Sin categoría

Hay personas de la vida pública cuyo único reclamo de relevancia es el ridículo. A veces, esas personas se encuentran y deciden buscar el ridículo en equipo, con la burda esperanza de que alguien les tome en serio. Con esto dejo claro que me interesa hablar de la reciente polémica que enfrenta el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado mexicano por decidir <a href="https://elpais.com/mexico/2026-01-13/eduardo-verastegui-denuncia-censura-en-la-television-publica-mexicana-al-no-difundir-la-entrevista-que-le-hizo-sabina-berman.html" target="_blank" rel="noopener">no transmitir una entrevista, realizada por una “figura pública” a un conocido personaje que aspira a ser la cara y el liderazgo de la derecha reaccionaria en nuestro país, en la que repetiría su discurso antiderechos.</a> El problema real no es su patético espectáculo (por lo que no los mencionaré de nuevo), sino la discusión de fondo sobre la decisión tomada por las defensorías de audiencias del SPR y el Canal Once.
Mi postura es clara: la decisión tomada fue correcta y un raro acto político de responsabilidad. Los discursos de odio, antiderechos, que incitan a la violencia contra cualquier persona (homofobia, transfobia, xenofobia, racismo, clasismo, misoginia, por mencionar los más comunes) no tienen ni deben tener lugar en la vida pública. Tampoco deben normalizarse mediante la discusión, el debate o la polémica. Si algo hemos aprendido en la última década es que su principal estrategia de acción es ésa: estirar y poner a prueba los límites de lo aceptado socialmente. Ampliar la “tolerancia” para justificar la violencia y la exclusión.
También hemos aprendido que estos discursos y estrategias cuentan con los espacios, las figuras y los recursos para difundirse de manera virulenta y acelerada. El sesgo denunciado de plataformas como X o Facebook, su presencia en radio y televisión nacional e internacional dentro de programas de entretenimiento o barras de opinión de noticieros, en periódicos y medios digitales, nos demuestran que no les faltan espacios, voces ni representación. ¿Por qué deberían ampliarlos más los medios de comunicación del Estado mexicano? A diferencia de los medios privados (que en nuestro país explotan un bien público como el espectro radioeléctrico), los medios públicos deben reflejar el proyecto de nación y hacer valer los principios constitucionales, así como las reglas y leyes que los materializan.
También sostengo que no es censura ni tutela del Estado sobre la ciudadanía no transmitir esa entrevista. Reitero que ya existen otros espacios y plataformas donde pueden consultarse esos discursos para quien quiera hacerlo, como la entrevistadora hizo al difundir por su cuenta la entrevista. Tanto la censura como la tutela son salidas tramposas para no discutir la relación que existe entre derechos, libertades y responsabilidades políticas. La principal responsabilidad del Estado, en materia de libertad de expresión, es garantizar que no se difundan ideas contrarias a los valores democráticos y republicanos que enarbola la Constitución como pacto fundacional de nuestro país. La libertad de expresión es un derecho que debemos ejercer, sí, y que deben garantizar que lo hagamos sin sanción o proceso judicial por hacerlo, o sin que se ponga en riesgo nuestra vida o nuestra integridad física, cosas que no ocurren por no transmitir una entrevista.
Manuel Buendía defendía que una de las principales responsabilidades del Estado era la comunicación social como parte del ejercicio del poder, una acción concreta que definía cómo traduce un gobierno su programa y lo presenta ante el pueblo, y se conforma de cuatro elementos: información, publicidad, propaganda y relaciones publicas. La aspiración que tuvo el maestro y columnista era que el Estado promoviera una comunicación social democrática, una política que, en sus palabras: “fructifica en un sistema nacional, en un estilo nacional de vida, que convierte al pueblo en protagonista de su propio gobierno.” Lejos estamos de ello, incluso este gobierno que se asume popular lo está, pero esta decisión al menos refleja una política de comunicación social con límites claros.
Los medios públicos son un espacio de ejercicio de derechos administrado por el Estado, y el derecho a la libre expresión no incluye promover o dar lugar a discursos violentos, contrarios a los valores democráticos y republicanos que enarbolamos como una sociedad y un país que se asume como tal. Por ello, este respaldo a la decisión de las defensorías de las audiencias debe acompañarse por la rendición de cuentas: quiénes fueron responsables de que esa entrevista ocurriera en primer lugar, y que sólo esa decisión previno su transmisión. Como un instrumento de la comunicación social del Estado mexicano, dichos medios deben ser plataformas populares, donde el pueblo al que presumen dirigirse no sólo sea espectador, sino también un creador y comunicador de sus problemas, de sus realidades.
Y ahí también reside una crítica al gobierno federal. Que las defensorías hicieran su trabajo en esta ocasión no nos hace olvidar que en estos espacios permitieron la cooptación de programas y líneas editoriales por figuras afines al partido en el gobierno. Tampoco se nos olvida, a nivel local, que en un programa de la ciudad de México atacaron a Carla Escoffié por criticar la elección judicial. No es una de cal por las que van de arena, es un llamado de atención para que sea el inicio de una reformulación de su política de comunicación social. Un gobierno que vive preocupado por sus narrativas no puede considerar que sólo cooptando los medios públicos se gana la batalla. Si no abre los espacios al pueblo, y refleja mediante estos medios la diversidad de realidades que conforman nuestra vida nacional, sólo facilitará que esos discursos de odio que hoy previene de presentarse, ocupen los vacíos que genera su desatención de las voces populares que han sido negadas.
* Armando Luna Franco (<a href="https://x.com/alunaf_89" target="_blank" rel="noopener">@alunaf_89</a>) es candidato a doctor en Ciencia Política por El Colegio de México, especializado en política nacional, pensamiento político y análisis de coyuntura.

¿Derecho, libertad o responsabilidad? Las paradojas de la expresión

Durante mucho tiempo, el océano estuvo ausente de mis lecturas. No porque no apareciera mencionado, sino porque siempre estaba en los márgenes. Leía sobre impactos económicos del cambio climático, modelos integrados, daños proyectados a futuro. Agricultura, salud, infraestructura, productividad. El océano entraba tarde, o no entraba. Y esa ausencia empezó a pesarme.
Sabía —como cualquiera que haya mirado un globo terráqueo— que algo no cuadraba. El sistema que regula el clima del planeta, que alimenta a millones de personas, que conecta continentes y culturas, apenas figuraba en las cuentas que usamos para decidir políticas públicas de cambio climático. Ahí empezó la inquietud. No tenía aún una respuesta clara, pero sí una certeza: si quería entender ese vacío, tenía que acercarme más. Por eso me mudé a San Diego, a Scripps Institution of Oceanography en el año 2022.
Llegué con una pregunta bajo el brazo y muchas dudas sobre cómo se veía una respuesta. La primera semana platiqué con la entonces directora de Scripps. Le dije —con la emoción de quien acaba de llegar— que me parecía maravilloso trabajar todos los días frente al mar. Sonrió y me lanzó una advertencia suave, pero firme: no dejes que se vuelva tu papel tapiz. A muchos les pasa, me dijo. El océano siempre está ahí… hasta que deja de verse.
Con el tiempo entendí a qué se refería. El océano empezó a acompañar mis días. A veces con neblina, a veces con cielo abierto y en un par de ocasiones con la exhalación lejana de una ballena. Yo iba de seminario en seminario, de conversación en conversación, y él seguía ahí. Presente, constante. No hablaba, pero tampoco se iba. Fue entonces cuando se volvió vecino.
Mis colegas estudiaban arrecifes que se blanqueaban, manglares que perdían capacidad de protección, peces que cambiaban de ruta siguiendo aguas más frías. El océano se movía. Cambiaba. Respondía. Y, sin embargo, cuando yo volvía a los modelos económicos que informan decisiones climáticas, el mar seguía siendo un fondo difuso. Ahí se cerró el círculo. No era solo una intuición académica: era una omisión estructural.
<a href="https://www.nature.com/articles/s41558-025-02533-5" target="_blank" rel="noopener">El estudio que años después publicamos en Nature Climate Change</a> nació de esa tensión. Intentamos algo aparentemente sencillo: incluir los impactos oceánicos en el cálculo del costo social del carbono, esa cifra que estima el daño total causado por emitir una tonelada adicional de dióxido de carbono. Cuando lo hicimos —sumando pérdidas en pesquerías, infraestructura costera, nutrición, recreación y también valores culturales— el número casi se duplicó.
No porque antes estuviera “mal”, sino porque estaba incompleto. El océano se calienta, se acidifica y pierde oxígeno. Eso se traduce en arrecifes que dejan de sostener turismo y pesca; manglares que ya no amortiguan tormentas; bancos de peces que se desplazan hacia latitudes más altas, dejando atrás comunidades sin sustento. Se traduce en puertos más vulnerables, ciudades costeras inundadas con mayor frecuencia y dietas empobrecidas en regiones donde el mar es la principal fuente de proteína. Pero el punto no es solo el número. Es lo que ese número permite decidir.
El costo social del carbono se usa para evaluar políticas públicas, inversiones, regulaciones. Si el océano no está ahí, queda fuera de la conversación. Y lo que queda fuera suele ser lo primero en sacrificarse.
Hoy ya no vivo frente al Pacífico. Regresé a México, a una ciudad rodeada de montañas, lejos de la línea del horizonte donde el mar insiste. Pero el océano no se quedó atrás. Aparece en el Golfo, en el Caribe, en el Pacífico mexicano; en comunidades que dependen de él para comer, para trabajar, para existir, y también en las decisiones públicas que seguimos tomando como si pudiera esperar. Mi vecino, el océano, nunca dejó de pagar la factura. Apenas estamos empezando a mirarla.
* Berny Bastien (<a href="https://x.com/Capi_Planeta" target="_blank" rel="noopener">@capi_planeta</a>) es investigador en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y divulgador científico.

Mi vecino, el océano

El lunes 12 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con el presidente Donald Trump, a partir de la cual asegura que ha quedado descartada la intervención militar de Estados Unidos en territorio nacional, lo cual es una buena noticia, por lo menos hasta la siguiente bravata del presidente estadounidense con una nueva amenaza de incursión militar en nuestro territorio.
<a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/despues-de-venezuela-sigue-mexico" target="_blank" rel="noopener">Como ya expuse</a>, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sido particularmente eficaz al momento de apaciguar las presiones ejercidas por Trump, básicamente debido a que se ha cedido en gran parte de las demandas realizadas por este, por lo menos en materia de seguridad, como se pudo observar con la entrega de 55 criminales culpables de narcotráfico a los EUA.
En esta última llamada que sostuvieron no sabemos cuáles fueron los nuevos acuerdos (¿demandas?), pero hay medios como el <a href="https://www.wsj.com/world/americas/mexico-rejects-trumps-plea-for-u-s-forces-to-take-on-cartels-0d5eb542?mod=Searchresults" target="_blank" rel="noopener">Wall Street Journal</a> que señalan la discusión en torno a la captura y entrega de políticos (principalmente pertenecientes a Morena) vinculados con la delincuencia organizada. En el mismo texto se señala que el margen de acción de la presidenta Sheinbaum se está terminando y que puede llegar el momento en que lo que ofrezca a Trump no va ser suficiente; en consecuencia, la incursión militar terminaría siendo inevitable. En este contexto, ¿qué puede hacer México para evitar una posible intervención militar estadounidense?
En el margen de maniobras reducido que algunos analistas y medios dicen que le resta a la presidenta, veo tres posibilidades:
<ol>
<li>La detención y entrega de un capo de primer nivel,</li>
<li>La detención y entrega de uno o varios políticos vinculados con la delincuencia organizada, o</li>
<li>Establecer un nuevo acuerdo de colaboración similar a la Iniciativa Mérida, que establezca un nuevo marco de colaboración entre países.</li>
</ol>
En esta primera opción, tendría que tratarse de una figura como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, para que Trump lo considere un intercambio aceptable. Sin embargo, esto plantea un problema de fondo: si supiéramos que la captura o abatimiento de un líder como “El Mencho” podría iniciar una escalada de violencia criminal capaz de hundir a amplias regiones del país en un conflicto de gran escala, ¿seguiría siendo razonable proceder contra dicho personaje?
Hacia finales del año pasado, Trump declaró en conferencia de prensa que “conoce todos los domicilios de cada capo del narcotráfico” y añadió que estaría dispuesto a lanzar ataques contra ellos con tal de “proteger a su país”. Considerando la existencia de canales de comunicación y cooperación entre las agencias de ambos países, es razonable suponer que las autoridades mexicanas cuentan, al menos en parte, con información similar. Esto plantea una pregunta inevitable: si dicha información existe, ¿por qué no hemos visto detenciones de capos de alto perfil más allá de aquellas realizadas bajo presión directa de Estados Unidos?
La experiencia del periodo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Calderón dejó una lección clara: acciones centradas en la Kingpin Strategy están destinadas a fracasar si lo que se busca es pacificar. El caso reciente de Sinaloa lo ilustra claramente: la extracción de Ismael “el Mayo” Zambada, derivada de la traición de uno de sus aliados, “Los Chapitos”, generó una crisis de seguridad que no muestra signos de disminuir. Mientras en Estados Unidos se celebró este hecho como un triunfo de la justicia en aquel país, en México la violencia se desbordó. Replicar este esquema en otras partes del país podría conducir a una espiral de violencia incontrolable y, paradójicamente, generar el escenario que permitiría a Washington justificar una intervención abierta y directa en territorio mexicano.
La segunda opción se trata de la captura y entrega de políticos vinculados con grupos de la delincuencia organizada y es la opción que parece más viable en este momento, y al mismo tiempo, la más costosa políticamente para la presidenta. Entre el sexenio pasado y el actual no se han presentado acusaciones de alto perfil contra políticos por delitos relacionados con delincuencia organizada o uso de recursos de procedencia ilícita, a pesar de que no faltan las acusaciones ni los señalamientos, lo cual sugiere la existencia de un manto de protección que evita sean llamados a declarar por las autoridades correspondientes. En el caso más relevante, el actual senador morenista, exgobernador de Tabasco y exsecretario de gobernación en el sexenio de AMLO, Adán Augusto López, no ha sido considerado públicamente sujeto de interés en las investigaciones sobre Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de seguridad y presunto líder de la agrupación “La Barredora”, ligada al llamado Cartel Jalisco Nueva Generación.
Como señalé en un texto previo, diversos medios apuntan a la existencia de una <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/gobernantes-traficantes-listas-negras" target="_blank" rel="noopener">“lista negra” que Marco Rubio tiene sobre políticos mexicanos</a>, por lo que no resultaría sorprendente que las autoridades estadounidenses tengan ya identificados políticos mexicanos por su presunta relación con la delincuencia organizada. Es previsible que aumente la presión por detener a estos personajes, de modo que podría obligar a la presidenta a romper los presuntos pactos de protección al interior del partido.
Los costos políticos vendrían al interior del partido, ya que obligaría a políticos a velar por su supervivencia y reconsiderar sus afiliaciones políticas, lo cual podría significarle un menor apoyo a la presidenta para impulsar sus reformas estructurales. Algunos podrían argumentar una “cacería de brujas”, pero la realidad es que la interrelación del campo político con el campo delictivo está en el centro del problema de la seguridad en México, si recordamos -como dice Luis Astorga- que el tráfico de drogas “nació a la sombra de los intereses del campo político y supeditado a él”.
Por último, las autoridades podrían optar por buscar establecer un nuevo acuerdo bilateral de seguridad, similar a lo que fue la Iniciativa Mérida que enmarque nuevamente y de forma clara los lineamientos de la cooperación entre países y esperar que el gobierno de Trump se apegue a éste. Un problema es la volubilidad del presidente estadounidense donde los acuerdos entre países no aseguren su respeto pleno.
Por otra parte, discursivamente los gobiernos de la autodenominada “4T” se han desmarcado frente al electorado mexicano del discurso de la “guerra contra las drogas”, al reconocerla como un grave error de los gobiernos anteriores, a pesar de que varios de los principios de esta política sigan presentes (como la militarización y la falta de legalización del consumo de algunas drogas). Sin embargo, no dudo que la 4T tiene el capital político, la popularidad suficiente y los medios para realizar un acuerdo de este tipo y mantener su imagen intacta frente a la población mexicana.
Esta última opción es la menos deseable, pues como varios analistas y activistas han comentado, las intervenciones estadounidenses en naciones extranjeras no terminan en su pacificación. A su vez, representaría una derrota moral del gobierno ya que finalmente sería aceptar la intervención estadounidense, solo que con “el aval” del gobierno mexicano. Además, cualquier política que se asemeje a “la guerra contra las drogas” debería ser rechazada, pues ha sido ampliamente documentado que termina por funcionar como un mecanismo de violencia ejercido contra la población.
* Gerardo López García (<a href="https://x.com/gera_emp" target="_blank" rel="noopener">@gera_emp</a>) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).

