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El pasado mes de julio se publicó el Latinobarómetro 2023, estudio que, por medio de encuestas de opinión, recoge el sentir sobre la democracia y su desarrollo en América Latina. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Si bien desde hace algunos años los resultados del análisis señalan una tendencia hacia la des-democratización en México, los datos de este año reflejan un ascenso dramático de la propensión hacia el autoritarismo entre la población en general.
Entre las variables que recoge el estudio, quizá las más alarmantes son las que reflejan la falta de aprecio a la democracia. Este año, la democracia como mejor forma de gobierno tuvo un apoyo de solamente 35 %, una disminución de 8 puntos porcentuales en comparación con 2020. A la par, la preferencia por un gobierno autoritario creció 11 puntos porcentuales, pasando a 33 %, lo que coloca a México como el país con mayor preferencia por el autoritarismo en toda Latinoamérica.
El balance por país que hace el Latinobarómetro refleja que en México un tercio de la población apoya a la democracia, un tercio es indiferente al tipo de gobierno y el otro tercio apoya el autoritarismo. A pregunta expresa sobre la satisfacción con la democracia, 61 % de los encuestados se declara insatisfecho.
Además de las tendencias frente a la democracia, el estudio recoge lo que denomina “actitudes no democráticas”: En nuestro país, a 56 % de los encuestados no le importaría que llegara al poder un gobierno autoritario “mientras resuelva los problemas”, al tiempo que casi la mitad apoyaría que el presidente controle los medios de comunicación en caso de dificultades.
Para finalizar este breve recuento de los resultados del estudio, nos parece importante recoger los hallazgos referentes a los partidos políticos. Por primera vez, el Latinobarómetro recoge la opinión de la población sobre el rol de los partidos políticos en la democracia. En México, 58 % de los encuestados considera que la democracia podría funcionar sin partidos políticos, lo que no sorprende en un momento de enorme decepción con las más recientes alternancias en el poder, la crisis de representatividad y la irrupción de las redes sociales como vehículos de participación política.
Es evidente que México se ha unido a la numerosa lista de países como Brasil o Estados Unidos en donde la democracia parece haber defraudado las expectativas de la mayoría, además de sumergirse en los mismos procesos de autocratización que atraviesan Israel, Rusia, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y, nuevamente, Brasil y Estados Unidos, por ejemplo.
¿Cómo se puede entender un aumento tan significativo del apoyo al autoritarismo en México en tan solo tres años? ¿Es un síntoma de que México se encuentra en la peor crisis de su democracia desde la transición del año 2000? En su libro Crises of Democracy, Adam Przeworski identifica fenómenos políticos, denominados “señales”, que han ocurrido en países cuyas democracias se han debilitado seriamente. Estos indicios son la erosión del sistema de partidos tradicionales, la volatilidad electoral, el deslizamiento hacia la derecha de las propuestas partidistas, la aparición de actores abiertamente populistas, y la disminución del apoyo a la democracia en las encuestas de opinión pública. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Es de notar también, como apunta Przeworski, que un deslizamiento hacia el autoritarismo usualmente es precedido por una sensación general de insatisfacción con la democracia y sus instituciones. Este es el factor social que alimenta la desconfianza y la frustración. La desigualdad, la pobreza, la impunidad, la percepción de corrupción, la inseguridad y otros problemas estructurales a los que no se les ve salida, son los enemigos más firmes de la salud democrática.
Esto es así porque generan que la población deje de percibir la competencia electoral y el intercambio de ideas como los medios más adecuados para la sucesión de los gobernantes, mientras se genera un sentimiento crónico de desconfianza en los partidos tradicionales y en las instituciones democráticas. Como apunta Quiróz Villalobos, la sociedad de la desconfianza tiene su correlato en una desafección hacia el rol de la democracia para el funcionamiento social y político. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
El Latinobarómetro nos presenta una especie de lista de verificación de la proclividad de México hacia el autoritarismo, en la que podemos “palomear” casi todas las casillas. En su popular libro Cómo mueren las democracias, Steven Lebitzki y Daniel Ziblatt señalan que la mayoría de las democracias no se ven afectadas “de un plumazo”, es decir, no se desfiguran de manera abrupta. Las democracias son capaces de soportar periodos prolongados de polarización severa y alta desconfianza. El desgaste del sistema toma tiempo, pero todos los regímenes democráticos tienen sus puntos de rompimiento, aunque a estos se llegue de manera casi imperceptible. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
En diferentes países de la región, cuyas democracias han transitado por profundos procesos de inestabilidad, descontento social y amplias desigualdades, es visible una ciudadanía desalentada, propensa a hacer suyos los postulados de candidatos populistas que, una vez en el poder y mediante estrategias pretendidamente legales, se han dedicado a desmantelar las instituciones democráticas, usualmente las que funcionan como árbitros o equilibrios entre los distintos Poderes.
Es precisamente en el proceso de desafección democrática cuando se hace aceptable para la ciudadanía que un político antisistema rechace las reglas de la competencia, niegue la legitimidad de sus oponentes, tolere o incluso promueva la violencia política, y tenga un papel protagónico en los medios de comunicación. Por otra parte, cuando los políticos populistas afirman luchar contra una élite homogénea y corrupta –aun cuando esa lucha pudiera tener mucho de legítima y justificable–, la ciudadanía empieza a aceptar la polarización y el discurso de odio como precios justos a pagar a cambio de que “se haga algo”.
No es fácil ni rápido salir del atolladero. El deslizamiento hacia el autoritarismo puede contenerse cuando se permite a la ciudadanía participar en la definición de la agenda pública y el control del poder político, pero también cuando el Estado es efectivo en garantizar el cumplimiento de las expectativas sociales y de los derechos económicos, ambientales, sociales y culturales de la población. Con todo y sus defectos, la democracia puede recobrar sentido en la base de la pirámide, mediante la acción ciudadana genuina, que tiene como arma las boletas electorales que pueden ser, en palabras de Przeworski,  como “piedras de papel”.
* Javier González (<a href="https://twitter.com/Javier_GlezGom" target="_blank" rel="noopener">@Javier_GlezGom</a>) es Director de Desarrollo Institucional y Jesús Cervantes es pasante, ambos en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://twitter.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Corporación Latinobarómetro,” Informe 2023”, 21 de julio de 2023. https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Przeworski, Adam, Crises of Democracy, Cambridge: Cambridge UP, 2019, p. 83.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Quiróz Villalobos, Milton, “La desconfianza hacia la democracia en América Latina”, Cuestiones Constitucionales, núm. 40, enero-junio 2019, p. 223.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel. Cómo mueren las democracias. Buenos Aires, Argentina: Ariel, 2018.

¿Cómo prevenimos el autoritarismo?

El noveno aniversario del caso Ayotzinapa dejó tras de sí un aluvión de información que fácilmente puede anegar cualquier intento de comprensión. Enseguida, intentaremos destacar lo más relevante.
Primero, el <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/amlo-reunion-padres-normalistas-ayotzinapa" target="_blank" rel="noopener">miércoles 20 de septiembre</a> los padres y las madres se reunieron con el presidente de la república. Ahí, el Gobierno Federal priorizó hablar sobre su balance caso, mientras que las familias querían conversar sobre la entrega de los documentos militares identificados como relevantes para esclarecer el caso por las y los expertos del <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2023/08/07/politica/archivos-militares-terreno-vedado-para-fiscales-en-mexico-buitrago/" target="_blank" rel="noopener">Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)</a>. El diálogo fue ríspido. Se sugirió que las familias estaban manipuladas y éstas exigieron, con firmeza y dignidad, respeto. En ese marco, padres y madres entregaron un documento identificando concretamente la información faltante y pidieron que no se los respondiera inmediatamente, sin antes hacer un esfuerzo por buscar el resto de la información. Para este fin, se les citó a una nueva reunión en Palacio Nacional el 25 de septiembre.
Con la esperanza de recibir la información faltante, pero sabiendo que sin movilización su voz no sería escuchada, los padres y las madres instalaron al día siguiente un <a href="https://www.nmas.com.mx/nacional/ayotzinapa-aniversario-2023-situacion-caso-normalistas-desaparecidos" target="_blank" rel="noopener">plantón afuera del Campo Militar Número 1</a>.
La <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/09/26/politica/decepciona-la-nueva-reunion-a-padres-de-los-43-todo-se-entrego-sg-5569" target="_blank" rel="noopener">reunión del lunes 25 fue también ríspida</a>. Dos elementos detonaron la molestia de las familias. Primero, el que por un lado les fuera leído un oficio del General Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), con el que el Ejército buscó presentar cuentas alegres sobre su cooperación en el caso, negando que existiera más información pendiente y remitiendo a las familias de forma irrespetuosa a entrevistar a Gildardo López Astudillo. Que con semejante respuesta indolente la Secretaría de la Defensa Nacional no le diera la cara a las familias, sólo aumentó el agravio. Segundo, el que se les leyera un tendencioso documento de poco más de 30 páginas titulado “narrativa de hechos” que según se les dijo había preparado el Gabinete de Seguridad, que hoy no es más que una caja de resonancia de las Fuerzas Armadas.
El contenido de este texto agravió a las familias pues en efecto se aproxima a la llamada “verdad histórica”: al criminalizar a los estudiantes, sobre todo a Bernardo Flores Alcaraz, una y otra vez estigmatizado sin pruebas antes como ahora; al emplear como pruebas declaraciones poco fiables, obtenidas bajo tortura; al retomar desenlaces cruentos de los estudiantes sobre la base de testimonios poco fiables no confirmados con prueba objetiva; al utilizar las inverificables capturas de pantalla de Whatsapp como evidencia; al no pronunciarse sobre la llamada “verdad histórica”, y al presentar de forma muy limitada el contexto criminal de Iguala, renunciando a emplear a cabalidad la prueba obtenida de las conversaciones digitales que por vía de chats sostuvieron actores criminales y que obtuvieron, mediante una intervención legal, las autoridades norteamericanas (chats que, por cierto, se dijo que se harían públicos, lo que hasta ahora no ha ocurrido). Molestas, las familias se levantaron de la mesa sin recoger los documentos que se les ofrecían.
Por esa razón, ese mismo día y durante la nutrida <a href="https://aristeguinoticias.com/2609/mexico/en-vivo-madres-y-padres-de-ayotzinapa-marchan-a-9-anos-de-la-desaparicion-de-los-43-normalistas/" target="_blank" rel="noopener">marcha del 26 de septiembre</a>, las familias denunciaron con la dignidad que les ha caracterizado siempre que el Ejército continuaba obstaculizando el acceso a la verdad y reclamaron también el contenido del documento de “narrativa de hechos”, por lo que regresaron a su plantón.
Al día siguiente, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación presentó su propio <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PPkZDbEKGGk" target="_blank" rel="noopener">informe sobre los hechos</a>. Éste se diferenció tanto del documento signado por el Secretario de la Defensa como del texto de la “narrativa de hechos”. Así, en la presentación se aceptó que había información faltante y se refirió a la llamada “verdad histórica” como una construcción ordenada desde el más alto nivel del anterior gobierno. Además, se evitó usar las inverificables capturas de pantalla de Whatsapp y no se acudió a declaraciones viciadas por haber sido obtenidas mediante tortura.
También se citaron profusamente los chats de Chicago, que muestran la profunda colusión de Guerreros Unidos con autoridades de todos niveles, incluyendo al Ejército, lo que deliberadamente quiso dejar de lado la llamada “verdad histórica”. Incluso en lo referente a la ausencia de líneas de investigación que conduzcan a paraderos en vida, el informe se distanció de la revictimizante “narrativa de hechos” (presentado por el Gabinete de Seguridad), al no ahondar en detalles cruentos no comprobados, y más bien trató este tema con empatía reiterando que, más allá de los estándares jurídicos, a nueve años es inhumano dar falsas expectativas de vida a las familias y las autoridades están obligadas a ser extremadamente serias en este tema, posición que desde el Centro Prodh siempre hemos secundado.
Un tema que, sin embargo, hermana ambos reportes oficiales y a la propia investigación de la UEILCA -y que aún debe clarificarse- es el de la verificación de los dichos de los testigos de identidad reservada, sobre todo en aspectos donde la sola declaración de una persona es insuficiente por requerirse prueba objetiva adicional para dar por ciertos determinados hechos. Un ejemplo de ello es el inverosímil dicho de uno de estos fantasiosos informantes, reproducido tanto en la “narrativa de hechos” como en el reporte de la Presidencia de la COVAJ, y también en las acusaciones de la UEILCA, por cierto, quien afirma que el asesino de Julio César Mondragón Fontes lo habría desollado para después ponerse su rostro a manera de máscara siniestra para tomarse una fotografía.
Por doloroso que sea aludir a estos detalles cruentos, versiones como esta deben revisarse y analizarse a fondo, así como verificarse con peritajes médicos y de antropología física, retomando por ejemplo el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para determinar si semejante brutalidad es siquiera posible científicamente, antes de dar por cierto el relato. La experiencia le ha mostrado a las familias que en México siempre será legítimo y necesario exigirlo así.
Ponderando sobre todo la aceptación de que el ofensivo escrito del General Secretario de la Defensa Nacional no puede ser la última palabra sobre el acceso a los documentos castrenses, <a href="https://www.animalpolitico.com/sociedad/padres-ayotzinapa-ejercito-documentacion-planton" target="_blank" rel="noopener">las familias decidieron suspender su plantón en el Campo Militar</a> a la espera de que se abran rutas para recuperar esta información, que incluye todos los datos generados por la ilegal infiltración de la Normal Rural por parte del Ejército, así como los documentos generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, incluyendo las intervenciones telefónicas ilegales que la SEDENA estaba realizando en tiempo real a actores que resultaron involucrados en los hechos. Las familias, lo dejaron claro, no cesarán en esta exigencia.
En el marco del noveno aniversario, cabe resaltar por último, los reclamos de las familias fueron respondidos desde la conferencia matutina presidencial con <a href="https://youtu.be/COmIGTSfcoY" target="_blank" rel="noopener">descalificaciones hacia los organismos internacionales de derechos humanos y hacia las organizaciones de la sociedad civil</a> que hemos acompañado a las familias, para distraer la atención de lo fundamental. En esta ocasión estas descalificaciones alcanzaron también a quien fuera Fiscal del caso, luego de que el periodista <a href="https://quintoelab.org/project/ayotzinapa-gobierno-instruccion-investigacion-iguala-normalistas" target="_blank" rel="noopener">John  Gibler publicara una larga entrevista</a> donde brindó su versión sobre lo ocurrido en el caso el año pasado. Frente a las descalificaciones a su persona es necesario refrendar que su labor a la cabeza de la UEILCA contribuyó a algunos de los resultados que hoy se presentan como avances de proceso; más en el presente cuando el actual titular se dedica a desmantelar ese esfuerzo.
A 9 años de los hechos, pese a que hoy rinden cuentas múltiples personas, sobre todo por irregularidades y violaciones a derechos humanos durante la investigación, y sin dejar de reconocer algunos avances de proceso, Ayotzinapa es todavía una herida abierta, sin que la verdad y  la justicia sean plenas. Esto es lo más relevante, pese a que la coyuntura electoral actual ponga más interés en aspectos del caso que se relacionan con este momento presente, como los relacionados con personas que aspiran a un cargo de elección popular.
Los padres y las madres de los normalistas seguirán en su digna lucha que es sobre todo por la verdad, dando como lo han dado desde hace 9 años un ejemplo de unidad y de amor a sus hijos, hermanados con tantas otras familias que también buscan a quienes les hacen falta. En medio de tanta información asociada al caso, no hay que soslayar esto pues es lo esencial.
<a href="https://twitter.com/CentroProdh" target="_blank" rel="noopener">@CentroProdh</a>

