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Entre la sociedad mexicana, llevamos casi 20 años sin lograr articular un relato coherente y debidamente sustentado sobre la exacerbada criminalidad que se ha vuelto parte de nuestra normalidad. Falta mucha, muchísima información para reconstruir y explicar los hechos violentos del periodo y, hasta cierto punto, esa carencia se ha vuelto también parte de la norma. Desde hace años, abunda en la comunicación oficial una narrativa que remite los asesinatos, las desapariciones, las masacres, y el hecho delictivo que se quiera a una historia de alianzas, rupturas y disputas territoriales entre cárteles. <a href="#_edn1" name="_ednref1">i</a> Muchas veces se ha pretendido hacer pasar esa narrativa como explicación, contribuyendo a fabricar un clima de opinión en el que se generaliza a víctimas y victimarios por igual, como integrantes del crimen organizado y, por tanto, como responsables de su propio destino fatal.
El colapso del aparato ministerial y judicial del Estado no solo imposibilita la obtención de reparaciones y sanciones, también la construcción de verdad partiendo del reconocimiento, también por igual, de víctimas y victimarios. Al no existir capacidades institucionales para judicializar y esclarecer los hechos delictivos, el rumor y la criminalización se han vuelto recursos básicos para generar un sentido social sobre una realidad incierta, en la que las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad son porosas y la violencia es rutinaria.
Las desapariciones son un caso ilustrativo, paradigmático incluso, de lo anterior. <a href="#_edn2" name="_ednref2">ii</a> De forma intrínseca, la desaparición forzada acarrea un profuso elemento de incertidumbre, extensible hacia el infinito en la medida en que el paradero y condición de la persona desaparecida se mantengan desconocidos. Los testimonios de las madres buscadoras dan cuenta de los estragos sociales y personales desatados por la incertidumbre. Pese a la esperanza y la memoria que propulsan sus acciones de búsqueda, entre las madres la certeza es un bien escaso, no sólo por la falta de indicios, también por la inseguridad en sus alrededores. En vez de un cuerpo con un rostro reconocible, muchas de las veces, fragmentos de hueso o ropa desgastada, de difícil o imposible identificación, son el único resultado tangible de sus búsquedas. <a href="#_edn3" name="_ednref3">iii</a> Y para obtenerlos, muchas veces las madres se adentran y exponen en medio de zonas controladas por el crimen, sin garantías de poder recurrir a las autoridades en busca de auxilio. <a href="#_edn4" name="_ednref4">iv</a>
La incertidumbre padecida por las víctimas de desaparición, incluyendo a sus familiares, es una condición más o menos difuminada entre la sociedad mexicana. La afirmación frecuente, pocas veces debatida, de que “cualquiera pueda desaparecer”, refleja que la seguridad mayoritariamente ha dejado de reconocerse como un bien público, dando pie al pesimismo social. <a href="#_edn5" name="_ednref5">v</a> Valdría la pena, sin embargo, asumir que estamos aún lejos de entender el fenómeno de la desaparición de personas: de reconocer toda la variedad de causas detrás de su aumento y disminución, de su variación geográfica, y del rol que juegan las instituciones públicas.
En este panorama, comprender la desaparición de personas exige mucho más que contabilizar casos o señalar culpables en abstracto. Implica, sobre todo, cuestionar los marcos explicativos dominantes, identificar sus omisiones y desmontar sus efectos normalizadores. La desaparición, como experiencia y como hecho político, revela el fracaso sistemático del Estado para proteger a su población, pero también la potencia de quienes, desde el dolor, han decidido no rendirse. Las madres buscadoras no sólo interpelan la negligencia institucional, sino que abren grietas en el discurso hegemónico, reintroduciendo la humanidad de quienes han sido convertidos en cifras o estigmas.
Por eso, más que resignarnos a convivir con la incertidumbre como si fuera un destino inevitable, conviene repensarla como un síntoma: de la desmemoria impuesta, del despojo del sentido común y de la urgencia de construir otras formas de verdad. El desafío no es menor. Implica rehacer el lenguaje, confrontar los silencios y devolverle nombre, historia y dignidad a cada persona desaparecida. Solo así será posible empezar a imaginar un país distinto, donde la justicia no sea un privilegio, y donde la desaparición no sea el signo más elocuente de nuestra época.
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Esta narrativa o “explicación estándar” de la violencia, ha sido desmenuzada de manera brillante por: Fernando Escalante, El crimen como realidad y representación, El Colegio de México, México, 2015.
<a href="#_ednref2" name="_edn2">ii</a> En Causa en Común hemos publicado recientemente un estudio sobre el contexto institucional que rodea a las desapariciones. Véase: Causa en Común, Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos, 2025. Disponible <a href="https://acortar.link/JeAIKA" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ednref3" name="_edn3">iii</a> Dice Natalia Mendoza: “más que la experiencia traumática de reconocer a un ser querido en un conjunto de restos deteriorados y maltratados, lo que aterra es la idea de tener que conformarse con la vaga certeza que ofrece una prueba de ADN. Para el duelo, es esencial tener la experiencia de una identificación carnal”. Véase: Natalia Mendoza, “Ver o no ver”, Nexos, 1° de junio de 2022.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">iv</a> En una etnografía sobre las jornadas de búsqueda, Claudio Lomnitz explica: “No siempre se sabe si la búsqueda será tolerada. Los colectivos de familiares trabajan sabiendo que pueden ser atacados”. Véase: Claudio Lomnitz, “Zacatecas: la zona de silencio”, Nexos, 1° de junio de 2022.
<a href="#_ednref5" name="_edn5">v</a> La última estimación del INEGI muestra que, al cierre de 2024, el 62 % de los ciudadanos consideró que la ciudad que habitan es insegura, y un 53% consideró que la situación seguirá igual de mal o empeorará a lo largo de 2025. Véase: INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 2025.

Desaparición y desamparo

El 20 de abril de 2010, la plataforma de perforación Deepwater Horizon, operada por BP (antiguamente British Petroleum), sufrió una explosión en el pozo Macondo, ubicado en el Golfo de México. Este trágico evento resultó en la muerte de 11 trabajadores y en el derrame de aproximadamente 4.9 millones de barriles de petróleo durante 87 días, convirtiéndose en el mayor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos. Sus consecuencias se sintieron durante años y, para algunas especies, incluso décadas después.
Un ejemplo son los delfines: más del 75 % de las gestaciones se vieron afectadas en la zona del derrame, y los expertos estiman que a algunas poblaciones de delfín nariz de botella les tomará entre 30 y 50 años recuperarse en el Golfo de México. Además, se reportaron más de 600 tortugas marinas y 150 delfines muertos como consecuencia directa de este derrame. Este evento es considerado el episodio de mortandad de mamíferos marinos más prolongado registrado en el Golfo de México. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
El accidente de gran escala también tuvo impactos en aguas mexicanas. Se encontró presencia de hidrocarburos provenientes de este derrame en algunas playas mexicanas del Golfo de México. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> El gobierno de México negoció una compensación de 25 millones de dólares y, hasta el sexenio de López Obrador, se entregaron 10.2 millones al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para crear programas de protección socioambiental, conservación y/o restauración del Golfo de México. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> BP pagó al gobierno de Estados Unidos 60 mil millones de dólares.
Hoy, empresas petroleras internacionales, tan grandes como BP o hasta mayores, tienen puesto el ojo en las aguas profundas del lado mexicano del Golfo de México para explorar y explotar hidrocarburos. Esto representa un enorme peligro: por cada 30 metros de profundidad, la probabilidad de un incidente crece en 8.5 %, <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> lo que implica un riesgo para los 15 millones de personas que habitan en las costas del Golfo de México; para las 30 especies de mamíferos marinos como orcas, ballenas y delfines; para las tortugas marinas; para las 1,500 especies de peces, y para el cachalote, uno de los más grandes mamíferos marinos con dientes y cazador de las profundidades. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
México tiene la oportunidad de proteger al Golfo de México y a las maravillas que viven en sus aguas y evitar catástrofes como la del Deepwater Horizon. Se puede poner freno a la expansión petrolera y fortalecer a las comunidades pesqueras que por décadas han sido desplazadas por el petróleo. México le puede poner alto a la quema de combustibles fósiles y no contribuir más a la crisis climática.
Esta transformación puede hacerla posible la primera presidenta ambientalista de México, la Dra. Claudia Sheinbaum, mediante la creación de una Zona de Salvaguarda en el Golfo de México que proteja sus aguas profundas no concesionadas. En este espacio no se permitiría la exploración y extracción de hidrocarburos, priorizando actividades de mayor beneficio social como la pesca y el turismo.
Este santuario marino, libre de actividad petrolera, protegería a especies amenazadas como el tiburón ballena, el cachalote y el tiburón martillo, así como a numerosas especies de interés pesquero que sostienen la economía y alimentación de miles de familias en toda la región.
Apostarle a proteger al Golfo de México es apostarle a la vida, a la abundancia y salud de los océanos. Es apostarle a la gente que lleva alimento a nuestros platos. Es crear una nueva forma de desarrollo que sea ambiental y socialmente justa. Por eso te pedimos que te sumes a la campaña El Golfo de México nos une y <a href="https://act.oceana.org/page/167524/action/1?ea.tracking.id=vanityurl&amp;_gl=1*9xud90*_gcl_au*MTQ4NTEwMDIyNi4xNzM4ODU3MjIw*_ga*MTA1NzIyMzAxNy4xNjY0OTg5Njgz*_ga_HT8KYEQFRH*MTc0MzQ3NjU0OC4zMTUuMS4xNzQzNDc2NTU3LjAuMC4w*_ga_05PMM8GBNZ*MTc0MzQ3NjU1Ni4yODUuMC4xNzQzNDc2NTU2LjAuMC4w" target="_blank" rel="noopener">firmes la petición</a> para pedirle a la presidenta que cree esta Zona de Salvaguarda y proteja el corazón marino de nuestro país.
* Nancy Gocher es Campañista senior y directora de incidencia.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> NOAA. (2018). <a href="https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-life-distress/deepwater-horizon-oil-spill-2010-sea-turtles-dolphinsand-whales" target="_blank" rel="noopener">Deepwater Horizon Oil Spill 2010 – Sea Turtles, Dolphins, and Whales</a> | NOAA Fisheries. Accessed May 10, 2019
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Oceana 2020. Lecciones que no podemos ignorar del derrame de BP. Recuperado de <a href="https://usa.oceana.org/wp-content/uploads/sites/4/drill-19-0004_bp_deepwater_horizon_anniversary_report_m1_finalwdoi_spreads.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> PODER (2020), <a href="https://poderlatam.org/2020/12/la-sre-gasto-en-traslados-de-personal-5-3-mdd-del-pago-de-bp-por-el-derrame-de-deepwater-horizon/" target="_blank" rel="noopener">La SRE gastó en traslados de personal 5.3 mdd del pago de BP por el derrame de Deepwater Horizon</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Muehlenbachs, L., Cohen M.A., y Gerarden T. (2013). The impact of water depth on safety and environmental performance in offshore oil and gas production. Energy Policy, 55: 699–705. doi: 10.1016/j.enpol.2012.12.074
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Oceana. (2025). El Golfo de México, Más allá del Petróleo: propuestas para su protección. DOI. 10.5281/zenodo.14984562

Golfo de México: ¿proteger nuestras aguas o repetir la tragedia?