¿Qué puede hacer México para evitar una intervención militar?

El futuro nos alcanzó y es urgente actuar para mitigar los efectos del cambio climático. La transformación del sistema alimentario ya no puede postergarse: de ella dependen tanto la salud de las personas como la capacidad del país para responder a una crisis ambiental cada vez más profunda.
Este 2026 México cuenta con leyes, guías y evidencia científica suficientes para avanzar hacia un modelo alimentario saludable y sostenible. Lo que sigue faltando no es diagnóstico, sino implementar estas herramientas de manera coherente y efectiva.
El desafío es grande. Millones de personas viven en inseguridad alimentaria y están expuestas a entornos dominados por productos que deterioran la salud y generan un alto impacto ambiental. Cambiar esta realidad exige decisiones públicas que vayan más allá de recomendaciones aisladas.
En octubre del año pasado, la Secretaría de Salud federal dio un paso relevante al actualizar las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la población mexicana 2025-2030. Basadas en el informe EAT-Lancet, investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública y otras académicas, estas guías establecen diez recomendaciones para avanzar hacia una alimentación nutritiva, accesible y de bajo impacto ambiental.
Entre ellas destacan la eliminación del consumo de carnes ultraprocesadas (como salchichas, jamón y otros embutidos), la reducción de carnes rojas, la moderación en el consumo de huevo y lácteos, el aumento de legumbres y la duplicación del consumo de vegetales frescos en todas las comidas.
Estas recomendaciones no solo buscan prevenir enfermedades crónicas. También tienen un impacto directo en la mitigación climática: reducir ciertos productos de origen animal disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso intensivo de agua y suelo asociados a la ganadería industrial. En contraste, el consumo de legumbres (como frijoles, lentejas y garbanzos) favorece la regeneración de suelos, además de que aportan nutrientes esenciales para la salud.
Aquí surge el primer reto: la implementación. Las Guías Alimentarias recomiendan, pero no obligan su adopción por parte de las instituciones públicas. Aun así, constituyen una base sólida para orientar políticas públicas, compras gubernamentales y entornos institucionales que hoy siguen operando con criterios contradictorios.
El segundo reto es normativo. En 2024 el congreso aprobó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que reconoce la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a alimentos nutritivos y de calidad. Sin embargo, la ausencia de su reglamento ha frenado su aplicación. En términos prácticos, el país cuenta con el marco legal, pero no con los mecanismos para hacerlo operativo.
Ese reglamento deberá definir el funcionamiento del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, así como los esquemas de coordinación, las compras públicas y la integración de canastas normativas de alimentos sostenibles. Sin estas definiciones, la ley corre el riesgo de quedarse en el papel.
Mientras tanto, desde lo local comienzan a abrirse caminos. Con el apoyo de Alianza Alimentaria y Acción Climática, Jalisco avanzó al incorporar criterios de alimentación sostenible en comedores de asistencia a través del Sistema DIF, y ahora en Colima trabajamos en la construcción de la primera Ley Estatal de Alimentación Adecuada y Sostenible. Estos procesos muestran que los territorios pueden convertirse en laboratorios de política pública capaces de detonar cambios a escala nacional.
La transformación del sistema alimentario no recae únicamente en el gobierno federal. Gobiernos estatales y municipales, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil pueden adoptar desde ahora las Guías y contribuir a construir entornos alimentarios más saludables y sostenibles.
Las herramientas ya existen. El reto de México no es técnico, sino político: pasar de diagnósticos reiterados a decisiones. Avanzar hacia un sistema alimentario alineado con los desafíos del siglo XXI dependerá, en última instancia, de la capacidad de convertir la evidencia en acción.
Sobre la autora:
Sofía Ruiz Oldenbourg es Gerente de Políticas Alimentarias en Alianza Alimentaria y Acción Climática. Ingeniera Ambiental por el Instituto Tecnológico de Colima, tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito ambiental y de sostenibilidad en el sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.
Acerca de nosotros:
Alianza Alimentaria y Acción Climática es una organización mexicana sin fines de lucro que está transformando el sistema alimentario hacia prácticas más éticas y sostenibles. También trabaja con el sector público y privado implementando menús sostenibles en los comedores de las organizaciones para reducir impactos ambientales y riesgos a la salud asociados a patrones alimentarios. Síguenos en X: @AlianzaAliment
&nbsp;

Alimentación sostenible en México: del marco legal a la implementación

Existe la creencia altamente difundida de que los cárteles de la droga generan empleos. Por ello, no resulta extraño que la encargada de comunicación social de la bancada de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4U77Iqq8_yI" target="_blank" rel="noopener">Adriana Marín</a>, haya comentado en un programa transmitido por YouTube, que &#8220;resultaba complejo&#8221; erradicar al crimen organizado porque el mismo &#8220;generaba muchos empleos, entre 160 mil y 185 mil al año&#8221;.
Esto obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum a llamarle la atención a la funcionaria y a Luisa María Alcalde, a desmarcar a MORENA de los dichos de la misma, y a señalar que sus declaraciones no representan la posición del partido.
Pero más allá del desliz discursivo de Adriana Marín -políticamente incorrecto, aunque dijo lo que muchos piensan, pero no se atreven a decir en los medios de comunicación- lo cierto es que la afirmación de que el narco crea muchos empleos se asienta en un sesgo cognitivo que sólo vislumbra una parte de la ecuación. 
Hay un texto de economía de 1850 del francés Frédéric Bastiat, titulado <a href="https://mises.org/es/articles-interest/lo-que-se-ve-y-lo-que-no-se-ve" target="_blank" rel="noopener">Lo que se ve y lo que no se ve</a>, que argumenta que como sociedad prestamos mucha atención a los efectos inmediatos de una decisión económica, pero olvidamos sus efectos a mediano y largo plazo.
En la cuestión de la generación de empleos por parte del narco, la visión de Bastiat (a pesar de los años transcurridos) es bastante útil, porque si bien no se puede negar que las organizaciones criminales tienen contratadas a personas para sembrar, producir, empacar y transportar drogas, así como para lavar dinero, vigilar espacios y ejecutar a los enemigos, también es cierto que se analiza poco el tema de los empleos que se pierden por culpa del narco. 
De hecho, la fuente de las aseveraciones de Adriana Marín es el artículo <a href="https://www.science.org/doi/10.1126/science.adh2888" target="_blank" rel="noopener">Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico</a>, escrito por Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campedelli y Alejandro Hope. Sin embargo, Marín no menciona otros hallazgos relevantes de los autores, como el hecho de que existe una importante cantidad de bajas por muerte entre los empleados de estas organizaciones criminales y que para debilitar a las organizaciones criminales resulta fundamental atacar el reclutamiento, es decir, evitar que las personas entren a trabajar para el narco. Por tanto, los autores defienden un enfoque en donde, a pesar de los empleos creados, los impactos negativos de las organizaciones criminales son mayores a los beneficios.
El narco crea empleos, pero también los destruye, en una proporción mayor. Un ejemplo para ilustrar el punto es lo que hoy pasa en Sinaloa, con la guerra entre los Chapitos y la Mayiza: para sostener la disputa entre facciones deben reclutar a más sicarios, es decir, están creando empleos peligrosos y socialmente nocivos. Pero a su vez la violencia generó que las familias ya no salieran a la calle, lo cual, sumado a la extorsión, propició el cierre de al menos 2 mil negocios, generando la pérdida de 20 mil empleos formales. Dado que el narco no generó 20 mil empleos este año en Sinaloa, el saldo es negativo. Por tanto, el crimen organizado destruye más empleos de los que genera.
Lo mismo pasa en la zona aguacatera y limonera de Michoacán, donde hay muchos empleados de las organizaciones criminales que extorsionan a los productores agrícolas. Pero aquí cabe preguntarnos: ¿cuántos empleos se pierden al año en esta zona por productores que prefieren cerrar por la inseguridad? O también ¿cuántos empleos se pudieron haber creado sí los productores no se hubieran visto frenados por las extorsiones?
En todo el país encontramos situaciones similares, lugares donde el narco contrata personas, pero sus actividades generan pérdidas económicas importantes que ahuyentan la inversión y eliminan potenciales puestos de trabajo, o desaparecen los ya existentes.
Otro texto académico de gran calidad llamado <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9976230/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">Estimating the economic impact of interpersonal violence in Mexico in 2021: projecting three hypothetical scenarios for 2030</a>, de un amplio grupo de investigadores encabezados por Arturo Cervantes, estimó que los impactos económicos negativos generados por el crimen organizado y la violencia son cercanos al 14.6 % del PIB nacional, que se traduce en pérdidas por más de 192 billones de dólares anuales.
Solo para dimensionar: en el peor momento de la pandemia por COVID-19 en el 2020, el PIB de México se contrajo un 8.5 %, lo que se tradujo en 2.1 millones de empleos perdidos. Por ende, si utilizamos los mismos parámetros, con una contracción del 14.6 % del PIB se tendría un estimado de 3.6 millones de empleos perdidos. 
Aun cuando se trata de cifras estimadas que pueden tener altos márgenes de error, queda claro que a pesar de que el crimen organizado emplee a 185 mil mexicanos, lo cierto es que sus actividades tienen un impacto negativo mayor que hacen que cada año se pierdan muchísimos más empleos, generando un saldo negativo. 
Por tanto, estamos frente a un mito que solo le conviene al propio crimen organizado, porque le sirve para generar la ilusión de que, a pesar de los males que genera, crea desarrollo en algunas zonas del país, lo cual no solo no es cierto, sino que en realidad tiene el efecto contrario.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

