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En las últimas semanas hemos visto crecer la posibilidad de un ataque estadounidense a Venezuela. Las tensiones recientes en el sur del Caribe han reactivado un fantasma que parecía relegado a los márgenes de la política hemisférica: la posibilidad de una intervención militar estadounidense en una nación latinoamericana. Hechos como los bombardeos de embarcaciones de bandera venezolana en el Caribe, el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford frente a las costas venezolanas, junto con la designación del llamado “Cártel de los Soles” y del propio Nicolás Maduro como entidades terroristas, ha configurado un contexto de creciente tensión.
Más allá del simbolismo que pueden tener estas políticas, este tipo de acciones refleja un cambio cualitativo en la política de Washington: se pasa de un enfoque centrado en la confrontación diplomática y las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro a la posibilidad de ver acciones militares directas, operaciones de inteligencia o incluso campañas de bombardeo aéreo destinadas a lograr un cambio de régimen. Queda claro que la idea de derrocar a Maduro cuenta con cierta popularidad al interior de Estados Unidos y serviría para distraer la atención de temas internos de índole económicos, políticos y sociales que preocupan a la población. Asimismo, la oposición demócrata no parece dispuesta a oponerse firmemente a una intervención, pues su cálculo político sugiere que una operación de este tipo podría convertirse en un lastre significativo para la Casa Blanca, un escenario que buscarían capitalizar con miras a las próximas elecciones.
Aunque la posibilidad de una invasión sigue siendo materia de especulación, su sola consideración obliga a reflexionar sobre los retos estratégicos y humanitarios que un conflicto de esta naturaleza traería consigo. En un momento en el que el sistema internacional se reconfigura aceleradamente, intervenir militarmente en Venezuela no solo sería un reto monumental por lo que implica controlar un territorio como el venezolano, sino una apuesta peligrosa que podría desatar dinámicas violentas profundamente desestabilizadoras. Sobre todo, si se trata de una invasión a gran escala como las que vimos en Irak o Afganistán.
En primer lugar, cualquier operación militar enfrentaría un entorno operacional para el ejército estadounidense mucho más adverso de lo que suele asumirse en las discusiones superficiales. Venezuela no es un Estado fallido indefenso ni un territorio vacío, pero sobre todo Venezuela no es fácil de controlar. Es un país de más de 916 mil kilómetros cuadrados con una geografía compleja que consiste en selvas, montañas, ríos, zonas urbanas densamente pobladas, así como una serie de fronteras porosas difíciles de controlar. Bajo este panorama, una invasión a gran escala resultaría no solo logística y tácticamente desafiante, sino también política y diplomáticamente costosa, pues difícilmente contaría con el respaldo de Colombia y Brasil, los dos vecinos más relevantes en la zona, así como de otras potencias como Rusia o China.
De llevarse a cabo una invasión vemos varios retos. En primer lugar, el control territorial y sobre todo de la capital. Un desembarco estadounidense con el objetivo de tomar Caracas sería sumamente complicado, pues la capital está separada de la zona costera por un estrecho valle que fácilmente puede ser sitio de ataques a objetivos militares. Este fue el caso de los ataques contra objetivos militares estadounidenses en los valles y montañas de Afganistán. Segundo, la capital está rodeada de un terreno montañoso y selvático de difícil acceso, así como de barrios y asentamientos irregulares que dificultaría un control real más allá del centro urbano de la ciudad.
Aunado a esto, el terreno general de Venezuela es sumamente complicado de controlar: el terreno selvático y montañoso es ideal para una resistencia en la forma de una guerra de guerrillas, lo que sería catastrófico para un ejército regular y moderno como el estadounidense que no está diseñado para combates de este tipo. Desde Vietnam y pasando por Irak y Afganistán vimos las limitaciones de combate frente a formas de combate irregulares, que sería lo que probablemente veríamos en una ocupación de Venezuela. A ello se suma que las Fuerzas Armadas venezolanas, pese a sus múltiples problemas internos, cuentan con armamento antiaéreo ruso, misiles de defensa costera y capacidad para imponer costos significativos en una operación convencional. Estados Unidos podría derrotar rápidamente su infraestructura militar formal, pero no podría evitar la transición hacia operaciones de tipo guerrilleras que desatarían un conflicto prolongado, fragmentado y difícil de controlar.
Debido a estas complicaciones, el escenario más probable no sería una invasión a gran escala, sino una serie de operaciones militares selectivas. Podríamos ver una fuerza de incursión limitada quizá análoga a lo ocurrido en Panamá en 1989 con la caída de Noriega, aunque resulta aún más probable que veamos operaciones con drones y bombardeos aéreos al <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/12/02/mundo/trump-anuncia-inminentes-operaciones-terrestres-en-venezuela-y-advierte-a-colombia" target="_blank" rel="noopener">interior de Venezuela</a> dirigidos contra objetivos considerados estratégicos. Estas acciones serían justificadas bajo el argumento de desmantelar la infraestructura de narcotráfico asociada “Cártel de los Soles” (que, dicho sea de paso, puede ser un laboratorio para posibles incursiones en operaciones anti-narco en México). Asimismo, es altamente probable que se desplieguen operaciones encubiertas a cargo de la CIA, algunas de las cuales, según diversos reportes, <a href="https://www.nytimes.com/es/2025/11/18/espanol/america-latina/trump-operacion-encubierta-venezuela.html" target="_blank" rel="noopener">ya han recibido autorización</a> por parte de la Casa Blanca.
No podemos obviar que el territorio venezolano es sitio de operación de múltiples actores armados con un fuerte arraigo territorial: los llamados “colectivos”, diversas bandas criminales y pandillas, guerrillas y grupos rebeldes, cárteles del narcotráfico y grupos armados dedicados a la explotación ilícita de oro y otros minerales. Estas son organizaciones criminales que en muchos casos <a href="https://insightcrime.org/news/behind-the-curtain-what-regime-change-venezuela-could-mean-organized-crime/" target="_blank" rel="noopener">colaboran e incluso dependen del régimen de Maduro</a> para sus operaciones, pues entre ambos construyeron una sociedad de beneficencia mutua. Si bien el régimen en Caracas y el ejército venezolano controlan los recursos como oro y petróleo, debido a las sanciones internacionales requieren de la operación de actores ilícitos para la distribución y acceso a mercados internacionales. Por lo que la caída del régimen de Maduro puede abrir la puerta a que estos grupos, que ya cuentan con una relación de negocios con el ejército venezolano y con gran parte del régimen en Caracas <a href="https://globalnews.ca/video/11528486/armed-groups-could-take-control-of-venezuela-if-maduro-goes-former-u-s-ambassador-to-canada" target="_blank" rel="noopener">busquen a toda costa mantener la influencia</a> que tienen sobre el Estado venezolano.
Así, una eventual invasión estadounidense y la subsecuente caída de Maduro podrían abrir un escenario todavía más destructivo: una disputa armada por el control del aparato estatal, una profundización de la infiltración criminal en las instituciones y, potencialmente, una guerra entre organizaciones delictivas por preservar sus enclaves de poder en paralelo al conflicto que existiría por la ocupación estadounidense. El resultado sería un panorama profundamente adverso para una población que ya enfrenta condiciones extremas derivadas de la prolongada crisis económica y humanitaria del país.
Al mismo tiempo, persiste la posibilidad de que un cambio de régimen provocado por una operación estadounidense no derive en una transición ordenada ni pacífica. Es probable que Nicolás Maduro caiga, sobre todo si se replica una operación similar a la invasión de Panamá en 1989, pero no está claro que su salida implique el desmantelamiento del régimen chavista en su conjunto. Es por eso que es necesario diferenciar entre la persona y la estructura del régimen para entender que puede “cambiar todo para no cambiar nada”. Esto es especialmente relevante en un escenario donde las pugnas internas por el poder se combinan con la crisis humanitaria que provocaría una intervención y con los riesgos inherentes al vacío de autoridad en caso de un colapso total del gobierno venezolano.
Venezuela atraviesa ya una de las crisis socioeconómicas más profundas de la región, con millones de personas desplazadas y un aparato estatal severamente debilitado y deslegitimado. En este contexto, una intervención armada (incluso si fuera limitada o selectiva) implicaría el riesgo de destruir infraestructura crítica, detonar nuevos desplazamientos forzados, agravar una crisis migratoria que ya tensiona a los países vecinos y, sobre todo, abrir un vacío de poder que potencialmente resultaría en un espiral de violencia generalizada. La experiencia de Irak y Libia demuestra que la caída abrupta de un régimen sin un plan efectivo de sustitución institucional rara vez produce una mejora en la situación para la población local; por el contrario, los efectos colaterales de transiciones desordenadas se amplifican con rapidez, especialmente cuando el tejido social y económico está profundamente erosionado. Bajo estas condiciones, Venezuela, lejos de “ser liberada”, podría fragmentarse en un mosaico de enclaves armados en competencia por acceso a recursos, rutas de tráfico y legitimidad.
Debido a ello, las probabilidades de que Venezuela enfrente una crisis humanitaria aún más profunda aumentan considerablemente. La gran incógnita sigue siendo qué ocurriría el día después del hipotético colapso del régimen de Maduro. Lo que sí parece claro es que una intervención estadounidense difícilmente produciría los resultados ordenados y rápidos que algunos sectores anticipan. Por el contrario, podría desencadenar dinámicas que profundicen el sufrimiento de la población venezolana, deterioren aún más su ya precaria situación económica y profundizaría aún más la inestabilidad regional.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