El cardenal José Francisco Robles Ortega (Mascota, Jalisco, 1949), desde 2011 arzobispo de Guadalajara, días atrás denunció que la delincuencia organizada ha tomado el control de las festividades religiosas en el estado.
Sostiene que en muchos municipios sus líderes son los jefes de plaza y no los alcaldes electos por los ciudadanos, y son estos quienes deciden cómo, cuándo y bajo qué condiciones se deben y pueden celebrar las fiestas patronales.
Esto dice: &#8220;el jefe de la plaza es el que le dice al párroco: &#8216;Señor cura, ¿a qué hora quiere que quememos la pólvora, el castillo, el día de la fiesta? ¿A qué hora quiere que toque la banda musical? Ellos controlan, incluso, la colocación de puestos de bebidas alcohólicas y música estridente frente al atrio de la iglesia. Lo manejan como un negocio y nadie se puede oponer sin exponerse&#8221;.
Y añade que los sacerdotes y los ciudadanos se someten a las condiciones impuestas por los grupos delictivos, por un evidente temor a sufrir represalias. Ahora, la población de las comunidades vive bajo el temor, porque no ven que las autoridades apliquen la ley y por lo mismo asumen que nadie los protege.
Quien en 2007 fue nombrado cardenal por el papa <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI" target="_blank" rel="noopener">Benedicto XVI</a> asegura que “la gente se da cuenta, la gente sabe de las actividades de estos grupos, sabe de incluso quién es el desaparecido y quién se lo llevó, pero por temor a represalias o a que se repita la misma medida con un miembro de su familia, la gente prefiere callar”.
El nuevo gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro (Guadalajara, 1969), coincide con el cardenal en que la ciudadanía no denuncia las actividades de los grupos del crimen organizado en las distintas regiones del estado por miedo.
Y pide a los sacerdotes y a la ciudadanía que haga uso de la denuncia anónima: “Sabemos que hay muchas personas que tienen miedo en denunciar formalmente, pero con la denuncia anónima nos pueden decir quién los ha extorsionado, quien les está pidiendo algún derecho de piso para poderlo solucionar de inmediato y que las fiestas patronales en todos los municipios se vivan en calma”.
El cardenal se refiere de manera particular al control del territorio que los grupos del crimen organizado tienen en el estado de Jalisco, pero lo que dice vale para otras muchas regiones del país hoy en poder de los grupos del crimen organizado que diversos estudiosos del tema, también las autoridades militares de Estados Unidos, estiman que ahora equivale a un tercio del territorio nacional.
Semanas atrás, periodistas extranjeras que tuvieron oportunidad de estar en un estado de la costa en el territorio que controla un grupo del crimen organizado, me platicaban de cómo intervienen en las fiestas religiosas, pero también en todas las otras fiestas de la comunidad y de las escuelas, y son ellos quienes las financian.
Y cómo ellos “eligen” al presidente municipal y las autoridades que lo acompañan en su gestión, utilizando el membrete del partido con el que se arreglan. En los municipios en los que estuvieron, el grupo del crimen organizado controla los rastros municipales y también los presupuestos de la obra pública. En el marco de un plan estratégico, el actual gobierno federal debe darse a la tarea de recuperar el control territorial que ha perdido.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

El crimen organizado y las fiestas patronales en México

Cada 24 de abril se conmemora el Día Internacional sobre el Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, una fecha que en el actual contexto internacional adquiere una relevancia inesperada. Lejos de ser una efeméride meramente protocolaria, este día nos invita a reflexionar sobre el lugar que aún ocupa —o ha dejado de ocupar— la cooperación internacional en un mundo atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos armados persistentes y el resurgimiento de liderazgos autoritarios que erosionan desde dentro las instituciones democráticas.
Hoy, el multilateralismo no es una conquista consolidada, sino una apuesta frágil. La idea de que los grandes problemas globales —la guerra, el cambio climático, las migraciones forzadas, la desigualdad— sólo pueden enfrentarse mediante la colaboración entre Estados, se enfrenta a un momento de repliegue. Gobiernos que antes proclamaban su compromiso con el derecho internacional optan ahora por la unilateralidad; líderes que debieran sostener el diálogo apuestan por el antagonismo y, en muchas regiones, la soberanía nacional se convierte en pretexto para desentenderse del sufrimiento ajeno.
Este giro se ha producido de la mano de un fenómeno más amplio: el desgaste del espacio público como lugar de deliberación democrática. En numerosos países —México incluido— se ha vuelto habitual ver cómo se cierran espacios de participación, se deslegitima a la sociedad civil, se reducen las garantías para el ejercicio de derechos y se normaliza la presencia de los militares en tareas civiles. A medida que el autoritarismo se presenta como solución eficaz frente al caos, los valores que sostienen al multilateralismo —la corresponsabilidad, la igualdad jurídica entre naciones, la solución pacífica de los conflictos— pierden terreno.
En este panorama, la situación de México resulta especialmente preocupante. Aun cuando el país ha mantenido históricamente una tradición diplomática que reivindica la no intervención, la autodeterminación y la solución pacífica de controversias, hoy enfrenta una severa crisis de derechos humanos que desmiente cualquier discurso de paz. Las desapariciones forzadas, los ataques contra periodistas y defensores, la impunidad estructural y la expansión de las violencias —no sólo del crimen organizado, sino también del Estado— revelan una realidad lacerante. A ello se suma la creciente desarticulación de mecanismos de diálogo con la sociedad civil y una política exterior que, en lugar de abanderar los derechos humanos a nivel internacional, tiende a una neutralidad opaca. Frente a este panorama, es urgente pensar el multilateralismo no únicamente como una herramienta de los Estados, sino como un horizonte ético de las sociedades. La paz no puede ser entendida como ausencia de guerra entre naciones, sino como una construcción activa que implica combatir las múltiples formas de violencia que atraviesan lo cotidiano.
Conmemorar este día no significa idealizar el pasado ni negar las tensiones que atraviesan el sistema internacional. Significa, más bien, reconocer que la paz es una tarea inconclusa y que el multilateralismo, más que una realidad, es hoy un desafío que debemos defender. Para pensar hacia afuera México necesita, primero, mirarse hacia adentro: resolver una crisis de derechos humanos que se recrudece día con día, recuperar el espacio público como lugar de construcción colectiva y devolverle a las instituciones su papel como garantes de derechos. En este momento, el acceso a los derechos está severamente limitado por una reducción drástica de lo público, por un vaciamiento simbólico e institucional del Estado, y por graves transgresiones a la división de poderes, como lo muestra la reforma judicial recientemente impulsada. Sin un Estado que defienda la legalidad, sin instituciones sólidas, sin un espacio público vibrante, cualquier aspiración a proyectar una política exterior basada en principios de paz y cooperación será, irremediablemente, retórica vacía.
* Pablo Andrade Martínez (<a href="https://x.com/PabloAnd89" target="_blank" rel="noopener">@PabloAnd89</a>) es coordinador de la Causa de Construcción de Paz en Nosotrxs.

A propósito del Día Internacional sobre el Multilateralismo y la Diplomacia para La Paz

La película Emilia Pérez (<a href="https://www.google.com/search?sca_esv=3c1b2768c64ab720&amp;rlz=1C5MACD_enMX1120MX1125&amp;sxsrf=AHTn8zoTSQlc1nQMKwdG7KPFXd9S0E-vYQ:1742833666048&amp;q=Jacques+Audiard&amp;si=APYL9btMsmZl0P9CyeA1NmMZFYv4xkDb-_Q4WCJadY9pxozSRUxdsgCeVg8vd3gv3hf5-GCGOBd8eWjUvphcvUcHKUhXwM6OElvbxwqADFgrl-lAHFQsymKulNDeHzJRx0aEtU8P18IKEQMkVmFBQxGhe8YwrvEBJrnt_J-TKZZWbMBIMKtklSSPKQZGCPwHbByoIrzxmretJn5dqycvBn8QvdYhPTABmw%3D%3D&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiF4cSskaOMAxUWEUQIHQGsG7sQmxMoAHoECCMQAg" target="_blank" rel="noopener">Jacques Audiard</a>, director, 2024) puede ser examinada desde la óptica de la bioética y el derecho. La presente columna excluye el análisis de los aspectos narrativos, temáticos, técnicos, interpretativos y estéticos de la película; enfatiza la influencia de las determinantes sociales de salud en la transición de género, y la relación entre la vulnerabilidad social y la violencia estructural y estructurante que no se refleja de forma seria en la temática.
¿Por qué Emilia Pérez se relaciona con la bioética? Porque el tópico aborda cómo los avances biomédicos y biotecnológicos están al alcance de las personas en relación con las <a href="https://iris.paho.org/handle/10665.2/51615" target="_blank" rel="noopener">determinantes sociales de salud </a>que expone las desigualdades en el acceso a tratamientos médicos, cirugías de afirmación, y transición social y legal de género, todo lo cual plantea dilemas bioéticos y jurídicos sobre justicia y no discriminación.
Así, el personaje principal Juan “Manitas” del Monte se somete a cirugías de afirmación de género en un tiempo récord, ya que cuenta con los medios económicos y la posibilidad de efectuarlas e incluso para contratar a la abogada que lo ayuda con las gestiones de su transición y la desaparición social del “Manitas”.
La película aborda el derecho a decidir sobre el propio cuerpo e identidad, reflejando principios bioéticos y legales de autonomía y libre desarrollo de la personalidad, al tiempo que expone la desigualdad de acceso a la salud, ya que sin el dinero suficiente es muy complejo que una persona pueda agilizar su transición, debido a que los costos aproximados de las terapias integrales (endocrinológicas, psicológicas, etcétera) y <a href="https://www.multiestetica.mx/precios/cambio-de-sexo" target="_blank" rel="noopener">las operaciones de reasignación de sexo van desde los 400 000 pesos mexicanos en adelante</a>.
<a href="https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/in_222_24_09_19_35.pdf" target="_blank" rel="noopener">En 2019, Gabriela Quiroga, diputada del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta de reforma al Artículo 24 de la Ley de Salud de la Ciudad</a> de México para que las cirugías de reasignación de sexo se realicen de forma gratuita en hospitales públicos, siempre que se haya recibido, al menos, dos años de terapia hormonal y psicoterapia. Esta reforma propuesta incluía la realización de procedimientos quirúrgicos como la faloplastia, vaginoplastia, escrotoplastia, mastectomía bilateral (remoción de mamás) y gaginectomía (remoción de la vagina). Esta iniciativa no tuvo acogida, por lo que en la actualidad el acceso a dichas intervenciones está reservado para quien tiene los medios económicos. No obstante, en 2021, en la Ciudad de México (CDMX) se publicó la <a href="https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1384d92dce7e7b6dee75b81f24c079cdf31c7dc4.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI</a>, que en sus objetivos señala la protección a la diversidad sexo-genérica y la prevención de la discriminación por transfobia. Además, existe en la CDMX <a href="https://www.salud.cdmx.gob.mx/acciones/unidad-de-salud-integral-para-personas-trans-usipt" target="_blank" rel="noopener">la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans (USIPT)</a>, inaugurada en 2021 con la misión de garantizar el acceso a la salud de la población trans, para lo cual brinda servicios de salud individual integral, por ejemplo de salud mental a través de psicoterapia y apoyo en la transición, y salud comunitaria mediante el apoyo de pares para población trans y sus familiares, que incluye actividades culturales y recreativas, asesoría legal y capacitaciones.
Otro aspecto que aborda la cinta es la relación del bienestar físico, psíquico y emocional de Emilia. Su transición mejora su salud y calidad de vida; sus decisiones están orientadas a su felicidad y autorrealización; cambia su personalidad y busca una nueva identidad con lo que busca reparar el daño que el anterior “Manitas” (como jefe de un cartel de narcotráfico) había ocasionado. Dicha transición es posible por su capacidad económica y sus conexiones, pero no es una opción para <a href="https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2024/05/MPI-ESP-2024-web-130524.pdf" target="_blank" rel="noopener">la mayoría de las personas afectadas por el narcotráfico o la marginalidad en América Latina, lo que invisibiliza la realidad de quienes no pueden huir del sistema.</a>
Este renacimiento personal y resarcimiento social de Emilia se refleja en la creación de una fundación que apoya a los familiares de personas desaparecidas, una problemática real en México y que a nivel global se relaciona con la vulnerabilidad estructural social y la violencia, ya que el crimen organizado y la desaparición forzada afectan principalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, con poco poder de injerencia, incluso para el acceso a la justicia.
La película también refuerza la visión extranjera de México como un país dominado por el narcotráfico y la corrupción, sin profundizar en las causas estructurales de la violencia: contexto social, económico, político, gobernanza y gobernabilidad, los cuales se conjugan creando una estructura en la que la vulnerabilidad social es un producto evidente de las jerarquías políticas, socioeconómicas y culturales basadas en la discriminación. Además, no considera que el <a href="https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0185-013X2020000401415" target="_blank" rel="noopener">fenómeno del narcotráfico es global</a> porque responde a la demanda internacional de drogas, financia corrupción y violencia transfronteriza, impacta la salud pública y debilita economías y gobiernos. Su alcance va más allá de México, afectando a países productores, distribuidores y consumidores en todo el mundo.
<a href="https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/Mexico" target="_blank" rel="noopener">La falta de tutela judicial efectiva para los familiares de personas desaparecidas refleja una vulnerabilidad estructural vinculada a la corrupción en sectores públicos y privados, generando inseguridad jurídica y social.</a> Sin embargo, la película presenta una visión simplista de las autoridades y el sistema judicial, reduciéndolos a figuras ineficaces o corruptas, sin mostrar los esfuerzos internos por combatir la impunidad. Al punto que plantea la paradoja en la cual un exnarcotraficante, con varios delitos cometidos, queda impune y se convierte en una “santa” al querer resarcir, de alguna manera, los crímenes de la identidad anterior de Emilia.
La película también aborda la muerte social a través de la desaparición forzada y la transformación del &#8220;Manitas&#8221; en Emilia, evidenciando qué vidas merecen ser reconocidas y cuáles son borradas. Esto refleja cómo los determinantes sociales generan privilegios y vulnerabilidades en un contexto de violencia estructural. Además, estos ejemplos resaltan el principio bioético de la solidaridad: mientras las familias de <a href="https://imdhd.org/redlupa/eventos/desapariciones-en-mexico-siguen-sin-ser-prioridad/" target="_blank" rel="noopener">los desaparecidos</a> luchan colectivamente por justicia, Emilia encuentra apoyo en quienes la validan y reconocen. Ambas narrativas subrayan el papel crucial de las redes de apoyo en escenarios de violencia y exclusión.
Por lo tanto, la película Emilia Pérez muestra cómo los avances tecnocientíficos en medicina y sociedad dependen de los determinantes sociales en salud, generando exclusión en el acceso a la biomedicina y biotecnologías. Además, evidencia cómo la violencia estructural —no sólo en México, sino a nivel global— refuerza la discriminación, desigualdad, pobreza e injusticia, y normaliza la violencia. Aunque la película no profundiza en ello, <a href="https://memoriamndm.org/" target="_blank" rel="noopener">la solidaridad y las redes de apoyo</a> son clave para resistir este sistema, donde los intereses de los grupos de poder no deben prevalecer sobre los derechos humanos, la dignidad y la justicia.
* Claudia Orellana Robalino es abogada políglota con cédula profesional en Ecuador y México; es asesora legal en temas de bioética y derecho; máster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona, y cuenta con estudios en Estados Unidos, Ecuador, México y España. Además, es autora de artículos académicos, profesora de bioética, editorialista en el diario digital Tiempo Real, miembro de asociaciones de bioética y derecho en América Latina, y activista por la libertad y principios de derechos humanos.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