El mito de que el narco crea empleos

El 5 de enero de 2026, una niña de 10 años ingresó de urgencia a un hospital en Chiapas para la atención de un parto. Su cuerpo aún infantil no resistió las demandas físicas, fisiológicas y psicológicas del embarazo, lo que derivó en complicaciones obstétricas severas. El adulto que la acompañaba se identificó como su “esposo” y abandonó el hospital, en un contexto que posteriormente fue señalado por organizaciones defensoras como un caso de violencia sexual infantil. ¹
Nada en este caso puede entenderse como un evento aislado ni como una “tragedia individual”. Se trata de una expresión extrema, pero no excepcional, de un fenómeno estructural que en México seguimos nombrando embarazo adolescente para evitar reconocer su raíz más profunda: la violencia de género sostenida por desigualdad social, cultural e institucional.
<h3>Una niña embarazada no es una estadística: es una alerta social</h3>
El embarazo adolescente es uno de los problemas más persistentes de la salud pública mexicana, no solo por sus riesgos clínicos, sino por lo que revela sobre las condiciones sociales en las que viven niñas y adolescentes. A pesar de múltiples estrategias nacionales de prevención, la maternidad temprana continúa concentrándose en poblaciones en situación de vulnerabilidad, reproduciendo ciclos de pobreza, abandono escolar y exclusión social. ²–⁴
La evidencia es consistente: el embarazo en edades tempranas se asocia con pobreza estructural, baja escolaridad, dependencia económica y residencia en territorios periféricos, donde el acceso a educación sexual integral, servicios de salud y mecanismos de protección es limitado. ³–⁷ Estas condiciones no actúan de forma aislada, sino que se refuerzan entre sí, configurando trayectorias de vida con oportunidades restringidas y autonomía limitada.
Hablar de “decisiones individuales” en estos contextos resulta engañoso. La autonomía reproductiva requiere condiciones materiales y simbólicas que muchas adolescentes simplemente no tienen. ⁸,⁹
<h3>Embarazo adolescente: el rostro oculto de la violencia de género</h3>
Desde una perspectiva de género, el embarazo adolescente puede entenderse como una manifestación indirecta —y en algunos casos directa— de violencia de género. La coerción sexual, las relaciones de pareja profundamente asimétricas, el control reproductivo, las uniones tempranas y la normalización cultural del dominio masculino limitan la capacidad de las adolescentes para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. ¹⁰–¹³
Que una autoridad invoque el “consentimiento familiar” para explicar la cohabitación de una niña o adolescente no es un error de comunicación: es una forma de violencia institucional. La legislación mexicana prohíbe el matrimonio infantil y las uniones forzadas sin excepciones culturales. Sin embargo, en la práctica, estas excepciones persisten cuando las víctimas son niñas indígenas, pobres o socialmente invisibles. ¹²⁻¹⁴
Bajo el enfoque del triángulo de la violencia —directa, estructural y cultural—, el embarazo adolescente funciona como un evento centinela: un resultado visible de violencias invisibles que operan de manera cotidiana. ¹⁴,¹⁵
<h3>El sureste mexicano: vulnerabilidad acumulada</h3>
En el sureste de México, estas dinámicas se intensifican. Diversos estudios han documentado una alta prevalencia de violencia emocional, económica, física y sexual contra las mujeres, particularmente en contextos de pobreza, marginación y población indígena. ¹⁶–¹⁹ En estas regiones, la violencia suele estar normalizada y subregistrada, lo que dificulta su detección y atención oportuna, ²⁰,²¹ persistiendo la invisibilidad social.
La combinación de alta movilidad migratoria, crecimiento urbano acelerado y desigualdad territorial genera escenarios de vulnerabilidad específicos para niñas y adolescentes. La evidencia regional muestra que el embarazo adolescente mantiene una presencia sostenida en el tiempo, con concentración en edades de 15 y 16 años, pero con la persistencia preocupante de embarazos en menores de 14 años, ²⁵ con una alta probabilidad de abuso o coerción sexual. ¹²,²⁰
<h3>El sistema de salud: testigo tardío, actor imprescindible</h3>
El sistema de salud forma parte de los determinantes sociales que influyen en el embarazo adolescente. En muchos casos, su intervención es tardía y reactiva: los hospitales reciben a las adolescentes cuando el embarazo ya está avanzado, reflejando fallas acumuladas en los niveles preventivos, educativos y comunitarios. ²,⁷
Sin embargo, estos espacios también representan una oportunidad estratégica. La detección sistemática de violencia de género, la consejería integral y la articulación con redes intersectoriales pueden transformar el contacto hospitalario en un punto clave para romper ciclos de violencia y maternidad temprana. ¹⁶,²³
<h3>Nombrar el problema cambia la respuesta</h3>
Reducir el embarazo adolescente no es solo una meta epidemiológica, es una obligación y una deuda con la niñez y la juventud del mundo. Es un indicador de equidad social, igualdad de género y vigencia de derechos humanos. Mientras sigamos tratándolo como un problema individual, moral o regional, seguiremos reaccionando cuando el daño ya está hecho.
El caso de Deysi en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, nos obliga a una pregunta incómoda, pero necesaria: 
¿cuántos embarazos infantiles más necesitamos para dejar de llamarlos excepciones y empezar a reconocerlos como lo que realmente son: la punta del iceberg de una violencia estructural persistente? Nombrar correctamente el problema no lo resuelve todo, pero es el primer paso para dejar de encubrirlo.
* Alejandro Lenin Villalobos Rodríguez es médico especialista en ginecología y obstetricia, maestro en Educación y licenciado en Ciencias Políticas. Analista de temas de salud pública, con experiencia clínica y de docencia.
&nbsp;
1 Piña, P. (2026, 8 de enero). <a href="https://cimacnoticias.com.mx/2026/01/08/detras-del-parto-de-nina-deisy-en-chiapas-hubo-un-episodio-de-violencia-sexual-defensoras/" target="_blank" rel="noopener">Detrás del parto de niña Deisy en Chiapas, hubo un episodio de violencia sexual: Defensoras</a>. Cimac Noticias.
2 Hubert, C., De la Vara-Salazar, E., Villalobos, A., Suárez-López, L., De la Cruz Muradás-Troitiño, M., Mejía-Paillés, G., et al. (2024). <a href="https://doi.org/10.21149/15838" target="_blank" rel="noopener">Prevención del embarazo en adolescentes</a>. Salud Pública de México, 66(4), 486–497.
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). <a href="https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/10236" target="_blank" rel="noopener">Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes</a> (Comunicado de prensa No. 128/25). INEGI.
4 Paredes, A. P. E., Guerrero, L. J. P., &amp; López, R. I. Q. (2019). <a href="https://doi.org/10.29043/liminar.v17i1.654" target="_blank" rel="noopener">El embarazo adolescente en Quintana Roo: Debates y aportes de investigación para políticas públicas de prevención y atención</a>. Estudios Sociales y Humanísticos, 17(1), 187–200.
5 Ribas, C. R. (2021). <a href="https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.144" target="_blank" rel="noopener">Adolescent pregnancy, public policies, and targeted programs in Latin America and the Caribbean: A systematic review</a>. Revista Panamericana de Salud Pública, 45, e144.
6 Álvarez, C. T. M., Soto, N. E. S., Aguirre, Á. A., &amp; De León, J. C. B. (2024). <a href="https://doi.org/10.36789/rev.sanus.vi1.448" target="_blank" rel="noopener">Representación social de la consejería anticonceptiva prenatal para la prevención del embarazo subsecuente en adolescentes</a>. SANUS, 9, e448.
7 Bonfil Sánchez, P., Delgadillo Morales, M., &amp; Martínez Medrano, R. (2017). <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348121/Violencia_de_G_nero_Contra_Mujeres_en_Zonas_Ind_genas_en_M_xico.pdf" target="_blank" rel="noopener">Violencia de género contra mujeres en zonas indígenas de México</a>. Secretaría de Gobernación, CONAVIM, CIESAS, CONACYT.
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2011). <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825051396.pdf" target="_blank" rel="noopener">Panorama de violencia contra las mujeres en Quintana Roo</a>. INEGI.
9 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2022). <a href="https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_pobreza_evaluacion_2022/Quintana_Roo.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informe de pobreza y evaluación. Quintana Roo</a>. CONEVAL.
10 Juárez, M. M., Raesfeld, L. J., &amp; Durán, G. R. (2021). <a href="https://doi.org/10.1590/1806-9584-2021v29n167561" target="_blank" rel="noopener">Diagnóstico interseccional de la violencia hacia mujeres indígenas en México</a>. Revista Estudos Feministas, 29(1), e67561.
11 Añón Roig, M. J. (2016). <a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5547306" target="_blank" rel="noopener">Violencia con género. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho</a>, (33), 1–26.
12 Bosch, E., &amp; Ferrer, V. (2019). <a href="https://www.researchgate.net/publication/334532718_El_Modelo_Piramidal_alternativa_feminista_para_analizar_la_violencia_contra_las_mujeres" target="_blank" rel="noopener">El modelo piramidal: Una propuesta feminista para el análisis de la violencia contra las mujeres</a>. Revista de Estudios Feministas, 27(2), e56780.
13 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (2016). <a href="https://www.gob.mx/conavim/articulos/a-que-nos-referimos-cuando-hablamos-de-sexo-y-genero" target="_blank" rel="noopener">¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexo y género?</a>
14 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2018). <a href="https://www.cndh.org.mx/documento/que-es-la-violencia-familiar-y-como-contrarrestarla" target="_blank" rel="noopener">¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla?</a>
15 Domínguez, F. J., García, L. P., &amp; Cuberos, C. I. (2008). <a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2655502" target="_blank" rel="noopener">Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico: Consecuencias sobre la salud psicosocial</a>. Anales de Psicología, 24(1), 115–120.
16 Álvarez, D. A. (2010). <a href="https://journals.openedition.org/trace/1486" target="_blank" rel="noopener">Violencia doméstica y negociación de conflictos conyugales en comunidades maya-mam de Guatemala</a>. Anuario del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, (57), 65–85.
17 Habib, H. H., Mwaisaka, J., Torpey, K., Maya, E. T., &amp; Ankomah, A. (2023). <a href="https://doi.org/10.3389/fgwh.2023.1048441" target="_blank" rel="noopener">Are respectful maternity care (RMC) interventions effective in reducing intrapartum mistreatment against adolescents? A systematic review.</a> Frontiers in Global Women’s Health, 4, 1048441.
18 Pérez-Baleón, F. (2024). <a href="https://doi.org/10.25100/prts.v0i38.13616" target="_blank" rel="noopener">Análisis de expedientes socio-médicos de mujeres con embarazos antes de los 15 años en tres hospitales de México</a>. Revista de Trabajo Social e Intervención Social, e21013616.
19 Sámano, R., Martínez-Rojano, H., Robichaux, D., Rodríguez-Ventura, A. L., Sánchez-Jiménez, B., De la Luz Hoyuela, M., et al. (2017). <a href="https://doi.org/10.1186/s12884-017-1570-7" target="_blank" rel="noopener">Family context and individual situation of teens before, during and after pregnancy in Mexico City</a>. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(1), 382.
20 Vargas Escamilla, B. F., Muñoz García, G. B., &amp; Campos Navarro, R. (2021). <a href="https://caea.ar/scriptaethnologica/index.php/scripta/article/view/29" target="_blank" rel="noopener">Atención del proceso reproductivo durante la adolescencia en un hospital materno-infantil de la Ciudad de México: Una aproximación desde la etnografía hospitalaria</a>. Revista Mexicana de Ciencias Sociales, 44(2), 9–30.
21 Vera, A. M. J., Proaño, J. V. R., &amp; Figueroa, M. E. C. (2024). <a href="https://doi.org/10.55204/trc.v4i2.e389" target="_blank" rel="noopener">Embarazo en adolescentes: consecuencias en el ámbito familiar, escolar y psicosocial</a>. Tesla Revista Científica, 4(2), e389.
22 Zárate, M. J., Acosta, J. M. Z., &amp; Chica, L. F. C. (2024). <a href="https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v6i2.1057" target="_blank" rel="noopener">Orientación familiar y embarazo adolescente no deseado: Retos, desafíos y oportunidades para su prevención</a>. Pentaciencias, 6(2), 316–329.
23 Mejía, E. T. A., De la Peña Martínez, R., Salazar, E. A. M., Morado, L. P., Ávila, S. V. P., &amp; Aguirre, D. P. R. (2025). <a href="https://doi.org/10.56712/latam.v6i1.3597" target="_blank" rel="noopener">Percepción sobre riesgos asociados y causas de muerte en embarazos adolescentes</a>. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 6(1).
24 Gamelia, E., Anies, A., Widjanarko, B., &amp; Shaluhiyah, Z. (2023). <a href="https://doi.org/10.4081/jphia.2023.267" target="_blank" rel="noopener">Risk sexual behavior, sexually transmitted infections and adolescent pregnancy prevention interventions</a>. Journal of Public Health in Africa, 14(12), 2672.
25 Villalobos Rodríguez, A. L., Pat Góngora, J. L., Poot Poot, A. R., &amp; Rivera Vargas, M. (2025). Comportamiento epidemiológico y dinámica temporal del embarazo adolescente en un hospital de segundo nivel en el sureste de México [Manuscrito en revisión].

Cuando una niña se convierte en madre, el Estado ya falló

El año 2026 <a href="https://www.nytimes.com/2026/01/03/world/americas/venezuela-maduro-capture-trump.html" target="_blank" rel="noopener">inició</a> con una incisión militar que atravesó el cuerpo político global. En ecos de la <a href="https://www.nytimes.com/2011/05/03/world/asia/03intel.html" target="_blank" rel="noopener">captura</a> de Osama Bin Laden en 2011, la Fuerza Delta de Operaciones Especiales del ejército de los Estados Unidos (EE. UU.) capturó y <a href="https://elpais.com/internacional/2026-01-03/reconstruccion-del-ataque-asi-fue-la-mision-de-estados-unidos-en-venezuela-para-capturar-a-nicolas-maduro.html" target="_blank" rel="noopener">transbordó</a> al presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuera del país en cuestión de horas. Incluso alguien que hubiese estado viviendo debajo de una piedra —ascéticamente oculto en sus sombras— habría encontrado imposible escapar de los reflectores mediáticos que, sin falta, persiguen las acciones del gobierno de EE. UU, como si fuera —o quizá sí es— el ombligo del mundo. Tan rápidas y saturadas son las interpretaciones políticas sobre la operación en Venezuela —y sobre las acciones cotidianas de Trump en los periódicos, en los podcasts y en las sobremesas— que las conversaciones se osifican rápidamente en lugares comunes.
Una lectura recurrente busca <a href="https://elpais.com/internacional/2025-10-19/la-actividad-de-la-cia-contra-el-chavismo-resucita-el-intervencionismo-de-ee-uu-en-america-latina.html" target="_blank" rel="noopener">situar</a> la intervención de Trump en Venezuela como un episodio más dentro de una larga lista de golpes de Estado promovidos por EE. UU. en América Latina durante las últimas ocho décadas, para instalar gobiernos afines a sus intereses. Durante la Guerra Fría, con el objetivo de contener la expansión del comunismo, Washington D. C. hizo <a href="https://www.npr.org/2026/01/02/nx-s1-5652133/us-venezuela-interventionism-caribbean-latin-america-history-trump" target="_blank" rel="noopener">valer</a> su músculo militar y de inteligencia para intervenir en la región: Guatemala <a href="https://elpais.com/cultura/2019/10/08/babelia/1570528763_223994.html" target="_blank" rel="noopener">en</a> 1954, Chile <a href="https://www.npr.org/2023/09/10/1193755188/chile-coup-50-years-pinochet-kissinger-human-rights-allende" target="_blank" rel="noopener">en</a> 1973 y Panamá <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/c5y2vp3e44ro" target="_blank" rel="noopener">en</a> 1989, por mencionar solo algunos. Estas interpretaciones suelen inscribir a Trump en una continuidad de la política exterior republicana —aunque con un nuevo rostro, más descarnado. Un país desenmascarado, que ya no <a href="https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/remarks-meeting-council-americas" target="_blank" rel="noopener">endulza</a> sus intervenciones como parte de una cruzada ideológica por expandir la democracia y la libertad, sino que se aleja de esas justificaciones y <a href="https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/safeguarding-venezuelan-oil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people/" target="_blank" rel="noopener">expone,</a> sin rodeos, sus intereses económicos; en el caso venezolano, el petróleo.
Pero estas interpretaciones resultan demasiado generosas con Trump: buscan hilvanar las ideas fragmentadas del presidente dentro de una narrativa ideológica coherente de política exterior. En su discurso la mañana de la captura de Maduro, fiel a su hábito, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BuTzfx1KbK8" target="_blank" rel="noopener">divagó</a> —a menudo con escasa lealtad a la veracidad de sus propias afirmaciones— entre detalles operativos, referencias vagas sobre cuánto tiempo permanecerían las tropas estadounidenses en Venezuela y tangentes sobre el despliegue militar <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/02/national-guard-washington-dc-armed" target="_blank" rel="noopener">en</a> Washington D. C. <a href="https://www.pbs.org/newshour/nation/national-guard-troops-seen-patrolling-in-memphis-alongside-local-police">y</a> Memphis. Circularon reportes que <a href="https://www.theguardian.com/world/2026/jan/06/nicolas-maduro-tries-to-imitate-my-dance-says-donald-trump?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">señalaban</a> que los videos celebratorios de Maduro bailando irritaron profundamente a Trump y también que <a href="https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/politics/trump-interview-transcript.html" target="_blank" rel="noopener">expresó</a> disgusto con María Corina Machado —Nobel de la Paz 2025— porque ella dedicó públicamente el premio al propio Trump y se negó a retractarse, lo que según fuentes <a href="https://elpais.com/america/2026-01-06/trump-yo-estoy-al-mando-en-venezuela.html" target="_blank" rel="noopener">deterioró</a> su respaldo interno en la Casa Blanca. Consultado por The New York Times acerca de los límites de su poder en el ámbito internacional, <a href="https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/politics/trump-interview-transcript.html" target="_blank" rel="noopener">afirmó</a> que actuaba conforme a su “propia moralidad”, subrayando que ese era el límite de su poder; uno de los periodistas <a href="https://www.nytimes.com/2026/01/09/podcasts/the-daily/trump-interview.html" target="_blank" rel="noopener">señaló</a> después que Trump se contradice de manera constante.
La búsqueda de una unidad y coherencia histórica en la política exterior de la administración Trump —si es que existe— exige mirar más atrás: es una añoranza por un viejo mundo, quizás<a href="https://www.washingtonpost.com/politics/how-donald-trump-came-up-with-make-america-great-again/2017/01/17/fb6acf5e-dbf7-11e6-ad42-f3375f271c9c_story.html" target="_blank" rel="noopener"> enarbolada</a> en su lema Make America Great Again (MAGA) –en español: “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”– que remite a un pasado más lejano. Como lo <a href="https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf" target="_blank" rel="noopener">sugiere</a> el deshilvanado Documento de Seguridad Nacional de 2025, se trataría de un Corolario Trump de la Doctrina Monroe del siglo XVIII. Ese mundo es el de hace cien años, o de antes, cuando las fronteras <a href="https://edition.cnn.com/audio/podcasts/fareed-zakaria-gps/episodes/7b9c4900-a9b9-11ee-9127-8f20908dcbe8" target="_blank" rel="noopener">eran</a> altas, el modus operandi de la política exterior respondía a una lógica darwiniana de supervivencia del más apto, Washington D. C. <a href="https://edition.cnn.com/audio/podcasts/fareed-zakaria-gps/episodes/7b9c4900-a9b9-11ee-9127-8f20908dcbe8" target="_blank" rel="noopener">veía</a> a los países europeos con escepticismo y su campo visual difícilmente rebasaba el hemisferio americano. Una añoranza a otro siglo que, en un año de administración de Trump, ya ha <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/cjw12lejp1eo" target="_blank" rel="noopener">barrido</a> con buena parte del multilateralismo construido en los últimos ochenta años.
El 2026 podría traer nuevas intervenciones de EE. UU: en Groenlandia —territorio administrado por Dinamarca— para seguir <a href="https://www.nytimes.com/2026/01/08/us/politics/trump-interview-power-morality.html" target="_blank" rel="noopener">hiriendo</a> la alianza transatlántica; incluso <a href="https://www.nytimes.com/2026/01/02/world/middleeast/trump-iran-protests.html" target="_blank" rel="noopener">en</a> Irán, o <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CI5iKY9q1ow" target="_blank" rel="noopener">en</a> México, o <a href="https://www.nytimes.com/2025/01/08/world/americas/trump-panama-canal.html" target="_blank" rel="noopener">en</a> Panamá. O quizá no haya intervención alguna. O tal vez ocurra en un país que todavía no hemos imaginado. Porque, mientras Trump divaga, el mundo tiembla ante las posibles consecuencias.
* Jonathan Grabinsky (<a href="https://x.com/Jgrabinsky" target="_blank" rel="noopener">@Jgrabinsky</a>) es especialista en temas de gobierno y profesor en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una licenciatura y maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago.

