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De forma inesperada, el domingo alrededor de las 11 a.m. se filtró la noticia de que miembros del ejército mataron a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes alias “el Mencho”, durante un operativo que -ahora confirma el gobierno- tenía como objetivo su detención. Con esta acción, cae el líder del identificado como Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas del país, catalogada como organización terrorista por los Estados Unidos y uno de los principales generadores de violencia en México.
Parece que nos encontramos ante un nuevo escenario en la historia criminal de nuestro país, que es la ausencia de los grandes capos, al mismo tiempo que viene acompañado de caras ya conocidas, como es la estrategia de descabezamientos, por lo que considero pertinentes hacerme dos preguntas: ¿se acabaron los grandes capos? y ¿la estrategia de descabezamiento de cárteles es una estrategia propia de la guerra contra las drogas?
Respecto a la primera pregunta, con la muerte de “el Mencho” no solo cae el líder de Jalisco Nueva Generación, sino parece acabarse la época de los grandes capos en México. Con un “gran capo” me refiero a la cabeza más representativa de un grupo criminal, al individuo al que se le atribuye el principal liderazgo y toma de decisiones en una estructura (aunque no necesariamente sea así).
Llegar a ser reconocido como tal no es una labor menor: las estructuras de los cárteles no son completamente jerárquicas, sino que generalmente se tratan de redes desplegadas territorialmente que se articulan alrededor de un grupo central, con alto grado de independencia entre células, pero como eje del grupo central se encuentra la figura del liderazgo. El líder no solo coordina, en alguna medida, las operaciones delictivas; ordena el despliegue territorial y designa mandos medios, también ocupa una posición simbólica. Las células o franquicias de la organización, una vez desplegadas en el territorio, gravitan alrededor de su figura, le rinden pleitesía y refuerzan su marca criminal.
Un liderazgo como el de “el Mencho” o “el Chapo” toma años en forjarse: años de mucho trabajo y experiencia en distintos eslabones de la cadena productiva del tráfico de drogas y otros mercados criminales y, finalmente, de profesionalización en el ejercicio de la violencia.
No quiero decir que ya no existe la oportunidad de que eventualmente surjan otros perfiles que sustituyan los antiguos liderazgos ni que los que actualmente hay no serán peligrosos. Incluso la atomización generalmente son malas noticias para la incidencia delictiva, ya que, como muestra la experiencia mexicana, la atomización viene acompañada de disputas por el control de territorios, rutas y mercados criminales. Lo que hoy probablemente no hay es un perfil que tenga la fuerza operativa y simbólica para sustituir los espacios dejados por los grandes capos y que sean capaces de mantener la unión de las redes que componían la totalidad de la estructura criminal.
Lo que ahora queda claro es que cayó el último gran líder o el más representativo de una de las organizaciones criminales más grandes de nuestro país. Probablemente pasarán años antes de que surja un liderazgo criminal con el mismo alcance que los líderes de antaño, aunque lo deseable sería que ese espacio no volviera a ocuparse.
Por otra parte, resulta inevitable recordar todas las veces en que se ha ejecutado o detenido un gran líder de alguna organización criminal en las dos décadas que llevamos de guerra contra las drogas y el poco impacto que ha tenido en la disminución del ciclo de violencia del país.
Es difícil no pensar en todos los capos que han sido capturados o “abatidos” en estos 20 años de la fase más actual de la guerra contra las drogas: desde las muertes de Arturo Beltrán Leyva (Cártel de los Beltrán-Leyva) en 2009 y Heriberto Lazcano Lazcano (Los Zetas) en 2012, así como la captura de Servando Gómez “la Tuta” (La Familia Michoacana/Caballeros Templarios) en 2014, Joaquín Guzmán Loera “el Chapo” (Cártel de Sinaloa) en 2016 y la captura/extracción de Ismael Zambada García “el Mayo” (Cartel de Sinaloa). Todas las anteriores, durante el gobierno de Calderón.
Este recuento funciona para recordar que una de las partes más relevantes de la guerra contra las drogas ha sido el descabezamiento de organizaciones criminales. Lo traigo a cuenta porque ambos gobiernos de la autollamada cuarta transformación aseguran que la guerra contra las drogas se ha dejado atrás.
Es importante señalar que antes del gobierno de Calderón ya había tenido lugar la captura de líderes con la captura de Osiel Cárdenas Guillen (Cartel del Golfo) en 2003 o de Benjamín Arellano Félix (Cartel de Tijuana) en 2002. La captura de líderes es parte de la <a href="https://seguridad.nexos.com.mx/la-kingpin-strategy-que-es-y-como-llego-a-mexico/" target="_blank" rel="noopener">conocida Kingpin Strategy o Estrategia de Descabezamiento de Organizaciones Criminales, la cual es una estrategia impulsada por la DEA en Colombia y México</a>. La estrategia busca el debilitamiento de una organización a partir de la reducción de sus dirigencias. En México hemos visto efectos adversos, como es el aumento de la violencia derivada de la atomización de las agrupaciones y la lucha entre estas por el control de marcados criminales.
Como tal, puede sostenerse que se trata de una estrategia propia de la llamada “guerra contra las drogas”, en la medida en que ha sido un componente central del enfrentamiento frontal contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y, más aún, un mecanismo recurrente de intervención de los Estados Unidos en América Latina.
En ese sentido, la muerte de Nemesio Oseguera, “el Mencho”, se inscribe claramente en esta lógica. Como he sostenido en otros textos, la política de guerra contra las drogas no ha desaparecido; por el contrario, sigue presente y se manifiesta en al menos tres dimensiones: el rechazo a la legalización, el creciente punitivismo, y la centralidad de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. No sorprende, por tanto, la continuidad de la llamada kingpin strategy, especialmente si se consideran las presiones provenientes de <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/que-puede-hacer-mexico-para-evitar-intervencion-militar" target="_blank" rel="noopener">los Estados Unidos y la necesidad del gobierno mexicano de evitar escenarios de mayor tensión bilateral o incluso insinuaciones de intervención en territorio nacional</a>.
Viendo estos elementos en su conjunto, no es de extrañarse que durante los gobiernos de la autodenominada 4T es que finalmente se hayan acabado los grandes liderazgos de la delincuencia organizada.
* Gerardo López García (<a href="https://x.com/gera_emp" target="_blank" rel="noopener">@gera_emp</a>) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).

El fin de los grandes capos y la Kingpin Strategy

El teléfono empezó a brincar como a las 9:30 de la mañana, con la pereza de un domingo que apenas asoma. No era el timbre insistente de una llamada, sino esa vibración breve, intermitente, que anuncia que algo se está moviendo en otra parte. Cinco chats de WhatsApp —familia, colegas, amistades cercanas— prefiguraban una jornada complicada.
“¿Es cierto?”.
“Dicen que lo agarraron…”.
“Bloqueos en la carretera”.
“Guadalajara está raro, ¿Cómo está Chapala?&#8221;.
El nombre circulaba sin necesidad de escribirse completo. Bastaba el apodo.
La supuesta neutralización del líder no llegó como noticia confirmada, sino como oleada. Primero el rumor, luego los videos y fotos del incendios en avenidas conocidas, en las entradas a la ciudad. Carros quemados, los Oxxos que son parte sustantiva de nuestra economía. El domingo ya se había desacomodado.
A la hora en que esto escribo —el día después, como lo bautizó Sal Camarena— no existe aún un informe pericial oficial que confirme, con dictamen forense público y cerrado, la muerte del líder. Tampoco sabemos con certeza qué ocurrió con su equipo táctico de confianza. No hay imágenes difundidas por las fuerzas de seguridad que documenten el cerco final ni registros visuales que identifiquen de manera inequívoca a los abatidos. Lo que hemos visto son helicópteros sobrevolando la zona, columnas de humo en carreteras conocidas, bloqueos simultáneos en distintos puntos del estado y a un general secretario al borde de las lágrimas.
Tapalpa: un pueblo mágico en las montañas de Jalisco convertido, de pronto, en epicentro de una operación militar de alto impacto.
Y es que así suelen suceder los grandes operativos. La información se dosifica. El relato precede al peritaje. La versión circula antes que la prueba.
La ausencia de confirmación plena no es un detalle técnico; es una variable política y estratégica. Porque mientras el Estado afirma, las estructuras criminales evalúan. Y en ese margen —entre el anuncio y la certeza— se juegan las primeras reconfiguraciones.
Si el liderazgo realmente ha sido neutralizado, el riesgo inmediato no es el vacío absoluto, sino la disputa por llenarlo.
Primero: la fragmentación. Cuando una organización de esta magnitud pierde a su figura central, las lealtades internas se tensionan. Las células regionales prueban su autonomía. Los mandos intermedios miden fuerzas. La violencia puede volverse hacia dentro antes de proyectarse hacia fuera.
Segundo: la presión de grupos rivales. En el mundo criminal no existen territorios en pausa. Si hay percepción de debilitamiento, otros actores intentarán avanzar sobre rutas, plazas y mercados. No necesitan confirmación forense; les basta la señal de vulnerabilidad.
Y tercero —quizá el más complejo—: la dificultad de estabilizar y consolidar un nuevo liderazgo en un contexto donde las organizaciones ya no funcionan como pirámides rígidas, sino como redes con autonomía táctica y economías propias. Consolidar mando implica disciplinar, redistribuir rentas, contener ambiciones y sostener una narrativa de autoridad. Eso no ocurre por decreto.
Por eso el teléfono vibraba desde temprano. No era solo la noticia. Era la intuición de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Pero la fractura no ocurre solo en la estructura criminal. Ocurre también en el imaginario.
El 29 de marzo de 2025, en el Auditorio Telmex de Zapopan, la agrupación Los Alegres del Barranco interpretó el corrido El del palenque. En las pantallas del escenario apareció la imagen del líder. Miles de personas grabaron con sus teléfonos. La escena no transcurría en un escondite ni en un territorio clandestino: era un recinto formal, un concierto, luces, sonido profesional, boletos vendidos con normalidad. No fue un rumor. Fue una proyección.
La polémica posterior fue inmediata: investigación por apología del delito, cancelación de visas, disculpas públicas. Pero lo verdaderamente relevante no es la sanción, sino lo que esa escena reveló.
La figura del jefe criminal no operaba únicamente en la sierra ni en los comunicados armados. Operaba también en el escenario, en la cultura popular, en la economía del espectáculo. Su imagen había cruzado del territorio del miedo al territorio del consumo simbólico. Ese cruce importa.
Porque cuando un nombre se canta, se proyecta y se corea, deja de ser únicamente un actor delictivo para convertirse en signo. En promesa torcida de movilidad, en metáfora de ascenso rápido, en encarnación de poder en un país donde la precariedad cierra rutas y la desigualdad define horizontes.
La supuesta muerte —o la noticia de esa muerte— no solo mueve estructuras armadas. Mueve relatos. Se fractura el mito de invulnerabilidad. Se tambalea la figura casi espectral que parecía omnipresente. Se abre una enorme fisura en la narrativa del poder absoluto.
Pero esa misma figura que en un concierto se proyecta con luces y sonido tiene otra densidad en el territorio. La organización que produce corridos y símbolos también administra crueldad. En otras geografías, lejos del escenario, hay reclutamiento forzado, control de rutas, economías de extorsión. Hay desapariciones. Ahí el imaginario ya no es espectáculo; es ausencia.
Mientras en una pantalla se proyecta un rostro, en la tierra se buscan cuerpos. Mientras una multitud corea un nombre, otras voces pronuncian listas de personas que no regresaron.
La fractura del imaginario no consiste solo en que el líder pueda morir. Consiste en que el símbolo luminoso convive con una maquinaria que borra vidas sin reflectores. Y cuando ese símbolo cae —si cae— no desaparece el sistema que produjo tanto la canción como la fosa.
Pero lejos del escenario y de las pantallas, hay otra escena. La de Beatriz. La conocí con una varilla en la mano. No es metáfora. Es una varilla de construcción, doblada apenas en la punta, que ella sostiene con una mezcla de técnica aprendida y fe obstinada. Las madres buscadoras las llaman “varillas videntes”. Camina despacio sobre la tierra, deja que el metal roce el suelo, escucha. Cuando la varilla vibra, se detiene. Marca el punto.
No hay luces, no hay pantallas gigantes, no hay sonido amplificado. Solo tierra removida, silencio tenso y una pregunta que no se formula en voz alta: ¿estará aquí?
Mientras en un concierto se corea “soy el dueño del palenque”, Beatriz recorre predios abandonados buscando huesos pequeños, fragmentos, ropa deshecha. No busca símbolos. Busca restos.
La organización que en la canción enumera brazos armados y celebra lealtades, también administra desapariciones. No es una abstracción. Son cuerpos que no regresaron.
La fractura del imaginario no es solo que el líder pueda morir. Es que la épica del mando convive con la práctica sistemática de borrar personas.
La varilla de Beatriz vibra cuando la tierra guarda algo que no debería estar ahí. Y eso es lo que está en juego cuando se habla de neutralizaciones, de operativos exitosos, de reacomodos internos. No solo quién manda, sino quién aparece y quién no.
Cuando a las 11 de la mañana un amigo periodista me escribió: “Confirmado: El Mencho fue abatido en Tapalpa. Se viene la tracatera”, intenté hacer lo que hacemos quienes hemos visto repetirse la historia: imaginar, calcular, proyectar. No en horas. En días. En semanas. En años.
Pensé en lo que a este país le iba a costar remover no solo la tierra —esa que Beatriz tantea con su varilla vidente—, sino también los relatos, los mitos, las promesas torcidas.
Pensé en la violencia que suele acompañar las transiciones criminales. En la disputa por el mando. En los territorios que no admiten vacío.
Y pensé, sobre todo, en los jóvenes que aprendieron primero qué eran “las cuatro letras” antes que Ayotzinapa. Antes que una lección de historia reciente. Para muchos, el referente de poder no fue una institución. Fue un apodo. Eso también es parte del saldo.