Los retos y riesgos de invadir Venezuela

El Congreso de la Ciudad de México tiene en sus manos la oportunidad de revertir una injusticia histórica que ha legitimado la detención arbitraria y prolongada de personas con discapacidad en las cárceles de la Ciudad de México y del país.
El Código Penal de la Ciudad de México incluye dentro de sus disposiciones el llamado tratamiento para inimputables, que avala la privación de la libertad de las personas con discapacidad “hasta su curación”,  una expresión que por sí sola revela un enfoque obsoleto y contrario a los estándares internacionales.
El tratamiento para inimputables se impone a las personas con “desarrollo mental retardado o trastorno mental”,  que al momento de cometer un hecho que la ley define como delito no pudieron comprender lo que estaban haciendo ni prever las consecuencias que su conducta tendría. Estas personas que no comprendieron la ilegalidad de sus acciones y que no pudieron actuar en consecuencia atraviesan por todo el proceso penal, como cualquier otra persona y, al final, se les impone un tratamiento que puede ser en libertad solo si cuentan con redes de apoyo fuera; de lo contrario, se ordena su internamiento.
El tratamiento para inimputables implica serias afectaciones para los derechos de las personas con discapacidad. A través de esta figura, el marco normativo penal:
<ul>
<li>Encarcela a las personas en razón de su discapacidad, lo cual está prohibido por los estándares internacionales de derechos humanos.</li>
<li>Avala que las personas pasen más tiempo en prisión que las personas sin discapacidad.</li>
<li>Impone tratamientos psiquiátricos sin consentimiento.</li>
</ul>
Desde hace más de 15 años Documenta ha brindado asesoría legal a personas que se encuentran en cárceles cumpliendo un tratamiento para inimputables. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Arturo Medina Vela, sobre el cual se pronunció el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, reconociendo la violación del Estado mexicano a sus obligaciones internacionales.
El caso de Arturo deja ver las injusticias a las que se enfrentan las personas declaradas inimputables. A Arturo, como a muchos otros, se le encarceló por su discapacidad, se le negó la posibilidad de declarar, de objetar las pruebas presentadas en su contra, de elegir a su defensa y de apelar las resoluciones que lo condenaron. Todo ello por haber sido declarado inimputable.
En el país, según cifras oficiales, hay aproximadamente 690 personas que han sido declaradas inimputables cumpliendo con un tratamiento en prisión. En la Ciudad de México, a junio del 2025, había en el sistema penitenciario 113 personas inimputables. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> La gran mayoría viviendo en condiciones muy alejadas de lo que podría considerarse un entorno terapéutico encaminado a la recuperación.
Frente a esta realidad, Documenta emprendió una acción jurídica para evidenciar la omisión del Congreso capitalino de armonizar su legislación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con las recomendaciones del Comité de la ONU derivadas del caso de Arturo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón: resolvió que el Congreso debe modificar o derogar el tratamiento para inimputables.
El Congreso ahora tiene menos de 90 días para llevarlo a cabo. El desafío más grande que vemos desde la organización es el cómo: la reforma de esta figura debe estar anclada en el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, su capacidad jurídica y el respeto al debido proceso.
La Ciudad de México tiene la oportunidad de convertirse en referente nacional. No basta solo con cumplir: hay que transformar.
Conoce más sobre este tema con nuestro DocumentaT: El encierro no cura. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7BG9L1w-aAc&amp;list=PL9DqwudoWjqTixTCPSZC0IGxfSYMzAbFK&amp;index=5" target="_blank" rel="noopener">Aquí.</a>
<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/7BG9L1w-aAc?si=xXmeFLfM-Dsj8Vao" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> OADPRS, Cuadernos mensuales de estadística penitenciaria, junio 2025.

La CDMX ante un mandato histórico: reformar el tratamiento para inimputables

Durante la última década, la tasa nacional de criminalidad en México ha aumentado casi un 60 % (<a href="https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2025/05/MPI-ENG-2025-web.pdf" target="_blank" rel="noopener">Institute for Economics &amp; Peace, 2025</a>), causando profundos daños al tejido social y pérdidas devastadoras para miles de familias. La actividad criminal está organizada, en gran medida, a través de estructuras conocidas como cárteles; sin embargo, a pesar de su relevancia, se conoce poco sobre los efectos de sus dinámicas internas. Sus operaciones son deliberadamente opacas y esta “caja negra” no es accidental, sino estratégicamente planificada: cuanto menos se sepa sobre sus jerarquías, su control territorial y su lógica operativa, más difícil resulta para el Estado y la sociedad debilitar su poder.
A pesar de esto, un creciente cuerpo de investigación empírica y académica ha producido en los últimos años estimaciones cada vez más confiables sobre el tamaño, las características y el comportamiento de los cárteles, así como sobre su importancia económica, social y política (véanse, por ejemplo, Gambetta; Reuter; Felbab-Brown; Lessing; Trejo &amp; Ley). Se calcula que para 2022, México contaba con aproximadamente 150 organizaciones criminales activas, con un estimado de 175,000 miembros, cifra que aumentó en 60,000 durante la última década. Investigaciones recientes demuestran desde una metodología cuantitativa, que su capacidad para mantenerse operativos —pese a los extremadamente altos niveles de violencia y homicidios implicados— depende en gran medida de su habilidad para reemplazar rápidamente a su fuerza de trabajo (también conocidos como halcones, sicarios y mulas, dependiendo del la actividad que se les encomiende). Las estimaciones indican que las organizaciones delictivas reclutan entre 350 y 370 nuevos miembros cada semana, simplemente para evitar el colapso por pérdidas acumuladas, lo que convertiría al crimen organizado en el quinto “empleador” más grande de México, sólo superado por grandes corporaciones como FEMSA, Walmart, Manpower y América Móvil (Prieto-Curiel et al., 2023).
Esta incorporación continua de nuevos miembros, conocida como reclutamiento, es uno de los mecanismos centrales que sostienen las operaciones de los cárteles. Lamentablemente, este reclutamiento se dirige de manera desproporcionada hacia individuos social y estructuralmente vulnerables; lo más alarmante, hacia niños y adolescentes. De hecho, <a href="https://reinserta.org/wp-content/uploads/2025/09/Guia-de-prevencion-de-reclutamiento_Reinserta.pdf" target="_blank" rel="noopener">entre 145,000 y 250,000 jóvenes en México están en riesgo de ser reclutados, siendo los de entre 12 y 15 años los más vulnerables</a> (Reinserta, 2025). Esto refleja por un lado, que México enfrenta grandes vulnerabilidades estructurales —como pobreza, deserción escolar, acceso limitado a programas sociales de apoyo y un alto grado de normalización de la violencia— y, por el otro, que el crimen organizado se ha beneficiado de esa brecha para desarrollar y perfeccionar una serie de estrategias que utilizan para identificar, moldear y coaccionar a estos adolescentes, ofreciéndoles ingresos, comida, vivienda, y un sentido de pertenencia. El testimonio de Flaco, un joven mexicano de 14 años, refleja algunas de estas dinámicas: <a href="https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2025/11/24/al-jazeera-speaks-to-teenage-killers-recruited-by-mexican-drug-gangs" target="_blank" rel="noopener">en un reportaje realizado por el medio de comunicación Al Jazeera (2025)</a>, explica que fue reclutado después de que su padre, quien había estado involucrado con el cártel, fuera asesinado. Hoy en día gana aproximadamente 200 USD por semana, más 650 USD adicionales por cada homicidio que cometa.
También abre la pregunta sobre si la incorporación de adolescentes es realmente forzada. No tengo una respuesta definitiva, pero recurrir a la noción de deseo permite romper la dicotomía simplista entre forzado y voluntario. El deseo no surge en el vacío: es siempre estructural. Está moldeado por relaciones de poder y por contextos materiales y simbólicos que pueden presentarse como elecciones, incluso cuando esas elecciones están profundamente condicionadas. El deseo apunta hacia aquello que imaginamos que incrementará nuestra potencia —en términos Spinozianos— aunque a veces sea ilusorio o incluso destructivo. En este sentido, cuando un joven dice “sí”, ese sí puede no es un consentimiento pleno, sino un deseo producido bajo violencia estructural, pobreza, exclusión, mandatos de masculinidad, necesidad de reconocimiento o ausencia de alternativas.
Ahora bien, ¿qué podemos hacer frente a esta problemática? Las proyecciones indican que disminuir la capacidad de reclutamiento de los cárteles tendría efectos significativos tanto en el número de víctimas que generan, como en su tamaño organizacional. De hecho, <a href="https://doi.org/10.1126/science.adh2888" target="_blank" rel="noopener">reducir a la mitad el ritmo de reclutamiento podría disminuir las muertes semanales hasta en un 25 % para 2027 (Prieto-Curiel, 2023)</a>, como se observa en el siguiente diagrama:
<figure id="attachment_1609431" aria-describedby="caption-attachment-1609431" style="width: 1074px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1609431" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/weekly-cartel-casualties.png" alt="Diagrama de Rafael Prieto Curiel que documenta cómo reducir a la mitad el ritmo de reclutamiento podría disminuir las muertes semanales hasta en un 25 % para 2027." width="1084" height="1034" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/weekly-cartel-casualties.png 1084w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/weekly-cartel-casualties-600x572.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/weekly-cartel-casualties-1024x977.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/weekly-cartel-casualties-768x733.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1084px) 100vw, 1084px" /><figcaption id="caption-attachment-1609431" class="wp-caption-text">Figura 1. Muertes semanales relacionadas con cárteles (arriba) y tamaño del cártel (abajo) en cuatro distintos escenarios: tendencias continúan; la incapacitación se duplica; el reclutamiento se reduce a la mitad; y el reclutamiento se reduce a cero. Las estimaciones para 2027 se obtienen a partir de los valores de 2022 y ajustando los niveles correspondientes de incapacitación o reclutamiento. Fuente: Prieto-Curiel et al. (2023: 6).</figcaption></figure>
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El diagrama anterior permite dimensionar un problema social de gran escala, pero debe tomarse con cautela debido a sus múltiples limitaciones. <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-blog-de-causa-en-comun/narco-quinto-empleador-modelo-supuestos" target="_blank" rel="noopener">Se trata de un modelo matemático basado en supuestos que son difíciles de comprobar empíricamente, pues parten de hechos sobre los que no puede haber certeza absoluta (Escobar, 2023)</a>. En este sentido, si bien no nos interesa determinar con exactitud el lugar que ocupa el crimen organizado entre los principales “empleadores” de México, consideramos que, tomado con precaución, el modelo resulta útil para problematizar y alertar un fenómeno.
<h3>Prevención mediante el compromiso educativo</h3>
Existen varias posibles acciones para interrumpir o frenar estas dinámicas de reclutamiento, incluyendo ampliar los beneficios sociales por parte del Estado, fortalecer las intervenciones y el tejido comunitario, y asegurar una aplicación más consistente de la ley. Sin embargo, algo que nos preocupa particularmente es el hecho de que u<a href="https://reinserta.org/wp-content/uploads/2025/09/Guia-de-prevencion-de-reclutamiento_Reinserta.pdf" target="_blank" rel="noopener">no de los predictores más frecuentes entre los adolescentes reclutados por grupos criminales en México es el desvinculamiento escolar (Reinserta, 2025)</a>.
Por este motivo, consideramos que una de las estrategias que deben implementarse con mayor urgencia es disminuir la deserción escolar. Este enfoque se alinea con la perspectiva de que prevenir las captaciones sistemáticas desde el ámbito educativo no solo debilita la capacidad operativa del crimen organizado, sino que también contribuye a construir dinámicas comunitarias más seguras y a reducir la violencia a largo plazo. Dicho argumento se sustenta en las siguientes consideraciones:
I. La escuela es mucho más que un espacio educativo. Proporciona estructura, supervisión cotidiana y la presencia de adultos de apoyo y confianza. Cuando los adolescentes abandonan la escuela de manera prematura, pierden estos elementos protectores y quedan considerablemente más expuestos a entornos de alto riesgo.
II. Alrededor del 70 % de los jóvenes reclutados provienen de contextos altamente violentos (Reinserta, 2025). Aumentar la cantidad de tiempo que pasan en la escuela, reduce de manera efectiva su contacto con contextos donde el crimen organizado opera abiertamente, limitando tanto su proximidad física a actores involucrados, como su exposición a la normalización de la violencia.
III. Las escuelas desempeñan un papel fundamental en la formación de valores, aspiraciones y sentido de pertenencia. Una de las razones por las cuales muchos menores se integran a grupos criminales es la búsqueda de identidad, reconocimiento y comunidad. Los entornos educativos ofrecen modelos alternativos de logro e identidades no violentas.
* María González Díaz (Ciudad de México, 2000) es antropóloga social por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se tituló con mención honorífica gracias a una investigación de tesis sobre las estrategias de sobrevivencia entre las personas en situación de calle en la Ciudad de México. Le apasionan las ciudades, su gente y las historias no contadas. Actualmente cursa el primer año de la maestría en Política Pública en Sciences 
Po, París.
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Referencias:
Al Jazeera. (2025, 24 November). <a href="https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2025/11/24/al-jazeera-speaks-to-teenage-killers-recruited-by-mexican-drug-gangs" target="_blank" rel="noopener">Al Jazeera speaks to teenage killers recruited by Mexican drug gangs [Video]</a>. Al Jazeera.
Escobar, F.  (2025, 07 octubre). <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-blog-de-causa-en-comun/narco-quinto-empleador-modelo-supuestos" target="_blank" rel="noopener">Narco, ¿el quinto empleador? Modelo y supuestos</a>. Animal Político.
Institute for Economics &amp; Peace. (2025, May). <a href="https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2025/05/MPI-ENG-2025-web.pdf" target="_blank" rel="noopener">Mexico Peace Index 2025: Identifying and measuring the factors that drive peace</a>.
Prieto-Curiel, R., Campedelli, G. M., &amp; Hope, A. (2023). <a href="https://doi.org/10.1126/science.adh2888" target="_blank" rel="noopener">Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico</a>. Science, 381(6664), 1312–1316.
Reinserta. (2025, September). <a href="https://reinserta.org/wp-content/uploads/2025/09/Guia-de-prevencion-de-reclutamiento_Reinserta.pdf" target="_blank" rel="noopener">Guía de prevención de reclutamiento</a>.

La dinámica del crimen organizado y el reclutamiento de jóvenes en México

El mundo de las drogas se ha transformado de forma importante en los últimos años, ya que los patrones de consumo han cambiado. Han perdido terreno las drogas naturales como la mariguana o las que conllevan procesos químicos, pero con elementos naturales como la cocaína, mientras que las drogas sintéticas como el fentanilo, las metanfetaminas o la ketamina, lo han ganado.
Y debido a que los grandes cárteles de la droga de México son altamente sensibles al mercado, han ajustado su producción a la demanda de los consumidores y ahora producen en masa drogas sintéticas en laboratorios clandestinos.
A diferencia de las drogas naturales o con procesos químicos, que ofrecen un número limitado de variaciones, las posibles alternativas en las mezclas para generar drogas sintéticas son casi infinitas y además los consumidores ávidos de nuevas sensaciones propician que las organizaciones criminales constantemente estén experimentando para encontrar nuevas drogas sintéticas o combinaciones de las ya existentes.
Por tanto, se trata de un mercado que cambia de forma acelerada y nos hace difícil estimar cuántas drogas sintéticas existen.
Una primera alternativa de respuesta a esta pregunta la encontramos en <a href="https://www.unodc.org/documents/scientific/Current_NPS_threats_VII.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">el reporte Current NPS Threats</a> de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), que menciona que entre 2013 y 2024 se han registrado 1,248 nuevas sustancias psicoactivas, es decir, se podría tomar este número como solución a la interrogante planteada, pero la misma está lejos de representar la realidad.
Dicho número solo incluye las sustancias que han sido identificadas por los gobiernos, sin embargo, las organizaciones criminales suelen ir más rápido que los gobiernos, sobre todo porque cuando una droga tiene características muy similares a otra ya conocida no suelen realizar análisis de componentes, porque ello implica tiempo y dinero.
Es decir, las pruebas de laboratorio requieren que químicos y farmacéuticos altamente calificados inviertan mucho tiempo y dinero para realizar los análisis de las sustancias, por lo que sólo una proporción muy pequeña de los posibles casos son estudiados. De manera que rara vez las agencias gubernamentales tienen incentivos para estudiar las muestras de drogas, salvo cuando se cree que hay una nueva sustancia que está causando estragos.
En cambio, las organizaciones criminales sí tienen todos los incentivos para innovar y crear nuevas drogas o combinaciones, por lo que podemos afirmar que los datos de la UNODC subestiman la cuantía de las drogas, el problema es que no se puede calcular el nivel de subrepresentación.
Por tanto, la segunda respuesta, menos clara, pero más certera, es que no es posible determinar la cantidad de drogas sintéticas que existen y ello se debe principalmente a tres factores:
1. Se están creando constantemente drogas sintéticas, por tanto, se trata de un número dinámico que se mueve cada semana, incluso puede ser que se mueva todos los días, de forma que cualquier cantidad que se ofrezca (exacta o no), quedaría obsoleta al poco tiempo.
2. Los laboratorios clandestinos no siempre tienen procesos estandarizados, en ocasiones trabajan de forma artesanal, de tal forma que un mismo sitio puede ofrecer diferentes combinaciones de sustancias, que puede dar como resultado drogas químicamente diferentes, aunque se parezcan.
3. El proceso para crear nuevas drogas suele ser más corto, que el que se requiere para llevar a cabo los análisis y registros de nuevas sustancias psicoactivas, por tanto, una de las carreteras es más rápida que la otra.
Un ejemplo puede ilustrar perfectamente el problema. La mayor parte de la población ha oído del fentanilo y esto puede llevar a la falsa creencia de que existe un solo tipo de fentanilo, pero hay más de 100 variaciones documentadas y otras muchas que aún no se han documentado.
Se puede encontrar fentanilo en pastillas, dulces, láminas que se disuelven, en forma líquida y combinada con muchísimas otras drogas. De hecho, hay dos razones por la cual existen muchas muertes con sobredosis de esta droga, la primera es que se trata de una sustancia muy potente. Por ejemplo, 2 miligramos pueden ser mortales, por lo que la misma se suele disolver con otras sustancias que le den volumen, aunque el elemento activo sea bastante pequeño. Por ello, una mala mezcla puede causar la muerte con facilidad.
Y la segunda razón es que para obtener un mejor efecto psicoactivo muchos laboratorios combinan fentanilo con otras sustancias, las cuales en conjunto elevan la probabilidad de sobredosis.
De tal manera que en los medios se refiere a una sola sustancia, que es el fentanilo, cuando en realidad lo más probable es que en esta categoría quepan 500 o 1,000 o 2,000 variaciones, a las cuales se les van sumando nuevas con el tiempo.
Por ello resulta imposible dar una cifra exacta de la cantidad de drogas sintéticas que hay en la actualidad. De hecho, casi con seguridad se puede afirmar que no existe persona o institución que pueda ofrecer una cifra exacta y cualquier estimación puede estar sujeta a debate.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

¿Cuántas drogas sintéticas existen?

El pasado 30 de octubre se presentó en la antigua sede del Senado de la República la <a href="https://drive.google.com/file/d/119SwD_-aMX81cFqcTEbkZjTPIBmn_TaB/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">iniciativa</a> de Ley General de Participación Ciudadana. En el evento, coordinado por las organizaciones Regidor MX, Política Colectiva y el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, se puso sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿es necesario contar con una ley general en materia de participación ciudadana para asegurar que la ciudadanía pueda participar en las decisiones públicas del país?
Actualmente, en México no existe una ley general en la materia, por lo que cada estado decide cómo regular, o no, la participación ciudadana en su entidad. El mapa es desigual: 26 estados cuentan con leyes propiamente llamadas de participación ciudadana; 3 tienen otras normativas que regulan instrumentos o mecanismos de participación, aunque no usen ese nombre (San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala), y 3 no cuentan con regulación en la materia (Estado de México, Puebla y Campeche).
Por otro lado, existen 237 mecanismos de participación ciudadana legislados a nivel local. La CDMX encabeza la lista con 21 mecanismos, seguida de Jalisco con 16; Guerrero, con 15; Chihuahua con 14, y Querétaro con 11. En el extremo opuesto están Puebla con 1; Campeche con 2; Estado de México con 3, y Chiapas, Durango y Guanajuato con 5. Sin embargo, ni la existencia de leyes de participación ni la cantidad de mecanismos garantiza que la gente pueda participar de forma real, pues muchos de los mecanismos son poco conocidos, no son accesibles o están capturados.
En este contexto, se propone la creación de una ley general, la cual sería obligatoria en todo el territorio nacional y buscaría marcar un estándar mínimo de derechos, principios y obligaciones aplicable en los ámbitos federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México. Además, la ley permitiría contar con un lenguaje común y mayor claridad respecto de conceptos clave como participación ciudadana, democracia directa, participativa, mecanismos de participación política, social, de cocreación, entre otros.
La iniciativa de ley establece tres mecanismos de democracia directa: la iniciativa ciudadana, la consulta popular y la revocación de mandato. Estos son instrumentos mediante los cuales la ciudadanía ejerce directamente su soberanía. Ya están previstos en la Constitución y su aplicación corresponde al Instituto Nacional Electoral, en el ámbito federal, y a los Organismos Públicos Locales Electorales, en los ámbitos estatal y municipal. La iniciativa detalla cómo funciona cada mecanismo, qué porcentaje mínimo de personas se necesitan para activarlo y bajo qué condiciones se puede aplicar.
De igual manera, la iniciativa establece ocho instrumentos de democracia participativa: presupuesto participativo, parlamento abierto, cabildo abierto, colaboración ciudadana, audiencia pública, consulta pública, observatorios ciudadanos y redes de contralorías ciudadanas. Estos son instrumentos institucionales, legales o administrativos para que las personas colaboren, opinen o intervengan en la gestión pública, sin sustituir las funciones del Estado. La iniciativa define cada instrumento, señala qué autoridades lo regulan y establece las condiciones para su aplicación.
La ley establece también un Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, el cuál busca ser un órgano plural y honorífico para promover y vigilar el cumplimiento de la ley. Está integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federales, el Instituto Nacional Electoral (quien lo presidirá) y cinco personas de la sociedad civil.
Si bien el diseño de la ley parece razonable, durante el foro se expresaron diversas críticas que nos dan señal de que todavía hay muchos temas que resolver, previos a contar con una ley general en la materia. Organizaciones como Arkemetria Social señalan que sin una reforma constitucional que establezca el derecho humano a la participación ciudadana, no podemos hablar verdaderamente de un derecho exigible.
Otra cuestión fundamental es cuestionar de qué sirve el buen diseño de una ley si los mecanismos no funcionan en la práctica. En ese sentido, integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria de los Presupuestos Participativos, recordaron que los actuales mecanismos pueden tener una excelente regulación pero no ser aplicables por encontrarse capturados por personas cercanas a la autoridad o por corrupción en la entrega de los recursos.
Otra crítica a la ley fue que, como pasa con muchas otras, existe el riesgo de que no se armonicen las leyes locales en tiempo y forma, pues no hay sanciones en caso de que las legislaturas locales incumplan. A esto se suma la incógnita respecto a cuánto presupuesto se va a destinar para hacer operativa la ley, pues de lo contrario ésta quedará en letra muerta.
En medio de todo lo que aún hay que resolver, sigue siendo muy valioso el esfuerzo de las organizaciones civiles que colocan el tema de la participación ciudadana en la agenda pública, pues es una necesidad democrática. Es evidente que hace falta una Ley General de Participación Ciudadana para sentar las bases mínimas en la regulación nacional, sin embargo, no cualquier ley funciona. Aquella que se apruebe debe tomar en consideración las críticas hechas por la sociedad civil, así como las buenas y malas prácticas de leyes de participación ciudadana locales, de otros ejercicios de reglamentación nacional, como el Sistema Nacional Anticorrupción, y de otros mecanismos de vigilancia ciudadana como el Comité de Participación Ciudadana. De esta manera, se podrá aprender de sus logros y fracasos y así hacer una ley efectiva que asegure que la ciudadanía pueda participar en las decisiones públicas del país.
* Emiliano Montes de Oca (<a href="https://x.com/EmilianoMDO" target="_blank" rel="noopener">@EmilianoMDO</a>) es coordinador en anticorrupción y participación ciudadana en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

Rumbo a una Ley General de Participación Ciudadana

Salvador Gómez Herrera y Osiel Cárdenas Guillén eran grandes amigos. Juntos habían hecho la hazaña de apoderarse del liderazgo del Cártel del Golfo después de los arrestos de Juan García Abrego y Óscar Malherbe de León, a pesar de que otros actores como Hugo Baldomero Medina Garza se encontraban en mejor posición. Sin embargo, al final ganaron la guerra y <a href="https://cei.colmex.mx/archivos/QWN0aW9uVGV4dDo6UmljaFRleHQKIDk0CmVtYmVkcw==/El_origen_de_los_Zetas_y_su_expansion_en_Coahuila.pdf" target="_blank" rel="noopener">en 1998, cuando todo parecía haber llegado a buen término, el segundo traicionó al primero</a>.
Osiel Cárdenas le pidió a Salvador Gómez encontrarse en Matamoros. Cárdenas llegó acompañado por Arturo Guzmán Decena, su guardaespaldas y fundador de los Zetas, quien asesinó a Gómez, garantizando con ello que el liderazgo del Cártel del Golfo, que hasta ese momento había sido compartido, ahora recayera sólo en Osiel, a quien este suceso le valió recibir a perpetuidad el alias del “Mata amigos”.
Más adelante Osiel traicionaría a los propios Zetas, <a href="https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2016-04-14/hoyla-usa-acuerdo-entre-estados-unidos-y-el-narco-osiel-cardenas-condujo-a-la-muerte-de-miles-de-mexicanos-20160414" target="_blank" rel="noopener">entregando información de sus actividades al Gobierno de los Estados Unidos</a> a cambio de beneficios judiciales en su condena, lo que propició el rompimiento de los mismos con el Cártel del Golfo, aunque ello a su vez comenzaría una espiral de traiciones al interior de los Zetas que propiciaría su desaparición como organización y el nacimiento de varias células que la sustituyeron.
Esta anécdota nos reafirma el hecho de que la historia del narcotráfico en México está plagada de traiciones. De hecho, las traiciones en cierta medida han moldeado la trayectoria de las organizaciones criminales más relevantes del país y pueden explicar el auge y caída de algunas de ellas, el surgimiento de nuevas, las rivalidades añejas entre narcos o el encumbramiento y desplome de los grandes capos.
Todas las organizaciones criminales han vivido traiciones importantes y los primeros antecedentes los encontramos prácticamente desde el surgimiento de las primeras bandas documentadas en México.
Las traiciones fueron uno de los motores que permitió la consolidación del primer entramado criminal complejo en México, el Cártel de Guadalajara o la Federación, cuyas cabezas eran Miguel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Carrillo Fonseca, el cual en estricto sentido no era una organización totalmente vertical, sino un acuerdo de reparto de territorios y plazas que permitía controlar el suministro de drogas a los Estados Unidos y generar ganancias para las células que participan del esquema.
Sin embargo, algunos de los líderes criminales con peso regional que colaboraron con el Cártel de Guadalajara, terminaron siendo desplazados. Un claro ejemplo fue Pablo Acosta Villarreal “El Zorro de Ojinaga”, quien controlaba desde Ojinaga hasta Ciudad Juárez, y dio cabida a dos emisarios del Cártel de Guadalajara, Rafael Aguilar Guajardo y Amado Carrillo Fuentes (sobrino de Ernesto Carrillo Fonseca), <a href="https://www.infobae.com/mexico/2023/10/31/el-zorro-de-ojinaga-la-historia-del-legendario-narco-mexicano-que-controlo-chihuahua/" target="_blank" rel="noopener">quienes con el tiempo comenzaron a disputarle el control de Ciudad Juárez</a> y, a su muerte en 1987, su lugar fue ocupado primero por Rafael Aguilar. Sin embargo, años después, en 1993, Amado Carrillo ordenó la ejecución de este último en Cancún, quedándose con esa plaza que en el futuro sería la base del Cártel de Juárez.
El propio líder y fundador del Cártel de Guadalajara, Miguel Félix Gallardo, <a href="https://www.milenio.com/policia/narcotrafico/caida-cartel-guadalajara-y-surgimiento-carteles-actuales-puntos-clave" target="_blank" rel="noopener">al ser arrestado en 1989, vio como el reparto de territorios fue irrespetado por algunos de los jefes regionales</a>, como los hermanos Arellano Félix, que fundaron el Cártel de Tijuana con sede en Baja California, o por Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma, que en conjunto fundaron lo que hoy conocemos como el Cártel de Sinaloa. Pero a su vez, estas dos organizaciones comenzaron a pelear entre ellas, siendo los episodios más paradigmáticos el asesinato de los hijos del Güero Palma, el intento de asesinato de los Arellano en la discoteca Christine en Puerto Vallarta, el intento de asesinato del Chapo Guzmán en el Aeropuerto de Guadalajara, que por error costó la vida del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y la muerte de Ramón Arellano, cuando este fue a intentar asesinar al Mayo Zambada en Mazatlán.
En la historia del propio Cártel de Sinaloa podemos encontrar muchas traiciones relevantes. Por ejemplo, en 2008 fue arrestado Alfredo Beltrán Leyva uno de los principales operadores de la organización, lo cual provocó una gran ruptura, porque <a href="https://www.infobae.com/mexico/2024/02/01/por-este-motivo-arturo-beltran-leyva-aseguraba-que-el-chapo-y-el-mayo-entregaron-a-su-hermano/" target="_blank" rel="noopener">su hermano Arturo acusó al Chapo Guzmán y al Mayo Zambada de haberlo entregado</a>, lo que originó la fundación de la organización de los Beltrán Leyva, que luego se rompería en más facciones a la muerte de Arturo, donde la más relevante fue la encabezada por Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”.
<figure id="attachment_1607988" aria-describedby="caption-attachment-1607988" style="width: 990px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1607988" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/mapa-de-traiciones-en-el-narco-en-mexico.png" alt="Mapa de traiciones en el narcotráfico en México." width="1000" height="888" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/mapa-de-traiciones-en-el-narco-en-mexico.png 1000w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/mapa-de-traiciones-en-el-narco-en-mexico-600x533.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/mapa-de-traiciones-en-el-narco-en-mexico-768x682.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption id="caption-attachment-1607988" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia.</figcaption></figure>
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De manera similar, cuando en 2010 fue abatido por las autoridades Ignacio Coronel Villarreal, de nueva cuenta <a href="https://lasillarota.com/nacion/2020/7/29/nacho-coronel-10-anos-de-su-caida-las-dudas-de-la-muerte-del-capo-240130.html" target="_blank" rel="noopener">hubo quienes acusaron al Chapo y al Mayo de haber filtrado su ubicación para causar su muerte</a>. El asesinato de Coronel, combinado con el arresto de Óscar Nava Valencia, jefe del Cártel del Milenio y socio del primero, propició reacomodos en esta última organización, que generaría el nacimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, que en un principio fue aliado del Cártel de Sinaloa, pero que después se constituiría en su gran rival.
Las traiciones alcalizarían a los líderes máximos del Cártel de Sinaloa años más tarde, ya que cuando el Chapo fue arrestado de nueva cuenta en 2016, el liderazgo recayó en forma conjunta en Ismael “El Mayo” Zambada y en los hijos del Chapo -Iván Archivaldo, Ovidio, Alfredo y Joaquín- a los cuales se les conoce como “Los Chapitos”. En ese contexto, <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/05/28/los-chapitos-vs-el-mini-lic-asi-comenzo-su-rivalidad-que-empujo-a-damaso-lopez-a-colaborar-con-eu/" target="_blank" rel="noopener">la mano derecha de Joaquín Guzmán Loera, Damaso López Núñez</a> “El Licenciado”, y su hijo, Damaso López Serrano “El Mini Lic”, buscaron despojar infructuosamente a los Chapitos de su posición, y aunque el liderazgo bicéfalo de la organización entre el Mayo y los Chapitos funcionó algunos años, no sin tensiones de por medio, en 2024, mediante engaños, <a href="https://elpais.com/mexico/2025-07-25/de-la-extrana-detencion-del-mayo-a-la-purga-en-badiraguato-cronologia-de-una-captura-que-cambio-el-mapa-criminal-de-mexico.html" target="_blank" rel="noopener">Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado por los Chapitos y entregado a los Estados Unidos</a>, lo cual desató una guerra abierta entre las familias Guzmán y Zambada que permanece hasta la fecha.
Al final, la ambición de quienes conforman estas organizaciones ha sido el motor detrás de las traiciones, el hambre de tener una tajada mayor, que a veces funciona como en el caso de Osiel Cárdenas Guillén o en ocasiones propicia el resquebrajamiento de una organización, como hoy le pasa al Cártel de Sinaloa. Pero lo que es un hecho es que gran parte de las traiciones ha sido detonante de la violencia en México y por ello resulta conveniente su estudio.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Traiciones en el narco mexicano

Una capital moderna se define cada vez menos por su infraestructura física como por su habilidad para leer, en tiempo real, los riesgos de la ciudadanía. En las grandes metrópolis, las emergencias son tratadas como un idioma propio, donde cada llamada, cámara y alerta dibuja la relación entre gobierno y sociedad.
En ese tablero global, la Ciudad de México construye un modelo que combina datos, cercanía social e infraestructura tecnológica para enfrentar uno de los dilemas actuales: cómo responder a una ciudadanía que demanda seguridad con atención diferenciada, velocidad, sensibilidad y evidencia.
Este año, la evolución del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) reconoce que los riesgos no son homogéneos y las víctimas requieren un trato distinto según el contexto en el cual viven.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de 2025, la plataforma atendió más de 1.8 millones de incidentes, un incremento del 58 por ciento si se compara con 2019. Lo relevante no es cuántos, sino cómo se atienden, qué tipo de emergencias se reciben, perfiles sociales detrás de esas llamadas y decisiones tomadas en el minuto crítico.
Estos números no solo describen la demanda; revelan que la línea 9-1-1 sigue siendo el principal articulador del auxilio ciudadano. Los motivos más frecuentes —agresiones, accidentes, escándalo, denuncias por sospecha— muestran la textura de una ciudad donde la emergencia es parte de la vida urbana.
Lo decisivo en 2025 ha sido el giro ético hacia la especialización. Una mujer que denuncia violencia o una persona LGBT que enfrenta riesgo recibe una atención estructuralmente distinta, diseñada para evitar la revictimización, identificar factores específicos y activar servicios acordes a la naturaleza de la agresión. Esto representa un cambio de época. La emergencia se concibe ahora como un fenómeno atravesado por género, orientación sexual, contexto territorial y condición social, no como un dato genérico despersonalizado.
El avance tecnológico también ha tenido su propio ciclo. El programa “Ojos que Te Cuidan”, impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, marcó un punto de inflexión. Con 15 mil 200 tótems con 30 mil 400 cámaras al cierre de este año, la ciudad registra un incremento de 36 por ciento en la infraestructura de videovigilancia.
Esta expansión tecnológica es relevante, pero lo es aún más la videovigilancia mixta, una innovación que coloca a la CDMX en un nivel comparable al de ciudades pioneras como Londres. Convenios con OXXO, Walmart, ANTAD, Canaco, la Asociación de Hoteles y otros sectores empresariales crearon un ecosistema de colaboración donde la cámara privada alimenta la capacidad pública de reacción.
El sector privado asume corresponsabilidad directa en la seguridad, integrando sus dispositivos al circuito institucional. El modelo convierte a la capital en una de las primeras ciudades de América Latina con una red híbrida capaz de leer el territorio desde ambas esferas: la pública y la comercial.
Aun con los avances, el reto de 2026 será monumental. La clave de la seguridad no está únicamente en la tecnología, sino en la capacidad de combinar datos con justicia, vigilancia con derechos y monitoreo con sensibilidad. La CDMX se mueve en esa dirección.
* Salvador Guerrero Chiprés (<a href="https://twitter.com/guerrerochipres" target="_blank" rel="noopener">@guerrerochipres</a>) es coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (<a href="https://x.com/C5_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@C5_CDMX</a>).