Corolario Trump a la Doctrina Monroe

El 30 de diciembre de 2025 por la noche, mi algoritmo me llevó a una nota de The Economist <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> sobre las tendencias geopolíticas que marcarán las discusiones en el 2026. Fue, por decirlo de alguna forma, desalentador. Entre carreras armamentistas espaciales (sí, espaciales) que contemplan la creación de un domo de defensa aeroespacial, hasta las presiones políticas a las que están siendo sometidos distintos Bancos Centrales para mermar su autonomía por parte de poderes centrales o ejecutivos, así como los conflictos que se han estado suscitando en distintas partes del mundo en los primeros días de 2026 oscilan entre lo feo, lo absurdo y lo ridículo, y revelan un mundo en el que parece imperar de todo menos la empatía.
Este panorama global no solo impacta en aspectos políticos, sino que se filtra en nuestra cotidianidad. Así, entre cámaras de eco, algoritmos, cuentas automatizadas (bots), y el diseño de interfaces y herramientas construidas para mantenernos enganchados a una pantalla, el estar presentes para los demás se ha vuelto un hecho inusual; la presencia y la atención son recursos escasos y altamente cotizados.
Por lo general, las tendencias y prospectivas suponen prepararnos para los cambios que vienen. Nos permiten anticiparnos y tomar, en consecuencia, decisiones sobre qué comprar, a quién leer, a quién escuchar, a quién seguir, o los últimos gadgets tecnológicos a adquirir. Pero en un mundo que en ocasiones parece premiar el aislamiento o la indiferencia, resulta casi obligatorio hacer un llamado de atención para que en 2026 seamos más conscientes y empáticos, y que ello se convierta en la norma y no la excepción. Empáticos y con conciencia social y de clase frente a los despojos arbitrarios habitacionales y la despersonalización de los barrios y vecindarios; frente al arrebato de tierras de pueblos indígenas y pueblos originarios; frente a el cambio climático; frente al abuso de poder, frente a la falta de accesibilidad en los espacios públicos, frente al retorno de autoritarismos a lo largo del mundo y frente a un largo etcétera. Hoy, dentro de todo este ruido, es que en ocasiones nos aislamos o buscamos algo de silencio sin darnos cuenta de que las injusticias y la desigualdad estructural premia la apatía y la indiferencia o por lo menos se ve beneficiada por ésta. Por ello, habría que apostar por empatías más cercanas, entendiéndose como actos radicales y hasta revolucionarios.
Bajo esta lógica, involucrarse en las decisiones de la comunidad se convierte en un acto de rebeldía: el tejido social no se repara con algoritmos, sino con presencia. No se trata de una nostalgia por mundos que quizá ya no existen, sino de resignificar las formas en las que cuidamos a vecinos, colegas y hasta desconocidos y la manera en la cual nos involucramos en la creación del espacio público.
Tampoco se trata de construir una comunidad o prácticas basadas únicamente en la nostalgia de mundos que quizá ya no existen, sino de resignificar las formas en las que podemos cuidar y estar presentes con vecinos, colegas, familias, amistades y hasta con desconocidos.
Para aterrizar esta idea, vale la pena rescatar las tres aproximaciones sobre la empatía propuestas por Daniel Goleman, pues nos ofrecen una clara ruta de acción. La primera es la empatía, que es aquella que supone entender desde dónde se expresa o se dice algo. La segunda refiere a la empatía emocional, aquella que nos invita a la difícil tarea de sentir lo que el otro está sintiendo. Y finalmente, que es a mi parecer la más importante, el interés empático, que supone ver y reflexionar sobre qué es lo que se requiere de nosotros. Es decir, ¿qué podemos hacer por el otro?
Ahora bien, frente al pesimismo de mi párrafo inicial -y como antídoto al que parece ser únicamente un amargo panorama- quiero compartir algunas notas positivas de frente a este convulso año que arranca. En la agenda pública, la legislación y políticas alrededor de los cuidados se convierten en un elemento central. La entrada en vigor de la “Ley Silla” reconoce la necesidad de tener espacios físicos de descanso como parte del trabajo digno. En el ámbito tecnológico destaca la creación de un teclado en zapoteco para dispositivos móviles, así como el desarrollo de múltiples herramientas de inteligencia artificial que fomentan la accesibilidad de personas con discapacidad. Y otras que nos inspiran desde la sustentabilidad, Helsinki pasó su primer año sin muertes viales y París reabrió el Sena al nado público después de un siglo.
Al final del día, la empatía no implica querer a todos. Tampoco significa que nos abracemos cual “ositos cariñositos”; puede que tus colegas, vecinos o conocidos te caigan en la punta del hígado o tengan puntos de vista opuestos en muchos temas. La empatía implica solidaridad, acción, escucha y no ser indiferente frente a lo que no te impacta directamente aún, o que crees que no te impacta de forma directa o indirecta.
No es simpatía tradicional; se trata de ser y hacer comunidad desde la complicidad. Que en 2026 la tendencia sea no ser indiferente y conectar como antídoto frente a esta anestesia social.
* Mauricio Ariza (<a href="https://x.com/Mau_Ariza" target="_blank" rel="noopener">@Mau_Ariza</a>) es especialista en Inclusión Laboral y presidente del Consejo Consultivo de <a href="https://gendes.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">GENDES A. C.</a>
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> The Economist, “Four Stories To Watch Out For in 2026” publicado el 28 de diciembre de 2025. Disponible en el siguiente <a href="https://www.youtube.com/watch?reload=9&amp;v=DI5S4LfUob4">enlace</a>.

Empatía vs. la anestesia social

“La tecnología no es buena ni mala; lo que importa es cómo la usamos”.
Yuval Noah Harari
&nbsp;
La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más influyentes del siglo XXI, transformando de manera profunda la economía, el trabajo y la educación a nivel mundial.
No se trata solo de avances técnicos o de innovación científica, sino de cambios que ya forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.
Vivimos una revolución tecnológica que avanza a gran velocidad y que constantemente abre nuevas posibilidades: desde la automatización de procesos productivos hasta la transformación de los dispositivos que usamos a diario, como los teléfonos celulares, que poco a poco evolucionan hacia nuevas interfaces, como los lentes inteligentes.
<h3>La tecnología no decide por sí sola: lo hacemos nosotros</h3>
Esta nueva era tecnológica ha llegado para quedarse. Frente a ello, como sociedad, enfrentamos un reto central: decidir cómo queremos convivir con estas herramientas.
La inteligencia artificial puede facilitar tareas, mejorar servicios y ampliar oportunidades, pero también puede profundizar desigualdades o generar nuevas formas de exclusión si no se usa de manera responsable.
Tal como señala Yuval Noah Harari, la tecnología no es buena ni mala en sí misma; su impacto depende de las decisiones humanas que la orientan.
<h3>El mundo avanza: experiencias internacionales con la inteligencia artificial</h3>
A nivel internacional, países como China, Corea del Sur, Estados Unidos y diversas naciones europeas han incorporado la inteligencia artificial de acuerdo con sus propios modelos económicos y sociales. En estos contextos, la IA se ha convertido en un motor de crecimiento, innovación y competitividad global.
En China, la robotización ha transformado la industria manufacturera, especialmente en sectores como la electrónica y la automotriz, donde fábricas altamente automatizadas utilizan robots inteligentes para aumentar la productividad
En Corea del Sur, uno de los países con mayor densidad de robots industriales en el mundo, la IA se aplica tanto en la industria como en los servicios y el sistema educativo, fortaleciendo una economía basada en el conocimiento y la innovación.
En Estados Unidos, la inteligencia artificial impulsa sectores como la tecnología, la logística y la salud, mediante el uso de robots en centros de distribución, sistemas automatizados y análisis avanzado de datos.
En Europa, particularmente en países como Alemania, la robotización se ha integrado de forma más regulada, combinando la automatización con formación técnica de alta calidad y la protección de los derechos laborales.
<h3>Nuestro país frente al desafío tecnológico</h3>
En contraste, nuestro país enfrenta un escenario económico complejo, marcado por el estancamiento y bajos niveles de inversión privada.
Esta realidad nos obliga a plantear preguntas fundamentales: ¿qué condiciones necesitamos crear para atraer inversión? ¿Cómo garantizar seguridad y certeza jurídica? ¿Cómo ofrecer reglas claras que permitan planear a largo plazo? Pero, sobre todo, ¿cómo prepararnos para los cambios tecnológicos que ya están redefiniendo la economía mundial?
La incertidumbre sobre el rumbo económico, sumada a factores como la dependencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la posición del país en el contexto internacional, exige una visión más amplia y estratégica
Pensar únicamente en soluciones inmediatas resulta insuficiente cuando el mundo avanza hacia una economía cada vez más digitalizada.
<h3>Cuando la agenda pública ignora el futuro</h3>
A pesar de la relevancia de estos temas, en la agenda pública nacional suelen quedar relegados.
Con frecuencia, el debate político se centra en escándalos y confrontaciones que buscan atraer la atención mediática, mientras asuntos estratégicos como la inteligencia artificial, la educación, la seguridad y el combate a la corrupción reciben una atención limitada, a pesar de su impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía.
<h3>Educación y preparación: la clave para no quedarnos atrás</h3>
Frente a este escenario, el verdadero desafío no es únicamente adoptar la inteligencia artificial, sino aprender a usarla para innovar y mejorar la vida colectiva. Para ello, la educación desempeña un papel fundamental.
Preparar a niños y jóvenes desde el sistema educativo para comprender la IA, utilizarla de manera ética y desarrollar pensamiento crítico será clave para que esta revolución tecnológica contribuya al desarrollo económico, profesional y humano.
<h3>Un futuro que depende de nuestras decisiones</h3>
La Inteligencia Artificial puede ser una gran aliada para el futuro, pero su impacto dependerá de nuestras decisiones como sociedad.
El debate no debe quedarse en la tecnología en sí, sino en el tipo de país, de economía y de convivencia humana que queremos construir en esta nueva era digital.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C</a>. (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

La revolución de la inteligencia artificial: retos globales y responsabilidades locales