Entre identidad y desigualdad: Emilia Pérez a la luz de la bioética y el derecho

<a href="https://violenciaypaz.colmex.mx/publicacion/nuevas-fronteras-en-el-reclutamiento-digital-estrategias-de-reclutamiento-del-crimen-organizado-en-tiktok" target="_blank" rel="noopener">Nuevas fronteras en el reclutamiento digital</a> es una investigación del Seminario sobre Violencia y Paz —en colaboración con el Civic A.I. Lab de la Universidad de Northeastern— que presenta una radiografía del comportamiento criminal en TikTok. Dicho estudio documenta la actividad de 100 cuentas utilizadas por organizaciones criminales en México y Centroamérica, cuyos objetivos principales van desde el reclutamiento y la divulgación de propaganda criminal, hasta la venta ilegal de armas.
El análisis revela cómo distintas facciones del crimen organizado se sirven de TikTok para construir identidades, símbolos y comunidades que les han permitido alcanzar a las audiencias más jóvenes. Más allá de la violencia y los tortuosos procesos de entrenamiento a los que son sometidos los nuevos reclutas, las cuentas buscan promover una visión glamourosa de ‘la maña’. Imágenes de jóvenes posando con armas de alto calibre, automóviles de lujo, joyería ostentosa y fajos de dinero inundan las redes sociales. Para quienes buscan poder y dinero, la promesa de una vida de ensueño se muestra a tan sólo un clic de distancia.
De acuerdo con el informe, el contenido de reclutamiento que fue analizado ofrecía hospedaje, buena paga, entrenamiento y, ocasionalmente, hasta vacaciones pagadas. Estos incentivos propiciaban que entre las publicaciones abundaran los comentarios de presuntos jóvenes pidiendo información para poder incorporarse a las fuerzas criminales. Cabe destacar que la investigación sugiere que puedan existir distintas estrategias para atraer a hombres y a mujeres al entorno criminal, ya que se encontraron cuentas dirigidas exclusivamente a audiencias femeninas, en particular a “estudiantes y madres solteras” que estuvieran buscando oportunidades de crecimiento.
El contenido producido por estas cuentas suele ir acompañado de iconos y símbolos que distinguen a las facciones criminales entre sí. Por ejemplo, dicho estudio identificó que los emojis de gallo y de pizza son utilizados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y por la Chapiza del Cártel de Sinaloa, respectivamente. Estos símbolos permiten que los jóvenes se adhieran a una identidad criminal y la utilicen como un estandarte en sus interacciones en línea. Algunas cuentas incluso mostraban actividad de menores de edad adoptando estas referencias y dirigiéndose a los miembros de los cárteles en busca de empleos.
Otra pieza que destaca la investigación es el uso de hashtags y palabras clave para facilitar que las publicaciones tengan un mayor alcance. Algunos —como #trabajoparalamaña— no estaban relacionados con ninguna organización criminal; mientras que otros de ellos hacían referencias explícitas a líderes de algunos cárteles mexicanos —como #gentedelmz y #señormencho—. De la misma forma, los videos eran publicados con distintos audios que facilitaban que las publicaciones tuvieran mayor alcance, especialmente entre quienes disfrutan de los narcocorridos y canciones urbanas que versan sobre la vida criminal.
El estudio desmenuza cómo varían las expresiones criminales en TikTok, según el grupo que lo promueve. Por ejemplo, el documento expone que las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación están mayormente orientadas a temas de reclutamiento, mientras que la presencia del Cártel de Sinaloa está marcada por las rivalidades entre la Mayiza y la Chapiza. Otras organizaciones, como el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y los Caballeros Templarios optan por mantener un perfil más bajo en redes sociales y las escasas publicaciones que fueron vinculadas con ellos se relacionan con temas propagandísticos y, en menor medida, de reclutamiento.
Si bien una gran proporción de la muestra analizada correspondía a cuentas asociadas con organizaciones criminales, otra gran parte pertenecía a usuarios independientes que utilizaban TikTok para promover un estilo de vida relacionado con el desarrollo de actividades ilícitas. Algunas cuentas más estaban orientadas a ofrecer cruces ilegales a través de la frontera con Estados Unidos para quienes migran en busca de mejores oportunidades. Otras tantas invitaban a los espectadores a obtener grandes beneficios económicos mediante negocios retorcidos. Lo cierto es que el lado oscuro de TikTok alberga distintas formas de criminalidad que coexisten y se transforman rápidamente.
Nuevas fronteras en el reclutamiento digital es un primer esfuerzo por comprender las manifestaciones del crimen organizado en las redes sociales y la forma en que su cultura va permeando entre las generaciones más jóvenes. Avanzar en estos temas es imprescindible para poder comprender el fenómeno del reclutamiento en línea y cómo éste se asocia con la crisis de desapariciones que estamos enfrentando en México. Este estudio representa un primer paso para hacer que las pantallas del crimen organizado comiencen a apagarse.
* Montserrat Campos es egresada de la Licenciatura en Política y Administración Pública en El Colegio de México. Actualmente se desempeña como Coordinadora del Laboratorio de Odio y Concordia en el Seminario sobre Violencia y Paz.

Las pantallas del crimen: estrategias de reclutamiento digital

El inicio de las campañas de los aspirantes a integrar el Poder Judicial confirma que elegir por votación popular a jueces, magistrados y ministros es una muy mala idea. La información disponible de los aspirantes es demasiado general, y salvo el gremio de los abogados, el interés por participar es prácticamente inexistente. La especialización de quienes imparten justicia sólo es valorable por quienes comparten esa profesión.
Seguramente entre los diversos aspirantes hay profesionales valiosos a los que valdría la pena apoyar, pero para quienes no somos abogados, es muy complicado distinguir la idoneidad de los perfiles que se nos ofrecen. Es una elección en la que participarán de manera informada únicamente quienes integran el gremio de los abogados. Los demás somos mirones de palo.
Es evidente que el examen riguroso de los perfiles, la pretensión de mejorar y profesionalizar al Poder Judicial no fue lo que animó al legislador a elaborar la ley; los verdaderos electores no están en la calle, son los comités de evaluación de los distintos poderes quienes, con criterios diversos y alejados de la transparencia, terminaron de confeccionar las listas de quienes aparecerán en las distintas boletas. Los electores primigenios son los tres poderes de la unión.
Por ello es muy preocupante el daño que le hizo a la equidad de la contienda la reciente sentencia del Tribunal Electoral que corrige al INE, reinterpreta la Constitución y les permite a los poderes públicos promover la elección. Si la idea de elegir a los integrantes del Poder Judicial es mala, la ley que regula dicha elección es peor.
A los Poderes Ejecutivo y Legislativo los elegimos bajo estándares muy rigurosos y acreditados en todo el mundo; lo que sucederá con el Poder Judicial se aleja sustancialmente de todas las garantías que nos dimos para la renovación de los otros dos poderes.
Pero si la ley es mala, la instrumentación no ha hecho sino agravar los problemas de la ley. Del lado de la autoridad administrativa hemos visto decisiones que relajan la cadena de custodia e incrementan la incertidumbre, si le sumamos la insuficiencia presupuestal a la que la sometieron, el horizonte es ominoso.
Por lo que hace a la autoridad jurisdiccional, el sometimiento a la voluntad del oficialismo es escandaloso: la única certidumbre que generan sus actos es que le darán la razón siempre a cualquier queja promovida por Morena y sus aliados.
En medio de ese desorden institucional, sólo hay algo que no podemos olvidar: la elección es ineludible y la transformación del Poder Judicial es inevitable. Lo mejor que podemos hacer quienes estamos interesados en evitar la debacle absoluta del Poder Judicial es encontrar canales confiables para obtener la información necesaria para orientar nuestro voto. El dilema ético no es fácil, la operación no es sencilla.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Poder judicial: elección entre abogados

