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A propósito del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido así con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, resulta pertinente abrir algunas reflexiones muy necesarias frente a este año 2025 que está a punto de terminar y en el contexto internacional en el que nos encontramos.
Desde aquel episodio histórico han pasado 77 años, durante los cuales han sucedido infinidad de hechos y cambios a lo largo del planeta. Estamos en un mundo totalmente distinto al de aquellos tiempos, pero hay algo que continúa latente desde entonces y hasta ahora: los derechos humanos nunca han dejado de estar en un campo de disputa política, social, económica, simbólica.
Han existido múltiples guerras, masacres, dictaduras, genocidios, millones de personas han sido desaparecidas, torturadas, ejecutadas desde que se emitió la Declaración Universal como aquella pretendida guía moral para la humanidad. De igual forma, no han llegado aquellos proclamados ideales de justicia, igualdad, dignidad para muchas personas y grupos en el mundo. Pero en estos 77 años tampoco debemos dejar de observar a los derechos humanos desde los contextos locales concretos.
Es bajo esta lupa analítica donde la disputa por los derechos se vuelve viva y fecunda. Los derechos han sido conquistas logradas desde diversos activismos y estrategias, organizaciones, colectivas y movimientos sociales, pueblos y comunidades indígenas, que desde terreno y a través de su lucha digna y férrea han empujado cambios políticos, sociales, normativos, institucionales; en ocasiones lentos y paulatinos, pero con resistencia y firmeza; no pocas veces pagando altos costos que no debían pagar, incluso en contra de su propia integridad y vida.
La experiencia nos sigue enseñando que los derechos no son logros permanentes ni llegan para quedarse, así como tampoco existe una linealidad histórica de continua progresividad y avance. Al contrario, en muchas ocasiones se avanzan cinco pasos y se retroceden diez.
Hoy nos encontramos ante enormes desafíos políticos, económicos, sociales, medioambientales. Vale la pena colocar algunas reflexiones:
1. El <a href="https://monitor.civicus.org/about/how-it-works/what-is-civic-space/" target="_blank" rel="noopener">espacio cívico</a> se va cerrando. Así se reporta en el reciente informe de <a href="https://elpais.com/america/2025-12-09/erosion-de-la-democracia-hostigamiento-a-la-prensa-y-represion-de-activistas-las-libertades-en-america-ante-un-retroceso-generalizado.html" target="_blank" rel="noopener">CIVICUS Monitor</a>, el cual analiza 5 categorías de este espacio en cada país: cerrado, reprimido, obstruido, reducido y abierto (en orden de peor a mejor). Entre los 35 países americanos, el entorno cívico obtiene la calificación de “cerrado” en tres, “reprimido” en siete, “obstruido” en seis, “reducido” en nueve y “abierto” en diez. En cuanto a la distribución poblacional, señaló que un 90% de habitantes del continente se encuentran en países de las dos peores categorías, con un 60% en espacios cívicos obstruidos y otro 30% en espacios cerrados.
2. A la par de esta reducción del espacio cívico, la democracia va perdiendo terreno en el mundo. Conforme al <a href="https://www.v-dem.net/documents/62/V-Dem_Democracy_Report_2025_spanish_lowres.pdf" target="_blank" rel="noopener">reciente informe</a> de 2024 del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, existe una gran ola mundial de autocratización. Por primera vez en 20 años, en el mundo hay más autocracias que democracias. La pérdida de libertad de expresión es alarmante: su nivel ha disminuido en 44 países frente a los 35 países que reportó en su informe 2023. También ha colocado a México como uno de los países con mayor declive democrático y aumento de la autocratización en los últimos años.
3. Los derechos humanos no sólo siguen siendo atacados de manera física (torturas, desapariciones, detenciones, etc.) sino también en el ámbito digital que, junto con estas agendas autoritarias, van estableciendo sistemas que sacrifican cada vez más nuestra privacidad y datos personales, habilitando mecanismos de vigilancia, espionaje y control social, con el objeto de inhibir el despliegue de nuestras libertades dentro de este espacio cívico que también es digital y debe ser igualmente protegido. Recientemente en México entró en vigor <a href="https://articulo19.org/organizaciones-rechazamos-el-paquete-legislativo-que-avanza-para-legalizar-la-vigilancia-por-parte-del-estado/" target="_blank" rel="noopener">un paquete de reformas</a> que establecen grandes plataformas de recolección masiva e indiscriminada de datos personales y habilitan sistemas de vigilancia.
4. La desinformación también constituye un gran reto en la actualidad. Sobre todo, en estos contextos de retroceso democrático, las autoridades se valen de emitir informaciones inexactas, manipuladas o abiertamente falsas, con el objeto de distorsionar la realidad y generar narrativas perniciosas. Ante esto, se vuelve indispensable la activación social de un pensamiento mucho más crítico y analítico. Además, resultan fundamentales los proyectos de fact-checking como en México, por ejemplo, están <a href="https://verificado.com.mx/" target="_blank" rel="noopener">Verificado</a>, <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos" target="_blank" rel="noopener">El Sabueso</a> y así en los demás países.
5. La crisis climática nos va colocando cada vez más ante escenarios funestos, como incendios, inundaciones, sequías, huracanes, cada vez más fuertes, que provocan grandes pérdidas sociales, humanas, económicas, comunitarias. Este planeta es nuestra “casa común”, y si no lo asumimos así, seguiremos caminando como entes individuales, sin tejer comunidad.
En este sentido, la empatía y solidaridad constituyen condiciones fundamentales que nos ayudarán como humanidad ante estos escenarios adversos. La complejidad que atravesamos en el mundo, hoy más que nunca requiere de renovados compromisos en tiempos donde nuestros derechos están cada vez más amenazados. 
* Luis Knapp Moreno es coordinador del programa de Ecosistema Informativo y Tecnología en ARTICLE 19 MX-CA.
Agradecemos a Animal Político un año más de colaboración en este espacio. Que 2026 sea un mejor año con más derechos y menos autoritarismos.

La defensa de nuestros derechos, compromiso inaplazable en tiempos complejos

<figure id="attachment_1612930" aria-describedby="caption-attachment-1612930" style="width: 432px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1612930" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Imagen1.png" alt="Misión de Santa María de las Parras " width="442" height="331" /><figcaption id="caption-attachment-1612930" class="wp-caption-text">Foto: Rubén Aguilar.                                    </figcaption></figure>
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Historia
La fundación de la Misión de Santa María de las Parras y Laguna Grande de San Pedro se realiza el 18 de febrero de 1598. En esa fecha se celebra una misa en la cueva de Texcalco. Los fundadores de esta misión fueron el sacerdote jesuita Juan Agustín de Espinosa, el capitán Antón Martín Zapata, el escribano Francisco de Andrade y el mayordomo Baltasar Rodríguez.
En 1599, por órdenes expresas del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey, se procedió a trasladar hasta esas tierras a un grupo importante de indígenas tlaxcaltecas, que en ese entonces radicaban en el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, adyacente a la villa de Saltillo. En la zona ya había hacendados españoles y criollos, con mano de obra de esclavos africanos.
Las estimaciones de la población lagunera antes de los estragos causados por las enfermedades traídas de Europa hablan de la muerte de 24 000 indígenas a mediados del siglo XVI; en la época de la fundación de la misión la población era de 18 000 indígenas. Esta cifra disminuye a dos mil familias a finales de la primera década del siglo XVII, y para 1625 tenía una población de 1 600 personas.
La estrategia misional de los jesuitas fue la misma que se implementó en las misiones de Sinaloa, Sonora y Baja California, y antes en otras regiones del imperio español en América del Sur.
La Compañía de Jesús pronto se convirtió en un productor vinícola importante. Los pueblos visita, en la parte oeste de la comarca lagunera, fueron abandonados durante la guerra de los tobosos del siglo XVII, y esto dio lugar a que los jesuitas construyeran ahí un gran latifundio en el siglo siguiente, lo que les convirtió en los principales terratenientes después de los marqueses de San Miguel de Aguayo.
Los jesuitas tenían una estructura organizativa flexible y una gran capacidad de adaptación a nuevas y distintas circunstancias. Así, adaptaron su presencia en Parras después de la secularización, y transformaron la misión para indios laguneros cazadores y recolectores en un colegio, que hacia el siglo XVIII eran ya de mayoría de alumnos de origen tlaxcalteca.
Esta adaptación ayudó a preservar las tierras de la misión aun después de su secularización, situación que enojó a muchos a los hacendados que querían para ellos las tierras y las aguas de los indios y de los misioneros. En la regla de la Compañía de Jesús estaba que cada residencia y colegio debían tener propiedades productivas para su propio mantenimiento.
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Desde mediados del siglo XVI prosperó en la región de Parras un grupo de hacendados, el más destacado Francisco de Urdiñola, un explorador y conquistador vasco cuyos descendientes acumularon grandes extensiones de tierra y paulatinamente crearon con ellas uno de los más grandes mayorazgos de la Nueva España: el marquesado de San Miguel de Aguayo.
En 1593, José de Aslor y Virto de Vera, Segundo Marqués de Aguayo, obtuvo por merced del rey Felipe II de España un conjunto de 15 sitios de ganado menor, tierras en las cuales construyó un amplio espacio hacendario conocido como San Lorenzo de la Laguna, lugar en el que posteriormente serían fundadas algunas de las ciudades más importantes de Coahuila, como Torreón, e incluso de Durango.
En Parras se encuentra la vinícola más antigua del continente americano, fundada en 1597 por don Lorenzo García bajo el nombre de Vinícola San Lorenzo y que a partir de 1893 lleva el nombre de Casa Madero, que funda Evaristo Madero Elizondo en las instalaciones de la Hacienda de San Lorenzo.
Los descendientes de Francisco de Ibarra expandieron constantemente sus propiedades alrededor de Parras, ya sea por compras, matrimonios, engaño o a la fuerza. En varias ocasiones, durante los siglos XVII y XVIII, sus herederos trataron de confiscar las tierras y el agua de los misioneros y de los indios, pero estos pudieron detener e incluso revertir algunos de sus peores abusos.
No fue hasta después de 1767, con la expulsión de los jesuitas, que los descendientes de Francisco de Urdiñola, y otros hacendados, pudieron irse sobre las tierras de los indígenas y las propiedades que los jesuitas tenían para mantener sus obras.
Descripción:
1. Iglesia
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La construcción de 1607, obra del padre Juan Diego de Pagua, es sustituida por la de 1648 con la advocación de la Virgen de la Asunción. En 1680, la comunidad, con el apoyo del cabildo y las autoridades eclesiásticas, emprenden la tarea de ampliar la iglesia. De 1681 a 1687, los pobladores aportaron dinero, materiales y mano de obra, para construir una iglesia más grande.
En 1797, después de la supresión de la Compañía de Jesús de los reinos de España, la iglesia, ya en manos del clero secular, se vuelve a modificar. Hay una planta basilical con cuatro naves, el bautisterio, la sacristía, el cubo de la torre del campanario y el presbiterio. En 1853, la familia Páez financia la construcción de la Capilla de los Dolores, que aún se conserva. De 1859, es la campana mayor, fundida por Rafael Alatorre.
Exterior 
La fachada pintada de blanco tiene tres calles. En la central hay dos elementos; la entrada con un arco de medio punto que se sostiene en pilastras. En la parte alta la ventana del coro, que es rectangular, a los lados dos nichos sin imágenes que rematan en frontones triangulares. En la parte alta un nicho vacío. En la calle lateral izquierda hay una puerta y en la lateral derecha otra, la dos son arcos de medio punto. En esta también una ventana tapiada.
La torre se monta sobre la calle lateral derecha. Tiene un cuerpo con dos arcos de medio punto alargados en cada uno de sus cuatro lados. El remate es una cúpula de media naranja con una linternilla. Al lado derecho de la iglesia, en el atrio elevado con relación a la calle, una cruz de piedra.
Interior
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El altar mayor de la iglesia está dedicado a san Ignacio de Loyola. Tiene tres cuerpos y cinco calles. En el primer cuerpo, al centro, un crucifijo. En las cuatro calles laterales nichos con imágenes de santos de la Compañía de Jesús. En el segundo cuerpo, en la calle central, en un nicho la imagen de san Ignacio de Loyola. En las cuatro calles laterales nichos con imágenes de santos de la Compañía de Jesús. En el tercer cuerpo, en la calle del centro, en un nicho la imagen de la Virgen. En las dos calles laterales nichos con adornos. Todas las calles están divididas por columnas salomónicas.
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2. Colegio
A un lado de la iglesia se encuentra el antiguo Colegio de San Ignacio de Loyola, que actualmente alberga el Archivo María y Matheo. Este resguarda documentos del siglo XVI al XIX, y son una fuente invaluable para el estudio de la historia de Coahuila y Durango. Además, el colegio exhibe pinturas del siglo XVII al XIX, añadiendo aún más valor histórico y artístico al conjunto arquitectónico.
Comentario
La fundación de la Misión de Santa María de las Parras y Laguna Grande de San Pedro se realiza en 1598, y en ella participa el jesuita Juan Agustín de Espinosa, que nace en 1567 en Real de Minas Zacatecas y muere en 1602 en Mayrán en el ahora estado de Coahuila, del cual es uno de sus constructores con las misiones que levanta en los cuatro años que trabajó en la región.
La Iglesia de San Ignacio de Loyola ha vivido múltiples intervenciones a lo largo de los siglos. En ella lo más interesante y de mayor valor es el altar barroco del siglo XVIII que tiene como imagen principal a san Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Es una obra de gran valor y belleza.
***
Visitas:
<ul>
<li>Entre 2012 y 2017 visité la iglesia en varias ocasiones. En una de ellas me encontré con el padre jesuita Guillermo Ameche, que estudiamos juntos teología, cuando yo también era jesuita, y me enseñó las pinturas que tiene la iglesia, algunas en mal estado. Se requieren muchos recursos para su restauración.</li>
</ul>
Fuentes consultadas:
<ul>
<li>Martínez de la Cerda, José Gabriel, Viñedos e indios del desierto: fundación, auge y secularización de una misión jesuita en la frontera noreste de la Nueva España, Museo de Historia Mexicana, Fondo Editorial de Nuevo León, 2024.</li>
</ul>
<a href="https://x.com/RubenAguilar">@RubenAguilar</a>