Ayotzinapa, aniversario 9: un recuento

Todos los días vemos casos en que el discurso oficial -estatal o federal, de este u otro sexenio- repite como mantra: “se investigará”, “caiga quien caiga”, “no habrá impunidad”. Son palabras vacías. En un país donde la impunidad es la norma estas frases deben interpretarse como dejen de presionar y volteen a otro lado en lo que otro evento atrae la atención mediática.
La lista de crímenes impunes incluye a cientos de miles; recientemente se trató del <a href="https://animalpolitico.com/politica/caso-ayotzinapa-2023-segundo-informe-tomas-zeron-encinas" target="_blank" rel="noopener">caso Ayotzinapa</a>, en el que dos administraciones han preferido proteger a altos funcionarios y al ejército. En el caso de desapariciones son responsables quienes cometen físicamente la desaparición como quienes no revelan información sobre el paradero de las víctimas (<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf" target="_blank" rel="noopener">Artículo 28 de la ley sobre desaparición forzada</a>). Por ello el encubrimiento de la investigación en la que en dos sexenios han participado presidentes, secretarios, subsecretarios, fiscales y otros funcionarios incluido el expresidente de la SCJN, así como la negativa de información por parte del ejército, tiene responsabilidades penales no solo por obstrucción de justicia, sino por desaparición.
Debería quedar claro que la clase política no está dispuesta a perder el control político de la verdad y la justicia. Todavía hay quienes creen que las fiscalías pueden ser fortalecidas sin pasar por la voluntad política de que ello ocurra. Aun teniendo voluntad política federal y de todos los estados, el proceso de recomposición de las fiscalías podrá tardar lustros. ¿Podemos esperar? Otros creen que buscar alternativas extraordinarias es difícil y es mejor intentar con las instituciones ordinarias. Este diagnóstico está basado en la esperanza y no en la evidencia.
No habrá reducción de violencia que no pase primero por verdad y justicia. Sí hay alternativas disponibles y habría que echar mano de ellas de manera simultánea ante la enorme presión de actores políticos, criminales y económicos que exigen impunidad.
Es necesaria la creación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia con acompañamiento internacional. Adicionalmente se requiere seguir buscando presión internacional. Esta podría llegar de la Corte Penal Internacional que, irresponsablemente, hasta ahora se ha negado a abrir un examen preliminar sobre la situación de México. Otro camino se puede abrir a partir de la reciente visita del Comité de desapariciones forzadas de la ONU que podría elevar a la Asamblea General la situación mexicana de desapariciones generalizadas y sistemáticas que ocurren en absoluta impunidad. Esto podría resultar en la creación de una <a href="https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index" target="_blank" rel="noopener">Misión de Observación de la ONU, como la de Venezuela</a>, que generaría presión suficiente para empujar un cambio.
Los aislados casos en que se abren investigaciones y las más escasas sentencias se dan en autores materiales, en casos aislados y sobre otros delitos como delincuencia organizada dejando los crímenes sin investigar. Ante crímenes generalizados y sistemáticos se requieren investigaciones por fenómeno y de los superiores jerárquicos, como lo marca el derecho penal internacional recogido en el <a href="https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court" target="_blank" rel="noopener">Estatuto de Roma</a>.
Nada cambiará mientras las fiscalías del país sigan controladas políticamente. Los mecanismos extraordinarios e independientes no solo son una alterativa, son casi la única disponible.
<a href="https://twitter.com/dayan_jacobo" target="_blank" rel="noopener">@dayan_jacobo</a>

Salir de la impunidad garantizada

La elección de Estado que culmina el 2 de junio de 2024, todavía de resultados inciertos, inicia en julio de 2018, cuando de manera informal se crea la estructura de los servidores de la nación una vez que el candidato López Obrador gana la presidencia de la República.
Ya con López Obrador en el cargo, se formaliza esta área integrada por 20 mil empleados del gobierno federal adscritos presupuestalmente a la Secretaría de Bienestar, pero bajo la conducción directa del presidente.
Gabriel García Hernández, hombre muy cercano al mandatario, fue el primer coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, donde se ubican los llamados servidores de la nación. Esta coordinación está a cargo de la operación de los 16 programas sociales “estrella” del presidente.
Todos implican la entrega directa de recursos a los beneficiarios. Los servidores de la nación pasan por las viviendas de estos para decirles que el presidente es quien les manda ese recurso y que si llega otro partido al poder, que no sea Morena, se los van a quitar.
En la elección de 2021, como efecto de estos programas sociales y el trabajo de los servidores de la nación, el presidente estaba seguro que su partido se haría de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; no fue el caso e incluso perdió curules con relación a la elección de 2018.
El presidente, hombre irascible, se enojó muchísimo con el resultado y culpó a García Hernández del fracaso y lo destituyó de su cargo. Éste regresó al Senado y desde ese momento dejó de pertenecer al círculo más cercano del presidente en el que estuvo por más de una década.
Esta compleja estructura electoral, parte fundamental de la elección de Estado, se integra con 19,345 servidores públicos y de ellos 18,500 son los llamados servidores de la nación, que operan de manera directa en tierra.
Dependen de 32 superdelegados estatales, uno por cada entidad federativa, y de 266 coordinadores regionales, que abarcan los 300 distritos electorales federales, que son los mismos en las que se organiza la Guardia Nacional. ¿Coincidencia?
Cada coordinación regional tiene entre 50 y 150 Servidores de la Nación. El 60 % del personal que integra esta estructura trabajó durante la campaña del candidato López Obrador en 2018. Desde entonces empezaron a recibir un salario.
A lo largo del sexenio en estos 16 programas sociales, diseñados por el presidente con clara intención electoral -tuvo 18 años para pensarlos- se habrán gastado 2 billones 615 mil millones de pesos. De ellos en 2024, año electoral, están programados 734 mil millones de pesos.
La multimillonaria cantidad gastada en estos programas con propósitos electorales y de la poderosa estructura de los servidores de la nación, distribuida en todo el territorio nacional, no son garantía del triunfo de Morena en 2024. En la elección federal de 2021, la oposición tuvo más votos que la alianza de Morena, PT y PVEM.
<a href="https://twitter.com/RubenAguilar" target="_blank" rel="noopener">@RubenAguilar</a>

Los servidores de la nación y la elección de Estado

El colapso del medio ambiente no es tema que concite demasiado interés mayoritario (todavía). En la medida en que este desenlace provoque discusiones, propuestas y rutas críticas más amplias, tal vez podremos llegar a un entendimiento de los riesgos: de sus posibles y catastróficos alcances. Pero el tiempo apremia.
<figure id="attachment_1327544" aria-describedby="caption-attachment-1327544" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1327544" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/10/crisis-climatica-cuartoscuro.jpg" alt="En México comunidades de Tabasco y Oaxaca han sido arrasadas por el mar a raíz de la crisis climática. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/10/crisis-climatica-cuartoscuro.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/10/crisis-climatica-cuartoscuro-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/10/crisis-climatica-cuartoscuro-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/10/crisis-climatica-cuartoscuro-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1327544" class="wp-caption-text">Foto: Cuartoscuro.</figcaption></figure>
1. Indígenas dejarán su isla en Panamá, <a href="https://tinyurl.com/4cuwjxd9" target="_blank" rel="noopener">a causa de la emergencia climática</a>. Pressenza Agencia de Noticias 
2. El calentamiento global posibilitó las recientes, <a href="https://tinyurl.com/36wmx5bj" target="_blank" rel="noopener">desastrosas inundaciones en tierras griegas y libias</a>. The Guardian 
3. La urgencia de una <a href="https://tinyurl.com/2pt6ahc7" target="_blank" rel="noopener">estrategia popular frente a la crisis climática</a>. Rebelión punto org
4. <a href="https://tinyurl.com/4wjsp283" target="_blank" rel="noopener">Manatíes, en riesgo inminente de extinción</a>. Novedades Quintana Roo
5. Los países del mundo podría enfrentarse pronto a una <a href="https://tinyurl.com/2s7vr25c" target="_blank" rel="noopener">fractura irreparable</a>: secretario general de Naciones Unidas. The Guardian
6. La crisis climática es <a href="https://tinyurl.com/ynetcpva" target="_blank" rel="noopener">inequívocamente sanitaria</a>. Ecoavant
7. ‘<a href="https://tinyurl.com/yc5tkd8p" target="_blank" rel="noopener">Los bosques han sido la principal farmacia de la especie humana</a>. Su degradación acelerada pone en riesgo la existencia de valiosas plantas y, sobre todo, de quienes han cultivado y protegido el saber de sus usos médicos por miles de años…’. El País
8. Científicos alertan que <a href="https://tinyurl.com/bdfpn4zc" target="_blank" rel="noopener">los humanos estamos cercenando, cada vez más rápido, el Árbol de la Vida</a>. The Guardian 
<h2 class="p1">Y las respuestas constructivas, aunque incipientes, tampoco han tardado mucho en llegar</h2>
9. La crisis climática mundial es un <a href="https://tinyurl.com/5ykzv6yc" target="_blank" rel="noopener">asunto eminentemente bioético</a>. Gaceta UNAM 
10. Autoridades del estado de California<a href="https://tinyurl.com/4unzbkz8" target="_blank" rel="noopener"> ordenan a empresa embotelladora y distribuidora de agua que deje de extraerla de manantiales naturales</a>. The Guardian
11. ¿<a href="https://tinyurl.com/bddp5rtx" target="_blank" rel="noopener">Puede la ONU cambiar el rumbo de la catástrofe climática</a>? El País
12. <a href="https://tinyurl.com/2y4rb76p" target="_blank" rel="noopener">Cobertura de medios debe ser tan responsable como en su momento lo fue la cobertura de Covid</a>. The Guardian

¿Última llamada ante la crisis ambiental?

Cuando surge o se agrava un problema público de gran dimensión, la teoría democrática dicta que la sociedad puede —debe— presionar al gobierno para resolverlo o aminorarlo. Existen varias formas de presionar a un gobierno desde la ciudadanía. Algunas de las más drásticas, sin caer en la inaceptable violencia, son las marchas, los plantones, la desobediencia civil, y otros métodos.
Sin embargo, en los sistemas democráticos modernos e hipermediatizados, dos formas de presión son especialmente importantes: 1) que una parte considerable del electorado vote por otras opciones políticas para que el partido o coalición gobernante y su titular sientan un rechazo social y, en consecuencia, tengan mayores incentivos para actuar, y 2) si no es temporada electoral, que la sociedad reporte menores índices de aprobación para el partido o coalición gobernante y/o su titular, para que estos perciban una proporción de rechazo y, en el mismo sentido, intenten resolver o aminorar el problema antes de las próximas elecciones.
El caso del deterioro del sistema de salud mexicano y la aprobación del presidente es peculiar, por decir lo menos. Según el <a href="https://oraculus.mx/aprobacion-presidencial/" target="_blank" rel="noopener">agregador de encuestas Oraculus</a>, López Obrador tiene un sano 69 % de aprobación promedio, a 57 meses en el cargo. Y según una <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/08/28/elecciones-2024-xochitl-galvez-claudia-sheinbaum-cierran-recorridos-con-ventaja/" target="_blank" rel="noopener">encuesta nacional de El Financiero</a>, publicada el 28 de agosto de 2023, la futura candidata oficialista Claudia Sheinbaum obtiene el 46 % de las preferencias, mientras que Xóchitl Gálvez, el 37 %; nueve puntos menos. Al medir solo las marcas partidistas con el <a href="https://polls.mx/presidencia/" target="_blank" rel="noopener">agregador de encuestas de Polls.mx</a>, la diferencia se agranda: para inicios de octubre, la suma MORENA-PT-PVEM registra un 60 % de apoyo y los partidos del Frente Amplio por México, PAN, PRI y PRD, suman un 33 % —MC, que registra hoy un 6 %, perdió seis puntos desde abril pasado cuando tenía el 12 % de las preferencias—.
Esto, a pesar de que, según el CONEVAL, entre 2018 y 2022 “<a href="https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/Comunicado_07_Medicion_Pobreza_2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó (&#8230;) de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación</a>” (p. 2); es decir, un alza de más de 30 millones. Además, según la <a href="https://cdn-yeeko.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/Radiografia+desabasto+2017-2021.pdf" target="_blank" rel="noopener">iniciativa #CeroDesabasto, impulsada por Nosotrxs</a>, en 2018 fueron surtidas parcialmente o negadas 2.9 millones de recetas médicas en las principales instituciones públicas de seguridad social —IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR—. Para 2022, el dato superó las <a href="https://a.storyblok.com/f/162801/x/090e3d4d16/radiografia-del-desabasto-de-medicamentos-en-mexico-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">15.2 millones</a>.
Sin embargo, esta crisis sanitaria no parece impactar la aprobación presidencial o la intención de voto por la coalición oficialista. Y lo mismo puede decirse de la violencia: considerando el ritmo de homicidios dolosos durante el gobierno de MORENA —según el INEGI, <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/mexico-homicidios-inegi-2022-aumento" target="_blank" rel="noopener">el promedio anual de homicidios a nivel nacional entre 2019 y 2022 fue de 35 mil 340</a>—, se proyectan más de 212 mil homicidios para el final del periodo presidencial de López Obrador, <a href="https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/inegi-sexenio-de-pena-nieto-rompe-record-en-homicidios/#google_vignette" target="_blank" rel="noopener">unos 56 mil más que en el sexenio de Peña Nieto</a>.
Diversos factores, como las valoraciones diferenciadas por temática, la efectividad de la propaganda oficial y no oficial, una auténtica percepción de resultados positivos o el rechazo a otras opciones, entre otros, influyen en el voto de los mexicanos y en su aprobación al presidente. No obstante, ni la crisis de salud ni el aumento de la violencia parecen tener un impacto significativo en estos dos indicadores.
Esto presenta un dilema democrático. Cuando un partido o un gobernante contribuye por acción u omisión al deterioro del sistema de salud y la inseguridad, y los votantes no lo “castigan” en algún indicador clave de aprobación, pueden ser considerados corresponsables en cierta medida de las consecuencias de esas posturas.
El contrafactual al que me refiero se vería así: una proporción relevante de la sociedad mexicana reduce su evaluación positiva a MORENA, a la coalición oficialista, al gobierno federal, o bien al presidente, y estas entidades políticas, por ende, se movilizan para intentar resolver o atenuar la crisis de salud y violencia. Ello, con tal de que el proyecto morenista pueda seguir ganando elecciones en el futuro, y no sus opositores.
Si algo le dolería a MORENA y al presidente, y los orillaría a reevaluar sus posturas en salud y seguridad, sería un creciente rechazo social. Por ende, si este no crece, sus incentivos para intentar mejorar la situación son menores.
Sin embargo, hoy este sistema inmunológico de la democracia mexicana no se está activando. ¿Podría esta sobrevivir en el largo plazo si su sociedad no castiga los malos resultados de un gobierno cuando, en teoría, debería hacerlo? ¿Existe una línea directa entre la falta de mejores políticas para atender la crisis sanitaria y de seguridad, y el reiterado apoyo de una buena parte de la población a MORENA y a López Obrador?
En lo que meditamos una respuesta, continúa la “dinamarquización” de nuestro sistema de salud, así como la política de “abrazos” para la mayoría y “balazos” para algunos.
* Alonso B. Tamez es maestro en Comunicación Política por la Universidad de Glasgow y maestro en Política y Comunicación por la London School of Economics.

Aprobación presidencial, ¿la culpa es del pueblo?

“La participación ciudadana y las actividades comunitarias son fundamentales para la sensibilización frente a la violencia. La formación de redes sociales y comunidades pacíficas puede difundir una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos, priorizando el trabajo con jóvenes para convertirlos en promotores de la paz en sus comunidades a través de talleres, campañas y programas de capacitación, respaldados por un mapa de violencias en México”.
En marzo de 2023 tuvo lugar la Conferencia Nacional de Paz en México que convocó la participación de 206 organizaciones y colectivos con el propósito de impulsar un consenso a nivel nacional en pro de la paz. Su principal objetivo fue discutir las raíces de la violencia en México y proponer soluciones en el ámbito de las políticas públicas, al tiempo que se hizo patente la urgente necesidad de fomentar la colaboración entre diversos sectores de la sociedad, fortalecer el diálogo y consolidar las instituciones. Asimismo, se identificaron diversas manifestaciones de violencia en el país, que abarcan desde desapariciones forzadas, homicidios y feminicidios hasta secuestros, extorsiones y violencia estructural dirigida contra defensores del territorio y recursos naturales. Estos problemas acentuaron la importancia de establecer una Red Nacional para la Construcción de la Paz como un proceso continuo impulsado por la sociedad civil.
La creación de una Red Nacional para la Construcción de Paz, promovida desde la sociedad civil, tiene como objetivo aplicar estrategias de justicia transicional para abordar la problemática de la violencia generalizada y combatir la larga historia de graves violaciones de derechos humanos. Esto implica buscar la verdad, exigir la rendición de cuentas, lograr la reparación integral de las víctimas y garantizar que estos crímenes no se repitan, al mismo tiempo que se centra en la reconciliación y la participación activa de la ciudadanía. La red puede producir resultados en forma de relatorías, documentos y un directorio de organizaciones, contribuyendo así a construir una sólida agenda de paz y promover los derechos humanos en México.
La Red Nacional de Construcción de Paz se enfoca en la construcción de la Verdad y la Memoria en México, especialmente en el contexto de la crisis de derechos humanos. Esto implica impulsar la creación de una comisión de la verdad en el ámbito nacional, con la participación de expertos y víctimas. Se destaca la importancia de la participación activa de las víctimas en la definición de políticas de reparación integral, reconociendo sus necesidades y su contexto cultural. Además, impulsa la exigencia de una reingeniería del Registro Nacional de Víctimas para garantizar una atención más eficiente y transparente. Entre los resultados esperados de este eje se encuentra la recopilación de historias de vida de las víctimas y la creación de un repositorio digital de Verdad y Memoria, siguiendo ejemplos exitosos de otros países como Argentina y Colombia. Estas iniciativas buscan promover la reconciliación y la justicia en México.
El tercer eje de la Agenda Nacional para la Construcción de Paz se centra en visibilizar, concienciar y sensibilizar sobre los efectos negativos de la violencia en la sociedad. Busca involucrar a todos en la propuesta de soluciones y promover la educación como clave para erradicar la violencia y fomentar la paz, en línea con las recomendaciones de la ONU.
La participación ciudadana y las actividades comunitarias son fundamentales para la sensibilización frente a la violencia. La formación de redes sociales y comunidades pacíficas puede difundir una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos, priorizando el trabajo con jóvenes para convertirlos en promotores de la paz en sus comunidades a través de talleres, campañas y programas de capacitación, respaldados por un mapa de violencias en México. Es imperativo visibilizar los distintos tipos de violencia en México y evitar normalizarlos mediante el uso de campañas mediáticas para concienciar sobre la vulnerabilidad de todos ante la violencia y fomentar la empatía. La difusión de información objetiva, alejada del sensacionalismo, puede contribuir a crear empatía y movilizar a la sociedad.
Estos ejes, al generar información que refleje la realidad de la violencia y promueva consensos en la esfera pública, pueden contribuir significativamente a esta tarea, alejándola del conflicto y la violencia.
<a href="https://twitter.com/NosotrxsMX" target="_blank" rel="noopener">@NosotrxsMx</a>

Agenda nacional para la construcción de paz

Desde inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador he consultado con personas dedicadas a la investigación académica en Comunicación y he confirmado de manera consistente que la construcción discursiva del Ejecutivo Federal es y será caso de estudio en México y en el mundo. Más allá de compartir o no su proyecto político, parece haber un consenso según el cual la manera como este gobernante asumió en su persona el control casi total del mensaje representa un experimento único en la historia, al menos en algunas de sus características, de manera que los atributos personales del emisor del mensaje pesan más en la conversación que cualquier ponderación sobre su capacidad de gobernar. Mi ángulo de observación tiene que ver con la comunicación del gobierno federal vista desde la seguridad, la justicia y la construcción de paz.
He pasado por varias etapas en el análisis y al principio de la administración mi principal pregunta era cuál sería la narrativa en estos temas, habiendo el presidente anunciado que supervisaría directa y diariamente la política de seguridad. Además, cuando supimos que él hablaría al micrófono más que ningún otro jefe de Estado en la historia, la pregunta adquirió mayor relevancia porque un escenario posible era que el liderazgo presidencial incluyera un relato continuo, asociado a las decisiones y acciones de gobierno en estas materias. Si él iba a estar supervisando directamente la política de seguridad y además iba a dar mensajes sin parar, mi escenario más optimista era que se elevaran los estándares de transparencia y rendición de cuentas.
Nada de eso. El presidente enseñó desde 2019 varias decisiones muy claras: la seguridad, la justicia y la construcción de paz merecerían poco tiempo en sus relatos mañaneros, no entraría en detalles para justificar en estricto sentido ninguna decisión, se anclaría al relato de los índices delictivos, invisibilizaría las expresiones más graves de las atrocidades (señaladamente las desapariciones), daría un espacio inédito a los titulares de Sedena y Semar para informar las “buenas noticias” y, quizá lo más importante, usaría estos temas -al igual que muchos otros- para aplicar una estrategia afectiva distractora.
Entendimos en algún punto que al colocarse en el centro de toda la narrativa y soportado en una base monumental de la llamada legitimidad de origen, el ejecutivo federal apagaría a su gusto los interruptores de la rendición de cuentas y administraría él directamente los costos que hubiera ante la reprobación minoritaria.
Un salto cualitativo en el discurso fue cuando comenzó a negar las violaciones a derechos humanos en su gobierno. Ese mensaje enseñó y enseña una decisión de implicaciones tan importantes como graves. Asumo que él, como cualquier gobierno, decide negar de manera absoluta un problema no porque pueda comprobar su total inexistencia, sino para lograr un determinado impacto en la manipulación de las audiencias.
Las desapariciones pueden ser el ejemplo más contundente para demostrar que el micrófono presidencial ha sido un recurso extraordinariamente eficaz para invisibilizar fenómenos. Cualquiera puede comprobar la regular ausencia del tema en las conferencias temáticas mensuales sobre seguridad y en general en la narrativa presidencial.
En entrevista reciente expresé la hipótesis del agotamiento de la estrategia afectiva distractora. Sabemos que para muchas personas especializadas en la investigación sobre la llamada opinión pública, el hallazgo quizá más importante respecto a la estrategia discursiva de este presidente fue su inusitada capacidad para controlar la agenda de la conversación pública. Se ha hablado por años exactamente de lo que él ha querido que se hable, para decirlo claramente.
En esa entrevista de hace unos días pedí al periodista que recordara cuando toda conversación pasaba por el micrófono presidencial y luego lo invité a comparar lo que está sucediendo ahora, en especial respecto a las violencias.  Además, no pude evitar remembrar cuando un brillante analista político capacitó al Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero en estrategias de comunicación política y nos dejó desde el 2019 la inquietante hipótesis según la cual la seguridad no sería prioridad para esta administración federal.
¿Puede haber apostado López Obrador a mantener el tema al margen toda su administración, haciendo lo necesario para controlar la atención mayoritaria dentro de una lista de prioridades que no incluyó las violencias, la delincuencia y la impunidad? Y si fuera así, ¿estamos ante el agotamiento de esa estrategia, dada la imposibilidad de impedir la visibilidad provocada por la multiplicación de las atrocidades?
En mi concepto, el presidente en efecto logró y aún logra distraer a la inmensa mayoría empaquetando estos temas en las etiquetas que le han servido tanto, justo para no hablar de los problemas mismos; por ejemplo, si alguien afirma que el despliegue masivo del personal militar en muchos lugares no reduce las violencias ni la impunidad, la estratagema es no hablar de eso sino etiquetar como adversario a quien lo dice, logrando así que nadie o casi nadie exija la explicación del fracaso militar y en su lugar se censure a quien emitió el cuestionamiento. Distracción pura.
Cada quien tiene todo el derecho de vincularse afectivamente con quien se le dé la gana, el enorme problema surge cuando el vínculo es tejido desde la manipulación política para enterrar cualquier posibilidad de que el poder público se vea presionado y forzado a justificar, a rendir cuentas con base en el análisis de la evidencia.
Apenas el <a href="https://es.statista.com/estadisticas/1411692/indice-global-de-crimen-organizado-paises-de-latinoamerica/" target="_blank" rel="noopener">Índice Global de Delincuencia Organizada 2023</a> volvió a poner a México entre los primeros lugares de afectación por los mercados criminales y las violencias asociadas; a la vez, la narrativa presidencial ni siquiera acusa noticia.
Si en efecto está agotado el alcance de la distracción, qué sigue de cara a la polarización asociada a las elecciones en 2024 y cuántas personas, aún con la crisis humanitaria desfondada enfrente, seguirán bajo la pauta que les haga mirar hacia otro lado.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Seguridad, ¿agotada la estrategia afectiva de distracción?

Llegamos al Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro con una marea verde imparable y cada vez más robustecida. En México #SeptiembreVerde nos pilló celebrando la despenalización en Aguascalientes, la despenalización a nivel federal y el reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por un par de sentencias relacionadas con los derechos reproductivos. ¡Ha sido un torbellino!
La despenalización del aborto en Aguascalientes nos dio la satisfacción del trabajo en alianza y un resultado inédito. Por primera vez en temas de justicia reproductiva un amparo promovido por organizaciones de la sociedad civil tuvo efectos generales, es decir, beneficiará a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que se encuentran en esa entidad. Y en el caso del amparo contra el Código Penal Federal el logro es enorme, pues la decisión de la SCJN obliga a todas las instituciones federales de salud a brindar el servicio de aborto a quienes lo soliciten.
Gracias a estas resoluciones los ojos del mundo se posaron sobre México. Con ambas victorias quedó claro el rol determinante de la sociedad civil y de los feminismos en la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se reafirmó el papel de la SCJN como aliada en la protección de los derechos reproductivos, que a lo largo de dos décadas ha emitido once sentencias que abonan al reconocimiento del aborto como un servicio de salud.
Recientemente la Corte recibió el “Premio a la Igualdad: Reconocimiento Iberoamericano de Sentencias con Perspectiva de Género”, otorgado por la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, por dos sentencias relacionadas con el aborto: la que invalidó los artículos que sancionaban la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal del Estado de Coahuila (AI 148/2017) y la de Objeción de Conciencia en la Ley General de Salud (AI 54/2018). Dicho reconocimiento —cuyo objetivo es distinguir las sentencias que protegen y garantizan el derecho a la igualdad de género y la no discriminación— fue recibido por el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales.
También en el mes abortero, Latinoamérica vislumbra una nueva esperanza: en Brasil, las mujeres y personas con capacidad de gestar podrían abortar por libre decisión sin ser sancionadas. El 22 de septiembre el Supremo Tribunal Federal inició —de forma virtual y sin fecha de término— la votación sobre una demanda para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Ese día se obtuvo el primer sí por parte de la jueza Rosa Weber y en toda la región ya se ondean los pañuelos verdes en espera de que se logre la despenalización. Hasta ahora, en ese país el aborto sólo es permitido si el embarazo es producto de violación, si la vida de la persona gestante está en riesgo y en casos de anencefalia fetal. Esperamos #QueSubaLaMarea para que pronto Brasil tenga #AbortoLegal.
De acuerdo con <a href="https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/">información</a> del Centro de Derechos Reproductivos (CRR por sus siglas en inglés), en los últimos 30 años más de 60 países han liberalizado sus leyes sobre el aborto. Desde Irlanda hasta Nepal, el aborto está siendo reconocido como un derecho humano fundamental para millones de personas en todo el mundo. México es uno de los países de Latinoamérica —como Argentina y Colombia— en los que se está dando lugar a una nueva era en relación a los derechos reproductivos. Y sólo Estados Unidos, Polonia, Nicaragua y El Salvador han dado pasos regresivos.
Por otro lado, Estados Unidos y México son los únicos cuyas leyes varían de un estado a otro. Mientras que en el vecino del norte —a raíz de que la Corte Suprema anulara el fallo histórico de Roe vs. Wade en junio de 2022— se eliminó la protección nacional del derecho al aborto, en México —12 años después de que el entonces Distrito Federal despenalizara el aborto—, Oaxaca dio inicio a una nueva ola de despenalizaciones que han pintado de verde a 12 entidades hasta el día de hoy.
El CRR ha registrado que a nivel mundial existe una tendencia abrumadora hacia la liberalización de las leyes sobre el aborto. 35 % de mujeres en edad reproductiva vive en 77 países que permiten el aborto por voluntad, cuyo límite gestacional más común son las primeras 12 semanas de embarazo; 25 % vive en 12 países que permiten el aborto por motivos sociales o económicos; 12 % vive en 47 países que permiten el aborto por motivos de salud o terapéuticos —25 de ellos lo permiten explícitamente para preservar la salud mental—; 22 % vive en países que permiten el aborto cuando la vida de la persona embarazada está en riesgo, y 6 % vive en países que no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia, es decir, lo prohíben por completo.
Con esperanza de que Latinoámerica se inunde aún más de verde y con suma alegría por todo lo alcanzado, cerramos el mes abortero celebrando los triunfos, fortaleciendo las alianzas y tomando un mayor impulso para lograr que el aborto sea reconocido y regulado como un servicio de salud pública.
<a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@GIRE_mx</a>

¿Cómo cerramos el mes abortero?

Hoy existe una pandemia en el mundo de la que poco se habla, se estigmatiza, se ignora y que le está costando muchas vidas al mundo y generando un daño irreparable si se sigue invisibilizando e ignorando. Es una pandemia que se ha metido a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras relaciones y que nos afecta día con día, pero no la reconocemos o nos avergonzamos de ella en lugar de atenderla.
Es una pandemia que sigilosamente acaba con el cuerpo y el espíritu de las personas, las incapacita, margina y lleva en muchas ocasiones a la muerte. Esta pandemia es la falta de salud mental en el mundo.
El <a href="https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-salud-mental-2023" target="_blank" rel="noopener">10 de octubre es el Día Internacional de la salud mental</a> y este año la Organización Mundial de la Salud se plantea visibilizarla y generar conciencia para considerarla como un derecho humano universal. <a href="https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response" target="_blank" rel="noopener">¿Qué es?</a> “La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental. Y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico”.
Los padecimientos y enfermedades relacionadas con la salud mental tienen un alto costo para las personas, para  las comunidades, para los países y para la economía mundial, y la pandemia de COVID19 fue un detonante para ello, cuyos efectos apenas estamos visualizando.
Los trastornos mentales son hoy en día una de las principales causas de discapacidad en el mundo y resulta sorprendente que no se le preste la atención debida ni en las políticas públicas ni entre las y los tomadores de decisiones ni en los medios de comunicación ni en las escuelas ni en las familias ni en la agenda global dado el impacto que tiene.
Un <a href="https://www2.deloitte.com/co/es/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/desapercibidos-costos-de-la-salud-mental-en-la-economia-mundial.html" target="_blank" rel="noopener">estudio de Deloitte</a> señala que los gastos relacionados, directos e indirectos, se estiman en más del 4 % del PIB mundial. Esto es  más que el costo combinado del cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Para 2030, se espera que los costos de salud mental superen los 6 billones de dólares  al año. La investigación arroja también que entre 2011 y 2030 se prevé que la pérdida de producción económica acumulada asociada con estos problemas sea de 16,3 billones de dólares en todo el mundo.
<a href="https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/estado-de-la-salud-mental-tras-la-pandemia-del-covid-19-y-progreso-de-la-iniciativa" target="_blank" rel="noopener">Naciones Unidas</a> presenta datos preocupantes:
<ul>
<li>Antes de la pandemia, casi mil millones de personas sufrían algún tipo de trastorno mental diagnosticable.</li>
<li>El 82 % de estas personas vivían en países de renta baja y media.</li>
<li>Las personas con trastornos mentales graves morían entre diez y veinte años antes que la población en general.</li>
<li>Con la pandemia estas cifras aumentaron y pusieron en evidencia la deficiencia y falta de capacidad de los sistemas sanitarios y de atención de la mayoría de los países, así como el efecto de las desigualdades socioeconómicas en la atención.</li>
<li>Se calcula que la pandemia aumentó entre un 25 % y un 27 % la prevalencia de la depresión y la ansiedad a escala mundial.</li>
</ul>
Lo que es necesario destacar es que estos trastornos y la falta de salud mental afectan a toda la población, la niñez, la juventud, a las personas mayores y a mujeres y hombres de manera diferenciada y específica en distintas regiones.  La ignorancia, las costumbres, la falta de información y adecuado tratamiento, la violencia, las guerras, las migraciones, el cambio climático, el estigma, la religión, el bullying, la violencia doméstica, la violencia de pareja, la discriminación en general y la discriminación de género en particular y una amplia  gama de factores inciden en ello.
Los <a href="https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders" target="_blank" rel="noopener">principales trastornos mentales</a> que padece hoy la población en el mundo son:
<ul>
<li>Ansiedad</li>
<li>Depresión</li>
<li>Trastorno bipolar. Trastornos de estrés postraumático</li>
<li>Esquizofrenia</li>
<li>Trastornos del comportamiento alimentario</li>
<li>Trastornos de comportamiento disruptivo y disocial</li>
<li>Trastornos de neurodesarrollo</li>
</ul>
Cuando visualizamos la salud mental desde una perspectiva de género nos encontramos con que <a href="https://mujeres.expansion.mx/opinion/2023/04/28/la-salud-mental-en-las-mujeres-un-desafio-en-el-pais" target="_blank" rel="noopener">1 de cada 5 mujeres experimenta </a> depresión en algún momento de su vida y que el riesgo que tienen de sufrir <a href="https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/women-s-health" target="_blank" rel="noopener">trastornos de ansiedad es mayor que el de los hombres.</a> La pandemia también trajo consecuencias porque la violencia doméstica y de género aumentó y con ello creció  -además de los feminicidos- la depresión en las mujeres.
No esperemos a que haya un suicidio más en el mundo, una persona marginada por tener depresión, una persona con sus derechos violentados por ser recluida o encadenada por carecer de sus facultades mentales, una mujer más con estrés postraumático por ser víctima de abuso narcisista, un joven más recluido o deprimido por ser víctima de bullying, una persona más estigmatizada por tener trastorno bipolar.
No dejemos que haya una persona más viviendo un infierno porque la sociedad, su familia, colegas, pares y amigos ignoran lo que está atravesando y la discrimina por no reconocer que padece o transita por una enfermedad que no se nota en la piel porque no tiene sangre o una herida expuesta pero está acabando con su vida sigilosa y lentamente. Hagamos de la salud mental una prioridad.
<a href="https://twitter.com/LaClau" target="_blank" rel="noopener">@LaClau</a>

Salud mental, la pandemia silenciosa

“Tráeles flores el día de los muertos y 
ponlas en las manchas que hay en el suelo, 
ellos te darán las gracias 
desde las nubes altas que hay en el cielo. 
El tiempo y la distancia todo lo cubre 
pero no olvides la matanza del 2 de octubre”.
Ricardo Tello Castillo
 
Mi infancia y adolescencia sucedieron en Tlatelolco, entre edificios con tonalidades rojas, amarillas y grises. Los pájaros cantaban desde las primeras horas de la mañana entre los muchos árboles que rodean aquella unidad habitacional. Los niños y niñas corrían entre los jardines, mientras que la Plaza de las Tres Culturas se llenaba cada fin de semana de familias enteras que paseaban con sus mascotas y disfrutaban de las vistas únicas que ofrece aquel lugar.
En esta plaza se puede distinguir tres épocas cruciales para la historia de México: la zona arqueológica (que alguna vez formó parte de la Gran Tenochtitlan), la iglesia de Santiago (como constante recordatorio de la conquista española y su incesante necesidad de “sepultar” el pasado mexica) y el imponente edificio Chihuahua, parte del proyecto de modernización de la urbe capitalina del arquitecto Mario Pani, que más tarde describiría Carlos Monsiváis como “la utopía del México sin vecindades”, y similar al que no soportó el sismo de 1985 y cayó metros atrás. Tlatelolco atesora mucha de la historia de la Ciudad de México.
Algo que siempre me llamó la atención de esta colonia fue el ambiente de comunidad que se forma entre las vecinas y vecinos. Cerca de un 2 de octubre de hace algunos años, mientras caminaba por los corredores llenos de vegetación y un tanto deteriorados por el paso de los años, me encontré con una vecina que llevaba toda su vida viviendo en un departamento de la unidad habitacional; Margarita siempre estaba atenta de que nuestro edificio se mantuviera en las mejores condiciones posibles, ella daba constantes recorridos y era habitual encontrarla. En una de sus caminatas vespertinas se detuvo a platicarme su historia de aquel trágico día, quizá por la cercanía de las fechas.
El sol ya daba sus últimos rayos del día y en medio de los pasillos entre edificio 13 y 12, Margarita no logró contener el llanto al recordar cómo por ese mismo lugar en que estábamos paradas ella vio a decenas de estudiantes correr por sus vidas, mientras soldados y grupos paramilitares dejaban a los asistentes a la marcha del 2 de octubre tendidos en la plancha de la Plaza de las tres culturas tras ser alcanzados por las balas del fuego cruzado en el que quedaron atrapados. Ella misma, según me comentó, ayudó a algunos manifestantes que tocaron a la puerta de su casa para que pudieran esconderse. Nos cayó la noche durante esa conversación.
El 2 de octubre de 1968 está grabado en la memoria colectiva de México con tinta roja, la tinta de la sangre de las cientas de personas que respondieron al llamado para manifestarse en la Plaza de las Tres Culturas. Este barrio, enclavado en el corazón de la Ciudad de México, fue testigo de una brutal represión.
En aras de asegurar que los Juegos Olímpicos se llevaran a cabo sin contratiempos ni cuestionamientos sociales, el presidente Gustavo Díaz Ordaz emprendió una cruel estrategia para silenciar las voces disonantes que pudieran eclipsar la competición internacional con problemas internos. Los cientos y cientas de estudiantes que se congregaron aquella tarde no imaginaban que estarían siendo acorralados por el Ejército, y que entre las  filas de la manifestación se encontraban agentes al servicio del gobierno, conocidos como el Batallón Olimpia, y que implementarían acciones mortales.
Mientras un grupo de estudiantes pronunciaba sus palabras de protesta, un helicóptero surcaba los cielos y, de pronto, arrojó una bengala que iluminó la oscuridad y desencadenó la masacre. El Batallón Olimpia, grupo paramilitar creado por el gobierno, abrió fuego contra estudiantes y soldados, con el objetivo de sembrar la confusión y provocar una respuesta de las fuerzas armadas. Durante horas personas, entre ellas estudiantes y maestros, fueron asesinadas a tiros desde todas las direcciones. En la iglesia que se alzaba frente a la Plaza se observaban francotiradores y desde el edificio Chihuahua estudiantes eran sometidos a torturas y llevados a prisión o ejecutados.
Los tanques militares rodearon el espacio donde previamente la indignación y el espíritu de lucha estudiantil habían dominado. No hubo escape.
Los residentes de Tlatelolco fueron testigos de la desesperación de maestros y estudiantes que buscaban refugio en sus hogares para sobrevivir. Algunos habitantes de estas unidades habitacionales les brindaron protección, logrando así salvar muchas vidas. Sin embargo, en otros casos los militares ingresaron a las viviendas y se llevaron a los estudiantes, según lo relatan los vecinos que aún recorren esos pasillos. Fue un ataque despiadado contra aquellos que ejercían su derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica.
Al caer la noche del 2 de octubre, el gobierno se apresuró a borrar las huellas de sangre que atestiguaban el horror que había acontecido horas antes. Han pasado 55 años desde aquel trágico día, pero la herida sigue abierta, más profunda que nunca.
A lo largo de la historia, las fuerzas armadas de México han estado involucradas en los episodios más oscuros y han sido señaladas en numerosos casos de violaciones graves de los derechos humanos, e incluso crímenes internacionales. Pese a la narrativa actual del gobierno, es imperante recordar que el Ejército sigue siendo el mismo, sus formas de operar no han cambiado, no existe algún proceso de justicia por lo sucedido aquel día en Tlatelolco.
Hoy en día, su poder es amplísimo y, al hablar del 2 de octubre, es imposible omitir el papel que desempeñó el Ejército, no solo en la matanza de este día, sino en la supresión de pruebas y en el intento de borrar la memoria a lo largo de los años. Los sucesivos gobiernos han blindado esta institución y permitido que la impunidad prevalezca hasta nuestros días. Incluso promueven campañas que glorifican la labor militar, presentando a sus miembros como héroes de la patria.
Cientos de relatos atestiguan el horror de aquel día, y es fundamental preservar espacios como el Memorial del 68, donde se detalla minuciosamente lo que ocurrió el 2 de octubre. Es clave recordar y aprender de la historia para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
Ignorar el involucramiento del Ejército en esos hechos criminales sería negar la verdad y la justicia a las víctimas y sus familias. Al reflexionar sobre el papel del Ejército en la Matanza del 2 de octubre, debemos cuestionar el nulo control civil sobre las fuerzas armadas y la necesidad de salvaguardar los derechos humanos en todo momento. La Matanza del 2 de octubre es un recordatorio doloroso pero crucial de la importancia del Ejército en la historia de México. Recordar es honrar a las víctimas y, al mismo tiempo, es un compromiso con un futuro en el que eventos como este nunca vuelvan a suceder.
En mi corazón guardo el espíritu de lucha de mi madre, una mujer tlatelolca que cada 2 de octubre me tenía lista desde horas antes de la marcha para que una vez que a lo lejos se escucharon los primeros gritos de los grupos de manifestantes que venían desde el metro Tlatelolco, bajaramos de prisa con nuestras pancartas y nos uniéramos entre aquellas personas que cada año se daban cita para recordar este doloroso hecho en nuestra historia. La indignación a lo que ha hecho el Ejército y cómo ha sido protegido, debe ser nuestro motor para no permitir que la impunidad perdure a lo paso de los años. La memoria es necesaria para que nunca más nuestros estudiantes y estudiantas sean silenciadas.
Mientras el Ejército siga siendo glorificado y protegido por los gobiernos que pasan a través de los años, la resistencia y la memoria social son necesarias. ¡2 de octubre, no se olvida!
* Eva Avilés es Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinadora del Área de Comunicación en la <a href="https://twitter.com/CMDPDH" target="_blank" rel="noopener">@CMDPDH</a>.

La matanza del 2 de octubre, una huella imborrable

Movimiento Ciudadano, el partido que pretende constituirse en una tercera vía en las elecciones de 2024, enfrenta un dilema: esperar a que Marcelo Ebrard termine de romper con Morena y adoptarlo como candidato, o apostar por uno de los suyos.
La disyuntiva deberá resolverse en octubre, mes en el que Ebrard puede esperar el veredicto de la Comisión de Honor y Justicia de Morena y, eventualmente, impugnarla ante el Tribunal Electoral, y en el que MC deberá registrar ante las autoridades electorales el método con el que definirá su candidatura presidencial de 2024.
Los tiempos se empatan para ambos, el morenista inconforme y el partido ávido de una candidatura atractiva. Pero la armonía en los tiempos no se corresponde con las diferencias que este tema ha provocado y su potencial de crisis al interior de Movimiento Ciudadano.
La decisión adoptada en julio por MC de no sumarse al Frente Amplio por México, para desmarcarse claramente del PRI, PAN y PRD -los partidos más desprestigiados del sistema político mexicano-, parece razonable estratégicamente, pero encontró resistencias en Jalisco, donde más que un bastión de MC, lo que hay es un grupo político lidereado por el gobernador Enrique Alfaro.
Esa crisis -expuesta a través de desplegados- no ha terminado de salvarse, cuando ahora se asoma un nuevo frente interno: la inconformidad del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante la posibilidad de abrirle la puerta a Marcelo Ebrard para que use a MC como el instrumento que le permita estar en la boleta en 2024.
Ambos gobernadores parecen apretar a Dante Delgado y a los miembros de la “coordinadora”, esa cúpula que lo acompaña y que, desde “lo nacional”, ha avalado todas las decisiones personales del fundador y propietario de MC. Cualquier decisión que adopten provocará tsunamis en Jalisco y Nuevo León, los bastiones que hacen relevante al partido naranja en el tablero nacional.
Una ruptura en cualquiera de los dos estados dejaría a MC cojo de cara a 2024: Jalisco es uno de los nueve estados donde se renovará la gubernatura y Nuevo León tendrá elecciones municipales y de Congreso. En ambas entidades MC buscará ganar la elección del Senado, las diputaciones federales, las capitales (Guadalajara y Monterrey) y un buen caudal de votos para su registro nacional.
Más que bastiones, Jalisco y Nuevo León se han convertido en la razón de ser de Movimiento Ciudadano, pues uno de sus graves problemas es que no ha logrado hacerse relevante en ninguna otra entidad.
En el sexenio de López Obrador se renovaron ya 24 gubernaturas y MC sólo fue competitivo en dos estados: Nuevo León, donde ganó en 2021, y Campeche, donde quedó en segundo lugar con el expanista Eliseo Fernández Montúfar.
Sus votaciones de menos de 10 por ciento en las elecciones estatales de 2022 (Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo) fueron el precedente de una decisión que, en 2023, mostró el tamaño real de MC: la de no competir en el Estado de México y Coahuila.
De cara a 2024, MC sólo tiene clara su participación en Jalisco, donde postulará al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, o al senador Clemente Castañeda. Y parece tener un buen candidato en la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, un diputado con buena presencia en medios, pero que en 2021 apenas obtuvo 9 mil votos en el distrito X de la alcaldía Miguel Hidalgo.
MC no tiene prospectos relevantes -o al menos conocidos- en el resto de las entidades donde se renovarán gubernaturas: Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y esperar a recoger el cascajo de los procesos internos de las dos grandes coaliciones no parece ser la vía apropiada para un partido que pretende colocarse como la alternativa entre el oficialismo y la oposición de los mismos de siempre.
En ese contexto hay que leer la decisión de Dante Delgado de no cerrarle la puerta a Marcelo Ebrard y esperar a que termine de decidir su futuro fuera de Morena.
De hecho, a estas alturas, la decisión de Ebrard podría tener más efectos fuera que dentro de la 4T, donde todo se encarrila ya al apuntalamiento de la candidatura de Claudia Sheinbaum, con pocos impactos reales de la inconformidad de los llamados ebrardistas.
En MC, la presencia de Ebrard podría generar un desencanto en Nuevo León, pero implicaría la adopción de algunos cuadros que no le caerían mal al partido naranja (Malú Micher en Guanajuato, por ejemplo), y un cierre de filas entre quienes ya admiten que el ex canciller tendía más votos que Samuel García.
Si la decisión estratégica de Dante Delgado y su grupo compacto es crecer en 2024 aunque se pierda la presidencial, mejor perder con Ebrard y un mayor porcentaje de votación que el que podría generarles Samuel García.
En el Frente Amplio por México, la decisión de Ebrard también tendrá repercusiones. A ocho meses de los comicios, dentro y fuera del frente opositor hay consenso en que una eventual postulación del excanciller causaría más daño a Xóchitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum.
El voto de la senadora panista es volátil y basado en el antilopezobradorismo, que ha sentado sus reales entre la clase media alta de zonas urbanas; el de Sheinbaum se sustenta en el voto duro de Morena y la popularidad del presidente, principalmente entre clases populares.
Faltan ocho meses para la jornada electoral (junio de 2024), y tres meses para la definición de la boleta electoral (enero). Y, aunque la contienda real será entre Xóchitl y Sheinbaum, la definición de Ebrard y la solución del dilema de MC aún podrían ser decisivos.
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Ebrard y el dilema de Movimiento Ciudadano

Convento del siglo XVI de Yautepec

La máxima “la pena como medicina del alma” junto con el sistema penitenciario progresivo <a href="#_edn1" name="_ednref1">i</a> devienen de la ideología positivista. Esta ideología ha sido el trasfondo para la elaboración y emisión de la política contra el crimen y de cuerpos normativos en materia penal y penitenciaria. En México, el Estado utiliza el derecho penal como herramienta principal para atender problemáticas sociales: la cárcel siempre es la respuesta. Los legisladores han empleado un sistema punitivo para demostrar que la mano dura es la fuente de justicia.
Nuestro sistema penal tiene deficiencias estructurales y operativas, así como vicios en las actuaciones que son contrarios a los principios que lo rigen. La política penitenciaria crea las condiciones de un círculo vicioso en el que se exacerba el uso del sistema penal y se incrementan las probabilidades de que existan problemas de abuso de sustancias, violencia y delitos en las familias. <a href="#_edn2" name="_ednref2">ii</a>
El consumo de drogas puede convertirse en un importante problema de salud que además genera rechazo social y políticas estigmatizadoras. <a href="#_edn3" name="_ednref3">iii</a> Esto se refleja en un problema público: la criminalización de las drogas y el manejo de los delitos relacionados con drogas en el sistema de justicia.
En la Ley General de Salud y el Código Penal Federal están contenidos los delitos de narcomenudeo y narcotráfico. Está establecida una “Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato” y se tipifica como delito de narcomenudeo a la conducta que comete una persona que porta más de la cantidad máxima determinada en la tabla, pero menos que esa cantidad multiplicada por mil. Se clasifica como narcotráfico el poseer más de la cantidad máxima en la tabla multiplicada por mil. <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1794-31082011000200003&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=es" target="_blank" rel="noopener">El narcomenudeo y el narcotráfico, a través de la estructura de comercialización de estupefacientes, favorece primordialmente a los actores involucrados, basándose en un modelo organizacional que les garantiza estabilidad y protección en un territorio</a>. <a href="#_edn4" name="_ednref4">iv</a>
En este artículo desarrollaremos el contexto del narcotráfico y narcomenudeo desde una perspectiva de criminalidad femenina. Para ello, primero abordaremos las condiciones de marginación y vulneración de las mujeres en el narcotráfico. Posteriormente, enunciaremos algunas de las circunstancias que viven las mujeres, en el contexto de comercialización de drogas, en el proceso penal y dentro del sistema penitenciario. Asimismo, señalaremos las distinciones que se hacen entre las mujeres y los hombres. Por último, señalaremos la necesidad de una política pública desde una postura transversal y de perspectiva de género.
<h2>¿Cómo inicia la participación de la mujer en el contexto criminal?</h2>
Las mujeres que carecen de condiciones dignas de trabajo y vivienda se encuentran en un latente riesgo social. Estas circunstancias propician la comisión de conductas delictivas y favorecen contextos para la trata de personas. Ante estos escenarios, las mujeres encuentran una posibilidad de supervivencia: transportar drogas a cambio de poco dinero, o bien, para no sufrir mayores abusos como víctimas de trata. Las mujeres que transportan droga han sido mal llamadas “mulas”, lo que consiste en trasladar sustancias prohibidas a través de su cuerpo: ingieren la sustancia hasta expulsarla ya sea de manera natural o a través de medicación.
¿Son ellas realmente un eslabón del proceso? ¿O son víctimas de trata de personas? Las mujeres que participan dentro del narcotráfico provienen de diferentes estratos y geografías, y se encuentran en ese espacio por diferentes razones. La mayoría son mujeres que quieren huir de la violencia en la que viven, son jóvenes y con bajos ingresos; mujeres que tienen lazos afectivos con alguien vinculado a esta actividad; mujeres explotadas y víctimas de la trata de personas, entre otras circunstancias. Por otro lado, poseen un mínimo control e independencia económica y son marginadas al estar en una situación de vulnerabilidad. “[…] <a href="https://www.wola.org/es/analisis/villanas-o-victimas-el-papel-de-las-mujeres-en-el-narcotrafico-latinoamericano/" target="_blank" rel="noopener">Son las estructuras patriarcales y la violencia de género lo que condiciona la participación de las mujeres en actividades delictivas</a>”. <a href="#_edn5" name="_ednref5">v</a>
Para la Comisión Interamericana de Mujeres, las mujeres que se dedican a la venta de drogas ocupan el nivel más bajo en la jerarquía de los grupos delictivos, siendo “portadoras humanas” en pequeña escala para la venta, distribución o transporte de droga.  La ONUDD-Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito señaló que las drogas son clave de la criminalidad de las mujeres.
Las conductas cometidas por las mujeres en el contexto del narcotráfico son encuadradas en tipos penales y se enfrentan a procesos en materia penal. En México, entre 2010 y 2020, el porcentaje de mujeres procesadas por delitos relacionados con drogas pasó de 13 % a 26 % según los datos del INEGI. La ENPOL reportó que en 2021, a nivel nacional, 20.7 % de la población de mujeres privadas de la libertad con antecedentes penales fue sentenciada por el delito de posesión ilegal de drogas. En esta misma encuesta se demostró que 55.3 % de la población de mujeres había sido incomunicada o aislada durante su estancia ante el Ministerio Público y que, respecto a su situación jurídica, sólo 53.7 % de las mujeres contaba con sentencia dictada. También se advierte que las mujeres no sólo se consideran cómplices, sino que se les imputa prácticamente la responsabilidad total vinculada a la actividad delictiva.
Los efectos que ha generado la “guerra contra las drogas” respecto a los derechos y garantías constitucionales de los imputados en casos de delitos contra la salud y, en especial, sobre las diferencias según el género, son violatorios de derechos humanos. Para sustentar esta situación, tomaremos como guía el <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal</a> <a href="#_edn6" name="_ednref6">vi</a> y, específicamente, abordaremos los elementos del capítulo “Delitos contra la salud y delincuencia organizada”. <a href="#_edn7" name="_ednref7">vii</a>
Durante 2018, en el fuero federal, <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/202112/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">en promedio una de cada dos mujeres se encontraba privada de la libertad por delitos contra la salud o delincuencia organizada</a> (INEGI, 2019). <a href="#_edn8" name="_ednref8">viii</a> En los delitos asociados con el narcotráfico opera la prisión preventiva oficiosa, lo cual se ha señalado como violatorio de DDHH, además que supone un riesgo para sufrir violencia física o tortura, tortura sexual e incomunicación.
Catalina Pérez Correa señala con base en testimonios que el funcionamiento del sistema penal en relación con los delitos de drogas ha sido exacerbado y opera de manera desproporcionada, ya que no se toma en cuenta el contexto familiar, individual o social al momento de sentenciar. Se trata de un sistema que captura a personas con perfiles similares: hombres y mujeres jóvenes provenientes de sectores marginados, con escasas oportunidades, bajos niveles educativos y con trabajos de baja remuneración. <a href="#_edn9" name="_ednref9">ix</a>
En el proceso penal y en el sistema federal penal podemos observar que los delitos contra la salud tienen penas severas. El artículo 194 del Código Penal Federal establece que la pena mínima para los delitos de comercio, producción, suministro y transporte de estupefacientes es de diez años en prisión y la máxima es de 25 años.
Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciarios Estatales (INEGI), durante 2022, el 49.3 % de las mujeres y el 38.4 % de los hombres de la población privada de la libertad no contaban con sentencia. La diferencia que existe pone en evidencia que hay una desproporción respecto a las mujeres.
Por otra parte, diversos estudios demuestran que las sentencias que contienen sanciones penales altas no tienen un impacto real para la reducción de violencia o de delitos en torno a las drogas. No se está previendo que el sentenciado se reinserte en la sociedad, tampoco se generan hitos con los cuales se busque reducir la comisión de delitos por drogas, ni la protección al derecho a la salud u al orden público.
Es necesario que en el ámbito de procuración de justicia se considere el contexto social, económico y cultural, así como los vínculos y comportamientos que hay en torno a la conducta delictiva para contar con elementos con los que se pueda juzgar con perspectiva de género.
De igual manera, se debe evitar caer en sentencias vacías, redundantes, repetitivas, obtenidas de un formato y llenas de vicios formales y legales. Es fundamental dar seguimiento a estos casos en particular para una posible reinserción social y la participación en el desarrollo social de las mujeres que salgan de prisión.
En este sentido, existen distinciones entre hombres y mujeres en el contexto social. Mientras los hombres que se dedican al tráfico de drogas son admirados y venerados a través de películas, series y música, las mujeres que viven en el contexto del tráfico de drogas son señaladas, juzgadas, revictimizadas y violentadas tanto por el gobierno como por la sociedad. Además, noticias e información relacionados con las drogas son emitidas en un entorno androcentrista.
Las mujeres relacionadas con la criminalidad en un contexto de drogas son invisibles. No han sido un tema central en la agenda pública, ni tampoco han acaparado la atención de los actores políticos. Estamos frente a un escenario desalentador para la mujer que no sólo es juzgada como criminal, sino que el Estado ha sido omiso en atender sus necesidades y en dar solución a los problemas estructurales de este grupo vulnerable.
El sistema de justicia tiene un sesgo y repudio hacia ciertos sectores de la población, específicamente, el femenino. Se sigue castigando sin pruebas, sin perspectiva de género, con estigmas, a través de tortura y violaciones a los derechos humanos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de analizar las estructuras sociales, la actuación de las mujeres como “mulas” y las prácticas machistas dentro de las instituciones que pretenden administrar justicia.
<a href="https://twitter.com/cideppd" target="_blank" rel="noopener">@cideppd</a>
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Rivera Beiras, Iñaqui, et al., Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales, Edit. J.M. Bosch, Barcelona, 1994, p. 57.
<a href="#_ednref2" name="_edn2">ii</a> Pérez Correa, Catalina, Las mujeres invisibles. Los costos de la prisión y los efectos indirectos de las mujeres, Banco Interamericano de Desarrollo, 2015, p. 18.
<a href="#_ednref3" name="_edn3">iii</a> Subirats (2004) Pobreza y Exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. La Caixa. Barcelona.
<a href="#_ednref4" name="_edn4">iv</a> Cortés Vargas, Yofre Luis, &amp; Rodolfo Parra Cely, “<a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1794-31082011000200003&amp;lng=en&amp;nrm=iso&amp;tlng=es" target="_blank" rel="noopener">Narcomenudeo: un neologismo para describir la venta de estupefacientes</a>”, Revista Criminalidad, Vol. 53, n.o 2, diciembre de 2011, pp. 37-71. SciELO.
<a href="#_ednref5" name="_edn5">v</a> <a href="https://www.wola.org/es/analisis/villanas-o-victimas-el-papel-de-las-mujeres-en-el-narcotrafico-latinoamericano/" target="_blank" rel="noopener">¿Villana o víctima? El papel de las mujeres en el narcotráfico latinoamericano</a>”, WOLA (revisado el 22 de septiembre de 2023).
<a href="#_ednref6" name="_edn6">vi</a> Vela Barba, E. (coord.), <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2021-12/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Manual para juzgar con perspectiva de género</a>, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021.
<a href="#_ednref7" name="_edn7">vii</a> Pérez Correa, C. &amp; Velázquez, S., “Delitos contra la salud y la delincuenca organizada”, Op. cit. <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/202112/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Manual para juzgar con perspectiva de género</a>, 2021.
<a href="#_ednref8" name="_edn8">viii</a> Op. cit., <a href="https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/202112/Manual%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20ge%CC%81nero%20en%20materia%20penal_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Manual para juzgar con perspectiva de género</a>.
<a href="#_ednref9" name="_edn9">ix</a> Chaparro, S y Pérez Correa , (2017), Sobredosis carcelaria y política de drogas en América Latina. 1 ed., Colombia, Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEED) y De justicia- Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad.

Mujeres: el lado invisible de la política de drogas

Desde la declarada “guerra contra las pandillas”, el gobierno de Nayib Bukele ha implementado una serie de políticas de seguridad que van desde el aumento de la pena por crimen organizado a todas las agrupaciones, hasta realizar un proceso penal a grupos de personas involucradas en la comisión de delitos por crimen organizado, que conjuntamente han mermado los derechos humanos de la población penitenciaria en El Salvador. Esta situación se ha intensificado a partir del régimen de excepción decretado el 27 de marzo de 2022, el cual se ha prolongado hasta la actualidad.
Estas políticas de seguridad han afectado a distintos grupos precarizados por la criminalización en su contra, a través de las detenciones arbitrarias por razones estereotipadas y prejuiciosas, como la apariencia física, el color de piel, e incluso los tatuajes que detentan.
Los prejuicios derivados de este régimen de excepción tienen efectos notorios en la garantía de los derechos humanos de las personas detenidas por razones discriminatorias o arbitrarias. Como ejemplo de ello, el 23 de marzo de 2023, el diario <a href="https://elpais.com/internacional/2023-03-26/los-abusos-en-las-carceles-de-bukele-lo-mataron-a-golpes-en-la-celda-y-lo-sacaron-a-rastras-como-a-un-animal.html" target="_blank" rel="noopener">El País</a> recogió dos testimonios de personas salvadoreñas que fueron privadas de libertad, acusadas de crimen organizado y liberadas por falta de pruebas.
En las entrevistas, las personas liberadas pudieron externar las problemáticas en el interior de los centros penitenciarios. El hacinamiento, la desnutrición, la falta de asistencia médica y las prohibiciones para recibir asistencia legal son un ejemplo de la restricción desproporcionada de los derechos básicos a la población salvadoreña recluida. Uno de los testimonios refirió haber presenciado cómo una mujer en prisión, quien “todo lo que comía, lo vomitaba”, terminó <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-derecho-olvidado/muerte-en-prisiones-ejecuciones-extrajudiciales" target="_blank" rel="noopener">muriendo en prisión</a> por deshidratación.
Estos testimonios dan cuenta de otras prácticas de torturas y malos tratos por parte de los policías, como amenazas de muerte, golpes con macanas y culatas de fusiles, patadas y choques eléctricos, siendo testigos de algunas muertes por causa de estas agresiones. En una ocasión, la violencia fue dirigida a una persona que se quejaba de hambre y dolor en una de las celdas, por lo que un día le pegaron tanto que lo mataron a golpes y lo sacaron a rastras “como a un animal”.
El gobierno salvadoreño oficialmente ha justificado la permanencia del régimen de excepción con la disminución de los homicidios, cifras que <a href="https://datos.bancomundial.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?locations=SV" target="_blank" rel="noopener">han ido en reducción a partir de 2016 </a>y sobre las cuales <a href="https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/04/02/como-el-salvador-maquillo-las-cifras-de-homicidios-para-justificar-el-regimen-de-excepcion/" target="_blank" rel="noopener">los medios han informado que se han estado maquillando</a>. Además recientemente, el 19 de septiembre, el presidente Nayib Bukele emitió un <a href="https://fb.watch/nczRe4W_-J/?mibextid=qC1gEa" target="_blank" rel="noopener">mensaje a las Naciones Unidas</a> donde expresa que el régimen de excepción y las políticas aplicadas contra el “crimen organizado” han sido “acertadas”, aseverando la continuidad y “legitimidad” de sus políticas. Sin embargo, se le ha dado una índole discriminatoria hacia los grupos denominados “Maras” y personas con rasgos identitarios similares, como se muestra en algunas noticias del <a href="https://www.seguridad.gob.sv/tatuajes-seran-evidencia-contra-pandillera-que-rendira-cuentas-ante-la-ley/" target="_blank" rel="noopener">Ministerio de Justicia y Seguridad Pública</a>.
Esto ha producido un aumento de la población salvadoreña que se encuentra privada de libertad en relación con su demografía. Como se muestra en los datos del <a href="https://www.prisonstudies.org/country/el-salvador" target="_blank" rel="noopener">World Prison Brief</a>, en el año 2000 había un estimado de 132 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes. En contraste, a mayo de 2022, se registró un incremento del 822.72 %, es decir, por cada 100,000 habitantes, hubo 1,086 personas recluidas, lo que le da a El Salvador la tasa más grande de encarcelamiento a nivel mundial.
Además, en los distintos medios de comunicación se ha hecho alusión a la promoción de los actos de tortura a las “pandillas” juzgadas por delitos de crimen organizado. Como se muestra <a href="https://asilegal.org.mx/nayib-bukele-y-la-destruccion-de-los-derechos-de-el-salvador/" target="_blank" rel="noopener">en fotografías publicadas</a> en las redes de la Secretaría de Prensa de la presidencia salvadoreña, donde se observan los actos de tortura y malos tratos de acuerdo a los principios establecidos en el Protocolo de Estambul.
La <a href="https://www.cidh.oas.org/basicos/spanish/basicos2.htm" target="_blank" rel="noopener">Convención Americana sobre Derechos Humanos</a>, firmada por El Salvador en 1969 y con entrada en vigor en 1978, regula en su artículo 8 las garantías judiciales, mismas que han sido interpretadas por la propia Corte Interamericana, junto con otros derechos, como básicos no-autorizados para ser suspendidos en los regímenes de excepción y Estados de emergencia, tal y como los enumera la propia convención en su artículo 27.2 y reafirmados en la <a href="https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1264.pdf" target="_blank" rel="noopener">opinión consultiva</a><a href="https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1264.pdf" target="_blank" rel="noopener"> OC-9/87</a>.
Sin embargo, la propia legislación salvadoreña dificulta el derecho de acceso a la justicia a través del paradigma del derecho penal del autor, ya que los elementos probatorios para determinar la ejecución de delito por crimen organizado establecido en el artículo 1° de la <a href="https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/6AF6FBA3-EEF8-4F23-8157-E1699C27348E.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal</a> son interpretativos del poder judicial, con lo cual se ha brindado un vacío legal permitiendo la coyuntura actual de persecución de personas en razón de su identidad.
Las políticas mencionadas anteriormente y que impactan en cientos de personas en situación de reclusión, derivado de la “guerra contra las pandillas”, son violatorias de derechos humanos y pueden escalar hasta llegar a ser un problema regional. No resulta extraño que, de un análisis sumario, las políticas estatales fomenten el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por el Estado salvadoreño, y que por sí mismas se configuren como una alerta en la procuración del Estado de Derecho Interamericano. Estas políticas de régimen de excepción se comienzan a consolidar como una tendencia en los demás Estados de América Latina. Algunos mandatarios y políticos justifican y replican las acciones tomadas por Bukele como un modelo “estratégico” de disminución de homicidios.
Uno de los ejemplos de reproducción de la “estrategia Bukele” se observa en Honduras con la presidenta Xiomara Castro, quien ha presentado una política agresiva en contra del crimen organizado similar a la salvadoreña. El 20 de febrero de 2023, se inició un Estado de excepción. A partir de entonces, el gobierno hondureño ha continuado una estrategia de seguridad similar a la salvadoreña: la dotación de mayor poder a las instituciones de seguridad, la creación del “<a href="https://contracorriente.red/2023/04/17/solucion-contra-el-crimen-copia-del-plan-de-seguridad-de-bukele/#:~:text=El%2031%20de%20marzo%2C%20el,garant%C3%ADas%20constitucionales%20han%20quedado%20suspendidas." target="_blank" rel="noopener">Plan Nacional Solución Contra el Crimen</a>” y del “<a href="https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-c%C3%A1rceles_la-viceministra-de-seguridad-liderar%C3%A1-la-intervenci%C3%B3n-de-c%C3%A1rceles-en-honduras/48426730" target="_blank" rel="noopener">Plan de Intervención del Sistema Penitenciario</a>”, hasta la aplicación de medidas represivas en los centros penitenciarios específicamente para personas privadas de libertad por crimen organizado.
Es por ello que las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño representan violaciones a los derechos humanos en la región y es importante que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tome acciones para exhortar al Estado salvadoreño a revalorar sus políticas de seguridad y el régimen de excepción implementado, además de invitar a los Estados americanos a buscar medidas alternas para enfrentar los contextos de crimen organizado siguiendo los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
* Diana Itzel Flores León es egresada de Relaciones Internacionales por la UNAM y colaboradora en el área de investigación de <a href="https://twitter.com/AsilegalMx" target="_blank" rel="noopener">@AsíLegalMx</a>.

Violación de derechos de personas privadas de su libertad en El Salvador, un asunto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Derechos de personas privadas de su libertad en El Salvador y el Sistema Interamericano de DDHH

En un país donde sólo 12 de cada 100 personas tienen condiciones de bienestar, algo está muy mal.  Es el caso de México, donde se arrastran añejas causas estructurales que las han generado y complican su erradicación, pero también por decisiones políticas recientes que no han contribuido a que la mayoría de la población viva mejor, a pesar de que el país tiene todo el potencial para lograrlo.
Por ello urgen acciones en lo inmediato, pero sobre todo en el contexto del cambio de gobierno el 2024, así como la renovación del Congreso y de nueve gubernaturas, es preciso comenzar a trazar el rumbo hacia los próximos años, para ir a la raíz.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha desarrollado una batería de propuestas enfocadas a romper los viejos esquemas que han ocasionado que la pobreza se estanque, que han mantenido en la precariedad a millones de personas que trabajan y a muchas otras las ha excluido del sistema laboral.
El documento completo <a href="https://frentealapobreza.mx/presentacion-mexico-sin-pobreza-y-con-derechos/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
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Dichas iniciativas se presentarán en próximas fechas a quienes competirán por cargos de elección popular, tanto a nivel federal, como en el legislativo y en los estados donde se renovará el gobierno. Antes de compartirlas, una rápida mirada al panorama.
<h2>¿Dónde estamos parados?</h2>
Hay cinco condiciones estructurales que no se han transformado, o ni siquiera se han “tocado” en este periodo:
1. El sistema laboral que produce pobreza y precariedad, con millones de personas que trabajan sin ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza y sin derechos laborales
2. El modelo de acceso a servicios de salud y la protección social condicionado al trabajo “formal” a través de la afiliación al seguro social, que mantiene excluida a más de la mitad de la población desde su creación a la fecha.
3. La baja y menor calidad educativa de las escuelas en las zonas de mayor rezago social que acentúan la desigualdad de origen e ingreso y la permanencia de la deserción de jóvenes sin concluir el ciclo medio superior o bachillerato, lo que los condena a trabajos precarios y de bajos salarios.
4. La exclusión económica de las mujeres del sistema laboral por obligaciones impuestas de género relacionadas con labores domésticas de cuidado sin remuneración.
5. La exclusión histórica de las comunidades indígenas y rurales, sobre todo en el sur sureste del país.
Estas causas estructurales se han agravado en algunos casos por decisiones y medidas del actual gobierno, por ejemplo, el cierre de los programas de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, que dificultan aún más la participación laboral de las mujeres, o el fracaso de la recentralización de los servicios de salud a través del INSABI que produjo el incremento en la carencia de acceso a la salud, por mencionar dos ejemplos.
O el incremento de los programas de transferencias monetarias, casi al triple del monto respecto a 2018, pero sin efecto en la reducción de la pobreza extrema y con la exclusión del 61% de los hogares de menores ingresos, en los deciles I a IV.
<h2>¿Qué hacer?</h2>
Ante los desafíos que implican romper las causas estructurales que han generado pobreza y construir un país con derechos, hay que promover dos grandes cambios estructurales:
1. Transitar del paradigma de empleos con salarios bajos y sin derechos laborales, a un nuevo modelo que vincule la productividad con la mejora de las remuneraciones.
2. Transitar del actual modelo de seguro social, excluyente, inequitativo y segmentado, para crear un sistema universal de salud y protección social, no condicionado al trabajo.
Este sistema debe incluir al menos: (a) acceso efectivo a servicios de salud, (b) servicios de cuidado para niñas, niños y otras personas que lo requieren, (c) garantizar ingreso vital a personas que se quedaron sin trabajo o que no pueden trabajar.
<h2>Estrategias Prioritarias</h2>
El conjunto de propuestas incluyen cinco estrategias prioritarias frente a la pobreza:
1. Salario mínimo suficiente para cubrir dos canastas básicas e incentivos para el impulso del sector empresarial al salario digno.
2. Crear un sistema nacional de cuidados con infraestructura suficiente; estancias infantiles y la recuperación y ampliación de las Escuelas de Tiempo Completo.
3. Implementar una política de empleabilidad para jóvenes, que incluya la creación de la opción de 2ª oportunidad para jóvenes con rezago educativo y un programa de aprendices y primer empleo.
4. Destinar fondos y apoyos para el fomento a la economía social y al emprendimiento productivo, especialmente en proyectos de economía circular.
5. Integrar un padrón único de beneficiarios de los programas de transferencias monetarias, para que sean asignadas con transparencia, con acceso garantizado a hogares en pobreza y con mecanismos de blindaje contra los sesgos políticos.
<h2>Acciones de emergencia</h2>
Urge tomar acciones frente a realidades muy graves y que deben, incluso, ser consideradas en la discusión del paquete presupuestal del próximo año, pues hoy están ausentes:
1. Programas de regularización y recuperación de aprendizajes tras el rezago ocasionado por la pandemia.
2. Programa de “regreso a la escuela” para niñas, niños y jóvenes que abandonaron las aulas en los ciclos 2022-23 y 2023-24.
3. Integración efectiva a servicios públicos de salud (al menos el IMSS) para garantizar la atención de la población en enfermedades que son las principales causas de mortalidad.
4. Recuperar el abasto de medicamentos y la cobertura de 100% en la vacunación.
5. Evitar el uso clientelar y político de los programas sociales con fines electorales.
Sexenios van y vienen; las promesas se renuevan, pero el nivel de pobreza se mantiene en niveles muy altos desde hace décadas, que no corresponden con nuestra economía. Es momento de asumir los retos con mayor compromiso.
Es por eso que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza impulsará estas propuestas a las futuras candidatas y candidatos; pero además, desde la sociedad civil se seguirá impulsando la iniciativa empresarial por alcanzar salarios dignos con la participación de las cámaras y organismos de la iniciativa privada.
<a href="https://twitter.com/FrenteaPobreza" target="_blank" rel="noopener">@FrenteaPobreza</a>

A romper las prácticas que causan pobreza

“Nos dieron la esperanza solo para quitarla. Es como si nos hubieran dado alas para cortarlas 
cuando estábamos volando alto”. 
Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel.
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Con esa frase cierra el texto de John Gibler de Quinto Elemento Lab, donde narra con mucha precisión cómo desde la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador se ha ocultado la verdad y cómo se solapa al ejército desde la cúpula de este gobierno. Se señalan nombres: empezando por el titular del Poder Ejecutivo; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, así como los exprocuradores Murillo Karam y Arely Gómez.
El gobierno de López Obrador no solo oculta información que tiene en sus manos el ejército, sino que también es parte de crimen de lesa humanidad al manipular evidencias, cancelar órdenes de aprehensión sin sustento, fragmentar la investigación y por supuesto, hacer manifestaciones explícitas en apoyo a las Fuerzas Armadas.
En la marcha donde se cumplieron nueve años del caso Ayotzinapa, las madres y padres mostraron una clara ruptura con este gobierno, pero no es nueva, el texto de Gliber muestra cómo se fragmentó esta relación con la renuncia de Omar Gómez Trejo el ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
La violencia institucional del Estado sigue abriendo heridas en México, 43 heridas que no cierran y solo se profundizan con la indolencia, la impunidad, la corrupción y por supuesto todo va de la mano con la militarización de la vida pública.
Con frecuencia escuchamos a AMLO en las mañaneras diciendo que su gobierno no es racista ni clasista, incluso que no es colonialista. Afirma que esos tiempos ya acabaron. Pero este posicionamiento que hace el gobierno actual es la mercantilización de un pensamiento crítico para que forme parte de una narrativa del Estado y del poder partidista, tal y como lo han hechos otros gobiernos de América Latina, como lo es el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia o el Instituto Nacional para la Descolonización que creó Maduro en Venezuela.
La colonialidad del poder, desde donde opera el Estado nacionalista mexicano, no solo es una lucha epistémica-política contra la mercantilización de la descolonización y de la decolonialidad, es una lucha por la vida, porque el sistema colonial tiene repercusiones en las vidas de las personas, principalmente de aquellas que son racilizadas, como parte de la necropolítica.
¿A qué nos referimos con descolonización y decolonialidad? La descolonialidad es un enfoque teórico, que busca desafiar y transformar las estructuras de poder coloniales que persisten en la sociedad contemporánea. Examina la supresión de conocimientos indígenas y afro, la opresión sistemática y la lucha por liberarse de estas estructuras de poder. La descolonialidad aborda la epistemología colonial, la descolonización del conocimiento y la autodeterminación de las comunidades colonizadas.
Por otro lado, la decolonialidad se enfoca en cuestionar las jerarquías coloniales y las estructuras de poder inherentes a la modernidad occidental, generalmente de la resistencia popular, campesina y étnica. Busca alternativas a través de una perspectiva crítica, desde el conocimiento situado y la cosmovisión de las comunidades étnicas, por lo tanto se desliga más de los espacios académicos y se centra más en el saber popular.
Estos enfoques son esenciales para comprender cómo la historia de la colonización sigue influyendo en la sociedad, pero también en políticas de Estado y en las estrategias necropolíticas de gobernanza y producción del espacio, tales como la segregación espacial, la pobreza extrema, la hiper-explotación laboral y la violencia policial-militar, constituido por la producción de espacios de vida y de espacios de muerte.
Esto es la apuesta del Estado nación, ya nos lo mostró el gobierno de Enrique Peña Nieto y del ahora López Obrador, con estrategias de violencia estatal para seguir perpetuando el poder militar del Estado nación mexicano.
Las familias de los 43 y de los cientos de desaparecidos en México están muriendo en vida porque ese es el objetivo de los gobiernos, entran a un laberinto sin salida para que la colonialidad del poder siga perdurando a través de la coerción. La muerte física es solamente una de múltiples muertes, desde la pobreza abyecta, la humillación diaria, hasta el dolor psíquico del trauma histórico y la violencia homicida.
Descolonizar y decolonizar no son una metáfora son una resistencia, porque el “nacionalismo no se descoloniza ni se deconstruye, se destruye”. 
* Fernanda Galicia (<a href="https://twitter.com/mafernn" target="_blank" rel="noopener">@mafernn</a>)es directora/e de @yomexiro, organización feminista, antimilitarista, decolonial, comunitaria y anticorrupción. Luchamos contra la acumulación y centralización del Poder.

Decolonizar no es una metáfora

A medida que la diáspora mexicana crece en todo el mundo, su influencia crece con ella. Las y los residentes en el extranjero tienen cada vez mayor presencia en todos los aspectos de la vida pública de nuestro país desde la económica, la cultural y hasta la política.
El número de mexicanos que viven en el extranjero ha experimentado un constante aumento. En Estados Unidos la cantidad de mexicanos y mexicanas ha aumentado de 8 millones en 2005 a 12 millones en 2020, según el <a href="https://www.gob.mx/ime/que-hacemos#:~:text=El%20Instituto%20de%20los%20Mexicanos,trabajan%20fuera%20de%20nuestro%20pa%C3%ADs." target="_blank" rel="noopener">Instituto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero</a>, teniendo como principales motivaciones: mejorar las condiciones económicas y/o de empleo, unificación familiar, mejor calidad educativa y evasión de riesgos producidos por la inseguridad del país de origen y la violencia que ésta desemboca.
A diferencia de lo que se pensaba antes, se ha encontrado que la diáspora se compone de cada vez menos de forma exclusiva de trabajadores, y cada vez más por estudiantes, empresarios y profesionales de diversas áreas. Por lo que su forma de involucrarse en la vida pública del país ha cambiado, como mencionamos al inicio. Estos son algunos de los puntos en los que de manera permanente se involucran:
1. Remesas: Probablemente sea el más relevante para el país, pues los envíos económicos que hacen cada mes a nuestro país, independientemente del gobierno en turno, constituyen uno de los ingresos más importantes de la economía mexicana.
2. Vinculo familiares: Pese a que habitan en el extranjero, muchas personas migrantes mantienen fuertes lazos emocionales y culturales con México.
3. Influencia en la política local: A través de organizaciones de migrantes y grupos de defensa de derechos, las personas mexicanas residentes en el extranjero tienen la posibilidad de influir en las políticas locales de los países que habitan. Esto incluye el apoyo a candidatos y causas que promuevan los intereses de México y de la comunidad migrante en su país de residencia.
4. Influencia en política nacional: México ha implementado medidas para permitir que los mexicanos en el extranjero participen en las elecciones nacionales y locales a través del voto en el extranjero. En 2024 podrán votar bien voto electrónico, voto postal o voto presencial en los consulados en diferentes países quienes residan fuera del país.
<h2>El logro del voto desde el extranjero</h2>
En 2005, y luego de un trabajo organizado por parte de las y los migrantes mexicanos, el gobierno de México legisló en favor del derecho al voto de la ciudadanía que habita en el extranjero. Este logro se vio reflejado en los comicios federales de 2006, donde participaron 32,621 personas que votaron, equivalentes al 79.8 % de la lista nominal habilitada en el extranjero. Para 2012 las y los residentes en el extranjero que votaron fueron 40,714, el equivalente al 68.87 % de las personas registradas. En estos dos ejercicios el voto se recibió vía postal, con todo el trabajo logístico que eso conlleva.
Desde entonces y con el objetivo de impulsar la participación de nuestros connacionales fuera del país, en 2014 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la cual se estableció la credencialización de las personas residentes en el extranjero y se establecieron mecanismos de participación adicionales a la vía postal. El resultado de esto fue que en las elecciones 2018 se recibieron un total de 98,470 votos para Presidencia de la República, lo que representó un 54.14 % de participación respecto de las y los registrados, pero casi el doble de personas que había participado en 2012.
<h2>Elecciones 2024</h2>
Para este proceso, las y los mexicanos van a poder participar para elegir presidencia, senadurías, jefatura de gobierno de la CDMX o gubernatura de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla o Yucatán, diputaciones locales en CDMX, Jalisco o Oaxaca, como lo mencionábamos al inicio, a través de tres modalidades: voto postal, voto electrónico y voto presencial en consulados. Esta última modalidad fue introducida como programa piloto en 2023 en cuatro ciudades y será replicado en 2024 en un número mucho mayor.
Estas son algunas de las fechas y datos importantes que quienes deseen participar desde el extranjero deberán tener en cuenta:
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1327175" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/voto-extranjero.jpg" alt="Gráfica con información del voto en el extrajero en las elecciones de 2024." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/voto-extranjero.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/voto-extranjero-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/voto-extranjero-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/09/voto-extranjero-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
La incorporación de nuevos mecanismos y herramientas de participación de las y los mexicanos en el extranjero se ha convertido en uno de los pilares del INE. Por eso en las últimas semanas se han realizado una serie de foros gratuitos y abiertos a la ciudadanía interesada en el tema. Los primeros dos foros están ya disponibles <a href="https://www.youtube.com/live/unXDASCYEWE?feature=shared" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://www.youtube.com/live/fSQ-RupMDe0?feature=shared" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>. Los siguientes tendrán lugar los próximos <a href="https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e_pg6cC4TB-ptz688hePbQ" target="_blank" rel="noopener">17</a> y <a href="https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OYi6kDWZQB69dh054E2smw" target="_blank" rel="noopener">24</a> de octubre en formato híbrido en las ciudades de San Diego y Houston. Puedes registrarte para recibir actualización dando clic en la fecha que te interese.
Busquemos juntas y juntos que cada vez más mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero conozcan sus derechos y puedan ejercerlos.
<a href="https://twitter.com/Eleccionesymas" target="_blank" rel="noopener">@Eleccionesymas</a>

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