No es novedad, lo hemos leído y escuchado en múltiples espacios y desde distintas voces: los algoritmos pueden reforzar las desigualdades y seguir perpetuando estereotipos y decisiones basadas en prejuicios inconscientes.  Quiero destacar un sesgo que sigue pasando desapercibido en la conversación tecnológica y ética: la discriminación por edad. La IA no es la excepción y podemos decir que sí, que la IA también está resultando edadista.
Los algoritmos no son mágicos. Se alimentan de datos y el componente humano de la tecnología aún no se puede omitir.  El <a href="https://www.itreseller.es/formacion/2024/08/el-22-de-los-profesionales-que-participan-en-la-puesta-en-marcha-de-los-sistemas-de-ia-son-mujeres" target="_blank" rel="noopener">22 % de las profesionales </a>que alimentan los sistemas de IA son mujeres y además son en su mayoría jóvenes. El promedio de edad de las y los desarrolladores en la IA ronda de los<a href="https://survey.stackoverflow.co/2023/#developer-profile-demographics"> 25 a 34 años</a>. Si los datos y el desarrollo parte de los estereotipos sobre el género, la edad, el envejecimiento y las creencias que le acompañan, podemos ver el efecto de las decisiones y los resultados que pueden proyectarse. Esto no es necesariamente una decisión predefinida, pero es un proceso inconsciente de exclusión estructural.
Un ejemplo claro se encuentra en las representaciones generadas por la IA cuando se le solicita crear imágenes o videos de personas mayores. Si pones “mayor de 50 años”, casi siempre aparece una persona de pelo blanco, con arrugas y en actitud poco sonriente. Los hombres salen mejor librados, las mujeres normalmente aparecen en actitud senil y con expresión de amargura. Esto a muchas personas puede no sorprenderles porque vivimos en una sociedad profundamente gerontofóbica y estás imágenes simplemente expresan un estereotipo sobre la edad y cómo deben ser las personas a partir de cierta edad.
La realidad es que hoy la ciencia y el desarrollo en materia de salud y bienestar están desafiando esos prejuicios. Las “personas mayores” o mayores de 45 y 50 años tienen una expectativa de vida distinta y, sobre todo, un panorama diferente respecto a la calidad de vida a la que aspiran. Las y los “ancianos” no pueden ir en el mismo saco porque sus vidas son diversas, con distintas necesidades, contextos, experiencias, condiciones y realidades. Si en el mundo analógico esto no acaba de comprenderse, en el espacio virtual y en los sistemas de IA, esto es un reto mayor.
Es difícil que esta diversidad pueda expresarse en los resultados de la IA (las imágenes son sólo la punta del iceberg). Las preguntas obligadas son: ¿cómo nutrir los sistemas de IA para que tengan la información real, fidedigna y representativa de este grupo etáreo y que las respuestas y propuestas  creadas, sobre todo por la IA generativa, sean acordes con la realidad?
Está demás decir que si los datos básicos y el desarrollo están fundamentados en estereotipos, prejuicios o simples omisiones, sus decisiones replicarán esas mismas fallas.
Veamos el efecto de los algoritmos de la IA en otro ámbito: el laboral. Diversas <a href="https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:633f21a3-96a2-4f54-ac0b-e067c39f8e1f" target="_blank" rel="noopener">investigaciones</a> han demostrado que algunos algoritmos de reclutamiento descartan automáticamente a personas mayores de 50 años. ¿La razón? Su historial laboral no se ajusta al “perfil joven-digital” que la máquina fue entrenada para valorar. El resultado: el sistema penaliza la experiencia en lugar de valorarla.
¡Qué paradoja! De acuerdo con el BID, la economía plateada representa <a href="https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-socios-se-comprometen-desarrollar-la-economia-plateada" target="_blank" rel="noopener">22 billones de dólares</a> anuales en el mundo. Estamos hablando de un mercado en crecimiento. América Latina es la región que está envejeciendo con mayor velocidad. Sin embargo, este grupo sigue siendo invisible en el diseño de productos, servicios y plataformas digitales. Las interfaces no están pensadas para sus capacidades visuales, auditivas o cognitivas. Las apps de salud, las bancarias, los trámites digitales: todas se diseñan con la juventud como estándar. ¿Y las  demás personas?
La Organización Mundial de la Salud lo señaló en el <a href="https://iris.paho.org/handle/10665.2/55871" target="_blank" rel="noopener">Informe mundial sobre el edadismo</a>: la discriminación por edad es una barrera estructural que afecta la salud, el acceso a derechos y ahora también la relación con la tecnología. Esto no puede disociarse del <a href="https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics" target="_blank" rel="noopener">uso ético</a> de la Inteligencia artificial que plantea la UNESCO.
La ética algorítmica no puede ser un lujo,  una moda o una cuestión exclusiva del ámbito académico. Tiene que ser un principio transversal y un compromiso cotidiano.  Esa ética debe incluir la dimensión etaria. Porque si no exigimos y promovemos auditorías con enfoque generacional, si no integramos a personas mayores en las pruebas de usuario y en los procesos de co-creación tecnológica, estaremos fortaleciendo la creación de un futuro digital profundamente excluyente.
Este no es un problema exclusivo de Silicon Valley. También es latinoamericano. También es mexicano. Y también es feminista, porque el edadismo golpea doble a las mujeres mayores: por ser mujeres y por no ser jóvenes: se les hace invisibles y penaliza por partida doble.
La tecnología puede ser una herramienta de desarrollo y crecimiento o de opresión y exclusión. Todo depende de quién la diseña, con qué datos y con qué intención. Hoy tenemos una oportunidad histórica para construir una inteligencia artificial más justa, más humana, más intergeneracional.
Tenemos que hacernos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿A quién estamos dejando fuera del futuro digital?

La IA también discrimina por edad

Si viene una persona de otro planeta y se sienta en alguna de las conferencias que el gobierno federal ofrece en materia de seguridad, para luego salir de la tierra, se iría con mucho gusto por el buen estado que guarda nuestro país en la materia. Pero si bajara a otra parte, esperara un poco más antes de irse y acompañara por ejemplo a las madres buscadoras, se llevaría una noticia muy diferente, ¿cuál de las dos es cierta?
Estos contrastes nos enseñan mucho sobre lo que es la seguridad y lo que decimos que es la seguridad. La experiencia de la seguridad tiene dos ámbitos: el que llamamos “objetivo” y el subjetivo. Lo primero es lo que podemos verificar con hechos materialmente verificables, lo segundo es la manera como percibimos y relatamos aquello. ¿Es falso lo que se dice en las conferencias presidenciales y del sector federal de la seguridad? Digamos que no -haciendo a un lado la discusión sobre la calidad de los sistemas de registros de los delitos-. ¿Es falso el relato de las madres buscadoras? No.
Si en principio decimos que ambos relatos son la verdad de quien los narra, entonces con qué nos quedamos. México vive una afortunada etapa de construcción de seguridad con prácticamente todos los registros de delitos a la baja. O bien el país vive una etapa donde las atrocidades a manos criminales se han multiplicado ante un Estado incapaz de construir seguridad. ¿Todo bien? ¿Todo mal?
Entonces, ¿es posible que ambas sean verdad? Veamos algo de evidencia. Casi uno de cada tres hogares tuvo al menos una víctima del delito en 2023. En este año ocurrieron 31 millones de delitos y <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVIPE/ENVIPE_24.pdf" target="_blank" rel="noopener">en 92 % “no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación</a>. Ahora bien, 7 de cada 100 delitos que llegaron a las fiscalías estatales contó con una resolución durante el mismo año y<a href="https://www.mexicoevalua.org/la-impunidad-en-mexico-permanece-por-encima-del-90-hallazgos-2023/#:~:text=La%20impunidad%20se%20ha%20mantenido,en%20el%20reporte%20Hallazgos%202023.&amp;text=El%20%C3%8Dndice%20de%20Impunidad%20estima,respuesta%20efectiva%20durante%20el%20a%C3%B1o" target="_blank" rel="noopener"> la impunidad se ha mantenido por encima del 90 %</a>. Los hechos: sub denuncia masiva, cifra oscura masiva e impunidad masiva.
Vamos más a fondo. Entonces de qué hablamos cuando hablamos del registro de delitos. Nos dijeron por décadas que el homicidio no tenia cifra oscura; lo decían -o dicen- quienes no han salido a hablar con las familias de las víctimas mortales, por ejemplo, de conflictos históricos por la propiedad de la tierra. Y lo dijeron o dicen quienes buscan aún hoy esconder la realidad, pase lo que pase.
Pero ahora sabemos lo siguiente: 1) En un cantidad incuantificable las personas desaparecidas son asesinada y los restos se destruyen a través de múltiples formatos de manera que la identificación es imposible; 2) En un cantidad cuantificada los restos de las personas desaparecidas y asesinadas están en instalaciones forenses sin identificación (<a href="https://www.idheas.org.mx/publicaciones-idheas/crisis-forense-en-mexico-desaparicion-de-personas/" target="_blank" rel="noopener">más de 72 mil</a>); 3) Personas especialistas que han acompañado el diseño de instrumentos empíricos para medir el número de víctimas, hace dos años nos confirmaron que estas herramientas ya no alcanzan a recoger respuestas en lugar donde el domina el temor entre quienes habitan territorios con atrocidades crónicas, y 4) Testimonios de víctimas confirman que la captura de las fiscalías por la delincuencia organizada incluye la operación coordinada para desparecer cuerpos de personas asesinadas por la delincuencia organizada: “sin cuerpo no hay delito”.
Nos sabemos de qué tamaño es lo que no sabemos, pero sí sabemos que la inmensa mayoría de los delitos no es registrada. Y tenemos indicios suficientes para afirmar que la sub denuncia crece a consecuencia de fenómenos que escapan a cualquier medición. Cada vez que informa el gobierno federal de la seguridad sin incluir un mapa integral que incluya la prevalencia de las víctimas, la cifra negra, la impunidad y los resultados asociados a las metodologías de medición de las violencias criminales organizadas, ya sea oficiales o independientes, seguirá tratándose de una representación simbólica de la seguridad.
Es decir, más asociada a la dimensión subjetiva que a la “objetiva”. Habrá quien afirme, tal vez no sin razón, que justamente de eso se trata.
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Seguridad en México, entre relatos: todo bien y todo mal

