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El 27 de febrero pasado, el Congreso de Guanajuato eligió a Karla Alcaraz como nueva procuradora de Derechos Humanos del estado (PRODHEG), en un proceso que duró varios meses y, aunque aparentemente fue legítimo y generó consensos, estuvo plagado de vicios políticos y partidistas que minan la legitimidad de la persona recién designada. A continuación, enlisto algunos hechos que encuadran en estos vicios:
1. Una convocatoria carente de estándares nacionales sobre el proceso de designación. El proceso local inició apenas una semana después de que a nivel nacional se ratificara a Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pese a ser la candidata peor evaluada en el proceso. Aún con este mal resultado, en la Convocatoria para la CNDH sí se establecieron indicadores claramente definidos, no así en el proceso local. Y a pesar de que se propuso desde el inicio, el Congreso local ignoró la petición, lo que es responsabilidad de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Junta). No se garantizó, tampoco, la participación ciudadana más allá de la postulación: no hubo parlamento abierto ni otras formas sustantivas de participación social.
2. Un proceso controlado por Morena, lo que pintó de guinda la designación de la primera mujer titular de la Procuraduría. Esto se derivó no del liderazgo político del coordinador de la bancada de este partido, sino de la ausencia de propuestas del partido mayoritario, el PAN, que con sus 16 curules en el Congreso local pudo haber elegido a algún integrante de su partido, como varios diputados proponían, pero dejaron que Morena llevara el proceso, desde la Convocatoria hasta la designación. El plan “B” de este coordinador era una exalumna suya, una mirada política de cuotas y de cuates, muy afín a la práctica de su partido a nivel nacional.
3. Una Comisión carente de propuesta técnica y política. En esta Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables cuenta entre sus integrantes a dos personas que llegan al Congreso a través de acciones afirmativas, tanto en su condición de personas con discapacidad como por su pertenencia a grupos indígenas. Esta representación quedó como algo simbólico, toda vez que quien impuso la metodología y aspectos no considerados en las entrevistas fue el Coordinador de Morena que, hay que decirlo, cree saber sobre instituciones de derechos humanos.
4. Una votación amañada. No hubo indicadores en la convocatoria, por lo que la Comisión (con el Coordinador de Morena detrás) definió cinco “criterios” de evaluación: idoneidad académica y profesional al cargo; planteamiento y exposición de plan de trabajo; trayectoria en la defensa de los derechos humanos; respuesta a preguntas o casos prácticos de la sociedad civil, así como evaluación de consistencia, dominio integral y actualizado de los derechos humanos. Estos indicadores fueron evaluados de forma inconsistente y carecían de parámetros concretos; por ejemplo, “un plan de trabajo” y “su planteamiento y evaluación”. ¿Cómo evaluaron a quienes NO presentaron un plan que NO se solicitó? Al decir que el proceso fue “pulcro”, el Congreso está cayendo en una falacia.
5. La terna se decidió por dos diputados. No hubo una discusión plenaria de la Comisión ni de los grupos parlamentarios, ya no digamos de la Junta. Es más, puedo afirmar que las “cédulas” no tuvieron ponderación libre, sino que hubo instrucción sobre a quién favorecer. ¿Cómo es posible que Eliseo tenga mejor evaluación que Jaime Rochín, que tiene 20 años de experiencia en atención a víctimas? ¿Por qué las tres personas de la terna tienen un “empate” con 123 puntos? Esa es una valoración política cuando debería ser técnica.
Después de este apretado repaso se puede afirmar que la designación de la nueva persona titular de la PRODHEG no está basada en sus méritos o en su género, sino en su afinidad política con los dos partidos dominantes en el Congreso. El continuismo que garantiza en la Procuraduría no amenaza el status quo panista, la plana azul queda intacta al interior, lo mismo que el pacto de impunidad en materia de derechos humanos con las instituciones públicas. Se espera más de lo mismo: recomendaciones deslactosadas como la que Karla Alcaraz elaboró en el caso de Jair Martínez, donde la disculpa se hizo en “privado” y “por escrito” en una oficina del municipio de Irapuato, mostrando que había sido negociada antes incluso de ser publicada, contradiciendo los estándares internacionales que seguramente Karla desconoce, tal como lo mostró en la entrevista.
Ni cómo festejar que es “tiempo de las mujeres” o que “llegamos todas” o que se “logró una candidatura de consenso”. Penoso proceso carente de criterios técnicos. Y no es que seamos ingenuos y pensemos que la designación no es un proceso político. Así Morena impuso por la fuerza a Rosario Piedra en CNDH y, ahora, tiñe de guinda a Karla Alcaraz.
* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.

Los errores políticos en la designación de la nueva procuradora de Derechos Humanos de Guanajuato

La esencia del cristianismo (Editorial Guadarrama, Madrid, 1964) es una obra de Romano Guardini (Verona, Italia, 1885 &#8211; Munich, Alemania, 1968). Sacerdote y teólogo alemán.
Antes de la aparición de este libro con el mismo título en 1841 se publicó el texto de Ludwig Feuerbach (1804-1872) y en 1901 el de Adolf von Harnack (1851-1930).
Feuerbach en su libro plantea que el cristianismo no es la manifestación de un Dios que quiere salvar al hombre, sino la ilusión del hombre que sublima sus propias aspiraciones en la idea de Dios.
Y para Adolf von Harnack, historiador de la antigüedad cristiana y protestante liberal, el mandamiento del amor es la máxima expresión histórica del progreso interior humano.
La historia cristiana ha prestado demasiada atención a la doctrina sobre Dios o sobre Jesucristo, pero la esencia está en la realización del hombre interior en la justicia y la caridad.
En 1929, Guardini, desde 1923 profesor en la Universidad de Berlín de la cátedra de la Filosofía de la Religión, creada para él, publica La esencia del cristianismo en la revista Die Schildgenossen.
Después lo edita como un libro porque pensaba que podía servir de “introducción metódica”, para sus otros libros sobre Cristo, especialmente La imagen de Jesús, El Cristo, en el Nuevo Testamento y El Señor.
En su obra parte del Jesús histórico y muestra su significado universal, que no puede reducirse a ninguna idea. Y afirma que Jesucristo, tal como fue y como es, es la esencia de la religión cristiana.
La argumentación la desarrolla en cuatro partes: I. El problema; II. A modo de diferenciación; III. La persona de Cristo y lo propio y esencialmente cristiano; IV. Resultado.
<h2>El problema</h2>
“El cristianismo no es, en último término, ni una doctrina de la verdad ni una interpretación de la vida. Es eso también, pero nada de ello constituye su esencia nuclear. Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia, su obra y su destino concretos; es decir, por una personalidad histórica”. Estamos acostumbrados a someternos a normas o a leyes, pero aquí se trata de “reconocer a otra persona como ley suprema de toda la esfera religiosa”.
<h2>A modo de diferenciación</h2>
Recuerda el caso de Buda, y también de los profetas de Israel: “El profeta como el apóstol son portadores del Mensaje, obreros en la gran obra, pero nada más” (…) “Por contraste con todo eso, se pone de manifiesto cuán fundamentalmente diferente es la posición de la persona de Jesús en el orden religioso proclamado por él”.
<h2>La persona de Cristo y lo propio y esencialmente cristiano</h2>
“La doctrina de Jesús es la doctrina del Padre. Pero no como en un profeta que recibe y da a conocer la revelación, sino en el sentido de que su punto de partida se halla en el Padre, pero, a la vez, también en Jesús”. También la salvación se da en él y a través de él.
<h2>Resultado</h2>
En este breve apartado concluye: “No hay ninguna doctrina, ninguna estructura fundamental de valores éticos, ninguna actitud religiosa ni ningún orden vital que pueda separarse de la persona de Cristo y del que, después, pueda decirse que es cristiano. Lo cristiano es Él mismo, lo que a través de Él llega al hombre y la relación que a través de Él puede mantener el hombre con Dios”.
En 1939, el régimen nazi le suprime su cátedra en Berlín. En 1945 es invitado a enseñar en la Universidad de Tubinga y, a partir de 1948, en la de Munich. Aquí permanece hasta 1962 cuando abandona su cátedra por problemas de salud.
Guardini dice que en 1905, experimentó un proceso de conversión, de profundización en la experiencia personal de fe, meditando un texto del evangelio según san Mateo: “Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí, la encontrará”.
Para este teólogo que en 1952 obtuvo el Premio de la Paz de los libreros alemanes, el cristianismo, en lo fundamental, no es ni una doctrina, ni una moral, ni un culto, ni una iglesia. Su esencia es Jesucristo. Su doctrina, su moral, su culto se realizan en Cristo. Y no hay doctrina ni moral ni culto que sean cristianos si no se enraízan y expresan en Cristo.
Sostiene que “la tesis de que el cristianismo es la religión del amor solo puede ser exacta en el sentido de que el cristianismo es la religión del amor a Cristo y, a través de Él, del amor dirigido a Dios, así como a otros hombres […]. El amor a Cristo es, pues, la actitud que en absoluto presta sentido a cuanto es. Toda vida tiene que ser determinada por él”.
La esencia del cristianismo 
Romano Guardini 
Editorial Guadarrama 
Madrid, 1964 
pp. 360
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<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

La esencia del cristianismo

Información oficial

2018 marcó el inicio de una escalada de horror para el periodismo independiente y el activismo en Nicaragua, después de que, de manera legítima, <a href="https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei-nicaragua/GIEI_INFORME.pdf" target="_blank" rel="noopener">la población saliera a las calles a expresar su descontento</a> con el régimen Ortega-Murillo. La represión desplegada, a partir del uso desproporcionado de la fuerza, en contra de las voces críticas, sumado a la ejecución extrajudicial del periodista <a href="https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/Corte/2024/NI_14.746_NdeREs.PDF" target="_blank" rel="noopener">Ángel Eduardo Gahona López</a> ocurrida el 21 de abril de 2018, marcó un antes y un después para el periodismo en el territorio. Hoy, ejercer la libertad de expresión en ese país es sinónimo de desaparición, persecución y destierro.
Es así que de cara al Día nacional del periodista en Nicaragua, celebrado el 1 de marzo, resulta necesario advertir sobre este contexto, considerando que las detenciones arbitrarias, el despojo de la nacionalidad, el exilio forzoso, la confiscación de bienes, la desaparición forzada y la criminalización forman parte del cotidiano nicaragüense. Basta recordar la sentencia de 8 años en contra del periodista independiente<a href="https://articulo19.org/nicaragua-la-condena-de-8-anos-contra-el-periodista-victor-ticay-se-suma-a-la-lista-de-violaciones-a-los-derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener"> Víctor Ticay</a> por dar cobertura y transmitir en redes sociales una celebración católica el 5 de abril de 2023, sumado a su <a href="https://confidencial.digital/nacion/periodista-victor-ticay-no-se-puede-encarcelar-la-verdad/" target="_blank" rel="noopener">reciente destierro</a>. O la desaparición forzada de la periodista <a href="https://articulo19.org/se-cumplen-17-dias-de-la-desaparicion-forzada-de-la-periodista-y-activista-nicaraguense-fabiola-tercero-tras-el-allanamiento-de-su-casa-perpetrado-por-cuerpos-policiacos/" target="_blank" rel="noopener">Fabiola Tercero</a>, ocurrida el 12 de julio de 2024, cuyo paradero sigue sin conocerse. O las detenciones arbitrarias del <a href="https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/expresion/prensa/comunicados/2024/324.asp" target="_blank" rel="noopener">periodista Elsbeth D&#8217;Anda y del adulto mayor Leo Catalino Cárcamo</a>, éste último periodista en retiro.
De acuerdo con información de la <a href="https://fled.ong/la-libertad-de-prensa-en-nicaragua-un-lamento-silenciado-en-2024/" target="_blank" rel="noopener">Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)</a>, desde 2018, alrededor de 283 personas periodistas han sido forzadas al exilio por el miedo a ser perseguidas ellas y sus propias familias, pues la represión se extiende a sus redes. El miedo a informar se ha apoderado de algunos espacios del país, a tal grado de que al menos <a href="https://fled.ong/la-libertad-de-prensa-en-nicaragua-un-lamento-silenciado-en-2024/" target="_blank" rel="noopener">10 departamentos están silenciados</a>. Esto quiere decir que son sitios en donde ya no se practica el periodismo, pues ante la desprotección, el camino inmediato es la autocensura.
A estos datos se suma la alarmante cifra de organizaciones perseguidas. Al 10 de febrero del año en curso, la <a href="https://libertadasociacion.org/estadisticas-y-datos/" target="_blank" rel="noopener">Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia</a>, contabiliza cerca de 5,500 medios de comunicación y organizaciones que forzadas a cerrar, dentro de las que se encuentran, organizaciones nacionales, internacionales, asociaciones religiosas, de mujeres, vecinales, culturales, médicas, entre otras.
De tal manera que, el patrón es similar al de otros territorios. Tal como ha sucedido en otros países del Sur Global, fuera del espacio latinoamericano, como <a href="https://www.dejusticia.org/column/el-cierre-de-los-espacios-civicos-que-esta-pasando-y-que-podemos-hacer/" target="_blank" rel="noopener">Egipto, Turquía, Filipinas y Kenia</a>, la estrategia es la imposición de barreras legales que impiden o limitan la operación de las organizaciones o medios, así como el uso desproporcionado del derecho penal y de las fuerzas armadas para castigar el disenso o cualquier conato de cuestionamiento al statu quo de violencias en dichos países.
Ejemplo de ello es lo ocurrido el 22 de noviembre de 2024 cuando la <a href="http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/C58A89C36FC2130006258BE100562D7E/%24File/Texto%20Preliminar%20de%20la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%2026%2011%2024.pdf?Open" target="_blank" rel="noopener">Asamblea Nacional de Nicaragua</a> aprobó, casi de inmediato, la <a href="http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/C58A89C36FC2130006258BE100562D7E/%24File/Texto%20Preliminar%20de%20la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%2026%2011%2024.pdf?Open" target="_blank" rel="noopener">reforma a la Constitución Política de Nicaragua</a> que formaliza lo que desde hace poco más de 27 años ya sucedía: la concentración del poder en Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, trastocando drásticamente el principio de separación de poderes.
Los riesgos de reducir los espacios cívicos son inminentes para el ejercicio democrático de las sociedades, al limitar la participación de las personas en los asuntos públicos y facilitar con ello la concentración de poder en un grupo de personas que no necesariamente representa a la población y mucho menos toma en cuenta las necesidades particulares de los distintos grupos poblacionales. El peligro de impedir el libre ejercicio periodístico es alto al momento de hacer efectiva la exigibilidad de nuestros derechos, considerando que a su vez se restringe el derecho de las personas de acceder a la información.
Es por ello que, ante la asfixia que se vive en Nicaragua, resulta imperante visibilizar, acuerpar y apoyar al periodismo independiente que, pese a los embates autoritarios, hoy sigue de pie. Organizaciones y medios como PCIN o la FLED contribuyen desde una mirada crítica y aun desde el exilio, a informar para continuar en la lucha de transitar a una sociedad más justa y abierta. Su trabajo es imprescindible para abrir nuevamente las puertas de Nicaragua a todas aquellas personas a quienes arbitraria e injustamente les fueron cerradas.
*Frida O. Arreola Luna es investigadora en el programa de Centroamérica y el Caribe, para ARTICLE 19 MX-CA.