Misión de Santa María de las Parras

Este año el Estado mexicano tuvo pérdidas importantes: desaparecieron algunos de los organismos constitucionales autónomos que no dependían, en la teoría, de ninguno de los tres poderes de la Unión. Casi al final del 2024, mediante reformas a la Constitución propuestas por el ejecutivo, dejaron de existir el INAI, la COFECE, el IFT, la CNH, la CRE y el CONEVAL. En ese mismo paquete se reformó el artículo 3º constitucional para desaparecer a la Mejoredu, que si bien no tenía el mismo grado de autonomía que los otros, tampoco dependía formalmente de ninguna secretaría.
Ante esta simplificación orgánica en nuestro país, nos quedamos sin instituciones que puedan garantizar con total independencia política y técnica la transparencia y el acceso a la información; la competencia económica, la regulación energética, la evaluación de la efectividad de las políticas públicas y la mejora del sistema educativo. Aunque, viendo el lado bueno, en algunos casos, el traspaso de las funciones ha sido claro y directo, por lo que ahora tenemos flamantes organismos desconcentrados como Transparencia para el Pueblo y la Comisión Nacional Antimonopolio, que asumen las actividades que antes realizaban el INAI y la COFECE, respectivamente. Por su parte el INEGI creó una nueva unidad para atender la mayoría de las funciones que tenía el CONEVAL. Hasta ahí seguimos a flote.
Sin embargo, no todos los desaparecidos han sido sustituidos y seguimos sin saber qué instancia realizará sus funciones. Y para muestra recordemos que hace algunos meses, en este mismo espacio, escribí <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/aprender-es-mi-derecho/mejoredu-coneval-evaluacion-politica-social" target="_blank" rel="noopener">Como los músicos del Titanic</a>, en el que daba cuenta de los últimos días de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y resaltaba que en su último periodo presentó un gran número de investigaciones destacando la labor de los docentes de nuestro país, informando sobre el estado general del Sistema Educativo Nacional y analizando la efectividad de algunos programas públicos. Todos ellos trabajos de gran valor y que daban cuenta de los años de experiencia técnica que se habían acumulado, no solo en la Mejoredu, sino también en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (el INEE, difunto desde 2019). Fue en abril que en la página web de Mejoredu se habilitaron ligas para descargar tanto el acervo editorial del INEE como el de la Comisión, reuniendo casi 20 años de investigación educativa; ligas que algunos aprovechamos para resguardar en nuestras computadoras informes de evaluaciones, anuarios de indicadores, guías, cuadernos de trabajo, publicaciones periódicas y un largo etcétera.
¿Qué pasó después? Pues el Titanic se hundió, y a pesar de la insistencia de un número importante de servidores públicos de la Mejoredu, de que se conservara su trabajo y experiencia ahora en la SEP, esto no ocurrió, y al finalizar mayo también se cerró ese capítulo. Hoy las oficinas que ocupaba la Comisión lucen vacías, ya no existe la página web, ya no hay ningún órgano del estado mexicano que se responsable directo de la mejora continua de la evaluación. Hoy es imposible encontrar en línea las publicaciones del INEE o de la Mejoredu, aunque se tienen algunos esfuerzos aislados para rescatar parte de ese acervo como el de Mexicanos Primero en <a href="http://www.mexicanosprimero.org/monito/" target="_blank" rel="noopener">MONITO, Monitoreo educativo</a>. Pero, sin duda, lo que más nos preocupa es que las funciones sustantivas que realizaba la Mejoredu no han sido transferidas a la SEP ni a ninguna otra entidad o dependencia.
Sí hubo simplificación orgánica, se eliminó de la Constitución, se eliminó del presupuesto para 2026, se eliminaron 600 plazas, pero también se eliminó la posibilidad de conocer, desde una perspectiva independiente, cómo está funcionando el sistema educativo; se perdió la evaluación diagnóstica, se desdibujó la ruta para sostener la revalorización del magisterio y se nos quedaron muchísimas preguntas: ¿cómo afecta esto el derecho a aprender?, ¿cómo tomar decisiones sin información confiable?, ¿cómo corregir el rumbo cuando ya no existe ninguna instancia técnica que observe, analice y advierta sobre los resultados del sistema?
* María Teresa Gutiérrez es directora de Monitoreo de Indicadores Educativos en Mexicanos Primero.

Mejoredu: y el Titanic se hundió

Estados Unidos presentó su nueva estrategia de seguridad nacional (<a href="https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf" target="_blank" rel="noopener">National Security Strategy 2025</a>). Más que un ejercicio narrativo o burocrático, la estrategia establece la manera en que la Casa Blanca concibe sus capacidades de actuar y el futuro del entorno global, al mismo tiempo de que a través de este documento <a href="https://www.politico.com/news/2025/12/05/trump-reveals-national-security-strategy-western-hemisphere-europe-00678265" target="_blank" rel="noopener">proyecta sus expectativas</a> sobre el comportamiento del sistema internacional.
En ella se identifican cinco áreas que el gobierno considera de interés nacional vital: 1) el mantenimiento del dominio hemisférico, 2) la consolidación de la competencia económica, 3) la preservación de la seguridad y la “identidad occidental” de Europa, 4) la prevención del fortalecimiento de adversarios en Medio Oriente y 5) la defensa del liderazgo tecnológico estadounidense. Estas prioridades constituyen, según la propia administración, los intereses nacionales vitales de Estados Unidos. Aunque la propia estrategia revela una tensión subyacente, Washington se ve obligado a operar en un orden internacional irreversiblemente multipolar, un escenario que no consolida por voluntad propia, sino por una necesidad pragmática.
El primer interés nacional expuesto en la estrategia es garantizar que el hemisferio occidental permanezca “estable, bien gobernado y libre de incursiones hostiles”. Esta idea reactiva abiertamente la lógica de la Doctrina Monroe. Bajo esta premisa, Washington vincula la estabilidad regional con su propia seguridad interna, especialmente en torno a la migración masiva, el combate a los cárteles y la protección de cadenas de suministro críticas. La referencia explícita a un “Trump Corollary” de la Doctrina Monroe señala un retorno doctrinal a una política neo-imperialista en el continente que busca limitar la presencia de China, hoy el principal socio comercial de varios países sudamericanos, y contrarrestar la influencia rusa en ámbitos como la seguridad o la provisión de armamento. Pero esta pretensión choca con realidades materiales como la diversificación económica latinoamericana, la presencia de Brasil en los BRICS, la pérdida de capacidad de proyección de poder estadounidense y la fragmentación política regional.
El segundo interés nacional versa sobre detener el “daño” que actores extranjeros infligen a la economía estadounidense mientras se mantiene un Indo-Pacífico “libre y abierto” y articula con claridad la centralidad de la competencia estratégica con China. Sin embargo, esta difiere de las estrategias de seguridad nacional anteriores, pues estas retrataban a China y Rusia como actores decididos a moldear un orden contrario a los valores e intereses estadounidenses, ubicando a Beijing como un desafío estratégico de largo plazo y a Moscú como una amenaza inmediata y agresiva. Por su parte la nueva estrategia evita referirse explícitamente a la competencia entre grandes potencias y adopta un tono más conciliador, describiendo el reto como la necesidad de “gestionar” la relación europea con Rusia y “recalibrar” los vínculos económicos con China.
Esto implica garantizar la libertad de navegación en rutas marítimas esenciales como el Estrecho de Malaca o el Mar del Sur de China, que sostienen una parte significativa del comercio global. Asimismo, la estrategia enfatiza la importancia de asegurar cadenas de suministro resilientes y acceso estable a materiales críticos, que van desde los semiconductores hasta las tierras raras necesarias para la transición energética y la industria 4.0. Este cambio de tono confrontativo con Beijing no es gratuito y se debe al reconocimiento implícito de la dependencia de China para mantener las cadenas de suministros que mantienen la economía estadounidense.
El tercer interés nacional expresa la intención de apoyar a los aliados europeos en la preservación de su seguridad y libertad, pero lo hace atenuando el temor existencial europeo hacia Rusia a la par de que expone la posibilidad de una retirada de los esfuerzos de seguridad europeos. Al mismo tiempo introduce un objetivo especialmente controvertido: restaurar la autoconfianza civilizacional y la identidad occidental de Europa. Esta idea rebasa la cooperación transatlántica tradicional y reincorpora un lenguaje cargado de implicaciones ideológicas, además de una crítica implícita hacia el proyecto político de la Unión Europea. Esto adquiere particular relevancia en un contexto marcado por <a href="https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/ultima-hora/ue-eeuu-tension-comercial-25nov2025" target="_blank" rel="noopener">tensiones comerciales</a> entre Washington y Bruselas, especialmente en torno a estándares regulatorios y políticas industriales que afectan directamente a los productos estadounidenses.
El cuarto interés nacional busca impedir que una potencia adversaria, en particular Irán, alcance una posición dominante en Medio Oriente, ya sea controlando el flujo de petróleo y gas o los puntos estratégicos por donde transitan, como el Estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, la estrategia insiste en evitar un retorno a las “guerras eternas” que durante dos décadas absorbieron recursos y atención política estadounidense. Este enfoque combina la contención de la influencia iraní con una apuesta por mecanismos de disuasión, que en la práctica replicarían los ataques contra la infraestructura nuclear iraní vistos a mediados de año. Al final lo que busca es resguardar los intereses energéticos y geoestratégicos de Estados Unidos sin comprometerse nuevamente en intervenciones prolongadas.
El quinto interés nacional se centra en garantizar que la tecnología desarrolladas en Estados Unidos, especialmente en inteligencia artificial, biotecnología y computación cuántica, continúen marcando el rumbo del progreso global. Esto implica no solo mantener el liderazgo científico y la capacidad de innovación, sino también definir las reglas, normas y marcos que regirán el uso y dominio estas tecnologías emergentes. En la práctica, busca evitar que competidores como China erosionen la influencia estadounidense en los sectores de tecnología estratégicos.
En conjunto, los cinco intereses nacionales delinean un esfuerzo estratégico orientada a preservar la primacía estadounidense en un entorno global más fragmentado y competitivo. Buscan gestionar la multipolaridad emergente sin renunciar al liderazgo, reforzar la resiliencia interna frente a presiones externas y moldear las reglas del sistema internacional antes de que otros actores lo hagan. Como tal estos intereses nacionales buscan sostener la influencia de Estados Unidos en un mundo donde su poder a escala global ya no puede darse por sentado.
El interés hemisférico planteado en la nueva estrategia tiene implicaciones profundas para América Latina y, de manera particular, para México. Al proponer un “reajuste” del despliegue militar global para atender amenazas urgentes en el hemisferio como el tráfico de drogas, la migración y el control de rutas estratégicas en momentos de crisis, como el caso del Canal de Panamá, Washington abre la puerta a un modelo de intervención más directo en la región. Para México, esto podría reproducir dinámicas ya observadas en las costas de Venezuela, donde Estados Unidos ha incrementado operaciones marítimas y de vigilancia bajo el argumento de combatir redes criminales. La estrategia incluso contempla “despliegues focalizados” para asegurar la frontera y enfrentar a los cárteles, incluyendo, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal como alternativa a lo que califica como el fracaso de las estrategias policiales de las últimas décadas. Es decir, establece la posibilidad del uso de fuerza militar para realizar ataques de grado militar en suelo mexicano.
Asimismo, este énfasis en el dominio hemisférico revela algo más profundo: un realineamiento de las prioridades geopolíticas de Estados Unidos y la aceptación tácita de un mundo cada vez más complejo de controlar. La estrategia propone “rechazar la idea fallida de la dominación global” y, en cambio, apostar por equilibrios de poder a nivel global y regional. La implicación es que Washington parece menos interesado en una competencia estratégica total y más dispuesto a reconocer esferas de influencia, lo que abre espacio para que otras grandes potencias como China y Rusia consoliden sus propios ámbitos de control. Esto <a href="https://www.bbc.com/news/articles/cpvd01g2kwwo" target="_blank" rel="noopener">coincide con los intereses del Kremlin</a>, que desde hace años busca afianzar su dominio regional y ampliar su influencia en su vecindario estratégico.
Para Europa, la nueva postura estadounidense es preocupante debido a la posibilidad de una <a href="https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-sets-2027-deadline-europe-led-nato-defense-officials-say-2025-12-05/" target="_blank" rel="noopener">retirada parcial</a> de Estados Unidos de la OTAN.  Lo que obligaría a los países europeos a asumir mucho más de su propia defensa en un momento de presiones económicas y tensiones políticas internas. Esto podría fracturar la cohesión de la Unión Europea, profundizando las diferencias entre quienes buscan una autonomía estratégica real y quienes dependen casi totalmente del paraguas militar estadounidense. Además, el aumento obligado del gasto en defensa chocaría con la ya frágil sostenibilidad del Estado de bienestar europeo, generando fuertes costos políticos y sociales en varias capitales europeas.
La nueva estrategia de seguridad estadounidense refleja un viraje profundo: el paso de una aspiración de dominio global hacia la consolidación de un control hemisférico. Este giro no responde solamente a una preferencia ideológica a partir del lema “America First”, sino a una necesidad estructural. Estados Unidos consolida un mundo multipolar no por voluntad propia, sino porque carece de la capacidad material para impedirlo.
En Washington existe plena conciencia de este declive relativo de sus capacidades militares. El llamado “<a href="https://www.nytimes.com/interactive/2025/12/08/opinion/us-china-taiwan-military.html" target="_blank" rel="noopener">Overmatch Brief</a>” del Pentágono, un ejercicio prospectivo sobre un posible conflicto con China, concluye que bajo las condiciones actuales Estados Unidos perdería en todos los escenarios analizados. El propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, admitió que, en un enfrentamiento directo contra Beijing, <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2025/12/08/opinion/us-china-taiwan-military.html" target="_blank" rel="noopener">Estados Unidos estaría en desventaja</a> y que incluso China <a href="https://www.msn.com/en-in/news/world/china-can-destroy-all-u-s-aircraft-carriers-in-20-minutes-pete-hegseth-warns-saying-the-pla-could-devastate-the-u-s-in-no-time/ar-AA1CNNnB?ocid=socialshare&amp;pc=U531&amp;cvid=250964b3ea47487ba650e2b875b5398c&amp;ei=26&amp;apiversion=v2&amp;noservercache=1&amp;domshim=1&amp;renderwebcomponents=1&amp;wcseo=1&amp;batchservertelemetry=1&amp;noservertelemetry=1" target="_blank" rel="noopener">tiene la capacidad de destruir</a> los portaaviones estadounidenses. Esto revela un problema más profundo sobre la fragilidad del andamiaje que sostiene la infraestructura de defensa estadounidense. El modelo actual depende de empresas privadas con incentivos de rentabilidad, las cuales promueven inversiones excesivas en sistemas sumamente costosos como portaaviones o el avión caza F-47, que resultan blancos sumamente atractivos y costosos en un conflicto prolongado.
A esto se le suma una baja capacidad industrial nacional para producir insumos básicos de defensa. La falta de capacidad industrial previene incluso que Estados Unidos <a href="https://www.aei.org/op-eds/the-u-s-cant-handle-a-war/" target="_blank" rel="noopener">tenga la capacidad</a> operativa de sostener un conflicto de largo aliento. Sobre todo, porque Washington <a href="https://www.fpri.org/article/2025/10/americas-scale-problem/" target="_blank" rel="noopener">orientó el diseño de su aparato de defensa</a> hacia conflictos cortos y de alta tecnología, centrados en sistemas de precisión. Sin embargo, los escenarios bélicos contemporáneos demandan una manufactura constante y a gran escala de armamento convencional. Esta vulnerabilidad se da en buena medida a que la arquitectura de defensa estadounidense <a href="https://www.russiamatters.org/analysis/influence-defense-industry-us-national-security-strategy#:~:text=The%20congressional%20%E2%80%9CICBM%20Coalition%E2%80%9D%20is,states'%20bases%20to%20stay%20open." target="_blank" rel="noopener">es diseñada desde los intereses de actores privados</a>, cuyos incentivos no siempre coinciden con las necesidades estratégicas del país.
En este contexto, Washington solo puede compensar la enorme capacidad productiva de China mediante alianzas estratégicas, sobre todo con sus socios de la OTAN. Sin embargo, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional introduce riesgos para este equilibrio al redefinir prioridades regionales ajenas a los intereses de sus socios estratégicos, mientras que Beijing y Moscú <a href="https://www.aei.org/op-eds/russia-and-chinas-military-production-surge-why-the-u-s-military-is-alarmed/" target="_blank" rel="noopener">expanden aceleradamente</a> su producción militar. Resulta notorio que Rusia y China comprendieron que la guerra en el siglo XXI no solo depende del desarrollo tecnológico, sino que requiere capacidad industrial sostenida para la producción de insumos de defensa, algo evidente en la estrategia rusa en Ucrania.
En última instancia, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense no frena la transición geopolítica hacia un orden multipolar, sino que la consolida. Al reconocer indirectamente que no busca sostener por sí solo la primacía militar global, Washington termina por apuntalar un orden multipolar. Esto responde sobre todo a una necesidad pragmática de consolidar una esfera de poder dentro de sus capacidades operativas. Lejos de reafirmar un liderazgo incontestado, la estrategia admite tácitamente que el centro de gravedad de la seguridad internacional se ha dispersado. Con ello, Estados Unidos reconoce que ya no define por sí mismo las reglas del entorno estratégico global, sino que se convierte en uno más de los polos que gestionan la seguridad internacional. Esta estrategia demuestra que incluso para los Estados Unidos el mundo multipolar ya es una realidad.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

La estrategia de seguridad de EU y la consolidación de la multipolaridad en seguridad internacional

Eran las 12:38 a.m. del 25 de noviembre de 2025. Hacía frío. Habíamos cenado sándwiches por enésima vez en la semana; el cansancio se hacía presente en nuestros rostros, cuerpos y pensamientos. Pero lo habíamos logrado: terminamos el Mural Vida para Todas, en memoria de 25 víctimas de feminicidio.
Llevábamos casi un mes organizando todo. Cerca de dos semanas acudiendo a la Ayudantía para pintar todos los días, de las 12 a las 7 p.m., aproximadamente. Llegaba a casa agotada: preparaba la comida del día siguiente, dormía poco, gestionaba donaciones, llevaba y traía materiales, organizaba la logística para la marcha. Todo bajo la presión de sentir que no alcanzaríamos a terminar, con remolinos de emociones que iban y venían.
Y cuando por fin dimos el último pincelazo, sentí felicidad. Vi a las artistas y compañeras que pintaron sonreír también. Nos reíamos… hasta que de pronto una tristeza profunda me invadió.
Era el cansancio extremo. Ese frío en el alma que se siente frente a la impunidad, frente a la injusticia.
En esa pared están los rostros de 25 mujeres que hoy están muertas porque un hombre decidió apagar sus sonrisas, sus suspiros, la luz en sus ojos, sus sueños y esperanzas. En los colores brillantes, las flores, las mariposas, los colibríes, los gatitos; en cada rincón del azul del cielo y del río que atraviesa de extremo a extremo el mural, se alberga el dolor de una herida abierta y purulenta en México: el feminicidio.
Estábamos felices porque, con cada donación y con cada persona que pintó, logramos transformar el dolor y el miedo en color, en vida y en rabia. Dejamos en la historia de esa pared, en el paisaje visual del poblado de Tlaltenango, un vestigio colectivo y vibrante que será recordatorio permanente de la exigencia de justicia por los miles de feminicidios.
“Hay cosas que solo se sanan en grupo, en colectividad”, me recordó Susi, una de las mamás víctimas indirectas, mientras pintábamos. Y es cierto: el daño es tanto, tan extendido y tan prolongado en el tiempo, que solo puede enfrentarse juntas, mirándose y reconociéndose en las otras, escuchando a las otras lo que quizá alguna no se atreve a decir, sosteniéndose de la mano cuando ya no hay fuerzas.
La reparación simbólica es necesariamente colectiva, porque reconoce que el daño trasciende las individualidades y repercute en toda la comunidad.
El mural fue impulsado por la Colectiva Vida para Todas, integrada por mamás víctimas indirectas de feminicidio que, aunque nació en Morelos, hoy reúne a madres de varios estados del país. El colectivo lleva ese nombre porque fue la frase que amigas, compañeras y colegas de Mafer, activista en Morelos, asesinada el 22 de diciembre de 2023, construimos para darle voz a nuestro sentir.
En esa misma pared estuvo, durante dos años, un mural con el rostro de Melani, asesinada el 6 de agosto de 2022, con la leyenda: “Memoria y verdad para todas. #JusticiaParaMelani”. Lo impulsamos con su familia desde la Colectiva Divulvadoras. Hoy, tres años más tarde, desde la inquietud de la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, el cobijo de Existimos porque resistimos y de Divulvadoras, y con el corazón de todas las mamás de Vida para Todas, logramos plasmar la memoria de 25 mujeres este 25 de noviembre de 2025.
Una vez más, la sociedad civil organizada consiguió restituir la dignidad y preservar la memoria de 25 mujeres, cuyos asesinatos fueron, en muchas ocasiones, justificados y revictimizados por autoridades.
En México se habla de cerca de 10 mujeres asesinadas cada día. En Morelos suman 100 feminicidios en lo que va del año. El estado sigue en el primer lugar nacional con mayor tasa de feminicidio, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública en su informe de incidencia delictiva.
Las acompañantes de víctimas hemos sido clave en este proceso de lucha. Cabe recordar que en los noventa, en Ciudad Juárez, fueron las colectivas feministas quienes nombraron y visibilizaron por primera vez los asesinatos de mujeres y acompañaron a las madres víctimas indirectas y a las buscadoras.
En México, la lucha de las víctimas tiene rostro de mujer: madres buscadoras; madres, hermanas, hijas, nietas y abuelas que buscan justicia por feminicidio, homicidios, otros delitos graves y violaciones a derechos humanos. No solo las labores de cuidado recaen en las mujeres, también las de la búsqueda de justicia.
El acompañamiento a víctimas ha sido crucial. La visión integral que hemos construido desde la sociedad civil es digna de incorporarse a las políticas públicas. Existe una enorme diversidad de colectivas y organizaciones que acompañan, y no hay recetas infalibles.
Desde mi experiencia como acompañante, he aprendido mucho de otras feministas que también acompañan. He aprendido la importancia de devolver el poder que la violencia arrebata: mediante la escucha, la información, el apoyo para que las mujeres reconozcan o fortalezcan su red, para que definan sus prioridades. La violencia es tan abrumadora que desdibuja necesidades, despersonaliza y roba la identidad. En el acompañamiento existe la posibilidad de un proceso de resiliencia, de ofrecer caminos que permitan transitar el dolor, la pérdida y la rabia, y continuar con la vida.
Lo más duro como acompañante es sostener las propias esperanzas y las de las otras. Y surgen preguntas, pendientes, retos: ¿quién sostiene a quienes acompañamos, a quienes cubrimos un vacío institucional?
La visión punitivista de justicia, y haber depositado nuestras esperanzas en el aumento de delitos y penas, no solo ha hecho que el sistema penal nos falle, también queda en deuda con las víctimas. Nos ha distraído de la importancia de la reparación simbólica, de la centralidad de la prevención, de la urgencia de que los hombres asuman su responsabilidad en el ejercicio de la violencia contra las mujeres, reconozcan el machismo que reproducen y actúen para detenerlo.
El punitivismo ha definido la justicia como sinónimo de castigo y no como posibilidad de reparar y transformar. Ese es el reto mayor: para todas, para el Estado, para las leyes y para los tres niveles de gobierno.
* Andrea Acevedo García es activista feminista, acompañante de víctimas. Galardonada con la Presea Xochiquetzalli 2025.

Reparación simbólica: hay cosas que solo se sanan en grupo

En 2024, la Federación y las entidades federativas sólo invirtieron el 0.036 % del gasto público para la atención de las crisis de desaparición y forense en nuestro país. Este es uno de los hallazgos principales del Informe <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/en-busqueda-de-presupuesto-2024-inversion-en-identificacion-y-busqueda-de-personas-desaparecidas/" target="_blank" rel="noopener">En búsqueda de presupuesto 2024: inversión en identificación y búsqueda de personas desaparecidas</a>, publicado entre Fundar, Elementa DDHH y Política Colectiva.
La atención de las más de 120 mil personas desaparecidas y los más de 79 mil cuerpos sin identificar <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> requiere de una política pública coherente, coordinada tanto política, como territorialmente, y, por supuesto, con recursos suficientes para operar. Sin embargo, la evaluación de si esto es así tiene retos técnicos y políticos relevantes. Desde Fundar hemos hecho un seguimiento en materia de presupuesto desde el 2019, con dos análisis específicos sobre el presupuesto forense, a <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/presupuesto-y-crisis-forense/" target="_blank" rel="noopener">nivel federal</a> y en <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/crisis-forense-en-mexico-presupuesto-para-entidades-federativas/" target="_blank" rel="noopener">entidades federativas</a>, en 2022 y 2025. En Elementa DDHH y Política Colectiva han dado seguimiento al gasto de los estados en materia de<a href="https://elementaddhh.org/en-busqueda-de-presupuesto/" target="_blank" rel="noopener"> búsqueda de personas desaparecidas desde 2022</a>, revelando la gran insuficiencia en la inversión estatal para encontrar a todas las personas que nos faltan. Este primer reporte es parte de un esfuerzo conjunto para dar cuenta del destino y uso de los recursos para la atención de las crisis de desaparición y forense en nuestro país.
El análisis hecho desde las organizaciones mediante la revisión de Cuentas Públicas Estatales, Anexos Técnicos de Proyectos de Comisiones Locales de Búsqueda, Convenios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, así como un número considerable de solicitudes de acceso a la información, nos muestran cuatro resultados principales:
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<li>El gasto público en materia de búsqueda e identificación de personas, así como de investigación de las desapariciones es marginal e inercial, lo que confirma que las crisis mencionadas son sólo administradas desde la política pública federal y estatal.</li>
<li>Existen grandes disparidades entre la magnitud de las desapariciones y cuerpos sin identificar respecto de los recursos asignados en las entidades federativas, lo que revela que no hay una coordinación política entre Federación y estados.</li>
<li>En materia de crisis forense, el contraste entre la inversión federal y estatal muestra que hay un modelo altamente centralizado en las instituciones federales, en un problema público donde las mayores necesidades en términos de infraestructura, personal e insumos están a nivel local.</li>
<li>Las Comisiones Locales de Búsqueda –principal apuesta institucional de la política para la atención de las desapariciones– cuentan con esquemas precarios y poco dignos para el personal que es responsable de dar respuesta a todas las familias que buscan a sus seres queridos.</li>
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Ante esta realidad, es necesario que haya un viraje en materia política y presupuestaria a fin de generar esquemas que no administren las crisis. Este viraje requiere de una rectoría política desde la Federación en coordinación con las entidades, una dotación presupuestaria proporcional a las necesidades y contextos locales de la desaparición y una construcción de mecanismos coordinados y transparentes de política pública que contemple las tres dimensiones de la gestión institucional para la atención de las crisis de desaparición y forense: la búsqueda de personas, la identificación forense y la investigación de las desapariciones. Como concluye nuestro análisis: sin recursos suficientes, no hay justicia ni verdad posibles para todas las personas que nos faltan.
El Informe <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/en-busqueda-de-presupuesto-2024-inversion-en-identificacion-y-busqueda-de-personas-desaparecidas/" target="_blank" rel="noopener">En búsqueda de presupuesto 2024: inversión en identificación y búsqueda de personas desaparecidas</a>, está disponible en los sitios web de <a href="https://fundar.org.mx" target="_blank" rel="noopener">Fundar, Centro de Análisis e Investigación</a>, <a href="https://elementaddhh.org/" target="_blank" rel="noopener">Elementa DDHH</a> y <a href="https://politicacolectiva.com/" target="_blank" rel="noopener">Política Colectiva</a>.
* Ángel Ruiz es investigador en el <a href="https://fundar.org.mx/derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Uno de los principales retos para la construcción de una política forense consistente ha sido el tener una medición adecuada del número de cuerpos sin identidad que no puede volver a casa, cifra que a la fecha sólo ha sido construido con información pública desde los colectivos y los medios de comunicación. La última –que corresponde al horizonte temporal de esta investigación– era de 71 mil cuerpos sin identificar al concluir 2023, creada a partir de una investigación de <a href="https://quintoelab.org/project/sexenio-amlo-72-mil-cuerpos-crisis-forense" target="_blank" rel="noopener">Quinto Elemento Lab.</a> Desde las organizaciones comparamos esta cifra con lo reportado por las Comisiones Locales de Búsqueda en los anexos técnicos de los proyectos ejecutivos planteados en 2024, e hicimos un concentrado de la cifra mayor entre las dos fuentes para llegar al número de 79 mil cuerpos sin identificar en nuestro país.

