Tortura en México: los daños pendientes por reparar
El periodo de la guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderon emprendió contra el crimen organizado está ampliamente documentado por las graves violaciones a derechos humanos. Durante dicha administración se vieron reforzados los operativos conjuntos de militares y la marina en las actividades de seguridad.
Baja California como zona fronteriza fue uno de los estados más afectados en esta lucha. Fue de los primeros lugares donde se hicieron operativos conjuntos por parte de las fuerzas armadas que después se hicieron cargo totalmente de la seguridad del estado. Los abusos por parte de militares en Baja California incluyeron prácticas violatorias a los derechos humanos, allanamientos para realizar detenciones sin orden de aprehensión ni de arraigo y las personas detenidas eran arraigadas en cuarteles militares, particularmente en los denominados Aguaje de la Tuna y Morelos, perteneciente al 28º Batallón de Infantería.
Andrew Armando Córdova tenía 21 años cuando fue detenido de forma arbitraria el 26 de abril del 2008 en Tijuana, acusado de delincuencia organizada. Ciudadano estadounidense, fue torturado bajo arraigo y mantenido en prisión preventiva oficiosa durante 17 años. Su caso se enmarca en un contexto de graves violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia mexicano.
Su detención se dio luego de un enfrentamiento armado en el cual él no participó y donde fue herido, trasladado a la Cruz Roja para ser atendido y posteriormente al Hospital General, donde fue detenido. Se le trasladó a las instalaciones militares del vigésimo octavo batallón de infantería “Aguaje de la Tuna”, donde fue torturado física y psicológicamente. Estuvo incomunicado por tres días, no contó con atención consular ni defensa legal y fue obligado a autoinculparse. Otras personas fueron torturadas y coaccionadas para señalarlo de haber cometido los delitos de los que se le acusaban.
En mayo de ese mismo año fue trasladado a una casa de arraigo en la Ciudad de México, donde permaneció hasta el 20 de julio. Andrew estuvo privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) núm. 1 o “Altiplano”; en el CEFERESO núm. 8 o “Norponiente”, en Guasave; en el CEFERESO núm. 11, denominado “CPS-Sonora”, ubicado en Hermosillo, y en el CERESO llamado el Hongo, en Baja California.
Los delitos por los cuales fue detenido de forma arbitraria tenían una pena de 8 años. Esto muestra que la privación de la libertad ha excedido y prolongado el castigo injusto para Andrew y su familia.
Después de que Andrew y su esposa Abigail solicitaron tres veces el cambio de medida cautelar, buscaron apoyo de la Secretaría de Gobernación, para enviar una comunicación al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Baja California haciendo hincapié a los resolutivos de la opinión 1/2022 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Fue luego de esta revisión que el cambio de medida cautelar fue otorgada el 23 de diciembre del 2025 a detención domiciliaria, donde Andrew sigue su proceso por demostrar su inocencia de los delitos que se le imputaron, pese a haberse demostrado que fue detenido de manera ilegal y arbitraria, y de haber sido torturado por elementos de SEDENA y agentes ministeriales pertenecientes a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.
Durante el proceso de Andrew se ha demostrado que en su detención no hubo flagrancia, esto señalado por el mismo Tribunal Superior de Justicia, que advirtió que no había ningún indicio que demostrara que Andrew fue detenido y trasladado del lugar de los hechos al hospital general. Todas las pruebas que fueron obtenidas de manera legal no arrojan ningún indicio en contra de Andrew en cuanto a ser responsable de los delitos por los cuales fue detenido, torturado y privado de la libertad. Lo anterior demuestra que su detención fue ilegal y arbitraria, argumento utilizado a favor de la libertad y absolución de otra persona implicada en estos hechos.
Las denuncias por tortura que Andrew y su familia han emprendido han sido cuestionadas y desestimadas por el gobierno mexicano. Sin embargo, organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias determinó en la Opinión núm. 1/2022 que la detención de Andrew fue arbitraria, mientras que la Recomendación número 120VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó graves violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura, en agravio de Andrew por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.
La reparación del daño tras 17 años de injusta privación de la libertad para Andrew y un proceso pendiente que lo absuelva finalmente son los grandes pendientes de las autoridades para que su caso no se sume a los casos de impunidad sin ser reparados de forma integral en el país.
Andrew y su familia ahora se enfrentan a la institucionalidad y burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que considera que la privación de la libertad durante 17 años de la que ha sido víctima Andrew no resulta vinculante al hecho victimizante de su detención arbitraria y tortura en 2008, dejando de lado el continuum de violaciones de derechos humanos a lo largo de este tiempo y de impactos relacionados con la revictimización, ahora por exigir su derecho a la reparación integra. Además de deslegitimar a su familia como víctimas indirectas de esta sucesión de hechos, se torna omisa y negligente al no reconocerles daños en el proyecto de vida, precarización económica, desplazamiento del lugar de origen de su familia para estar más cerca de Andrew y su proceso penal, afectaciones en la salud. Los impactos acumulados a lo largo de estos años, que la instancia encargada de velar por reparar y proteger los derechos de las víctimas no encuentra vinculación, representan un desgaste más en la lucha de Andrew y su familia.
Lo anterior se enmarca en las fallas estructurales en la atención a víctimas en México. La CEAV fue de las instituciones impactadas por las medidas de austeridad de 2020 implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una reducción del 75 % de su presupuesto, así como la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, del cual se sostenían las medidas de ayuda y las compensaciones a víctimas de violaciones a derechos humanos. La falta de recursos, el incremento de violaciones a derechos humanos por la militarización de la seguridad pública iniciada con Calderón y continuada por López Obrador, la burocracia que permea estos procesos, la falta de coordinación, así como la falta de preparación y sensibilización en los servidores públicos encargados de esta atención, tienen como consecuencia mayor desgaste emocional, en la salud, en la economía, y aumenta los impactos por revictimización en quienes siguen en la lucha por su derecho a ser reparados de forma integral.
El caso de Andrew Armando Córdova es emblemático debido a la impunidad en el sistema judicial mexicano respecto a la tortura y al debido proceso. La falta de investigación, la prolongada prisión preventiva y la obtención de confesiones bajo tortura evidencian la necesidad urgente de procesos justos y reparación integral para las víctimas.
* Andrew Armando Córdova es sobreviviente de tortura. Abigail Martínez es abogada y esposa de Andrew. Ambos son integrantes de Tejiendo Redes Contra la Tortura, un colectivo de personas sobrevivientes de tortura en diferentes contexto y regiones de México, así como de familiares y acompañantes de organizaciones de derechos humanos.
Las medidas tienen por objeto aumentar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció las medidas que facilitarían a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas. “Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino”, afirmó.
Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran ilegales según el derecho internacional.
Las medidas, que se espera que sean aprobadas por el máximo comandante militar israelí en Cisjordania, tienen por objeto aumentar el control de Israel sobre el territorio en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
El anuncio se produjo pocos días antes de la reunión prevista este miércoles entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Los asentamientos en Cisjordania se expandieron el año pasado a su ritmo más rápido desde que se inició el seguimiento, según denunció la ONU.
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania a judíos, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno de Israel.
Los ministros israelíes presentaron el cambio como “una medida que aumentará la transparencia y facilitará la redención de tierras”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó posteriormente que se trataba de corregir una “distorsión racista” que “discriminaba a los judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles en Judea y Samaria”.
El gabinete también decidió derogar el requisito legal que exigía la obtención de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes inmuebles, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
La preocupación de los palestinos y del mundo árabe
Los palestinos temen que estas medidas aumenten la presión entre los habitantes de Cisjordania para que vendan sus tierras, y que se produzcan actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino, Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de “peligrosas” y de “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
La ONG israelí Peace Now afirmó que la decisión del gabinete ponía en peligro la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos y la imposición de una anexión de facto.
Acusó al gobierno israelí de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania”.
Reino Unido se sumó a las críticas condenando “enérgicamente” la medida y pidió a Israel que revocara la decisión, afirmando que “cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional”.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar calificaron el anuncio como “una aceleración de los intentos de anexión ilegal y desplazamiento del pueblo palestino”.
En su declaración “advirtieron contra las continuas políticas expansionistas y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región”.
Los derechos sobre la tierra se encuentran en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, y la venta de terrenos a colonos es un negocio turbio en el que a menudo intervienen intermediarios.
La Autoridad Palestina lo considera traición y, por lo tanto, técnicamente se castiga con la pena de muerte, aunque a los condenados se les suele imponer penas de cárcel.
La expansión de los asentamientos
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, responsable ministerial de las políticas de asentamientos, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de la concesión de licencias de construcción exclusivamente a las autoridades israelíes en la Tumba de los Patriarcas y sus alrededores, un importante lugar religioso.
Conocida con este nombre por los judíos y como Mezquita de Ibrahim por los musulmanes, este lugar situado en el corazón de la volátil ciudad palestina de Hebrón es venerado por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
Las nuevas medidas también otorgan a los organismos israelíes poderes de supervisión y ejecución en materia medioambiental y arqueológica en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras “proactivas” de terrenos en Cisjordania, lo que se presenta como “una medida destinada a garantizar reservas de terreno para los asentamientos de las generaciones venideras”.
A raíz de los históricos Acuerdos de Oslo de 1993, la recién creada Autoridad Palestina recibió el control total sobre las zonas urbanas palestinas —aproximadamente el 20% del territorio— conocidas como Zona A.
En la Zona B, con un porcentaje similar, la Autoridad Palestina solo tenía control administrativo, mientras que Israel mantenía el control sobre la seguridad.
Israel conservaba el control total sobre la seguridad y la administración del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado), territorios capturados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman esas tierras para su futuro Estado independiente, junto con la Franja de Gaza.
La Administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, afirmando que “una Cisjordania estable mantiene la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”.
Smotrich, un colono que dirige un partido a favor de los asentamientos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para construir 19 nuevos asentamientos. Israel también se está preparando para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamientos cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría efectivamente el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, solo en 2025 se desplazó a más de 37.000 palestinos, una cifra récord, en un año en el que, según la organización, también se registraron niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros favorables a los colonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, ya que, según él, supondría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal y debía terminar.
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