Desde hace un par de semanas Irán ha experimentado un nuevo estallido social con protestas masivas en más de 180 ciudades del país. <a href="https://edition.cnn.com/world/live-news/iran-protests-01-10-26" target="_blank" rel="noopener">Estas manifestaciones</a> iniciaron el pasado 28 de diciembre del 2025 y cientos de miles de personas han salido a protestar a lo largo del país. Sin embargo, desde occidente las protestas que periódicamente sacuden a Irán suelen ser interpretadas como episodios reducidos a una lucha binaria entre autoritarismo y democracia liberal. Esta lectura simplificada no solo resulta insuficiente para analizar la compleja situación iraní, sino que distorsiona las causas profundas del malestar social dentro del país. Aunado a esto, vemos una serie de campañas mediáticas que buscan aprovechar las protestas para promover una visión de las protestas afín a las agendas políticas de las capitales occidentales.
En el núcleo de las movilizaciones se encuentran, ante todo, factores económicos y sociales como la precarización acelerada, la pérdida sistemática del poder adquisitivo debido a la constante devaluación del Rial y el hartazgo de muchos sectores de la población, sobre todo jóvenes, a la imposición de una moral religiosa que regula la vida cotidiana, y esto no es nuevo, desde hace una década las protestas masivas han sido <a href="https://www.aljazeera.com/news/2026/1/5/a-timeline-of-protests-in-iran-after-the-1979-islamic-revolution" target="_blank" rel="noopener">una constante</a> en la vida pública de Irán.
El deterioro económico fue el catalizador de las protestas. La devaluación crónica del Rial, combinada con una inflación persistente, ha erosionado los ingresos reales de amplios sectores de la población. El encarecimiento de bienes básicos, el desempleo juvenil y la falta de expectativas materiales han producido una frustración acumulada entre la población iraní. Estas condiciones no pueden ser comprendidas únicamente como efectos colaterales de las sanciones internacionales, sino también como resultado de una <a href="https://engelsbergideas.com/essays/the-deep-roots-of-irans-economic-crisis/" target="_blank" rel="noopener">economía política profundamente ineficiente</a>, <a href="https://www.euronews.com/business/2026/01/09/irans-revolutionary-guard-control-the-economy-heres-why-the-currency-suffers" target="_blank" rel="noopener">capturada por élites religiosas y militares</a>, incapaz de ofrecer horizontes de estabilidad económica para la mayoría de la población, aun cuando <a href="https://www.iranintl.com/en/202601059822" target="_blank" rel="noopener">la economía iraní tiene el potencial de diversificarse y crecer</a> aún en un entorno de sanciones internacionales.
A esto se le suma un conflicto social más profundo. Irán lleva un par de años experimentando una profunda <a href="https://www.thefp.com/p/irans-silent-revolution">transformación social</a> en el ámbito moral. Tras las protestas desencadenadas por la detención y muerte de Mahsa Amini en el 2022, que dieron origen al movimiento de protesta “Mujer, vida y libertad”, amplios sectores de la población, sobre todo mujeres y jóvenes han mostrado su <a href="https://www.iranintl.com/en/202405025077">rechazo hacia la imposición</a> de las rígidas normas religiosas que regulan el comportamiento en la vida cotidiana. El control del cuerpo, de la vestimenta, de las formas de relacionarse y del comportamiento en general ejercido, especialmente sobre las mujeres, ha sido usado como un mecanismo de control social por parte del régimen que hoy genera un rechazo creciente, incluso entre sectores que no necesariamente se identifican con proyectos políticos liberales u occidentales.
En este contexto las manifestaciones estallaron en distintos puntos de Irán, iniciando con comerciantes y tenderos del Gran Bazar de Teherán y, posteriormente, con otros sectores de la población como mujeres, sindicatos, jóvenes y estudiantes universitarios. En poco tiempo, las protestas se extendieron no solo a las principales ciudades, sino también a localidades más pequeñas, donde pasaron de una queja por la situación económica a una exigencia de transformación sistémica. En respuesta, las autoridades iraníes <a href="https://www.infobae.com/america/mundo/2026/01/10/el-regimen-de-iran-incrementa-la-represion-tras-dos-semanas-de-protestas-al-menos-65-muertos-y-bloqueo-de-internet/" target="_blank" rel="noopener">recurrieron a la represión violenta</a>, deteniendo a miles de personas, causando <a href="https://www.reuters.com/business/media-telecom/confronting-protests-iran-vows-strike-back-if-us-attacks-2026-01-11/" target="_blank" rel="noopener">la muerte de cientos</a> de manifestantes y dejando a muchos otros heridos, al tiempo que se <a href="https://www.dw.com/es/las-protestas-se-expanden-en-ir%C3%A1n-donde-se-cort%C3%B3-el-acceso-a-internet/a-75442462" target="_blank" rel="noopener">bloqueó el acceso a internet</a> en el país como método de contención, tanto de la organización de las protestas como de la información que sale del país.
Sin embargo, a pesar del claro origen económico y social del descontento, podemos ver como una narrativa distinta ha ganado tracción en medios occidentales: la idea de que las protestas en Irán estarían orientadas hacia una restauración monárquica, encarnada en la figura de Reza Pahlaví, hijo del último Sha (rey). Esta interpretación no solo es problemática, sino que resulta profundamente artificial cuando se contrasta con la realidad de las movilizaciones dentro del país. Es cierto que <a href="https://www.iranintl.com/en/202601094156" target="_blank" rel="noopener">se han visto símbolos monárquicos</a> en las manifestaciones y que la idea de una restauración monárquica encuentra cierto respaldo en sectores específicos de la sociedad iraní. No obstante, la centralidad que ha adquirido Reza Pahlaví como figura de oposición es resultado, en gran medida, de la ausencia de un liderazgo alternativo claro, así como de la falta de un programa político unificado entre los manifestantes, más allá de demandas como el fin del régimen, la secularización de la vida pública o denuncias derivadas de la corrupción, la represión o la inflación.
Esta falta de referentes, no solo entre los manifestantes, sino entre la <a href="https://www.reuters.com/business/media-telecom/who-makes-up-irans-fragmented-opposition-2025-06-18/" target="_blank" rel="noopener">oposición iraní</a> ha favorecido a Pahlaví, quien al menos cuenta con reconocimiento de nombre y ha cultivado durante décadas apoyos en favor de la monarquía, sobre todo en Occidente. Sin embargo, su capacidad de convocatoria dentro de Irán sigue siendo limitada. Esto se debe, por un lado, al rechazo a la idea de la monarquía y, por otro, a que para muchos iraníes Pahlaví <a href="https://www.aljazeera.com/features/2025/7/3/son-of-former-shah-loses-credibility-after-justifying-israels-war-on-iran" target="_blank" rel="noopener">perdió la legitimidad que aún conservaba</a> al expresar su apoyo a los bombardeos israelíes contra Irán en junio de 2025, lo que erosionó su apoyo incluso entre sectores firmemente opositores al régimen.
El resurgimiento de los símbolos monárquicos en las protestas se explica, en parte, por la neutralización sistemática de otras figuras de oposición con capacidad para encabezar una transición hacia un horizonte secular. Figuras como Narges Mohammadi y Mostafa Tajzadeh han pasado años entrando y saliendo de prisión, mientras que otras, como Shirin Ebadi o Masih Alinejad, viven en el exilio, lo que ha limitado de manera significativa la posibilidad de articular un liderazgo opositor coherente frente al régimen. En este contexto, la aparente reaparición de símbolos monárquicos en las calles de Teherán <a href="https://www.theguardian.com/world/2026/jan/09/growing-protests-in-iran-do-not-necessarily-herald-a-return-to-monarchy" target="_blank" rel="noopener">no debe interpretarse</a> como un llamado a restaurar la corona, sino como una vía de escape frente a un callejón político sin salida.
De igual forma, cabe mencionar que buena parte de esta narrativa sobre la restauración de la monarquía se construye a partir de las manifestaciones de la diáspora iraní en ciudades como Londres, Nueva York, Washington o París. En estos espacios, sectores específicos de la diáspora iraní, muchos de ellos vinculados histórica y simbólicamente al antiguo régimen, <a href="https://www.bbc.com/news/articles/cy09yvd57x2o" target="_blank" rel="noopener">han desplegado símbolos monárquicos</a> y discursos que apelan a una supuesta continuidad entre sus demandas políticas y las protestas que ocurren dentro de Irán. En este marco, no resulta casual que estos sectores de la diáspora manifiesten una afinidad visible con Israel y con Estados Unidos a los que conciben como contrapesos naturales del régimen iraní. Esta afinidad se expresa visualmente en manifestaciones donde es posible ver cómo banderas israelíes y estadounidenses aparecen junto a la bandera iraní prerrevolucionaria. Lo relevante de esto es que, desde ciertos medios occidentales, estas expresiones son presentadas como si fueran la extensión natural del movimiento interno, como si las calles de Londres o Nueva York y las de Teherán o Isfahán hablaran con una sola voz.
El problema de esta equiparación es doble. En primer lugar, borra la complejidad tanto política como social del descontento que existe dentro de Irán, reduciéndolo a un proyecto político específico que no cuenta con evidencia sólida de arraigo popular al interior de Irán. En segundo lugar, confunde deliberadamente intereses distintos que, aunque convergen en su oposición a la República Islámica, emergen de contextos históricos, materiales y políticos radicalmente diferentes. En este sentido esta narrativa no busca comprender ni acompañar las demandas que emergen de las calles iraníes, sino capitalizar el momento de protesta para proyectar agendas ajenas, instrumentalizando un malestar social real sin atender a los intereses ni a las condiciones materiales de quienes lo protagonizan.
La diáspora iraní, particularmente aquella asentada en Occidente, no es un sujeto político análogo ni representativo del conjunto de la sociedad iraní. Sus prioridades, imaginarios y horizontes políticos están moldeados por décadas de exilio, por procesos de integración en economías occidentales y por una relación mediada y muchas veces idealizada con el pasado previo a la revolución islámica de 1979. Esta desconexión entre la experiencia del exilio y la realidad social del Irán actual tiende a traducirse en imaginarios políticos anclados en la memoria y no en las condiciones estructurales del presente.
Las protestas en Irán no se articulan en torno a la figura del Sha ni a la restauración de un orden monárquico ni a la adhesión a un proyecto político alineado con Occidente. Se trata de movilizaciones descentralizadas que expresan, ante todo, el hartazgo acumulado frente al deterioro de las condiciones materiales de vida, la precarización económica y las restricciones impuestas sobre el ámbito social. Más que formular una propuesta política específica más allá del rechazo al régimen, estas protestas ponen en evidencia el agotamiento popular frente a un gobierno incapaz de ofrecer estabilidad económica y márgenes mínimos de autonomía social.
La insistencia occidental en interpretar las protestas iraníes a través del prisma de una posible restauración monárquica no es ni casual ni inocente. Responde a los intereses estratégicos de Estados Unidos e Israel, para quienes un cambio de régimen en Teherán constituye una prioridad geopolítica regional. En este marco, se descubrió que los servicios de inteligencia israelíes <a href="https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2025-10-03/ty-article-magazine/.premium/the-israeli-influence-operation-in-iran-pushing-to-reinstate-the-shah-monarchy/00000199-9f12-df33-a5dd-9f770d7a0000" target="_blank" rel="noopener">han llevado a cabo una operación encubierta de influencia mediática</a> mediante el uso de cuentas falsas y contenido generado con inteligencia artificial para impulsar la figura del príncipe heredero exiliado Reza Pahlaví, presentar la nostalgia monárquica como un componente relevante del descontento social en Irán y promover la idea de una restauración monárquica en Irán. De esta forma, la idea de la restauración de la monarquía no emerge como un sentimiento orgánico, sino como una operación funcional a los intereses occidentales, sobre todo frente a un proceso interno de transformación política y social cuyo desenlace aún resulta incierto. Es así como la figura de Reza Pahlaví paso de una posición periférica, por no decir marginal, en la política iraní, a ocupar un lugar central en la narrativa occidental sobre las protestas.
Esta operación de manejo narrativo tiene consecuencias políticas reales. Al proyectar sobre las protestas internas una agenda externa, se corre el riesgo de deslegitimar el descontento popular dentro de Irán, permitiéndole al régimen caracterizar las manifestaciones como una conspiración extranjera y no como una crisis estructural doméstica. Esto cobra relevancia sobre todo desde que se dio a conocer por medios israelíes que agentes de <a href="https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-881733" target="_blank" rel="noopener">los servicios de inteligencia israelí han operado para avivar las protestas</a>.
Paradójicamente, la sobrerrepresentación mediática de la diáspora monárquica y el encuadre de las protestas internas como parte de un proyecto de restauración monárquica no solo distorsionan la naturaleza del descontento en Irán, sino que fortalecen las narrativas oficiales del Estado. Al insistir en vincular las movilizaciones que se desarrollan dentro del país con las agendas de la diáspora y de potencias extranjeras, se proporciona al régimen un marco discursivo eficaz para deslegitimar las protestas al presentarlas como el resultado de injerencia externa y no como la legitima expresión de una crisis estructural interna que aviva el descontento popular real que vemos en las calles de la mayoría de las ciudades iraníes.
En última instancia, al día de hoy, las protestas en Irán (vistas más allá de la lente de los medios que auguran el inminente colapso del régimen) se enfrentan a una realidad: el Estado iraní aún mantiene intacta su amplia estructura burocrática y de seguridad, así como una base de apoyo popular <a href="https://www.aljazeera.com/news/2024/3/2/conservatives-dominate-irans-parliament-assembly-elections" target="_blank" rel="noopener">todavía significativa</a>. No obstante, este equilibrio se ve crecientemente tensionado por demandas de reformas en los ámbitos social y económico. En este contexto, resulta evidente que desde hace tiempo es necesario un proceso de reforma en Irán, pero este solo tendría legitimidad si emerge desde el interior de la sociedad iraní y no como resultado de una intervención percibida como extranjera.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

Las protestas en Irán: entre la realidad y la ficción mediática

En diciembre pasado, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que a través del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, implementado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, <a href="https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rosa-icela-rodriguez-reporta-canje-de-8-mil-700-armas-y-mas-de-mil-granadas-destaca-mesas-de-paz-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">se habían recolectado 8,700 armas de fuego</a> en todo el país a través de entregas voluntarias de la ciudadanía, cuyos participantes recibían recompensas a cambio de las armas.
Casi 9 mil armas menos en las calles parecen un buen resultado para una estrategia gubernamental; sin embargo, para determinar si la misma ha sido efectiva es importante hacer un comparativo en dos dimensiones. La primera de ella es temporal, es decir, ¿se han recolectado más o menos armas que en los gobiernos que antecedieron al actual? Y la segunda dimensión es respecto al tamaño del problema que se busca resolver, ya que el objetivo de un programa de canje de armas es disminuir la violencia reduciendo la cantidad total de armas que hay en las calles. Por tanto, se debe responder a la pregunta: ¿se está recolectando una cantidad mayor de armas a la que entra cada año al país de contrabando y en qué medida se está reduciendo la cifra total de armas?
Respecto a la primera pregunta, se cuenta ya con información precisa de las armas que fueron recolectadas en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, lo cual permite una comparación de los totales entre ellos, datos que fueron obtenidos mediante las solicitudes de información con folios 33006425001177, 330026424000740 y 33006425001177, dirigidas a la SEDENA. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum apenas va en su segundo año de mandato, por lo que se tienen cifras parciales hasta el 11 de diciembre de 2025.
De forma que para poder realizar una comparación que incluya la gestión de Claudia Sheinbaum y de sus tres antecesores se debe construir un indicador de armas promedio recolectadas al día a través del canje de armas, de modo que se divida la cantidad de armas entre el total de los días que duró cada mandato en los casos de Calderón, Peña y Obrador, así como la cantidad armas entre los días comprendidos entre el 1 de octubre de 2024 y el 11 de diciembre de 2025 en el caso de Claudia Sheinbaum, lo cual permite una comparación justa entre los cuatro.
El cálculo de dicho indicador nos muestra que en promedio, en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se han recolectado 19.90 <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> armas diarias en todo el país, cifra que es mayor al promedio que tuvo Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su sexenio, que apenas llegó a las 10.78 armas. Es decir que en este momento se están recibiendo casi el doble de armas, lo cual indica que el programa “Sí al desarme, sí a la paz” está teniendo efectos positivos.
Sin embargo, las armas recolectadas diariamente por el gobierno de Claudia Sheinbaum aún están muy lejos de los promedios de los gobiernos de Calderón y de Peña, ya que en el caso de Felipe Calderón se entregaban en promedio diariamente 28.84 armas y con Enrique Peña se elevó hasta 43.65 armas, es decir más del doble de las obtenidas por Claudia Sheinbaum, tal como lo muestra la siguiente gráfica.
<figure id="attachment_1622636" aria-describedby="caption-attachment-1622636" style="width: 890px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1622636" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/armas.png" alt="Gráfica con el promedio de armas decomisadas al día en cada gobierno, desde Calderón hasta Sheinbaum." width="900" height="1000" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/armas.png 900w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/armas-540x600.png 540w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/armas-768x853.png 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><figcaption id="caption-attachment-1622636" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en las solicitudes a la SEDENA con los folios 33006425001177, 330026424000740 y 330026424002055.</figcaption></figure>
&nbsp;
A partir de estos datos se puede dar respuesta puntual a la primera pregunta, en el sentido de que el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado mejores resultados que López Obrador, pero aún se encuentra lejos de la cantidad de armas recuperadas en las gestiones de Calderón y Peña.
Esto se debe principalmente a tres factores: primero, la concentración de la estrategia en las entidades del centro del país, como la Ciudad de México, Estado de México y Puebla; segundo, la falta de módulos permanentes de entrega de armas, y tercero, la falta de promoción de los días y lugares en los que se pueden entregar las armas, para que la población objetivo se entere.
La respuesta a la segunda interrogante es más compleja, porque no se tiene un número certero respecto a la cantidad de armas que cada año entran de forma ilegal al país ni sobre las que ya se encuentran dentro. Al respecto el trabajo más serio de estimación sobre armas traficadas a México cada año lo encontramos en el texto <a href="https://stories.theconversation.com/mexican-drug-cartels-use-hundreds-of-thousands-of-guns-bought-from-licensed-us-gun-shops-fueling-violence-in-mexico-drugs-in-the-u-s-and-migration-at-the-border/index.html" target="_blank" rel="noopener">Mexican drug cartels use hundreds of thousands of guns bought from licensed US gun shops – fueling violence in Mexico, drugs in the US and migration at the border</a> de Sean Campbell y Thoper McDougal, que se ubicaría en promedio en 135 mil armas al año, con un mínimo de 72 mil y un máximo de 258 mil, mientras que para el total de armas que ya se encuentran en México, <a href="https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/revista/index.php/a-profundidad/96-de-mexicanos-no-tiene-armas-de-fuego-ni-les-gusta-la-violencia" target="_blank" rel="noopener">Juventina Bahena</a> ha estimado dicho total entre los 15 y los 24 millones de armas.
Aun tomando los datos más bajos, el escenario es preocupante: al menos 15 millones de armas a las cuales cada año se le suman 72 mil más, producto del contrabando ilegal.
Frente a dicho escenario, las 8,700 armas que recuperó el gobierno de Claudia Sheinbaum en poco más de un año son claramente insuficientes, porque representan apenas el 12 % de las 72,000 que entran por contrabando en el escenario más conservador, lo que implica que -a este ritmo- en lugar de reducirse la cantidad de armas se aumenta al menos en 63,300 por año, por lo cual se puede afirmar que las estrategias de canje de armas, no solo del gobierno de Sheinbaum, sino de sus tres antecesores, no lograron el objetivo de contribuir a que haya menos armas de fuego en las calles mexicanas.
A pesar de que la evidencia que tenemos nos indica que los resultados del programa “Sí al desarme, sí a la paz” implementando por la administración de Claudia Sheinbaum no son suficientes, lo cierto es que aún queda mucho tiempo en la gestión, lo cual permite fortalecer y ampliar el programa para recolectar una cantidad mayor en el futuro, para lo cual se proponen al menos las siguientes estrategias para el fortalecimiento del mismo:
I. Apostar por una amplia campaña de difusión local, pero focalizada por territorio, de manera que se realice en los medios que llegan a los municipios en donde habrá módulos de recolección, para usar de la forma más eficiente los recursos destinados a tal efecto.
II. Implementar una campaña de corte nacional que busque la sensibilización social de los peligros de las armas. Se trata de llegar a los hogares y convencerlos de los riesgos que corren al tener armas.
III. Focalizar los módulos de recolección en las áreas de mayor violencia, ya que hay muchas entidades que han enfrentado situaciones de inseguridad, en las que apenas se han recolectado armas en los últimos 20 años, como Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Colima, Tabasco y Veracruz.
IV. Involucrar a los gobiernos locales y a más actores en estos programas, ya que de lo que se trata es que no sólo sea labor del Gobierno Federal, sino de la mayor cantidad posible de componentes de la sociedad.
V. Se debe contar con módulos permanentes y la forma en la que esto no sea oneroso es colocarlos en las entradas de todos los cuarteles militares del país, ya que mucha gente no entrega sus armas, porque no sabe en dónde hacerlo.
VI. Incrementar las recompensas de acuerdo con el calibre de las armas, debido a que la mayor parte de las armas que se han entregado en el pasado son cortas o en mal estado y lo que se debe buscar es sacar de circulación aquellas armas automáticas que pueden generar más daño.
Para mayor detalle respecto a los datos y hallazgos, pueden consultar mi artículo <a href="https://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/484" target="_blank" rel="noopener">Resultados de los programas de canje de armas en México</a>, publicado en la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública en diciembre pasado, que sirvió como base para el presente texto.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Este valor se obtuvo al dividir las 8,700 armas reportadas entre 347 días, comprendidos entre el 1 de octubre de 2024 al 11 de diciembre de 2025. Para el caso de Felipe Calderón se dividieron las 63,225 armas recibidas en todo su sexenio, entre los 2,192 días que estuvo al frente de la presidencia; con Enrique Peña Nieto se recibieron 95,641 armas en el sexenio y esa cantidad se dividió entre los 2,191 días de su mandato, y para el caso de Andrés Manuel López Obrador, las 22,280 armas recolectadas en su sexenio se dividieron entre los 2,131 días que duró su gestión, resultando las cifras que se muestran en el gráfico que contiene este artículo.