La canción y la fosa

Una idea que se repite constantemente cuando hablamos de movilidad social es que “si estudias más, te va mejor”. De forma general, esto es cierto. En México, el ingreso laboral del hogar tiende a crecer conforme aumenta el nivel educativo de la persona que lo encabeza. Sin embargo, esa mejora no llega igual para hombres y mujeres, pues los hogares liderados por mujeres tienen una desventaja económica que ni siquiera los grados académicos logran mitigar.
Antes de hablar de estudios, hay una realidad clara: el género marca el techo de los ingresos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, un hogar con jefatura femenina percibe, en promedio, un ingreso laboral de 14,123 pesos mensuales, mientras que en aquellos encabezados por hombres la cifra sube a 18,502 pesos. Es decir, el ingreso por trabajo de los hogares con jefatura femenina es 24 % menor que el de los hogares con jefatura masculina.
Podríamos pensar que la educación disminuye esta diferencia entre los ingresos, pero los datos muestran lo contrario. A mayor escolaridad, el ingreso laboral del hogar sube, es decir, esa escalera hacia la movilidad social, existe. Sin embargo, la brecha entre hogares con jefatura masculina y femenina se mantiene en todos los niveles educativos y, lejos de desaparecer, esta tiende a ampliarse precisamente donde se esperaría que se cerrara.
En los niveles de mayor especialización es donde el mercado laboral castiga con más fuerza a los hogares encabezados por mujeres. El ingreso laboral de un hogar con un jefe de familia profesionista es, en promedio, de 29,319 pesos mensuales, mientras que un hogar con una jefa con el mismo nivel educativo alcanza los 22,037 pesos, 25 % menos. Estos datos revelan que, incluso cuando hay educación profesional, los hogares encabezados por mujeres siguen quedando por debajo.
La desigualdad entre mujeres y hombres no sólo se da una vez que están en el mercado laboral, sino desde su entrada a él. Si miramos las tasas de participación laboral, entendemos parte del problema, pues durante 2025, mientras que el 74.8 % de los hombres estaban insertos en el mercado laboral, el porcentaje de las mujeres fue sólo el 45.7 %. Esta diferencia de casi 30 puntos porcentuales nos dice que muchas mujeres están fuera del mercado, pero no por elección, sino que la razón principal es porque se mantienen ocupadas en tareas que el mercado no paga: los cuidados.
Cuando la responsabilidad del cuidado de las niñas y niños, las personas con discapacidad o las personas adultas mayores recae de manera desproporcionada en las mujeres, se limita su acceso a oportunidades de empleo mejor remuneradas. Una de las causas de esta desigualdad radica en la insuficiente infraestructura de cuidados. Cuando el Estado no provee suficientes servicios de cuidado de calidad, son las mujeres quienes asumen el costo de esta deficiencia mediante su tiempo y trabajo no remunerado.
Entonces, si bien un mayor grado educativo es clave para la movilidad social, esta receta no tiene efectos similares en mujeres y hombres. Incluso, para poder acceder a sus beneficios las mujeres deben sortear antes otras barreras, como la estrecha entrada al mercado laboral, relacionada, principalmente, con sus labores de cuidados. En ese sentido, hace falta una política pública que ataque la raíz del problema. La creación del Anexo 31 para la Consolidación de una Sociedad de Cuidados para 2026, con un presupuesto de 466 mil 675 millones de pesos, es un paso hacia adelante, pues reconoce que los cuidados no son un asunto privado, sino un componente de la estructura económica.
Sin embargo, el anexo por sí mismo no es la solución. Convertir ese presupuesto en una política sistémica que realmente reduzca brechas exige coordinación, servicios suficientes y de calidad, así como una ruta clara que se traduzca en más mujeres pudiendo entrar, permanecer y crecer en el mercado laboral, mientras reciben un salario en igualdad de condiciones.
Cerrar las brechas implica lograr que la educación se convierta en oportunidades reales sin importar el sexo de quien encabeza el hogar. Si el objetivo es el crecimiento económico y el bienestar de la población, un sistema de cuidados debe dejar de ser una promesa presupuestaria y convertirse en servicios que liberen tiempo y abran la puerta del mercado laboral a más mujeres.
* Mireya Mondragón (<a href="https://x.com/mireyamc__" target="_blank" rel="noopener">@mireyamc__</a>) es investigadora de Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

Más estudios, misma brecha: género, ingresos y cuidados

En México solemos hablar de “crisis migratoria” como si el problema fuera el movimiento de personas. Pero la migración no es la raíz: es la consecuencia visible de algo más profundo. Lo que enfrentamos hoy es una crisis de protección sostenida, donde la violencia, la impunidad, la pobreza, el cambio climático y la falta de oportunidades obligan a miles de familias a abandonar sus hogares.
México es hoy país de origen, tránsito, destino y retorno. Aquí convergen el desplazamiento forzado interno —personas mexicanas que huyen de sus propias comunidades— y la llegada de población extranjera en busca de asilo o protección internacional. A ello se suman miles que quedan varadas en ciudades fronterizas, que permanecen durante meses o incluso años a la espera de una resolución migratoria, o que regresan sin haber alcanzado su destino.
El desplazamiento forzado interno ha aumentado de forma alarmante. En 2024 se registraron al menos 28 900 nuevos desplazamientos internos en México, un incremento del 129 % respecto a 2023, de acuerdo con el informe <a href="https://desplazamientointerno.mx/report/informe-2024?" target="_blank" rel="noopener">Travesías forzadas: desplazamiento interno en México 2024</a>, elaborado por el ACNUR. El documento advierte además que la cifra acumulada de personas desplazadas internas por violencia en el país supera las 390 000, una estimación consistente con los registros del <a href="https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2025/" target="_blank" rel="noopener">Internal Displacement Monitoring Centre</a>, ante la ausencia de un registro oficial nacional consolidado. Pero incluso estas cifras se quedan cortas: el desplazamiento en México suele ser silencioso, fragmentado y no registrado. Muchas familias se van antes de que ocurra el hecho violento, como medida preventiva. Se van para no esperar a que la amenaza se concrete.
Cuando el miedo se vuelve cotidiano, quedarse deja de ser opción.
<h3>Vivir en pausa</h3>
A la par del desplazamiento interno, el sistema de asilo en México enfrenta un cuello de botella crítico. En 2024 se registraron casi 80 000 solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), manteniéndose entre los <a href="https://www.acnur.org/mx/noticias/comunicados-de-prensa/acnur-presenta-su-informe-de-resultados-2024-un-hogar-en-mexico?" target="_blank" rel="noopener">10 países con más peticiones en el mundo.</a> Esa alta demanda, junto con limitaciones presupuestales y de capacidad operativa, ha generado demoras prolongadas en la atención y resolución de casos. La espera extendida se convierte en una forma de vulnerabilidad para las personas solicitantes y quienes buscan protección internacional.
En el sur del país, ciudades como Tapachula concentran a miles de personas que permanecen meses —incluso años— sin documentos, sin empleo formal y con servicios saturados. En el norte, Tijuana o Reynosa enfrentan dinámicas atravesadas por secuestro, extorsión y control territorial de grupos criminales. En la Ciudad de México, aunque existe mayor oferta institucional, persisten obstáculos como la discriminación, la saturación de servicios y las dificultades para acceder a derechos básicos.
En todo el país, la falta de documentación funciona como una barrera que lo condiciona todo. Sin papeles no hay empleo formal ni acceso pleno a la salud ni continuidad educativa. Sin reconocimiento legal, muchas personas desplazadas internas quedan fuera de políticas públicas específicas. El resultado es un limbo prolongado que erosiona derechos y dignidad.
En medio de esta crisis, las niñas, niños y adolescentes no son un grupo más: son quienes enfrentan los impactos más profundos y duraderos.
Para niñas, niños y adolescentes, el desplazamiento forzado no es solo cambiar de casa: es perder la escuela, las amistades y las redes que sostienen la vida cotidiana. Es ver interrumpido su proceso educativo en etapas decisivas y tener que adaptarse a entornos inseguros, donde la violencia, la explotación o el reclutamiento forzado no son amenazas abstractas, sino riesgos concretos.
Adolescentes entre 13 y 17 años están particularmente expuestos al reclutamiento por grupos criminales. Muchas familias deciden huir precisamente para evitar que sus hijas o hijos sean forzados a integrarse a dinámicas violentas. Migrar es una estrategia de supervivencia.
Las niñas y adolescentes enfrentan riesgos adicionales de violencia sexual y explotación, agravados por la falta de documentación y la movilidad constante. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ viven altos niveles de violencia basada en género y discriminación, especialmente en contextos de tránsito y asentamientos informales.
El impacto en la salud mental es otro rostro de esta crisis. En nuestro trabajo directo con niñas, niños y adolescentes en movilidad hemos observado un aumento sostenido en la demanda de atención psicológica y acompañamiento psicosocial. El estrés prolongado, la incertidumbre jurídica y el miedo a la violencia dejan huellas profundas, especialmente en la niñez. No se trata solo de experiencias vividas en el lugar de origen, sino también del desgaste emocional que produce la espera y la falta de certezas.
<h3>Necesidades que crecen, respuestas que no alcanzan</h3>
Las necesidades humanitarias no disminuyen; se transforman y, en muchos casos, aumentan. Sin embargo, la capacidad de respuesta no siempre crece al mismo ritmo. Los recortes presupuestales al financiamiento humanitario —incluidos los fondos destinados a organizaciones de la sociedad civil que brindan atención directa— obligan a priorizar intervenciones esenciales en un contexto donde la demanda supera con creces los recursos disponibles. Esto no reduce la crisis: simplemente traslada el costo a las niñas y niños más vulnerables.
La brecha entre necesidades y respuesta no solo afecta a quienes se desplazan. También impacta a las comunidades receptoras, que comparten entornos de inseguridad y servicios limitados. Cuando no hay políticas públicas robustas y coordinadas, la tensión social aumenta y la cohesión se debilita.
Si esta crisis de protección sigue sin una respuesta integral y sostenida, el riesgo es normalizar el desplazamiento silencioso y perpetuar generaciones con rezagos educativos, afectaciones psicosociales y oportunidades truncadas.
En Save the Children hemos aprendido que hablar de movilidad sin hablar de niñez es dejar fuera el corazón del problema. Nuestro trabajo se enfoca en mantener servicios esenciales de protección infantil, salud, nutrición y apoyo psicosocial en ciudades clave del sur, centro y norte del país.
Esto supone acompañar casos individuales de niñas y niños en riesgo; crear espacios seguros móviles donde puedan jugar y recuperar cierta normalidad; brindar orientación legal a familias que enfrentan un laberinto administrativo, y ofrecer asistencia en efectivo multipropósito, un apoyo económico directo que les permite decidir cómo cubrir sus necesidades más urgentes —pagar una renta para no dormir en la calle, comprar alimentos o costear medicamentos y transporte—. En contextos de desplazamiento, donde cada familia enfrenta realidades distintas, este tipo de apoyo devuelve algo esencial: la capacidad de elegir. También entregamos kits de higiene, alimentación, educación, salud menstrual y protección para familias desplazadas, insumos básicos que pueden marcar la diferencia entre la supervivencia precaria y condiciones mínimas de dignidad.
<h3>El país que decidimos ser</h3>
Es fácil caer en narrativas que reducen la migración a decisiones individuales o a cálculos económicos. Pero cuando escuchamos las historias completas, entendemos otra cosa. Entendemos que muchas personas migran porque quedarse significa arriesgar la vida.
Migrar significa dejar atrás el hogar, la lengua, los afectos y los recuerdos. Supone aceptar la incertidumbre como compañera de viaje y enfrentarse a peligros en el camino, así como a la posibilidad de no ser recibido con dignidad.
Para quienes se desplazan dentro del país, el dolor no es menor. Huir de la propia comunidad, sabiendo que quizá no se podrá regresar, también fractura identidades. No hay nada sencillo en abandonar la tierra donde creciste. Reconocer esto no significa ignorar los retos que la movilidad plantea. Significa abordarlos desde la empatía y la evidencia, no desde el prejuicio.
México no enfrenta una crisis localizada ni temporal. Enfrenta una crisis de protección que exige respuestas coordinadas, sostenidas y centradas en derechos. Necesitamos fortalecer el sistema de asilo, reconocer formalmente el desplazamiento interno, agilizar la documentación, ampliar servicios de salud mental y garantizar continuidad educativa para niñas y niños en movilidad.
Pero también necesitamos algo más profundo: cambiar la conversación. La pregunta no es si la migración continuará. La pregunta es cómo decidimos responder: con indiferencia o con humanidad.
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* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook: <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">@SavetheChildrenMexico</a>,  Twitter: <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx,  </a>Instagram:  <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">@savethechildren_mx</a>.
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La migración no es el problema, es el síntoma