La noche del 27 de marzo de 2023 olía a plástico derretido, a miedo encerrado, a cuerpos atrapados detrás de barrotes que no cedieron. En la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, los gritos no atravesaron los muros, las llamas sí. A las 21:30, un incendio iniciado con colchones encendidos en protesta —dicen— comenzó a devorar el oxígeno de la celda masculina. Desde las cámaras de seguridad, se ve: los guardias se alejan, algunos miran, otros cierran puertas. No hay urgencia, no hay auxilio.
Los 68 hombres encerrados gritan, golpean los barrotes, patean las paredes. Algunos intentan trepar, otros rezan, todos suplican. Pero el fuego ya ha cruzado su umbral, y lo hace con el silencio de una política que nunca los nombró por su nombre. Cuando por fin se abre la reja, ya es demasiado tarde: 40 migrantes —guatemaltecos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, colombianos— han muerto calcinados o asfixiados. Otros 27 quedaron heridos, muchos de ellos con quemaduras en el rostro, las manos, la memoria.
Cuatro años antes del incendio que reveló la crisis humanitaria en la política migratoria del país, en junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombraba a Francisco Garduño Yáñez como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), tras la renuncia del Dr. Tonatiuh Guillén. Durante la ceremonia de toma de protesta, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la trayectoria de Garduño y afirmó: “Estoy segura que trabajaremos juntos para cumplir con las instrucciones del presidente e iniciar una nueva etapa en el Instituto”. Por su parte, López Obrador expresó su confianza en Garduño, a quien conocía desde su gestión en la Ciudad de México, y señaló que su trabajo había sido “muy bueno hasta ahora”, subrayando que lo conocía desde hacía muchos años.
¿Cómo se muere en un incendio sin poder escapar? Primero se vuelve espeso el aire. No se ve el fuego, pero se siente: sube la temperatura del aliento, el humo se cuela por la nariz, por la garganta, por los ojos que arden como si lloraran gasolina. La piel se humedece de un sudor extraño —térmico, pegajoso— y la garganta se cierra, como si algo la apretara desde dentro.
Luego, se va el sonido. No porque no haya gritos, sino porque el cuerpo ya está ocupado sobreviviendo a lo mínimo: respirar. El humo negro llena los pulmones como una manta caliente y ácida. Los bronquios se queman. Los párpados se inflaman. Y el cuerpo, aún con vida, comienza a desmayarse por dentro.
Cuando el fuego se hace visible, ya es tarde. Lame la ropa, sube por las piernas, derrite los cordones de los zapatos. Algunos intentan aplastar las llamas con las manos. Otros intentan trepar las paredes o romper con los pies las rejas de acero que no ceden. En ese encierro no hay alarma ni extintor ni agua ni llave.
Los minutos se dilatan, y quienes no mueren calcinados, mueren de asfixia térmica: el oxígeno escapa primero que la vida. El cuerpo se derrumba. La piel se resquebraja. La muerte no llega como un descanso, sino como la imposición de lo irremediable.
En Ciudad Juárez, 40 hombres pasaron por esto. Y nadie, del otro lado de la reja, intentó evitarlo.
El 13 de abril de 2025, un tribunal federal de apelación ratificó la suspensión condicional del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. A pesar de haber sido imputado por ejercicio indebido del servicio público —cargo relacionado directamente con su responsabilidad jerárquica en la tragedia de Ciudad Juárez—, Garduño no irá a juicio. El tribunal consideró que había cumplido con las condiciones impuestas por un juez en enero: ofrecer una disculpa pública, supervisar centros migratorios, implementar un supuesto plan de reparación del daño y garantizar indemnizaciones. Pero estas medidas, en su mayoría simbólicas y financiadas con recursos del erario, fueron impugnadas por las organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas. Denunciaron que la reparación no fue adecuada, que no hubo justicia restaurativa real y que, una vez más, el sistema judicial exoneró al poder político. Aun así, el fallo quedó firme. Garduño, exonerado sin juicio, continuará su vida lejos del humo y del encierro.
El triunfo de la impunidad, castigos selectivos, perdón a los amigos. Mientras Garduño recibe el beneficio de la suspensión condicional y camina libre, al menos cinco funcionarios de menor rango —agentes migratorios y guardias de seguridad privada— siguen detenidos, acusados por omisión o negligencia. Las familias de estos trabajadores denuncian el doble rasero: a ellos, cárcel sin clemencia; a Garduño, la absolución protegida por una vieja lealtad política. “Él sí es amigo del presidente… por eso está libre”, dijo una de las esposas de los detenidos. La justicia, otra vez, midiéndose con vara política.
En Ciudad Juárez, la herida no cierra. A dos años del incendio, colectivos como Casa del Migrante, Uno de Siete Migrando y familiares de las víctimas mantienen vivas las preguntas que el Estado no quiere responder. ¿Por qué nadie abrió la reja? ¿Por qué no hay responsables reales? En actos pequeños, pero constantes —altares improvisados, ofrendas en la banqueta, vigilias frente a la antigua estación migratoria— insisten en que esos 40 nombres no serán borrados. “No fue un accidente, fue abandono. Los dejaron morir”, repite doña Irma, madre de un joven hondureño que buscaba cruzar a Texas. Cada palabra suya resiste el olvido. Cada vela encendida en Juárez ilumina lo que el fallo judicial intenta oscurecer.
¿México no aguanta más? Los agravios se acumulan, la justicia sigue siendo una promesa postergada, y los mecanismos del Estado parecen diseñados para proteger a los aliados mientras castigan a los de siempre. La muerte de 40 migrantes en una celda cerrada no puede explicarse solo como una tragedia: fue el resultado de decisiones políticas, de omisiones estructurales, de una mirada que convierte a las personas en cifras prescindibles. Hoy, la exoneración de Francisco Garduño envía un mensaje inquietante: el poder, una vez más, actúa como si pudiera salir ileso del fuego que ha contribuido a encender. Pero hay heridas que no se cierran, hay memorias que no se apagan. Y aunque el expediente se archive, lo que pasó esa noche en Ciudad Juárez seguirá ardiendo en la conciencia de un país que no debería acostumbrarse.

Fuego y olvido: el caso Garduño y las llamas que no se apagan

La madrugada del 8 de abril de 1995 el gobierno del Distrito Federal desplegó un operativo extraordinario en diversos puntos de la capital del país. Era sábado y estaba por comenzar la Semana Santa, por lo que el gobierno del regente Óscar Espinosa Villarreal consideró que el momento era oportuno para actuar.
Apoyados por los granaderos del Distrito Federal, y con las alertas encendidas en la Secretaría de Gobernación e incluso en la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Espinosa dio la orden de tomar los 50 módulos de la empresa Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100.
La toma de los módulos era el paso fundamental para declarar la quiebra de la empresa paraestatal e iniciar el proceso de liquidación, pero no el único. En paralelo, el gobierno de Espinosa Villarreal pidió a la Procuraduría capitalina ejecutar órdenes de aprehensión previamente obsequiadas por un juez en contra de algunos de los líderes del Sindicato de Ruta 100 (Sutaur 100), y procedió a la toma de las instalaciones administrativas.
La decisión, adoptada en los primeros meses del gobierno de Ernesto Zedillo, en plena crisis económica tras su rompimiento con Carlos Salinas y el famoso “error de diciembre”, dio origen a un largo conflicto laboral, social y político, y cambió en definitiva el rostro de la Ciudad de México.
No es exagerado decir que la quiebra de Ruta 100 fue la decisión que precipitó la caída del PRI en la capital del país, y fue uno de los más importantes cimientos en los que la izquierda basó la estrategia con la que ganó el gobierno en 1997.
Muchos de los grupos políticos que se habían organizado en torno al Movimiento Urbano Popular tras los sismos de 1985, y que en 1988 respaldaron la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, encontraron en la quiebra de la empresa de transporte un motivo de lucha que los aglutinó y reorganizó en contra de las políticas neoliberales.
¿Qué más neoliberal que la decisión de Ernesto Zedillo de quebrar la empresa pública de transporte en plena crisis económica, para dar paso a un esquema de concesiones a empresas transportistas privadas?
Justo en ese mes, Zedillo y la mayoría priista en la Cámara de Diputados habían aplicado otra medida que cargaba en la población el costo de los errores económicos del salinismo: aumentar la tasa del IVA del 10 al 15 por ciento.
No en vano todo un crisol de personajes de diferentes corrientes de la izquierda con presencia en la capital se dejó ver en la larga etapa de manifestaciones en solidaridad con el Sutaur 100: desde Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano y Dolores Padierna, hasta Armando Quintero, Martí Batres y la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La quiebra era una decisión administrativa, que buscaba frenar la sangría de recursos públicos que cada año el gobierno local debía destinar a Ruta 100, pero también política, pues se buscaba desactivar a los líderes sindicales (marcadamente a Ricardo Barco y Gabino Camacho), que a su vez eran dirigentes del Movimiento Proletario Independiente (MPI), un grupo de izquierda radical con presencia en la periferia de la ciudad, al que Zedillo acusaba de tener nexos con la guerrilla zapatista que un año antes se había levantado en armas en el estado de Chiapas.
Todos los ingredientes de una apasionante trama política fueron apareciendo en escena: el operativo en la oscuridad de la madrugada para tomar los módulos, el espionaje a los líderes sindicales para seguir sus movimientos y poder detenerlos sin que pusieran resistencia y, posteriormente, una serie de trágicos acontecimientos.
La muerte del secretario de Transportes que había sido el responsable de ejecutar la decisión: Luis Miguel Moreno, que según la versión oficial de suicidó, aunque su cuerpo apareció en su despacho con dos balas en el pecho el lunes 10 de abril, dos días después del operativo de quiebra.
El homicidio del fiscal del caso, Jesús Humberto Priego Chávez, el 18 de junio de 1995, que fue presentado por el gobierno como un crimen cometido en un intento de asalto.
Un día después, el asesinato del magistrado Abraham Polo Uscanga, quien se había negado a liberar las órdenes de aprehensión que le habían sido requeridas por el gobierno para detener a los dirigentes del sindicato.
Eso, y un sinfín de manifestaciones en las principales avenidas del primer cuadro y afuera de los módulos de Ruta 100, donde más de una vez hubo sangrientos enfrentamientos entre trabajadores que intentaban recuperar las instalaciones, y granaderos que les impedían el paso.
<h2>¿Qué era Ruta 100 y por qué era tan importante?</h2>
La empresa paraestatal Ruta 100 fue creada en 1981 por el regente Carlos Hank González, y fue uno de los últimos actos del gobierno del presidente José López Portillo.
La decisión se tomó para desarticular lo que entonces se conocía como “el pulpo camionero”, un grupo de dirigentes del transporte que controlaban todas las rutas de servicio en el DF y la zona metropolitana, que habían llegado a acumular gran riqueza y poder, y que podían paralizar la ciudad cada vez que el gobierno les negara un aumento a las tarifas.
El “pulpo camionero”, conocido formalmente como Alianza de Camioneros de México, era lidereado por los también priistas Isidoro Rodríguez y Rubén Figueroa, empresario del ramo que también fue gobernador de Guerrero de 1975 a 1981.
Para crear Ruta 100 fue menester pactar con ellos para revocarles sus concesiones y renovar la flotilla de autobuses, lo que dio pie a la aparición de nuevos autobuses Mercedes Benz, cuyo concesionario en México era ni más ni menos que el regente Carlos Hank González (pura corrupción, en pocas palabras).
Así pasamos de los viejos Delfines y Guajoloteros, a los Ruta 100, que primero eran color café con amarillo, y después, en el sexenio de Carlos Salinas, azules con gris para dar una impresión de que eran “más ecológicos”.
En poco más de una década, la Ruta 100 creció hasta operar con más de 7 mil 500 unidades que cubrían 207 rutas por todo el DF y municipios conurbados del Estado de México. Llegó a transportar a 2.8 millones de usuarios diariamente, y su sindicato contaba con más de 12 mil trabajadores.
Sin embargo, la demanda de transporte de la capital era tal, que en 1987 el gobierno reabrió las concesiones, esta vez a empresarios que adquirieron combis y microbuses, que poco a poco fueron desplazando a los autobuses de Ruta 100, hasta inundar la Ciudad de micros y “peseras”, tal como la padecemos en la actualidad.
Al momento de la quiebra de Ruta 100, el Sutaur era un poderoso sindicato que año con año negociaba un contrato colectivo con jugosas canonjías que no siempre llegaban a toda la base de trabajadores.
Ricardo Barco, además de ser un líder sindical y social, con un discurso de izquierda cercano al maoísmo, era un hombre adinerado al que más de una vez se le acusó de corrupción y de mantener el control del sindicato con prácticas gangsteriles.
El conflicto de Ruta 100 duró hasta finales de 1996, y concluyó con una negociación que provocó la liberación de los líderes sindicales, la creación de un esquema de empresas para operar los codiciados ramales de la paraestatal (al menos una de ellas quedó en manos de una cooperativa dirigida por Barco y sus allegados), y la creación en el año 2000 de un organismo sustituto: la Red de Transportes de Pasajeros (RTP), que conecta zonas periféricas de la Ciudad con la red del Metro, actualmente con mil 300 autobuses que circulan en 103 rutas.
<h2>Efectos políticos de la quiebra</h2>
Mientras el conflicto entre el gobierno de Óscar Espinosa y el Sutaur 100 seguía su curso, el gobierno y los partidos políticos pactaron una reforma política que daría paso a la primera elección democrática de un jefe de gobierno en la capital del país.
La elección ocurrió en 1997 y en ella resultó ganador el PRD y su candidato Cuauhtémoc Cárdenas.
Aquella elección dio paso a una larga etapa de gobiernos de izquierda en la capital, primero bajo las siglas del PRD (Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera), y luego con la bandera de Morena (Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Clara Brugada).
Junto a esas jefas y jefes de Gobierno, varias generaciones de líderes de izquierda se han acomodado en el Congreso de la CDMX (antes Asamblea Legislativa) y en las 16 alcaldías.
Sus gobiernos han sido de claroscuros y, en buena medida, han terminado emulando las prácticas clientelares con las que gobernó el PRI antes de que hubiera democracia en la Ciudad.
Bien podría llamársele “la generación del sismo”, pero también “la generación Ruta 100” a esa pléyade de personajes que encontraron en la quiebra de la empresa de transporte un buen impulso para sus carreras políticas.
En 30 años, ya sin Ruta 100, la política de transporte y movilidad implementada por estos gobiernos de izquierda también es de claroscuros: sólo han construido una línea del Metro (la polémica línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac), pero han acondicionado ocho líneas de Metrobús y dos líneas de Cablebús.
La RTP opera y sustituye al Metro en sus cada vez más frecuentes fallas de servicio. Hay un sistema eléctrico de Trolebuses y Tren Ligero, y un sistema de bicicletas (Ecobici) que se deteriora aceleradamente.
Hoy existe una tarjeta electrónica de movilidad multimodal, pero la movilidad de la Ciudad sigue siendo uno de los principales problemas para los ciudadanos y un desafío para la autoridad.
Las cifras son impresionantes: en un lunes hábil, se realizan 3.8 millones de viajes en Metro, 1.3 millones en Metrobús, 320 mil en Trolebús, 302 mil en RTP, 135 mil en Cablebús, 126 mil en Tren Ligero y 70 mil en Ecobici, según <a href="https://app.semovi.cdmx.gob.mx/MI_movilidad/" target="_blank" rel="noopener">datos de la Secretaría de Movilidad de la CDMX</a>.
Hoy, 30 años después de aquella madrugada de abril, ya no hay Ruta 100 ni un poderoso sindicato detrás, y lo cierto es que nadie los extraña.

A 30 años, nadie extraña a la Ruta 100

En los momentos decisivos, las naciones no se definen solo por sus leyes, sino por la lealtad de sus líderes al espíritu que las sostiene. En México, esa lealtad desapareció. El último capítulo se escribió el día en que se aprobó la reforma al Poder Judicial. El régimen actual, no obstante haber llegado por la vía electoral y con un discurso democrático, ha erosionado los pilares del pacto democrático con una velocidad que alarma incluso a los más cautos. Esta no es solo una crisis institucional; es, ante todo, una crisis de deslealtad.
Deslealtad con la historia, con la democracia, con el pluralismo, con sus electores. Y, sobre todo, con México. La propuesta de someter al Poder Judicial a una elección popular no es una conquista democrática, como se quiere presentar, sino un acto deliberado para subordinar la justicia al poder político. Al eliminar los contrapesos, se pone en riesgo el principio fundamental de todo Estado de derecho: que el poder esté sujeto a reglas, no a voluntades.
<h2>Obediencia con apariencia de justicia</h2>
La elección judicial no garantiza justicia, sino obediencia. No será la ciudadanía quien gane control sobre los jueces, sino el partido en el poder, quien decide candidaturas, tiempos, narrativas y, eventualmente, fallos. El acceso a una justicia imparcial, quedará a merced de una mayoría que ya controla el Congreso y apunta al Ejecutivo como centro absoluto del poder.
<a href="https://anibalperezlinan.com/" target="_blank" rel="noopener">Aníbal Pérez Liñán</a> y <a href="https://politicalscience.nd.edu/people/scott-mainwaring/" target="_blank" rel="noopener">Scott Mainwaring</a>, dos de los más influyentes teóricos de las democracias en América Latina, advirtieron con claridad que la estabilidad democrática depende de que los actores políticos tengan un compromiso normativo con la democracia. En otras palabras, no basta con ganar elecciones; hay que respetar los límites del poder, valorar la oposición, proteger a las minorías y, sobre todo, no traicionar las reglas que hicieron posible el acceso al poder.
Pero en México, como en otros países donde el autoritarismo se disfraza de legitimidad, el discurso democrático sirve como trampolín, no como guía. El resultado es una paradoja peligrosa: gobernantes que prometen democracia, pero gobiernan con lógica hegemónica; que exigen lealtad absoluta, pero no la ofrecen a los valores constitucionales que juraron defender.
<figure id="attachment_1521624" aria-describedby="caption-attachment-1521624" style="width: 1526px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1521624" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-12-abr-2025-07_05_10-p.m.png" alt="Imagen creada por Roberto Heycher con IA Herramienta GPT. Representa la deslealtad democrática." width="1536" height="1024" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-12-abr-2025-07_05_10-p.m.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-12-abr-2025-07_05_10-p.m-600x400.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-12-abr-2025-07_05_10-p.m-1024x683.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/ChatGPT-Image-12-abr-2025-07_05_10-p.m-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /><figcaption id="caption-attachment-1521624" class="wp-caption-text">Imagen creada por Roberto Heycher con IA Herramienta GPT. Representa la deslealtad democrática.</figcaption></figure>
<h2></h2>
<h2>Anular la oposición rompe el equilibrio del poder político</h2>
Esta ofensiva contra el Poder Judicial no es un hecho aislado. Es el síntoma de un proyecto político que ve en el pluralismo una amenaza, no una riqueza. Gobernar desde la diversidad exige talento, escucha, acuerdos. Gobernar sin oposición, en cambio, solo requiere fuerza. Es más fácil controlar cuando todos piensan igual, cuando no hay contrapesos ni matices. Pero esa comodidad autoritaria suele ser efímera. Todo poder que anula la crítica termina por volverse frágil, y a menudo cae víctima de sus propios excesos.
Convertir al Poder Judicial en un órgano partidista no es una reforma, es una regresión. Una democracia sin jueces independientes no puede garantizar derechos ni contener abusos ni proteger a los más vulnerables. La historia de América Latina está llena de proyectos políticos que confundieron la victoria electoral con un cheque en blanco. Casi todos acabaron debilitando las instituciones que los hicieron posibles.
<h2>¿No robar, no mentir y no traicionar?</h2>
La deslealtad trae siempre como consecuencia la pérdida de confianza y, cuando se instala como forma de hacer política, corroe silenciosamente los vínculos que sostienen a una comunidad. No es solo una traición a las normas escritas, sino a los compromisos éticos que hacen posible la convivencia: la confianza, la palabra empeñada, el respeto a las diferencias. Un régimen que normaliza la deslealtad no solo mina las instituciones, también erosiona la cultura cívica, al enviar un mensaje devastador: que todo vale, que el fin justifica los medios, que la ley es negociable y que los derechos no importan, al menos no los de la gente común.

Deslealtad

En la continuación de esta quinta conversación, 1 el doctor y general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1949) plantea que es indispensable “definir con claridad la participación de la Fuerza Armada permanente, en el ámbito de la Seguridad interior, y dejar en claro que no está facultada para operar en tareas de Seguridad pública, lo que ofrecerá certidumbre jurídica y operativa a su intervención, en todos los casos como último recurso, y siempre en favor de los ciudadanos”.
Y dice que es necesario “determinar si la alternativa para nuestro país, en términos de Seguridad interior, será dejarlo como facultad de las Fuerzas Armadas, como sucede actualmente, o bien incrementar efectivos, adiestramiento y equipo a la Policía Federal (previa reactivación) y asignarle tal misión; o tal vez crear una Gendarmería o como se le quiera denominar para cumplir con esta misión constitucional”.
Su propuesta es “retirar a la Guardia Nacional de tantas funciones que hoy desarrolla, para asignarle la misión de garantizar la Seguridad interior. Dicha fundamental tarea la llevaría a cabo, con el apoyo eventual de las Fuerzas Armadas, de manera temporal y subsidiaria, para aquellos casos en los que se estime urgente o importante dicha participación”.
Recuerda, a manera de ejemplo, que “en Estados Unidos de América se prohíbe expresamente la actuación de sus Fuerzas Armadas en territorio nacional propio, debido a los potenciales daños colaterales y a otras consideraciones del derecho internacional. Cuentan para atender dichos antagonismos (mantener el orden interno) con la Guardia Nacional”.
Y que México “no ha creado a la institución que debiera realizar dicha tarea, como pudiera ser una Guardia Nacional al estilo de la de Estados Unidos de América; una Policía Nacional, como las del Perú, Colombia y Bolivia; una Gendarmería similar a la de Francia; un Cuerpo de Carabineros como en Chile; una Guardia Civil semejante a la de España, o como se le quiera denominar al cuerpo armado destinado a tan estratégica labor”.
El doctor y general se pregunta: “¿quién realizará las tareas de policía migratoria, forestal, aduanal y de seguridad pública federal? Pues bien, dichas especialidades ya existían. Por lo que tendrán que reactivarse, a fin de que cada entidad de la estructura de gobierno cuente con su cuerpo armado especializado para dar cumplimiento a la misión respectiva”, pero de “no considerarse conveniente la proliferación de tantos cuerpos armados, con tan diversas especialidades, entonces convendría dejar a la Guardia Nacional con dichas asignaturas y crear una Gendarmería para la Seguridad interior”.
Para Gaytán Ochoa, buena parte de los problemas de seguridad que ahora tiene el país se derivan de la falta de claridad en el concepto, y consecuente operación de la Seguridad interior que ha llevado a cabo el gobierno federal y la Fuerzas Armadas, que toman decisiones equivocadas que es urgente revertir. El tema de nuestra próxima conversación: Las acciones necesarias para garantizar la Seguridad interior.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>
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1 <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/lo-que-quiso-decir/concepto-seguridad-interior" target="_blank" rel="noopener">Ver El concepto de seguridad interior (I)</a>.
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El concepto de seguridad interior (II)

En Estados Unidos, Donald Trump y sus compinches siguen acumulando méritos en su empeño por convertir el gobierno maga en el peor del que se tenga noticia (y vaya que existe competencia).
Poco importa que la economía mundial sufra una sacudida aún mayor que la de las primeras semanas de su segundo mandato, si de satisfacer a su narcisismo patológico se trata. Vamos en caída libre, y el presidente estadounidense se autoelogia intentando convencernos de que todo está en orden y de que la población que votó por él se cansará de tanto ganar (lo que esto quiera significar).
Mientras tanto, en el ámbito de los datos verificables:
1. Estados Unidos suma a <a href="https://tinyurl.com/32ermf8b" target="_blank" rel="noopener">mariposas monarca</a> al catálogo de especies en peligro. The Guardian 
2. Estudio revela <a href="https://tinyurl.com/5y4xu2me" target="_blank" rel="noopener">restos de fentanilo en delfines</a> de México. El País 
3. Naciones Unidas: <a href="https://tinyurl.com/bdej58f2" target="_blank" rel="noopener">en riesgo, la producción mundial de alimentos por exceso de sales en tierras cultivables</a>. The Guardian 
4.<a href="https://tinyurl.com/yeyjmmkm" target="_blank" rel="noopener"> Las Últimas Gotas de la Ciudad de México</a>. Gran proyecto. Magnum Photo &amp; Longlead  
5. <a href="https://tinyurl.com/bdh4pdr4" target="_blank" rel="noopener">Minería en el fondo de océano y pesca en santuarios marinos</a> son algunos dilemas que tendrán que sortear las islas del Pacífico. The Guardian 
6. Impacto del calentamiento global en los océanos:<a href="https://tinyurl.com/5n8b4bnf" target="_blank" rel="noopener"> nivel del mar sigue en aumento</a>. Revista Semana (Colombia)
Y la sociedad organizada resiste. Quizás el fascismo trumpista y el de sus esbirros no cantará victoria tras la tormenta, después de todo.
7. Corresponsal de El País acompaña a guardias forestales de la etnia ecuatoriana cofán, que protegen sus tierras ancestrales amazónicas de las <a href="https://tinyurl.com/4upv57ur" target="_blank" rel="noopener">depredaciones mineras</a>. El País 
8. A finales del año pasado, en La Haya, la Corte Internacional de Justicia escuchó testimonios de víctimas directas de la <a href="https://tinyurl.com/3jphyfeb" target="_blank" rel="noopener">emergencia climática</a>. The Guardian 
9. El <a href="https://tinyurl.com/2snkhbwn" target="_blank" rel="noopener">saber ancestral</a> guía a ambientalistas indígenas brasileñas. El País 
10.<a href="https://tinyurl.com/3swb5eeb" target="_blank" rel="noopener"> Desplazamiento climático: la migración que no vemos</a>: investigación especial de N+. Covering Climate Now 
11. Desafíos de los <a href="https://tinyurl.com/3b6acysz" target="_blank" rel="noopener">combustibles sostenibles</a> en la industria de la aviación. El País 
12. Biodiversidad: todo lo que necesitas saber sobre la<a href="https://tinyurl.com/m2evsbez" target="_blank" rel="noopener"> variedad de la vida en la Tierra</a> y cómo protegerla. Nature Conservancy

El barullo

El 09 de abril de este año la organización internacional Artículo 19 presentó su informe “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México”, en el que se documentan 639 agresiones contra periodistas en posible nexo con su trabajo, lo que significa que se agrede a un periodista cada 14 horas. En comparación, la organización documentó 561 agresiones en 2023.
Para este texto, resalto el caso Guanajuato, que ocupa el quinto lugar nacional en términos de agresiones a periodistas, y concentra -junto con Ciudad de México, Guerrero, Veracruz y Puebla- una de cada dos agresiones a nivel nacional.
Ésta última entidad, junto con Guanajuato es considerada como de alto riesgo en coberturas periodísticas en el apartado 3.4., en el que se señala que “además de las agresiones físicas, los periodistas afrontan una constante coacción y censura indirecta” debido a los altos números de violencia perpetrada por sujetos desconocidos, así como intimidaciones por particulares y restricciones impuestas por las autoridades. Es decir, en Puebla y en 
Guanajuato más allá de las agresiones documentadas, el contexto de riesgo que enfrentan las personas periodistas es adverso y genera censura indirecta.
Esta cuestión ha sido abordada previamente en este espacio (ver <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/zonas-silenciadas-guanajuato" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>), a partir de una metodología desarrollada por Jan Albert-Hootsen, que señala que en Guanajuato puede haber zonas silenciadas para la cobertura periodística.
<figure id="attachment_1521156" aria-describedby="caption-attachment-1521156" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-1521156 size-full" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><figcaption id="caption-attachment-1521156" class="wp-caption-text">Agresiones a periodistas en Guanajuato (2015-2024). Fuente: ARTICLE 19</figcaption></figure>
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Los datos del informe de Artículo 19 deben contextualizarse con los ofrecidos por el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato (Consejo) y del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (Mecanismo).
El Consejo reportó que en 2024 asignó 54 medidas estatales entre las que resalta el número de emergencia, los rondines y la canalización a la Fiscalía.
El Consejo informa también que el año pasado se implementaron tres medidas federales; estos datos tienen que relacionarse con los datos ofrecidos por el Mecanismo, que señalan que en 2024 se realizaron dos solicitudes de incorporación en el caso de Guanajuato, lo que ofrece como resultado 59 personas actualmente (diciembre de 2024) incorporadas al Mecanismo, lo que coloca a la entidad en el lugar 15 a nivel nacional en personas incorporadas a este Mecanismo. En suma, es importante diferenciar el número de medidas otorgadas del número de personas beneficiarias, tanto en el Consejo como en el Mecanismo.
Regresando al Informe “Barreras” se mencionan por segunda ocasión, ya que la organización lo había mencionado en 2023, los casos de asesinatos y desapariciones de personas buscadoras. Artículo 19 reconoce que hasta 2024 había cinco casos acumulados de personas buscadoras asesinadas y tres desaparecidas en Guanajuato. Considerando que son 25 personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas a nivel nacional.
Finalmente, las recomendaciones del informe van en el sentido de dotar de recursos económicos para la atención a víctimas y formular una política pública de protección integral. A las Fiscalías: desde aplicar el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Además, al Mecanismo se le recomienda generar procesos de coordinación entre la prevención y la protección en las unidades estatales de protección, estableciendo pautas de coordinación mínimas; que las instituciones que 
forman parte de la Junta de Gobierno (FGR y CNDH) realicen investigaciones diligentes y recomendaciones para contribuir a la prevención de la violencia contra la prensa y fortalecer los planes de protección que implementa el Mecanismo.
* Raymundo Sandoval (<a href="https://x.com/ray_sandoval" target="_blank" rel="noopener">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

Guanajuato, quinto lugar de agresiones a periodistas

El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha implementado una serie de medidas de seguridad que, si bien han sido celebradas en algunos sectores por su aparente eficacia, han despertado profundas preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos. En el centro de esta controversia se encuentra el <a href="https://www.seguridad.gob.sv/presidente-nayib-bukele-presenta-el-centro-de-confinamiento-del-terrorismo/" target="_blank" rel="noopener">Centro de Confinamiento del Terrorismo </a>(CECOT), una megacárcel con capacidad para albergar hasta 40,000 personas, que ha sido utilizada como símbolo del “nuevo modelo de seguridad” impulsado por el presidente salvadoreño. 
En un contexto donde el estado de excepción —prorrogado ininterrumpidamente desde marzo de 2022— ha permitido detenciones masivas, restricciones al debido proceso y la suspensión de derechos fundamentales, el CECOT representa una infraestructura penitenciaria de gran escala y una narrativa punitiva, en la que la criminalización racial, el aislamiento prolongado y la nula transparencia son moneda común.
Uno de los casos más emblemáticos de esta política es el de <a href="https://elpais.com/us/migracion/2025-04-08/kilmar-abrego-garcia-el-obrero-atrapado-en-un-limbo-legal-entre-trump-bukele-y-las-pandillas.html" target="_blank" rel="noopener">Kilmar Abrego García</a>, documentado por el periódico El País, en el que se establece que Kilmar es un trabajador deportado en el pasado mes de marzo desde Estados Unidos, sin antecedentes penales, acusado sin pruebas contundentes y recluido directamente en el CECOT. Su caso expone cómo la presunción de inocencia ha sido sustituida por una lógica de culpabilidad automática basada en la nacionalidad, la apariencia o las supuestas afiliaciones.
El acuerdo reciente entre los gobiernos de <a href="https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20250204-ee-uu-y-el-salvador-anuncian-un-acuerdo-migratorio-sin-precedentes" target="_blank" rel="noopener">Estados Unidos y El Salvador</a> para transferir a presuntos miembros del <a href="https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/invocation-of-the-alien-enemies-act-regarding-the-invasion-of-the-united-states-by-tren-de-aragua/" target="_blank" rel="noopener">Tren de Aragua</a> y la Mara Salvatrucha representa una nueva escalada. Las personas trasladadas —muchas sin procesos judiciales en firme y sin garantías de defensa— son privadas de libertad en condiciones que atentan contra  su integridad personal y su derecho al contacto con el mundo exterior. Esta dinámica se contrapone a los principios fundamentales establecidos por acuerdos internacionales como la <a href="https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf" target="_blank" rel="noopener">Convención Americana sobre Derechos Humanos</a> (CADH), el <a href="https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights" target="_blank" rel="noopener">Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos</a> (PIDCP), así como las <a href="https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf" target="_blank" rel="noopener">Reglas Mandela de la ONU</a>, que prohíben expresamente la incomunicación indefinida, la tortura y el aislamiento prolongado.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo <a href="https://www.hrw.org/news/2025/03/20/human-rights-watch-declaration-prison-conditions-el-salvador-jgg-v-trump-case" target="_blank" rel="noopener">Human Rights Watch</a>, <a href="https://amnistia.org.ar/involucrate/petitorios/estados-unidos-detener-las-expulsiones-ilegales-a-el-salvador" target="_blank" rel="noopener">Amnistía Internacional</a> y <a href="https://www.elnacional.com/venezuela/provea-rechazo-deportaciones-de-estados-unidos-a-el-salvador-sin-el-debido-proceso/" target="_blank" rel="noopener">PROVEA</a>, han alertado sobre las condiciones inhumanas que se viven dentro del CECOT: desde el hacinamiento, acceso restringido a atención médica, ausencia de visitas familiares y de representación legal, hasta maltrato físicos y psicológicos. Este entorno genera un estado constante de estrés, deteriora la salud mental de las personas privadas de libertad y contradice los principios que, según la ONU, deben regir el sistema penitenciario: proteger a la sociedad mediante la rehabilitación y reinserción. En contraste, se impone una lógica de castigo que convierte el encierro en espectáculo y la justicia en una herramienta de control.
Además de los efectos directos sobre la salud física y mental de las personas privadas de libertad, el modelo carcelario del CECOT impacta de forma negativa en el tejido social y perpetúa la estigmatización de familias y comunidades enteras. La criminalización extrema y la exposición mediática de las condiciones de reclusión fomentan una narrativa de “enemigos públicos”, que debilita los principios de presunción de inocencia y dignidad humana. Esta situación debilita la confianza en las instituciones de justicia y limita cualquier posibilidad real de reinserción, ya que el estigma persiste tras el encierro y afecta el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales. Igualmente, la opacidad con la que opera el centro impide la rendición de cuentas y debilita el Estado de derecho, al consolidar prácticas autoritarias bajo el discurso de la seguridad pública.
Más preocupante aún es la utilización de mecanismos jurídicos extraordinarios para justificar estas medidas. El uso de la <a href="https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/21" target="_blank" rel="noopener">Ley de Enemigos Extranjeros de 1798</a> para realizar deportaciones sin audiencia previa, y la falta de control judicial sobre las condiciones de detención, demuestran una tendencia alarmante: la militarización del sistema penal y la externalización de la represión como moneda de cambio en acuerdos bilaterales. Estos procedimientos carecen de fundamento jurídico claro en el derecho internacional y constituyen violaciones directas a los derechos humanos, al eliminar garantías procesales básicas y someter a las personas a un régimen de excepcionalidad permanente.
El modelo Bukele —celebrado por algunos gobiernos por la seguridad aparente— representa una amenaza regional si no se cuestiona su fundamento legal, ético y su compatibilidad con el derecho internacional. La lógica de seguridad no puede prevalecer sobre la dignidad humana ni justificar un sistema sostenido en la suspensión prolongada de derechos. Las personas privadas de libertad, sin importar su nacionalidad, su afinidad biológica  o el delito que cometió, conservan derechos que deben ser garantizados por los Estados. La normalización de estas prácticas configura una crisis de derechos humanos, con detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada y trato inhumano. El encarcelamiento no debe ser un territorio sin ley, y mucho menos un laboratorio de excepción permanente.
Desde una perspectiva de derechos humanos, resulta imprescindible que se garantice el acceso a la justicia, el debido proceso y el respeto a la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad, tal como lo exigen las normas  internacionales. Ante la falta de mecanismos internos de control y la opacidad institucional, urge la intervención de organismos internacionales como la CIDH del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la ONU, para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por El Salvador y para activar medidas de protección, generar observación internacional y prevenir la consolidación de un régimen punitivo que normaliza la violencia estatal.
El acuerdo entre <a href="https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20250204-ee-uu-y-el-salvador-anuncian-un-acuerdo-migratorio-sin-precedentes" target="_blank" rel="noopener">Estados Unidos y El Salvador</a> para deportar personas sin garantías procesales forma parte de una estrategia compartida por gobiernos que privilegian la mano dura sobre el Estado de derecho. La sintonía entre Trump y Bukele representa un modelo autoritario de gestión migratoria y penal, que también expone una alianza que desprecia abiertamente los marcos internacionales de derechos humanos. Ambos mandatarios promueven discursos que justifican la represión como solución, invisibilizan a las víctimas y refuerzan estructuras de impunidad. Este tipo de gobiernos desgastan la seguridad al omitir las bases mínimas de la justicia, la legalidad y la dignidad humana.
Hacer caso omiso de estas violaciones no puede ser una opción. La sociedad civil, los organismos multilaterales y las defensorías de derechos humanos tienen la obligación de alzar la voz frente a la expansión de un autoritarismo punitivo que desprecia las garantías básicas del debido proceso y convierte el encarcelamiento en una herramienta de control político. Permitir que estas prácticas se normalicen equivale a legitimar la violencia institucional y a abandonar a miles de personas a un sistema que opera al margen de la legalidad. Defender los derechos humanos de quienes están privados de libertad no es opcional: es una prueba de coherencia ética y un imperativo democrático.
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*José Luis Gutiérrez Román es director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adrián Emmanuel Morales Ruiz es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinador de Monitoreo y Evaluación en ASILEGAL.

El modelo Bukele: seguridad sin derechos y normalización del autoritarismo

Mucho se escribe y se dice estos días sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que están siendo afectados por las redadas y deportaciones masivas, pero la incertidumbre y agobio va mucho más lejos y alcanza a otro sector de la población latina, esos que siendo migrantes con documentos viven y trabajan mayormente en contextos hispanos.
Muchas familias mexicanas se vieron en la necesidad de emigrar a Estados Unidos a raíz de las múltiples devaluaciones y crisis económicas que azotaban al país en los años ochenta y noventa.
“El error de diciembre” de 1994, concretamente, fue el causante de que cuatro de mis diez hermanos quemaran las naves a principios de 1995 y se avecinaran en Dallas, Texas. Por fortuna, ellos contaban con los documentos para vivir y trabajar en Estados Unidos; sin embargo, la llegada, como la de todo migrante, no fue sencilla, hubo que emplearse en lo que surgiera.
Los hombres en la limpieza de las cadenas de supermercados, como parte del equipo de trabajo de un primo que había emigrado mucho años antes y había logrado obtener “sus papeles”; él, con el camino andado, le abrió brecha a los primos que llegaban de Monterrey.
El lugar de arribo era la entonces peligrosa área de Love Field, cerca del aeropuerto nacional del mismo nombre, en un frío mes de enero.
“Viajamos por carretera y llegamos de madrugada y recuerdo que a la mañana siguiente que me asomé a la ventana, me parecía todo tan bonito, las calles estaban limpias y todas las casas tenían al frente amplios y bien cuidados jardines”, recuerda Mariza.
A la primera impresión pronto la alcanzó la realidad, la depresión del migrante hizo mella. Mientras que en Monterrey era una secretaria ejecutiva siempre bien arreglada, de medias y tacón, como se usaba en aquella época, ahora estaba atrapada en un mundo que no era el suyo. Sin poder trasladarse, porque “en este país si no tienes carro, no haces nada”; sin poder hablar más que con los familiares y conocidos, que ya estaban bien incorporados a esa subcultura que de manera silenciosa y anónima mueve un engranaje básico de la vida estadounidense: los servicios.
“Pues si quieren vénganse conmigo al hotel y yo las recomiendo con el manager para que trabajen de camareras”, les dijo doña María, a ella y a la cuñada. Doña María, suegra del primo emprendedor y cuyos orígenes familiares se remontan a cuando aquellas tierras aún eran mexicanas.
Así fue como mi hermana y mi cuñada iniciaron su vida al otro lado, tendiendo camas y limpiando tinas de baño en uno de los hoteles de cadena cercano al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.
Treinta años hace ya de aquel inicio, más de la mitad de la vida de mi hermana, quien ahora ya habla spanglish y ha olvidado cómo funcionan las cosas en México, a pesar de que ha seguido visitando el país con frecuencia. Treinta años, en los que ha aprendido inglés y puede desenvolverse con naturalidad en el día a día, sobre todo a raíz de que el área metropolitana de Dallas se fue “hispanizando”.
Es toda una vida trabajando y conviviendo entre dos culturas: la anglosajona con sus prejuicios, rechazos y desprecio por “lo otro”, y la propia, esa de los pequeños empresarios y emprendedores que a punta de necesidad han superado la ignorancia y levantado pujantes negocios de la nada y son los dueños de “El Ranchero”, “La Michoacana Meat Market” y un sinfín de emprendimientos de construcción, jardinería, aires acondicionados y demás ramas de servicios que a los mexicanos y otros latinoamericanos se les da muy bien.
Lejos están los días en los que Mariza y Anabel se conocieron mientras intentaban abrirse paso con el idioma inglés en las clases para extranjeros del North Lake College. Fue ese punto de encuentro el que le abrió la puerta a mi hermana para dejar el trabajo de camarera e incorporarse a un despacho de contabilidad, una tarea más cercana a lo que hacía en México.
Muchas vivencias ha tenido desde entonces, hasta llegar a ser socia emprendedora de un negocio y colaboradora clave en el despacho de su amiga, también migrante.
Hace unas semanas la preocupación y la incertidumbre las alcanzó, cuando la ocupada temporada de preparación de impuestos, que va de enero a abril de cada año, reflejó una dinámica distinta este 2025.
“Anabel nos ha reunido para decirnos que el despacho no va bien, por lo que no podrá ofrecernos más que 35 horas de trabajo a la semana; de hecho, ella no se ha pagado sueldo en dos semanas porque muchos clientes se están yendo; han dicho que este año no presentarán declaración de impuestos porque temen que a través de la oficina de recaudación de impuestos (IRS) el gobierno pueda ubicarlos y deportarlos”, comentó Mariza.
“Qué caso tiene que pague impuestos, si de todas maneras tarde o temprano me van a echar, mejor trabajo hasta donde pueda y ahorro ese dinero”, es la lógica de pensamiento de muchos inmigrantes comerciantes y pequeños empresarios en la comunidad.
La afectación a la economía norteamericana se observa en la vida de mi hermana, pero también en la de muchos pequeños negocios familiares e incluso en las grandes cadenas comerciales.
De acuerdo con el Centro para Estudio de las Migraciones (Center for Migration Studies), la economía de <a href="https://cmsny.org/importance-of-immigrant-labor-to-us-economy/" target="_blank" rel="noopener">Estados Unidos requiere de los trabajadores inmigrantes para continuar creciendo</a> en industrias como la de la hotelería y servicios, cuidados de la salud, construcción y agricultura.
<a href="https://www.dallasfed.org/research/economics/2024/0702" target="_blank" rel="noopener">Un estudio del Banco de la Reserva Federal en Dallas</a> arrojó que el envejecimiento de la fuerza de trabajo estadounidense y la caída de los índices de natalidad en el país harán que el crecimiento de la población dependa completamente de la migración para el año 2040.
“El país está en una especie de otoño demográfico, y el invierno está por llegar”, menciona el estudio.
Y es que en Estados Unidos, quizá como en ningún otro país, el poder de los migrantes recién llegados y los de larga data hace una gran diferencia en la economía.
El estudio del Banco de la Reserva Federal en Dallas encontró que fueron los trabajadores migrantes los que ayudaron al crecimiento de la economía post pandemia, impulsando la generación de empleos y manteniendo la inflación a la baja. Una realidad que empieza a ser muy distinta a raíz del miedo que tienen los migrantes mexicanos y latinoamericanos de salir incluso para ir a trabajar por el riesgo de ser deportados.
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* Rocío Ortega es periodista, comunicadora y pro derechos humanos, en particular los derechos de las infancias y las mujeres.

Los otros migrantes

“El verdadero poder no reside en el control directo, sino en la capacidad de hacer que los demás se sometan sin resistencia”.
Noam Chomsky, filósofo y lingüista
En la era de Trump, el ejercicio del poder se distingue por su enfoque unidireccional, impulsado más por deseos personales e impulsivos que por una reflexión seria sobre sus consecuencias a largo plazo.
Esta actitud no solo afecta a Estados Unidos, sino que tiene repercusiones globales, especialmente en áreas clave como el empleo y el bienestar social.
Las decisiones tomadas sin un análisis adecuado, a menudo guiadas por los estados de ánimo de una sola persona, generan un caos económico que impacta directamente en la vida de millones.
De este modo, el futuro de muchas personas queda subordinado a la volatilidad de las decisiones de una élite de poder.
Trump ha utilizado su posición para imponer su voluntad sobre otras naciones, aplicando medidas como los aranceles de manera unilateral, sin considerar el bienestar de los países afectados ni las consecuencias a largo plazo para la economía global.
En este escenario, el poder no se ejerce con la intención de construir entendimientos mutuos ni de generar consensos, sino con el objetivo de someter y controlar.
La negociación, en lugar de ser un proceso equitativo, se convierte en una dinámica de presión constante para aceptar condiciones impuestas, sin espacio para el desacuerdo.
El problema central de este modelo de ejercicio del poder es que la voluntad de una sola persona pasa a ser la norma dominante. Como bien apuntó la filósofa Hannah Arendt, “el autoritarismo no se basa en la persuasión, sino en el poder de la coerción”.
Esto implica que, en lugar de fomentar una sociedad construida sobre el diálogo y el respeto mutuo, prevalece la imposición de decisiones desde las esferas más altas del poder.
En este sistema, la obediencia se convierte en un requisito indispensable para participar en el proceso, mientras que la resistencia es aplastada.
Lo más alarmante de este modelo de poder no es solo su concentración en la figura de Trump, sino que refleja una tendencia más amplia: las élites políticas y económicas buscan centralizar el poder y mantenerlo a toda costa, relegando a la ciudadanía a un rol pasivo.
El diálogo y la construcción de consensos democráticos son desplazados por la imposición autoritaria, y las reglas del juego dejan de ser el fruto de un esfuerzo colectivo para convertirse en imposiciones que benefician a unos pocos.
En este contexto, la participación activa de la sociedad y el respeto por las instituciones democráticas se ven cada vez más amenazados, mientras que el bienestar común queda subordinado a los deseos de unos pocos en la cúspide del poder.
 
*Elio Villaseñor Gómez (<a href="https://x.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener">@Iniciativa_pcd</a>) es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C.</a>

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