Nicaragua: periodismo independiente en erosión

Estamos a menos de 100 días de tener la primera elección de cargos jurisdiccionales en México. Como se han jactado nuestras autoridades, somos el único país en el mundo con un proceso electoral de esta naturaleza, que abarca cargos jurisdiccionales federales y estatales. Este proceso ha sido tortuoso desde un inicio. Desde la aprobación de la reforma constitucional, hasta el día de hoy, que seguimos sin certeza de quiénes son las personas candidatas por las que votaremos el primero. de junio. 
Una buena parte de la atención de la reforma judicial se ha centrado en el Poder Judicial de la Federación. Ese foco es sumamente relevante, en términos de lo que significa desmantelar una institución cuya principal carga de trabajo es resolver amparos, es decir, proteger derechos de la ciudadanía incluso en contra de las autoridades. 
Sin embargo, hay un proceso que corre en paralelo y que no ha sido monitoreado tan de cerca: la elección de jueces y magistrados estatales. Su función también es vital. Son quienes resuelven los conflictos cotidianos de las personas: divorcios, pensiones alimenticias, tutelas, contratos entre particulares, delitos del fuero común, contratos laborales, herencias, sólo por mencionar algunos.
<h2>¿Qué implica la reforma judicial para los estados y para la votación ciudadana?</h2>
La reforma judicial estableció para los estados la obligación de reformar las constituciones locales en un plazo que vence el 14 de marzo de 2025. En principio, todas las constituciones estatales deberían alinearse al texto de la Constitución para esa fecha, aún cuando no convoquen a elecciones extraordinarias en junio. Pero tampoco se advierte sanción a las entidades federativas que no lo hagan en los plazos establecidos, y tampoco hay un plazo para la expedición de la legislación secundaria estatal. 
Al día de hoy, 20 entidades federativas han publicado sus reformas constitucionales: Aguascalientes, Campeche, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El que hayan publicado sus reformas constitucionales, no implica que tengan elecciones en el proceso electoral del 1 de junio de 2025. De hecho, Campeche y Jalisco no tendrán elecciones este año. Esto es porque a los estados se les dio la opción de iniciar la sustitución de cargos jurisdiccionales en 2025 o ser parte del proceso de elecciones generales de 2027. 
En una investigación de México Evalúa advertimos que para las elecciones de junio de 2025, como ciudadanos tendremos que elegir a 881 cargos jurisdiccionales federales y a poco más de 1,400 jueces y magistrados locales en 18 estados. Esta cifra representa apenas un 25.7% de un total de 5,435 jueces y magistrados locales del país. Imaginemos la tarea que será votar en las elecciones de 2027. 
Para esas elecciones intermedias, además de elegir cargos municipales, algunas gubernaturas y diputaciones federales, tendremos que votar por la otra mitad de jueces y magistrados federales, más las otras tres cuartas partes de jueces locales en el país.
<h2>Algunos ejemplos en las entidades federativas</h2>
Regresando al seguimiento de las reformas constitucionales en los estados, advertimos que se están generando algunas medidas normativas que parecen tener como objetivo mitigar el impacto de la reforma judicial. Algo que es de señalar es que las reformas estatales están constituyendo un mosaico de opciones que no necesariamente coincide con el partido dominante en los estados.
Es interesante, por ejemplo, que Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Zacatecas establecieron además de los requisitos formales para valorar personas candidatas establecidas en la Constitución (promedio de mínimo de 8 en la carrera y cartas de vecinos), que debían someterse a exámenes previos de conocimientos. Esto podría asegurar que personas que no provienen de carrera judicial, al menos cumplen con ciertos conocimientos elementales en materia de Derecho. 
Hay estados que además agregaron como requisito para personas candidatas la declaración “3 de 3” en materia de violencia de género: Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Nayarit, Veracruz y Tabasco. 
Nayarit, por ejemplo, aprovechó la coyuntura de la reforma constitucional del estado para establecer un porcentaje mínimo del presupuesto que se tiene que dedicar al Poder Judicial. Este tipo de disposiciones son de suma relevancia, en un contexto que parece debilitar a los poderes judiciales. En la práctica actual, la limitación del presupuesto de los tribunales por parte de los congresos y los gobernadores son mecanismos para ejercer control sobre jueces y magistrados. 
En Jalisco, se innovó y aprovechó la coyuntura de la reforma judicial para incorporar temas de justicia abierta y al Instituto de Justicia Alternativa. También se estableció expresamente la prohibición de participar a personas que hayan sido dirigentes o candidatas de partidos políticos cinco años antes de la elección.
Otra novedad interesante, es el caso de Coahuila donde se elegirán a las personas candidatas por planillas. Es decir, en vez de votar de manera individual por cada juez o magistrado, la ciudadanía votará por un grupo de candidatos.  
En el modelo constitucional de Zacatecas y Estado de México, se advierte la implementación de un modelo escalonado de sustitución de jueces y magistrados entre 2025 y 2027. Así, en estas dos entidades se  renovarán los puestos que de cualquier forma quedarían libres en fechas próximas atendiendo a quienes tenían cargos de jueces o magistrados y estaban por jubilarse, plazas vacantes, retiros programados, o habían renunciado voluntariamente. 
<h2>Ausencias y esperanzas</h2>
En estos modelos constitucionales advertimos, sin embargo, que no se plantearon normas que atiendan características de justicia índigena y justicia comunitaria, y esto está sobre todo en la cancha de los poderes judiciales estatales. Esta es una seria ausencia, ya que desde la presentación de la iniciativa de Reforma Judicial uno de los argumentos que justificaba la sustitución de los actuales jueces era que no conocían o pertenecían a la comunidad en la que ejercían sus funciones, o que eran cargos inaccesibles para la población indígena.
En conclusión, a pesar de que la justicia estatal es la más relevante por su cotidianeidad, en el ambiente de la reforma judicial poco estamos atendiendo a lo que sucede en la elección de cargos judiciales locales. En las entidades federativas se están gestando algunas ideas que podrían controlar los daños de la reforma judicial. Y justo por ello, debemos voltear y dar seguimiento a los estados. Puede ser que la semilla que nos ayude a revertir los potenciales daños de la reforma, esté en lo local.
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*Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
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La elección de jueces estatales de la que casi nadie habla

<h2>Santo Domingo, República Dominicana</h2>
<figure id="attachment_1506046" aria-describedby="caption-attachment-1506046" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1506046" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-1-1024x683.jpg" alt="convento santo domingo 1" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-1-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1506046" class="wp-caption-text">Pie de foto: Convento de Santo Domingo. Santo Domingo, República Dominicana. Foto: Rubén Aguilar</figcaption></figure>
De 1990 es la declaratoria del casco antiguo de Santo Domingo como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. El Convento de Santo Domingo es parte de la misma.
Historia
En otoño de 1508 el maestro general de la Orden de Predicadores (OP), Tomás de Vio, ordena desde Roma al vicario en España que obtenga el permiso del rey para enviar quince frailes a La Española, la isla recién descubierta.
Ese mismo año el rey dispone, mediante cédula dirigida a Diego Colón, que los dominicos se establezcan en el lugar y les brinda apoyo de una renta anual por diez años.
En el mes de septiembre de 1510 llegan los primeros dominicos a la isla: Fray Pedro de Córdoba, fray Antón de Montesinos y fray Bernardo de Santo Domingo. Provenían de Salamanca y Ávila (España). Dos meses más tarde llegarían otros cinco frailes y en mayo de 1511 arriban otros seis religiosos.
Estos quince dominicos forman la primera comunidad de dominicos en América. Para 1517, el convento ya estaba habitado por los frailes, aunque todavía no estaba terminado. En 1530 la iglesia estaba en etapa de culminación, y entre los años 1531-1532, se da su inauguración oficial.
A la que asisten los frailes <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_C%C3%B3rdoba" target="_blank" rel="noopener">Pedro de Córdoba</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reginaldo_de_Montesino&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank" rel="noopener">Reginaldo de Montesino</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_las_Casas" target="_blank" rel="noopener">Bartolomé de las Casas</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Montesinos" target="_blank" rel="noopener">Antonio de Montesinos</a>, este último, fue quien dijo el famoso Sermón de Adviento en 1511, y quien reprendiera a la corte de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Col%C3%B3n" target="_blank" rel="noopener">Diego Colón</a>, por el mal trato a los indígenas. 
En 1518 en el convento inician las clases del Colegio de Estudios Generales, Santiago de la Paz, que en 1538 se transforma en la primera universidad de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica" target="_blank" rel="noopener">América</a>, la Tomás de Aquino, por la Bula In Apostolatus Culmine, del papa Paulo III.
Con el paso de los siglos el conjunto conventual ha sufrido graves daños producto de huracanes, terremotos y guerras. En 1554, en el ataque del pirata inglés Francis Drake, el convento no fue asaltado. En los terremotos de 1684 y 1673, el edificio tiene graves daños. 
En 1746 el edificio es una vez más restaurado, pero ahora con una estructura diferente en cada una de sus fachadas ya con estilo el estilo barroco, que ahora tiene. En 1825, la iglesia fue cerrada por el gobierno haitiano. 
Descripción:
<ol>
<li> Atrio </li>
</ol>
Se conserva el atrio del siglo XVI en dimensiones que deben ser menores. 
<ol start="2">
<li> Iglesia  </li>
</ol>
Exterior
<figure id="attachment_1506048" aria-describedby="caption-attachment-1506048" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1506048" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-2-1024x683.jpg" alt="convento santo domingo 2" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-2-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1506048" class="wp-caption-text">Foto: Rubén Aguilar</figcaption></figure>
De 1746 es la actual fachada &#8211; portada de estilo barroco. Tiene dos cuerpos. En el primero un arco ligeramente ojival que se enmarca en pilastras dobles. Una cornisa divide el primero y el segundo cuerpo. En el segundo, la ventana coral es un rosetón que en la parte baja tiene un adorno en mampostería. En remate es anulado.
<figure id="attachment_1506049" aria-describedby="caption-attachment-1506049" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1506049" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-3-1024x683.jpg" alt="convento santo domingo 3" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-3-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-3-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-3-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-3.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1506049" class="wp-caption-text">Foto: Rubén Aguilar</figcaption></figure>
En el muro izquierdo de la iglesia está la espadaña que tiene dos cuerpos y un remate. En el primer cuerpo hay tres espacios con arcos de medio punto, que están en medio de dos muros de cantera. En el segundo cuerpo se encuentran, al frente, tres arcos de medio punto alargados, y a sus dos lados un arco de medio punto alargado en cada uno de ellos. 
Interior
<figure id="attachment_1506050" aria-describedby="caption-attachment-1506050" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1506050" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-4-1024x683.jpg" alt="convento santo domingo 4" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-4-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-4-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-4-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-4.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1506050" class="wp-caption-text">Foto: Rubén Aguilar</figcaption></figure>
Aquí se encuentran obra de los hermanos sevillanos Jorge y Alejo Fernández, y se pueden ver cinco retablos de uno de los pintores españoles más famosos de la época colonial, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mart%C3%ADnez_Monta%C3%B1%C3%A9s" target="_blank" rel="noopener">Juan Martínez Montañés</a>.
Se conserva la capilla de Nuestra Señora del Rosario, patrona de los dominicos, que se levanta en 1649. En la restauración de 1746, en la capilla se remplaza la armadura de madera de la nave por la actual bóveda de cañón. Y se decorada con los doce signos zodiacales y los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Dioses_ol%C3%ADmpicos" target="_blank" rel="noopener">dioses olímpicos</a> que representan las cuatro estaciones. 
<figure id="attachment_1506053" aria-describedby="caption-attachment-1506053" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1506053" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-5-1024x683.jpg" alt="convento santo domingo 5" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-5-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-5-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-5-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-5.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1506053" class="wp-caption-text">Foto: Rubén Aguilar</figcaption></figure>
Crucería de estilo gótico en la bóveda de la iglesia. En el interior de la iglesia hay elementos de la arquitectura del siglo XVI. 
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<ol start="3">
<li> Capilla de la Tercera Orden</li>
</ol>
<figure id="attachment_1506055" aria-describedby="caption-attachment-1506055" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1506055" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-6-1024x683.jpg" alt="convento santo domingo 6" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-6-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-6-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-6-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-6.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1506055" class="wp-caption-text">Foto: Rubén Aguilar</figcaption></figure>
La capilla de la Tercer Orden está al frente de la iglesia de Santo Domingo. Es obra del siglo XVIII. Las dos iglesias están sobre la Calle Padre Baillini. 
       4. Convento
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<figure id="attachment_1506056" aria-describedby="caption-attachment-1506056" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1506056" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-7-1024x683.jpg" alt="convento santo domingo 7" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-7-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-7-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-7-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/convento-santo-domingo-7.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1506056" class="wp-caption-text">Foto: Rubén Aguilar</figcaption></figure>
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El convento en dos de sus lados tiene claustro alto y bajo, en uno con cinco arcos de medio punto en cada nivel y en otro con cuatro en cada nivel. En uno de los lados hay solo claustro bajo también con cinco arcos de medio punto. Todo son de mampostería. El patio ahora es un jardín con altas palmeras. En el siglo XVI en el centro hubo una fuente, que ahora es un rodete con plantas. 
Comentario 
En 1510, la Orden de Predicadores (OP) funda su primer convento en América en Santo Domingo. Para 1511 era ya 15 los dominicos en La Española. En 1517, el convento ya estaba habitado por los frailes, aunque todavía no se acababa. En 1530 la iglesia estaba en etapa de ser terminada, y en 1531 se inaugura oficialmente.
Al evento en esa ocasión asisten los frailes <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_C%C3%B3rdoba" target="_blank" rel="noopener">Pedro de Córdoba</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reginaldo_de_Montesino&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank" rel="noopener">Reginaldo de Montesino</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_las_Casas" target="_blank" rel="noopener">Bartolomé de las Casas</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Montesinos" target="_blank" rel="noopener">Antonio de Montesinos</a>, este último, fue quien dijo el famoso Sermón de Adviento en 1511, y quien reprendiera a la corte de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Col%C3%B3n" target="_blank" rel="noopener">Diego Colón</a>, por el mal trato a los indígenas. 
En 1518 en el convento inician las clases del Colegio de Estudios Generales, Santiago de la Paz, que en 1538 se transforma en la primera universidad de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica" target="_blank" rel="noopener">América</a>, la Tomás de Aquino, con la Bula In Apostolatus Culmine, del papa Paulo III.
La reconstrucción de 1746 pone una fechada de estilo barroco en la iglesia. De esa misma época es la capilla de la Tercera Orden.  Hay discusiones de carácter jurídico sobre si la primera universidad de América es la de San Marcos, de Lima, Perú, de 1551, pero no hay duda de que los dominicos por bula del papa Paulo III establecen la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo en 1538.
En este convento ingresó al noviciado, para hacerse dominico el finquero Bartolomé de las Casas (1484-1566), que después será obispo de San Cristóbal, Chiapas, ciudad que ahora también lleva su nombre. 
***
Fuentes consultadas:
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Notas de mi visita. </li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">https://conventodominico.org/  </li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><a href="https://www.dominicoshispania.org/donde-estamos/casa-de-santo-domingo-santo-domingo/" target="_blank" rel="noopener">https://www.dominicoshispania.org/donde-estamos/casa-de-santo-domingo-santo-domingo/</a></li>
</ul>
Visitas:
2005 (diciembre) 
@RubenAguilar
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Convento del siglo XVI de Santo Domingo, República Dominicana