Efectividad del programa de canje de armas de Claudia Sheinbaum

El 2025 fue un año excepcional, no solo por la magnitud de la crisis que atravesó el mundo, sino porque dejó al descubierto algo más profundo y preocupante: la fragilidad de los sistemas que deberían proteger a la niñez cuando más lo necesita. Para millones de niñas, niños y adolescentes, este fue un año marcado por la incertidumbre constante, la pérdida de derechos básicos y la normalización de contextos que nadie —y mucho menos de esa edad— debería habitar.
Conflictos armados prolongados, desplazamientos forzados, crisis climáticas cada vez más severas y una inseguridad alimentaria creciente configuraron un escenario en el que la niñez volvió a ser la más expuesta y la menos escuchada. En 2025, uno de cada cinco niños vivía en zonas de conflicto activo; decenas de millones fueron desplazados de sus hogares; cientos de millones carecieron de una alimentación adecuada y otros tantos quedaron fuera de la escuela. No se trató de crisis aisladas, sino de una acumulación de violencias estructurales que impactaron directamente su desarrollo, su salud mental y sus oportunidades de futuro.
<h3>La ayuda humanitaria en crisis</h3>
A esta realidad se sumó un factor que agravó aún más la situación: la crisis de financiamiento de la ayuda humanitaria. Los recortes abruptos a la cooperación internacional —derivados de decisiones políticas y económicas— redujeron drásticamente la capacidad de respuesta global justo cuando las necesidades alcanzaban niveles históricos y sumamente urgentes.
Programas de salud, educación, nutrición y protección a la niñez se vieron obligados a disminuir su alcance o cerrar, dejando a millones de niñas, niños y adolescentes sin redes de apoyo en contextos ya de por sí adversos. Lo ocurrido en 2025 dejó una lección incómoda pero necesaria: el sistema humanitario global es vulnerable porque depende de decisiones que rara vez ponen a la niñez en el centro. Cuando los recursos se reducen, los primeros en perder son quienes menos poder tienen para exigir. La niñez queda, una vez más, al final de la lista de prioridades.
<h3>La crisis como punto de inflexión</h3>
Sin embargo, limitar la lectura y balance del 2025 a un recuento de crisis sería incompleto, además de injusto. Porque, paradójicamente, este año también abrió una oportunidad ineludible: la de cuestionar y transformar la forma en que entendemos la acción humanitaria.
La experiencia demostró que los modelos tradicionales —centralizados, reactivos y cada vez menos sostenibles— ya no responden a la complejidad del mundo actual. La crisis no solo expuso fallas, también obligó a pensar en nuevas respuestas. Proteger a las personas en contextos de vulnerabilidad —en especial a la niñez— hoy exige adaptar, innovar y reimaginar: avanzar hacia modelos de respuesta menos rígidos y más sensibles al contexto, donde las comunidades tengan un papel central, las decisiones se tomen cerca de los territorios y las soluciones respondan a las condiciones específicas de cada lugar.
Implica, además, reconocer que la niñez no es solo receptora de ayuda, sino portadora de conocimiento, experiencia y propuestas. La pregunta incómoda —pero necesaria— es qué estamos dispuestos a hacer las personas adultas con todo lo que ellas y ellos ya nos están diciendo: si vamos a escucharlos de verdad, a compartirles espacio y poder, o si volveremos a fallarles desde la indiferencia, la inercia o la comodidad.
<h3>México: proteger derechos también es escuchar</h3>
En México, esta pregunta no se quedó en el terreno del análisis o el discurso. Durante 2025, este enfoque se tradujo en acciones concretas. En un contexto nacional marcado por desigualdades persistentes, movilidad humana, emergencias climáticas y brechas en el acceso a servicios básicos, desde Save the Children hicimos lo necesario para fortalecer el trabajo en educación, salud, nutrición, protección y respuesta humanitaria sin perder de vista lo que la niñez tiene que decir.
Teniendo esto claro, logramos acompañar a miles de niñas, niños y adolescentes no solo desde la atención inmediata, sino desde una visión integral de derechos. Uno de los aprendizajes más importantes del año fue entender que el impacto no se mide únicamente en servicios entregados, sino en la capacidad de escuchar y generar espacios reales de participación.
Por ello, una de las decisiones más relevantes fue colocar la voz de la niñez y la adolescencia como eje transversal del trabajo.
<h3>Salud mental y participación de la niñez</h3>
En ese marco, se creó un <a href="https://www.espaciodeemociones.org/" target="_blank" rel="noopener">espacio de emociones</a> para que niñas, niños y adolescentes pudieran hablar abiertamente sobre su salud mental, expresar miedos, frustraciones y esperanzas, y ser escuchados sin juicio. En un mundo que exige resiliencia constante a la niñez, reconocer su bienestar emocional como una prioridad fue un acto profundamente político, justo y  necesario.
Asimismo, la integración del grupo musical juvenil “Picus” como embajadores de Save the Children en México respondió a esa misma lógica: amplificar las voces de la niñez en espacios donde tradicionalmente no se les escucha. Su participación ayudó a conectar con otras infancias y adolescencias, a visibilizar mensajes clave sobre derechos y a reforzar la idea de que la niñez puede incidir, comunicar y movilizar.
<h3>2026: responsabilidades claras</h3>
Mirar hacia 2026 implica asumir responsabilidades claras. No basta con reconocer lo ocurrido, es indispensable actuar en consecuencia. El año debe marcar un giro hacia una acción humanitaria más sostenible, con financiamiento diversificado, mayor localización de recursos y decisiones compartidas con las comunidades.
Debe ser, también, un año en el que los Estados asuman que invertir en la niñez no es una concesión, sino una obligación legal, ética y social. Garantizar educación, salud, protección y participación infantil no puede seguir siendo una promesa sujeta a coyunturas económicas o políticas.
El 2025 dejó claro que la niñez no es el problema, sino el espejo más nítido de nuestras decisiones como sociedad. Mientras niñas, niños y adolescentes siguen resistiendo, aprendiendo y soñando incluso en los contextos más adversos, el mundo adulto sigue debatiendo si puede o no responder a la altura.
En 2026 no se trata de nuevas promesas, sino de decisiones concretas: proteger presupuestos, priorizar derechos, escuchar de verdad y actuar con coherencia. Este debe ser el año en que pasemos del diagnóstico a la acción, del discurso al compromiso real. Porque si la niñez ya está haciendo su parte, resistiendo y alzando la voz, el mundo adulto no tiene derecho a seguir fallando.
* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es una organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.

Lo que 2025 hizo a la niñez, 2026 tiene que repararlo

Conducir en la Ciudad de México es una experiencia cotidiana atravesada por tensiones: tráfico, tiempos ajustados y presión por llegar convierten el automóvil en un espacio donde afloran emociones rara vez vistas en otros ámbitos. No se trata de una anomalía urbana, sino de un desafío cívico.
La cultura vial no fracasa por desconocimiento de las reglas. Semáforos, límites de velocidad y señales son parte del aprendizaje básico de cualquier conductor. El problema está en la forma como esas normas se relativizan en la práctica diaria. Al tomar el volante, el otro suele dejar de ser visto como persona y pasa a ser percibido como obstáculo.
Esa pérdida de empatía explica por qué conductas como el insulto, el cerrón o la imprudencia se han vuelto habituales, aun cuando sus consecuencias son previsibles.
Los datos ayudan a dimensionar el fenómeno sin exagerarlo. Registros del C5 de la Ciudad de México indican que cada día, en promedio, se atienden 234 reportes por choques sin lesionados. Son incidentes menores, pero frecuentes, que reflejan una normalización del riesgo en la vida urbana y una relación instrumental con la vía pública.
Casos como el de Roberto Hernández, un motociclista de 52 años arrastrado durante varios kilómetros por una automovilista que no se detuvo, muestran hasta dónde puede escalar esa lógica cuando se rompen los mínimos de responsabilidad. No se trata de hechos aislados, sino de síntomas de una cultura vial que requiere revisión y corrección.
Hablar de civilidad al volante implica asumir la seguridad vial como responsabilidad compartida entre conductores, peatones y ciclistas. Respetar señales, límites de velocidad y las indicaciones de la autoridad constituye la base del orden urbano. Conducir con atención, anticipar movimientos y evitar distracciones son prácticas preventivas que reducen conflictos y riesgos.
Ceder el paso, mantener la calma y evitar la confrontación no son gestos extraordinarios, sino decisiones que hacen posible la convivencia. Sin ese componente, cualquier política pública pierde efectividad.
Desde el gobierno capitalino se han reforzado programas como Conduce Sin Alcohol, así como iniciativas de regulación y prevención de riesgos en el transporte. Estas medidas son relevantes, pero su impacto depende en buena medida de la conducta cotidiana de quienes usan la calle.
En caso de un atropellamiento o un incidente grave, detenerse y llamar al 9-1-1 es una acción legal y cívica. Permanecer, solicitar auxilio y denunciar, incluso de forma anónima al 089, define el estándar mínimo de responsabilidad pública.
La calle es un espacio compartido que revela la calidad de nuestra convivencia.
* Salvador Guerrero Chiprés (<a href="https://twitter.com/guerrerochipres" target="_blank" rel="noopener">@guerrerochipres</a>) es coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (<a href="https://x.com/C5_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@C5_CDMX</a>).

Cultura cívica al volante

Este 6 de enero no solo conmemoramos; miramos hacia 2031, cuando el Día de la Enfermera y del Enfermero cumpla 100 años. Llegar a ese centenario debería implicar algo más que celebración: llegar con una decisión clara sobre el lugar que ocupa la enfermería en el futuro de la atención en salud.
El reto es ambicioso y, al mismo tiempo, realista: reconocer a la enfermería como una de las inversiones más estratégicas para que los sistemas de salud sean sostenibles, resolutivos y profundamente humanos. Esta apuesta no compite con otros componentes del sistema; los complementa. En un contexto de presión financiera, envejecimiento poblacional y aumento de enfermedades crónicas, fortalecer a la enfermería es una forma concreta de proteger lo esencial: la continuidad y la oportunidad en la atención.
<h3>La salud se construye entre consultas</h3>
El desafío actual de los sistemas de salud ya no es solo de volumen, sino de continuidad. El crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles exige que la atención no se fragmente entre consultas. Requiere seguimiento cercano, educación terapéutica, ajustes oportunos del plan de atención y detección temprana de complicaciones.
Ese trabajo ocurre, muchas veces, en una franja silenciosa: cuando la persona vive su tratamiento, decide si cambia o no hábitos, identifica —o no— señales de alarma y logra —o no— llegar a tiempo. Ahí es donde la enfermería sostiene el hilo de la atención, como puente entre la indicación clínica y la vida cotidiana; como presencia cercana que orienta, acompaña y genera confianza.
Las médicas y los médicos son indispensables para el diagnóstico y las decisiones clínicas complejas. Pero la continuidad que previene descompensaciones y hospitalizaciones evitables se construye con equipos capaces de acompañar a las personas entre consultas y entre niveles de atención. En ese acompañamiento, la enfermería suele llevar la batuta del seguimiento, el monitoreo y la coordinación de la red de servicios.
Además, esa continuidad puede potenciarse con tecnología. El uso del expediente clínico electrónico, la teleorientación, los recordatorios y el monitoreo remoto permiten identificar riesgos de manera temprana y ajustar el plan antes de que el problema se convierta en una urgencia. La enfermería está en una posición privilegiada para operar estas herramientas con sentido clínico y humano.
<h3>La ecuación de personal se traduce en resultados</h3>
La evidencia internacional es consistente. El informe <a href="https://www.icn.ch/sites/default/files/2025-05/SOWN%202025.pdf" target="_blank" rel="noopener">State of the World’s Nursing 2025</a> de la Organización Mundial de la Salud subraya que invertir en educación, empleo, liderazgo y práctica profesional de enfermería es clave para fortalecer los sistemas de salud y avanzar hacia la cobertura universal. También confirma algo fundamental: una dotación adecuada de enfermería se asocia con mejores resultados en salud.
Esa ventaja depende de una ecuación completa. En México, la <a href="https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/nurses_00c2bcb9.html" target="_blank" rel="noopener">OCDE</a> estima alrededor de 3.0 personas enfermeras por cada mil habitantes y 2.7 médicos y médicas por cada mil, lo que equivale a poco más de una enfermera por cada médico. En los países de la OCDE, el promedio es cercano a 2.5 enfermeras por médico.
Esta brecha se traduce en tiempos limitados para el seguimiento, mayores dificultades en la vigilancia clínica y retos en la coordinación durante las transiciones entre urgencias, hospitalización y atención ambulatoria.
<h3>Alta carga de enfermedad, margen de mejora</h3>
El desafío comienza también en la formación. La <a href="https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239/7a7afb35-en.pdf" target="_blank" rel="noopener">OCDE</a> ubica a México entre los países con menor producción de egresadas y egresados de enfermería: en 2021, menos de 2 por cada 10 mil personas. Esta cifra cobra relevancia en un país con una elevada carga de enfermedades crónicas que requieren atención continua, no solo consultas aisladas.
De acuerdo con la ENSANUT 2022, el <a href="https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2022/doctos/analiticos/22-Hipertension.arterial-ENSANUT2022-14779-72515-3-10-20230619.pdf" target="_blank" rel="noopener">47.8 %</a>  de la población adulta presenta presión arterial elevada y <a href="https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2022/doctos/analiticos/21-Diabetes-ENSANUT2022-14832-72458-2-10-20230619.pdf" target="_blank" rel="noopener">18.3 %</a> vive con diabetes, incluida la no diagnosticada. A esto se suma una alta prevalencia de obesidad, que incrementa el riesgo cardiometabólico. Cuando la atención se interrumpe, el daño se acumula y se refleja en los desenlaces más graves: según el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/edr/EDR2024-def_RR.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a> (2024), las enfermedades del corazón siguen siendo la primera causa de muerte en México.
El punto es claro: cuando la atención llega tarde o se fragmenta, las personas pagan el costo primero. Por eso, fortalecer a quienes sostienen la continuidad todos los días —con conocimiento, presencia y trato humano— es una decisión sanitaria estratégica.
<h3>Del reconocimiento a la decisión</h3>
El 6 de enero puede ser algo más que una fecha conmemorativa. Puede convertirse en un recordatorio público de una decisión alcanzable para la seguridad social en salud: poner a la enfermería en el centro del modelo de continuidad mediante tres acciones concretas. Roles clínicos definidos de seguimiento, especialmente en enfermedades crónicas y transiciones hospitalarias; trayectorias claras de desarrollo profesional, con liderazgo clínico y reconocimiento ligado a resultados en salud, y herramientas para la continuidad, como protocolos, educación terapéutica, monitoreo y coordinación apoyados en soluciones digitales.
Estas decisiones honran el trabajo cotidiano de la enfermería y, al mismo tiempo, hacen que el sistema funcione mejor. Si vamos a llegar al centenario, que sea con un sistema que cuide de verdad. La decisión empieza hoy. Y se llama enfermería.
* Abel Eduardo Zavala es investigador especialista en seguridad social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