La noticia llegó muy rápido desde Washington, y sus ondas expansivas de inmediato cruzaron la frontera norte. La Suprema Corte de Estados Unidos decidió, por seis votos contra tres, que Donald Trump se excedió al usar la ley de poderes económicos en emergencias (IEEPA) para imponer una cascada de aranceles “globales”, incluidos recargos de 25 % sobre buena parte de las importaciones desde Canadá, México y China. No es un mero tecnicismo: es un ajuste de cuentas entre poderes sobre quién manda realmente en la política comercial estadounidense.
El punto de partida es sencillo y contundente. El Congreso tiene, según la Constitución, la llave de los impuestos y los aranceles. Trump intentó abrir esa puerta por otra vía, invocando una ley pensada para congelar activos o bloquear transacciones ante amenazas externas, no para rediseñar de facto el arancel estadounidense de casi todos los bienes y casi todos los países. La Corte, en voz del presidente John Roberts, le respondió con una frase que lo resume todo: IEEPA permite “regular la importación”, pero eso no se traduce en un cheque en blanco para fijar aranceles a discreción.
El resultado jurídico es claro. La Corte anula los aranceles que descansaban sobre IEEPA: desde los llamados “reciprocal tariffs”, que permitían gravar a China y otros socios con tasas de hasta 34 %, hasta el 25 % adicional que se impuso a ciertos productos de Canadá, México y China bajo el argumento de que no hacían lo suficiente para contener el fentanilo. La decisión deja en pie otros instrumentos –como la Sección 232 sobre seguridad nacional para acero y aluminio–, pero dibuja una línea roja: el presidente ya no puede escudarse en una emergencia económica para montar un sistema arancelario paralelo y potencialmente ilimitado.
Para México, la historia tiene matices. Más de 80 % de las exportaciones mexicanas ya entran libres de arancel al mercado estadounidense por el T‑MEC, y eso no cambia con el fallo. Lo que sí cambia es el sobrecosto que generaban las sobretasas IEEPA sobre una canasta de bienes donde México es actor central: automóviles, autopartes, electrónicos, maquinaria y otros bienes intermedios. La eliminación de esos recargos baja costos para los importadores en Estados Unidos, incluidos muchos ligados a empresas mexicanas, y refuerza la idea de Norteamérica como una plataforma integrada de manufactura.
El capítulo del acero y el aluminio es distinto. Aquí conviene no generar falsas expectativas. Los aranceles clave que pesan sobre estos metales se sostienen en la Sección 232 de la Trade Expansion Act, no en IEEPA. La Casa Blanca de Trump ya había restablecido esos aranceles a México y Canadá, condicionando exenciones a reglas estrictas de origen –el famoso “melted and poured” en América del Norte– para frenar la triangulación de acero chino. La sentencia de la Corte no toca ese fundamento: el acero y el aluminio mexicanos siguen en el radar de seguridad nacional, aunque ahora el Ejecutivo tendrá menos margen para extender o combinar esos aranceles con recargos “de emergencia”.
Hay un ángulo financiero que tampoco puede pasar desapercibido. Los economistas estiman que los aranceles amparados en IEEPA han recaudado más de 170 mil millones de dólares, una parte significativa de los cuales tendrá que devolverse a importadores si estos actúan dentro de los plazos y procedimientos que marcan la aduana estadounidense y el Court of International Trade. Detrás de las grandes cifras hay historias concretas: filiales de empresas mexicanas que pagaron el arancel al internar mercancías, socios logísticos que trasladaron el costo a los exportadores, contratos que ahora habrá que revisar para ver quién tiene derecho, en la práctica, a ese reembolso.
Más allá de las hojas de cálculo, el fallo abre una ventana política y estratégica para México. La decisión limita la tentación de usar, otra vez, la emergencia como pretexto para castigar de manera generalizada a socios incómodos, y obliga a Trump a recurrir a herramientas más específicas y más litigables. En un contexto de nearshoring y reconfiguración de cadenas de suministro, esta mayor previsibilidad jurídica es un activo: le da a México argumentos adicionales para presentarse como el socio confiable que ofrece estabilidad regulatoria dentro de un vecindario que seguirá siendo políticamente turbulento. Se vislumbra una buena oportunidad de negociación en la revisión del TMEC.
El mensaje que llega desde Washington, en el fondo, no es solo para Trump. Es un recordatorio de que, incluso en la era de la política de golpes de efecto, hay límites institucionales que importan y que pueden cambiar el cálculo de riesgo para países profundamente entrelazados con la economía estadounidense, como México. La pregunta que queda sobre la mesa es si México aprovechará este respiro para afianzar su posición en la región, o si se limitará a celebrar un alivio momentáneo en la factura arancelaria sin traducirlo en una estrategia de largo plazo.
* Iliana Rodríguez Santibáñez es profesora-investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Corte de Estados Unidos frena aranceles, ¿alivio o aliento para México?

La salud pública rara vez se juega en abstracto: se define en la movilidad de las personas, en la cobertura de los servicios y en las condiciones sociales donde vive la población. En febrero de 2025, la confirmación de sarampión en un niño de nueve años en Chihuahua, tras regresar de Texas, encendió una alerta epidemiológica. Aunque el virus había ingresado previamente por otros puntos del país, fue en el norte donde encontró condiciones propicias para la transmisión local.
El caso no solo activó protocolos sanitarios; también mostró que, aun con avances institucionales, los brotes siguen concentrándose donde la cobertura preventiva y las condiciones sociales son más frágiles. Así se perfila lo que podríamos llamar la geografía de la desigualdad en salud.
Tras haber alcanzado el estatus de eliminación en 2016, como ha ocurrido en diversos países, la reintroducción del virus en un contexto de alta movilidad internacional y brechas en la cobertura de vacunación ha generado nuevos desafíos epidemiológicos.
Al 18 de febrero de 2026, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1058115/Informe_diario_18_02_2026___1_.pdf" target="_blank" rel="noopener">10 mil 199 casos confirmados y 31 defunciones</a>. Además, <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1058115/Informe_diario_18_02_2026___1_.pdf" target="_blank" rel="noopener">más de 27 mil casos de enfermedades febriles exantemáticas</a> permanecen en estudio, lo que indica que la vigilancia deberá mantenerse activa en los próximos meses.
La dispersión en las 32 entidades refleja una alerta nacional, con mayor intensidad en el norte del país, pero con implicaciones para todo el territorio.
<h3>La enfermedad no se distribuye al azar</h3>
La propagación del sarampión suele seguir las mismas líneas de desigualdad social que otros problemas de salud. Dos factores estructurales ayudan a explicar su reaparición.
El primero es la disminución de la cobertura de vacunación. Para 2023, la cobertura de la vacuna SRP en México <a href="https://www.paho.org/sites/default/files/2025-03/2025-mar-24-phe-risk-assessment-measles-final.pdf">cayó a 76 %,</a> lejos del 95 % necesario para garantizar la inmunidad colectiva. La pandemia de COVID-19 interrumpió servicios preventivos y redujo la asistencia a unidades de salud, dejando a muchas personas en un &#8220;limbo preventivo&#8221; . El resultado es claro: el 92.4 % de los casos confirmados no contaban con antecedentes de vacunación.
El segundo factor es la movilidad laboral y social. Chihuahua concentra más de 4 mil 500 casos confirmados. La dinámica de recepción de jornaleros agrícolas, junto con condiciones de hacinamiento en algunos campamentos y albergues, facilita la transmisión aérea del virus. En estos contextos, las campañas de salud enfrentan mayores desafíos logísticos y culturales para llegar a toda la población.
<h3>Quiénes se están enfermando</h3>
Las infancias siguen siendo el <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1054780/INFORME_DIARIO_SARAMPION_20260203.pdf">grupo más afectado.</a> Los mayores números de casos se registran entre niñas y niños de 1 a 4 años (1,468 casos), seguidos por el grupo de 5 a 9 años (1,237). También destaca la incidencia en personas jóvenes adultas de 25 a 29 años (1,144 casos), un grupo con alta movilidad laboral y social, que puede funcionar como puente de transmisión hacia los hogares.
Los lactantes menores de un año presentan una de las tasas de incidencia más altas del país: 55.26<a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1058115/Informe_diario_18_02_2026___1_.pdf"> por cada 100 mil habitantes</a>, debido a que aún no alcanzan la edad regular para su primera dosis. Frente a este escenario, la Secretaría de Salud ha considerado la aplicación de la llamada dosis cero entre los 6 y 11 meses de edad, y la instalación de módulos de vacunación en puntos de alta movilidad. Estas medidas buscan fortalecer la protección temprana en contextos epidemiológicos exigentes.
<h3>Vacunar es construir comunidad</h3>
La experiencia internacional muestra que la vacunación no es solo una herramienta clínica, sino un instrumento de cohesión social. Cuando la cobertura se mantiene alta, protege incluso a quienes aún no pueden vacunarse. Cuando baja, la enfermedad reaparece.
El desafío no es únicamente sanitario, sino también territorial y social: garantizar que las campañas lleguen a poblaciones móviles, rurales o con menor acceso a servicios, reforzar los sistemas de vigilancia y recuperar los niveles de inmunización previos a la pandemia.
En ese sentido, la vacunación sigue siendo una de las políticas públicas más efectivas y solidarias. Por ello, siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de las autoridades sanitarias, es importante <a href="https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/linea-de-informacion-de-vacunas-079">acudir al centro de salud más cercano para verificar el esquema de vacunación</a> propio y el de niñas y niños.
Proteger la salud individual también protege a la comunidad. En contextos de alta movilidad y riesgo epidemiológico, la prevención sigue siendo nuestra mejor herramienta.
¡Vacúnate!
* José Noé Rizo Amézquita es investigador en Salud y Seguridad Social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Docente del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, la Universidad Westhill y la Universidad INFUS. Egresado del INSP y de la Universidad de Guadalajara, con entrenamiento en Johns Hopkins y la Universidad de Copenhague.

Sarampión y la geografía de la desigualdad en México

En la mañanera del 10 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/homicidios-dolosos-disminuyeron-42-de-septiembre-de-2024-a-enero-de-2026-representan-36-homicidios-diarios-menos-presidenta" target="_blank" rel="noopener">homicidios dolosos pasaron de un promedio diario de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 50.9 víctimas en enero de 2026</a>, marcando así el enero más bajo desde 2016.
Son datos que no deben despreciarse ya que la tendencia en los homicidios ha tenido una tendencia al alza estable desde 2012. Sin indagar en las temporalidades y la forma en que presenten los datos, y asumiendo que son precisos, ¿es posible decir México es más seguro? No es una pregunta fácil de responder, pero a continuación daré unos elementos con los cuales se puede realizar una evaluación.
Es importante comenzar por definir qué se entiende por seguridad, concepto que proviene del latín “securitas” que significa libre de peligro o ausencia de peligro, donde el término “público” refiere a que concierne a la sociedad y a que es responsabilidad y obligación del Estado el brindar a la sociedad una condición de protección de la integridad personal, de sus bienes y de sus libertades. Esta idea ha ido en evolución y hoy en día también se puede referir a “seguridad ciudadana” o “seguridad humana” incluso como el siguiente paso de la seguridad pública, pero el quid sigue siendo la ausencia de peligros.
Para el caso de México, este concepto se materializa en la Constitución en el artículo 21°, donde se considera que “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”.
A partir de entender lo que conlleva esta obligación, en primera instancia se puede decir que no tenemos seguridad ya que, a pesar de que han disminuido los delitos, éstos prevalecen y, según métricas internacionales, México sigue siendo un país con alta incidencia delictiva, en particular de homicidios. Pero al no haber en el mundo lugar libre de delitos este argumento se debilita, por lo que sería una deshonestidad intelectual sostener que la incidencia de un delito definiera por sí solo la seguridad de un país.
Si reconocemos que la incidencia delictiva es un fenómeno permanente de las sociedades actuales, entonces no podemos hablar de la seguridad como un estado definitivo, como un rango donde se mida en absolutos, donde 0 sea ausencia de seguridad y 1 cuando exista seguridad, sin mayores matices, sino de un proceso continuo de trabajo de las instituciones y colaboración con la sociedad para contener y progresivamente eliminar los peligros y amenazas para la sociedad.
Se podría argumentar que la disminución de los delitos ya mencionados se traduce en que el gobierno federal efectivamente está trabajando por eliminar estos peligros y así mejorar la seguridad.
La disminución de delitos siempre será algo positivo y digno de reconocerse, sobre todo la disminución de los homicidios, pero tristemente el contexto de violencia del país es complejo, por lo que el estado de la seguridad difícilmente se puede aprehender únicamente desde los números. En consecuencia, es importante poner los datos en el contexto político-social.
Una parte importante de la crisis de violencia del país se genera por la existencia de grupos delincuenciales organizados, quienes se encuentran en permanente conflicto por el control de mercados criminales, ya sea entre grupos o de éstos con las fuerzas estatales. En México, la existencia de estos grupos “está ligada estructuralmente a la política y como negocio posible desde el poder político y supeditado a este”, como dice el investigador Luis Astorga. De manera que la secrecía que caracteriza estas relaciones dificulta la observación y evaluación de este fenómeno, sobre todo para saber cuánto se ha avanzado en la eliminación de este peligro. Pero la continuidad y permanencia de los grupos delincuenciales organizados en México invitan a pensar que es un fenómeno que sigue presente con fuerza.
Estamos en un punto en el que la ausencia de delito no significa ausencia de delincuentes, por lo menos no de carácter organizado, sino que éstos ya han logrado monopolizar un mercado criminal y cuentan con menor resistencia a su dominio. En este escenario no podemos decir que la seguridad ha mejorado ya que los principales habilitadores de la inseguridad en México, tanto actores criminales como las debilidades institucionales, siguen presentes.
Ahora, si cuestionamos las cifras oficiales, encontramos varias organizaciones civiles que señalan discrepancias en los registros de las carpetas de investigación de las fiscalías estatales respecto al delito de homicidios. Por ejemplo, Causa en Común expone que en estados se esté reclasificando el delito de homicidio doloso en el rubro de otros delitos contra la vida, o como homicidios culposos. Por otro lado, se tiene la crisis de desapariciones que representa una anomalía en el registro de delitos y que deja ver una crisis profunda de violencia y de capacidades institucionales para contener la violencia ejercida por grupos delictivos y por particulares.
En los ejercicios de comunicación del gobierno, donde declaran con orgullo y satisfacción que los delitos van a la baja, lo que para ellos es muestra de que la estrategia de seguridad está funcionando, debemos cuestionarnos si realmente vemos mejoradas las condiciones de seguridad de la sociedad y, de no ser así, indagar sobre qué está detrás de este fenómeno de inseguridad que estamos experimentando.
* Gerardo López García (<a href="https://x.com/gera_emp" target="_blank" rel="noopener">@gera_emp</a>) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).

Bajan los delitos, ¿mejora la seguridad? Notas para una evaluación de la seguridad

El periodo de la guerra contra el narcotráfico que Felipe Calderon emprendió contra el crimen organizado está ampliamente documentado por las graves violaciones a derechos humanos. Durante dicha administración se vieron reforzados los operativos conjuntos de militares y la marina en las actividades de seguridad.
Baja California como zona fronteriza fue uno de los estados más afectados en esta lucha. Fue de los primeros lugares donde se hicieron operativos conjuntos por parte de las fuerzas armadas que después se hicieron cargo totalmente de la seguridad del estado. Los abusos por parte de militares en Baja California incluyeron prácticas violatorias a los derechos humanos, allanamientos para realizar detenciones sin orden de aprehensión ni de arraigo y las personas detenidas eran arraigadas en cuarteles militares, particularmente en los denominados Aguaje de la Tuna y Morelos, perteneciente al 28º Batallón de Infantería.
Andrew Armando Córdova tenía 21 años cuando fue detenido de forma arbitraria el 26 de abril del 2008 en Tijuana, acusado de delincuencia organizada. Ciudadano estadounidense, fue torturado bajo arraigo y mantenido en prisión preventiva oficiosa durante 17 años. Su caso se enmarca en un contexto de graves violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia mexicano.
Su detención se dio luego de un enfrentamiento armado en el cual él no participó y donde fue herido, trasladado a la Cruz Roja para ser atendido y posteriormente al Hospital General, donde fue detenido. Se le trasladó a las instalaciones militares del vigésimo octavo batallón de infantería “Aguaje de la Tuna”, donde fue torturado física y psicológicamente. Estuvo incomunicado por tres días, no contó con atención consular ni defensa legal y fue obligado a autoinculparse. Otras personas fueron torturadas y coaccionadas para señalarlo de haber cometido los delitos de los que se le acusaban.
En mayo de ese mismo año fue trasladado a una casa de arraigo en la Ciudad de México, donde permaneció hasta el 20 de julio. Andrew estuvo privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) núm. 1 o “Altiplano”; en el CEFERESO núm. 8 o “Norponiente”, en Guasave; en el CEFERESO núm. 11, denominado “CPS-Sonora”, ubicado en Hermosillo, y en el CERESO llamado el Hongo, en Baja California.
Los delitos por los cuales fue detenido de forma arbitraria tenían una pena de 8 años. Esto muestra que la privación de la libertad ha excedido y prolongado el castigo injusto para Andrew y su familia.
Después de que Andrew y su esposa Abigail solicitaron tres veces el cambio de medida cautelar, buscaron apoyo de la Secretaría de Gobernación, para enviar una comunicación al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Baja California haciendo hincapié a los resolutivos de la opinión 1/2022 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Fue luego de esta revisión que el cambio de medida cautelar fue otorgada el 23 de diciembre del 2025 a detención domiciliaria, donde Andrew sigue su proceso por demostrar su inocencia de los delitos que se le imputaron, pese a haberse demostrado que fue detenido de manera ilegal y arbitraria, y de haber sido torturado por elementos de SEDENA y agentes ministeriales pertenecientes a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.
Durante el proceso de Andrew se ha demostrado que en su detención no hubo flagrancia, esto señalado por el mismo Tribunal Superior de Justicia, que advirtió que no había ningún indicio que demostrara que Andrew fue detenido y trasladado del lugar de los hechos al hospital general. Todas las pruebas que fueron obtenidas de manera legal no arrojan ningún indicio en contra de Andrew en cuanto a ser responsable de los delitos por los cuales fue detenido, torturado y privado de la libertad. Lo anterior demuestra que su detención fue ilegal y arbitraria, argumento utilizado a favor de la libertad y absolución de otra persona implicada en estos hechos.
Las denuncias por tortura que Andrew y su familia han emprendido han sido cuestionadas y desestimadas por el gobierno mexicano. Sin embargo, organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias determinó en la <a href="https://digitallibrary.un.org/record/4004259?ln=es&amp;v=pdf" target="_blank" rel="noopener">Opinión núm. 1/2022</a> que la detención de Andrew fue arbitraria, mientras que la <a href="https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-por-violaciones-graves-120vg2023" target="_blank" rel="noopener">Recomendación número 120VG/2023</a> de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó graves violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura, en agravio de Andrew por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.
La reparación del daño tras 17 años de injusta privación de la libertad para Andrew y un proceso pendiente que lo absuelva finalmente son los grandes pendientes de las autoridades para que su caso no se sume a los casos de impunidad sin ser reparados de forma integral en el país.
Andrew y su familia ahora se enfrentan a la institucionalidad y burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que considera que la privación de la libertad durante 17 años de la que ha sido víctima Andrew no resulta vinculante al hecho victimizante de su detención arbitraria y tortura en 2008, dejando de lado el continuum de violaciones de derechos humanos a lo largo de este tiempo y de impactos relacionados con la revictimización, ahora por exigir su derecho a la reparación integra. Además de deslegitimar a su familia como víctimas indirectas de esta sucesión de hechos, se torna omisa y negligente al no reconocerles daños en el proyecto de vida, precarización económica, desplazamiento del lugar de origen de su familia para estar más cerca de Andrew y su proceso penal, afectaciones en la salud. Los impactos acumulados a lo largo de estos años, que la instancia encargada de velar por reparar y proteger los derechos de las víctimas no encuentra vinculación, representan un desgaste más en la lucha de Andrew y su familia.
Lo anterior se enmarca en las fallas estructurales en la atención a víctimas en México. La CEAV fue de las instituciones impactadas por las medidas de austeridad de 2020 implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una reducción del 75 % de su presupuesto, así como la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, del cual se sostenían las medidas de ayuda y las compensaciones a víctimas de violaciones a derechos humanos. La falta de recursos, el incremento de violaciones a derechos humanos por <a href="https://permisoparamatar.org/" target="_blank" rel="noopener">la militarización de la seguridad pública iniciada con Calderón y continuada por López Obrador</a>, la burocracia que permea estos procesos, la falta de coordinación, así como la falta de preparación y sensibilización en los servidores públicos encargados de esta atención, tienen como consecuencia mayor desgaste emocional, en la salud, en la economía, y aumenta los impactos por revictimización en quienes siguen en la lucha por su derecho a ser reparados de forma integral.
El caso de Andrew Armando Córdova es emblemático debido a la impunidad en el sistema judicial mexicano respecto a la tortura y al debido proceso. La falta de investigación, la prolongada prisión preventiva y la obtención de confesiones bajo tortura evidencian la necesidad urgente de procesos justos y reparación integral para las víctimas.
* Andrew Armando Córdova es sobreviviente de tortura. Abigail Martínez es abogada y esposa de Andrew. Ambos son integrantes de <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=61570084242467" target="_blank" rel="noopener">Tejiendo Redes Contra la Tortura</a>, un colectivo de personas sobrevivientes de tortura en diferentes contexto y regiones de México, así como de familiares y acompañantes de organizaciones de derechos humanos.<a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>

Tortura en México: los daños pendientes por reparar

Lo sucedido a los 10 mineros de la empresa Vizla Silver, que fueron secuestrados y asesinados en Concordia, Sinaloa, no es un hecho aislado ni un fenómeno que se circunscribe a dicha entidad federativa. Por el contrario, empresas mineras de todo el país son extorsionadas o robadas por múltiples organizaciones criminales.
El interés del crimen en las empresas mineras se deriva de los altos ingresos que esta industria genera: se estima que la misma tiene ganancias anuales por más de <a href="https://minedocs.com/23/Camimex-AR-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">330 mil millones de pesos</a>, da empleo a más de 400 mil personas y genera el <a href="https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria" target="_blank" rel="noopener">2.5 % del PIB del país</a>, además de que hay metales o minerales extraídos en nuestro país que tienen alto valor de mercado, lo que incentiva el robo de los mismos como el oro, la plata, el mercurio o el litio.
Si bien la extorsión y el robo son delitos que ha formado parte de las fuentes de ingreso de las organizaciones criminales, no era tan común que se diera con las grandes compañías mineras. Pero a inicios de la década de 2010, dos organizaciones sistematizaron este esquema. Por un lado, <a href="https://www.ocmal.org/narco-lava-dinero-en-minas-de-coahuila/" target="_blank" rel="noopener">los Zetas</a> con las minas de carbón en Coahuila y por el otro, los <a href="https://www.jornada.com.mx/2014/01/03/politica/005n1pol">Caballeros Templarios</a>, con las minas de fierro en el sur de Michoacán, las cuales tuvieron tanto éxito en obtener ingresos de esta actividad, que pronto otras organizaciones comenzaron a imitarlas.
En la actualidad, prácticamente todas las organizaciones relevantes en mayor o menor medida han incursionado en la extorsión o robo a empresas mineras, ya que al ser empresas de gran tamaño y rentabilidad, un solo pago de las mismas por la vía de la extorsión equivale al de decenas de negocios de otros rubros.
Ejemplos sobran. Como el de la <a href="https://www.reforma.com/incendian-civiles-armados-traileres-de-minera-en-guerrero/ar3034201" target="_blank" rel="noopener">Familia Michoacana</a> en la mina Capela, en el municipio de Teloloapan en Guerrero, que produce plata, plomo y zinc. Le impusieron un esquema de pagos mensuales y cuando hubo retrasos en los mismos, el grupo criminal incendió tres tráileres de la compañía como una forma de presionar para la reanudación de los pagos.
También en Guerrero, la mina los Filos -perteneciente a la empresa canadiense <a href="https://suracapulco.mx/desde-hace-16-anos-grupos-delictivos-controlan-las-zonas-mineras-dice-ong/" target="_blank" rel="noopener">Leagold</a>, en el municipio de Eduardo Neri, la cual se dedica a la extracción de oro- fue durante años extorsionada por el grupo criminal los Rojos, que después se transformó en los Tlacos, los cuales siguen extorsionando a la compañía.
En 2018 en el municipio de Madera, Chihuahua, la Mina Dolores -operada por la empresa <a href="https://zetatijuana.com/2018/05/ante-inseguridad-minera-canadiense-cierra-operaciones-en-madera-chihuahua/" target="_blank" rel="noopener">Pan American Silver Corp</a>&#8211; tuvo que interrumpir sus operaciones un tiempo ante las amenazas constantes del crimen organizado a sus empleados, al grado que evacuaron la mina y la cerraron por espacio de algunas semanas.
Además de la extorsión, dado el alto valor de varios metales y minerales, las empresas mineras también han sido víctimas de robos. El ejemplo más claro fue <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/11/06/estados/calculan-en-42-millones-el-costo-de-los-minerales-robados-a-penasquito-5627" target="_blank" rel="noopener">el hurto en 2024 de un convoy con 6 góndolas de oro, plata, plomo y zinc</a>, propiedad de la empresa Newmont, en una carretera de Zacatecas. El cargamento estaba valorado en tres millones de dólares.
En Sonora encontramos el caso de la Herradura, una de las minas más productivas de oro y plata perteneciente a la empresa <a href="https://www.sinembargo.mx/3868097/mexico-lanza-fuerza-especial-para-vigilar-a-las-mineras-y-evitar-extorsion-de-grupos-criminales/" target="_blank" rel="noopener">Fresnillo PLC</a>, en donde también experimentaron robos de alto valor, lo que propició presiones al Gobierno Federal para crear una fuerza especial para la protección de las minas. La fuerza especial no ha parado los robos, la extorsión y el asedio.
Otra variante la encontramos en Querétaro. En minas de mercurio de la Sierra Gorda, el <a href="https://elpais.com/mexico/2025-08-03/trafico-de-mercurio-para-las-minas-de-oro-el-nuevo-y-millonario-negocio-del-cartel-jalisco-nueva-generacion.html" target="_blank" rel="noopener">Cártel Jalisco Nueva Generación</a> no sólo recurre a la extorsión de las empresas, también participa en la comercialización del metal por su papel fundamental en el proceso de separación del oro de otros materiales. El CJNG envía el mercurio a Colombia, Venezuela y Bolivia a organizaciones aliadas, para que lo comercialicen allá.
O el caso de la mina La Ciénaga, en Sonora, propiedad de la compañía Veruna Minerals, que produce oro y que por años explotaron <a href="https://www.latimes.com/world-nation/story/2025-11-06/drug-cartels-el-chapo-mexico-gold" target="_blank" rel="noopener">los Chapitos</a>, aunque también fue disputada por el Cártel de Caborca. La mina tuvo que cerrar luego que los Chapitos tomaron el control.
En el siguiente mapa se pueden ver los principales yacimientos de oro, plata, cobre, hierro, barita, litio y mercurio del país, así como las organizaciones criminales que participan en la extorsión a las mineras dedicadas a estos metales y minerales.
<figure id="attachment_1639609" aria-describedby="caption-attachment-1639609" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1639609" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/extorsion-a-empresas-mineras-en-Mexico.png" alt="Mapa con la extorsión que sufren las empresas mineras en México." width="1200" height="904" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/extorsion-a-empresas-mineras-en-Mexico.png 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/extorsion-a-empresas-mineras-en-Mexico-600x452.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/extorsion-a-empresas-mineras-en-Mexico-1024x771.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/extorsion-a-empresas-mineras-en-Mexico-768x579.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1639609" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia a partir de notas periodísticas.</figcaption></figure>
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Hay dos grandes franjas mineras altamente productivas en México. Una abarca Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sinaloa, y es disputada por las dos facciones del Cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Mayiza, y por el CJNG y algunas organizaciones locales como el Cártel Independiente de Sonora (Los Salazar) y el Cártel de Caborca. La otra franja se encuentra en el sur, en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y en ellas están presentes grupos criminales locales como la Familia Michoacana, los Ardillos, los Tlacos, Caballeros Templarios y organizaciones de mayor tamaño como el CJNG.
En el centro-occidente del país las explotaciones mineras son de menor tamaño, pero existe un control muy amplio del CJNG.
Frente a este fenómeno delictivo, es importante que el gobierno tome acciones urgentes, estableciendo vínculos con las empresas mineras para llevar a cabo las siguientes acciones:
I. Recuperación de todas las minas que han sido despojadas a empresas con concesiones vigentes.
II. Sistema de alerta temprana ante la desaparición de trabajadores mineros, a fin de realizar la búsqueda de manera inmediata.
III. Esquema de denuncia directa de las extorsiones, para implementar seguimiento a la organización criminal que las realiza.
IV. Mecanismos de seguridad en el traslado de metales de gran valor.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