En semanas recientes, la organización Transparencia Internacional con sede en Alemania publicó el <a href="https://www.transparency.org/es/press/2024-corruption-perceptions-index-corruption-playing-devastating-role-climate-crisis" target="_blank" rel="noopener">Índice Anual de Percepción de la Corrupción (IPC)</a>, el ranking más utilizado en el mundo para evaluar a 180 países, con respecto a la percepción que personas expertas y empresarias tienen sobre la corrupción. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> A pesar de que en México existen diversos mecanismos para denunciar y combatir actos de corrupción, la realidad es que la mayoría de las personas siguen sin identificar un cambio significativo que permita, con base en el IPC, reducir los niveles de corrupción. Por el contrario, México aumentó 4 lugares en el ranking, lo que implica que se perciba como un país más corrupto en función de años anteriores.
Sobre el IPC, como en cualquier otro índice, debe siempre revisarse su metodología para dimensionar su contenido y darle un valor justificado a sus premisas. Por ejemplo, el hecho de que un país aparezca en un lugar bajo de la lista no necesariamente implica que tiene más casos de corrupción que aquél que figure en un lugar más alto en la lista.
También es importante considerar que, para el IPC, el significado de la corrupción se limita a conductas muy específicas que, de manera enunciativa más no limitativa, implican: soborno, malversación de fondos públicos, nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos, falta de  legislación y mecanismos que combatan posibles conflictos de interés en los cargos públicos o ausencia de mecanismos para proteger a quienes denuncian actos de corrupción, entre otros.
La puntuación de un país es el nivel percibido de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente percibido como corrupto y 100 sin percepción de presencia de actos corrupción. La clasificación o rango de un país es la posición en relación con los demás países del IPC. La clasificación puede cambiar simplemente si cambia el número de países incluidos en el índice. Por lo tanto, la clasificación o rango no es tan importante como la puntuación a la hora de indicar el nivel de corrupción en un país y, sobre todo, las observaciones que en particular hacen los entrevistados para ese ranking y la relación con años anteriores.
Para los efectos del IPC de 2025, con base a la metodología empleada, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> las personas entrevistadas por Transparencia Internacional aún no logran identificar cambios significativos en materia de combate y eliminación de corrupción en México. Lo anterior puede ser resultado de diferentes causas, entre otras, que no se perciben avances relevantes derivado de la forma en la que las administraciones públicas en México comunican los resultados de la lucha contra la corrupción, sobre todo el gobierno federal.
Durante el 2024, México fue posicionado en el lugar 140 de los 180 países, rango obtenido por la calificación de 26 puntos. Es importante mencionar que cuando México fue evaluado durante el año de 2023 obtuvo una calificación de 31 puntos, colocándolo en el lugar número 136 de los 180 países evaluados. A continuación se incluye una gráfica <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> en el que se evidencia el desenlace del caso de México respecto a los puntuajes y calificaciones señaladas en el IPC elaborado anualmente por Transparencia Internacional.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1505814" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/Percepcion-de-corrupcion.jpg" alt="Gráfica con la evolución de la percepción de corrupción en México, de 2012 a 2024, de acuerdo al índice de Transparencia Internacional." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/Percepcion-de-corrupcion.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/Percepcion-de-corrupcion-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/Percepcion-de-corrupcion-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/Percepcion-de-corrupcion-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Siguiendo la línea de ideas hasta ahora expuesta, a pesar de que el cambio de cuatro lugares podría ser marginal, sí es oportuno concluir que la tendencia de los últimos diez años en México obliga al gobierno mexicano a replantear el mecanismo y metodología para comunicar el significado de la corrupción y los avances encabezado por Secretarías de Estado enteras. Ello, con la finalidad de que sean entendibles y susceptibles de ser percibidos por la sociedad mexicana, particularmente para los empresarios y servidores públicos que pueden ser objetos de entrevista.
Los actores políticos y sociales que pueden contribuir a la tarea de percepción son variados, tanto para evidenciar los cambios, como los errores en el manejo de la denuncia, investigación o sanción de la corrupción. Una de esos actores son los órganos integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, presidido por un Comité de Participación Ciudadana (CPC) que representa la voz de los ciudadanos y ciudadanas dentro del mencionado sistema.
Te interesa: <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/sistema-nacional-anticorrupcion-opacidad" target="_blank" rel="noopener">El Sistema Nacional Anticorrupción agoniza entre conflictos, opacidad y problemas para consolidarse</a>
El pasado 7 de febrero, en la presentación del informe anual del CPC y cambio de la presidencia que encabezará la académica Vania Pérez Morales, la doctora dio visos de cómo la corrupción, y ya no solamente su percepción, puede combatirse de una manera más efectiva desde el Sistema Nacional Anticorrupción. En su plan de trabajo, <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> la recién designada presidenta ha decidido colocar a la ciudadanía como eje principal de sus acciones, y esto tiene una implicación relevante, pues volver parte del combate a la corrupción a la ciudadanía permitirá sumar esfuerzos e involucrarlos en procesos significativos en los que recibirán un beneficio directo al vivir en un país libre de corrupción, ya que esto mejorará a su vez la calidad de vida de la ciudadanía.
Pérez Morales señaló como áreas estratégicas que definirán el curso del plan de trabajo la atención a las víctimas de la corrupción a través del diseño de estrategias y acciones que restituyan los derechos afectados, la profesionalización de la administración pública mediante la implementación de iniciativas que fortalezcan las capacidades institucionales que se manifiesten en servidores públicos éticos, la prevención de la corrupción mediante programas de ética e integridad y el fomento de gestión de denuncias a través de la creación y fortalecimiento de mecanismos para denunciar actos de corrupción que sean seguros, así como un seguimiento efectivo de los casos que sean reportados.
Es crucial que México, a través del SNA, las autoridades competentes y la sociedad civil organizada, unan esfuerzos y mantengan su enfoque en la lucha contra la corrupción, promoviendo la rendición de cuentas y mejorando la transparencia en todos los niveles de gobierno. Una de esas autoridades es la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, anteriormente la Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy a cargo de Raquel Buenrostro.
Los beneficios del combate a la corrupción se manifiestan a través de implicaciones prácticas: perfeccionar la recaudación de impuestos, dotar de confianza a la ciudadanía respecto a las instituciones gubernamentales y fortalecer el estado de derecho, entre otros. Además, desde el punto de vista de negocios, un país con bajos niveles de corrupción suele ser la opción preferida para recibir capital e inversión extranjera, lo cual a su vez genera fuentes de empleo para los habitantes de dicho país. De ahí la importancia de vivir en un país libre de actos de corrupción.
Te sugerimos consultar nuestros comentarios respecto al IPC anterior, disponible para consulta en nuestro blog anticorrupción: <a href="https://dlmex.org/como-van-los-niveles-de-corrupcion-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">¿Cómo van los niveles de corrupción en México? | DLM</a> .
* Carlos G. Guerrero Orozco es abogado y maestro en gobierno y administración Pública. Cofundador y presidente de DLM. También es socio de la firma de abogados López Melih y Estrada. Frida del Mar López Badillo es abogada y profesora de Antropología Jurídica en la Escuela Libre de Derecho. Colabora en DLM desde el 2020. También es asociada en el área de derecho regulatorio en la firma Sámano Abogados.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Organización internacional no gubernamental encargada de promover medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Transparencia Internacional, a través de sus capítulos en la mayoría de los países del mundo, coordina anualmente la elaboración del Índice de Percepción de la Corrupción.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Para calcular el IPC se siguen los siguientes pasos:
<ul>
<li>Seleccionar las fuentes de datos. El IPC se calcula utilizando 13 fuentes de datos diferentes de 12 instituciones que recogen la percepción de la corrupción en los últimos dos años.</li>
<li>Estandarizar las fuentes de datos en una escala de 0-100, en la que 0 equivale al nivel más alto de corrupción percibida y 100 equivale al nivel más bajo de corrupción percibida.</li>
<li>Calcular la media.</li>
<li>Reportar los resultados.</li>
</ul>
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Gráfica consultada el 11 de febrero de 2025 en <a href="https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/mex" target="_blank" rel="noopener">Corruption Perceptions Index 2024 &#8211; Transparency.org</a>
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Disponible para consulta <a href="https://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2025/01/PAT-CPC-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Un vistazo a la percepción mexicana sobre la corrupción