La enfermería como columna vertebral de la atención en salud

América Latina atraviesa uno de los escenarios de mayor incertidumbre de las últimas décadas. La captura de Nicolás Maduro es el síntoma más visible de la crisis del multilateralismo y del derecho internacional como límites al uso de la fuerza.
La incursión de Estados Unidos no es el centro del problema, lo que está en juego no es un conjunto de reglas violentadas, sino la promesa que durante décadas permitió a los Estados operar dentro de un sistema mínimamente previsible. Después de la Segunda Guerra Mundial habíamos reemplazado un sistema basado en la guerra y el realismo por uno sostenido en la cooperación y el respeto al derecho internacional, o eso prometía.
Con la creación de la ONU, la protección de los Estados no descansaba en la buena voluntad de las potencias, sino en una arquitectura normativa —­­imperfecta, pero funcional — que, la mayoría de las veces, impedía la apropiación de territorios por conveniencia estratégica. Pero si una potencia viola abiertamente las normas y el sistema no responde, el mensaje es claro: las reglas dejaron de ser el límite y, frente a ello, América Latina queda expuesta.
Venezuela evidenció con crudeza una región vulnerable, fragmentada, sin cohesión política y con escasa capacidad institucional para responder de manera colectiva ante amenazas a su soberanía y su seguridad. La afirmación —sin reparos — de que Washington “administrará” el país hasta una eventual transición, abrió una puerta peligrosa, no por la acción, sino por la forma.
Presentada como una medida urgente para la seguridad hemisférica —un lenguaje cada vez menos orientado a persuadir y más a justificar—, una potencia actuó unilateralmente, violando el derecho internacional, sin autorización multilateral y, lo más grave, sin enfrentar consecuencias. A partir de ese momento, el uso de la fuerza deja de ser excepción regulada y se normaliza como instrumento político legítimo.
Las reacciones confirman el diagnóstico. La ONU respondió con advertencias jurídicas y llamados a la contención, incapaz de frenar la acción ni de imponer sanciones. La OEA optó por comunicados cautelosos, reflejo de su dependencia estructural y del temor a una fractura interna. La CELAC exhibió su imposibilidad de consensos en un escenario de polarización extrema. En suma, la crisis multilateral no es moral, sino estructural.
¿Qué hace que esto sea distinto al Plan Cóndor o la Doctrina Monroe aplicada en el contexto de la Guerra Fría? Que a pesar de percibir el desgaste del multilateralismo, se creía que la norma limitaría el accionar de cualquier potencia y que en pleno siglo XXI era impensada una violación fragante del derecho internacional, al menos en América Latina, sin consecuencias.
Los cálculos fueron erróneos y con ese panorama se reconfigura la relación con América Latina bajo una lógica de seguridad ampliada. La región pasó de un conjunto de Estados soberanos a una zona estratégica que debe ser “ordenada” frente a amenazas externas, incluso si eso implica incidir en elecciones.
La transición energética convirtió a la región en un territorio clave para el futuro global. Litio, cobre, tierras raras, agua, biodiversidad y rutas logísticas son activos estratégicos para EUA y su prioridad es evitar que China o Rusia consoliden un acceso privilegiado a ellos. El petróleo venezolano es el inicio, pero la señal es clara: los países con recursos críticos o posiciones geoestratégicas quedan bajo escrutinio permanente.
En este marco, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado opera como un recurso discursivo funcional para habilitar la acción. Acción a la que anteceden amenazas concretas. Ya lo ha dicho Trump: tras Venezuela siguen México y Colombia, que enfrentan acusaciones sobre narcotráfico y migración masiva. Dos países “incómodos” al estar dirigidos por gobiernos no alineados.
¿Y los demás? Ciertos gobiernos de la región —particularmente los cercanos a Trump como Argentina, Ecuador, El Salvador, etc. — asumen esto como protección, pero no es garantía. En contextos de competencia estratégica entre potencias, el interés nacional estará por encima, independientemente del grado de afinidad política. Recordemos que el litio chileno, el canal de Panamá, las Malvinas y las Galápagos son recursos y territorios de alto valor.
En conclusión, el problema de fondo no es la acción de una potencia contra un país soberano, sino la consolidación de una dinámica en la que la competencia por recursos estratégicos, la rivalidad geopolítica global y el debilitamiento del multilateralismo convergen sobre América Latina, securitizándola. Venezuela solo es el primer precedente visible de este proceso.
Lo grave es que sin multilateralismo efectivo y sin coordinación política, cada Estado queda expuesto a negociar desde la vulnerabilidad. De mantenerse estas condiciones, América Latina dejará de ser un actor con capacidad de agencia y pasará a configurarse como un espacio estratégico administrado desde fuera.
* Natally Soria es directora asociada del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tec de Monterrey (<a href="https://x.com/CSocialesTec" target="_blank" rel="noopener">@CSocialesTec</a>).

América Latina queda expuesta ante el colapso del multilateralismo

El arranque del 2026 ha sorprendido al mundo. La captura de Nicolás Maduro, después de una estratégica operación militar estadounidense que apenas tomó unas cuantas horas, es clara evidencia que la política de poder sigue siendo la guía que orienta las relaciones internacionales en asuntos clave.
Algunas voces condenan esta acción argumentando que viola los principios de solución pacífica y el de la proscripción al uso o amenaza de la fuerza, y consistentemente se señala la violación del artículo dos de la Carta de Naciones Unidas y demandan el irrestricto respeto al derecho internacional. Sin embargo, estas nociones sólo son el reflejo de una visión basada en el deber ser de las relaciones internacionales, en la que prevalece un espíritu institucionalista y normativo. Es claro que, en muchos conflictos mundiales, estas premisas han sido ignoradas, tal es el caso de Palestina, Yemen, Ucrania, por sólo referir algunos.
Las acciones llevadas a cabo por el recién renombrado Departamento de Guerra de la administración de Donald Trump, conocida como “Operación Resolución Absoluta”, nos recuerda esa frase atribuida a Madeleine Albright en la década de los 90, cuando afirmaba que Estados Unidos actuaría multilateralmente siempre que fuese posible o unilateralmente cuando fuese necesario.
Es evidente que la administración Trump tiene un proyecto definido de su misión en el mundo, particularmente en el hemisferio occidental, en el que el continente americano destaca por su importancia geoestratégica. La nueva doctrina Monroe con el corolario Trump ha quedado claramente evidenciada y se alinea a la recientemente publicada Nueva Estrategia de Seguridad Nacional, del pasado 4 de diciembre, la cual guía la política exterior, la defensa y seguridad interna, reorientando su enfoque de lo que por décadas fue la “competencia entre grandes potencias” hacia amenazas percibidas en el hemisferio occidental, entre las que destacan migración, crimen organizado y drogas.
Uno de sus ejes sustantivos es migración y frontera al elevar la migración, incluida parte de la legal, como principal reto de seguridad, por lo que busca el control total de fronteras y de redes de transporte, al tiempo que plantea el posible uso de fuerza militar contra cárteles en la región. En este sentido México es punto focal en esta nueva estrategia.
Hoy Trump está más preocupado por la defensa de la seguridad nacional y la promoción de los intereses nacionales norteamericanos para “hacer América grande nuevamente (MAGA)”, por encima de contar con legitimidad internacional o por su rol en organismos internacionales, ya que estos son aspectos marginales para Washington.
La crisis venezolana reconfigura el tablero geopolítico y económico de América del Norte al tensionar simultáneamente las agendas de migración, seguridad, energía y combate al crimen organizado y bandas delincuenciales que han sido definidas como terroristas. Sin duda la captura de Nicolás Maduro y toda la narrativa de combate al narcoterrorismo conlleva efectos sistémicos en la región, ya que justifica la ampliación de competencias de seguridad extraterritorial, lo que inevitablemente vulnera la tradicional soberanía de México y Canadá.
La crisis de Venezuela debe de ser un llamado urgente para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que las implicaciones pueden ser sumamente costosas para el país en un año en el que se redefinirán los términos del T-MEC. En un escenario en el que se proyecta un nuevo ciclo de hegemonía norteamericana particularmente en el continente, son claras las asimetrías estructurales entre la gran potencia mundial y sus vecinos, especialmente al sur de su frontera. México no la tiene fácil.
El gobierno canadiense ha sido sumamente cauteloso en sus declaraciones respecto a la crisis venezolana y ha refrendado su posición de no reconocer el gobierno de Maduro, tal y como lo hizo desde el 2019 que llevó al retiro de su embajada en Caracas. Por su parte, el gobierno de la autodenominada 4T se ha pronunciado con una lógica juridicista y normativa; sin embargo, las afinidades ideológicas, los posicionamientos y acciones claramente a favor de los gobiernos de izquierda como el de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Colombia pueden tener altos costos para México con su principal socio comercial.  Las declaraciones del recién reaparecido Andrés Manuel López Obrador no hacen sino enturbiar aún más el ambiente político.
Para México y Canadá el manejo de esta crisis es una clara prueba de lealtad y al mismo tiempo de autonomía, pues deberán equilibrar la defensa del derecho internacional y la labor de la ONU, al tiempo que deben proteger su posición de acceso privilegiado al mercado estadounidense.
* Luz Araceli González Uresti (<a href="https://x.com/laguresti" target="_blank" rel="noopener">@laguresti</a>) es profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey (<a href="https://x.com/CSocialesTec" target="_blank" rel="noopener">@CSocialesTec</a>).

La crisis venezolana: implicaciones para América del Norte

El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sido un terremoto político a nivel de América Latina, el cual tendrá importantes implicaciones en Venezuela y en el resto del continente. Por ende, se ha publicado una importante cantidad de análisis de las consecuencias que tendrá en los planos político, social y económico. Pero también se traducirá en cambios en las dinámicas criminales de la región.
Por ello, en este texto presento cinco transformaciones que este secuestro propiciará en el corto plazo en los patrones de tráfico de drogas y de organización criminal en América Latina:
<h3>1. Disminución del tráfico marítimo de drogas a través de Venezuela</h3>
Sudamérica es la zona de producción de casi la totalidad de la cocaína que se consume en el mundo, y si bien Venezuela no se encuentra entre los tres mayores productores -Colombia, Perú y Bolivia-, su cercanía con Colombia y el hecho de que se conformó una red de funcionarios y militares corruptos <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/c8e5ke1nxyjo" target="_blank" rel="noopener">permitió la creación de una serie de rutas marítimas que partían de los puertos venezolanos</a> como la Guaira, Maracaibo y Puerto Cabello, para enviar droga a los Estados Unidos y Europa a través del Caribe.
De hecho, estas rutas se habían tornado ya complicadas de unos meses para acá, <a href="https://cnnespanol.cnn.com/2025/12/29/latinoamerica/cronologia-ataques-eeuu-caribe-pacifico-venezuela-orix" target="_blank" rel="noopener">cuando los Estados Unidos desplegaron embarcaciones de guerra</a> en distintos puntos del Caribe para interceptar barcos sospechosos de transportar droga, por lo que, al cerrarse las mismas, las organizaciones criminales tendrán que mover lo que viajaba por ahí a través de otras rutas.
Lo anterior generará un mayor tráfico mediante los puertos de Ecuador, Perú y Colombia, pero también la movilización por rutas terrestres a través de Centroamérica, lo cual fortalecerá a las organizaciones criminales de estos países.
<h3>2. Debilitamiento de las organizaciones criminales de origen venezolano</h3>
En los últimos años se dio <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1900-65862024000200457" target="_blank" rel="noopener">un fortalecimiento de algunas organizaciones criminales venezolanas</a>, como el Sindicato de las Claritas, la Organización R, el Tren del Llano, el Tren de Guayana y en especial el Tren de Aragua, el cual tiene presencia en <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/tren-aragua-expansion-mexico" target="_blank" rel="noopener">12 países de dos continentes</a>. Uno de los factores que propició este crecimiento fue la protección de funcionarios corruptos en distintos niveles.
En un escenario en donde el Gobierno de los Estados Unidos va a tener injerencia en la vida pública de Venezuela, habrá mayor vigilancia de las actividades de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los funcionarios, por ende, el espacio para que elementos corruptos ayuden a las organizaciones criminales se va a reducir, lo cual impactará negativamente en las finanzas de dichas bandas.
Es decir, dado que uno de los factores que potenciaba su crecimiento ha cambiado, se puede esperar que la expansión se ralentice e incluso comience un retroceso en la influencia de estas organizaciones al interior de Venezuela y, en el caso de Tren de Aragua, en otros países de la región.
<h3>3. Revelaciones en el juicio de Maduro sobre actores políticos de Venezuela y otros países</h3>
Aún cuando Nicolás Maduro afirme su inocencia durante todo el juicio, como lo hizo en la primera audiencia, lo cierto es que la Fiscalía de Nueva York está obligada a presentar evidencia y testigos para vincular a Maduro con el tráfico de drogas y con las organizaciones criminales, entre ellas varias mexicanas, de forma que no se puede descartar que en las intervenciones de los testigos sean mencionados políticos de Venezuela y de otros países de la región.
Para que se pueda probar que existe una trama criminal, que incluye a una extensa red de actores dirigidos por Nicolás Maduro o que al menos él mismo tenía conocimiento de la misma y no llevó a cabo acciones para combatirla, se debe hacer mención de las personas involucradas, porque de lo contrario no se podrá probar la acusación.
Esto quiere decir que nombres de políticos, funcionarios, militares y jefes policiales, en principio de Venezuela, tendrían que ser revelados en el juicio contra Nicolás Maduro y quizá también se incluyan los nombres de actores de otros países.
<h3>4. Escarmiento a los políticos coludidos con el tráfico de drogas</h3>
El arresto extraterritorial de Nicolás Maduro envía una señal de que Estados Unidos buscará llevar a la justicia a personajes políticos acusados de estar coludidos con el crimen organizado, por lo que es previsible que en el futuro ejerzan presión para que se investigue a políticos por sus probables relaciones criminales e incluso soliciten su extradición.
Lo anterior eleva el riesgo de castigo, que históricamente ha sido bajo, debido al alto grado de impunidad de la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, lo sucedido a Maduro demuestra que ningún político ni siquiera un presidente está a salvo, lo cual podría desincentivar la participación de algunos actores en estas redes de corrupción.
Esto no quiere decir que ya no habrá políticos que ayuden a las organizaciones criminales, pero sí elevará el riesgo, lo cual puede disuadir a un pequeño porcentaje y propiciar que otro mayor sea más cuidadoso en su participación en actividades ilícitas.
<h3>5. Mayor intervención de los Estados Unidos en la política antidrogas de los países de la región</h3>
La administración de Trump ha sido más proactiva en presionar a los países latinoamericanos, en especial a México, en sus acciones para combatir el tráfico ilegal de drogas. Y si bien nuestro país ha logrado establecer ciertos límites, no podemos descartar que Estados Unidos utilice el efecto psicológico del arresto extraterritorial de Maduro para sacar ventaja en negociaciones futuras.
Por ejemplo, aún y cuando no se dé una intervención armada de los Estados Unidos en México y no existan condiciones para ello, lo acontecido en Venezuela hace que la amenaza se vuelva latente y creíble en la mesa de negociaciones entre las autoridades de Estados Unidos y México, donde los norteamericanos ya contaban con una ventaja. Ahora la disparidad será más marcada y podrán imponer con mayor fuerza su agenda.
Esto se puede traducir en una mayor presión en la extradición de narcotraficantes, en que se actúe en contra de determinados actores políticos que sean sospechosos de proteger a las organizaciones criminales, en mayor despliegue de agentes en las fronteras y en más controles a diversas actividades, entre otras cosas.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Cinco posibles efectos del secuestro de Maduro en el mapa del narco en América Latina