La minería a merced del crimen organizado

Las legumbres son una de las respuestas más concretas que tiene México frente a la crisis alimentaria y climática que estamos viviendo. Sus características nutricionales y productivas las convierten en una de las formas más saludables y sostenibles de obtener proteína y nutrientes clave para la población.
Cada 10 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Legumbres, celebrado desde 2016 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para sensibilizar sobre el papel fundamental que desempeñan en la transición hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, capaces de garantizar alimentos nutritivos para todas las personas. Y en ese marco queremos poner a las legumbres al centro, no solo esa fecha sino todos los días.
Frijoles, lentejas, garbanzos, habas o chícharos deben ocupar un lugar protagónico en nuestras comidas. De ellos obtenemos proteínas, vitaminas y minerales a un menor costo económico y ambiental. Son más accesibles que las proteínas de origen animal y su producción genera un impacto ambiental considerablemente menor que el de productos como carnes, huevo o leche.
Sin embargo, pese a su arraigo histórico, su consumo ha disminuido de forma sostenida. Según datos de la <a href="https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2024/index.php" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut)</a>, entre 2012 y 2022 la ingesta diaria de leguminosas en personas adultas pasó de 10 gramos a 7.7 gramos. El mayor consumo se concentra en personas mayores de 60 años y en localidades rurales del norte del país, donde persisten patrones alimentarios tradicionales. En contraste, las generaciones más jóvenes crecen en entornos alimentarios dominados por productos ultraprocesados, fenómeno que se profundizó con la apertura comercial y la transformación del sistema alimentario en las últimas décadas.
Esta tendencia debería alertarnos. Las nuevas<a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1029510/Guias_Alimentarias_Mexico_2025.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles</a> de la Secretaría de Salud recomiendan consumir una taza diaria de frijoles, aproximadamente 170 gramos, para adultos, adolescentes e infancias. La distancia entre lo que consumimos y lo que deberíamos consumir es significativa.
Nuestro bajo consumo contrasta con otro dato revelador: México es el octavo productor mundial de frijol. Es, después del maíz, el segundo cultivo con mayor superficie sembrada en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. No obstante, alrededor del 10 % del consumo nacional se importa. Cada año ingresan en promedio 139 mil toneladas desde Estados Unidos, Canadá y China, principalmente debido a las afectaciones de la sequía en los cultivos nacionales.
Para el ciclo 2025-2026, la Secretaría de Agricultura estima una producción de 1.2 millones de toneladas, concentrada en estados como Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Chiapas, Chihuahua, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Morelos.
Tenemos, entonces, un doble desajuste: producimos, pero no consumimos lo suficiente; importamos, mientras el consumo interno cae; promovemos precios de garantía para apoyar a productores, pero no impulsamos con la misma fuerza políticas que incentiven su incorporación como alimentos centrales en comedores escolares, hospitales, programas sociales y compras públicas.
Es momento de dejar de ver a las legumbres como simples acompañantes o guarniciones. Tienen el potencial nutricional y gastronómico para convertirse en platos principales, reduciendo la presencia de productos de origen animal y ultraprocesados y, con ello, los impactos negativos asociados tanto a la salud pública como al clima.
Revalorizar las legumbres no es solo una estrategia nutricional o climática. Es también una decisión económica y territorial que puede fortalecer nuestro sistema alimentario desde la producción hasta el consumo.
Por ello en Alianza Alimentaria y Acción Climática lanzamos la campaña <a href="https://alianzaalimentaria.org/mas-legumbres-hoy" target="_blank" rel="noopener">#MásLegumbresHoy</a>, para concientizar sobre los beneficios de estos alimentos. Tenemos tres recetarios a los que puede acceder la población de manera gratuita para incorporar estos alimentos en su día a día con las porciones recomendadas por la Secretaría de Salud.
Si las Guías Alimentarias recomiendan priorizar proteínas de origen vegetal, la política pública debe cerrar el círculo: producción, distribución y consumo alineados con esa evidencia. Es ineludible apoyar al productor en el precio, y es igual de necesario aumentar el consumo de manera estructural.
El frijol, junto con lentejas, garbanzos y habas, ya forma parte de nuestra cultura agrícola y gastronómica. La discusión de fondo es si tenemos la disposición de colocar estos alimentos en el centro de una estrategia nacional que articule salud pública, acción climática y seguridad alimentaria. Porque la transición no comienza en el discurso: comienza en nuestros platos. 

* Sofía Ruiz Oldenbourg es Ingeniera Ambiental por el Instituto Tecnológico de Colima, con más de 10 años de experiencia en el ámbito ambiental y de sostenibilidad en el sector privado y de organizaciones de la sociedad civil. Gerente de Políticas Alimentarias en Alianza Alimentaria y Acción Climática (<a href="https://x.com/AlianzaAliment" target="_blank" rel="noopener">@AlianzaAliment</a>), organización mexicana sin fines de lucro que está transformando el sistema alimentario hacia prácticas más éticas y sostenibles. También trabaja con el sector público y privado implementando menús sostenibles en los comedores de las organizaciones para reducir impactos ambientales y riesgos a la salud asociados a patrones alimentarios.

Legumbres: salud pública, clima y nutrición en un mismo plato

Ese sonido estridente filtrado en el ADN colectivo es la materialización de un contrato social con décadas de asimilación. La alerta sísmica representa la oportunidad de anticipación sobre la tragedia, una muralla de algoritmos para la supervivencia.
¿Qué habría pasado si en septiembre de 1985 México hubiera contado con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, una robusta red de sensores en la costa del Pacífico y una cultura de la prevención centrada en los simulacros? La historia con certeza se escribiría con menos ausencias.
Entonces, el Estado mexicano era un gigante ciego que se enteró del desastre cuando ya tenía el polvo encima, con escasa o nula capacidad de reacción evidenciada por la intervención de sociedad civil en labores de rescate de vivos y de cuerpos.
La gestión de riesgos, como sugiere el sociólogo Ulrich Beck en su teoría de la &#8220;Sociedad del Riesgo&#8221;, no consiste en eliminar el peligro, sino en domesticarlo mediante conocimiento. En 1985, el riesgo era una fuerza mística; ahora es una variable calculada en milisegundos.
Si la alerta del CIRES hubiera sonado en los radios de transistores aquel jueves antes de las 07:17, el margen de evacuación habría permitido que miles de personas abandonaran los edificios de la colonia Roma o el Centro Histórico.
La evolución de la cultura sísmica ha transitado de una sociedad a la expectativa de instrucciones por televisión a una exigente de protocolos automatizados. Este cambio refleja la capacidad para convertir la tragedia en resiliencia. El SASMEX es ahora un engranaje donde no interviene el capricho humano.
Cuando el C5 dispara la señal por más de 28 mil altavoces no hay un burócrata decidiendo si la magnitud amerita el susto; hay un sistema automatizado que lee la energía liberada y decide en una fracción de segundo. La alerta se activa cuando 1) el sismo será igual o mayor a 5 y el epicentro está a menos de 200 kilómetros, 2) es igual o mayor a 5.5 con epicentro a menos de 350 kilómetros, y 3) si es igual o mayor a 6 sin importar la distancia.
México, junto con Japón, lidera una vanguardia global en esta materia. El sistema nipón, implementado tras el terremoto de Kobe en 1995 operado por la Agencia Meteorológica, emite alertas a través de celulares, radio, televisión y altavoces públicos.
Sin embargo, de poco sirve el algoritmo perfecto si el ciudadano no sabe qué hacer con ese tiempo extra. Los simulacros dejan de ser una molestia administrativa para convertirse en un ejercicio de supervivencia. Si un sismo es un evento geológico, el desastre es la falta de preparación de la sociedad. Por ello, la convocatoria de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para el próximo simulacro metropolitano del 18 de febrero representa el reconocimiento de la defensa ante la vulnerabilidad.
Cuando la alerta suena, además de la evacuación de edificios, se está honrando la memoria de quienes en 1985 no tuvieron sesenta segundos de ventaja.
* Salvador Guerrero Chiprés (<a href="https://twitter.com/guerrerochipres" target="_blank" rel="noopener">@guerrerochipres</a>) es coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (<a href="https://x.com/C5_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@C5_CDMX</a>).

Sesenta segundos de ventaja

¿De qué mueren los jóvenes en este país? Esa fue la pregunta que me hice hace años, cuando intentaba comprender la turbulencia en el paisaje mexicano: el modo en que los cuerpos jóvenes comenzaron a aparecer como residuos de una guerra que nadie declaró formalmente, pero que se ejerce con puntualidad devastadora. ¿De qué mueren los jóvenes en México?
Mueren por bala. 
Mueren por desaparición. 
Mueren por sospecha. 
Mueren por estar en el lugar equivocado. 
Mueren porque su vida ha sido colocada en el margen de lo protegible.
Ricardo Mizael tenía 15 años. Salió de su casa en Culiacán para comprar un biberón y alimento para unos gatos que había rescatado. No volvía de una fiesta. No escapaba de una persecución. No estaba armado. Iba a una farmacia. Lo asesinaron a balazos en plena mañana.
En un país anestesiado por la repetición, el dato podría diluirse en la estadística. Pero el nombre propio obliga a detenernos. Ricardo no es un número más en la contabilidad de homicidios dolosos. Es la expresión concreta de lo que he llamado juvenicidio: la producción sistemática de condiciones que hacen posible —y administrable— la muerte de jóvenes.
Las cifras parecen frías. Y lo son. Pero no son abstractas. Una proporción significativa de las víctimas de homicidio en México tiene entre 15 y 29 años. Estados como Sinaloa han registrado repuntes que superan el promedio nacional, consolidando un patrón donde la juventud se posiciona como uno de los grupos más expuestos a la letalidad. No se trata de hechos aislados. Existe un entramado estructural de desigualdades, impunidad y normalización de la violencia que coloca a las vidas jóvenes en situación de vulnerabilidad ampliada.
El dato no sustituye al nombre propio. Lo explica. Ricardo no murió por azar. Su asesinato se inscribe en un patrón que lleva años consolidándose: la exposición sistemática de los cuerpos jóvenes a una violencia que opera con impunidad y que encuentra, además, una narrativa dispuesta a relativizarla.
En la casa, la mañana no parecía distinta. Ricardo salió con la naturalidad de quien vuelve pronto. Iba por un biberón pequeño y alimento para unos gatos recién nacidos. Su padrastro estaba trabajando. Era una escena doméstica, ordinaria. Después vino la llamada.
La familia ha insistido en que Ricardo no tenía vínculo alguno con actividades ilícitas. Era estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Practicaba baloncesto. Tenía amigos. Tenía rutina. La violencia no irrumpió en un territorio “de riesgo”; irrumpió en la normalidad.
En el México contemporáneo, cuando un joven es asesinado, la conversación pública no comienza preguntando quién disparó, sino qué hacía ahí. La sospecha antecede al hecho. Se indaga la biografía de la víctima antes que la responsabilidad del agresor.
Esa es la sospecha estructural: un régimen cultural y político donde la juventud —especialmente la masculina y popular— es leída como potencialmente culpable antes incluso de ser reconocida como víctima. El joven asesinado carga con la exigencia de probar, incluso después de muerto, que merecía vivir.
El juvenicidio no es únicamente el disparo que termina con una vida. Es también el clima social que acepta que ciertas vidas jóvenes están siempre a prueba. Hay un biberón que no se compró. El objeto es mínimo. No es símbolo grandilocuente. Era un gesto de cuidado. En el mismo espacio donde ese gesto ocurría, su propia vida fue considerada prescindible.
Un país se define también por aquello que considera intolerable. Si la muerte de sus jóvenes se vuelve parte del paisaje, la turbulencia ya no es excepción: es estructura.
La pregunta permanece abierta, no como consigna sino como diagnóstico: ¿De qué mueren los jóvenes en México? 
Mueren cuando su vida deja de ser incuestionable.

¿De qué mueren los jóvenes en México? El caso de Ricardo Mizael y la estructura del juvenicidio

Cuba enfrenta una crisis que se ha acercado rápidamente a una catástrofe humanitaria. En las últimas semanas se ha generado una crisis energética como resultado de la presión de Estados Unidos sobre los países que exportaban petróleo a Cuba, en particular Venezuela y México. Esta presión ha provocado una <a href="https://www.nytimes.com/2026/02/08/world/americas/cuba-communist-government-trump.html" target="_blank" rel="noopener">interrupción</a> casi total del suministro de crudo, que durante años fue la principal fuente de combustible para la generación eléctrica, dejando a la isla con reservas que podrían agotarse en cuestión de días exacerbando apagones, limitando servicios básicos y tensando aún más la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población. De acuerdo con <a href="https://www.nytimes.com/2026/01/30/world/americas/trump-oil-cuba-government.html" target="_blank" rel="noopener">diversos reportes</a>, el objetivo de esta <a href="https://www.politico.com/news/2026/01/23/trump-administration-weighs-naval-blockade-to-halt-cuban-oil-imports-00744708" target="_blank" rel="noopener">campaña para bloquear</a> la venta de crudo a Cuba es <a href="https://theweek.com/politics/trump-oil-end-cuba-communist-regime" target="_blank" rel="noopener">provocar</a> una crisis con <a href="https://www.wsj.com/world/americas/the-u-s-is-actively-seeking-regime-change-in-cuba-by-the-end-of-the-year-1d0f178a?gaa_at=eafs&amp;gaa_n=AWEtsqfD7nhTDrKn_16qb5KWi3zhda3cwzfZmLjUVci37o07fek9ad6MMRLBTljh0bc%3D&amp;gaa_ts=698a41c8&amp;gaa_sig=y3Q0RhpBghK250_qDtCo3G3ab8qU3S4nVwXK1H6pSG7mewy9h2tFYAJtG9XmUJA3xTzsXxiCg7EOoUoaEjrrgQ%3D%3D" target="_blank" rel="noopener">el fin de detonar</a> un cambio de régimen en La Habana.
La crisis energética en Cuba es resultado directo de la presión de Estados Unidos sobre los principales proveedores de petróleo de la isla. Esta situación ya se <a href="https://www.dw.com/en/colombia-cuba-and-mexico-are-these-donald-trumps-next-targets/a-75426078" target="_blank" rel="noopener">veía como una posibilidad</a> tras las operaciones militares estadounidenses en Venezuela, e incluso se puede <a href="https://clas.stanford.edu/events/venezuela-and-cuba-under-donroe-doctrine-context-and-prospects" target="_blank" rel="noopener">analizar</a> en el marco de la política exterior estadounidense enfocada en el dominio hemisférico y en <a href="https://asia.nikkei.com/spotlight/trump-administration/donroe-doctrine-aims-to-weaken-china-trump-s-inner-circle-says" target="_blank" rel="noopener">contrarrestar la influencia</a> de China en la región. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, <a href="https://www.nytimes.com/es/2026/01/17/espanol/america-latina/cuba-petroleo-venezuela.html" target="_blank" rel="noopener">Washington</a> intensificó la presión para frenar los envíos de crudo venezolano, una fuente tradicional de combustible para la isla. Asimismo, bajo amenazas de aranceles se ha presionado a países como <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2026/02/10/importaciones-de-petroleo-en-cuba-se-quedan-en-ceros-mexico-era-su-principal-proveedor/" target="_blank" rel="noopener">México</a> para que suspendan sus exportaciones de petróleo a Cuba. El resultado de estas acciones es que el gobierno en La Habana se ha quedado prácticamente sin suministro de petróleo, poniendo al país al borde del colapso.
Ante esta situación, el presidente Miguel Díaz-Canel ha reconocido la gravedad de la crisis, anunciando medidas de emergencia y describiendo las tensiones como un “<a href="https://www.msn.com/es-pe/noticias/other/eeuu-anuncia-nuevos-fondos-para-cuba-d%C3%ADaz-canel-le-acusa-de-imponer-un-bloqueo-energ%C3%A9tico/ar-AA1VNfCW" target="_blank" rel="noopener">bloqueo energético</a>” que está afectando el transporte, la actividad económica, la producción agrícola y el funcionamiento de servicios básicos. Asimismo, diversos organismos internacionales, incluida la <a href="https://news.un.org/en/story/2026/02/1166895" target="_blank" rel="noopener">Organización de Naciones Unidas</a>, han alertado sobre un posible colapso humanitario si la escasez de energía no se alivia pronto, señalando que la falta de combustible afecta desde la salud hasta la seguridad alimentaria.
Esta crisis ha tenido <a href="https://www.dw.com/en/cuba-oil-fuel-embargo-economy-crisis-united-states-trump-venezuela/a-75849429" target="_blank" rel="noopener">efectos profundos</a> y cada vez más visibles en la vida cotidiana de millones de personas. La escasez de combustible ha provocado apagones prolongados en amplias zonas del país, con cortes de varias horas al día y una red eléctrica operando en modo de emergencia ante la falta de insumos esenciales. Además, la <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/ce82d0znmdgo" target="_blank" rel="noopener">escasez del combustible para aviones</a> ha llevado a aerolíneas internacionales a suspender vuelos a la isla y ha motivado la evacuación de turistas extranjeros, lo que ha golpeado fuertemente al sector turístico, uno de los pilares de la economía cubana y una fuente clave de divisas necesarias para el comercio internacional.
Este estado de crisis no es un fenómeno nuevo en la historia reciente de Cuba. La isla ya vivió una situación comparable durante el “Período Especial” en los años noventa, tras la caída de la Unión Soviética, cuando el país perdió de forma abrupta su principal proveedor de petróleo, financiamiento y comercio. Aquel episodio mostró hasta qué punto el funcionamiento del Estado cubano dependía del apoyo soviético que, una vez interrumpido, desencadenó apagones masivos, escasez generalizada y una contracción económica severa.
Los efectos de este antecedente no pueden entenderse sin comprender el embargo estadounidense, que desde la década de 1960 limitó la capacidad de Cuba de integrarse plenamente en los mercados internacionales, acceder a fuentes de crédito y diversificar sus socios comerciales. En la práctica, el embargo empujó a La Habana a una relación de dependencia estructural con la Unión Soviética como ancla económica y comercial. El resultado fue una vulnerabilidad sistémica, pues cuando el respaldo soviético desapareció en 1991, Cuba no tenía amortiguadores externos suficientes para compensar la pérdida del apoyo soviético. Esta política ha tenido efectos profundos y multifacéticos sobre la economía y el desarrollo de la isla. <a href="https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/492F04D685524B1234224CAC3B184D1C/9781108844048c9_153-168.pdf/impact_of_us_sanctions_on_cubas_economic_development.pdf" target="_blank" rel="noopener">Los efectos de las sanciones</a> han obstaculizado el acceso a mercados internacionales, inversión extranjera y bienes básicos, afectando sectores clave como el acceso a <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1380757/" target="_blank" rel="noopener">salud</a>, tecnología, infraestructura, turismo y comercio general, lo que impacta negativamente a la población y afecta el desarrollo económico de Cuba.
Algo clave para entender es que el embargo no se limita solamente a restringir el comercio entre Cuba y Estados Unidos. En la práctica, opera como un bloqueo más amplio que <a href="https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-cuba/overseas-business-risk-cuba#:~:text=Sanctions%20are%20applied%20by%20the,being%20blocked%20by%20UK%20banks." target="_blank" rel="noopener">limita la participación de empresas extranjeras</a>, incluso cuando no son estadounidenses. Asimismo, el embargo funciona también como un bloqueo financiero, porque limita el acceso de Cuba al sistema internacional de pagos, incluidas <a href="https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/2922702-sin-acceso-software-interbancario-por-culpa-de-eu-acusa-cuba-HBVG2922702" target="_blank" rel="noopener">redes bancarias</a> vinculadas al sistema SWIFT, lo que encarece o obstaculiza transacciones financieras internacionales, restringe la inversión y complica el acceso al crédito y al dólar como moneda de cambio internacional. Esto reduce la capacidad de Cuba de importar insumos esenciales como combustibles, maquinaria y tecnología, incluso desde terceros países.
Esto ocurre porque el embargo ha sido diseñado como un mecanismo que disuade o incluso penaliza la participación de terceros países y empresas en la economía cubana. Una herramienta central para lograr esto son las sanciones, que extienden el <a href="https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article306224076.html" target="_blank" rel="noopener">alcance del bloqueo</a> más allá de las fronteras estadounidenses. Bajo este contexto, las compañías extranjeras que hacen negocios con Cuba <a href="https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/cuba-es/article221903095.html" target="_blank" rel="noopener">pueden enfrentar multas</a>, restricciones de acceso al mercado estadounidense o incluso el bloqueo para operar en el sistema bancario y financiero internacional, lo que en la práctica desalienta inversiones y transacciones con la isla de la mayoría de empresas y países. El efecto acumulado es una reducción de la inversión extranjera, así como una restricción del acceso al dólar y, con ello, de la capacidad del país para importar insumos esenciales como combustibles, maquinaria y tecnología, incluso desde terceros países.
Aunque el embargo estadounidense ha sido un factor perjudicial constante para la economía cubana, no es la única causa ni puede explicar por sí sola la compleja crisis que enfrenta la isla. Pues, como tal, el embargo no explica por sí solo las fallas del gobierno cubano ni su incapacidad para responder a las constantes crisis. Y esto no es algo nuevo, desde la década de los 1960 la economía cubana dependió enormemente de la producción de monocultivos como el azúcar, que eran destinados en gran medida al mercado soviético, lo que redujo los incentivos para industrializarse y ampliar o diversificar su economía. Y es que, pese a intentos aislados y poco sostenidos, <a href="https://direct.mit.edu/jcws/article/25/4/24/118959/The-Long-Misunderstanding-Cuba-s-Economic-Ties" target="_blank" rel="noopener">Cuba no consiguió transformar</a> su base productiva ni romper con un modelo económico poco diversificado y centrado en actividades de baja productividad. Este estancamiento se vio agravado por otros problemas estructurales, entre ellos el peso desproporcionado del aparato militar, un sistema político articulado alrededor de un liderazgo paternalista y una dependencia prolongada de los subsidios y apoyos de la Unión Soviética. Con el tiempo, todos estos factores terminaron consolidando las debilidades estructurales de la economía cubana.
Esta dependencia hizo que la caída de la URSS fuera particularmente catastrófica para Cuba. Cuando ese sostén desapareció de forma abrupta a inicios de los noventa, la isla enfrentó un colapso económico inmediato. Este antecedente es relevante porque revela una vulnerabilidad estructural que el gobierno cubano no logró corregir del todo, incluso después de estabilizarse parcialmente con el desarrollo del turismo a fines de los 1990. Aun teniendo claro que el embargo estadounidense constituía una restricción permanente y previsible, el país no logró construir amortiguadores suficientes para reducir su impacto. En lugar de avanzar hacia una industrialización sostenida y una diversificación productiva, Cuba mantuvo una economía estructuralmente frágil, marcada por bajos niveles de inversión y una infraestructura que no pudo modernizarse de forma consistente.
En ese marco, las presiones recientes para limitar los flujos de crudo hacia Cuba exponen el problema estructural de fondo y es que el sistema económico cubano entra en crisis debido a factores externos si interrumpe la compra de insumos y el comercio con socios estratégicos de los que depende la economía, y por ende el funcionamiento del Estado y del aparato productivo del país. En los noventa, el golpe provino de la pérdida súbita de la relación económica que La Habana mantenía con Moscú tras la desintegración de la Unión Soviética. Hoy la situación presenta un patrón comparable, aunque con mecanismos distintos. Las actuales restricciones financieras y las presiones derivadas de sanciones estadounidenses han limitado el acceso de Cuba al crudo extranjero, sobre todo venezolano y mexicano.
El resultado es un cuello de botella que se traduce rápidamente en un colapso en cadena, pues una menor generación eléctrica implica menor producción industrial, interrupción de cadenas de suministro internas, caída del transporte de bienes y personas, y un deterioro acelerado de la capacidad estatal para garantizar servicios básicos. A la par que la pérdida del turismo provocada por la cancelación de vuelos restringe aún más la capacidad del gobierno cubano de acceder a dólares, por lo que, a su vez, se limita más la capacidad de comprar insumos del extranjero.
La actual crisis en Cuba no puede leerse únicamente como un episodio coyuntural de escasez, sino que se tiene que entender como el punto de convergencia entre presiones externas deliberadas y vulnerabilidades internas acumuladas. Por un lado, el endurecimiento del embargo y la presión estadounidense sobre terceros países para limitar el suministro de crudo han impactado severamente las capacidades de La Habana de mantener los servicios y bienes básicos. Pero, por otro, este shock externo golpea a un sistema que ya venía debilitado por años de subinversión, deterioro de infraestructura, rigideces burocráticas y una estructura productiva incapaz de generar divisas suficientes para sostener importaciones estratégicas.
En este contexto, la crisis energética se ha transformado en una crisis humanitaria, ya que el petróleo es indispensable para sostener la infraestructura eléctrica de la isla, de la cual dependen el funcionamiento de servicios básicos y el acceso cotidiano a bienes esenciales. Sin energía eléctrica la población vive entre apagones constantes que colapsan o paralizan los sistemas de bombeo y la potabilización de agua, el sistema hospitalario y la cadena de frío de medicamentos, la conservación y distribución de alimentos, el transporte público, las telecomunicaciones y la actividad económica en general. El resultado de esta crisis no es solo un menor crecimiento económico o la escasez de algunos productos, sino un deterioro directo de condiciones de vida de la población. Cada interrupción eléctrica prolongada reduce capacidades logísticas, eleva los costos de vida, profundiza la vulnerabilidad y acelera dinámicas de precarización de la población. Y es que más allá de las filias y fobias que puede llegar a detonar el gobierno cubano es necesario considerar que quienes más sufren la crisis humanitaria que se desarrolla es la población cubana.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

Cuba ante una nueva crisis humanitaria

“Ahora todos quieren ser latino, pero les falta sazón, batería y reguetón”, recitaba Bad Bunny, trepado en un simulado poste con cables de alta tensión entre la maleza que representaba los pastizales puertorriqueños, en medio del estadio. Un estadio abarrotado que albergaba el Súper Tazón, el evento de deporte-entretenimiento anual más importante en la televisión estadounidense y que, por extensión, era seguido por millones de personas alrededor del mundo. Lo hacía, además, en castellano, como haría el espectáculo de medio tiempo casi en su totalidad; la primera vez que algo así ocurría en la ya algo longeva tradición del evento, este año en su edición número 60.
La ultraderecha estadounidense había dado su veredicto desde hacía meses, cuando se anunció la participación del artista en el evento: se trataba de una afrenta a la quintaesencia estadounidense (o sea, la blanquitud protestante). Donald Trump calificó el espectáculo como &#8220;atroz&#8221; y lo mismo hicieron centenares de voces afines a su postura política-ideológica. Por otro lado, muchos más medios, comentaristas y personas opinadoras comúnmente descritas como “liberales” —opositoras, por definición de lo MAGA <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>— se rindieron ante el puertorriqueño, calificando su actuación como lo más alegre y festivo que habían visto nunca en ese espacio, una celebración de lo latino y del multiculturalismo que, desde su perspectiva, es lo que hace maravilloso a los Estados Unidos.
La audiencia mexicana no fue inmune al encanto de la isla estilizado por Benito Antonio Martínez Ocasio (el nombre de pila del cantante); las redes sociodigitales se colmaron de halagos y comentarios celebrando su representación de la latinidad y su recordatorio de que América es también el nombre del continente que se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos, e incluye a las naciones del caribe. Incluso, el comentarista de la cadena ESPN en español, John Sutcliffe, autodefinido como mexicoamericano, confesó haberse emocionado hasta las lágrimas con el show, mientras soltaba frente a cámara un: “viva Bad Bunny”.
Ante esta sensación de triunfo simbólico, lamento aparecer como un aguafiestas. Pero esta me parece una ocasión oportuna para hablar de algunas de los claroscuros de la actuación y el propio personaje de Bad Bunny. Parafraseando el popular y picaresco meme: muy (Puerto) Rico y todo, pero… ¿qué hay de los aspectos problemáticos (porque los hay, siempre los hay) de la figura del joven y exitoso boricua?
Martínez Ocasio saltó a la fama a finales de la década pasada. Irrumpió con fuerza en el género musical llamado “urbano” que, también desde entonces, domina los registros de popularidad en América Latina y, más recientemente, a nivel mundial. Esa etiqueta designa a una serie de variantes musicales producidas principalmente por artistas de origen caribeño, centro y sudamericano. Entre ellas reina, indiscutida, el reguetón, que tiene una profunda raigambre popular y de los estratos más oprimidos en esa geografía; un ritmo contagioso y altamente festivo, que invita al goce corporal. Hasta ahí, todo bien. Pero, como muchas otras expresiones musicales, es problemático en la medida en la que reproduce y/o enaltece una serie de estereotipos, actitudes, creencias y mandatos de género que algunas personas describirían como “tóxicos”.
Más allá de consideraciones moralinas de buenas conciencias agraviadas por lo explícito de las letras de Bad Bunny, y de la mayoría de las canciones de reguetón, hay un problema más profundo con la música, la estética y la práctica simbólica de Benito. La imagen de Bad Bunny es la de un varón a tono con los tiempos, sensible a una serie de problemáticas sociales, desafiante de normas y convenciones en torno al género y la sexualidad; lo mismo puede aparecer en un video caracterizado como mujer, usar faldas o vestidos en apariciones públicas, que desdeñar el matrimonio como una institución opresora (tanto para mujeres como para hombres) en sus canciones. Todo ello desafía el orden de género “tradicional” cis-heteronormativo que aún impera en la región latinoamericana. Pero sus letras y su obra entrañan conceptos naturalizados sobre qué son y cómo actúan los hombres, que forman parte parte del modelo normativo de masculinidad que sostiene —precisamente— ese orden de género desigual contra el que, en apariencia, se revela.
La imagen alternativa y disidente de Benito tiene que ver, sobre todo, con la estética y la apariencia varonil tradicional, y la posibilidad de subvertirla de manera individual. Pero mientras da la apariencia de novedad, como un conejo de Troya, en el interior permanecen —invisibles— aspectos de la masculinidad como proyecto hegemónico que sigue articulando la opresión de múltiples grupos y la jerarquización de formas diversas de ser varón. Y que siguen naturalizando el sustrato sexista, machista y misógino —a veces más y a veces menos aparente— en los discursos y las prácticas del género urbano en particular, y de la industria del entretenimiento en general. La literatura especializada se ha referido a este tipo de masculinidad como “híbrida” (Bridges y Pascoe, 2014) 2, una forma de representar la masculinidad tomando prestados elementos estéticos de colectivos históricamente oprimidos por la masculinidad hegemónica (caracterizados como femeninos, afeminados, etc.), para distanciarse discursivamente de la hegemonía sin romper de fondo con ella ni desarticularla.
Un par de ejemplos pueden ayudar a ilustrar lo anterior. La hipersexualidad ha sido y sigue siendo uno de los elementos fundantes de la masculinidad más hegemónica. Desde muy jóvenes los varones sexualizamos nuestra convivencia, por medio del lenguaje, el juego, y la competencia. Se trata de una sexualidad predominantemente heterosexual, que sigue teniendo la apariencia de naturalidad biológica. Por eso Benito tiene novias desde el kínder, y repartidas por toda Hispanoamérica. Y no es que elija no relacionarse con ellas a través del modelo tradicional de amor (monógamo y heterosexual), sino que, simplemente, “no puede” enamorarse. Por otro lado, la competitividad y el control siguen al centro en esta performance de masculinidad “urbana”. El boricua reconoce y valida en su música el deseo sexual de las mujeres, favoreciendo su emancipación. Pero nos deja claro que sabe bien lo que ellas quieren: un “bicho cabrón” como el suyo. El valor en la jerarquía del intercambio (hetero)sexual reside en el falo, y el desempeño sexual de los hombres es en realidad el protagonista. Por eso, el más “cabrón” se queda con las mujeres, mientras los demás están naturalmente destinados a una posición subalterna; si no son atractivos y no tienen un desempeño sexual arrollador, quedarán debajo en la jerarquía masculina (tal vez, incluso, como INCEL <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">3</a>).
Finalmente, no está de más decir que si bien la representación cultural es relevante, tiene sus límites. Mientras Bad Bunny ponía a perrear a millones de personas, muchas otras permanecían en centros de detención en Estados Unidos debido a su estatus migratorio, miles han sido deportadas, y otras tantas continúan siendo explotadas por la maquinaria al servicio del capital. Ni que decir del “sazón” latinoamericano que sigue colocando a la región como la más peligrosa para las mujeres según CEPAL, y también para muchos hombres.
Como dijo Benito, “seguimos aquí”, dando la batalla por el reconocimiento y el respeto de los pueblos latinoamericanos. Y también por visibilizar las múltiples formas en la que tenemos que seguir desmontando la visión machista, sexista y misógina con la que se nos ha construido como varones. Seguiremos
* Alí Siles (<a href="https://twitter.com/AliSilesB" target="_blank" rel="noopener">@AliSilesB</a>) es investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM (<a class="css-4rbku5 css-18t94o4 css-901oao css-16my406 r-1n1174f r-1loqt21 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0" dir="ltr" role="link" href="https://twitter.com/CIEGUNAM" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-focusable="true">@CIEGUNAM</a>) y especialista en masculinidades.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Las siglas del eslogan político Make America Great Again que se utilizan para referirse a todo lo relacionado al trumpismo, y a sus seguidores y adeptos.
2 Bridges, T. y Pascoe C.J. (2014).<a href="https://doi.org/10.1111/soc4.12134" target="_blank" rel="noopener"> Hybrid Masculinities: New Directions in the Sociology of Men and Masculinities</a>. Sociology Compass 8(3). 246-258.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">3</a> El término derivado de la expresión en inglés Involuntary Celibate (célibes involuntarios) que varios hombres enojados con mujeres y hombres atractivos reivindican, y ha llevado a algunos a cometer actos de violencia.

Bad Bunny o el conejo de Troya de la “nueva” masculinidad latina

Independientemente de cómo pensemos a la izquierda o la derecha, podemos considerar que la defensa de los derechos laborales y los intereses de la clase obrera es un asunto central de las izquierdas. La cuestión social y la lucha obrera están en el origen mismo de esta postura política: combatir y erradicar los problemas de desigualdad, producto de la industrialización, como camino para lograr la justicia social. Desde las revoluciones de 1848 en Europa, hasta la lucha obrera que fue precursora de la Revolución mexicana, la lucha obrera fue indisociable de una mejor distribución de la riqueza, y dio origen a los derechos sociales y políticos que hoy consideramos inalienables.
Por eso, la aprobación de la reforma por las 40 horas es la más reciente traición de Morena a su adscripción nominal de izquierda. Aunque al interior del partido renunciaran a esa filiación desde al menos la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, públicamente han defendido su membrete de izquierda y su reivindicación de las causas populares. Sin embargo, como demuestra esta deslavada reforma que sólo sirve a los empresarios y a la degradación del trabajo digno, Morena desconoce cualquier causa popular que no proviene de sus filas.
En <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/es-melancolica-la-izquierda-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">otros</a> <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/morena-y-el-castillo-de-la-pureza/" target="_blank" rel="noopener">espacios</a> <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/morena-y-el-gatopardismo/" target="_blank" rel="noopener">he discutido</a> esta filiación, por lo que mi postura es clara: Morena no es un partido de izquierda, mucho menos popular. Ni siquiera va en contra de lo que presenta como su principal enemigo: el neoliberalismo. Esta traición es la muestra más clara: en lugar de anteponer el interés superior de la clase trabajadora, que se organizó para exigir que nuestros derechos laborales llegaran al siglo XXI con 40 horas semanales de trabajo y dos días de descanso, ganaron los intereses empresariales, negando el segundo día de descanso y aumentando el esquema de las horas extra como forma de explotación laboral legalizada.
La respuesta de la presidenta me parece todavía peor: es una respuesta miserable, mezquina, insensible y francamente provocadora, al decir que <a href="https://www.razon.com.mx/mexico/2026/02/12/demanda-de-los-trabajadores-fue-reducir-jornada-a-40-horas-y-se-cumple-destaco-sheinbaum/" target="_blank" rel="noopener">los trabajadores sólo pidieron 40 horas, no dos días de descanso</a>. Lo que pudo ser una reforma definitoria de su sexenio, se convirtió en uno de sus momentos más vergonzosos: si quedaba alguna duda de que &#8220;el segundo piso de la transformación&#8221; pone por delante al poder económico, esta declaración lo expresa claramente. Y no conformes con eso, <a href="https://animalpolitico.com/politica/reduccion-jornada-laboral-concanaco-pide-subsidio-horas-extra" target="_blank" rel="noopener">la Concanaco tuvo el descaro de pedir subsidios para las horas extra</a>.
No es el momento de guardar formas ni de darle un voto de confianza a nadie: Morena ejerce el poder para perjudicar al pueblo que dice representar, ataca los derechos y el bienestar de la clase trabajadora. El sindicalismo tradicional brilló por su ausencia y los partidos de oposición, como ejemplificó Ricardo Anaya, se quedaron en declaraciones vacías para hacer un eco performativo de la demanda popular. La exclusión de las organizaciones y movimientos sociales que impulsaron la lucha por las 40 horas en los foros del Congreso de la Unión demuestra que no existe interés ni voluntad por escucharnos.
Si nos interesa rescatar la opción de izquierda en nuestro país, arrebatarle al oficialismo un membrete que un día sí y otro también se encargan de pisotear, la lucha obrera es imprescindible. La lucha y la defensa de nuestros derechos que representan las 40 horas debe ser el punto de partida para profundizar la movilización y agudizar nuestras demandas. Que estas breves palabras sirvan para denunciar la hipocresía, la mezquindad y la traición de Morena al pueblo y sus trabajadores, y que sean una invitación para no claudicar en esta lucha. ¡40 horas y 2 días de descanso ya, sin gradualidad!
* Armando Luna Franco (<a href="https://x.com/alunaf_89" target="_blank" rel="noopener">@alunaf_89</a>) es candidato a doctor en Ciencia Política por El Colegio de México, especializado en política nacional, pensamiento político y análisis de coyuntura.

¡40 horas ya! La última traición de Morena

Desde sus orígenes, la Fundación para la Justicia ha acompañado a familiares de personas migrantes que han sufrido de graves violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada, ejecuciones y masacres a manos de actores estatales y no estatales. Esta experiencia ha permitido a la Fundación no sólo la documentación de estas atrocidades, sino también trabajar en conjunto con las familias y autoridades para buscar el acceso a la justicia, exigir la verdad de los hechos, obtener una reparación del daño y garantizar la no repetición.
Uno de los problemas que existen al tratar de buscar soluciones es que no existe un registro oficial confiable de violencias contra la población migrante. Si bien la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación lleva un registro, éste dista de reflejar la realidad: para 2025 reportó que <a href="https://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Delitos_Perpetrados">35 personas migrantes en situación irregular sufrieron algún delito en el país</a>. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Estos registros se basan en declaraciones de migrantes hechas antes de ingresar a estaciones migratorias, pero es necesario considerar que la mayoría de ellos no denuncian ante las autoridades debido al temor de ser detenidos y deportados, sumado a que no todas las personas migrantes son detenidas, por lo que estas cifras están muy alejadas de la realidad. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Por esa razón, desde la Fundación nos propusimos tratar de acercarnos a la realidad de violencias múltiples que sufren las personas migrantes en territorio mexicano, mediante un ejercicio de monitoreo de prensa de alcance nacional. Este monitoreo se realizó a partir de una búsqueda en medios digitales durante todo 2025 a partir de palabras clave sobre distintas violencias que sufren los migrantes. Si bien este ejercicio tampoco permite llegar a una cifra exacta, resulta más útil para identificar patrones y casos relevantes que el registro gubernamental.
Encontramos que, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, hubo al menos 1,236 hechos de violencia en contra de personas migrantes, de los cuales 457 fueron secuestros, 352 casos de tráfico de personas, 144 casos de hacinamiento, 75 accidentes, 65 extorsiones, 59 robos o asaltos, 43 casos de trata de personas, 16 desapariciones y 11 asesinatos. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1638816" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/numero-hechos-violencia.jpg" alt="Gráfica con el número de hechos de violencia en contra de las personas migrantes." width="940" height="788" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/numero-hechos-violencia.jpg 940w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/numero-hechos-violencia-600x503.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/numero-hechos-violencia-768x644.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" />
La mayoría de los hechos violentos identificados se concentró en los estados de Chihuahua (433), Coahuila (217), Chiapas (167), Durango (128), San Luis Potosí (87), Oaxaca (38), Ciudad de México (32), Guanajuato (28), Quintana Roo (23) y Jalisco (19). Estas entidades forman parte de las principales rutas migratorias hacia Estados Unidos. 
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1638818" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/distribucion-geografica.jpg" alt="Mapa con la distribución geográfica de hechos de violencia cometido contra personas migrantes en 2025." width="940" height="788" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/distribucion-geografica.jpg 940w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/distribucion-geografica-600x503.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/distribucion-geografica-768x644.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" />
En total se identificaron 1,191 víctimas migrantes, de las cuales se especificaba que 139 eran mujeres, 158 eran hombres y 47 eran menores de edad. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> El mes con el mayor número de víctimas fue septiembre (379), debido a tres hechos masivos (ubicación de tráileres con más de 100 migrantes en situación de hacinamiento y abandono). <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1638819" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/numero-migrantes-victimas.jpg" alt="Gráfica con el número de personas migrantes víctimas de algún hecho de violencia durante su tránsito por México en 2025." width="940" height="788" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/numero-migrantes-victimas.jpg 940w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/numero-migrantes-victimas-600x503.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/numero-migrantes-victimas-768x644.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" />
Sólo fue posible identificar la nacionalidad de 701 personas migrantes. De ese total, 30.4 % provenían de Guatemala, 29.4 % eran de origen mexicano, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> 14.1 % eran de origen cubano, 5.3 % eran de nacionalidad ecuatoriana y 4.6 % de la India. En menor porcentaje también destacan víctimas de origen venezolano, colombiano, haitiano, chino y hondureño.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1638820" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/nacionalidades.jpg" alt="Gráfica con las nacionalidades de las personas migrantes víctimas de algún hecho de violencia en su tránsito por México en 2025." width="940" height="788" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/nacionalidades.jpg 940w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/nacionalidades-600x503.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/nacionalidades-768x644.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" />
En 60 de las 101 notas identificadas fue posible caracterizar a los presuntos perpetradores de las violencias: en 32 se hizo referencia a secuestradores; en 14, a traficantes de personas; en 5, a tratantes de personas, y con menor frecuencia a asaltantes, extorsionadores, elementos de la Guardia Nacional, elementos de las policías estatales y municipales, y funcionarios del Instituto Nacional de Migración (8 % corresponden a actores estatales).
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1638821" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/perpetradores.jpg" alt="Tabla con el registro del número de perpetradores por hecho de violencia cometido contra personas migrantes." width="940" height="788" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/perpetradores.jpg 940w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/perpetradores-600x503.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/perpetradores-768x644.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" />
Estos datos muestran sólo una parte visible del problema, pero ante la falta de denuncias es difícil estimar la amplitud de las violencias. No obstante, este ejercicio de monitoreo nos acerca un poco más a la realidad para exigir a las autoridades la atención de la violencia contra personas migrantes, ya que se ha estimado que <a href="https://www.onlinelibrary.iihl.org/wp-content/uploads/2021/12/2017-WOLA-El-acceso-a-la-justicia-para-personas-migrantes-en-M%C3%A9xico.-Un-derecho-que-existe-s%C3%B3lo-en-el-papel.pdf" target="_blank" rel="noopener">la impunidad en los delitos cometidos contra esta población es de alrededor del 99 %</a>.
En un contexto de criminalización persistente de la migración, es imprescindible recordar que todas las personas en territorio mexicano gozan del derecho a la integridad y seguridad personal, con independencia de su origen y condición migratoria. Por lo que es obligación del Estado prevenir y atender los fenómenos de violencia contra las personas en situación de movilidad, especialmente grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, el Estado no sólo ha sido omiso en prevenir la violencia contra las personas migrantes, sino que también ha sido cómplice al actuar, muchas veces, directa o indirectamente en la comisión de las violencias, ya sea a través de las Fuerzas Armadas, la colusión con grupos criminales o mediante políticas migratorias restrictivas y discriminatorias. También la falta de investigación es una omisión estatal que ha favorecido la impunidad y la repetición de violencias. Recordemos los tres casos de desapariciones masivas ocurridas en 2024, en Chiapas, en los que se desconoce el paradero de 83 migrantes y los cuales siguen sin investigarse.
Aunque la política migratoria impuesta por Trump ha disminuido drásticamente el intento de cruce de fronteras, la migración forzada persiste y sigue siendo aprovechada por grupos delincuenciales para la comisión de delitos. Es una realidad que no se registra y no es atendida por el Estado.
En la práctica, hemos observado el olvido y el desinterés hacia las víctimas. Hace unas semanas se premió a Francisco Garduño, ex titular del Instituto Nacional de Migración, con un nuevo nombramiento. La noticia fue recibida con indignación por los sobrevivientes y familiares de los 40 migrantes fallecidos en el incendio de la estación de Ciudad Juárez en 2023. Con ello se mandó un mensaje claro: los hechos violentos contra la población migrante continuarán con total impunidad.
* Raúl Rosales Ochoa es investigador de la Fundación para la Justicia (<a href="https://x.com/FJEDD" target="_blank" rel="noopener">@FJEDD</a>).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> De acuerdo con el boletín, los delitos reportados por personas migrantes fueron: retención ilegal (3), robo a personas (4), secuestro (11), otros actos contrarios a las leyes u otras disposiciones sobre menores (3), trata de personas con otros fines (13) y violación (1).
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Es importante mencionar que la cifra negra en delitos contra migrantes está limitada al reporte de migrantes registrados o vivos, pero debe considerarse que este indicador incluye también casos de muertes y desapariciones en las que no existe alguien que las reporte, debido a que las familias están en su país de origen.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> En total se identificaron 101 notas de prensa digital que hicieron referencia a, al menos, un hecho de violencia en contra de personas migrantes.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> En el resto de las víctimas no fue posible identificar su sexo o edad, debido a que la nota no lo mencionaba.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Cada nota pudo reportar varios hechos violentos en contra de una víctima, por lo que es correcto observar un mayor número de violencias que de víctimas.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> En el caso de las personas identificadas como mexicanas, casi todas ellas fueron víctimas de algún tipo de violencia junto con otras víctimas migrantes de otras nacionalidades en tránsito hacia Estados Unidos, a excepción de dos casos en el que las personas retornaban de dicho país al momento de sufrir alguna violencia.

Los peligros de migrar: violencias contra personas migrantes en México

“El poder produce verdad”.
Michel Foucault, Microfísica del poder
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Vivimos una época en la que el poder no solo gobierna, sino que también define lo que debemos entender como realidad. Ya no se limita a administrar recursos o aplicar leyes: produce discursos, fija significados y delimita aquello que puede decirse, pensarse o debatirse.
Más que explicar los hechos, se impone una versión única de ellos. No se nos invita a comprender, sino a repetir; no se nos convoca a observar, sino a aceptar lo que se dice desde arriba. La realidad deja de ser el resultado del debate y se convierte en un relato oficial que exige obediencia.
<h3>La ley como herramienta de control narrativo</h3>
En México, esta lógica se ha manifestado de forma creciente mediante el uso de la ley como herramienta de control narrativo. Lejos de funcionar como un marco común que garantice derechos, el sistema legal es utilizado de manera selectiva para castigar la disidencia y proteger al poder.
La organización Artículo 19 ha documentado cómo este mecanismo se despliega contra periodistas y medios críticos. En su informe anual “<a href="https://articulo19.org/barrerasinformativas/" target="_blank" rel="noopener">Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México</a>” se exponen los principales obstáculos que enfrentan la libertad de expresión y el acceso a la información en el país, desde agresiones directas contra la prensa hasta la falta de transparencia institucional.
Según este y otros reportes de la organización, entre enero y julio de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios, lo que equivale a la apertura de un nuevo proceso legal cada cuatro días, impulsado con frecuencia por funcionarios públicos. Estas acciones no buscan necesariamente impartir justicia, sino intimidar, desgastar y generar autocensura. El mensaje es claro: cuestionar puede tener un costo.
<h3>Autocensura y obediencia al relato oficial</h3>
El efecto inmediato es que la discusión pública deja de centrarse en los hechos y se desplaza hacia la obediencia al relato oficial. Cuando preguntar implica riesgos legales, la autocensura se convierte en una forma de supervivencia. Así, lo que el poder niega deja de existir en el debate público, aunque sea evidente para todos.
<h3>Escándalos, chivos expiatorios y distracción</h3>
Los escándalos que involucran a algunos funcionarios públicos revelan con claridad este mecanismo de construcción selectiva de la verdad.
Ante denuncias graves, el discurso oficial suele prometer investigaciones que no avanzan o presentar resultados parciales donde aparecen chivos expiatorios, mientras las responsabilidades de los altos cargos permanecen intactas.
No se trata de esclarecer los hechos, sino de administrar el daño: proteger, ceder y conceder lo necesario para que la corrupción y la impunidad no alcancen a quienes están vinculados al poder.
En muchos casos, la estrategia se completa con la distracción mediática. Una nueva polémica sustituye a la anterior y el escándalo se diluye en la memoria pública. Así, más que rendir cuentas, el poder reafirma un mensaje implícito, pero contundente: hay quienes están por encima de la ley y cuya verdad no puede ser cuestionada.
<h3>Cuando la justicia se subordina al poder</h3>
En este contexto, la ley deja de ser un marco común y se convierte en un instrumento político. Ya no importa tanto lo que está escrito, sino quién interpreta, quién acusa y quién decide qué es verdad y qué es falso. La justicia se subordina al relato, y el relato al poder.
Como advirtió Hannah Arendt, el mayor triunfo del poder no es imponer una mentira, sino “destruir la capacidad de distinguir la verdad de la falsedad”. Cuando esa frontera se borra, la ciudadanía pierde no solo información, sino criterio. Y sin criterio, no hay deliberación democrática posible.
<h3>Pensar como acto de resistencia</h3>
Esta combinación de control legal, mediático y discursivo configura un escenario en el que la libertad de pensamiento se transforma en un acto de resistencia. Pensar críticamente, cuestionar la versión oficial y exigir explicaciones se vuelven prácticas incómodas, cuando no directamente castigadas. Frente a ello, el papel de la ciudadanía es crucial.
No basta con informarse: es necesario defender el derecho a cuestionar, exigir pluralidad y resistir la imposición de una verdad única. La realidad no debería ser aquello que el poder dicta, sino aquello que se construye colectivamente desde la observación, la crítica y la memoria.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C. </a>(<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener">@Iniciativa_pcd</a>).
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Referencias citadas en el texto:
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<li>Michel Foucault, Microfísica del poder, Gallimard, París, 1977.</li>
<li>Hannah Arendt, Verdad y política, en Entre el pasado y el futuro, Viking Press, Nueva York, 1961.</li>
</ul>

El poder y la construcción de la “verdad” en México

Bad Bunny convirtió el medio tiempo del Super Bowl en un acto político cuidadosamente coreografiado que dialoga con una larga tradición de gestos de resistencia y llamados a la unidad en el deporte y el espectáculo en Estados Unidos. Su mensaje resuena en un país que presume la libertad de expresión, pero que sigue atrapado en tensiones raciales y en políticas antiinmigrantes cada vez más agresivas.
En un estadio abarrotado y conectado al mundo entero, Bad Bunny eligió responder al clima de miedo alimentado por las operaciones de ICE y por amenazas públicas de que habría presencia de agentes migratorios alrededor del Super Bowl. Días antes ya se había debatido si su presencia pondría en riesgo a comunidades latinas e indocumentadas, y la propia NFL tuvo que aclarar que no habría operativos de detención vinculados al juego, reconociendo de facto que el fútbol americano se disputa hoy también en el terreno de la política migratoria. En ese contexto, el artista puertorriqueño cerró su actuación enumerando los países de todo el continente americano y rematando con un “God bless America” que, lejos de ser un guiño al nacionalismo excluyente, reivindicó la idea de América como espacio compartido, diverso y mestizo, donde los latinos no son invitados: son parte constitutiva del proyecto.
Su gesto no surge en un vacío, sino que se inscribe en una genealogía de rebeldías deportivas frente al racismo y la exclusión. Recordemos que en 1968, en los Juegos Olímpicos de México, Tommie Smith y John Carlos alzaron el puño con guante en el podio de los 200 metros planos, denunciando la violencia racial en Estados Unidos y pagando un altísimo costo, pues fueron expulsados de los Juegos y estigmatizados durante años. Décadas más tarde, en la propia NFL, Colin Kaepernick decidió arrodillarse durante el himno nacional para denunciar la brutalidad policial contra personas negras, inaugurando una ola de protestas que lo dejó sin equipo, pero lo convirtió en símbolo global de resistencia. El basquetbol y el beisbol tampoco han sido ajenos: LeBron James ha usado de forma sistemática su plataforma para hablar de racismo estructural y participación política, mientras equipos como los Phoenix Suns jugaron como “Los Suns” en rechazo a leyes migratorias discriminatorias en Arizona, y las protestas masivas tras el asesinato de George Floyd forzaron a franquicias como Washington y Cleveland a abandonar nombres y mascotas ofensivas para los pueblos originarios.
La lista es larga y atraviesa disciplinas y épocas: de Muhammad Ali negándose a ir a Vietnam, a Kareem Abdul-Jabbar y Jim Brown articulando sus carreras deportivas con causas por los derechos civiles, pasando por generaciones recientes de atletas olímpicos y profesionales que se pronuncian contra el racismo y en favor de la igualdad. Todas estas gestas comparten un hilo conductor: usan el escenario deportivo que se presenta como neutral y “apolítico“, para evidenciar que la neutralidad, en contextos de desigualdad, es una forma de complicidad. En cada caso, la reacción del poder ha sido ambivalente: castigo y censura cuando la protesta irrumpe de forma espontánea, y cooptación o administración del mensaje cuando la crítica se vuelve imposible de ignorar.
Ahí radica una de las particularidades del medio tiempo de Bad Bunny: no fue un acto aislado de insubordinación individual, sino una puesta en escena planificada y asumida por la propia NFL y por la industria del entretenimiento, plenamente conscientes del impacto de su discurso en un país gobernado por un presidente que ha respaldado políticas de endurecimiento migratorio y un discurso hostil hacia los “ilegales”. El hecho de que, tras meses de polémica y hasta amenazas de que ICE estaría “por todas partes” en el Super Bowl, la liga confirmara que no habría operativos de detención, muestra que el negocio entendió que convertir el miedo en espectáculo podía volverse en su contra y optó por asociarse a un mensaje de unidad continental que, sin nombrarlo directamente, cuestiona el uso del aparato migratorio como herramienta de intimidación política.
En un país construido por migrantes sobre territorios arrebatados a pueblos originarios, que hoy siguen movilizándose contra nombres de equipos y símbolos que perpetúan su humillación, el medio tiempo de Bad Bunny funciona como espejo incómodo. La narrativa oficial habla de Estados Unidos como baluarte de la libertad y los derechos humanos, pero, al mismo tiempo, normaliza la detención masiva de personas sin documentos, el uso excesivo de la fuerza y la producción sistemática de crímenes de odio que rara vez se reconocen como tales. Cuando un artista latino, nacido en Puerto Rico —territorio colonizado que es parte de Estados Unidos, pero cuyos habitantes viven ciudadanía de segunda— se planta en el escenario más visto de la televisión estadounidense para decirle al público que “somos humanos, somos americanos” y que no son “animales” ni “aliens”, conecta directamente con discursos previos suyos en premios como los Grammy, y desarma la retórica que deshumaniza a la migración.
En redes sociales, el eco de esa intervención no se limitó al elogio a la producción musical o al espectáculo visual: millones de usuarios retomaron la idea de una América que va de norte a sur y cuestionaron el derecho de cualquier gobierno a definir quién pertenece y quién no en un país que jamás ha resuelto su propio contrato social. La polarización quedó expuesta en tiempo real: mientras sectores conservadores insistían en que el deporte debe mantenerse “al margen de la política”, otros recordaban que fueron justamente las luchas de atletas y artistas las que abrieron espacio a debates hoy considerados básicos, desde los derechos civiles hasta el matrimonio igualitario. El medio tiempo se transformó así en un foro transnacional, donde la diáspora latina, las comunidades negras, los pueblos originarios y otros colectivos pudieron reconocerse en un mismo relato de exclusión, pero también de resistencia.
La historia demuestra que estos gestos no cambian, por sí solos, estructuras de poder ni detienen el aparato de deportación o la lógica de criminalización. Sin embargo, sí alteran el imaginario: colocan a millones de espectadores frente al recordatorio de que, en el país que se reivindica como ejemplo democrático, seguir deteniendo, humillando y violentando a personas en nombre de la ley no es un simple “exceso”, sino la expresión contemporánea de una mentalidad de superioridad racial que viene de la colonización y de la esclavitud. Al seguir la estela de Smith y Carlos, de Kaepernick, de LeBron y de tantos otros, Bad Bunny no solo consolidó su propio lugar en la historia de las gestas deportivas y culturales contra el racismo y la xenofobia, también dejó claro que, mientras existan estadios llenos, cámaras encendidas y redes sociales dispuestas a amplificar, la cancha nunca será exclusivamente de quienes mandan.
* Iliana Rodríguez Santibáñez es profesora-investigadora del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México.

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