Tras los combates y las órdenes de evacuación del grupo Movimiento 23 de Marzo / Alianza Fleuve Congo (M23 / AFC), miles de personas han abandonado los campos para desplazados en Goma, República Democrática del Congo (RDC). Como respuesta a esta situación, desde Médicos Sin Fronteras (MSF) adaptamos nuestro enfoque desplegando equipos móviles para apoyar a las personas que están de nuevo en movimiento. Las numerosas personas que regresan a sus lugares de origen de los que habían huido anteriormente se enfrentan a condiciones inciertas y peligrosas.
El paisaje de Goma, la capital de la provincia de Kivu Norte, ha cambiado drásticamente en apenas unas semanas. Antes de que el M23 / AFC tomara la ciudad a finales de enero, Goma albergaba a unas 650,000 personas desplazadas, quienes mayoritariamente vivían en asentamientos improvisados en las afueras de la ciudad, y también a dos millones de residentes.
Algunos campos comenzaron a vaciarse a medida que los enfrentamientos se intensificaban a fines de enero, y prácticamente todos fueron abandonados después de que las nuevas autoridades ordenaran a la gente regresar a sus lugares de origen.
Aunque algunas personas desplazadas optaron por quedarse cerca de Goma, la mayoría se fue al norte o al oeste hacia territorios vecinos, sin saber qué les esperaba allí. En cuestión de días, aparecieron filas interminables de hombres, mujeres, niñas y niños en las carreteras, a pie, en motocicleta o en minibús compartido. Algunos pacientes dicen que a veces caminaban durante días sin comida ni agua.
“Ante estos movimientos masivos, desplegamos equipos a lo largo de las rutas de regreso para evaluar las instalaciones médicas que se verían desbordadas por esta repentina afluencia de pacientes”, explica Anthony Kergosien, responsable de las actividades móviles de MSF en Goma.
“En todas partes encontramos la misma realidad: instalaciones médicas que ya eran apenas funcionales antes de la crisis fueron abandonadas o, en el peor de los casos, destruidas o saqueadas. Ahora se espera que estas instalaciones puedan hacer frente a la situación y existe el riesgo de que enfermedades como el cólera, el Mpox o el sarampión, presentes en los campos, se propaguen”, concluye.
A partir de las primeras evaluaciones, los equipos de MSF comenzaron a proporcionar insumo a más centros de salud en los territorios de Nyiragongo y Masisi. Los equipos también instalaron clínicas móviles en zonas de difícil acceso para brindar atención médica gratuita a las personas que regresaban y a las que estaban de paso.
<h2>Una necesidad urgente por mejorar las condiciones de las personas que regresan</h2>
Una de las instalaciones que MSF apoya en esta respuesta de emergencia es el centro de salud de referencia de Sake, una pequeña ciudad situada a 25 kilómetros al oeste de Goma.
Sake ha sido escenario de intensos enfrentamientos en los últimos años debido a su ubicación estratégica. La ciudad sirve como cruce de caminos crítico para las personas que viajan a la ciudad de Masisi, al oeste; a Kitchanga, al norte, y más al sur, a Minova y Kivu Sur.
“Los habitantes vuelven a Sake y la ciudad es el único punto de cruce para quienes regresan al territorio Masisi o a Kivu Sur después de abandonar los campos de Goma”, explica Kergosien. “Por eso decidimos realizar reparaciones de emergencia en el centro de salud, que había resultado gravemente dañado durante los recientes combates. También reconstruimos la unidad de tratamiento del cólera, que actualmente trata a unos 20 pacientes al día. Ahora, en el centro de salud se realizan casi 200 consultas diarias, principalmente por infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas. Pero también estamos viendo casos de Mpox y a pacientes que buscan atención médica después de sufrir violencia sexual”. 
Desde Sake, nuestros equipos pusieron en marcha servicios médicos móviles y han apoyado a otros centros de salud a lo largo de las carreteras de montaña. El acceso a la atención médica gratuita es crucial para las personas que regresan de los campos, que ahora se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, a menudo sin dinero, sin cosechas y, en algunos casos, sin siquiera herramientas para cultivarlas.
&#8220;Hace una semana que estoy de vuelta en Kabati. Es un lugar tranquilo, pero el hambre es un problema real&#8221;, dice Bigirimana, que pasó dos años en el campo de Bulengo antes de regresar a casa. &#8220;Necesitamos medicamentos. La mayoría de nosotros estamos enfermos; hay muchos casos de diarrea, especialmente entre los niños y niñas&#8221;. 
&#8220;Los riesgos asociados a la inseguridad alimentaria son graves&#8221;, afirma Kergosien. &#8220;Por eso restablecimos varias unidades de nutrición terapéutica. Además, nos enfrentamos a la amenaza de epidemias que se han concentrado en los alrededores de Goma. Existe una necesidad urgente de mejorar las condiciones de vida y el acceso a los servicios esenciales en las zonas de retorno, así como de aumentar la ayuda humanitaria. Lamentablemente, muy pocas organizaciones operan actualmente en estas zonas&#8221;. 
Al 26 de febrero, nuestros equipos móviles de emergencia brindaban apoyo a los centros de salud en las zonas remotas de Buhumba, Kilolirwe, Sake, Kingi, Luhonga y Makombo.
Paralelamente a estas actividades, seguimos proporcionando atención en varios centros de salud y hospitales de Kivu Norte, así como a las personas heridas en los hospitales de Kyeshero y Virunga. También estamos prestando apoyo a varios centros de Goma, proporcionando atención médica básica, tratamiento contra la desnutrición y el cólera, y atención a sobrevivientes de violencia sexual.

Huida masiva de desplazados en el Congo

La incautación de armas producidas en Estados Unidos y dirigidas al mercado mexicano se triplicó en el período de 2016 a 2023, según el reporte de <a href="https://www.smallarmssurvey.org/" target="_blank" rel="noopener">Small Arms Survey</a>, que se dio a conocer en noviembre pasado.
El informe se elabora con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Con destino a México, en el período 2016-2019 fueron incautadas 286 armas y entre 2020 y 2023, 1035, lo que representa un crecimiento del 263 %.
En el caso de América Latina y México, la demanda es de armas de asalto y, para el caso de nuestro país, el 38 % de las incautadas fueron de este tipo; en el resto de América Latina, el 27 %, y en el Caribe, el 6 %.
De acuerdo al CBP, de los fusiles de asalto destinados a América Latina, la mayor parte tenían como destino México, “donde tiene una gran demanda entre los cárteles de la droga (…), en Haití las pandillas están buscando las mismas armas de los cárteles de la droga mexicanos”, de manera particular AK-47 y el fusil semiautomático AR-15. La mitad de las armas decomisadas que venían a México fueron de estos dos tipos.
El tráfico de las armas hacia México ocurre por las fronteras terrestres con Estados Unidos y se realiza en vehículos particulares. Estos decomisos representan el 76% del total. Llega al 91% si se suman los que se hacen en autobuses, camionetas, furgonetas, y el 5 % ocurre a peatones y ciclistas. El restante 4 % corresponde a envíos por paquetería.
De acuerdo al estudio, el mayor tráfico de armas de Estados Unidos a México ocurre por la frontera de Laredo, Texas, donde se confiscaron el 66 % de las armas; le sigue Tucson, Arizona, con el 18 %; El Paso, Texas, con el 9 % y San Diego, California, con el 3 %.
La organización es consciente de que el número de armas confiscadas es muy menor con relación al número de las que todos los años ingresan de Estados Unidos hacia México, todas para los grupos del crimen organizado. Se manejan distintas cifras, pero hay un acuerdo de que la cantidad ronda en poco más de 200 000 armas larga al año.
¿Por qué se decomisan tan pocas armas? Esto, dice la organización, requiere de datos y análisis adicionales con los que ahora cuenta. Los datos que se tienen muestran dos cosas: que el tráfico se realiza por vía terrestre a través de la frontera en vehículos privados, y que han aumentado los decomisos, aunque de manera marginal con relación a los volúmenes de armas que ingresan desde Estados Unidos a México.
Small Arms Survey es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que tiene 25 años de existencia, que ofrece conocimientos imparciales, con base en evidencia, que resulta relevante para el estudio y el diseño de las políticas públicas sobre armas y la violencia a gobiernos, formuladores de políticas, investigadores y a la sociedad civil.
<a href="https://x.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Crece la incautación de armas de Estados Unidos dirigidas a México

<a href="https://libros.colmex.mx/tienda/la-fortaleza-capitalina-analisis-de-las-estrategias-y-politicas-de-seguridad-de-la-ciudad-de-mexico-1994-2024-informe-de-resultados/" target="_blank" rel="noopener">La fortaleza capitalina</a> es una investigación del Seminario sobre Violencia y Paz, que concluye, entre otras cosas, que los éxitos y fracasos de las políticas de seguridad de la Ciudad de México (CDMX) estarán incompletos mientras no se contemple lo que pasa en toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Para ello, hay que impulsar una mirada metropolitana de la seguridad. ¿Qué supone esa mirada?
Con alrededor de 22 millones de habitantes, la ZMVM es el octavo espacio metropolitano más poblado a nivel mundial y el primero a escala continental. Comparado con los 9.2 millones de habitantes de la CDMX, en la escala metropolitana habitan más del doble de la población capitalina. Y con una densidad poblacional aproximada de 2,772 habitantes por kilómetro cuadrado, esta zona concentra poco más del 17 % de la población nacional (INEGI, 2020). Este espacio es un polo demográfico, económico y político fundamental en la región. Geográficamente, la ZMVM genera colindancias entre la CDMX, Estado de México e Hidalgo a partir de Tizayuca, el único municipio hidalguense de la zona. En total, la ZMVM involucra a las 16 alcaldías capitalinas, 59 municipios mexiquenses y uno hidalguense.
En términos de seguridad, este monstruo urbano es, a la vez, un apretado espacio de oportunidades y peligros para quienes la habitan y transitan. En una entrevista, la Dra. Carmina Jasso, investigadora de la UNAM, propuso una metáfora que describe la ironía. Las fronteras entre la CDMX y el Estado de México son, dijo, una especie de cicatrices que resultan de la violencia y la criminalidad de ambos espacios. Una cicatriz no diferencia, solo recuerda el vestigio de la herida inicial. La división entre ambas entidades es compleja. Por momentos parece imperceptible, y luego supone cambios drásticos que van más allá de una separación administrativa. A pesar de ser la misma metrópoli, sus separaciones marcan formas distintas de convivencia y de coexistencia. Esto, en materia de seguridad y criminalidad, se traduce en formas diferenciadas de percibir y experimentar la (in)seguridad.
Para muestra un botón. El citado <a href="https://libros.colmex.mx/tienda/la-fortaleza-capitalina-analisis-de-las-estrategias-y-politicas-de-seguridad-de-la-ciudad-de-mexico-1994-2024-informe-de-resultados/" target="_blank" rel="noopener">informe</a> encuentra que, a lo largo de las últimas décadas, la CDMX redujo drásticamente la incidencia de lesiones dolosas, lo que es francamente esperanzador porque esto refleja la manera en la que se canaliza el conflicto. Ante él, las personas de la CDMX dejaron de agredirse intencionalmente como primera opción. No obstante, el optimismo se reduce cuando se mira el fenómeno de manera metropolitana, pues en el mismo periodo los municipios mexiquenses experimentaron un incremento tan grande que pone a la ZMVM en datos comparables con los de la CDMX en su época más violenta (ver Gráfico 1).
Gráfico 1. Tasas de lesiones dolosas por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, CDMX y ZMVM (1997-octubre de 2023).
<figure id="attachment_1505711" aria-describedby="caption-attachment-1505711" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1505711" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/Politicas-de-seguridad-CDMX.jpg" alt="Gráfica con las Tasas de lesiones dolosas por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, CDMX y ZMVM (1997-octubre de 2023)." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/Politicas-de-seguridad-CDMX.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/Politicas-de-seguridad-CDMX-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/Politicas-de-seguridad-CDMX-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/Politicas-de-seguridad-CDMX-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1505711" class="wp-caption-text">Fuente: elaboración propia con base en cifras de incidencia delictiva del fuero común del SENSP y población del INEGI. Nota: las cifras de 2023 corresponden al periodo de enero a octubre. Las cifras correspondientes a la ZMVM están disponibles de 2011 en adelante.</figcaption></figure>
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Las cicatrices fronterizas, siguiendo la metáfora, no siempre han estado ahí. Entre 1859 y 1867 existió un episodio poco conocido, pero explicado con brillantez por el historiador <a href="https://foem.edomex.gob.mx/sites/foem.edomex.gob.mx/files/catalogo/El%20Estado%20del%20Valle%20de%20M%C3%A9xico%201824-1917.pdf" target="_blank" rel="noopener">Gerald L. McGowan</a>: la creación del estado del Valle de México, una entidad territorial reconocida tanto por el gobierno de Benito Juárez como por el de Maximiliano de Habsburgo. Aun en la división extrema, ambos grupos políticos coincidieron en la creación de este espacio territorial. Como lo explica el propio McGowan, la idea del estado del Valle de México apareció casi desde la consumación de la independencia mexicana, concretamente en el marco del constituyente de 1824. La propuesta estaba fuertemente asociada con el planteamiento de trasladar o no a los poderes supremos fuera de la ciudad de México.
El estado del Valle de México era una referencia territorial amplísima que cubría, de este a oeste, desde los poblados de Santa Fe hasta los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el Ajusco hacia el sur, y hasta la Laguna de Zumpango al norte, zona en donde actualmente opera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La propuesta regresaría a finales de 1916 a cargo del propio Venustiano Carranza, quien vio oportunidad política en el replanteamiento fronterizo de la entidad para proteger el espacio militarmente. No obstante, no volvió a prosperar en el constituyente de 1917. Así, la elasticidad de las fronteras entre Estado de México, Distrito Federal y la intención del estado del Valle de México flotó durante el primer siglo de vida independiente, lo que de maneras diversas empujó dinámicas de urbanización y territoriales que ayudan a entender la intensidad de la ZMVM contemporánea.
Desde que asumió el poder en octubre del año pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó la creación de un Cabildo Metropolitano. En el <a href="https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/con-alcaldesas-y-alcaldes-jefa-de-gobierno-clara-brugada-instala-cabildo-de-la-ciudad-de-mexico-un-espacio-plural-para-los-grandes-temas-de-la-capital" target="_blank" rel="noopener">discurso</a> que pronunció durante su sesión inaugural, Brugada lo describió como un “espacio plural para los grandes temas de la Capital”. El Cabildo sí tiene la intención de mirar, de manera metropolitana, problemáticas comunes a la CDMX, el Estado de México, Hidalgo, y también suma a Morelos. La seguridad está en la agenda, pero también temas de transporte, agua, ordenamiento urbano, manejo de residuos, entre otros. El panorama político es oportuno y permite el optimismo por dos razones: en primer lugar, porque Brugada está usando su liderazgo para impulsar la mirada metropolitana, y en segundo, porque existen coincidencias partidistas inusuales entre las personas gobernantes de la metrópoli. Sin embargo, el mayor reto consistirá en institucionalizar las buenas voluntades para no depender de contingencias y coincidencias políticas.
El siglo XX heredó una carencia histórica para ignorar y operativizar una visión metropolitana de la seguridad en la ZMVM. El reto de la mirada metropolitana consiste, en materia de seguridad, en trascender la colaboración reglamentada, pero no vinculatoria, entre autoridades de distintos estados, y en su lugar caminar hacia estrategias integradas de seguridad que dependan menos de acuerdos políticos y que descansen más en el incremento de capacidades institucionales y de prevención del delito, especialmente en las fronteras entre estados o en espacios estratégicos como carreteras y aeropuertos. Urge institucionalizar una política de seguridad metropolitana que permita expandir las buenas prácticas, impulsar nuevas lógicas de prevención y reconocer el peso de lo metropolitano en la dinámica urbana de la seguridad. No hacerlo consolidará estas fronteras como cicatrices imborrables de distinción, diferenciación e inseguridad.
* Rodrigo Peña González es doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden (Países Bajos), investigador y director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. La asistencia de investigación para la recuperación de información para este texto por la Lic. Montserrat Cambroni Nava.

La mirada metropolitana

Desde de la aprobación de la reforma judicial, algunas ministras de la SCJN comenzaron a realizar actos y manifestaciones de promoción de sus candidaturas para posicionarse en las elecciones jurisdiccionales. Dicha conducta fue llevada a cabo mediante entrevistas en medios de comunicación, intervenciones en eventos académicos, artículos de opinión, publicaciones en redes sociales, así como, participaciones en eventos públicos y/o privados.
Este accionar ocasionó que magistrados, jueces y miembros del Poder Judicial emularan los actos de promoción indebida. Estos sujetos han tenido una mayor exposición mediática, han aumentado sus participaciones en eventos y reuniones, han incrementado sus publicaciones en redes sociales y han escrito con mayor énfasis sobre la reforma judicial y la impartición de justicia.
Indudablemente, estos funcionarios jurisdiccionales han realizado actos anticipados de campaña para favorecer sus candidaturas, lo que derivó en una metamorfosis irracional, ya que dejaron de ser guardianes del Estado de Derecho para convertirse en transgresores de la ley. Es decir, han abandonado su papel de juzgadores para desempeñar en un rol de candidatos.
Juzgadores que se desempeñaron como defensores de los derechos y las libertades, intérpretes de las leyes y garantes del régimen democrático, se han dedicado a vulnerar e incumplir, una y otra vez, las normas comiciales que garantizan que las elecciones sean llevadas a cabo en condiciones de equidad y legalidad.
Sin embargo, los actos anticipados de campaña han sido producto de la ambigüedad de la normatividad electoral, de la complicidad del INE y de la permisividad del TEPJF. No obstante, estas condiciones no liberan de responsabilidad a las personas que dolosamente se han aprovechado de los vacíos legales y de los criterios judiciales para tomar una ventaja indebida en las votaciones.
<h2>Normas ambiguas</h2>
La reforma judicial no estableció una prohibición de los actos anticipados de campaña, lo que contradice el impedimento que tienen las candidaturas en los comicios presidenciales y legislativos, dado que dicho comportamiento es considerado como una conducta infractora <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> que podría ser sancionada con una amonestación y hasta con la pérdida del registro de la candidatura. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
La omisión legislativa para prohibir, tipificar y sancionar la realización de los actos anticipados de campaña quebranta las condiciones de igualdad de la contienda comicial, ya que favorece a que las personas aspirantes y candidatas, así como otros sujetos, cometan actos de promoción electoral para obtener una ventaja indebida en las elecciones sin tener la posibilidad de ser sancionados.
No obstante, la LGIPE determina que las candidaturas únicamente podrán difundir su trayectoria profesional, méritos, así como, visiones, propuestas y mejoras a la función jurisdiccional y la impartición de justicia, durante las campañas electorales. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Lo anterior, se podría indicar que existe una prohibición implícita o indirecta de que las candidaturas no podrían realizar actos anticipados de campaña, pero esta afirmación sería una interpretación de la ley, por lo que no obligaría a las autoridades electorales a inhibir, proscribir ni sancionar la ejecución de los actos anticipados de campaña.
<h2>La complicidad del INE</h2>
El INE estuvo obligado a emitir un catálogo de infracciones, <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> dado que la reforma judicial fue omisa en determinar cuáles eran las contravenciones de la normatividad, pero este instrumento legal no contempló un apartado de sanciones, por lo que la autoridad electoral perdió la oportunidad de establecer, para mayor claridad, las penas aplicables, ya que sólo indicó que las conductas ilícitas serían infraccionadas conforme a las sanciones aplicables en la LGIPE.
Ahora bien, la autoridad electoral decidió incluir a los actos anticipados de campaña como una conducta sancionable únicamente para los aspirantes y las candidaturas a juzgadores, <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> pero este comportamiento no fue incluido como una posible infracción cometida por parte de los partidos políticos, las personas servidoras públicas, la ciudadanía, las personas dirigentes y afiliadas a entes partidistas, las personas físicas y/o jurídicas, así como, los concesionarios de radio y televisión.
Esta nueva omisión del INE revela un desconocimiento del accionar de actores políticos, funcionariado público, estaciones de radio, canales de televisión y ciudadanía, ya que estos han realizado números actos anticipados de campaña para favorecer a algunas candidaturas durante las elecciones presidenciales y legislativas, por lo que se fomenta que estos sujetos puedan vulnerar y transgredir, una vez más, las condiciones de equidad de la competencia electoral.
En consecuencia, la autoridad electoral permite la intervención ilegal de múltiples actores y sujetos en las elecciones judiciales, quienes podrían promocionar y posicionar indebidamente a alguna candidatura sin tener alguna consecuencia. El INE, nuevamente, ha quebrantado los principios democráticos de las elecciones jurisdiccionales para congraciarse con el gobierno federal.
<h2>La condescendencia del TEPJF</h2>
La autoridad jurisdiccional estableció que los actos anticipados campaña se configuran a partir de la coexistencia de los elementos temporal, personal y subjetivo. Asimismo, determinó que la falta de uno de los elementos produce que no se acredite la infracción electoral. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>  Aquí comienza una historia de complacencia al poder político que fue disfrazada una falsa protección de las libertades.
El elemento temporal consiste en que los actos y/o las expresiones deben ser realizadas antes de la etapa de campañas y que la conducta ilícita puede ser denunciada en cualquier momento. <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> Este elemento no tiene mayor problema, ya que fue maximizado para proteger la equidad de la contienda electoral. Un punto bueno.
El elemento personal consiste en que los actos y/o las expresiones deben ser realizadas por partidos políticos, militantes, aspirantes, servidores públicos y/o candidaturas. Asimismo, en el contexto del mensaje se debe advertir que las voces, imágenes o símbolos hagan plenamente identificables a las personas sobre las que versan. El TEPJF amplío el catalogo de sujetos infractores al considerar que este elemento puede actualizarse a partir de la actuación de terceras personas. <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> Este elemento fue maximizado para inhibir la intromisión de sujetos externos en el proceso electoral. Otro punto bueno.
El gran problema reside en el elemento subjetivo, ya que el TEPJF estableció múltiples criterios que obstaculizan su acreditación y que, a su vez, se constituyen como una guía práctica para que sujetos y actores pongan en práctica los actos anticipados de campaña para lograr un posicionamiento indebido de una candidatura sin que sean sancionados. Veamos.
El elemento subjetivo radica en que los actos y/o las expresiones tienen que revelar la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido político. <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a> La autoridad jurisdiccional determinó que los actos y/o las expresiones deben tener un mensaje electoral explícito o inequívoco, es decir, deben contener las palabras “vota”, “apoya” y “elige”, así como, deben difundir promesas, plataformas electorales o contener algún equivalente funcional. <a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a>
Aquí tenemos el primer error, ya que las personas aspirantes y candidatas pueden generar mensajes y/o expresiones que promocionen sus pretensiones electorales sin que infrinjan las condiciones de equidad de la contienda electoral; para ello, sólo tendrán que evitar el uso de los vocablos “vota”, “apoya”, “elige”, “elecciones” y “cargos” de esta manera pueden posicionar su imagen, nombre, logo, mensaje y siglas, sin que se configure un acto anticipado de campaña.
El TEPJF determinó que para la acreditación del elemento subjetivo se debe comprobar que el mensaje de llamado al voto y/o que publicite una plataforma electoral debe transcender al conocimiento de la ciudadanía. <a href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a> Para ello, se debe analizar la audiencia que recibió el mensaje, el lugar en donde se celebró el acto o se emitió el mensaje y el medio de difusión el evento o mensaje. <a href="#_ftn12" name="_ftnref12">12</a>
Aquí tenemos el segundo error, dado que las personas aspirantes y candidatas tienen la posibilidad de realizar llamados directos al voto, solicitudes de apoyo, siempre y cuando lo hagan ante un número reducido de personas, en eventos privados, en medios de poca audiencia o en redes sociales con pocos seguidores. Una vez más, la autoridad jurisdiccional proporciona los parámetros para que los sujetos no vayan a ser sancionados por la realización de actos anticipados de campaña.
Una más, la autoridad jurisdiccional estableció que una manifestación de la intención de aspirar a un cargo público no configura una infracción por actos anticipados de campaña, ya que no implica por sí misma un acto de promoción ni se traduce en un posicionamiento indebido, sino que se requiere que ésta vaya acompañada de la solicitud de voto o algún equivalente funcional. <a href="#_ftn13" name="_ftnref13">13</a>
Aquí tenemos el tercer error, ya que las personas aspirantes tuvieron la posibilidad de promocionarse ante la ciudadanía al emitir mensajes y/o expresiones consistentes en que buscarían una candidatura en un proceso electoral, este acto quebranta las condiciones de equidad de la competencia electoral, ya que otorga una ventaja ilícita, puesto que una persona que anuncia sus intenciones de contender electoralmente se hace plenamente identificable por la ciudadanía.
En conclusión, el TEPJF ha obstaculizado la configuración de los actos anticipados de campaña y ha proporcionado múltiples parámetros para que partidos políticos, militantes, aspirantes, servidores públicos y/o candidaturas no sean sancionados. La autoridad jurisdiccional da la pauta a seguir para que la promoción ilícita de una candidatura quebrante las condiciones de equidad de la competencia electoral.
<h2>Tan tan…</h2>
En los últimos días hemos sido testigo como un magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF fue denunciado por actos anticipados de campaña, pero no se han presentado más denuncias en contra de las ministras, magistrados y jueces; sólo basta con ver sus redes sociales para vislumbrar que están en plena campaña electoral.
* César Hernández González (<a href="https://x.com/ZezarHG" target="_blank" rel="noopener">@ZezarHG</a>) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Artículo 445, numeral 1, inciso a) de la LGIPE.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Artículo 456 numeral 1, inciso c) de la LGIPE.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Artículo 505, numeral 1 de la LGIPE.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Cfr. INE/CG24/2025
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Artículo 5, fracción III de los Lineamientos que establecen las reglas procesales y de actuación en el trámite de procedimientos sancionadores a cargo de la Secretaría Ejecutiva y los órganos desconcentrados del INE, así como el Catálogo de Infracciones para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Cfr. SUP-RAP-15/2009, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-15-2012 y SUP-JRC-274/2010
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Cfr. Tesis XXV/2012 de rubro: “Actos anticipados de precampaña y campaña. Pueden denunciarse en cualquier momento ante el instituto federal electoral”.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Cfr. SUP-REP-229/2023 y SUP-REP-393/2023
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> Cfr. SUP-JRC-194/2017, SUP-REP-146/2017, SUP-REP-159/2017, SUP-REP-594/2018, SUP-REC-803/2021 y SUP-REC-806/2021
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> Cfr. Jurisprudencia 4/2018 de rubro: “Actos anticipados de precampaña o campaña. Para acreditar el elemento subjetivo se requiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral”.
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">11</a> SUP-JRC-97/2018, y SUP-REP-73/2019
<a href="#_ftnref12" name="_ftn12">12</a> Cfr. jurisprudencia 2/2023: “Actos anticipados de precampaña o campaña. Para acreditar el elemento objetivo se deben analizar las variables relacionadas con la trascendencia a la ciudadanía”.
<a href="#_ftnref13" name="_ftn13">13</a> Cfr. Jurisprudencia 34/2024. “Actos anticipados de precampaña o campaña. La sola manifestación de la intención de aspirar a un cargo público no los configura”.

De juzgadores de ley a transgresores

Cada 27 de febrero desde el 2013 se conmemora el Día Nacional por la Inclusión Laboral, conmemoración instaurada por el Senado de la República con el objetivo de promover relaciones laborales y espacios de trabajo dignos y seguros, libres de discriminación.
En la misma sintonía, el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) ha expresado que la inclusión laboral implica reconocer que la discriminación es un fenómeno persistente en el ámbito laboral que necesita ser erradicado y que las políticas de diversidad e inclusión laboral conllevan la implementación de acciones coordinadas que promuevan espacios de trabajo que sean seguros para todas las personas, donde se busque prevenir y atender con perspectiva de derechos humanos los actos discriminatorios en el trabajo.
A pesar del reconocimiento nacional y local de la importancia de la inclusión laboral y de los avances tanto en la legislación como en la implementación de políticas de inclusión en el sector empresarial en los últimos años, actualmente se están posicionando narrativas en contra de estas iniciativas, en específico, el nuevo presidente de los Estados Unidos ha expresado que le pondrá “(&#8230;)fin a la política gubernamental de tratar de imponer la cuestión de la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad que no haga distinciones por el color de la piel y basada en el mérito”. 1
Lo anterior ha ocasionado que algunas empresas con operaciones en el país estadounidense y de renombre internacional den marcha atrás a sus políticas, equipos y presupuestos de diversidad, equidad e inclusión laboral (DEI), o que modifiquen la narrativa alrededor de la inclusión para dejar de hablar públicamente de acciones “DEI”.
Estos acontecimientos han generado preocupación en las personas que trabajamos a favor de la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral, es por ello que, bajo esta coyuntura sociopolítica, resulta fundamental alzar la voz a favor de la Inclusión Laboral, es por eso que en este artículo intentaré dar 3 argumentos importante para responder a la pregunta de ¿por qué es importante seguir impulsando la inclusión laboral? 2
Primero, porque es fundamental para cumplir con el derecho a la no discriminación, el cual implica el “derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil”. 3
La discriminación está prohibida desde el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), tanto en la Ley Federal del Trabajo (LFT), en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) y a nivel local también en la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) y en la Ley para Prevenir y Eliminar la discriminación de la CDMX (LPEDCM). En ese sentido, es una obligación que las instituciones, tanto públicas como privadas, generen acciones para erradicar la discriminación, eso conlleva la implementación de medidas positivas a favor de la igualdad y la garantía de acceso a un trabajo digno, con especial atención a aquellos grupos que históricamente han sido discriminados (La CPCM reconoce a los siguientes como grupos de atención prioritaria: mujeres; personas jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad; personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTTTIQ+); personas migrantes y sujetas de protección internacional; personas en situación de calle; personas privadas de su libertad; personas afrodescendientes; personas de identidad indígena, entre otras).
Segundo, porque las acciones de inclusión laboral tienen la capacidad de combatir las desigualdades estructurales, es decir, parten de reconocer que la desigualdad en nuestra sociedad existe, y que por ello es importante que las empresas, las instituciones y las organizaciones logren diseñar e implementar estrategias en conjunto para eliminar esas brechas y con ello lograr espacios de trabajo diversos e inclusivos.
Lo anterior también ha sido señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual presenta la inclusión laboral como un objetivo que es necesario para superar las desigualdades y lograr un desarrollo económico sostenible.
Algunos ejemplos de políticas de inclusión que combaten la desigualdad son las licencias parentales extendidas y las licencias de cuidados sin distinción de género, ya que ayudan a equilibrar las labores de cuidado al interior de los hogares sin que estos tengan repercusiones en el desarrollo laboral de las personas cuidadoras. Asimismo, la transformación de procesos de reclutamiento para hacerlos más inclusivos y con ello lograr convocatorias direccionadas a grupos históricamente discriminados abona a la generación de espacios de trabajo más diversos, y promueven también la redistribución de las riquezas.
Cuando se cuestionan las políticas de inclusión argumentando que las oportunidades laborales deben basarse únicamente en el mérito, se ignora que este no es una condición innata de las personas más inteligentes o competitivas, sino el resultado de un acceso a entornos familiares, educativos, sociales y culturales más privilegiados que otros. En sociedades marcadas por la desigualdad, el mérito no garantiza la igualdad, ya que ciertos grupos han enfrentado históricamente desventajas estructurales. Por ello, un modelo que privilegia la meritocracia sin considerar estas barreras no solo perpetúa la exclusión, sino que impide la construcción de espacios verdaderamente incluyentes.
Tercero, la inclusión laboral implica la creación de oportunidades dignas de trabajo, lo que conlleva múltiples beneficios para las personas trabajadoras, sobre todo si son de grupos prioritarios; en consecuencia, los entornos de trabajo se vuelven espacios más seguros y eso, también representa un caso de negocios. El Copred en su estudio “<a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/investigacion-sobre-los-beneficios-de-implementar-estrategias-y-politicas-de-diversidad-e-inclusion-en-los-centros-de-trabajo-empresariales.pdf" target="_blank" rel="noopener">Beneficios de implementar estrategias de diversidad e inclusión laboral en los centros de trabajo empresariales</a>” expone una amplia literatura alrededor de los beneficios de la inclusión laboral, tales como mayor creatividad, innovación y objetividad en la toma de decisiones; mejoras en la atracción y retención del talento; mayor motivación y productividad en el personal; mejoras en la reputación y capacidad de penetración en el mercado; aumento en niveles de rentabilidad, ingresos y retornos; entre otros
Para finalizar, vale la pena resaltar que la inclusión en el ámbito laboral apuntala al cambio cultural, ese que busca desmantelar los prejuicios y estereotipos arraigados en nuestra sociedad, esas creencias que día a día originan malos tratos y vulneración de derechos hacia las personas simplemente por tener una identidad o un contexto distinto, por ser la/elle/el “otro”, por no cumplir con las construcciones sociales establecidas sobre el género, la vestimenta, el tono de piel, el origen étnico, la discapacidad, entre muchas otras normas impuestas que se han reproducido de manera histórica, sistemática y estructural. 3
El verdadero enemigo es el prejuicio y el estereotipo que no nos permite respetar ni ser empáticas con otras personas o grupos.
No nos dejemos engañar por las narrativas de ciertos líderes o grupos que buscan seguir estigmatizando la identidad de las personas. En México, los avances en materia de no discriminación son claros y la suma de esfuerzos para fortalecer las acciones de inclusión laboral son importantes para no dar pasos hacia tras en la materia, estrategias como el<a href="https://www.copred.cdmx.gob.mx/acciones-estrategicas/gran-acuerdo-por-el-trato-igualitario" target="_blank" rel="noopener"> Gran Acuerdo por el Trato Igualitario</a> (plataforma de vinculación del Copred con el sector empresarial de la Ciudad de México) son necesarias para que, tanto sector público como privado, trabajen de la mano para demostrar que las políticas DEI no son nuestro enemigo, al contrario, son nuestras herramientas para sociedades más justas e igualitarias.
* Georgina Ivana Ontiveros Rivera, es coordinadora de la Secretaría Técnica del Copred.
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1 Goodman, Amy. (2025). <a href="https://www.democracynow.org/es/2025/1/24/el_ataque_de_trump_contra_la" target="_blank" rel="noopener">El ataque de Trump contra la diversidad, la equidad y la inclusión provoca una reacción popular</a>. Democracy Now.
2 Hernández, Maricela y Ontiveros, Georgina. (2023) <a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Revista_Inclusion_Numero_4_2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Argumentos a favor de la inclusión laboral</a>. Revista Inclusión. No.4.
3 Copred. (n.d.). <a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/investigacion-sobre-los-beneficios-de-implementar-estrategias-y-politicas-de-diversidad-e-inclusion-en-los-centros-de-trabajo-empresariales.pdf" target="_blank" rel="noopener">Investigación sobre los beneficios de implementar estrategias y políticas de diversidad e inclusión en los centros de trabajo empresariales</a>. Ciudad de México.

Las políticas de diversidad e inclusión laboral no son el enemigo

El impacto potencial de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos en la economía mexicana es preocupante. De materializarse, las afectaciones en los productos de aluminio exportados por México excederían por mucho a las de 2018, de acuerdo con la <a href="https://imco.org.mx/el-impacto-potencial-de-los-aranceles-al-acero-y-aluminio/" target="_blank" rel="noopener">investigación</a> del IMCO. Sin embargo, la magnitud del impacto también sería mayor sobre las industrias estadounidenses, lo cual podría favorecer una posible negociación con México e identificar a sus probables aliados en EUA.
El pasado 10 de febrero, el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles de 25 % a las importaciones de acero y aluminio de EUA a partir del 12 de marzo. Esto significa que, dentro de ese país, los importadores de estas mercancías tendrán que pagar una cuarta parte más de su precio, incremento que se traspasará a los consumidores dependiendo de otros factores y variables macroeconómicas. Trump impuso una medida arancelaria similar durante su primer mandato, pero se retiró para México tras llegar a un <a href="https://www.gob.mx/se/articulos/la-se-se-congratula-por-la-proclamacion-hecha-por-el-presidente-de-eeuu-que-elimina-aranceles-a-importaciones-de-acero-y-aluminio-de-mexico?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">acuerdo</a>.
En esta ocasión, la medida arancelaria será dirigida a todos los países sin excepciones a sus socios comerciales norteamericanos. Además, la Casa Blanca amplió la gama de bienes a los que se les impone el gravamen, pues se agregaron mercancías excluidas en 2018 tales como autopartes, electrodomésticos y productos electrónicos. En conjunto, todos los bienes sujetos al nuevo arancel sumaron aproximadamente 4.7 % de las exportaciones mexicanas en 2024, equivalente a 1.5 % del PIB de ese año, un número mayor a lo que estaba en peligro hace siete años. Si bien esto representa un riesgo para México, la repercusión en la economía estadounidense también sería considerable.
El aluminio y el acero son vitales para la <a href="https://www.usitc.gov/publications/332/pub5405.pdf" target="_blank" rel="noopener">fabricación</a> de productos que van desde utensilios hasta aviones y equipo ferroviario. A los productores de manufactura estadounidenses les conviene precios competitivos que se perderían en caso de implementarse las tarifas arancelarias; lo mismo es cierto para los consumidores y las familias de ese país.
Estados Unidos importó en 2024 cerca de 136.5 mil millones de dólares de los bienes enlistados en ambas proclamaciones presidenciales, cifra que sería afectada por el cobro de aranceles. Las fluctuaciones en los precios se transmitirían, al menos parcialmente, a los consumidores estadounidenses, lo que podría provocar un aumento en los precios de distintos productos. Por ejemplo, <a href="https://www.automotivedive.com/news/tariffs-trump-steel-aluminum-automotive/739872/#:~:text=from%20your%20inbox.-,Tariffs%20on%20steel%2C%20aluminum%20likely%20mean%20higher%20costs%20for%20auto,by%20%241%2C500%2C%20an%20expert%20said.&amp;text=A%20worker%20polishes%20a%20truck,%2C%20on%20June%205%2C%202023" target="_blank" rel="noopener">expertos</a> estiman que el costo de un automóvil individual podría aumentar a 1,500 dólares. Dados los insumos que usan y la importancia del aluminio y el acero en sus cadenas de producción, el sector automotriz sería particularmente afectado por las medidas comerciales de la Administración Trump.
La preocupación del sector manufacturero, en particular el automotriz, favorece los argumentos de México en una posible negociación del tema arancelario. Esta información adquiere mayor potencia en un contexto de creciente tensión geopolítica y competencia tecnológica, marcada por la rivalidad de China y Estados Unidos en la fabricación de infraestructura avanzada. Además, el conflicto arancelario abriría una puerta a otras regiones o países para posicionarse como mejores socios comerciales ante el resto del mundo. Los aranceles del presidente Trump son, sin duda, un arma de doble filo para Estados Unidos.
* Isaac Cruz Pardo (<a href="https://x.com/isaaccruzpardo" target="_blank" rel="noopener">@isaaccruzpardo</a>) es investigador del IMCO.

Aranceles: un arma de doble filo

El jueves pasado, la presidenta de la República envió al Senado el paquete de reformas a las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, como parte del proceso de armonización legislativa derivado de la reforma constitucional de simplificación orgánica aprobada en noviembre del año pasado, por medio de la cual se elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Una reforma que se insistió es regresiva al echar por la borda el andamiaje jurídico e institucional de apertura gubernamental y rendición de cuentas que se había construido a lo largo de más de veinte años en el país, mucho por las luchas ciudadanas, y que colocó a México en un referente en el continente.
Uno de los elementos más cuestionables de la reforma constitucional es la eliminación del carácter autónomo del órgano garante en materia de transparencia, pues al trasladar muchas de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y al órgano desconcentrado que se creará (Transparencia para el pueblo) hay un potencial conflicto de interés al ser parte del propio Poder Ejecutivo, lo que no da ninguna garantía de independencia. Basta imaginar que alguna dependencia del Ejecutivo se niegue a otorgar la información, por ejemplo, el Ejército o la propia oficina de la presidencia, para corroborar los obstáculos que se tendrán para sancionarla, pues sería una agencia del mismo poder o su superior jerárquico ordenando la apertura.
Por ello, resulta preocupante que en el paquete de leyes secundarias se pierdan un conjunto de funciones clave que tenía el INAI, tales como:
a) La posibilidad de resolver y tomar decisiones de manera colegiada, pues ahora será un órgano unipersonal (Transparencia para el pueblo) y designado directamente por el Ejecutivo.
b) La oportunidad de determinar prima facie la existencia de violaciones graves a derechos humanos y posibles actos de corrupción para ordenar la apertura de información de interés público. En el marco legal propuesto se limita la excepción de la reserva sólo a casos acreditados, lo cual contradice el principio de máxima publicidad, donde la reserva de información debe ser de manera excepcional y sólo podrá hacerse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.
c) Los mecanismos sencillos de inconformidad y la definitividad de las resoluciones que emitía el INAI. Pues ahora las y los ciudadanos tendremos que acudir a mecanismos jurisdiccionales, que se sabe son costosos, largos y poco accesibles, para inconformarnos respecto al derecho a saber, lo cual nos deja en un estado de mayor desprotección ante negativas de información. Al respecto, se crearán juzgados especializados de acceso a la información que entrarán en vigor después de 180 días que la legislación propuesta esté vigente.
<ul>
<li>Las facultades como órgano de control constitucional para presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales para proteger los estándares de derecho en la legislación secundaria u otras normas que contravengan los principios rectores de acceso a la información y protección de datos personales se eliminan.</li>
<li>La vigilancia y gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia, la herramienta ciudadana para acceder a la información donde 723 entidades públicas a nivel federal y más de siete mil en todo el país divulgan información, queda a cargo de la Secretaría Anticorrupción y no del órgano (Transparencia para el pueblo) que se crea en suplencia del INAI, lo cual desde el punto de vista competencial resulta cuestionable que una secretaría del ejecutivo federal sea la que administre y supervise el funcionamiento de dicha plataforma.</li>
<li>La facultad de atracción para que se pudieran recibir recursos de revisión de los estados que por su trascendencia e interés público así lo ameriten y, con ello, establecer estándares de derecho, ahora se limita a asuntos relativos a recursos federales.</li>
</ul>
Aunado a lo anterior, llama la atención el incremento del número de causales para reservar la información, lo cual contraviene los principios sobre clasificación y desclasificación de la información que establecen la reserva de manera excepcional, bajo prueba de daño caso por caso y priorizando la máxima publicidad y el interés público.
En un <a href="https://x.com/designaciones/status/1849611405017874868" target="_blank" rel="noopener">conversatorio</a> realizado el año pasado, Edison Lanza, exrelator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refirió que una iniciativa que en esencia es regresiva difícilmente podría atenuarse. En este sentido, varias organizaciones, entre ellas Article 19 México y Centroamérica, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio de Designaciones Públicas, participaremos en una audiencia temática ante la CIDH el próximo 5 de marzo con el objetivo de que se valoren estas reformas y la situación de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a la luz de los estándares más altos de protección de derechos humanos, pues permanece la duda de si la apuesta es por la transparencia, o por la opacidad.
#SinCuotasNiCuates
#LoQueDejamosDeSaber
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://x.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de los derechos humanos de todas las personas.

¿Transparencia u opacidad para el pueblo?

Si en 30 años el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no ha cumplido sus más básicos mandatos, por qué ahora sí lo haría con la reforma de la presidenta Sheinbaum que seguramente será aprobada.
Nació en 1995, en 2009 lo reformaron y en 2025 habrá nueva reforma. ¿La nueva iniciativa tiene méritos importantes? Sin duda. El mandato del Sistema, desde su origen, ha apuntado en la ruta correcta: la construcción de una política de Estado soportada igualmente en órganos de Estado para lograr la profesionalización de las políticas y las instituciones en la materia; el problema es que su implementación nomás no jala, o jala en mínimos, si acaso, para decirlo coloquialmente.
Si hay dudas al respecto, nomás asómense a la exposición de motivos de este proyecto. Ni los salarios ni las prestaciones ni la formación ni la tasa de policías por habitantes han sido homologados, nada menos que a tres décadas de incontables recursos y decisiones. El servicio policial está en debilidad crónica porque el Sistema igualmente lo está. Las mejoras son aisladas, muchas veces efímeras y siempre frágiles.
La paradoja es que siempre están de acuerdo, o eso parece, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Por eso hace muchos años dije que es como si un paciente muy enfermo -México- tuviera un grupo de doctores -el Consejo- que, al aplicar en total acuerdo un tratamiento que falla, en realidad pareciera mostrar que “las y los doctores están enfermos”.
La iniciativa reconoce “diversas debilidades de las corporaciones estatales y municipales como es el déficit de personal policial, la falta de capacitación y la ausencia de estándares para la homologación de criterios institucionales que fomenten el fortalecimiento de las capacidades en todos los rubros de la seguridad”. Pero el proyecto no explica por qué falló el Sistema Nacional durante 5 presidencias que representaron sucesivamente las tres fuerzas políticas más amplias. Esto merece una discusión política que no haré aquí.
Nuestra tesis central es que el Sistema no se curará solo, sea cual sea el texto legal, en tanto no se modifiquen los equilibrios que lo han hecho históricamente disfuncional; y para que eso suceda es necesario reequilibrar los incentivos que lo gobiernan, a través de la creación de un cuerpo externo especializado y ciudadanizado encargado de monitorear y evaluar sistemáticamente al Secretariado Ejecutivo del SNSP.
Se trataría de un medio de control inspirado en las mejores prácticas de la supervisión policial externa. Hay <a href="https://www.nacole.org/" target="_blank" rel="noopener">centenas de organismos de este tipo</a> en otras partes del mundo; <a href="https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/AMR0148102021SPANISH.pdf" target="_blank" rel="noopener">hay recomendaciones para crear esto en América Latina</a>. Un ejemplo importante está en <a href="https://www.indecom.gov.jm/" target="_blank" rel="noopener">Jamaica</a>, inspirado también en esta perspectiva de reequilibrio, buscando la operación simultánea de controles internos y externos fuertes.
Y en México, desde 2012 entró al Senado nuestra propuesta jamás aprobada de <a href="https://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/Iniciativa-Senado-Proyecto-Auditor-Civil.pdf" target="_blank" rel="noopener">Auditor Especial de las Policías Federales</a>.
En palabras simples, mientras el Sistema pueda ser manipulado para debilitarlo sin consecuencias de contención, aprendizaje y transformación, lo será. La prueba está en la exposición de motivos que cité, no hay que buscarle más. El Sistema no ha cumplido lo que el Sistema debió por ley cumplir. No tiene, en palabras de Yuval Noah Harari, sistemas funcionales de autocorrección; están apagados y son 30 años de evidencias.
Buscaremos que esta adición de valor crítico quede incorporada en la propuesta que se aprobará seguramente en breve. Desde nuestra perspectiva está más claro que nunca: el SNSP no se curará solo.
<a href="https://bsky.app/profile/ernestolpv.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">@ernestolpv.bsky.social</a>

El Sistema Nacional de Seguridad Pública no se curará solo

Acabamos de publicar un estudio sobre los riesgos para la nutrición de niñas y niños desde cero hasta nueve años de edad en cada entidad del país. Es una investigación en la cual recuperamos la discusión actualizada sobre los factores que están correlacionados con la desnutrición crónica, entendida como baja talla para la edad, y con el sobrepeso y la obesidad, es decir, peso excesivo para la edad, a partir de los registros de la media nacional en las poblaciones de cada edad. Preocupa que en México la desnutrición crónica no cede, y la obesidad avanza y se cierne con más y más frecuencia ya para los años de la adolescencia.
Lo primero que conviene dejar anotado es que los desequilibrios en el estado nutricional durante las diversas fases de la niñez no son, como tales, la medida que les sirve de indicio. Determinada niña de la sierra norte de Puebla es quien está padeciendo desnutrición crónica, determinado niño de una colonia en la periferia de La Paz, en Baja California Sur, es quien está arrastrando un sobrepeso que es de cuidado. El desajuste se puede captar por el metro o la báscula, pero no se reduce a ser bajitos de estatura o pesar más de lo típico en la edad en la que están. Lo que les ocurre está afectando a varios de sus sistemas, en el funcionamiento de distintos órganos y procesos, no sólo en el tamaño de sus huesos o en la acumulación de tejidos adiposos, sino en cambios peligrosos para la circulación de la sangre, el funcionamiento del hígado o la densidad de las conexiones cerebrales, condicionando su desarrollo de formas muy preocupantes.
En el <a href="https://ceidon.org/estudios/atlasnutricion/estudio" target="_blank" rel="noopener">Atlas de Riesgos para la Nutrición de la Niñez en México</a> analizamos los datos de prevalencia, es decir, los registros de cuando ya está presente y vigente el indeseable estado nutricional; pero lo que nos propusimos es aproximarnos a una proyección sólida de qué puede pasar en los próximos años. Lo que estamos indagando en este estudio es qué factores tienen una correlación más estrecha en términos de predicción, hacia delante.
Un atlas de riesgos sísmicos o hídricos es un mapa que indica no sólo y no tanto en dónde ya hubo un terremoto o un desbordamiento, sino dónde puede y debe concentrarse la atención en términos preventivos, para mitigar o desactivar las condiciones adversas antes de que se precipite el resultado temido. La misma estrategia rige la creación de nuestro Atlas: el uso de los datos para proyectar escenarios y actuar antes de que se presenten.
En esto de la nutrición de la niñez tendemos a pensar en explicaciones con pocos factores; por ejemplo, que cuando nos topamos con desnutrición es porque falta dinero en las familias para comprar alimentos, o porque las personas adultas desconocen cuáles son los alimentos que contribuyen a la salud en la etapa de desarrollo en que se encuentran sus hijas e hijos. Y entonces pensamos que la solución rápida y completa es entregar despensas, o distribuir transferencias económicas, o repartir guías y recetarios para que la tendencia se abata y la dificultad desaparezca. Lo que muestra la experiencia de campo y los estudios de gran escala es que los problemas de alimentación son muy resistentes: se quedan después de intervenciones de ese tipo. No es que esas intervenciones no funcionen como tal, sino que no bastan, porque las decisiones y conductas ocurren en escenarios con multitud de factores.
Así que, para la elaboración de este estudio, retomamos datos de 139 variables independientes y exploramos cómo se relacionaban entre sí y con las variables de Talla para la edad y Peso para la edad. Fue necesario echar mano de un proceso de Potenciación extrema de Gradiente o “XGBoost” para contar con un modelo matemático que arrojara un porcentaje de riesgo para tres rangos de edad: 0 a 3 años, 4 a 6 y 7 a 9. De hecho, el modelo obtuvo resultados más robustos de predicción con dos variables dependientes: el Peso en función de la talla y el Índice Exponencial de Masa Corporal. Suena complicado, y lo es. Un problema multifactorial no puede tener una explicación simplona y una especie de “cura mágica” desde lo social.
Les invito a leer con detenimiento el estudio, pero adelanto algunas sorpresas: más que ingreso y escolaridad de padres y madres como factor de protección o riesgo para la nutrición de sus hijos e hijas, en el modelo nos resultó que la desnutrición está más correlacionada con la violencia al interior de las familias. Suena lógico, terriblemente doloroso y no tan fácil de captar a primera vista, pero si no hay paz, si hay golpes e insultos, quiebres y abuso, claramente niñas y niños se nutren mal, al menos según lo que sugieren los datos para nuestro país. O, en el otro extremo, la falta de agua potable y un contexto de enfermedades ligadas a ello puede ser un indicio de riesgo para el sobepeso.
Lo que más nos importa es que la investigación nos lleve a comprometernos con la búsqueda conjunta y articulada de soluciones. Alimentarse es un derecho elemental y no se reduce a la ingesta, a introducir en los estomaguitos los nutrientes. Así como el aprendizaje no es sólo algo que pasa en los cerebros, la nutrición no se reduce a gramos e ingredientes. No deben nunca minimizarse esos aspectos, como muestran los avances que han traído el etiquetado frontal, y lo que todavía falta en el compromiso de los sistemas de procesamiento y distribución de alimentos. Pero el camino es todavía largo: mejorar el abasto popular para que haya, por ejemplo, vegetales frescos y buena proteína al alcance; repensar las rutinas y los tiempos de niñas y niños y sus adultos responsables, para comer juntos en armonía y crear pautas positivas de alimentación, evitando que determinados alimentos sean premios o castigos; reactivar a la escuela pública como espacio de registro del estado nutricional y ambientes propicios para asegurar una o dos comidas diarias, al menos para la población que más lo requiere.
El Atlas es un vigoroso, pero esperanzado, llamado de atención con enfoque preventivo, y ya no sólo remedial, que nos convoca a la corresponsabilidad. Todas y todos tenemos algo qué cambiar para favorecer el derecho vital de niñas y niños. Si estudiamos y mejoramos el mapa, podemos mover la aguja.
* David Calderón es director general del Centro de Excelencia e Innovación para los Derechos y Oportunidades de la Niñez (CEIDON) / Save the Children (<a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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Desnutrición infantil: un mapa para mover la aguja

En América Latina hay una alta incidencia de acoso en línea que afecta al 60 % de las mujeres y niñas; sin embargo, los esfuerzos de prevención han sido limitados y mayormente punitivistas.
MAGENTA Consulting, agencia especializada en el Cambio Social y de Comportamiento, y Altazor Intelligence realizamos un ejercicio de investigación cualitativa que reveló que los hombres jóvenes (de 18 a 25 años, en México y Guatemala) comparten contenido íntimo de mujeres sin consentimiento en chats grupales para ganar aceptación dentro de sus círculos masculinos. Desde la perspectiva de Cambio Social y de Comportamiento (SBC, por sus siglas en inglés), fue posible analizar los factores que impulsan este fenómeno y diseñar estrategias basadas en evidencia para transformar las normas sociales que lo refuerzan, y prevenir la violencia digital.
<h2>Hallazgos: el papel de la masculinidad hegemónica en la violencia digital</h2>
La masculinidad hegemónica impone expectativas de dominio, agresión y validación a través del reconocimiento de otros hombres. En los espacios digitales, esta presión se manifiesta en la difusión no consentida de imágenes íntimas. Según los propios hombres jóvenes, esta violencia es un medio de cohesión social dentro de grupos masculinos, donde compartir contenido íntimo se percibe como una demostración de éxito y masculinidad.
Otro de los hallazgos más relevantes es que el mayor incentivo para que los jóvenes dejen de compartir imágenes sin consentimiento es el temor a perder la admiración de otros hombres a quienes respetan.
Además de la aceptación por parte de otros hombres, consideran que es aceptable mostrar el contenido íntimo ya que, al ser compartido a ellos, se convierte en su propiedad, como un símbolo de su éxito y masculinidad, y esto les valida el acto de compartirla.
<h2>Respuesta: intervenciones diseñadas para el cambio de comportamiento</h2>
El enfoque de SBC reconoce que los comportamientos están influenciados por normas sociales, dinámicas comunitarias y estructuras de poder. Para reducir la violencia digital, es clave identificar los factores que la motivan y diseñar estrategias que reconfiguren las expectativas de lo masculino.
1. Campañas de comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (SBCC). Diseñar campañas de SBCC dirigidas específicamente a hombres jóvenes. Estas deben emplear códigos que les sean relevantes, contar con voceros influyentes y asumir enfoques arriesgados que generen impacto.
2. Activaciones comunitarias con modelos masculinos positivos. Las activaciones comunitarias de SBC han demostrado ser efectivas para desafiar normas sociales y promover modelos alternativos de masculinidad. Campañas que destaquen figuras masculinas influyentes que rechacen la violencia digital pueden cambiar percepciones y comportamientos. En MAGENTA <a href="https://www.magentaconsulting.org/gbvhonduras" target="_blank" rel="noopener">implementamos un proyecto en Honduras</a> donde los propios hombres jóvenes fungieron como mensajeros y modelos de cambio, lo que evidenció que los hombres jóvenes son más propensos a modificar su conducta cuando ven a sus pares hacerlo.
3. Incidencia en política pública para el cambio de comportamiento. La incidencia en política pública es esencial para establecer marcos normativos, protocolos y estrategias educativas que fomenten una cultura de respeto y seguridad en los entornos digitales. Además, fortalece la cooperación entre gobiernos, sociedad civil y sector privado para garantizar que la prevención de la violencia digital no dependa solo de la voluntad individual, sino de la transformación de normas sociales y estructuras comunitarias que perpetúan la violencia.
<h2>Conclusión</h2>
La violencia digital, impulsada por la necesidad de aceptación masculina, requiere un enfoque integral que transforme las normas sociales y las dinámicas de poder que la perpetúan. A través de estrategias de SBC, campañas de comunicación, activaciones comunitarias e incidencia en política pública, es posible modificar los incentivos que refuerzan estos comportamientos y generar cambios sostenidos.
* Paola González-Rubio N. es LAC Senior Program Manager en <a href="https://www.magentaconsulting.org/" target="_blank" rel="noopener">MAGENTA</a>.

El precio de la aceptación masculina: cómo prevenir la violencia digital

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Lord Acton
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La política, cada vez más, se ha vaciado de contenido. Hoy, lo único que parece importar es el pragmatismo: los medios han dejado de ser relevantes siempre que el fin sea conservar el poder, aunque ello implique traicionar principios, aliarse con adversarios históricos o dar la espalda a las promesas de cambio.
Las ideologías han sido relegadas a un plano secundario, y las convicciones han dejado de ser una brújula para la toma de decisiones.
Lo esencial ya no es construir un proyecto de nación, sino aferrarse al control, sin importar las contradicciones.
Esta lógica ha llevado a la normalización de alianzas impensables y a la legitimación de prácticas que antes se condenaban.
<h2>El pragmatismo como refugio político e impunidad</h2>
Un claro ejemplo de esta tendencia es la reciente ola de adhesiones de políticos provenientes de grupos de poder históricamente enfrentados con el gobierno. Figuras como el senador Miguel Ángel Yunes Márquez; el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y exmiembros del PRI han encontrado en Morena un refugio político, evidenciando cómo la lucha contra la corrupción y la transformación prometida ha cedido ante la lógica de la supervivencia electoral.
Sin embargo, el pragmatismo no solo se traduce en cambios de lealtades partidistas, sino también en la protección de personajes cuestionados.
Los recientes nombramientos del exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, como cónsul de México en Miami, y del exgobernador de Morelos y actual diputado, Cuauhtémoc Blanco, revelan cómo el poder ha servido como un escudo ante señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.
En lugar de investigar a fondo las acusaciones en su contra, se les otorgan cargos diplomáticos o legislativos que garantizan protección legal y política, mientras la justicia parece no tener el mismo rigor para adversarios políticos.
Estos casos reflejan la falta de interés del gobierno en sancionar a los miembros de Morena involucrados en corrupción o crimen organizado, mientras se sigue utilizando el discurso de combate a la impunidad como una herramienta selectiva.
El pragmatismo se ha convertido en una estrategia que no solo permite conservar el poder a toda costa, sino también blindar a ciertos actores de cualquier consecuencia legal, demostrando que la lealtad política es un boleto de inmunidad en el sistema actual.
El pragmatismo extremo conlleva un riesgo mayor: la falta de visión a largo plazo.
Cuando la única prioridad es la permanencia en el poder, las decisiones dejan de responder a las necesidades reales de la sociedad y se convierten en medidas reactivas para sostener la popularidad o evitar conflictos internos.
Se implementan políticas cortoplacistas en lugar de estrategias sostenibles, y los grandes desafíos nacionales quedan sin resolver, aplazados por conveniencia electoral o política.
El problema no es solo que la política se vuelva pragmática, sino que lo haga sin un propósito superior. La pregunta central es: ¿pragmático para qué?
Si el pragmatismo se usa para consolidar instituciones, mejorar la gobernabilidad y fortalecer la democracia, puede ser positivo. Pero si solo sirve para perpetuar intereses individuales o de grupo, se convierte en un lastre para el desarrollo social.
Si la política no recupera su sentido de transformación, si no vuelve a mirar hacia el futuro con responsabilidad, estaremos condenados a repetir las mismas crisis, con diferentes nombres en el poder.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

El triunfo del pragmatismo sobre el futuro

A principios de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), iniciando su construcción en Ciudad Juárez, Chihuahua, de la mano del IMSS y del DIF. Mencionó que esta acción es un paso para saldar una deuda histórica de justicia social con las mujeres trabajadoras de la maquila. Y, en parte, lo es. Sin embargo, para que los CECI tengan un impacto real en la vida de las mujeres trabajadoras, deben formar parte de una estrategia más amplia que incluya trabajo digno, acceso a seguridad social y políticas que prevengan la explotación y la discriminación en el empleo.
Garantizar el derecho al cuidado y la infraestructura necesaria para hacerlo realidad es una forma de reconocer y aliviar la carga que han llevado por años las madres y mujeres mexicanas, muchas veces a costa de su autonomía económica, su bienestar y su tiempo. Porque aunque cuidar puede nacer del cariño, también implica un esfuerzo y un costo. Los CECI son un avance clave en la organización social del cuidado, pero hay que ampliar la discusión más allá del cuidado y empezar a cuestionar el modelo en el que están inscritos.
Los CECI se presentan bajo la misma premisa que muchos centros de atención infantil: garantizar un ambiente seguro donde niñas y niños puedan desarrollarse, y donde se procure su bienestar físico y emocional. Así, las familias, idealmente, delegarían sus tareas de cuidado de manera temporal con la seguridad de que sus hijas e hijos recibirán un cuidado y educación digna y respetuosa. Se asume que con estas políticas, las mujeres pueden redistribuir su tiempo y fortalecer su autonomía económica. Y hasta cierto punto, es verdad. Las guarderías no solo deberían procurar el cuidado de niñas y niños, sino también tendría que haber un cambio en la vida (especialmente laboral) de las cuidadoras principales e, incluso, impulsar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Pero ¿hasta dónde puede llegar esta promesa en sectores de trabajo precarizado, como el de la industria manufacturera?
En 2023, la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera del INEGI reveló que el 36.2 % del personal ocupado en la industria son mujeres con una participación mayoritaria en los sectores de fabricación de prendas de vestir y producción de textiles. Según el <a href="https://cdn.prod.website-files.com/64c019456bb62d07dc3af2b9/67b512646b05e6ef4a22fbc0_Inspeccionando%20la%20inspeccio%CC%81n%20en%20Me%CC%81xico_%20el%20caso%20de%20la%20industria%20indumentaria_2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informe Inspeccionando la Inspección en México: el caso de la industria indumentaria en México</a>, este sector está marcado por la precariedad: el 95% de los establecimientos son micronegocios y el 81 % operan en la informalidad. En estos micronegocios, las mujeres representan el 66 % del personal, y el 77 % de ellas trabajan en condiciones informales, sin acceso a derechos laborales básicos. Esto plantea un primer reto en temas de cobertura de los CECI, pues más de la mitad de las mujeres que podrían ser beneficiadas no tiene ni seguridad social.
Los otros retos vienen de la falta de corresponsabilidad para y con las trabajadoras de parte de la  política de cuidado infantil. Muchas mujeres en la maquila <a href="https://cdn.prod.website-files.com/64c019456bb62d07dc3af2b9/67b512646b05e6ef4a22fbc0_Inspeccionando%20la%20inspeccio%CC%81n%20en%20Me%CC%81xico_%20el%20caso%20de%20la%20industria%20indumentaria_2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">enfrentan</a> largas jornadas sin un salario justo, condiciones laborales inseguras, exposición a materiales tóxicos, además de violencia y discriminación constantes. En este contexto, garantizar espacios de cuidado para hijas e hijos de las trabajadoras es un avance, pero no es suficiente para hablar de justicia social. Delegar el cuidado infantil a otro agente sin transformar las condiciones laborales no elimina los obstáculos que enfrentan las trabajadoras; por el contrario, refuerza su rol como madres y las reconoce como trabajadoras en tanto tienen derecho a un centro de cuidado.
Los CECI no han logrado poner al centro a las mujeres trabajadoras, sino a sus hijos e hijas, y a su tiempo de trabajo. Pero la deuda histórica se debe a un sistema laboral injusto, uno que sigue intacto, porque aunque los CECI se vuelvan una realidad, siguen inscritos en un modelo de desigualdad que no mejora las condiciones de trabajo ni la autonomía económica de las mujeres que trabajan en la maquila. Más que liberar su tiempo, estos centros pueden reforzar la idea de que la principal necesidad de las mujeres es el acceso al cuidado infantil, dejando en segundo plano la urgencia de mejorar sus derechos laborales.
Tal y como están planteadas actualmente, las guarderías no avanzan hacia una verdadera igualdad de género. Si apostamos por la creación de políticas de cuidado, habría que pensarlas en su definición general de acciones que sostienen la vida, pero en un contexto de injusticia laboral ¿qué vida se puede sostener?
* Marycarmen Rubalcava Oliveros (<a href="https://x.com/MaryRubalcavaO" target="_blank" rel="noopener">@MaryRubalcavaO</a>) es investigadora de inclusión y desarrollo sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

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