Lo ocurrido en Venezuela en estos primeros días de enero no es una anomalía: es un cambio de fase en la guerra del capitalismo contra la vida. El secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abrió una grieta que atraviesa a toda la región. No sólo por el golpe directo a la ya <a href="https://armando.info/china-el-socio-feroz/" target="_blank" rel="noopener">vulnerada soberanía venezolana</a>, sino porque revela con crudeza un reordenamiento geopolítico que se organiza, cada vez más, en torno a esferas de influencia. El lenguaje que ha venido disfrazando estas intenciones desde hace algunos años (como nearshoring) se convierte en una realidad imperial que busca garantizar acceso a cadenas de valor, corredores logísticos, territorios y recursos para asegurar el flujo del capital, normalizando la guerra como la principal forma de gobierno del capitalismo.
La <a href="https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf" target="_blank" rel="noopener">Estrategia de Seguridad Nacional</a> publicada por la Casa Blanca en noviembre  de 2025 empuja esa orientación. Introduce un “corolario Trump” a la Doctrina Monroe y declara un giro de prioridades hacia el hemisferio occidental. En continuidad con lo que el <a href="https://www.southcom.mil/Media/Special-Coverage/SOUTHCOMs-2022-Posture-Statement-to-Congress/" target="_blank" rel="noopener">US Southern Command</a> venía anunciando —la necesidad de asegurar recursos y control regional para intereses militares, económicos y de “subsistencia” de Estados Unidos—, el documento resume sus objetivos en una fórmula operativa: “enlistar” aliados para controlar migración, frenar flujos de drogas, asegurar “estabilidad” y fortalecer control en tierra y mar, y “expandir” cooperación económica y de seguridad. Leído sin eufemismos, esto actualiza el viejo lenguaje de la esfera de influencia con la gramática contemporánea de cadenas de suministro y control territorial.
Lo ocurrido en Venezuela confirma la destrucción absoluta del derecho internacional que ya había ignorado las denuncias de persecución interna de los venezolanos, un proceso que se profundizó con la invasión rusa a Ucrania en 2022 y se volvió abiertamente impune con el genocidio en Gaza y Palestina tras octubre de 2023. La paradoja es brutal: el orden jurídico internacional, diseñado para impedir que la fuerza sustituya al derecho, se ha convertido en un escenario donde el poder justifica sus intereses y deseos imperialistas. La arquitectura del mundo posterior a 1945 exhibe aquí su límite material e ideológico: lo que se asoma es el desgaste del liberalismo como máscara y el avance de un capitalismo cada vez más dispuesto a administrar muerte y colapso.
Trump no se limitó a justificar el operativo como parte de la “narcoguerra”. Declaró que Estados Unidos ahora “dirigirá” o “administrará” Venezuela, reiteró su interés en acceder a las reservas petroleras del país y amenazó con nuevos ataques si el aparato estatal venezolano no “coopera”. Esa explicitación vuelve innecesaria la especulación, cuando el objetivo se anuncia como “orden” y “estabilidad” y se acompaña de la promesa de reconfigurar una industria estratégica. En esto resuenan los discursos oficialistas que justificaron invasiones en Irak (armas de destrucción masiva) o Afganistán (terrorismo) (tan sólo los más recientes): un marco moral-mediático que prepara el terreno para que la fuerza parezca inevitable. La parte silenciosa, la que no se decía, ahora se anuncia en la rueda de prensa. Ya no se especula el interés por el petróleo y el control de los recursos, se presume. La narcoguerra reconfigura el problema de seguridad como un continuo que va del Caribe a la frontera con México, y facilita la traducción de soberanía y conflicto político en expediente penal y amenaza “regional”. Es decir, Venezuela es apenas el primer síntoma de este contexto en el hemisferio.
Ucrania y Taiwán, por su parte, confirman la misma mutación desde el horizonte de influencia ruso y chino —dos potencias que también habían jugado con el futuro de Venezuela y que ahora se establecen como puntos de presión y disputa— sugiriendo que el nuevo tablero se ordena por nodos estratégicos, flujos de capital, acceso a recursos y eliminación de todo excedente (humano y no humano). No hace falta leer esto como conspiración para verlo inquietante: basta reconocer que la política y el derecho internacional están desplazándose hacia una lógica donde los hechos consumados, la fuerza y la administración de zonas de sacrificio pesan más que cualquier orden liberal de “legalidad”  o “justicia”.
Gaza es el laboratorio global de impunidad y de administración de ruinas. Aun con un cese al fuego negociado en octubre de 2025, los ataques continuaron y la vida civil quedó atrapada entre el control territorial, la excepción permanente y la destrucción sistemática de infraestructura básica. Gaza muestra, de forma concentrada, una racionalidad que se expande: la guerra como tecnología, como infraestructura y como sistema de gobierno. No sólo se ocupa territorio; se clasifica a la población entre quienes pueden ser asimilados al orden (todavía explotables) y quienes son declarados prescindibles o exterminables: poblaciones convertidas en <a href="https://bajotierraediciones.com/el-mundo-interior-de-la-crueldad/" target="_blank" rel="noopener">estorbo para la acumulación</a>. En ese marco, cualquier pretensión de universalismo jurídico se vuelve borrosa cuando no funciona al nuevo orden, un orden donde la guerra se convierte en el método mismo de construcción geopolítica.
En este contexto, Venezuela se entiende como un nodo energético en un momento de reordenamiento industrial y militar. El mensaje es claro: el control de los recursos —y de las rutas que los movilizan— vuelve a operar como instrumento de gobierno hemisférico. Y cuando ese control se enuncia como “administración” posterior a un operativo militar, se revela el corazón del proyecto: intereses imperiales y una dosificación de la guerra como horizonte plausible del capitalismo en crisis.
Venezuela, Gaza y Ucrania exponen así una misma tendencia: conforme el capitalismo agota fronteras extractivas y enfrenta una convergencia de crisis, va abandonando sus máscaras de democracia, desarrollo y derechos humanos para apoyarse cada vez más en la excepción, la crueldad y la administración tecnificada de poblaciones. La inteligencia artificial, la vigilancia y la propaganda no son accesorios: aceleran la disolución de la distinción entre realidad y ficción que <a href="https://cheirif.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/hannah-arendt-the-origins-of-totalitarianism-meridian-1962.pdf" target="_blank" rel="noopener">Hannah Arendt</a> identificó como una condición para el surgimiento del totalitarismo, y convierten la obediencia y el “sentido común” securitario en hábito social y un sentido común. En esa deriva, lo que está en disputa no es sólo el control de territorios o recursos, sino la posibilidad misma de sostener —contra el miedo y la normalización de la violencia— un horizonte de vida común.
En América Latina, esta coyuntura cae sobre un terreno ya debilitado. En Venezuela la dinámica de intervención se ha tejido durante años en la relación del régimen con la renta petrolera y con potencias externas. Antes de esta operación estadounidense, el país ya estaba marcado por la deriva autoritaria del chavismo, por un aparato estatal atravesado por violencia, control y opacidad, y por una economía extractiva que convirtió la soberanía en moneda de cambio, todo esto mientras el tejido comunitario fue debilitado, la disidencia perseguida y los mecanismos de participación ciudadana anulados. Ese trasfondo se inserta en una región donde el horizonte del Estado-nación o plurinacional están agotados: no sólo por su incapacidad para contener la violencia estructural, sino porque su promesa de integración se sostiene sobre la misma matriz extractiva que reproduce dependencia.
Por eso, esto no se resuelve con el péndulo de la democracia representativa ni con la alternancia entre “izquierdas” y “derechas”. En Venezuela, el chavismo derivó en autoritarismo y en una dictadura. Los progresismos latinoamericanos —con matices relevantes, pero con una tendencia estructural compartida— no desmantelaron la arquitectura de la extracción ni la subordinación externa, sino que administraron el capitalismo con nuevos pactos de élite y nuevas retóricas. Ese vacío alimenta el giro punitivo, el culto al orden y la figura del “hombre fuerte” como respuesta, y es también lo que permite que el imperialismo se presente hoy como “corrección” de un fracaso regional, desplazando responsabilidades internas y reduciendo a la población a un problema de seguridad o de administración.
Incluso gobiernos como el de Sheinbaum o el de Lula, que en el plano discursivo rechazan la intervención en Venezuela, han sido ampliamente complacientes con las exigencias económicas del capital y con su necesidad de circulación. En el caso de México, la reorganización productiva y la <a href="https://geocomunes.org/Analisis_PDF/GC_2024_Reestructuracion_Energetica_Mexico.pdf" target="_blank" rel="noopener">subordinación energética</a> e industrial a los intereses de Estados Unidos evidencian esta tendencia: el país se reordena como corredor logístico, plataforma manufacturera y perímetro de seguridad. En ese marco, la militarización social no puede leerse como simple “retorno de los militares”. Es un proceso regional que se vuelve una forma de gobierno del presente <a href="https://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2021-10/Tesis%20sobre%20la%20militarizaci%C3%B3n%20social%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe_David%20Barrios_Rodr%C3%ADguez%20%281%29.pdf" target="_blank" rel="noopener">en contextos de convergencia catastrófica</a>: superposición de crisis económicas, políticas, ecológicas y de seguridad que intensifica la conflictividad. La militarización desborda lo estrictamente institucional, opera como securitización que redefine “amenazas” —protesta, migración, disidencia—, reconfigura la guerra y se incrusta en la vida cotidiana mediante control territorial, disciplinamiento y normalización de la excepción. Leído desde hoy, este enfoque permite situar Venezuela y Gaza como escenarios distintos de una misma racionalidad: la administración violenta de crisis acumuladas, donde la guerra se convierte en infraestructura para contener el malestar social, gestionar poblaciones y clausurar —por vías cada vez más tecnificadas— la posibilidad de formas de vida autónomas.
El arco de amenaza, además, no se restringe al sur. La insistencia de Trump en “adquirir” Groenlandia, sus agresiones y presiones hacia Cuba, Colombia y México; la presión de Xi sobre Taiwán; la guerra de Putin en Ucrania, y el genocidio en Gaza revelan que las intensiones son más amplias y más coherentes de lo que se admite: garantizar acceso a recursos estratégicos, securitizar cadenas de valor, asegurar corredores de circulación del capital y reorganizar la vida mediante una división cada vez más explícita entre poblaciones “asimilables” y “eliminables”. En otras palabras: una política que desnuda el esqueleto imperial, extractivo y colonial, cada vez más dependiente de la muerte y la violencia conforme se agudiza la crisis del capitalismo.
La pregunta decisiva, entonces, no es cómo “volver” al mundo de la posguerra y al consenso internacional, sino cómo reconocer que ese liberalismo siempre llevó una dimensión autoritaria en su interior. <a href="https://monoskop.org/images/2/27/Horkheimer_Max_Adorno_Theodor_W_Dialectic_of_Enlightenment_Philosophical_Fragments.pdf" target="_blank" rel="noopener">Adorno y Horkheimer</a> lo plantearon con claridad al advertir el fascismo latente en el ADN del liberalismo. <a href="https://files.libcom.org/files/zz_aime_cesaire_robin_d.g._kelley_discourse_on_colbook4me.org_.pdf" target="_blank" rel="noopener">Aimé Césaire</a> lo dijo de forma aún más incómoda: el escándalo del Holocausto, para Occidente, no fue el genocidio en sí, sino que la violencia colonial aplicada durante siglos en el mundo retornara al centro europeo y afectara a poblaciones blancas. Ese es el espejo que hoy se vuelve imposible de esquivar.
La reciente ola de derechas que ocupa cargos —de El Salvador a Argentina, pasando por diversos países de Centro y Sudamérica— no es sólo “reacción”; es también el síntoma de las fallas del progresismo y del vacío político que dejó. En muchos casos, la derecha convierte a los países en patio trasero de Estados Unidos sin necesidad de intervención directa: lo prueban los experimentos de Milei y Bukele, donde el alineamiento funciona como automatismo. Mientras tanto, Colombia, México y Cuba aparecen en el horizonte de nuevas presiones e incluso intervenciones, ahora formuladas en clave de seguridad, crimen organizado y “estabilización” regional.
Ante este panorama, quizá la única salida realista es construir infraestructura social de autonomía: comunes y autogobierno territorial, redes de cuidado y defensa de la vida, solidaridad transfronteriza entre pueblos, capacidad de respuesta colectiva ante las amenazas, y una política que no dependa de la promesa de salvación desde arriba. Como insiste <a href="https://www.edicionesera.com.mx/libro/historia-a-contrapelo-bolsillo_80062/" target="_blank" rel="noopener">Adolfo Gilly</a>, ninguna cantidad de bombas, drones o “misiones” puede fabricar desde afuera la democracia como idea abstracta: la democracia, cuando existe, es una práctica vivida, situada, construida en relación con el territorio, la historia y los vínculos comunitarios, la cual asoma en la organización autogestiva de los barrios en Venezuela y que se ha convertido en la respuesta ante el abandono de los servicios básicos. En el mundo que se abre, resistir no es sólo decir “no” al imperialismo; es afirmar —materialmente— que la vida, la vida común, no es negociable, y esto se extiende a la condena de los autoritarismos nacionales, a los horrores que regímenes como los de Maduro atentan contra su población con el objetivo de retener el poder a toda costa.
La lucha del capitalismo contra la vida es permanente y se intensifica. El horizonte no puede ser el simple restablecimiento de la normalidad liberal —democracia procedimental, derechos humanos como retórica, retorno a la lógica del Estado-nación (o plurinacional) como si bastara con corregir sus administradores—. Pensar una autonomía del día después implica, al mismo tiempo, rechazo y construcción: rechazo de la ofensiva imperial, colonial y extractivista —incluida su gestión “progresista”— y la construcción de capacidades desde abajo para sostener cuidados, subsistencia y decisión colectiva. La defensa de la vida no puede depender del Estado cuando el Estado está cada vez más integrado a la administración del colapso. Se construye en común, con la fuerza lenta y concreta de los pueblos.
Agradecemos la revisión y la contribución de Claudia Lizardo para la elaboración de este texto, aportando sus conocimientos y lecturas desde su resistencia a las muchas formas de violencia que han atravesado a su país durante muchos años.

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje