecer y ganar terreno frente a sus competidores, al grado que hoy se considera que es la organización más poderosa de México, es que ha tenido un liderazgo estable. Desde el surgimiento de esta organización en 2010, Nemesio Oseguera Cervantes ha estado al frente de la misma, lo cual ha evitado conflictos mayores en su interior, que permiten que los operadores se enfoquen en el proceso de expansión territorial y diversificación de las fuentes de ingreso.
Lo anterior nos obliga a revisar la forma en la que el Gobierno de México ha contribuido a acelerar los procesos sucesorios complejos en las organizaciones criminales y con ello ha propiciado inestabilidad interna, que se ha traducido en un recrudecimiento de la violencia en muchas zonas del país. Comenzando en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que al optar por una política de confrontación activa definida como guerra contra el narco propició una crisis en el liderazgo del Cártel del Golfo, que derivó en la separación tanto de la Familia Michoacana como de los Zetas, incrementando la violencia en el occidente y en el noreste. También la crisis de sucesión de los Beltrán Leyva que trajo consigo la aparición de una veintena de grupos criminales en Guerrero, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, así como la transformación del Cártel del Milenio al Cártel Jalisco Nueva Generación, derivado del ascenso en su interior de una nueva cúpula de poder.
Lo anterior no implica que se deje de combatir a las organizaciones criminales desde el gobierno, todo lo contrario, sino que el objeto central de la política no debe de ser el arresto o el abatimiento de los líderes, sino el debilitamiento paulatino de toda la estructura criminal, para que los golpes a la misma no propicien escaladas abruptas en la violencia que se vive en las diversas zonas del país.
Es decir, un enfoque basado en la inteligencia que tenga como eje el garantizar que de forma constante se disminuya la violencia en el país. Al final esta debe ser la misión del Estado a la hora de garantizar la seguridad de su población, que el combate al crimen organizado se traduzca en menos violencia, en lugar de la estrategia de descabezamiento de organizaciones criminales que se siguió por varios sexenios, la cual contribuyó en muchos momentos al incremento de la misma.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

El problema de la sucesión en los cárteles de la droga

Como resultado de casi un año de incidencia colectiva, hace algunas semanas, desde la Junta Local de Cuidados de Aúna en la Ciudad de México, recibimos la invitación del Congreso de la Ciudad de México para participar en lo que se denominó el Órgano Técnico Consultivo para el proceso de consulta previa de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México.
Junto con organizaciones aliadas como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación S.C. (MIDI), Familias y Retos Extraordinarios, Oxfam México, entre muchas otras, fuimos convocadas para acompañar a las y los diputados en este proceso participativo.
La consulta inició con dos largas jornadas de foros temáticos en torno al derecho al cuidado: su importancia, sus retos y sus interseccionalidades. Ahí tuvimos la oportunidad de participar y acompañar las conversaciones. Escuchamos la visión legislativa, que, hay que reconocerlo, ha sido hasta ahora plural; al menos las principales fuerzas políticas se han visto involucradas.
En varias ocasiones conocimos la postura de la Secretaría del Bienestar frente al reto institucional que implica esta política y sobre lo que ya se está haciendo, así como la de otras dependencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo, la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos, la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana, el Instituto de las Personas con Discapacidad, el Instituto de Reinserción Social y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, entre otras.
Hago hincapié en estas instituciones porque las mesas desarrolladas en torno a sus atribuciones abrieron un panorama sumamente relevante sobre los múltiples retos para el diseño de esta política pública.
Además, mientras se llevaba a cabo la segunda jornada de foros, que comenzó con la mesa sobre presupuestos, fue entregado el Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México por parte del secretario de Administración y Finanzas. En el apartado de alineación al programa de gobierno, el Eje “Ciudad cuidadora y de bienestar con igualdad sustantiva y de derechos plenos” cuenta con un presupuesto asignado de poco más de 46 mil 300 millones de pesos, lo que representa casi el 15 % del gasto total para 2026.
De esa bolsa, se prevé destinar 400 millones de pesos a la implementación del Sistema de Cuidados, específicamente para la construcción de 16 Casas de las 3R del Cuidado, espacios que buscan ofrecer servicios gratuitos para reconocer, redistribuir y reducir la carga de las tareas de cuidado; además de otros 168 millones para su equipamiento y operación.
Al respecto, vale la pena hacer una observación importante. Durante los foros, diversas personas reiteraron la necesidad de orientar este gasto a través de un Anexo Transversal que permita reconocer con claridad en qué se están destinando efectivamente los recursos para garantizar el derecho al cuidado y a quiénes están dirigidos. Este pendiente sigue vigente en el paquete económico presentado.
Desde la Junta Local de Cuidados participamos en la mesa sobre experiencias y horizontes de implementación, donde compartimos distintas miradas sobre los retos para poner en marcha el sistema, y nos centramos en uno de los desafíos que va de la mano con el fin último de la Ley y del propio Sistema: el cambio cultural.
Cuando tomamos conciencia de la importancia de los cuidados, entendemos que la vida tiene sentido, que el futuro nos pertenece y que la paz es una mejor forma de habitar el mundo.
Pero para construir esa paz no basta con cuestionar la injusta división sexual del trabajo. También debemos preguntarnos cómo estas construcciones sociales y culturales han moldeado la manera en que entendemos la justicia y cómo esa visión nos ha fallado. Gracias a la Constitución de la CDMX, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Ciudad de México hoy sabemos que los cuidados, en sus diferentes dimensiones, son un derecho humano y que, como todo derecho, implican la responsabilidad del Estado de garantizarlos.
También sabemos que, si queremos sacar los cuidados del ámbito exclusivo del hogar, involucrar a todas las personas y liberar el tiempo de las mujeres y de las familias, necesitamos defender y exigir este derecho como una responsabilidad compartida: del Estado, sí, pero también de las empresas, las comunidades y las familias. Precisamente porque se trata de una responsabilidad colectiva, plural y diversa.
Este cambio cultural pasa, además, por asumir que no existe una sola forma de cuidar. El cuidado es tan diverso como quienes habitamos la ciudad, y esa diversidad es la que debería sostener al Sistema de Cuidados.
Desde esta visión identificamos dos retos centrales. El primero es la brecha de información y la territorialización: cómo llegar a las zonas de la ciudad que más necesitan esta información y estos servicios, cuando incluso en territorios como Iztapalapa aún no se conoce plenamente qué son las UTOPÍAS ni los servicios que ahí se brindan.
El segundo reto, quizá el que más nos preocupa, es la facilidad con la que como sociedad recurrimos a respuestas penales. Castigar es sencillo; atender los problemas es lo que realmente cuesta trabajo, y aquí también se juega el cambio cultural. Hoy, el Código Penal de la ciudad, y el de muchos estados, contempla el delito de omisión de cuidados, cuya configuración afecta de manera desproporcionada a las mujeres, porque históricamente se nos han impuesto las responsabilidades de cuidado. Dentro de este grupo, impacta de forma particular a quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad.
En la Ciudad de México, este tema atraviesa con fuerza a las familias que duermen y trabajan en las calles, pues son ellas a quienes se les abren carpetas de investigación por este delito. A nivel territorial, existe una concentración en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que reúnen más del 40 % de los casos.
Sin embargo, este delito no afecta únicamente a las poblaciones callejeras. Existen casos muy mediáticos, como el de Alejandra Cuevas, y otros mucho menos visibles: el de una madre que viajaba en coche con su hija menor de edad; la niña sufrió un accidente al caer de su silla y, días después, presentó complicaciones de salud. El Ministerio Público imputó a la madre por feminicidio y le impuso una pena de sesenta años. O el caso de una madre y su hija, ambas privadas de la libertad en el mismo penal, donde la hija, que ya cumple con los requisitos para un cambio de medida cautelar, no puede acceder a él porque realiza labores de cuidado dentro del penal.
Estos casos revelan una profunda contradicción: no podemos seguir castigando de manera individual lo que es una responsabilidad colectiva. La lógica punitiva termina siendo, muchas veces, un boomerang que golpea a quienes supuestamente buscaba proteger.
Poner los cuidados al centro implica revisar y transformar esta lógica. Si queremos que el Sistema de Cuidados y una sociedad que pone los cuidados en el centro sean una realidad, necesitamos sostener de manera simultánea los avances normativos, presupuestales e institucionales, pero también impulsar la transformación cultural, porque sin cambio cultural no habrá paz posible.
Si deseas conocer más sobre cómo se llevó a cabo esta consulta, puedes consultar <a href="https://sistemadecuidados.congresocdmx.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> su página oficial.
* Silvana Carranza Navarro (<a href="https://x.com/sil__carranza" target="_blank" rel="noopener">@sil__carranza</a>) es politóloga y maestra en políticas públicas y género, con experiencia en administración pública y el poder legislativo local y federal. Desde 2023 impulsa colectivamente una estrategia jurídica y de incidencia política para aprobar la Ley de Sistema Integral de Cuidados en la Ciudad de México, producto de lo anterior se han presentado amparos y obtenido dos sentencias que obligan al Congreso a discutirla y dictaminarla. Desde octubre de 2025 representa a la Junta Local de Cuidados de Aúna CDMX en el Órgano Técnico Consultivo para la aprobación de esta Ley. IG: <a href="https://www.instagram.com/sil__carranza/" target="_blank" rel="noopener">@sil__carranza</a>.

Proceso de consulta previa sobre la Ley para un Sistema de Cuidados en la CDMX

El libro “<a href="https://goo.su/B7PFZe" target="_blank" rel="noopener">Escuelas democráticas, una perspectiva desde México</a>” recoge 27 historias de docentes en 16 estados de México. No es un tratado teórico, sino una compilación de narraciones donde las y los autores comparten sus perspectivas, los retos que enfrentaron, y los cambios que operaron en sus espacios escolares para lograr entornos incluyentes donde la diversidad se valora y la ciudadanía se fortalece en las prácticas cotidianas.
Escribir el libro fue, en sí mismo, un proceso democrático en el que las y los docentes de educación básica -preescolar, primaria y secundaria- y ganadores del Premio ABC otorgado por Mexicanos Primero desde 2008, levantaron la mano para iniciar un camino de aprendizaje mutuo. Las y los autores eligieron si querían trabajar de manera individual o en equipo con colegas de sus escuelas o zonas escolares; un maestro decidió escribir con dos de sus exalumnas, ahora estudiantes de preparatoria. A partir de ahí, se realizaron talleres virtuales y presenciales para la revisión de los textos.
La primera pregunta que surgió fue: ¿cómo se ve una escuela democrática? Las maestras y maestros tenían alguna idea, incluso habían elegido el tema que tratarían en sus capítulos, pero faltaba un marco conceptual que guiara el trabajo y que les permitiera a todas, a todos -y también a las y los lectores- entender cómo algo tan abstracto como la ciudadanía se vive en la realidad escolar.
Recurrimos así a los 4 pilares de las escuelas democráticas trabajados por la profesora Linda Nathan de la Universidad de Harvard. En el libro encontrarán dichos pilares descritos de manera profunda, aquí empezaremos hoy a hablar del pilar 1 y las 5 experiencias que en él se enmarcan. Cabe aclarar que en un mismo relato pueden estar presentes más de un pilar, incluso los 4.
La educación democrática enfatiza el flujo abierto de ideas, opciones y perspectivas, independientemente de su popularidad
Estudiantes y adultos tienen la libertad para expresarse sin limitar los derechos de otras personas. Los entornos de aprendizaje democráticos deben crear espacios seguros y empoderadores que permitan que todas las voces y perspectivas sean escuchadas. Las discrepancias no pueden deshumanizar.
Fueron Martha del Estado de México, Teresita de Querétaro, Juan Carlos de Tamaulipas, Blanca de Puebla y Carlos Ángel de Hidalgo quienes muestran en sus narraciones que las escuelas democráticas permiten escuchar las diversas voces, y que cuando toda la comunidad participa y los derechos se respetan, se pueden generar ambientes apropiados para el aprendizaje. Así sucedió en la secundaria en la que Martha es directora y que enfrentó el reto de la violencia, pero que encontró en la comunidad una fuente de consenso para generar soluciones que protegieran a sus estudiantes. O la primaria donde Teresita es maestra y se atrevió a explorar nuevas maneras de expresión a través del arte, no solo para desarrollar habilidades pictóricas, sino para crear un lenguaje nuevo que permitiera mejor acompañamiento socioemocional.
Por su parte, Juan Carlos escribe sobre el recreo como espacio para llegar a acuerdos, vivir la ciudadanía y solucionar conflictos, porque la escuela no es únicamente una suma de materias impartidas, también es un espacio para reconocer al otro y vivir en comunidad incluso mientras se juega. Coincide con Blanca, docente de preescolar que generó estrategias en el aula para que sus estudiantes pudieran expresar qué y cómo querían aprender, desafiando la creencia de que las niñas y niños más pequeños no pueden tomar decisiones. Ella nos recuerda que en la escuela democrática se escuchan todas las voces sin importar la edad o, mejor aún, entendiendo que se puede participar desde los primeros años de vida.
Y finalmente está la historia de Carlos, que desafió la idea tradicional de la disciplina impuesta por el docente: frustrado porque su grupo mostraba comportamientos irrespetuosos para el maestro, entre compañeros decidió que la solución no era endurecer las reglas de manera vertical, sino generar juntos acuerdos de convivencia que se cumplieran desde la importancia de interiorizar el respeto y no desde el castigo o la amenaza, logrando así mejorar el comportamiento y, principalmente, mayores habilidades ciudadanas para formar parte de un salón de clase y de una comunidad.
Esta es una primera aproximación a las narraciones que se encuentran en el libro. Esperamos que dichas experiencias sean inspiradoras y que permitan a las comunidades escolares encontrar posibilidades para transformar la escuela en espacios de escucha y participación, porque la democracia no es un tratado que se enseña, se vive en cada aula, en cada escuela y en cada zona escolar cuando hay espacio para todas las voces.
* Laura Ramírez es directora de Fortalecimiento de Comunidades Educativas en Mexicanos Primero.

Escuelas democráticas: escuchar todas las voces

En México, el comportamiento reciente de las compras públicas de Tratamiento Antirretroviral (TARV) muestran resultados considerados como malas prácticas en materia de adquisiciones por la recién creada <a href="https://www.gob.mx/antimonopolio" target="_blank" rel="noopener">Comisión Nacional Antimonopolio</a>, antes llamada Comisión Federal de Competencia Económica (<a href="https://www.cofece.mx/que-hacemos-en-la-cofece/" target="_blank" rel="noopener">COFECE</a>). Estas incluyen: la concentración de contratos en pocos proveedores, menor transparencia y persistencia de falta de suministro.
El último año que México reportó las compras TARV de manera pública (2020), registró un gasto de 1,685 millones de pesos en antirretrovirales, de los cuales más del 82 por ciento terminó en manos de tres compañías: Farmacéuticos Maypo (40.79 por ciento), Gilead Sciences México (30.73 por ciento) y Janssen-Cilag (11.60 por ciento). A partir de ese año, la información consolidada dejó de <a href="https://www.gob.mx/censida/documentos/medicamentos-antirretrovirales" target="_blank" rel="noopener">transparentarse</a>. En paralelo, los reportes institucionales de 2025 documentan <a href="https://ahfmexico.org.mx/no-mas-desabasto-de-antirretrovirales-para-personas-con-vih/" target="_blank" rel="noopener">desabasto</a> en claves específicas en Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre otras dependencias federales y estatales, aun cuando existen acuerdos formales que obligan a publicar inventarios periódicos como el Protocolo para la entrega de tratamiento antirretroviral que estipula las normas de abasto.
Este contexto coincide con un hecho regional: la mayor parte de América Latina quedó fuera del acuerdo internacional que habría permitido acceder a versiones genéricas de medicamentos de prevención del VIH. Según la advertencia de Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la exclusión limita la capacidad de los países latinoamericanos para obtener alternativas de menor costo, incluso cuando varios de ellos (incluido México) participaron en <a href="https://saludporderecho.org/en/lenacapavir-las-licencias-voluntarias-de-gilead-no-llegan-a-paises-que-las-necesitan/?" target="_blank" rel="noopener">ensayos clínicos</a> del medicamento Lenacapivir (<a href="https://www.purposestudies.com/es/proposito2" target="_blank" rel="noopener">PURPOSE2</a>). La consecuencia observable es que los países de la región deben negociar individualmente con las farmacéuticas titulares de las patentes, lo que restringe el margen de acceso a versiones más económicas y reduce las opciones disponibles.
Esta situación se agrava pese al escenario esperanzador que abrió la reciente llegada al mercado de Lenacapivir (<a href="https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1221671002/P_1221671002.html" target="_blank" rel="noopener">Sulenca</a>) un medicamento elegido como descubrimiento científico del año 2024 por la revista Science. El fármaco, fabricado por Gilead, amplía el abanico de opciones de profilaxis preexposición (PrEP) al ofrecer un tratamiento preventivo inyectable que sólo requiere dos aplicaciones anuales. Según algunos estudios, este esquema podría resolver los problemas de adherencia asociados a la toma oral diaria (pastillas). En un periodo de dos años, sólo dos de cada cinco personas permanecieron en PrEP. Por ello, la disponibilidad de esta alternativa semestral supone un cambio significativo en la prevención y el control de la pandemia del VIH, al facilitar una mayor continuidad y al ampliar el acceso a poblaciones especialmente vulnerables, para quienes la toma diaria de un medicamento preventivo suele representar una barrera difícil de sostener.
En octubre de 2024, <a href="https://www-gilead-com.translate.goog/company/company-statements/2025/gilead-statement-on-access-planning-for-lenacapavir-for-hiv-prevention-in-low--and-middle-income-countries?_x_tr_sl=en&amp;_x_tr_tl=es&amp;_x_tr_hl=es&amp;_x_tr_pto=tc" target="_blank" rel="noopener">Gilead</a> firmó acuerdos de “licencia no exclusivos y libres de regalías” con 6 fabricantes de genéricos para aumentar el acceso a Lenacapivir (PrEP inyectable) para la prevención del VIH en países con alta incidencia y recursos limitados. Sin embargo, <a href="https://coenfeba.com/medicos-del-mundo-contra-el-escandaloso-precio-de-los-medicamentos/#:~:text=Denunciar%20%C2%ABlos%20precios%20exorbitantes%C2%BB%20de%20ciertos%20medicamentos,Mundo%20ha%20lanzado%20simult%C3%A1neamente%20este%20martes%20en" target="_blank" rel="noopener">Médicos del Mundo</a> advierte que las condiciones de estas licencias incluyen varias restricciones que limitan un acceso equitativo y oportuno al medicamento.
En esta licencia se incluyen medidas y sanciones estrictas contra el desvío de medicamentos, y se establece que los países fuera del acuerdo (“territorio y campo reservado”) están exclusivamente reservados a Gilead. Esto significa que, al menos por ahora, los fabricantes de genéricos autorizados por Gilead no pueden vender legalmente estas versiones en México ni en la mayoría de países de Latinoamérica. La situación compromete la capacidad de los sistemas de salud para ofrecer alternativas genéricas que garanticen la prevención y el tratamiento para miles de personas, pone en riesgo el cumplimiento de las metas impulsadas por <a href="https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2025/june/20250618_lenacapavir" target="_blank" rel="noopener">ONUSIDA</a> para el 2030 y desoye las demandas de numerosas organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como internacionales, que exigen una estrategia universal y asequible.
La falta de información en el caso mexicano no sólo se refleja en las malas prácticas de compra y gestión de medicamentos, sino que también se evidencia en la ausencia (o el desconocimiento de los mismos) de estudios elaborados por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) sobre el comportamiento de las personas que son usuarias de PrEP. Esta falta de información dificulta la toma de decisiones públicas: sin datos confiables, es imposible estimar cuántas personas podrían llegar a beneficiarse de un tratamiento inyectable de larga duración.
La evidencia ofrece algunos datos que son claros. En Latinoamérica, el indicador más sólido proviene del estudio <a href="https://www.fiotec.fiocruz.br/es/noticias/8104-resultados-de-imprep-se-publican-en-the-lancet-hiv" target="_blank" rel="noopener">IMPrEP</a>, desarrollado en Brasil, México y Perú, publicado en The Lancet HIV. Sus resultados muestran que cerca del 30 % de las personas que inician PrEP oral la abandonan durante el primer año. Para el segundo año, las estimaciones regionales se elevan al 40 y 50 %, según cohortes latinoamericanas y revisiones globales.
El problema radica en que una proporción importante de las personas que interrumpen su tratamiento PrEP posteriormente entra en seroconversión, es decir, adquiere el VIH. Sin mayores datos públicos nacionales, México no sólo queda rezagado en su capacidad de prevención, sino que profundiza un vacío de información que afecta la salud de muchas personas, especialmente de quienes enfrentan mayor vulnerabilidad al VIH, como las mujeres trans, mujeres cis y hombres que tienen sexo con hombres.
El papel de las patentes en este escenario puede describirse con datos recientes. En 2024, Gilead <a href="https://www.bmj.com/content/385/bmj.q1285" target="_blank" rel="noopener">pagó</a> 40 millones de dólares para resolver una demanda por retrasar la salida de una versión más segura del TDF. La empresa mantiene vigentes las patentes de fármacos como Truvada, Descovy y Biktarvy, lo que obliga a los países que no tienen acceso a licencias abiertas a adquirir únicamente las versiones de marca. La ausencia de alternativas genéricas influye directamente en los costos de adquisición y en la capacidad de los sistemas públicos para diversificar proveedores. AHF y otras organizaciones han señalado este punto en el caso de México: “cuando no existen sustitutos genéricos, las instituciones están obligadas a concentrar compras en los laboratorios que poseen los derechos de explotación”. Mientras México mantenga un sistema de compras capturado por pocos actores y sin evidencia pública que respalde sus decisiones, la salud pública seguirá en riesgo o control de sus principales proveedores.

El negocio de la accesibilidad en VIH

De los documentales que vi en 2025, estos diez son los que considero los mejores por los temas que tratan, por la información que me brindaron, por lo que aprendí y por su calidad cinematográfica. Son producción de diez países: México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Noruega, Francia, Alemania, Reino Unido y Palestina.
Winnie Mandela: ¿Santa negra o pecadora? (Sudáfrica, 2015), de Ruud Elmendorp, consta de dos partes de media hora, y es una producción del canal de televisión CGTN África y forma parte de la serie “Caras de África”. Se aborda la controvertida figura de Winnie Madikizela-Mandela (1936-2018) quien fue una figura clave en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero también participó en episodios oscuros y escandalosos.
No hay otra tierra (Palestina-Noruega, 2024) registra la destrucción de la aldea palestina de Masafer Yatta por parte del ejército de Israel, y cuenta la amistad que se establece entre el videasta palestino Basel Adra y el periodista israelí Yuval Abraham. El documental está dirigido por ellos dos y por Hamdam Ballal y Rachel Szor. Los cuatro construyeron un colectivo palestino-israelí, que siguieron los hechos y dieron forma a la película. En 2025, gana el Óscar como Mejor documental y en 2024, el Premio de Cine Documental, Festival de Cine de Berlín.
Sugarcane (Canadá &#8211; Estados Unidos, 2024), dirección de Julián Brave NoiseCat y Emily Kassie. En el marco de una política general del Estado de Canadá, de incorporar a la Cultura Occidental a los pueblos originarios, se establecieron 139 internados que funcionaron de 1863 a 1998. El 70% dirigidos por congregaciones femeninas y masculinas de la Iglesia católica. En algunos de estos las y los niños indígenas fueron sometidos a abusos físicos y sexuales.
La Misión Jesuita de la Tarahumara (México &#8211; Argentina, 2024), del documentalista argentino Sergio Raczcko. Tiene tres partes. Se da cuenta de la historia de la relación de más de 400 años (1608-2025) entre la Compañía de Jesús y el pueblo originario de los rarámuri en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, México. Hay un registro cuidadoso de la cultura rarámuri, de sus tradiciones y de su religión. Y también se da cuenta del trabajo de los jesuitas en esa región.
La cueva de los sueños olvidados (Alemania &#8211; Francia &#8211; Reino Unido &#8211; Canadá &#8211; Estados Unidos, 2010), obra del cineasta alemán Werner Herzog. Trata sobre la Cueva de Chauvet-Pont-d`Arc, departamento de Ardèche, Francia, que en 2014 se declara Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Filmada en 3D. La cueva se descubre en 1994, se conservan dibujos y pinturas del 32 000 a.C. Las escenas de las figuras en las paredes son impactantes, de una enorme belleza, son grandes obras de arte.
Estado de silencio (México, 2024) del director mexicano Santiago Maza Stern. El trabajo le tomó cinco años y da cuenta, a través de cuatro casos específicos, como se ejerce el periodismo en México, el país más violento del mundo para realizar esta actividad. De 2006 al día de hoy, han sido asesinados 140 periodistas. Ellos en algún momento han tenido que abandonar las ciudades donde trabajan por amenazas de muerte.
De uno que se fue: Los primeros años de Win Wenders (Alemania, 2007) del director alemán Marcel Wehn. Es un documental sobre la infancia, la adolescencia, la juventud y los primeros años de la carrera cinematográfica del director alemán Wim Wenders (Düsseldorf, 1945). En conversaciones íntimas, este narra ante las cámaras su vida y la de su familia, su relación con sus padres, en la Alemania de la posguerra. Entrevistas con personas de su entorno.
La cordillera de los sueños (Chile &#8211; Francia, 2019) del director chileno Patricio Guzmán (1941). Con este documental termina la trilogía sobre Chile, su país de origen, antes filmó Nostalgia de la luz (2010) y El botón de nácar (2015). Desde el Golpe de Estado de 1973, sale huyendo de su país, después de estar algunos días encarcelado en el Estadio Nacional en Santiago, y puso su residencia en Francia. A Chile ya nunca ha vuelto para vivir.
Israel y Palestina: 60 años de violencia (Francia, 2008) de Mathieu Schuartz ofrece una visión panorámica de la relación violenta que ha estado presente entre Israel y Palestina desde la fundación del Estado de Israel en 1948 a 2008, cuando concluye este trabajo. La sangrienta guerra que ha tenido lugar de 2023 a 2025, es la prolongación de un conflicto permanente que no tiene fin.
Sáquenme de Culiacán (México, 2025) de la documentalista mexicana Libertad Garfias Díaz. En septiembre de 2025 se cumplió el primer aniversario del inicio de la guerra entre dos de las fracciones del Cártel de Sinaloa, que se ha extendido en todo el estado, pero se concentra en Culiacán. En el cortodocumental se muestra el testimonio de cuatro jóvenes a quienes les ha tocado padecer la guerra y sus consecuencias.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Los mejores documentales de 2025

A 14 años de la reforma al artículo 1° Constitucional, en junio de 2011, los efectos de dicha reforma aún no se traducen necesariamente en la obligación del Estado mexicano para respetar, promover, garantizar y proteger todos los derechos humanos.
En la defensa y promoción de los derechos humanos hay actores involucrados no visibles, actores no institucionales, como son las familias, hijos e hijas, parejas, amigos, quienes forman parte del sistema de apoyo emocional, social y económico de las personas defensoras, y cuyos costos -que repercuten en sus proyectos de vida- no se contabilizan, no son visibles y mucho menos son asumidos por el Estado.
A pesar de los instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos derivados de la reforma de 2011, las personas defensoras realizan su trabajo en espacios de alto riesgo por la criminalización de la protesta social, la militarización de la seguridad pública, las desapariciones forzadas. La impunidad, la corrupción y la persecución son el clima socio-político que enfrentan: <a href="https://animalpolitico.com/sociedad/kenia-hernandez-prision-encarcelada" target="_blank" rel="noopener">Kenia Hernández Montalvan</a>, abogada feminista y defensora de los derechos humanos, fue detenida en 2020 y condenada a 21 años de prisión por supuestos delitos de robo con violencia y ataques a las vías de comunicación, por protestar en casetas de cobro del Estado de México. Es un caso emblemático de racismo judicial y de criminalización de la protesta social.
Como Kenia, se pueden documentar más casos y acciones que atentan contra la integridad de las personas defensoras de derechos humanos. No obstante este clima tan adverso, desde Sin Fronteras consideramos necesario reconocer y aplaudir la labor que personas en lo individual, familiar, redes de apoyo, voluntarios y organizaciones, siguen día con día en la construcción de un mundo mejor con justicia y dignidad.
No basta con el reconocimiento jurídico de los derechos humanos en múltiples instrumentos normativos; es necesario que los distintos niveles de gobierno instrumenten políticas públicas que hagan efectiva la promoción, garantía, ejercicio, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, que fortalezcan y construyan un verdadero Estado de Derecho. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a asumir los costos materiales directos e indirectos que genera la defensa y promoción de los derechos humanos en actores de la sociedad civil.
* José Antonio Dionicio Arellanes es defensor de derechos humanos, abogado encargado de Defensoría en Sin Fronteras IAP.

La importancia de las redes de apoyo al proteger derechos humanos

En el imaginario colectivo, la migración suele narrarse desde la tragedia o la amenaza. Sin embargo, este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, el lema “Mi gran historia: culturas y desarrollo” nos invita a cambiar el lente: a mirar la movilidad humana no como una crisis permanente, sino como un tejido vivo de dignidad, potencial y contribución social. Para que esa “gran historia” sea posible, es necesario reconocer también las brechas que aún interrumpen su escritura: desigualdad, exclusión y falta de acceso a derechos.
Para entenderlo, basta escuchar historias concretas. Mateo, un joven hondureño de 26 años que hoy vive en una zona periurbana de Guadalajara, no es solo una cifra en los registros migratorios. Es técnico en refrigeración y su trabajo sostiene pequeños comercios de su colonia. Sin embargo, su vida cotidiana está marcada por una intersección de vulnerabilidades: ser migrante, afrodescendiente y vivir en un proceso administrativo aún no resuelto.
Mateo salió de San Pedro Sula empujado por la violencia y la falta de oportunidades. Al llegar a México, encontró un obstáculo menos visible, pero determinante: la dificultad para acceder a la seguridad social. Cuando enfermó de dengue, no acudió a una institución pública, sino a un consultorio adyacente a la farmacia, pagando de su bolsillo un gasto que compite con las remesas que envía a su madre. Su experiencia refleja una paradoja frecuente: personas esenciales para la economía local, pero aún fuera de los sistemas de protección. Su &#8220;gran historia&#8221; de desarrollo se ve interrumpida por las brechas de inequidad que le niegan el derecho a pertenecer.
La historia de Mateo se multiplica a lo largo del continente. El panorama migratorio de 2025 muestra una región en transformación, pero también en tensión. De acuerdo con el <a href="https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/2025-12/boletin-de-estadisticas-migratorias_ene_ago-2025_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Boletín de Estadísticas Migratorias de la OIM</a> y la SEGOB, entre enero y agosto de este año México registró una reducción significativa del 86 % en eventos de personas en situación migratoria irregular respecto al mismo periodo de 2024. Pasando de más de 925 mil a poco más de 130 mil. A primera vista, el dato podría interpretarse como un cambio relevante en los flujos; sin embargo, desde la salud pública y los derechos humanos surge una pregunta necesaria: ¿esta reducción refleja menos causas estructurales de migración o una mayor invisibilización de los desplazamientos?
Mientras algunos indicadores de tránsito disminuyen, las causas profundas persisten. El <a href="https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl2616/files/global-appeal/globalappeal2025-es.pdf#page=4" target="_blank" rel="noopener">Llamamiento Mundial de la OIM para 2025</a> subraya que conflictos, cambio climático y desigualdades económicas continúan impulsando la movilidad humana. Para las Américas, se han solicitado más de 1.7 mil millones de dólares, no solo para atención humanitaria, sino para regularización e integración. Sin embargo, los recursos solo generan impacto si se traducen en sistemas de protección social incluyentes y sostenibles.
La movilidad en 2025 no es homogénea. En el Cono Sur, la migración venezolana ha entrado en una fase de asentamiento, donde el reto principal es la integración laboral y educativa. En la región andina, países como Colombia y Perú han mostrado capacidad de acogida, aunque con presión creciente sobre los servicios públicos. En México y Centroamérica, la reducción del 30 % de devoluciones desde Estados Unidos y la ligera caída de las remesas reflejan una reconfiguración de las economías familiares transnacionales, históricamente clave para el bienestar regional.
La desigualdad se profundiza cuando la migración se cruza con otras condiciones. Ser mujer migrante en tránsito por el Darién implica riesgos de violencia sexual que no enfrenta un hombre; ser un niño indígena guatemalteco en la frontera norte implica barreras lingüísticas que un adulto hispanohablante no padece. Estas disrupciones convierten la movilidad en vulnerabilidad, cuando podría ser una vía de desarrollo.
Celebrar “Mi gran historia” implica garantizar que migrar sea una opción y no una condena. Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) sostenemos que la inclusión no es caridad: es una inversión social y un imperativo ético. Para avanzar, proponemos tres ejes prioritarios:
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<li>Portabilidad de derechos. La seguridad social debe acompañar a las personas en movilidad. Los convenios multilaterales son un avance, pero deben adaptarse a trayectorias laborales reales, no solo a esquemas formales tradicionales.</li>
<li>Sistemas de salud inclusivos y resilientes. La atención en salud no debe depender del estatus migratorio. La Atención Primaria a la Salud debe ser la puerta de entrada universal, con enfoque intercultural y sin estigma.</li>
<li>Narrativas de dignidad. Reconocer las aportaciones culturales, sociales y económicas de las personas migrantes es clave para desmontar la xenofobia y la discriminación institucional.</li>
</ol>
La “gran historia” de la migración no se escribe con muros ni con exclusión. Se escribe con la resiliencia de quienes cruzan fronteras buscando dignidad; con las manos de quienes sostienen economías, cuidan personas y construyen comunidades, como Mateo en Guadalajara.
México y la región cuentan con capacidades técnicas y una responsabilidad compartida para avanzar hacia una gestión migratoria justa, segura e inclusiva. Que el origen, el acento o el documento no definan el acceso a la salud, al trabajo ni al bienestar.
Que este 2025 sea el año en que dejemos de contar personas migrantes únicamente en cifras y empecemos a reconocer plenamente sus historias. Historias que, en realidad, también son parte del desarrollo y del futuro común de nuestras sociedades.
* José Noé Rizo Amézquita es investigador en Salud y Seguridad Social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Docente del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Universidad INFUS. Egresado del INSP y de la Universidad de Guadalajara, con entrenamiento en Johns Hopkins y la Universidad de Copenhague.
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Referencias:
<ul>
<li>Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2025).<a href="https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl2616/files/global-appeal/globalappeal2025-es.pdf#page=4" target="_blank" rel="noopener"> Llamamiento Mundial de la OIM para 2025</a>. Ginebra: OIM.</li>
<li>Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP). (2025). Boletín de Estadísticas Migratorias: Enero a agosto 2025. México: Secretaría de Gobernación. Disponible <a href="https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/2025-12/boletin-de-estadisticas-migratorias_ene_ago-2025_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.</li>
<li>Acceso a la seguridad social de las personas migrantes en América. Nota Técnica. Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Disponible <a href="https://ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2023/04/n20-acceso-a-la-seguridad-social-de-las-personas-migrantes-en-america.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí.</a></li>
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Día Internacional del Migrante: la “gran historia” y las brechas que nos falta cerrar

Día Internacional del Migrante: la "gran historia" y las brechas que nos falta cerrar

“Paz y Bien” era el alias de Ernesto, un reciclador de Bogotá que cargaba, considerablemente encorvado, su costal de recolección. Uno se preguntaba si había padecido de alguna enfermedad de pequeño que le hubiese generado aquella condición en sus piernas que le hacían caminar con las rodillas dobladas y visible dificultad, y al mismo tiempo, uno se preguntaba qué vida tan dichosa habría tenido que siempre llevaba en el rostro una enorme sonrisa y mil horas disponibles para conversar.
Conocí a Ernesto por allá del 2018, en hasta ahora mi único viaje internacional en la bella capital colombiana. Caminaba cuesta arriba pasando la Plaza Bolívar y nos abordó mientras observábamos la arquitectura de la zona, sin mediar saludo, simplemente comenzó a explicar la historia de aquel sitio. Lo que empezó como un dato curioso sobre ciertos edificios, se convirtió en hora y media de cátedra sobre lo que había ocurrido en aquella Plaza en noviembre de 1985, y cómo el autoritarismo y fascismo de aquel entonces dejó una de las huellas más dolorosas en la memoria del pueblo colombiano.
Nos contó que él fue un estudiante y activista en la década de los noventa. Su voz fuerte y convencida en asambleas le ganó visibilidad y, con ello, su captura para encarcelarlo y torturarlo hasta dejar su cuerpo encorvado y sometido, si no a la fuerza del autoritarismo, sí al dolor físico que no le permitió nunca más volver a enderezar su espalda. Durante esa hora y media de charla improvisada no existió la prisa del turista por entrar a más museos o edificios emblemáticos, éramos tres hombres de tres generaciones distintas, conversando sobre las resistencias del sur global y sus sobrevivientes para seguir contando la historia y mantener viva la memoria de la lucha colectiva.
Hoy vuelvo a pensar en Ernesto, pues en medio del desolador escenario en el que la ultraderecha gana cada vez más terreno en el mundo, allanando con su llegada al poder la aceleración de políticas extractivistas que acentúan y aceleran las desigualdades y el despojo de los territorios, pienso que hay una sola cosa que, pese al desánimo y la angustia, no puede dejar de nombrarse, construirse y defenderse: lo colectivo.
La ola de conservadurismo que se ha alimentado de egoísmo disfrazado de estoicismo, del individualismo disfrazado de autocuidado, y el clasismo disfrazado de superación personal, es tan sólo uno de los tantos mecanismos para desprender abruptamente a las juventudes de su identidad como pueblo de América, y su sentido de pertenencia a sus barrios y comunidades, para que una vez vacíos, el control sea más fácil de ejercer.
No hay casualidades en un mundo donde históricamente la lucha por el poder es el tronco común de nuestra historia humana, y es justo este proceso de memoricidio y décadas de una lucha por la narrativa en la que se ha perdido la memoria de las resistencias contra gobiernos totalitarios, de manipulación histórica y mentiras ancladas al miedo, y son cada vez más las naciones que apuestan por candidatos declarados abiertamente en contra de los derechos humanos y de las minorías, que criminalizan la pobreza y favorecen las políticas que perpetúan la desigualdad y el despojo.
El futuro no será alentador mientras sigan llegando gobiernos conservadores y negacionistas del cambio climático cuando aún se discute la salida de los combustibles fósiles para frenar los efectos devastadores de este fenómeno, sumado a la extenuante resistencia de los pueblos y comunidades que enfrentan el aceleramiento del extractivismo de una transición energética que ha puesto a América Central y del Sur como zona de sacrificio para que los más ricos puedan manejar autos eléctricos y cambiar de teléfono móvil cada año.
En México, preocupa la incongruencia entre la narrativa y las acciones. No se puede hablar de un gobierno que obedece al pueblo, por un lado, mientras que, por otro, se celebra la cercanía de sectores (como el minero) que durante décadas han explotado y contaminado los territorios, y que anuncian cambios institucionales y legales para simplificar el otorgamiento de concesiones y permisos que sólo exacerbarán el extractivismo en regiones y comunidades altamente afectadas por estas actividades, bajo la falacia desarrollista y a costa de la salud del planeta y sus defensoras y defensores.
Como sociedad, es necesario hablar ahora de justicia climática y territorial desde los pueblos y comunidades; construir en conjunto los horizontes de vida, y defender la tierra, el agua, el aire, la cultura y la salud humana, no como bienes mercantiles, sino como parte de esos horizontes y de nuestra identidad, a la par de continuar exigiendo gobiernos congruentes cuyas políticas pongan siempre al centro a las personas y los derechos humanos.
Aquel encuentro con Paz y Bien me hizo pensar en la necesidad de devolver la presencia al hablar de los problemas del mundo. Luchar por recuperar los espacios de reunión comunitarios y gratuitos; regresemos a conversar cara a cara, a la proximidad como vía para el diálogo, el debate y el discernimiento. Que se llenen los territorios de asambleas y fiestas ancestrales; que mujeres y jóvenes se sumen y participen en las decisiones. Que el apoyo mutuo y la cooperación sean eje de avance, y la coperacha para el chesco nos alcance. Que regresen las anécdotas de banqueta, y las risas hasta las 10 de la noche frente a las puertas. Que las infancias sean cuidadas y cobijadas por todo el barrio y comunidad mientras juegan, y sientan el cálido abrazo de sus pares cuando experimenten la hostilidad del mundo de afuera. Que las abuelas y abuelos sigan siendo palabra y memoria, y no acaben nunca las fogatas con cafecito y sus historias. Volvamos a la fiesta de lo colectivo.
* Charlie Canek Punzo es investigador en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/tierra-y-territorio/" target="_blank" rel="noopener">Territorio, Derechos y Desarrollo</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

La memoria de la resistencia y la esperanza de lo colectivo

En México, la pobreza no es una condición pasajera ni un problema individual. Es una estructura que se reproduce de generación en generación, porque las carencias en alimentación, salud, educación y protección durante la niñez limitan el desarrollo y las oportunidades futuras, perpetuando ciclos de exclusión económica y social. Sus efectos más profundos no siempre se miden en ingresos, sino en las trayectorias de vida de millones de niñas, niños y adolescentes que crecen con derechos incompletos.
Hablar de pobreza implica ir más allá de los promedios nacionales y de los discursos que reducen el fenómeno a la capacidad de consumo. La pobreza que viven niñas y niños en México es multidimensional: se expresa en inseguridad alimentaria, rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, exposición a violencia y trabajo infantil. Cuando estas privaciones se acumulan desde los primeros años de vida, el punto de partida se vuelve decisivo y la desigualdad deja de ser una excepción para convertirse en norma.
<h3>La pobreza no se hereda: se reproduce</h3>
La evidencia es clara: crecer en pobreza condiciona el desarrollo físico, emocional y cognitivo. Una niñez marcada por la mala alimentación, la interrupción escolar o la necesidad de trabajar de forma temprana reduce significativamente las posibilidades de acceder, en la vida adulta, a empleos dignos, ingresos estables y entornos seguros. Es decir, la pobreza no se transmite por fatalidad, sino por la ausencia de políticas y condiciones que garanticen derechos desde la niñez.
Esta reproducción estructural se vuelve más visible en territorios rurales y agrícolas. En estados como Sinaloa —líder nacional en producción de maíz— conviven altos niveles de productividad con comunidades donde los ingresos familiares dependen de ciclos climáticos cada vez más extremos, mercados volátiles y apoyos institucionales insuficientes. Cuando el ingreso se reduce, las decisiones que toman las familias no son abstractas: se reflejan en menos comida en la mesa, en niñas y niños que faltan a la escuela y en adolescentes que asumen responsabilidades económicas de manera prematura.
<h3>La pobreza también tiene edad y género</h3>
La pobreza no afecta a todas las personas por igual. Tiene rostro rural, indígena, femenino y juvenil. De acuerdo con el enfoque de <a href="https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2010" target="_blank" rel="noopener">pobreza multidimensional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)</a>, las privaciones económicas y sociales impactan de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes que viven en contextos rurales, indígenas y de alta marginación, así como a mujeres y juventudes.
En particular, las mujeres en comunidades agrícolas suelen concentrarse en actividades informales, mal remuneradas o no reconocidas, mientras que adolescentes y jóvenes enfrentan barreras para continuar estudiando o incorporarse a empleos dignos. Sin opciones reales, muchas juventudes quedan atrapadas en economías de subsistencia que replican la precariedad que vivieron en su infancia.
Este escenario evidencia una falla estructural: las políticas que no consideran la edad, el territorio y las desigualdades de género tienden a ser insuficientes. Combatir la pobreza en la niñez requiere intervenir en el presente de las familias y, al mismo tiempo, proteger el futuro de niñas, niños y adolescentes.
<h3>Fortalecer medios de vida para proteger derechos</h3>
Desde esta lógica, abordar la pobreza en la niñez implica fortalecer los medios de vida familiares. No basta con transferencias económicas aisladas ni con programas desconectados del contexto local. Se requieren estrategias que mejoren los ingresos, fortalezcan capacidades productivas y reduzcan los riesgos que enfrentan niñas y niños.
Es por eso que en Save the Children trabajamos directamente en comunidades rurales de Sinaloa. A través de nuestro programa Raíces del Cambio hemos trabajado en esta dirección, nos enfocamos en la prevención del trabajo infantil y la inseguridad alimentaria a través del fortalecimiento de los medios de vida agrícolas. El programa impulsa la capacitación en buenas prácticas agrícolas adaptadas a la sequía, el acompañamiento a mujeres y jóvenes para diversificar ingresos y el desarrollo de proyectos productivos que fortalezcan la economía familiar.
La premisa es sencilla, pero poderosa: cuando las familias cuentan con ingresos más estables, conocimientos técnicos y oportunidades económicas, disminuye la presión para que niñas y niños trabajen y aumenta la permanencia escolar. La protección de la niñez y adolescencia no se logra únicamente con prohibiciones, sino creando condiciones para que las familias no tengan que elegir entre comer hoy o garantizar derechos mañana.
<h3>Romper el ciclo</h3>
La pobreza infantil en México no es inevitable. Es el resultado de decisiones económicas, sociales y ambientales que pueden y deben cambiar. Colocar a la niñez en el centro de las estrategias contra la pobreza no es un gesto asistencialista: es una inversión social y una condición indispensable para romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad.
Si México aspira a un desarrollo sostenible y justo, debe preguntarse no solo cuánto produce, sino cómo viven las niñas y los niños en los territorios donde esa riqueza se genera. Garantizar derechos desde la infancia es la única vía para que la pobreza deje de ser una herencia y se convierta, por fin, en una excepción.
* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.

Pobreza infantil: el eslabón más frágil de la desigualdad

Todos, todas y todes conocemos el poder positivo de las palabras en nuestras vidas. Ahora imaginemos el mismo efecto, pero en personas a las que no conocemos y a quienes enviamos mensajes de apoyo por defender sus derechos humanos. Ese efecto lo vivió Wendy Galarza, feminista mexicana, quien fue baleada por policías en una <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-autoridades-usaron-fuerza-ilegal-y-violencia-sexual-para-silenciar-a-mujeres-que-protestaban-contra-la-violencia-de-genero/" target="_blank" rel="noopener">marcha contra la violencia de género en Cancún</a>, en 2020. Activistas de Amnistía Internacional le <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mas-de-400-mil-personas-alrededor-del-mundo-lanzan-un-gritoporwendy/" target="_blank" rel="noopener">enviaron miles de cartas</a> de apoyo que le dieron “la seguridad para hablar de lo sucedido”. Ella expresó que el cariño recibido “fue tangible y representó algo muy importante para nosotras&#8221;.
Las cartas de solidaridad las recibió Wendy en el marco de la edición 2021 de la campaña insignia de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos. La <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/stronginicia-escribe-por-los-derechos-que-incluye-la-lucha-de-jovenes-mujeres-contra-los-quemadores-de-gas-en-la-amazonia-strong/" target="_blank" rel="noopener">edición de este año</a> ya se está llevando a cabo. En estos momentos, millones de personas activistas de nuestro movimiento se movilizan para dar a conocer casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos vinculados con la libertad de expresión, la lucha contra la destrucción ambiental y el cambio climático y la seguridad de las infancias.
Las personas activistas están convocando a otras miles o millones de personas, en sus respectivos países, para que envíen mensajes de solidaridad a quienes sufren la afectación a sus derechos y les transmitan ánimo y fuerza para que continúen con su exigencia de justicia y reparación integral del daño.
En 24 años que llevamos realizando esta campaña las personas activistas han llevado a cabo más de 50 millones de acciones en contra de la tortura, la persecución, el hostigamiento o el encarcelamiento injusto. En ese lapso, más de 100 personas han logrado que sus casos se resuelvan de manera positiva. Incluso se logró conmutar la pena de muerte impuesta a <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/sudan-del-sur-la-anulacion-de-la-sentencia-de-muerte-de-un-adolescente-debe-conducir-a-la-abolicion-de-esa-pena/" target="_blank" rel="noopener">Magai Matiop Ngong</a>, siendo menor de edad. Las autoridades de Sudán lo sometieron a un juicio sin ningún tipo de garantía legal. Este caso formó parte de la edición 2019 de Escribe por los Derechos.
<figure id="attachment_1614686" aria-describedby="caption-attachment-1614686" style="width: 1790px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1614686" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional.jpg" alt="Las Guerreras por la Amazonia, grupo integrado por chicas ecuatorianas de entre 10 y 20 años de edad, llevan a cabo un intenso trabajo para cuidar el medio ambiente en sus comunidades, pese a las amenazas en su contra. Foto: ©Amnistía Internacional." width="1800" height="766" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional.jpg 1800w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional-600x255.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional-1024x436.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional-768x327.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional-1536x654.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /><figcaption id="caption-attachment-1614686" class="wp-caption-text">Las Guerreras por la Amazonia, grupo integrado por chicas ecuatorianas de entre 10 y 20 años de edad, llevan a cabo un intenso trabajo para cuidar el medio ambiente en sus comunidades, pese a las amenazas en su contra. Foto: ©Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
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Las violaciones a derechos humanos que denunciamos están impregnadas por el racismo, la segregación, la discriminación. Son cometidas contra personas empobrecidas, personas LGBTI, personas de pueblos originarios que defienden su tierra y el medio ambiente o contra mujeres que exigen a sus gobiernos acciones definitivas contra la violencia de género, entre muchos otros temas.
<h3>Por el bienestar de nuestro planeta</h3>
En la edición 2025 de Escribe por los Derechos incluimos el trabajo que efectúan las Guerreras por la Amazonia, un grupo de activistas de entre 10 y 20 años de edad, quienes demandan al gobierno de Ecuador la eliminación de los quemadores del gas que se libera por la extracción de petróleo en los alrededores de sus comunidades. El proceso de quema genera gases tóxicos, y la extracción de petróleo causa la devastación de la tierra y la contaminación del agua.
En 2021 las Guerreras por la Amazonia ganaron un juicio cuya sentencia ordena al gobierno ecuatoriano eliminar a los “monstruos de fuego”, como denominan ellas a los quemadores. Sin embargo, las autoridades de su país no han hecho nada al respecto. Las jóvenes activistas han sido intimidadas por su labor y, en una postura incomprensible, su gobierno les ha dicho que sólo las puede proteger si abandonan su lucha.
Este año incluimos también el caso del defensor de la tierra, el territorio y el medio ambiente hondureño, Juan López. Él fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 por oponerse a que empresas mineras y productoras de energía destruyan los ríos y los bosques en la zona norte de Honduras. Otras personas, compañeras de lucha de Juan López, que también se oponen a los procesos extractivos están amenazadas, las han criminalizado, encarcelado e incluso asesinado.
<h3>En defensa de la libertad de expresión</h3>
El ejercicio del periodismo no debería costar la vida. Pero como atinadamente señala Reporteros sin Fronteras, “los periodistas no mueren, son asesinados”. En <a href="https://rsf.org/es/el-odio-y-la-impunidad-hacen-de-2025-un-a%C3%B1o-mort%C3%ADfero-para-los-periodistas" target="_blank" rel="noopener">su informe del año 2025</a> reporta que 67 profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados, 53 de ellos a consecuencia de la guerra o por acciones del crimen organizado.
Pero las personas periodistas sufren muchas otras agresiones. En ese sentido, Reporteros sin fronteras tiene registro de 503 periodistas presos en todo el mundo. China tiene el mayor número con 121, seguida de Rusia con 48 y Birmania (o Myanmar) con 47.
Precisamente, de Myanmar incluimos en Escribe por los Derechos lo que ocurre al fotoperiodista Sai Zaw Thaike. Él fue sentenciado a 20 años de prisión con trabajos forzados, por haber informado de los efectos devastadores que causó el ciclón Mocha en ese país, en 2023. Su juicio duró apenas un día y en la cárcel los guardias penitenciarios lo han sometido a palizas y a periodos de aislamiento.
Otro caso enmarcado en la libertad de expresión es el de la abogada de Túnez, Sonia Dahmani. Ella fue detenida en mayo de 2024 porque criticaba en medios de comunicación las condiciones inhumanas en que viven las personas detenidas en ese país, además de que cuestionaba el racismo, abogaba por las personas marginadas y tenía como eje de sus comentarios la defensa de los derechos humanos.
Sonia está sentenciada a varios años de prisión y aún están abiertas varias causas en su contra. Desde Amnistía Internacional hemos denunciado que sus condiciones de reclusión son inhumanas, en su celda hay ratas, ha sido sometida a tratos crueles y degradantes y le han negado la atención médica que necesita.
<h3>Defender los derechos de las infancias</h3>
Respecto del tema de infancias, estamos difundiendo lo ocurrido a Unecebo Mboteni, un niño sudafricano de tres años de edad quien murió en abril de 2024 al caer en una letrina del jardín de niños donde era llevado por su familia. La falta de infraestructura adecuada en las escuelas sudafricanas es un tema latente. En 2018 dos niñas murieron en las mismas circunstancias que Unecebo.
Amnistía Internacional pudo constatar que en Sudáfrica las condiciones escolares de las infancias dependen del lugar en que nacen, de los recursos económicos de su familia y del color de su piel. El padre de Unecebo resumió con mucho dolor esta situación al decir que su hijo murió “en una trampa mortal para pobres”. A la fecha las autoridades educativas no han reportado acciones que permitan mejorar las condiciones sanitarias en la escuela a la que asistía Unecebo, ni las autoridades judiciales han reportado avances sobre la investigación de la muerte del niño. Para la familia solo ha habido silencio.
<figure id="attachment_1614687" aria-describedby="caption-attachment-1614687" style="width: 1790px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1614687" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional.jpg" alt="En la campaña Escribe por los derechos todas las voces cuentan para defender los derechos humanos. Los mensajes de solidaridad dan ánimo y fuerza a las personas que los defienden de forma individual o colectiva. Foto: ©Amnistía Internacional." width="1800" height="766" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional.jpg 1800w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional-600x255.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional-1024x436.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional-768x327.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional-1536x654.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /><figcaption id="caption-attachment-1614687" class="wp-caption-text">En la campaña Escribe por los derechos todas las voces cuentan para defender los derechos humanos. Los mensajes de solidaridad dan ánimo y fuerza a las personas que los defienden de forma individual o colectiva. Foto: ©Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
<h3></h3>
<h3>¡Escriba una carta, cambie una vida!</h3>
En Amnistía Internacional sostenemos que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo y millones de personas en el Orbe lo han entendido así también. Tan es así que nuestra campaña Escribe por los Derechos ha crecido año tras año. En la edición 2020 se recibieron 4.5 millones de cartas, tuits y peticiones firmadas y en 2022, la cifra superó los 5.3 millones.
La lucha de quienes defienden los derechos humanos en el mundo, ya sea de manera individual o colectiva, también es nuestra lucha. Por ello invito a las personas lectoras a que visiten <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/escribe-por-los-derechos-2026/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> donde encontrarán la dirección a la que pueden enviar sus mensajes de solidaridad para las Guerreras por la Amazonia, para las personas que continúan la lucha que inició Juan López, así como para Sai Zaw Thaike, Sonia Dahmani y la familia de Unecebo.
Sus cartas son, como señalé al inicio de este texto, la base de Escribe por los Derechos y en ellas pueden expresarles de manera libre su apoyo para que sigan adelante en la defensa de sus derechos humanos. Igualmente pueden sumarse a la campaña en las redes sociales de Amnistía Internacional.
La campaña incluye el envío de peticiones. Éstas van dirigidas expresamente a los gobiernos involucrados en la violación de derechos humanos y expresan la exigencia de que se haga justicia a las víctimas y se les repare el daño. En la página podrán encontrar un modelo que pueden utilizar.
<h3>Logros concretos</h3>
En Amnistía Internacional hemos atestiguado la alegría enorme de las personas que reciben los mensajes de apoyo. La emoción se refleja en sus ojos, la sonrisa ilumina sus rostros, no dejan de expresar su sorpresa porque personas que no las conocen les manifiestan su solidaridad. Es así como las cartas que reciben les dan la fuerza para seguir adelante.
Máxima Acuña, campesina peruana, defensora de la tierra, recibió 150 mil cartas provenientes de España, Canadá, Reino Unido, Noruega, Francia, Taiwán, Chile, Nueva Zelanda, Italia y Perú, entre otros países. Su caso formó parte de la edición 2016 de Escribe por los Derechos; el video del momento en que recibió las cartas de apoyo <a href="https://www.youtube.com/watch?v=F7TUEHrGfpk" target="_blank" rel="noopener">lo pueden ver aquí</a>.
Bernardo Caal Xol, campesino guatemalteco, también defensor de la tierra, el territorio y el medio ambiente, recibió más de medio millón de acciones a su favor en el marco de Escribe por los Derechos 2021. Su testimonio <a href="https://www.facebook.com/AmnistiaAmericas/videos/bernardo-caal-con-escribe-por-los-derechos/1359254921498407/" target="_blank" rel="noopener">puede ser visto aquí</a>.
Escribir una carta puede salvar o cambiar una vida. Por ello nuestra invitación a las personas lectoras para que en el marco de Escribe por los Derechos hagan crecer el poder del activismo y sumen sus mensajes de solidaridad a los de millones de personas que, como dice nuestro lema, “nos tomamos la injusticia como algo personal”.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://x.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (<a href="https://x.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>).

¿Cómo se puede cambiar el mundo y salvar una vida con una carta? Aquí la fórmula

¡Dimos un enorme paso para cerrar una brecha que activistas, organizaciones civiles y colectivas reclamaron durante más de una década! El pasado 5 de diciembre, el Congreso de Guanajuato decidió votar y aprobar el matrimonio igualitario y la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género).
La publicación de estas reformas en el Periódico Oficial del Estado representa el inicio (tardío) del pago de la deuda histórica que se tiene con las poblaciones de diversidad sexual y de género en Guanajuato. Ahora el sector público estatal y local enfrenta el enorme reto de adaptar códigos, reglamentos, procedimientos penales y administrativos, y al propio Registro Civil, para garantizar el ejercicio efectivo del matrimonio igualitario y sancionar a quienes practiquen ECOSIG.
El contexto guanajuatense, sin embargo, aún no es el más fácil para la implementación de políticas públicas en favor de la diversidad sexual y de género. Se necesita un trabajo colectivo, transversal, sistemático, coordinado y continuo, tanto en lo administrativo-jurídico como en lo social-político.
Veamos de ejemplo a las Unidades Municipales de Diversidad Sexual y de Género: su creación en los 46 municipios es obligatoria a partir Junio de 2024 con la entrada en vigor de la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Hasta la fecha solo 20 de 46 municipios han nombrado una persona titular.
En la práctica, enfrentan obstáculos como falta de personal (solo un par de municipios cuentan con más de una persona trabajando en dichas unidades), presupuestos mínimos o nulos, renuncias y retrasos en los nombramientos de titulares, como sucede en León, o promesas incumplidas como en Salamanca.
<h3>¿Qué sigue para el matrimonio igualitario y la prohibición de las ECOSIG?</h3>
En los últimos meses, la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género ha impulsado capacitaciones y sensibilizaciones al personal del Registro Civil, Salud y Seguridad Pública, así como diversas reuniones con organismos administrativos para garantizar cambios necesarios, como modificaciones a Actas. Sin embargo, estos esfuerzos deben acompañarse de lineamientos, procedimientos y mecanismos homologados de múltiples organismos públicos a nivel estatal y local.
La Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios reconoce en su artículo 3 los principios de transversalidad y progresividad, indispensables para la construcción de políticas públicas coordinadas, sostenidas y con enfoque de derechos. No obstante, el marco normativo presenta una debilidad central: no fija plazos de cumplimiento ni define acciones específicas para su implementación. Esta omisión abre espacios de discrecionalidad que pueden traducirse en retrasos o simulaciones institucionales. A ello se suma la ausencia de mecanismos claros de supervisión y evaluación, lo que dificulta medir avances, exigir responsabilidades y garantizar que los principios enunciados se traduzcan en resultados efectivos.
Esto deja un camino amplio para que el matrimonio igualitario sea negado u obstruido por voluntades municipales, capacitaciones sin efecto a largo plazo por cambio de personal o por falta de coordinación interinstitucional, dibujando un escenario de riesgos de revictimización en el proceso.
<h3>ECOSIG</h3>
Las llamadas Estrategias de Conversión Sexual y de Género (ECOSIG) se refieren a un conjunto de prácticas que buscan modificar, reprimir o “corregir” la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona. Estas prácticas parten de un supuesto falso: que la diversidad sexual y de género constituye una desviación que debe ser tratada o eliminada. La evidencia científica y los estándares internacionales en derechos humanos han sido consistentes en señalar que las ECOSIG carecen de sustento médico o psicológico y generan daños graves, incluidos ansiedad, depresión, ideación suicida y ruptura de vínculos familiares. Su existencia no solo reproduce estigmas y violencias estructurales, sino que obliga al estado de Guanajuato a sancionar efectivamente estas prácticas que vulneran la dignidad, la autonomía y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El hecho de que el Código Penal para el Estado de Guanajuato contemple la prohibición de las ECOSIG, por sí solo no garantiza justicia. Su investigación y sanción requiere personal capacitado, procesos de actuación claros, medidas de protección, procesos accesibles de denuncia y acompañamiento. El desafío debe responder al vacío de procedimiento y pruebas: no existen aún mecanismos o antecedentes para identificar, investigar y sancionar las ECOSIG en Guanajuato.
Finalmente, la resistencia una fracción de la ciudadana fue rápida al externar su intención de interponer un amparo contra la prohibición de las ECOSIG. De suceder, podría generar retrasos judiciales dando pie a un periodo de incertidumbre y retraso jurídico. En este contexto añadiendo la falta de homologación de procesos, podría convertir este avance legislativo en algo simbólico, pero sin cambios reales.
<h3>Del texto legal al acceso real</h3>
Esta realidad nos orilla a reflexionar sobre los esfuerzos que faltan para responder a retos reales e invita a mirar más allá del entusiasmo por la aprobación de la reforma. ¿Cómo garantizar que una pareja de Xichú o una joven de Acámbaro pueda ejercer estos derechos sin enfrentar múltiples barreras institucionales y sociales?
La reforma es un punto de partida, no de llegada. Se avecina una vigilancia y participación constante de todas las colectivas, organizaciones, activistas y servidores públicos que luchan desde dentro del sistema con el mismo fin: convertir el texto legal en acceso real. Los próximos meses serán clave para aplicar una política pública robusta e integral.

Matrimonio igualitario y prohibición de ECOSIG en Guanajuato, punto de partida, no de llegada

México no enfrenta una falta de diagnósticos sobre su sistema alimentario, sino un problema de coherencia en la acción pública. Las recomendaciones científicas sobre qué comer, cómo producir y cómo reducir impactos ambientales son claras desde hace años.
Lo que ha faltado es alinear las políticas de salud, agricultura, medio ambiente, educación y desarrollo social bajo una visión común. El <a href="https://www.insp.mx/avisos/nuevo-informe-de-la-comision-eat-lancet" target="_blank" rel="noopener">informe EAT-Lancet 2.0</a>, presentado este mes en la Academia Nacional de Medicina, vuelve a poner este desafío en el centro del debate: sin trabajo intersectorial, la transformación del sistema alimentario seguirá siendo fragmentada e insuficiente.
Elaborado por un equipo multidisciplinario de científicas y científicos de todo el mundo, el informe EAT-Lancet, presentado en 2019 y actualizado este año, establece una ruta clara para reducir el impacto ambiental de los sistemas alimentarios mediante un mayor consumo de alimentos de origen vegetal y una menor ingesta de productos de origen animal, con beneficios directos para la salud pública y el medioambiente.
El valor del informe radica en la capacidad para conectar la salud pública y la sostenibilidad ambiental en un mismo marco de decisión. Al hacer un análisis de qué comemos, cómo producimos y qué desechamos, EAT-Lancet evidencia una contradicción persistente: mientras las políticas de salud recomiendan patrones alimentarios basados en productos de origen vegetal, las políticas agrícolas continúan priorizando modelos intensivos, de alto impacto ambiental y bajo valor nutricional, con énfasis en la ganadería industrial y en detrimento de la producción de alimentos destinados al consumo humano.
Esta desconexión tiene consecuencias directas en la salud pública, como el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, además de la presión que ejercen estas formas de producción sobre los ecosistemas y la vulnerabilidad del sistema alimentario frente al cambio climático.
Las declaraciones de las secretarías de Salud y de Agricultura durante la presentación del informe en México son una señal positiva. El Dr. Julio Berdegué, secretario de Agricultura, señaló que la transformación del sistema alimentario requiere “acciones duras y difíciles”, lo que implica aceptar que no bastan campañas informativas ni recomendaciones aisladas.
El Gobierno de México necesita revisar subsidios a la ganadería, fortalecer incentivos productivos para legumbres, vegetales, semillas y otros alimentos de bajo impacto ambiental, y alinear las compras públicas y criterios ambientales en toda la cadena alimentaria. Sin esta alineación, los esfuerzos sectoriales seguirán avanzando en direcciones opuestas.
Ejemplos como las <a href="https://www.gob.mx/salud/sinsamac/documentos/guias-alimentarias-saludables-y-sostenibles-para-la-poblacion-mexicana-2025" target="_blank" rel="noopener">Guías de Alimentarias Saludables y Sostenibles 2025-2030</a> o el etiquetado frontal, esfuerzos impulsados por la Secretaría de Salud muestran, que la coherencia es posible cuando existe voluntad política. Incorporar criterios de salud y sostenibilidad en espacios educativos, hospitales o programas sociales permite traducir la evidencia científica en impactos reales en la nutrición de las poblaciones y la contribución a la reducción de la huella ambiental del país.
Estos avances, aunque aún parciales, confirman que la política alimentaria de México puede convertirse en una herramienta estratégica para cumplir objetivos de salud pública, mitigación climática y desarrollo social de manera simultánea.
En este contexto, la colaboración con actores de la sociedad civil resulta clave para cerrar la brecha entre la evidencia y la implementación. Alianza Alimentaria y Acción Climática ha demostrado que es posible acompañar a instituciones públicas en el diseño de menús, entornos alimentarios y estrategias basadas en ciencia, capaces de reducir emisiones, mejorar la nutrición y fortalecer la coherencia de las políticas públicas; tal es el caso del Plan de Transición Alimentaria, firmado en colaboración con el Sistema DIF Jalisco.
La transformación del sistema alimentario no ocurrirá desde un solo sector ni con soluciones aisladas: requiere coordinación, continuidad y una visión compartida.
EAT-Lancet 2.0 no es un documento aspiracional; es una hoja de ruta concreta. La pregunta para México no es si el modelo es viable, sino hacer que las políticas públicas estén a la altura de la evidencia.
Avanzar hacia un sistema alimentario saludable y sostenible dependerá, en última instancia, de nuestra capacidad para dejar atrás decisiones inconexas y construir una política alimentaria coherente con los desafíos del siglo XXI.
* Sofía Ruiz Oldenbourg es ingeniera ambiental por el Instituto Tecnológico de Colima con más de 10 años de experiencia en el ámbito ambiental y de sostenibilidad en el sector privado y de organizaciones de la sociedad civil. Gerente de Políticas Alimentarias en Alianza Alimentaria y Acción Climática (<a href="https://x.com/AlianzaAliment" target="_blank" rel="noopener">@AlianzaAliment</a>), organización mexicana sin fines de lucro que está transformando el sistema alimentario hacia prácticas más éticas y sostenibles. En 2024 fue pieza clave para el diseño de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. También trabajamos con el sector público y privado implementando menús sostenibles en los comedores de las organizaciones para reducir impactos ambientales y riesgos a la salud asociados a patrones alimentarios.

EAT-Lancet y la coherencia pendiente de las políticas públicas alimentarias

El 26 de agosto de 2025 llegó a nosotras la noticia del primer trasplante de pulmón de un cerdo a un humano, un tema de alto impacto en la sociedad. Los <a href="https://elpais.com/ciencia/2025-08-25/el-primer-trasplante-de-un-pulmon-animal-en-el-pecho-de-una-persona-funciona-durante-nueve-dias.html" target="_blank" rel="noopener">medios internacionales</a> lo enmarcaron como un hito y las noticias se llenaron de sustantivos como “el cerdo donante” o “la industria de donantes del cerdo”. Esta narrativa, cuidadosamente construida, presenta un acto de explotación como un acto de generosidad animal, pues con la sutileza en la elección de palabras, se elimina del discurso cualquier rastro de violencia, de especismo, de asesinato.
El lenguaje no es inocente. Llamar donante a un animal que no puede consentir es un ejemplo de lo que la filósofa Joan Dunayer denuncia como “<a href="https://www.cambridge.org/core/journals/english-today/article/english-and-speciesism/0F0E0E9E8228B25949F9671ADFA7FFFE?utm_campaign=shareaholic&amp;utm_medium=copy_link&amp;utm_source=bookmark" target="_blank" rel="noopener">lenguaje especista</a>”, pues es un eufemismo que enmascara una realidad opresiva tras un velo de neutralidad y benevolencia. Se usa para ocultar una realidad violenta: el animal no-humano es criado, modificado genéticamente y sacrificado para extraerle un órgano. Su cuerpo es tratado como un recurso, una fábrica o un biorreactor. Este proceso de cosificación lingüística despoja a los animales no humanos de su condición de seres sintientes y los convierte en instrumentos, en meros medios para un fin humano; esto es lo que conocemos como especismo, la negación de igual consideración de intereses basada en la especie.
Según el Diccionario del español de México, <a href="https://dem.colmex.mx/ver/donante" target="_blank" rel="noopener">donante</a> significa “ceder o dar a alguien algo que le pertenece, como ayuda o contribución”. La donación se basa en el consentimiento, explícito o presunto, y en el altruismo. Aplicar la misma palabra a un animal no humano no es sólo conceptualmente fraudulento; es un acto de violencia simbólica que refuerza su estatus de propiedad y bloquea cualquier posibilidad de reconocerles derechos fundamentales, como el derecho a la integridad corporal. Esta retórica no es accidental, responde al sistema cárnico, el conjunto de creencias que nos condiciona a percibir a algunos animales como comestibles o usables, y al sistema especista, los cuales requieren de mecanismos psicológicos y lingüísticos para evitar la disonancia cognitiva.
Pero ¿por qué esta insistencia en un lenguaje tan deliberadamente engañoso? La elección del término donante por parte de científicos y medios de comunicación no es ingenua, de hecho, responde a una estrategia de comunicación muy calculada que persigue varios fines. El primero: enmarcar la práctica en un contexto de altruismo y progreso incuestionable, para así evitar el rechazo social que generaría una descripción literal del proceso, el cual se trata de crear, manipular y sacrificar. Segundo, proteger la inversión y el capital simbólico de la investigación, pues el lenguaje es crucial para obtener permiso social para tecnologías controversiales, por ejemplo, presentar los avances como un regalo de la naturaleza, o de los animales no humanos, lo hace más digerible. En última instancia, este eufemismo beneficia a las instituciones al desviar la atención del cuestionamiento ético hacia la maravilla técnica, y con esto la continuidad del financiamiento y la evasión de regulaciones más estrictas que reconozcan el estatus moral de los animales no humanos.
Este lenguaje, por tanto, adormece el debate público. Si lo llamamos donación la sociedad no cuestiona la práctica, por lo que así se puede evadir más fácilmente el dilema bioético de si los animales no humanos son sujetos de una vida, con valor inherente más allá de su utilidad para nosotros. ¿Es éticamente defendible crear vida sintiente con el único propósito de despojarla de sus órganos, incluso si el beneficio humano fuera incuestionable? El lenguaje eufemístico impide que esta pregunta se formule con la crudeza que merece.
Esta estrategia se apoya en lo que <a href="https://nuevaepoca.revistalatinacs.org/index.php/revista/article/view/868" target="_blank" rel="noopener">los estudios de comunicación</a> llaman framing, que es una selección cuidadosa de un ángulo para promover una interpretación específica y que oculta activamente, a la par, una parte clave de la información. Al elegir la metáfora de la donación, se activa en el imaginario colectivo un marco de altruismo y comunidad, que se equipara a algunos actos humanos como la donación de sangre o de órganos entre familiares. Este marco desplaza la narrativa desde una de explotación y dominio hacia una de solidaridad interespecie. El lenguaje, así, no sólo describe, sino que crea una realidad social más aceptable; construye un consenso basado en una premisa falsa.
Para profundizar en cómo este dilema beneficia a las instituciones tecnológicas, podemos acudir a la reflexión bioética. Desde el utilitarismo podríamos cuestionar si el beneficio humano supera el sufrimiento animal masivo y sistemático, una pregunta que el eufemismo de donación sesga desde el inicio. Por otra parte, Tom Regan, al considerar a los animales no humanos como &#8220;sujetos de una vida&#8221;, vería en el término cerdo donante una violación lingüística de sus derechos fundamentales, una forma de negar su condición de paciente moral. Este lenguaje no sólo impacta en la percepción pública, sino que tiene consecuencias materiales directas como moldear el marco regulatorio en las prácticas científicas. Al presentar a los animales como donantes y no como seres sacrificados, se abre el camino para legislaciones permisivas que priorizan la innovación médica sobre la bioética animal. Es importante retomar que no es sólo un debate semántico, sino una batalla por el fundamento ético y legal sobre el cual construiremos el futuro de la biotecnología.
Avanzar en la ciencia no debe significar retroceder en la ética y el lenguaje. El uso especista de términos como donante no es un tecnicismo, es una herramienta discursiva que busca anestesiar nuestra capacidad crítica. Frente a este eufemismo, la respuesta ética implica exigir un lenguaje preciso y honesto, exigir que se le enuncie como lo que es: un animal modificado genéticamente y sacrificado para la extracción de órganos. Lejos de ser una postura purista del lenguaje, esta precisión es necesaria para la honestidad intelectual que debe guiar a la ciencia. Hay que nombrar las cosas como son, por su nombre, para poder asumir la plena responsabilidad de nuestros actos y encarar el debate social honesto y necesario que hemos eludido desde hace tanto tiempo: ¿hasta qué punto nuestro derecho a la vida justifica el asesinato de otros?
* Brisa Paulina Montaño González es estudiante de la Licenciatura en Traducción de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción; es prestadora de Servicio Social en el Programa Universitario de Bioética, ambos de la UNAM. Tiene interés en la traducción técnico-científica orientada a la bioética y a los estudios críticos animales.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

¿Donación o explotación? El lenguaje especista de los xenotransplantes

En la Ciudad de México se ha vuelto normal escuchar la palabra “utopía”. Con ella, la administración capitalina intenta nombrar espacios destinados a combatir desigualdades, garantizar derechos y construir una ciudad más justa.
Sin embargo, cuando se trata del derecho a un medio ambiente sano, la utopía se queda en menos que un concepto. Porque una ciudad verdaderamente justa y sustentable no solo se construye con espacios recreativos o programas sociales: también con aire limpio, sistemas de recolección de residuos eficientes, políticas sólidas de prevención y un compromiso serio para frenar la contaminación. En particular, la contaminación plástica.
Hoy, quienes vivimos en la Ciudad de México, no habitamos una utopía. Habitamos una ciudad sumergida en plásticos: bolsas, empaques, unicel, empaques de comercio electrónico, residuos sin separación real y una cadena interminable de basura que aparece en cada coladera, cada barranca, cada camellón.
A lo anterior, se suma un discurso oficial que enfatiza la responsabilidad individual sobre la empresarial/industrial. A la ciudadanía se nos exige separar la basura, reducir el consumo, usar menos plásticos. Sin embargo, el gobierno evade responsabilidades y evita regular a quienes realmente sostienen el modelo de producción de desechables plásticos: las grandes empresas, muchas de ellas extranjeras.
Mientras a la ciudadanía se le pide cargar con la culpa ambiental, compañías de comercio electrónico inundan todos los días la ciudad con basura plástica de un solo uso del mismo material que las bolsas plásticas prohibidas desde 2020.
La consecuencia es tangible: contaminación en calles, pérdida de calidad del aire, riesgos a la salud, afectación a ecosistemas urbanos y una violación cotidiana al derecho constitucional a un medio ambiente sano y, por lo tanto, a nuestra salud.
La Ciudad de México presume innovaciones urbanas, pero enfrenta una crisis ambiental que no se resuelve con campañas ni eslóganes publicitarios; basta recordar las inundaciones de hace unos meses para tenerlo aún más claro. Si el gobierno realmente quiere construir una ciudad sustentable, debe hacer algo que hasta ahora no ha querido: regular en serio a las grandes industrias que introducen plásticos desechables al mercado.
No basta con decirle a la ciudadanía que reduzca su consumo. El cambio real comienza por donde más duele: las cadenas de producción.
La utopía ambiental no se construye solo con parques o centros comunitarios: se crea con datos transparentes, políticas valientes y una visión que entienda que la justicia ambiental es también justicia social.
* Alma Ugarte es Enlace Legislativo de Oceana.

La ciudad que se prometió vs. la ciudad que existe

Hay temas que no aparecen en ninguna agenda pública, aunque día con día sostienen de manera silenciosa la vida cotidiana de millones de personas. El Síndrome de la Cuidadora es uno de ellos. No figura en los discursos oficiales ni en las prioridades del Estado, tampoco en los programas de salud mental ni en las estrategias empresariales y lamentablemente, tampoco en las familias. Se vive en voz baja, en la intimidad de los hogares, como si el desgaste emocional, físico y psicológico de quien cuida fuera un detalle menor, una consecuencia lógica del amor o un destino natural de las mujeres. Esa invisibilidad es un problema político, cultural y de salud pública de primera magnitud. También hay que decirlo, es una realidad que muchas familias ni siquiera reconocen porque desconocen su existencia.
El mundo envejece aceleradamente, pero los sistemas sociales siguen organizados alrededor de una premisa falsa: alguien cuidará. Esa frase esconde lo esencial porque ese “alguien” casi siempre es una mujer y, ese cuidado, casi siempre se ofrece sin descanso, sin reconocimiento y sin apoyo.
El síndrome de la cuidadora no está clasificado como enfermedad, aunque los médicos lo reconocen de inmediato. Se manifiesta como agotamiento crónico, insomnio, ansiedad sostenida, irritabilidad, dificultades de concentración, dolores musculares, hipertensión, gastritis y signos de depresión. Las personas cuidadoras presentan un riesgo de mortalidad significativamente mayor que quienes no cuidan. No es una metáfora: un estudio de <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10605972/" target="_blank" rel="noopener">Schulz y Beach</a>  encontró que las cuidadoras tienen 63 % más probabilidad de morir antes que quienes no asumen esta carga. La frase que los geriatras repiten, “a veces se entierra antes a la cuidadora que a la persona cuidada”, no es retórica, es estadística.
Las y los expertos y estudiosos en cuidados coinciden en una pregunta: ¿quién cuida a quienes cuidan a las personas mayores? Los riesgos de salud física y mental para ellos son altos. Las necesidades de la persona que necesita apoyo y cuidado acaban siendo prioritarias para la persona que cuida, y su salud, situación financiera y desarrollo profesional <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5513610/" target="_blank" rel="noopener">se ven afectados.</a>  Hace tiempo que en países como Estados Unidos y España se está buscando llevar el tema a la agenda pública y mediática, para hacer visible el trabajo de quienes cuidan, reconocer sus desafíos y riesgos y <a href="https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/advocacy/index" target="_blank" rel="noopener">brindarles apoyo</a> en distintas dimensiones. En España, cuando estos cuidados recaen en un familiar, las cifras indican que el <a href="https://www.riojasalud.es/alianza-riojana-por-la-salud/saludable/a-fondo/la-importancia-de-cuidar-a-los-que-cuidan" target="_blank" rel="noopener">90 % son mujeres</a>. Esto se reproduce en América Latina, con la diferencia de que en esta región faltan cifras, datos y reconocimiento explícito de esta realidad.
Aquí algunas cifras que revelan el impacto de los cuidados, sobre todo, en familiares cuidadoras a partir de <a href="https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-universitaria-400-articulo-sobrecarga-burnout-cuidadores-informales-del-S1665706315000184" target="_blank" rel="noopener">un estudio realizado</a> en España: “la mayoría (84 %) cambiaron su vida anterior, se sentían rebasados (20 %), modificaron su proyecto de vida (66 %), tenían insomnio (40 %); consideraban que el cuidar al anciano les exigía esfuerzo físico drástico (76 %), además de confesarse tensos, nerviosos e inquietos (64 %). Descubrieron además prevalencia de ansiedad de 36 %, la mitad de los cuidadores tomaba ansiolíticos / hipnóticos, 55 % de estos no asistieron al médico”.
El síndrome de la cuidadora no sólo revela un vacío institucional; también desnuda una verdad cultural profundamente arraigada. Las familias reproducen, casi siempre de forma inconsciente, los mismos patrones jerárquicos y sexistas que sostienen las políticas públicas. En una casa donde conviven hombres y mujeres, suele asumirse que la mujer “naturalmente” se hará cargo de la persona mayor. En una familia compuesta sólo por mujeres, también se espera que una de ellas cargue con la responsabilidad. Es el mandato silencioso que Tita encarna en Como agua para chocolate, un destino impuesto que no se cuestiona porque se considera normal. Ese es el problema político de fondo: la familia replica la estructura del Estado. La invisibilización institucional se vuelve invisibilización doméstica. La falta de redes de apoyo públicas se convierte en una carga emocional y física que se da por descontada dentro de los hogares. El resultado es una cadena de responsabilidades que se transmite de madres a hijas, de hermanas a hermanas, sin reflexión y sin alternativas. El cuidado no puede seguir siendo un sacrificio individual que se exige en nombre del amor. Es un trabajo social indispensable que compete al Estado, a las empresas, a las comunidades y a las propias familias.
Repensar la Silver Economy implica repensar también estos mandatos íntimos que sostienen la desigualdad.
Los médicos lo advierten desde hace años. Las cuidadoras viven bajo estrés fisiológico permanente, con picos repetidos de cortisol, crisis de ansiedad, hipertensión y dolores musculares intensos. Algunas desarrollan síndrome del intestino irritable, otras presentan señales de fatiga adrenal, muchas reportan pérdida de memoria o dificultades de concentración que se confunden con síntomas tempranos de deterioro cognitivo, cuando en realidad son signos de agotamiento extremo. El cuerpo de la cuidadora se convierte en el amortiguador de un sistema que no quiere asumir su responsabilidad.
El mundo avanza hacia la longevidad, pero la narrativa pública sigue siendo profundamente ciega. Se celebra la “economía plateada”, se habla de innovación, de autonomía, de bienestar, de ciudades amigables. Todo eso está bien, pero nada de eso es posible sin cuidado, y el cuidado, en la práctica cotidiana, sigue descansando sobre mujeres exhaustas que cargan solas una responsabilidad que debería distribuirse entre el Estado, las instituciones de salud, los empleadores y las familias.
La pregunta de fondo es política: ¿quién sostiene el derecho a envejecer? Porque el derecho a envejecer dignamente no existe si no existe, a su vez, el derecho a cuidar con apoyo, con acompañamiento emocional, con acceso a servicios de salud mental, con redes de respiro y apoyo, y con políticas laborales compatibles con el ciclo de vida de las personas en general y de las mujeres en particular.
El síndrome de la cuidadora no es un problema individual ni una tragedia personal. Es la evidencia de que los sistemas de bienestar se diseñaron sobre la premisa de que las mujeres en su integralidad (cuerpo, mente y espíritu) estarían disponibles, siempre, sin límite, sin descanso. Esa premisa fue culturalmente funcional durante décadas y aceptada, pero es insostenible en sociedades que viven más años, con enfermedades crónicas más complejas, estructuras familiares más pequeñas, redes comunitarias debilitadas y sobre todo, que buscan la igualdad, o al menos hablan de ella en términos discursivos.
Reconocer el desgaste de las cuidadoras es reconocer el pilar oculto sobre el que se sostiene la longevidad. La salud mental de quienes cuidan es salud pública. La economía del cuidado es economía política. Las democracias que envejecen no pueden permitirse seguir construyéndose sobre vidas agotadas, discriminación de las mujeres, feminización de la pobreza y desigualdad.
La invisibilidad ya no es una opción.
Es momento de poner el cuidado en el centro de la conversación pública, en el diseño institucional, en las políticas laborales, en la cultura y en los hogares.
Cuidar no debería costar la vida.

Cuidar no debería costar la vida. La otra cara del envejecimiento

Julio, 2016: Stranger Things comienza a sonar; desde la primera temporada, Netflix y los hermanos Duffer entendieron que la característica mezcla entre ciencia ficción ambientada en los años ochenta era la identificación emocional que haría que una audiencia global conectara con ella. No solo miles, millones de personas estaban experimentando una conexión gradual y nostálgica en un territorio simbólico al que se puede volver, aun cuando esté marcado por el miedo y lo desconocido, un tono bastante similar a la actualidad si lo comparamos con el presente y los discursos transmitidos por los medios.
En un sinfín de contenido disponible en la red, resulta interesante preguntarnos: ¿qué hizo que Stranger Things se volviera un fenómeno mundial? La respuesta puede ser evidente: <a href="https://casacor.abril.com.br/es-ES/noticias/decoracao/stranger-things-como-a-cenografia-revive-o-charme-e-o-misterio-dos-anos-80" target="_blank" rel="noopener">Las bicicletas, el papel tapiz floreado en las paredes, los videojuegos arcade, la música synth y los vínculos cara a cara</a> que construyen una imagen de comunidad que contrasta con la presente limitante en cuanto a conexiones humanas; evocan a esta idealización del pasado, abriendo paso a que la nostalgia funja como refugio y promesa de un tiempo más simple, cercano, y aparentemente más seguro, a pesar de los peligros que envuelven al pueblo Hawkins.
La nostalgia en la serie opera como una estrategia narrativa eficaz porque no depende de la experiencia directa del espectador, incluso quienes no vivieron los años ochenta se sienten identificados apropiándose de él: un recuerdo -o la imagen de un recuerdo se vuelve compartido, construido a partir de referencias culturales, emociones y deseos, siendo de ese modo accesible para todos.
Es así como se nos revela algo interesante: recordar es más digerible cuando aquellas memorias son agradables. La serie selecciona cuidadosamente qué partes del pasado mostrar y cuáles omitir. Los años ochenta aparecen limitados en conflictos sociales, desigualdades o tensiones políticas. Lo que genera es una sensación agradable del pasado, identificada como la “política del recuerdo” <a href="https://oraloteca.co/memoria-social-y-memoria-politica/" target="_blank" rel="noopener">propiciadas por los mismos Estados Nacionales son las que generan las condiciones de lo decible y lo indecible, es decir, los procesos de verdad y silenciamiento.</a> Y que entra en un punto de comparación con la información que hoy podríamos tener disponible, información seleccionada cuidadosamente para ser mostrada a las masas.
La política del recuerdo busca construir relatos del pasado que sirvan a las necesidades del presente. Sin embargo, también nos lleva a preguntarnos: ¿qué hacemos con ese pasado? Mirar atrás puede ayudarnos a entender quiénes somos, pero quedarnos ahí puede impedirnos enfrentar los problemas del presente.
La relación de este argumento tiene que ver con aquellas versiones editadas, útiles para generar confianza y esperanza. Crea un fuerte sentido de “nosotros”, siendo, en el caso de la serie, el grupo de amigos y el pueblo de Hawkins que luchan contra una amenaza común y que en nuestra realidad denominaríamos “estructuras políticas de poder” independientemente de la ideología.
La serie no propone volver al pasado, habría que ser observado críticamente: su mayor aporte está en evidenciar cómo los recuerdos se construyen, se editan y se utilizan; como los históricos héroes del pasado o un ejemplo más actual, “la cuarta transformación”, insertando al presente un aspecto de “fuerza y transformación” que hubo en un pasado, alineándolo a la idea de (ahora sí) “estar del lado correcto” de la historia… “Primero los pobres”, otra narrativa emocional y nostálgica de un estado protector y de un México solidario… de ese modo, podría citar varios ejemplos, pero con estos espero se reafirme el uso emocional en los discursos transmitidos.
La política del recuerdo refuerza que el pasado siempre es una narrativa en disputa. Reconocer el poder de la nostalgia es el primer paso para disfrutarla sin quedar atrapados en ella y poder ver de forma más nítida las situaciones que día con día se nos presentan, sobre todo siendo muy conscientes de la fragilidad de la manipulación de medios que tenemos.
Idealizar el pasado es volverlo más agradable, es endulzarlo, pero eso no lo vuelve inocente; simplemente lo hace más digerible. El riesgo surge cuando el recuerdo se convierte en mito y deja de ser cuestionado, la ignorancia es un terreno frágil, uno idóneo para la influencia. Al final, la invitación es a reconocer que, tanto en la ficción como en la política, quien controla la “narrativa” controla la percepción de la realidad. Un buen discurso y escenario adecuado pueden ser más que suficientes para sembrar una idea que a largo plazo eche raíces.
Cerraré con una verdad un poco incómoda: quien controla el pasado narrado influye en el futuro; limitarnos a cuestionar e informarnos para ver las situaciones a las que nos vemos expuestos de una forma crítica requiere esfuerzo, pero si no se hace, es una condena a permitir que la nostalgia active recuerdos selectivos, endulce el pasado o moldee el presente y marque el futuro posible (aunque este no siempre exprese nuestra verdadera posición).
* Marisol Rodríguez es licenciada en mercadotecnia, apasionada por la lectura y la investigación de mercados. Actualmente funge como Project mánager en Lexia en el equipo cuantitativo. Amante de los momentos, la vida y experiencias.

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