Poco y mal distribuido, el gasto para atender la crisis de desaparición y forense en el 2024

¿Qué balance puede hacerse de la estrategia de seguridad pública de la presidenta Sheinbaum al cierre de 2025? Este breve análisis revisa las principales políticas gubernamentales de seguridad impulsadas durante su administración —aquellas intervenciones que constituyen un sello distintivo de su gobierno y que no implican necesariamente cambios constitucionales— para evaluar sus alcances, limitaciones y aprendizajes institucionales. El ejercicio considera tanto los esfuerzos temáticos como el giro territorial observado en 2025, con el fin de ofrecer una lectura integral sobre la naturaleza de las acciones federales en materia de seguridad.
<h3>Estrategia Nacional de Seguridad</h3>
El 8 de octubre de 2024 la presidenta presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sus ejes centrales fueron la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y la coordinación absoluta en el gabinete de seguridad. Sus objetivos, por su parte, se orientaron a la pacificación del país, el combate a la extorsión en ciclos productivos (sobre todo en limón y aguacate) y la implementación de acciones contextualizadas a las condiciones de cada región.
Esta estrategia ambiciosa tuvo que atemperar sus expectativas con rapidez. Los reacomodos entre organizaciones criminales en Sinaloa y estados fronterizos, así como la política trumpista hacia México, obligaron a la federación a concentrar tropas en Sinaloa, la frontera sur y la frontera norte, desplazando la intención original de construir estrategias regionalizadas. No sorprende que la comunicación oficial haya enfatizado sus avances en el comportamiento agregado del homicidio doloso, dejando en segundo plano la violencia territorializada que persiste en múltiples regiones del país, como lo ha visibilizado el reporte <a href="https://www.mexicoevalua.org/violencia-y-pacificacion/" target="_blank" rel="noopener">Violencia y Pacificación</a> de México Evalúa. La realidad terminó por imponerse y dio paso a una serie de estrategias focalizadas orientadas a contener dinámicas criminales específicas.
<h4>Operación Frontera Norte</h4>
El 5 de febrero se lanzó la Operación Frontera Norte, basada en el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en los estados fronterizos para frenar el tráfico de fentanilo y la migración (prioridades para Estados Unidos) y el tráfico de armas (prioridad para México).
La mayor parte del personal se ubicó en municipios fronterizos de Baja California, Chihuahua y Sonora. Del 5 de febrero al el 8 de diciembre se detuvieron a 9,808 personas, aseguraron 7,293 armas de fuego, 1,242,669 cartuchos de diversos calibres, 33,400 cargadores, 114,475.1 kg de droga, entre ellos, 560 kg de fentanilo, 5,856 vehículos y 1,160 inmuebles.
Aunque Sonora es la entidad donde más armas ilegales se incautan, el principal efecto observable se dio en la migración: de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la migración de México hacia Estados Unidos cayó 91% para agosto de 2025. Por ello, esta estrategia se ha interpretado más como un instrumento para contener la política arancelaria trumpista que como una acción orientada a la pacificación del país. Además, existen indicios de que los decomisos de fentanilo generan incentivos para que las organizaciones criminales disputen con mayor ferocidad los mercados ilícitos nacionales.
<h4>Combate al huachicol</h4>
El 19 de mayo, el gobierno federal presentó su estrategia contra el ingreso ilegal de combustibles y el robo de hidrocarburos. Su núcleo es la trazabilidad del combustible para identificar rutas y actores involucrados. Aunque esta acción puede parecer limitada frente al tamaño del mercado ilícito y las restricciones políticas para combatirlo, es una pieza clave, ya que el robo de combustible y la extorsión son dos de los mercados más rentables para las organizaciones criminales.
Solo en noviembre, en tres entidades —Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa— se recuperó un total de 1 millón 476 mil litros de combustible. Mantener y perfeccionar esta estrategia será indispensable para debilitar las fuentes de ingreso criminal que sostienen el control territorial.
<h4>Estrategia contra la extorsión</h4>
El 6 de julio se presentó la estrategia nacional contra la extorsión, basada en la coordinación entre las secretarías de la Defensa y de la  Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Incluyó detenciones basadas en inteligencia, impulso a unidades estatales antiextorsión, atención a víctimas, fortalecimiento del 089, campañas de prevención y medidas como congelamiento de cuentas, bloqueo de líneas telefónicas y operativos en centros penitenciarios. Se focalizó en ocho entidades donde se concentra la mayor incidencia.
Aunque perseguir de oficio este delito representa un avance, la estrategia muestra un sesgo hacia la extorsión telefónica, dejando vacíos en la atención de la extorsión directa, que es la más vinculada al dominio territorial. Tampoco queda claro cómo se financiarán o consolidarán las unidades estatales antiextorsión.
A pesar de ser el primer esfuerzo sistemático por dimensionar la extorsión —delito con una cifra negra cercana al 98 %, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024—, los datos iniciales muestran aumentos. Al cierre de noviembre de 2025, la extorsión se incrementó 23.1 % respecto a enero–noviembre de 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Esto podría obedecer a la curva de aprendizaje institucional, pero no debe interpretarse como razón para abandonar la estrategia, especialmente porque la extorsión es un mecanismo central para construir la hegemonía criminal. Al 9 de diciembre, se recibieron 102,857 denuncias, de las cuales 10,854 se concretaron; derivaron en 3,684 carpetas y 615 detenidos en 24 estados.
<h4>Plan Michoacán</h4>
El 1 de noviembre de 2025, el asesinato de Carlos Manzo volvió a evidenciar el yugo criminal que padece Michoacán, pese a los esfuerzos oficiales por diluirlo en cifras nacionales. En respuesta, el 9 de noviembre el gobierno federal recuperó la visión regional mediante el Plan Michoacán. Aunque existen otras regiones que requieren atención focalizada, iniciar por Michoacán es una señal correcta.
El plan se articula en tres ejes: seguridad, desarrollo económico y educación. En seguridad, contempla fortalecer la presencia de Fuerzas Armadas y autoridades locales; crear una fiscalía especializada; establecer mesas de seguridad quincenales; implementar un sistema de alerta para presidentes municipales, y robustecer la denuncia anónima. En desarrollo económico, propone garantizar pisos mínimos de seguridad social y salarios dignos para los trabajadores del campo, impulsar infraestructura rural y generar polos de bienestar. En educación, plantea escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención a víctimas, centros comunitarios y becas de transporte.
Aunque el plan retoma esquemas aplicados en administraciones anteriores, incorpora mejoras relevantes en el flujo de información municipal hacia la federación. La coordinación intergubernamental sigue siendo el eslabón más débil de la política de seguridad y esta acción apunta en la dirección correcta.
No obstante, las dudas surgen con la propuesta de instalar casas u oficinas de la presidenta en varios municipios. La presencia simbólica es relevante, pero generaría menos efectos disuasivos que contar con policías municipales suficientes y profesionalizadas. Además, no se conocen con claridad las facultades que tendrían dichas casas en materia de seguridad.
En contraste, a un mes de iniciado el Plan, los resultados operativos sí son tangibles: 972 detenidos, 945 armas aseguradas, 23.1 toneladas de droga y 17 laboratorios de metanfetamina desmantelados. Sin embargo, los ataques con vehículos cargados de explosivos evidencian la resistencia criminal y los límites de la política social para competir contra estructuras violentas altamente sofisticadas.
En suma, el primer año de la administración Sheinbaum se caracterizó por una tensión constante entre urgencias nacionales y presiones externas, por estrategias reactivas frente a coyunturas críticas y por un incipiente reconocimiento de que la violencia requiere intervenciones hiperfocalizadas. Lejos de ser un periodo inercial, este año profundizó el giro ya visible desde los primeros <a href="https://www.mexicoevalua.org/balance-de-seguridad-a-100-dias-de-la-era-sheinbaum/" target="_blank" rel="noopener">100 días</a>: el tránsito de la omisión hacia una estrategia orientada explícitamente al debilitamiento de las operaciones del crimen organizado. Las políticas federales recientes han generado resultados operativos visibles —detenciones relevantes, decomisos, golpes logísticos— que dan cuenta de una mayor actividad estatal en territorios críticos. ¿Impactos en la violencia? Ese balance sólo podrá hacerse a mediano y largo plazo.
* Armando Vargas (<a href="https://x.com/BaVargash" target="_blank" rel="noopener">@BaVargash</a>) es coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa  (<a href="https://x.com/mexevalua" target="_blank" rel="noopener">@mexevalua</a>) y Yair Mendoza (<a href="https://x.com/yair_mendozacg" target="_blank" rel="noopener">@yair_mendozacg</a>) es investigador del mismo.

Las políticas en materia de seguridad del 2025

El pasado seis de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo organizó un evento en el Zócalo de la Ciudad de Mexico para celebrar su primer año de gobierno y el séptimo en el que Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, su antecesor, está en el poder.
En esa concentración, a la que asistieron 100 mil personas, que son las que caben en la plaza central de la capital del país, no se hizo presente el grupo que se conoce como el bloque negro, que solo se manifiesta en eventos organizados por grupos ciudadanos, independientes del gobierno, y por la oposición.
Un alto funcionario que ha estado a cargo de fuerzas de la policía en diversas entidades del país, y conoce muy bien cómo operan estos grupos, dentro y fuera del país, me ha proporcionado, en una muy larga conversación, información sobre cómo se organiza y cuál es el propósito del bloque negro.
Este grupo, desde hace décadas depende de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y no de la policía capitalina, como yo pensaba. Es una estructura permanente muy pequeña, que crece de manera temporal cuando hay manifestaciones ciudadanas y de la oposición en la Ciudad de México.
Los integrantes, para cada ocasión, se reclutan entre pandillas y grupos de jóvenes en barrios de la ciudad, a quienes se da un entrenamiento superficial antes del evento para el que fueron contratados. Después de que éste finaliza, el colectivo se disuelve y solo permanece la estructura permanente.
En el operativo, los integrantes permanentes a cargo son quienes en campo dirigen la operación y dan instrucciones. La policía de la ciudad está avisada y por eso no interviene, y si lo hace es para victimizarse, como parte del montaje que se organiza y opera desde la Secretaría de Gobierno.
El propósito de la intervención de este grupo es de carácter político y no policial y por eso depende de la Secretaría de Gobierno. Los objetivos son dos: ensuciar la marcha o el evento diciendo que sus organizadores y participantes son violentos, o están manipulados, y construir una narrativa bajo control del gobierno.
Lo que se pretende es que la causa legítima de los manifestantes se disuelva, que no exista, y toda la narrativa se concentre en el tema de la violencia. El centro del discurso, que difunden los medios, es que los organizadores y los participantes son violentos y atentan contra la tranquilidad de la ciudad y de las instituciones.
Los medios, a partir de la narrativa construida por el gobierno de la ciudad, centran su cobertura informativa no en la causa legítima de la manifestación sino en los actos violentados, que resultan muy mediáticos. Es entonces que la Secretaria de Seguridad, y no la de Gobierno, que ha organizado todo, sale a informar a la prensa.
La estrategia se ve coronada por el éxito, el gobierno gana y los manifestantes pierden. La presidenta Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno de la Ciudad de México utilizó los servicios del bloque negro; sabe muy bien cómo funciona y para qué sirve.
Ella puede, tiene todo el poder, para que desaparezca esta estructura que el gobierno de la ciudad utiliza para violentar la libertad de manifestación y de expresión, y con ello atentar contra la democracia.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

El bloque negro

El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos recuerda la adopción de la Declaración Universal de 1948, pero también —y sobre todo— la urgencia de revisar qué tan real es ese compromiso en la vida de millones de personas. Este año, bajo el lema global “Nuestros derechos cotidianos”, la reflexión nos invita a mirar no solo las grandes causas universales, sino los derechos que deberían acompañar a cada persona en su día a día. Y si hablamos de lo esencial, entonces no hay mejor lugar para empezar que en la infancia.
Las niñas, niños y adolescentes representan casi un tercio de la población mundial. lo que subraya su peso demográfico y la responsabilidad global de garantizar su bienestar. En México, de acuerdo con el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_DiaNina22.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a>, hay 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, cerca del 30 % de la población nacional.
Sin embargo, su realidad evidencia que los derechos humanos no se ejercen plenamente desde el inicio de la vida. La violencia, la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la falta de condiciones dignas continúan marcando la experiencia de millones de niñas y niños. En un mundo que se declara defensor de la dignidad humana, las vulneraciones hacia los derechos de la niñez y adolescencia siguen siendo una contradicción inaceptable.
Por su parte, la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en 1959 y fortalecida con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, establece principios fundamentales: el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; a un nombre y una nacionalidad; a la protección contra el maltrato; a la educación; a la salud; al juego; a la participación, y a crecer en entornos seguros y amorosos. Este marco normativo, aceptado prácticamente por todos los países del mundo, establece que la infancia es un grupo prioritario y que su bienestar debe ser una responsabilidad compartida entre Estado, familias y sociedad.
Pero los derechos, como recordamos cada 10 de diciembre, no se garantizan solamente declarándolos. Se necesitan políticas, recursos, instituciones fuertes y una profunda convicción social. Es así que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha <a href="https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-de-los-derechos-humanos-1?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">señalado</a> este año: los derechos humanos deben estar al centro de cualquier política o respuesta pública. Y, en ese sentido, las niñas y los niños deben estar aún más al centro. No hay verdadera política de derechos humanos si las experiencias de la niñez quedan relegadas.
En Save the Children lo vemos cada día: cuando una niña puede ir a la escuela sin miedo; cuando un niño recibe atención emocional después de vivir violencia; cuando una familia accede a oportunidades para dar a sus hijos una vida digna; cuando un adolescente encuentra información confiable sobre salud mental; cuando una comunidad trabaja para erradicar prácticas dañinas normalizadas. Todos estos logros no son abstractos: son la materialización concreta de los derechos humanos en la vida cotidiana.
<h3>Niñez en desventaja</h3>
Pese a los avances legales, la realidad nos obliga a reconocer que la niñez sigue siendo uno de los grupos más vulnerados.
En México, millones de niñas y niños viven en condiciones de pobreza; muchos experimentan violencia física o psicológica en el hogar; otros enfrentan barreras para acceder a servicios básicos de salud, educación o protección. A nivel global, se estima que millones de niñas y niños viven en zonas de conflicto; las migraciones forzadas alcanzan cifras récord; la crisis climática amenaza directamente su futuro, y las desigualdades digitales amplifican brechas de aprendizaje.
Estos desafíos no son nuevos, pero se multiplican en el siglo XXI. Hoy, garantizar los derechos de la niñez exige atender dimensiones que en 1948 ni siquiera podía imaginarse: el derecho a la privacidad digital, la protección frente a desinformación y discursos de odio, los riesgos tecnológicos, las crisis ambientales, las epidemias globales y la creciente desigualdad estructural.
Hay muchos problemas que afectan a la niñez, pero el más grave es que no se les considera un grupo prioritario. Con frecuencia, los derechos de niñas y niños se ven como un tema complementario y no como el eje que debe guiar las decisiones públicas. Se habla de infraestructura, seguridad o crecimiento económico sin reconocer que ninguna política será sostenible si no prioriza a la niñez y adolescencia. Entre más temprano se vulneran los derechos de una persona, mayores son los efectos acumulados a lo largo de su vida.
<h3>Poner a la niñez en el centro</h3>
Poner a la niñez en el centro implica reconocer que el bienestar de las niñas, niños y adolescentes no es un tema secundario ni accesorio, sino un indicador esencial de la salud democrática, social y económica de un país. Significa entender que no basta con garantizar su supervivencia: es necesario asegurarles condiciones reales para desarrollarse plenamente, libres de violencia y con oportunidades equitativas sin importar su origen, contexto o condición.
También supone asumir que las decisiones públicas —el presupuesto, las leyes, los programas y las prioridades del Estado— deben partir de su perspectiva. Cuando las políticas se diseñan pensando primero en la niñez, se fortalecen las familias, las comunidades y el futuro común. Y, sobre todo, implica reconocer que cada acción u omisión del mundo adulto impacta de manera directa en su presente y en su futuro, por lo que protegerles y escucharles no es una concesión, sino una responsabilidad ética impostergable.
<h3>Un compromiso impostergable</h3>
Cada año, el Día de los Derechos Humanos pretende recordarnos que la dignidad humana es —o debería de ser— universal. Pero este recordatorio no puede ser retórico. Si realmente creemos en la esencia de la Declaración Universal, tenemos que empezar por asegurar que todas las niñas y niños vivan en entornos que les permitan desarrollarse plenamente.
Esto no es solo un principio moral: es una decisión estratégica. Las sociedades que cuidan a sus niñas, niños y adolescentes garantizan su propio futuro. Invertir en educación, protección, salud mental, bienestar económico y prevención de la violencia es invertir en estabilidad, productividad y cohesión social.
Hoy, la pregunta central no debería ser “¿qué conmemoramos este 10 de diciembre?”, sino “¿qué estamos dispuestos a transformar para que los derechos humanos se vivan desde la niñez”. Porque cuando un país protege a sus niñas y niños, está protegiendo su humanidad.
En Save the Children México reafirmos este compromiso todos los días: seguir trabajando, con evidencia y desde el terreno, para que cada niña, niño y adolescente viva sus derechos no solo como un ideal, sino como una experiencia cotidiana.
Porque los derechos humanos empiezan en la niñez. Y es allí donde también debe empezar la justicia.
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* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.
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Sin derechos para la niñez, no hay humanidad para nadie

El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año, la agenda de derechos humanos ha estado marcada por la debilidad y ataques al multilateralismo —cuando celebramos los <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/80-aniversario-onu-derechos-humanos-crisis-global" target="_blank" rel="noopener">80 años de Naciones Unidas</a>—, una apuesta entre los Estados por la paz, la seguridad y la cooperación internacional; por otro lado, en México esa apuesta que debería ser naturalmente multilateral ante los embates de países poderosos, se juega en dos niveles, a nivel internacional, como una aliado del multilateralismo y a nivel local, con un negacionismo ante los diversos retos y pendientes en la materia, sobre los que nos referiremos a continuación.
La crisis de desaparición en el país se hizo palpable durante el primer trimestre con el horror del <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/zapatos-de-teuchitlan" target="_blank" rel="noopener">caso </a><a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/zapatos-de-teuchitlan" target="_blank" rel="noopener">Teuchitlán</a>, un evento que evidenció la magnitud del problema y llevó al Ejecutivo a tener que abordar el tema. Las imágenes de Teuchitlán y después de múltiples eventos de violencia generalizada en el país nos confirman que el alcance de la gobernanza criminal en diversas zonas es sin duda el mayor reto para la democracia en México.
A lo largo del año, colectivos de búsqueda alzaron la voz por la ausencia de más de 130 mil personas. La continua gravedad de la situación motivó al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (Comité CED) a iniciar, por primera vez, el mecanismo contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional, para determinar si las desapariciones en México son &#8220;generalizadas&#8221; o &#8220;sistemáticas&#8221; y presentarla ante la Asamblea General. En respuesta, el gobierno impulsó reformas en la materia que, sin embargo, <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/reforma-ley-desapariciones-sin-avance">r</a><a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/reforma-ley-desapariciones-sin-avance" target="_blank" rel="noopener">esultan insuficientes y parten de un diagnóstico </a><a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/reforma-ley-desapariciones-sin-avance">e</a><a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/reforma-ley-desapariciones-sin-avance">rróneo</a> que prioriza las estadísticas sobre la atención real a la crisis. Posteriormente, el relevo de la persona titular en la Comisión Nacional de Búsqueda también expuso los retos de poner al centro a las víctimas; señalamos que solo así podrá fortalecerse una política pública de búsqueda rigurosa y eficaz, tan urgentemente necesaria en el país.
Además, otro reto —<a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/defender-derechos-humanos-no-debe-costar-la-vida" target="_blank" rel="noopener">identificado por la CIDH en su informe sobre personas defensoras</a>— es la alta vulnerabilidad a la que están expuestas las buscadoras por su labor. Al menos 32 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2010, seis en este año, con impactos diferenciados en las mujeres. Seguimos insistiendo en la necesidad de no estigmatizar y proteger a las buscadoras que son la reserva moral del país y porque buscar no debe costar la vida.
La militarización no ha detenido la violencia, por el contrario, se siguen documentando casos graves que involucran elementos de las Fuerzas Armadas. En Sinaloa, el caso de las niñas <a href="https://elpais.com/mexico/2025-11-24/un-dia-fatal-en-badiraguato-mama-mama-mataron-a-alexita.html" target="_blank" rel="noopener">Leydi Medina y Alexa Rojas</a>, asesinadas en lo que se intentó justificar falsamente como un enfrentamiento, pone en evidencia las fallas en las medidas de control y supervisión, así como en la rendición de cuentas y acceso a la justicia para las víctimas. En Guanajuato, por ejemplo, la desaparición forzada del joven José Juan Arias, donde elementos de la Guardia Nacional están presuntamente involucrados en su detención, es otra muestra. A esto se suman los escándalos de corrupción, como el del “<a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/huachicol-fiscal-la-corruptibilidad-de-las-fuerzas-armadas-ante-la-ausencia-de-controles-civiles" target="_blank" rel="noopener">huachicol fiscal</a>”, que confirma las preocupaciones ante la falta de controles civiles de supervisión frente al Poder Militar.
En materia de tortura, este año se emitió el <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/poder-judicial-fiscalia-general-programa-contra-tortura" target="_blank" rel="noopener">Programa Nacional para Erradicar la Tortura</a> (PNT), después de que diversas organizaciones debimos litigar su publicación ante la omisión de cumplir con esta obligación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El Programa reconoce que -contrario a lo que se dice en el discurso- la práctica persiste. Como da cuenta el caso de Diego Fernando Bonilla, indígena torturado en Veracruz por policías de investigación y quien después de una larga denuncia, acompañado de su comunidad, no ha podido encontrar justicia.
A nivel institucional en materia de justicia; la reforma al Poder Judicial culminó en una elección con participación ciudadana baja, con visibles irregularidades como el uso de acordeones para <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/eleccion-judicial-revisar-fracaso-participacion" target="_blank" rel="noopener">“orientar” el voto y la preocupante politización de las personas juzgadoras</a>. Así, los efectos de esta elección se comenzaron a hacer visibles. La SCJN realizó una inadecuada discusión en torno a la modificación de un artículo a la Ley General de Víctimas que validó la eliminación del mínimo presupuestal para su atención.
Este año también fuimos testigos de alarmantes iniciativas de reformas, las reformas en materia de seguridad, inteligencia y justicia, que han dejado un <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/reformas-seguridad-derechos-alarmas" target="_blank" rel="noopener">Estado con poderes amplísimos para la vigilancia digital, con más bases para emplear nuevas tecnologías en seguridad,</a> más militarizado, más centralista en la definición de políticas de seguridad y con múltiples agencias habilitadas para la investigación de delitos. A esto se le suman reformas regresivas a la Ley de Amparo que limitaron las figuras como la del interés legítimo, así como otras reformas regresivas que están en puerta, como la regulación de la figura de “jueces sin rostro”, que fue removida de la discusión en la última semana de sesiones del Senado, pero que se advirtió se analizará a inicios de 2026. No podemos olvidarnos de que se continuó expandiendo el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a pesar de la inconvencionalidad de la figura. Aun así, las Fiscalías, el nudo central de la impunidad, siguen sin ser reformadas y continúan sin poner al centro a las víctimas.
Todo ello, en un contexto donde hemos comenzado a ver los impactos de la falta de algunos controles que fueron eliminados o debilitados, como la falta de mecanismos de transparencia, después de la eliminación del INAI, <a href="https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2025/12/BalanceAnualCNDH2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">la constante ineficacia de la CNDH, cuya actuación seguimos monitoreando anualmente</a> y donde la polarización de las discusiones políticas ha llevado a atestiguar eventos de violencia inaceptables, de particulares y aún más condenables de autoridades, en contextos de protesta.
Si bien los retos continúan siendo mayores, también podemos nombrar buenas noticias en diversas dimensiones; en casos concretos, como el de Keren Ordóñez, sentenciada a 50 años de prisión por un secuestro que no cometió, ilustra la prevalencia de sesgos de género en el juicio y la utilización de tortura. Keren recuperó su libertad en abril de este año y pudo reunirse con su mamá, papá e hija luego de 10 años en injusta prisión.
También en medidas estructurales, como la reducción de la pobreza. En los últimos 6 años, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, impulsado por el aumento del ingreso de los hogares, principalmente, derivado del 135% en el salario mínimo desde 2018. Medidas que sin duda nos reiteran que poner a los grupos vulnerables al centro con políticas de largo aliento es la vía para combatir los retos más grandes, como la desigualdad en el país.
De cara al 2026, los desafíos en materia de derechos humanos exigen una renovada voluntad política y un enfoque centrado en la dignidad humana. La crisis de desaparición forzada sigue siendo la deuda más dolorosa del Estado mexicano. Es imperativo detener la ola de iniciativas legislativas que, animadas por una narrativa atractiva ante la violencia que vive el país, se muestran cada vez más regresivas y punitivas, a lo que se le suma la profundización de una visión guiada por resultados numéricos y de profundización de las facultades militares, sin atender realidades puntuales.
Sobre todo, el próximo año debe consolidarse el compromiso ineludible con el cuidado y la protección integral de las personas buscadoras y de las víctimas que buscan justicia. Su determinación, realizada en ocasiones a costa de su propia seguridad y vida, debe ser reconocida, protegida y jamás estigmatizada, pues sólo poniéndolas al centro de la construcción de un sistema de justicia que desmantele la impunidad, y que asegure que los avances sociales, como la reducción de la pobreza, se logrará gozar plena e integralmente de todos los derechos fundamentales.
Esta es nuestra última colaboración de 2025 en este espacio. Agradecemos enormemente la siempre generosa disposición de Animal Político y a las, los y les lectores su seguimiento. ¡Nos seguimos encontrando en 2026!

Los derechos humanos en 2025

En la Bahía de Ohuira, Sinaloa, la abundancia de camarones es tal que de pronto puedes ver que brincan. Es una verdadera belleza. Si te distraes, te lo pierdes. He comprobado que, igual que yo, mucha gente ignora este hecho. La realidad es que la mayoría de las personas estamos muy desconectadas con cuestiones cotidianas del mundo natural que pueden darnos alegría. Quienes están totalmente conectados a estos ciclos naturales desde su cotidianidad son las comunidades indígenas mayo-yoremes de esta bahía. Desafortunadamente, los camarones, las aves, las tortugas, los delfines y las personas están en riesgo por proyectos de gas que se están impulsando en Topolobampo.
Desde hace años, las comunidades que habitan la costa norte de Sinaloa han estado dando la batalla por proteger sus sustentos de vida frente a una enorme planta de amoniaco que se alimentaría con gas proveniente de fracking en Texas, igual que los proyectos de gas natural licuado (Saguaro, AMIGO y Vista Pacífico, este último también en Topolobampo) que amenazan el Golfo de California.
Pero a todo esto, ¿qué es el amoniaco y por qué es una gran preocupación? El amoniaco se produce con lo que llaman gas “natural” (en realidad fósil o metano), que igual al petróleo o carbón son los tres grandes responsables del calentamiento del planeta y de terrible contaminación. El amoniaco es un insumo de la agricultura industrial que se utiliza para producir fertilizantes. El problema es que el amoniaco es un compuesto muy peligroso y su producción y uso son altamente contaminantes.
Para producir el amoniaco se usa el gas metano por partida doble: como combustible para echar a andar la planta que lo produce y como insumo (o ingrediente si fuera receta de cocina) necesario para que haya amoniaco. La quema del metano es responsable de la alta contaminación del aire con documentados daños a la salud, como explica a detalle <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/huele-a-gas/gas-fosil-energia-para-unos-enfermedad-para-otros" target="_blank" rel="noopener">Carla Flores en la columna</a> anterior de este blog.
También podemos hablar del daño directo a los camarones que son un medio de subsistencia –tanto de alimentación como de economía– para las personas que habitan la región. El CIIDIR-Sinaloa (Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del IPN) estima que la planta de amoniaco podría significar la destrucción del 60 % de la producción de camarón en la Bahía, es decir, más de 500 toneladas anuales. Además, el amoniaco es tan peligroso que, como advierte la Coalición de Ciencia del Hidrógeno (HSC por sus siglas en inglés), “el hundimiento de un barco con una carga de amoniaco podría esterilizar kilómetros cúbicos de océano”.
<figure id="attachment_1610837" aria-describedby="caption-attachment-1610837" style="width: 990px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1610837" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Topolobampo.jpg" alt="En la Bahía de Ohuira abunda el camarón y la pesca ribereña es alimento y sustento económico de cientos de familias. Crédito: Armando Vega." width="1000" height="667" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Topolobampo.jpg 1000w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Topolobampo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Topolobampo-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption id="caption-attachment-1610837" class="wp-caption-text">En la Bahía de Ohuira abunda el camarón y la pesca ribereña es alimento y sustento económico de cientos de familias. Crédito: Armando Vega.</figcaption></figure>
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Sin embargo, el mayor riesgo son las fugas de amoniaco. El contacto directo con el amoniaco puede causar irritación severa, quemaduras químicas, daño pulmonar agudo y, en concentraciones altas, hasta la muerte en cuestión de minutos. El propio Estudio de Riesgo Ambiental de la empresa promotora, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), reconoce que una fuga de apenas 5 minutos de amoniaco podría convertir a toda la Bahía de Ohuira en una zona de “peligro inmediato para la salud o la vida”. La nube tóxica alcanzaría un diámetro de 45 km, lo que pondría en riesgo a más de 400,000 personas, incluidas las y los habitantes de Los Mochis.
<h3>Las comunidades rechazan el proyecto y los especialistas de Naciones Unidas hacen eco de sus demandas</h3>
Desde 2014, las comunidades indígenas y ciudadanía de la región se han organizado en el colectivo “Aquí No” rechazando el proyecto de amoniaco. Las comunidades han recurrido a estrategias de lucha por medios jurídicos. En 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio la razón en un caso en donde argumentaban la falta de consentimiento previo, libre e informado para la construcción de la planta. Desafortunadamente, se hizo una consulta tramposa y esto permitió retomar la construcción de la planta que, según la empresa, ya está en un avance de más del 70 % de su construcción. Hoy, las comunidades siguen pidiendo el apoyo de la ciudadanía para <a href="https://www.change.org/p/hands-off-save-the-bay-of-ohuira-die-bucht-retten-de-ohuira-salvemos-la-bahia-de-ohuira?signed=true" target="_blank" rel="noopener">recolectar firmas contra el proyecto</a>.
La defensa de su territorio les ha traído graves consecuencias, incluyendo amenazas, violencia, intento de secuestro y desplazamiento. La manera de operar de GPO ha dividido a las comunidades buscando premiar con dádivas a quienes aceptan este proyecto tóxico. Recientemente <a href="https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/RelCom?code=OTH%20102/2025" target="_blank" rel="noopener">once relatores de Naciones Unidas</a> destacaron las múltiples y graves violaciones a derechos humanos sufridas por la comunidad y cuestionaron tanto a GPO, como su empresa matriz, Proman, el banco alemán KfW y los gobiernos involucrados.
Ahora que disfrutes romeritos con tu familia, aprovecha para contarles que los camarones brincan, que en Ohuira están en riesgo y nos toca apoyar a las comunidades que defienden cotidianamente la vida en el Golfo de California.
* Claudia Campero (<a href="https://x.com/claucampero" target="_blank" rel="noopener">@claucampero</a>) es coordinadora de justicia climática en Conexiones Climáticas (<a href="https://x.com/CClimaticas" target="_blank" rel="noopener">@CClimaticas</a>).

Los camarones brincan

En 2019, el Fondo de Salud para el Bienestar tenía 105 mil millones de pesos. Para el tercer trimestre de 2025 conserva apenas 32 mil millones. Cuatro años de transferencias obligatorias a la Tesorería —40 mil millones anuales entre 2020 y 2023— desfondaron el instrumento público más importante para financiar enfermedades de alto costo en personas sin seguridad social. Esa reserva, que durante más de una década garantizó tratamientos que ninguna familia puede costear, hoy está prácticamente agotada.
El desplome se concretó ayer, cuando la Cámara de Diputados aprobó una de las reformas más amplias a la Ley General de Salud en las últimas dos décadas. La iniciativa presidencial, presentada en septiembre de 2025, modifica 89 disposiciones: 61 artículos reformados, 24 adicionados y 4 derogados. Pero más allá de la ingeniería legislativa, el cambio decisivo es otro: la eliminación de la garantía legal que aseguraba recursos etiquetados para enfermedades catastróficas.
Desde 2003, cuando nació el Seguro Popular, quedó claro que hay enfermedades cuya atención rebasa por completo las posibilidades financieras de los hogares. Oncologías, trasplantes, cuidados intensivos neonatales y otros padecimientos se consideran “catastróficos” porque exigen gastar, al menos, 30 % del ingreso total familiar. Para enfrentarlas, la ley estableció un diseño simple y prudente: cada año, 11 % del presupuesto del Seguro Popular debía acumularse en un fideicomiso. De ese total, 8 % se destinaba exclusivamente a financiar enfermedades catastróficas y 3 % a infraestructura sanitaria y emergencias como la influenza de 2009. La lógica era clara: construir un ahorro público estable, creciente y blindado, capaz de sostener en el tiempo tratamientos caros, continuos y vitales.
Con la desaparición del Seguro Popular, el fideicomiso se mantuvo bajo el nombre de Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). Pero dos decisiones cambiaron de raíz su naturaleza. La primera: redistribuir ese 11 % para incluir infraestructura en zonas marginadas y complementar el abasto de medicamentos. La segunda, y más grave: imponer un límite a la acumulación del Fondo —equivalente a dos veces el presupuesto de 2020— y ordenar que cualquier remanente se devolviera a la Tesorería de la Federación. Un instrumento creado para crecer y sostener cobertura financiera quedó atado a un techo arbitrario que anuló su propósito original.
En 2023 apareció el OPD IMSS-Bienestar y con él nuevas modificaciones. El FONSABI se mantuvo, pero lo aprobado ayer da un giro que parece técnico, pero es sustantivo: se elimina la distribución interna del 11 %. La ley sólo ordena que ese porcentaje se destine al Fondo, pero ya no establece cuánto debe utilizarse para financiar enfermedades catastróficas. Sin esa precisión, el Fondo queda expuesto a cualquier priorización coyuntural del gasto.
Con esta reforma, México cierra un ciclo que empezó hace más de veinte años: desaparece la última garantía jurídica que aseguraba a las personas sin seguridad social contar con financiamiento estable para enfrentar enfermedades que ponen en riesgo su vida y su patrimonio. No se trata de un descuido legislativo; es una decisión explícita. El corolario de un desmantelamiento institucional.
Y, como siempre en salud, la factura no la pagará el Congreso: la pagarán las familias que enfrenten solas lo que antes el Estado había decidido proteger.
<a href="https://x.com/ljcortes6" target="_blank" rel="noopener">@ljcortes6</a>

Crónica de un desmantelamiento anunciado: los recursos para enfermedades de alto costo

Hablar de seguridad en México es hablar del dolor que atraviesa al país: de las familias que siguen buscando a sus desaparecidos, de las madres que no encuentran justicia para sus hijas, de las policías que trabajan sin respaldo, sin equipo y sin protección, de comunidades enteras sometidas por criminales que gobiernan más que el propio Estado. Pero también es hablar de algo mucho menos vistoso y mucho más decisivo: instituciones. Por brutal que suene, México no fracasa en seguridad porque “sea un país violento”, sino porque sus instituciones llevan años fallando en lo más básico: formar, supervisar, evaluar, corregir, proteger.
Por eso, Causa en Común presenta una agenda para cerrar este año con algo más que indignación. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn1" name="_ednref1">i</a> Lo que proponemos es simple de decir y difícil de ejecutar: reconstruir las instituciones de seguridad pública y justicia desde sus cimientos, lo indispensable si queremos que 2026 no sea un año más de excusas y tragedias.
La primera prioridad es la reconstrucción institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Proponemos que el Secretariado Ejecutivo y el Consejo Nacional recuperen su función técnica: definir criterios claros para distinguir a la seguridad pública de la seguridad nacional, auditar registros en posesión de las instituciones de seguridad y justicia, diseñar indicadores de desempeño y dar seguimiento puntal al uso de recursos federales y al cumplimiento de acuerdos, en ambos casos sancionando los posibles incumplimientos. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn2" name="_ednref2">ii</a> En la práctica eso significa desarrollar un programa nacional de depuración de policías, fiscalías y penales; un registro nacional del personal con seguimiento por género, rango y certificación, y auditorías de la calidad de la información para detectar anomalías y manipulación de la estadística sobre incidencia delictiva. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn3" name="_ednref3">iii</a>
La profesionalización y las condiciones laborales del personal de seguridad y justicia son el segundo eje. En el caso de las policías imprescindible diseñar esquemas de carrera, homologar salarios y prestaciones y garantizar seguridad social y acceso a servicios de salud mental. Proponemos la creación de un Fondo de Aportaciones para la Seguridad Social, protocolos de atención psicológica temprana y políticas que incorporen de forma obligatoria la perspectiva de género en formación, códigos de conducta y procesos disciplinarios. La prevención de la corrupción y la fuga de talento empieza por ofrecer condiciones de trabajo dignas y mecanismos efectivos de supervisión interna.
En la Fiscalía y el Poder Judicial las reformas deben apuntar hacia la prevalencia de su autonomía, la meritocracia y la capacidad técnica de su personal. Recomendamos fiscalías con mandatos transexenales, mecanismos colegiados para designaciones y remociones de sus titulares, la creación de unidades de análisis criminal y de una Ley Nacional de Carrera Judicial que profesionalice el acceso y la promoción de jueces. También proponemos una Ley General de Servicios Forenses y centros regionales de identificación humana para romper cuellos de botella que impiden esclarecer crímenes y entregar justicia y verdad a las víctimas.
Las cárceles son otra pieza del rompecabezas: recuperar el control de los penales, certificar su operación, ampliar su capacidad y dignificar las condiciones de vida en su interior, son todas tareas urgentes. La agenda incluye la creación de planes integrales de reinserción social y la reversión de reformas que facultan al Ejecutivo a otorgar amnistías sin mecanismos que protejan a víctimas y sociedad. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn4" name="_ednref4">iv</a>
En materia de Fuerzas Armadas y su papel en la seguridad pública, planteamos un plan de repliegue y desmilitarización que recupere las competencias civiles perdidas y construya una policía federal civil plenamente capacitada. Donde la presencia militar sea necesaria, esta debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada. Además, proponemos transparencia del gasto militar y revisión constitucional para delimitar sus responsabilidades en tiempos de paz. La seguridad democrática exige instituciones civiles fuertes. <a style="color: #0000ff;" href="#_edn5" name="_ednref5">v</a>
La desmilitarización no implica abandonar la lucha contra la delincuencia común y la organizada. Al respecto, proponemos reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, invertir en aduanas y resguardo de armas, y colaborar estrechamente con el gobierno de los Estados Unidos para desarticular redes transnacionales. En drogas proponemos transitar hacia la regulación sanitaria y la despenalización gradual del consumo, junto con centros comunitarios de rehabilitación y campañas públicas enfocadas en la prevención y el consumo responsable.
Finalmente, la prevención y la pacificación deben ser políticas de largo plazo: inversión en municipios golpeados por la violencia, programas de desarrollo local, justicia transicional para casos emblemáticos y campañas masivas por la legalidad y la igualdad de género. Nada de esto se logra sin recursos: las propuestas insisten en presupuestos multianuales y en recuperar y ampliar fondos como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).
Nada de esto es glamoroso. Nada de esto da aplausos fáciles. Y sin embargo, es exactamente lo que un país roto necesita. Responder “¿qué proponen?” no exige ingenio, exige responsabilidad. Proponemos instituciones que dejen de simular. Proponemos dejar atrás los atajos y ocurrencias. Proponemos lo que a nadie entusiasma, pero lo que a todos nos urge: reglas, profesionalización, datos, controles, auditorías, personal policial protegido, fiscalías capaces, penales seguros y un Estado que por fin haga su trabajo.
Esta es la lista de deseos con la que Causa en Común cierra el año. Una lista para un país que quiere avanzar, que quiere sanar y que quiere instituciones que le respondan. Porque cuando la seguridad deja de ser un campo de batalla político y se convierte en un proyecto común, todos ganamos.
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Nuestro documento completo de propuestas, así como una versión resumida en 20 puntos, puede consultarse <a href="https://www.causaencomun.org/propuestas" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref2" name="_edn2">ii</a> Respecto a la inoperancia e irrelevancia actualmente padecidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, véase <a href="https://www.causaencomun.org/consejo-nacional-de-seguridad-p%C3%BAblica" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref3" name="_edn3">iii</a> Los hallazgos relativos a las anomalías en los registros oficiales de incidencia delictiva, se recopilan <a href="https://www.causaencomun.org/an%C3%A1lisis-de-la-incidencia-delictiva" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>. Para el caso específico de las anomalías en los registros de homicidio doloso (eje de la propaganda gubernamental actual), véase <a href="https://www.causaencomun.org/asesinatos-como-propaganda" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">iv</a> Un diagnóstico extenso sobre la situación actual de policías, fiscalías y penales estatales en el país se encuentra <a href="https://www.causaencomun.org/informenacionaldetransparencia2025" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref5" name="_edn5">v</a> Las características y los riesgos de la militarización de la seguridad pública en México, las hemos descrito <a href="https://www.causaencomun.org/observatorio-de-la-guardia-nacional" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Reconstruir la seguridad desde las instituciones: lista de deseos para 2026

La residencia médica no se detiene frente a un embarazo. Cuando ambas experiencias coinciden, ocurre lo que el feminismo marxista ha nombrado desde hace décadas como la doble explotación. No se trata sólo de una metáfora, sino de un mecanismo material mediante el cual el capital y el Estado obtienen beneficios de manera simultánea; por un lado, la plusvalía del trabajo asalariado disfrazado de formación; por el otro, el fruto del trabajo reproductivo —gestar, parir, criar— que sostiene la continuidad social sin recibir remuneración ni condiciones dignas.
Autoras como Silvia Federici, 1 Angela Davis, 2 y más recientemente Tithi Bhattacharya, 3 han mostrado que el embarazo y la crianza no son “experiencias privadas”, sino procesos centrales de la reproducción social. La mujer residente encarna así, al menos, dos trabajos: el asalariado y el reproductivo, articulados en un régimen que exprime su cuerpo y tiempo hasta el agotamiento. El hospital se beneficia de su fuerza de trabajo flexible; la sociedad recibe un nuevo ciudadano y futura fuerza laboral, pero ninguna institución cubre los costos materiales ni emocionales de esa doble jornada.
Quiero detenerme en un caso cercano que ilumina con nitidez esta situación. La entrevistada fue una amiga de la preparatoria: compartimos aulas, amistades y un tramo formativo de la vida, pero después nuestros caminos se bifurcaron. Ella estudió medicina en otra institución y seguimos nuestros recorridos de manera fragmentaria, a la distancia, a través de lo que ambas publicamos en redes sociales. Ella había terminado la residencia cuando conversamos y su hija tenía poco más de un año. Esa cercanía nos permitió un diálogo en confianza, pero también marcó lo que podía contarse y lo que quedaba en silencio. No fue, por tanto, una entrevista neutral: como recuerda Haraway, 4 el conocimiento es siempre situado. Mi escucha, mediada por nuestra historia compartida, está inscrita en lo que aquí narro.
Ella relató jornadas que comenzaban antes del amanecer y se extendían hasta la tarde, seguidas de guardias hospitalarias de toda la noche. Al mismo tiempo, debía sostener su embarazo con desplazamientos físicos y cuidados médicos. En sus propias palabras: “me sentí como una adolescente que se embaraza sin haber terminado la escuela”. Esa metáfora muestra cómo el régimen hospitalario inscribe la maternidad en un registro moralizante y disciplinario, donde ser madre es irresponsable porque interrumpe la disponibilidad total del cuerpo al capital médico.
En México los marcos normativos reconocen ciertos derechos —licencias de maternidad, espacios de lactancia, guarderías—, pero en la práctica funcionan más como dispositivos performativos que como garantías efectivas. Nancy Fraser 5 ha señalado que los Estados neoliberales producen “derechos de papel”: medidas que aparentan proteger mientras legitiman la explotación y trasladan los costos del cuidado a las familias. ¿De qué sirve una hora de lactancia si la jornada es de 36 horas? ¿Qué valor tiene una licencia si, aun en el posparto, se exige conectarse a clases y presentar exámenes? Mi amiga relató que dedicaba alrededor de cinco horas diarias a la residencia, incluso a distancia, aun cuando su cuerpo seguía en recuperación. Desde mi interpretación, el lenguaje de la concesión —“me dejaron salir una hora antes”— muestra cómo los derechos se experimentan como favores otorgados, no como garantías exigibles. En este sentido, los derechos de papel cumplen una función clara: legitimar el orden hospitalario mientras preservan intacta la lógica de la explotación.
Aquí dialogan los aportes de distintas corrientes feministas. Martha Lamas 6 advierte que, sin perspectiva de género, las instituciones reproducen desigualdades al no reconocer la maternidad como parte de la ciudadanía laboral. Jacqui True 7 subraya que la igualdad debe institucionalizarse transversalmente, y no quedarse en medidas aisladas. Orloff y Palier, 8 desde la economía política comparada, muestran que en regímenes familistas como el mexicano, los costos de la reproducción recaen en las familias y, dentro de ellas, en las mujeres.
El testimonio confirma este diagnóstico: la red de apoyo de la residente fue, sobre todo, femenina —madre, abuela, compañeras—. Su esposo también estuvo presente y ofreció acompañamiento constante, pero quedó institucionalmente relegado: la ley sólo le reconoció cinco días de licencia de paternidad, sin ningún otro respaldo que hiciera posible una corresponsabilidad real. Esa restricción no es anecdótica: expresa un régimen laboral que naturaliza la maternidad como tarea exclusiva de las mujeres y expulsa a los padres de cualquier papel efectivo en el cuidado. La abuela, por su parte, tampoco recibió apoyos ni recursos, cargando con responsabilidades a costa de su propio tiempo y esfuerzo. Las compañeras residentes se solidarizaron con gestos concretos —como dejarla dormir durante las guardias—, pero esa red de apoyo, aunque indispensable, resulta precaria e insuficiente. El hospital y el Estado descansan en esa “buena voluntad” femenina para sostener lo insostenible: un régimen que externaliza los cuidados explota la solidaridad entre mujeres y se exime de garantizar derechos colectivos.
Así, la residencia sigue siendo un espacio que premia promedios y disponibilidad absoluta, mientras niega el reconocimiento de las desigualdades estructurales y de la interseccionalidad que atraviesa a las mujeres-madres en la formación médica. No existe una “mujer universal”: 9, 10 clase, racialización, origen regional o condición migratoria configuran experiencias radicalmente distintas. Una residente proveniente de sectores medios urbanos, con familia médica y redes de apoyo estables, puede amortiguar parcialmente las exigencias institucionales. En contraste, una residente indígena, afrodescendiente o de origen rural enfrenta mayores barreras: discriminación implícita, menor acceso a recursos materiales y redes de cuidado más frágiles. 11 De igual forma, la maternidad de una residente sin pareja estable o con pareja también precarizada genera cargas diferenciadas. Estas dimensiones cruzadas intensifican la vulnerabilidad: no sólo es la mujer-madre en el hospital, sino la mujer-madre racializada, de clase trabajadora o migrante, la que encarna en su cuerpo el peso completo de la reproducción social externalizada.
Así, el familismo del régimen mexicano no sólo traslada los costos de la reproducción a las familias: reproduce jerarquías dentro de las mujeres mismas. Mientras unas logran sostenerse con apoyo doméstico o intergeneracional, otras quedan atrapadas en una espiral de explotación múltiple, donde la maternidad en la residencia se convierte en un campo de lucha marcado por desigualdades históricas y estructurales.
La residencia médica mexicana, medida en horas sin dormir, no sólo castiga la maternidad: la integra como un mecanismo de disciplinamiento estructural. El temor de una residente al comunicar su embarazo —“¿cómo le iba a decir a mi coordinadora que estaba embarazada?”— es síntoma de un sistema que naturaliza la disponibilidad absoluta del cuerpo médico, negando la legitimidad de la maternidad dentro de la formación profesional.
<h3>¿Qué hacer?</h3>
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<li>Nombrar a las médicas residentes como trabajadoras plenas: no becarias, sino sujetos de derechos laborales, con salario, seguridad social y condiciones de reproducción de la vida.</li>
<li>Desnaturalizar el régimen hospitalario: la explotación no se resuelve sólo con guarderías o lactarios, sino cuestionando la organización misma de las guardias y la lógica productivista que las sostiene.</li>
<li>Desfamiliarizar la reproducción social: el cuidado no puede seguir externalizado a las familias y, dentro de ellas, a las mujeres; debe reconocerse como responsabilidad colectiva del Estado y de las instituciones de salud.</li>
<li>Radicalizar el horizonte: no basta con “mejorar” las residencias; un feminismo marxista debe plantear la transformación estructural de un sistema médico que, al tiempo que cura, produce cuerpos exhaustos y vidas sacrificadas.</li>
<li>Cuestionar desde la bioética el impacto de las estructuras laborales y reproductivas en la dignidad, autonomía y salud del personal de salud, analizando cómo estas estructuras perpetúan la explotación y alienación del trabajo reproductivo dentro del sistema capitalista.</li>
</ul>
<h3>Conclusión</h3>
El feminismo marxista permite nombrar esta paradoja: la sociedad obtiene dos beneficios —una médica especialista y una nueva ciudadana— mientras la residente paga los costos sola. Pero ya no pienso en teorías: pienso en mi amiga, en sus jornadas interminables, en su miedo y en el hospital que la formó. Su relato muestra que la doble explotación no es un accidente coyuntural, es el sostén de la productividad hospitalaria y comunitaria. Por lo tanto, el desafío no es humanizar un régimen inhumano, sino desmontar la estructura que convierte a la maternidad en un recurso gratuito para el capital y el Estado.
* Sofía Teresa Díaz Torres es médica cirujana y maestra en bioética por el Instituto Politécnico Nacional. Sus investigaciones se centran en la mejora de las condiciones laborales del personal de salud y la justicia en el acceso a la salud. Actualmente es residente de investigación en el Centro Médico ABC y estudiante del Doctorado en Bioética de la UNAM.
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Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad únicamente de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.
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1 Silvia Federici, Revolution at point zero: Housework, reproduction, and feminist struggle (PM Press, 2013).
2 Angela Yvonne Davis, Women, race &amp; class (Vintage, 1981).
3 Tithi Bhattacharya, ed., <a href="https://doi.org/10.2307/j.ctt1vz494j" target="_blank" rel="noopener">Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression</a> (Pluto Press, 2017).
4 Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”, en Feminist Studies 14, núm. 3 (1988): 575-99. <a href="https://doi.org/10.2307/3178066">https://doi.org/10.2307/3178066</a>
5 Nancy Fraser, “Contradictions of capital and care”, en New Left Review 100 (2016): 99-117.
6 Marta Lamas, comp., El género: La construcción cultural de la diferencia sexual (Miguel Ángel Porrúa / PUEG-UNAM, 1996).
7 Jacqui True, Gender, Globalization, and Postsocialism. The Czech Republic After Communism (Columbia University Press, 2003).
8 Ann Shola Orloff y Bruno Palier, “<a href="https://doi.org/10.1093/sp/jxp021" target="_blank" rel="noopener">The Power of Gender Perspectives: Feminist Influence on Policy Paradigms, Social Science, and Social Politics</a>”, en Social Politics: International Studies in Gender, State &amp; Society 16, núm. 4 (2009): 405-12.
9 Kimberle Crenshaw, “<a href="http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8" target="_blank" rel="noopener">Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics</a>”, en University of Chicago Legal Forum 1989, núm. 1 (1989): 139-67.
10 Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment (Routledge, 2000).
11 María Lugones, “The Coloniality of Gender”, en Worlds &amp; Knowledges Otherwise 2, núm. 2 (2008) 1-17.

Maternidad en guardia: la doble explotación de las médicas residentes en México

Este diciembre en México el ambiente ya no solo huele a ponche, sino a fútbol. Somos un país y una cultura profundamente pambolera, donde el &#8220;fucho&#8221; es casi una religión. Sin embargo, al analizar la conversación en plataformas digitales, redes sociales y medios sobre el próximo Mundial de 2026, lo que encontramos no es únicamente la algarabía de la fiesta deportiva, sino una radiografía de nuestras tensiones sociales y políticas.
En un análisis narratológico de la última semana, identifiqué cinco grandes relatos que están dominando la agenda pública sobre el #Mundial2026. Estas historias revelan que, para el público mexicano, el balón no rueda en un campo neutro, sino en un terreno minado por la desigualdad, la nostalgia y la política.
A continuación, los cinco relatos que definen la conversación rumbo al 2026 en este diciembre premundialista:
<h3>Relato 1: La narrativa de la exclusión (un mundial ajeno en casa propia)</h3>
Este fue el relato dominante, acaparando cerca del 45 % de la conversación total sobre el evento en la primera semana de diciembre. Se trata de una narrativa de contraste doloroso: por un lado, el discurso gubernamental —emitido por figuras como Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en el sorteo para definir los grupos— que promete un &#8220;mundial del pueblo&#8221;, y por otro, la realidad de un mercado donde los boletos para los partidos y las experiencias de hospitality cotizan en dólares, a precios que rebasan por mucho el salario anual de un mexicano promedio. ¿Quiénes van a poder ver el “mundial del pueblo” en los estadios mexicanos?
En las redes, esta contradicción generó la idea del Mundial como un evento de lujo diseñado para turistas extranjeros y locales privilegiados, no para la gran afición local. La síntesis de este hartazgo digital se resume en una frase que encontré repetida en memes y comentarios: &#8220;Nos pidieron el estadio, nos pidieron aguantar las broncas de tráfico, pero los boletos se los quedaron ellos&#8221;. En su artículo “Lo bueno, lo malo y lo feo del Mundial 2026” (5 de diciembre en El Universal), mi amigo Javier Tejado critica cómo esto contrasta con la inversión pública que se hace en seguridad y logística para el mundial, la cual pagan todos los contribuyentes, mientras el disfrute queda reservado para el 1 % más rico.
La percepción es clara: sale más barato el boleto del estadio en Estados Unidos para ver el Mundial, que intentar entrar a un partido en nuestro propio país, donde se requieren al menos 40 o 50 mil pesos para acceder.
<h3>Relato 2: La geopolítica del absurdo</h3>
El segundo relato surge de la inevitable contaminación de la política en el deporte. La entrega de un reconocimiento de paz a Donald Trump por parte de Gianni Infantino en el Kennedy Center de Washington desató una ola de críticas y perplejidad en México.
Esta narrativa lee el Mundial como una plataforma de promoción político-electoral para Trump en Estados Unidos. Para la audiencia digital mexicana, el balón parece haberse &#8220;manchado&#8221; nuevamente, vinculando al torneo con las lógicas de poder y las sombras de corrupción que han perseguido a la FIFA en el pasado. Es la historia de un absurdo donde la diplomacia deportiva premia a figuras polémicas, generando un rechazo casi unánime en la conversación nacional.
<h3>Relato 3: La nostalgia como refugio</h3>
Frente a un evento que se percibe &#8220;plástico y corporativo&#8221;, las personas —especialmente de la Generación X y Boomers en Facebook— han activado un mecanismo de defensa: la nostalgia.
Este relato compara inevitablemente el 2026 con el Mundial de México 86 -con 40 años de distancia entre ambos mundiales-. Se viralizan recuerdos de &#8220;Pique&#8221; (aquel chile bigotón con sombrero), <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> de los precios accesibles de entonces y del ambiente orgánico en las calles. La narrativa contrapone aquel mundial que sentimos &#8220;nuestro&#8221; contra este que todavía sentimos ajeno.
Encontré una frase que encapsula magistralmente este sentimiento melancólico: &#8220;En el 86 no teníamos tecnología, pero teníamos alma. Hoy tenemos Estadio 5G y una selección sin corazón&#8221;. Es la esperanza irracional del ahora &#8220;quinto partido&#8221; (ya tendremos el cuarto partido seguro por el crecimiento de equipos y grupos de este mundial) enfrentada a la frialdad del negocio moderno y las exigencias del retorno de inversión de marcas y patrocinadores.
<h3>Relato 4: La ansiedad de la infraestructura</h3>
Muy específica de la conversación digital en Ciudad de México y Monterrey, esta narrativa gira en torno a la duda logística. Con el Estadio Azteca aún percibido como un &#8220;coloso en obra negra&#8221; y los retrasos en remodelaciones, existe un temor latente sobre si estaremos a la altura de nuestros socios mundialistas del norte.
Aquí, el humor mexicano se mezcla con el fatalismo: &#8220;Vamos a inaugurar el mundial con olor a pintura fresca, a cemento sin secar, y el estilo mexicano de dejar todo al último minuto&#8221;. Es un relato que cuestiona nuestra capacidad operativa frente a la maquinaria logística de Estados Unidos y Canadá.
<h3>Relato 5: La identidad diluida (el socio minoritario)</h3>
Finalmente, surge una narrativa sobre la dignidad nacional. Al ver el calendario y la desproporción del número de juegos entre Estados Unidos y México, se consolida la idea de que no somos coanfitriones, sino &#8220;teloneros invitados&#8221;.
Los posteos giran en torno a la sensación de haber recibido &#8220;las sobras del pastel&#8221; en la negociación con Estados Unidos y Canadá, mientras el negocio y la gloria se quedan allá. La sentencia popular es dura: &#8220;Pusimos la historia y la pasión, ellos pusieron los dólares y se llevaron el mundial. Somos el patio trasero de la FIFA&#8221;.
<h3>Conclusiones narrativas</h3>
Lo que observamos en estas conversaciones es que el Mundial 2026 funciona como un generador de historias que van más allá del deporte. Inevitablemente, se conectan con el análisis de la situación nacional y se insertan en la polarización política actual (pro o anti 4T), sirviendo como evidencia para juzgar si el gobierno mexicano será capaz de garantizar una fiesta mundialista bonita y en paz.
Al final, estas cinco narrativas demuestran que, aunque nos preparen una fiesta global, la conversación digital en México está más ocupada procesando su propia exclusión y nostalgia que celebrando que seremos anfitriones de nuestra fiesta deportiva favorita.
Artículo adaptado de mi colaboración #GuerradeNarrativas sobre el Mundial2026, lunes 8 de diciembre 2025 en “RADAR” de Mario Campos, en Ibero 90.9 FM.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Aquí <a href="https://youtu.be/_mNRk_4dT94?si=r6USM9pzFCxdfE3y" target="_blank" rel="noopener">algunos anuncios</a> con Pique.

Narrativas del Mundial 2026: entre la nostalgia, la exclusión y la geopolítica del absurdo

¿Qué tiene que ver la abundancia marina y la disponibilidad de especies de importancia pesquera en la garantía de los derechos humanos?
En el mar encontramos la principal <a href="https://www.paho.org/es/temas/micronutrientes" target="_blank" rel="noopener">fuente de proteínas</a> del mundo, pero la falta de abundancia incide directamente sobre el derecho humano a la alimentación, el derecho a la salud, a un trabajo digno y bien remunerado, y al acceso a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas.
Sin la abundancia marina pierde la Nación, pues una reducción en la pesca trae efectos negativos en el acceso a alimentos, así como pérdida de la seguridad y soberanía alimentarias del país.
Dice un refrán: “Toda política sin presupuesto es mera demagogia”. Dicho de otra forma, a las palabras, las promesas y los compromisos se los lleva el viento si no vienen sustentados por el dinero público para cumplirse.
Cuando la falta de presupuesto afecta la garantía de los derechos humanos fundamentales, la demagogia se transforma en violaciones a nuestros derechos.
Abandonadas a su suerte por el gobierno federal desde hace varios años, las personas pescadoras en México han visto disminuida su calidad de vida, sus ingresos y su bienestar. Esto se debe, principalmente, a que muchas de las especies de importancia pesquera se encuentran en condiciones de deterioro; algunas incluso están colapsando, sin acciones contundentes de las autoridades federales para recuperarlas. Los serios recortes al presupuesto público han debilitado a las instituciones públicas encargadas de la gestión e información pesquera.
Más de 300 mil personas dependen directamente de la pesca y alrededor de 2 millones se emplean indirectamente en la cadena de valor de los productos pesqueros. Cuando se deterioran las especies, su disponibilidad disminuye e, irremediablemente, quienes viven del sector pesquero verán mermados sus ingresos.
Las causas de la disminución de especies pesqueras son varias: sobreexplotación, contaminación química y acústica, desechos urbanos y agroindustriales, destrucción de hábitats críticos como manglares, pastos marinos y arrecifes y, desde luego, los efectos de la crisis climática. Abordar estos retos requiere de información científica que permita combatir los efectos nocivos de las actividades humanas y promover la recuperación y adaptación de las especies.
La información científica actualizada, veraz y oportuna sobre el manejo de las especies pesqueras es crucial para que tanto las autoridades como las personas participantes en el sector pesquero puedan aprovechar de mejor manera los recursos acuáticos y realizar acciones de recuperación de especies deterioradas.
En un acto paradójico y contrario al discurso oficial, el actual gobierno y la Cámara de Diputados aprobaron un presupuesto público en el que se recorta a la mitad los recursos de la única institución pública responsable de realizar y publicar información científica de los recursos de importancia pesquera en México, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable (IMIPAS).
De por sí debilitado en los últimos siete años y habiendo sobrevivido al intento de la anterior administración por desaparecerlo, para el año 2026 el <a href="https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/pef/dpef_2026.pdf" target="_blank" rel="noopener">IMIPAS verá reducida su asignación de 800 millones, a poco más de 400 millones de pesos</a>, lo que prácticamente lo deja en situación inoperante e incapaz de generar la información que requiere el sector para recuperar la abundancia de los recursos pesqueros, o para mejorar las condiciones de las personas que dependen de la pesca como modo de vida.
Estamos presenciando, pues, un acto demagógico que afecta el destino de miles de familias, quienes verán violados sus derechos humanos esenciales y el de una Nación que pierde recursos naturales, acceso a medio ambiente sano, seguridad y soberanía alimentaria, ante la mirada indiferente de un gobierno que decía pensar en favor de los pobres.
* Esteban García-Peña Valenzuela es coordinador de Investigación y Políticas Públicas en Oceana.

La pesca en abandono y derechos humanos a la deriva

Es entendible que cada vez que se anuncia una nueva iniciativa ambiental nos emocione, porque como sociedad lo que queremos es avanzar hacia un país que respete la vida, que proteja la biodiversidad y la salud de las personas.
Sin embargo, no hay que dejarnos engañar. Muy a menudo la industria copta las narrativas y los mensajes de  las organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades y pueblos que defienden sus territorios, y las usan para el beneficio de sus propios intereses.
Este es el caso de la Ley General de Economía Circular, que demuestra que no siempre lo que se viste de verde es realmente en beneficio ambiental y de la sociedad.
Esta ley -que está siendo impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y creada muy de la mano con la industria- más que una solución es una estrategia para mantener el modelo económico que está destruyendo nuestros ecosistemas, pero ahora con un lenguaje que tranquiliza conciencias.
Esta iniciativa de ley presentada por los diputados Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué, <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/senado-aprueba-ley-general-economia-circular" target="_blank" rel="noopener">fue aprobada de manera discrecional y expedita</a>, sin ser discutida y socializada con los diferentes sectores de la población y levantando profundas preocupaciones de los riesgos que conlleva una ley así.
La misma Semarnat, la institución que debería ser la principal defensora ambiental en México, elaboró la ley en diálogo estrecho con el sector privado, mientras dejó fuera a la sociedad civil y a las comunidades que enfrentan a diario los impactos de la contaminación. Este origen ya es, en sí mismo, un síntoma preocupante. Pero lo peor es el contenido, una ley que se anuncia como ambiental y que de manera contraria privilegia criterios económicos y extractivos en lugar de priorizar la prevención, la salud y la conservación.
Esta iniciativa no nació de un proceso abierto, transparente o incluyente, y se nota. Uno de los puntos más críticos es que la ley se enfoca en la “termovalorización o quema de residuos”, a pesar de los daños documentados que estas prácticas causan en la salud de las comunidades cercanas.
Y, quizás lo más alarmante, en la ley no se aborda el tema de salud. En un país en donde miles de personas viven junto a tiraderos a cielo abierto, vertederos clandestinos y plantas que emiten tóxicos peligrosos, borrar la dimensión de salud es una irresponsabilidad grave.
En la ley también aparecen las auditorías ambientales voluntarias, un instrumento que podría ser valioso, pero que en este contexto se convierte en una vía fácil para el greenwashing. Permitir que las empresas se auditen ellas solas, obtengan beneficios regulatorios y además reciban reconocimiento público es repetir un error que ya hemos visto.
En la economía circular real, el objetivo principal es reducir al mínimo la producción de residuos y cambiar la forma en que producimos y consumimos. Aquí ocurre lo contrario, se normaliza la idea de que seguir generando residuos es inevitable y que basta con buscar maneras de sacarles provecho económico. Esto no solo distorsiona el concepto de economía circular, sino que además perpetúa un modelo que ha demostrado ser insostenible. A esto se suma que el diseño circular solo será obligatorio si resulta “ambiental, técnica y económicamente viable”, fórmula que en la práctica puede justificar casi cualquier excepción. Así, conceptos fundamentales como durabilidad, reutilización o reparabilidad quedan subordinados al criterio de rentabilidad.
Es difícil comprender cómo la Semarnat, cuya razón de ser es proteger los ecosistemas y la salud pública, puede impulsar una ley que, en varios aspectos, debilita lo que ya existe. La iniciativa incluso modifica la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para incluir principios que favorecen la termovalorización por encima de la prevención, lo cual la empeora.
Lo que México necesita no es una economía circular de discurso, sino una transformación real del sistema actual; necesitamos políticas que reduzcan la producción de residuos, que obliguen a las empresas a diseñar productos durables y reparables, que limiten la obsolescencia programada y que incorporen la salud de las personas como un criterio esencial, no como un detalle opcional. Lamentablemente, esta ley no avanza en esa dirección. Más bien consolida el “status quo” disfrazado de innovación verde.
Hoy, más que preguntarnos qué ley vamos a tener, debemos preguntarnos de qué lado estamos. ¿Del lado de quienes buscan proteger la vida, la salud y los territorios? ¿O del lado de quienes ven en la crisis ambiental una oportunidad para seguir haciendo negocio? La economía circular no puede ser un adorno retórico. Debe ser una ruta de cambio profundo. Y mientras sigamos aprobando leyes que no se atreven a cuestionar el modelo productivo que nos trajo hasta aquí, estaremos renunciando a la posibilidad de construir un futuro verdaderamente sostenible.
* Viridiana Lázaro es Campañista de Océanos Sin Plásticos en Greenpeace México. Bióloga por la UNAM y Maestra en Cambio Climático y Sustentabilidad por la Universidad de Glasgow en Escocia. Viridiana trabajó en Circular Economy Lab en Dinamarca temas de Economía Circular y en la Organización Sustrans en Edimburgo, donde estudió temas de movilidad activa y proyecciones climáticas para aumentar la resiliencia. Durante 5 años Viridiana coordinó temas de Cambio Climático y Agricultura en Greenpeace México, trabajando con diferentes organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas.

Basta de usar la economía circular como disfraz

El combate a la corrupción y la inseguridad han empeorado en los primeros 14 meses de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señala una encuesta de la consultora Enkoll, realizada para El País y W Radio, a 1201 personas en una muestra a nivel nacional (El País, 05.12.25).
El 51 % de los encuestados considera que la delincuencia, el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado constituyen el principal problema del país. Su respuesta es semejante a la que dieron en septiembre pasado, que ya indicaba la preocupación al alza de la ciudadanía en materia de seguridad, tendencia creciente en los últimos años.
Un 21 % de los encuestados opina que el gobierno federal no ha enfrentado adecuadamente el problema de la seguridad, 3 % señala que el Ejecutivo no ha puesto un alto al crimen organizado y/o se ha aliado con el narcotráfico. Solo el 5 % considera que la seguridad es el principal logro de la presidenta.
Distintos especialistas han planteado dudas fundadas sobre los datos de seguridad que ofrece el gobierno federal, que sostienen que su estrategia de seguridad es exitosa y se traduce en una reducción de los niveles de inseguridad, de manera notable en los homicidios dolosos.
No es la percepción de la ciudadanía que vive día a día el incremento real de la violencia en el país y que considera que la estrategia de seguridad del gobierno federal no está dando resultados, como este lo quiere hacer ver una intensa campaña publicitaria que se difunde en todos los medios del país, que le está dando resultados contrarios a los esperados.
En los hechos, la violencia se sostiene en muy altos niveles y aumentan de manera considerable los casos de desaparecidos y los de extorsión, a cargo de los grupos del crimen organizado, cada vez con mayor capacidad operativa, y que ya controlan más del 30 por ciento del territorio nacional. Realidad que el gobierno minimiza o francamente desconoce.
La respuesta que dio el gobierno federal al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se inscribe en la mala percepción que tiene la ciudadanía en materia de seguridad. El 51 %, considera que la respuesta fue mala o muy mala.
A casi dos meses de los hechos, las autoridades responsables no resuelven el caso. El 24 % de los encuestados afirma que ninguno de los implicados en los hechos serán castigados por su acción; el 37 % que solo serán algunos, y 34 %, que las autoridad castigarán a todos los implicados.
La encuesta de Enkoll, como otras publicadas recientemente -todas en poder del gobierno federal, más las que realiza por su propia cuenta- dan cuenta que hay un rechazo creciente de la ciudadanía a la gestión del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, pero no a su persona.
Hay una disociación creciente entre una y otra valoración: es una presidenta relativamente bien evaluada en su persona y cada vez más mal evaluada en su gestión como gobernante. Las tendencias que por ahora muestran las encuestas es que la grieta se va abrir todavía más. Habrá que ver el resultado de las próximas.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

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