CDMX: otra mirada a las emergencias

La fórmula para las detenciones arbitrarias es tristemente sencilla: ser una persona morena y hacer nada fuera de lo común —existir, básicamente— en cualquier sitio de México donde la blanquitud y el aspiracionismo haya echado raíces. El Sur de México tiene un impacto diferenciado al resto en la desigualdad por racismo.
No importa tu grado de escolaridad, no importa si vistes ropa de marca, no importa en dónde trabajes, el perfilamiento racial es un problema que atañe a todo México, país en el que el 80 % de su población es racializada, según la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf">Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2022).</a>
El perfilamiento racial es toda conducta de detención o investigación basada en prejuicios étnico-raciales (como el tono de la piel, el idioma o acento, la vestimenta, o el fenotipo) y no en comportamientos objetivos que sean ilícitos. El ejemplo más común en México es la <a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Opinion_Consultiva_Discriminacion_y_Perfilamiento_Racial_en_Tiendas_de_Autoservicio.pdf">hipervigilancia a personas morenas en establecimientos de servicio o tiendas departamentales (COPRED, 2024)</a>. Seguramente te ha pasado a ti o algún conocido.
Seguramente recuerdas el famosísimo caso de racismo de Sonora Grill ¡Hasta Claudia Sheinbaum hizo declaraciones al respecto en su momento, cuando era jefa de gobierno de la CDMX! <a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/opinion-juridica-copred-022023-sonora-grill.pdf">El restaurante determinaba por tu tono de piel en que sitio te sentarías</a>. Si eras una persona blanca, te ponían en la mejor zona; si eras morena o racializada, te colocaban cerca de los baños o te ocultaría de la vista del público (COPRED, 2024).
En revisión de las Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán del año 2022 al 2025 por detenciones arbitrarias, se puede identificar un patrón común en los informes policiales homologados de los cuerpos policiacos estatal y municipales: la tez indicada de la persona de quien se sospecha siempre es morena. Sin duda, la piel oscura es el marcador que activa el perfilamiento racial en Yucatán.
Sin duda, muchas personas racializadas hemos experimentado el perfilamiento racial en algún momento de nuestras vidas. La primera vez que fui consciente de ello tenía 20 años y fui detenido «por no parecer de Yucatán». Diez años después, el personal de seguridad privada de la Reserva Ecológica Cuxtal, en Mérida, me exigió abandonar el lugar porque un vecino denunció mi supuesta «actitud sospechosa», que era estar sentado en una banca, leyendo un libro. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Tras presentar mi queja ante la administración, el personal me ofreció disculpas, manifestó un compromiso de no repetición y anunció acciones contra la discriminación. En algún momento se planteó incluso remover al agente que me perfiló racialmente. Paradójicamente, esa idea me inquietó. Por un lado, el guardia se encontraba entre la espada y la pared, pues quien activó el mecanismo de sospecha fue un vecino anónimo. Por otro, si el agente se quitaba el uniforme, perfectamente podría convertirse también en víctima del mismo sistema de prejuicios. Cuando le compartí esta reflexión, él me confesó que, fuera de su trabajo y vestido de civil, también había sido detenido por otros guardias de seguridad.
Y ahí está el tema con el racismo. No se trata de una conducta aislada de discriminación, sino que es un sistema de opresión. De forma histórica, a través de narrativas, leyes, instituciones y el poder, en todo México se ha jerarquizado a la población de acuerdo a su fenotipo. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Actuar con base al «sospechosismo» por la apariencia de las personas es totalmente racista.
¿Qué hacer? La gran pregunta leninista. Para empezar, en Yucatán debemos abrir la conversación y no soltarlo. Cada día, en cada momento, en cada espacio, debemos ser activamente antirracistas.
* Otto Cuauhtémoc Castillo González es director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos «Digna Ochoa y Plácido» de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Cuento de Navidad, de Alejandro Zambra. Un libro tan divertido que es imposible no recomendar.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Navarrete, Fe (2019). México Racista: Una denuncia. Grijalbo. México.

La sospecha tiene color de piel

<figure id="attachment_1607574" aria-describedby="caption-attachment-1607574" style="width: 990px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1607574" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/pic-tax-convention-.jpg" alt="Sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación (INC) para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional (UNFCITC)" width="1000" height="687" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/pic-tax-convention-.jpg 1000w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/pic-tax-convention--600x412.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/pic-tax-convention--768x528.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption id="caption-attachment-1607574" class="wp-caption-text">Foto: Jorge Valderrabano.</figcaption></figure>
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La comunidad internacional se encuentra inmersa en un proceso histórico para reformar la arquitectura fiscal global bajo el paraguas de las Naciones Unidas. El Comité Intergubernamental de Negociación (INC) para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional (UNFCITC) ha celebrado sus primeras sesiones con el objetivo de establecer un marco inclusivo y efectivo para abordar los desafíos de la fiscalidad transfronteriza, la movilización de recursos internos y el desarrollo sostenible. Desde la perspectiva de <a href="https://www.agorasocial.org/" target="_blank" rel="noopener">Ágora</a>, organización de la sociedad civil promoviendo la justicia social y el desarrollo sostenible, estas negociaciones representan una oportunidad crucial para reequilibrar el poder fiscal a favor de las naciones en desarrollo.
<h3>El corazón de la negociación</h3>
El impulso principal detrás de estas negociaciones es subsanar las deficiencias de los marcos existentes, que a menudo han favorecido a los países desarrollados y han dejado a las naciones en desarrollo con una capacidad limitada para gravar la actividad económica generada dentro de sus jurisdicciones.
a) Nuestras prioridades (lo que Ágora busca): desde nuestra posición, y en sintonía con las posturas del Grupo Africano en el INC, la Convención debe priorizar la justa asignación de los derechos de imposición. Esto significa reconocer y garantizar el derecho a gravar no solo donde la actividad económica tiene lugar (residencia), sino, crucialmente, donde se crea valor y se generan ingresos y mercados. Buscamos un marco que empodere a los países de origen y fuente para maximizar su movilización de recursos internos (MRD), esenciales para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
b) Lo que se está negociando: los debates se han centrado en los artículos del borrador de la Convención Marco. La Tercera Sesión del INC en Nairobi se enfocó en compromisos fundamentales:
<ul>
<li>Artículo 4: Asignación justa de derechos de imposición: el debate clave giró en torno a garantizar que la convención reconozca explícitamente el derecho de las jurisdicciones a gravar donde se crea valor, se localizan los mercados o se generan ingresos, defendiendo que estos factores tengan igual peso.</li>
<li>Artículo 5: Fiscalidad de individuos de alto patrimonio neto: se siguen negociando medidas para prevenir la elusión y evasión fiscal por parte de los individuos de alto patrimonio neto, incluyendo la expansión del intercambio de información y enfoques coordinados.</li>
<li>Artículo 6: Asistencia Administrativa Mutua (MAA): un compromiso crucial para asegurar una cooperación amplia, inclusiva y equitativa entre Estados para hacer cumplir sus leyes fiscales internas, reconociendo las necesidades y capacidades de los países en desarrollo.</li>
<li>Artículo 8: Prácticas fiscales perjudiciales: busca desarrollar herramientas efectivas para combatirlas, promoviendo incentivos fiscales basados en la sustancia real y no solo en el movimiento de beneficios.</li>
<li>Aquí puedes encontrar el <a href="https://financing.desa.un.org/unfcitc" target="_blank" rel="noopener">borrador completo de la Convención.</a></li>
</ul>
<h3>El desempeño de las reuniones: balance de Nueva York y Nairobi</h3>
Las reuniones del INC han marcado un contraste entre el impulso inicial y la complejidad de la negociación de textos.
El encuentro inicial en Nueva York (INC I y II). Las sesiones iniciales establecieron el mandato y los términos de referencia, ratificando la necesidad de un instrumento inclusivo de la ONU. El proceso de Nueva York fue fundamental para consolidar el apoyo global al proyecto y establecer la hoja de ruta para el desarrollo de la Convención Marco y sus futuros Protocolos.
La Tercera Sesión en Nairobi (INC III). La reunión de Nairobi (noviembre de 2025) fue esencialmente una negociación de textos, enfocada en los artículos de la Convención.
<ul>
<li>Avances y consensos (África y Países en desarrollo): el Grupo Africano, apoyado por diversas delegaciones, logró introducir claridad y fortalecer el lenguaje en varios puntos. Se promovió activamente que los factores de asignación de derechos fiscales (valor creado, mercado, ingresos generados) se valoraran por igual en el Artículo 4, evitando una jerarquía que favorezca la residencia. Además, se fortaleció el Artículo 5 sobre fiscalidad de individuos de alt patrimonio al proponer la eliminación de la frase &#8220;según sea viable dicho intercambio&#8221;, un lenguaje que habría debilitado el compromiso de cooperación.</li>
<li>Puntos de tensión y lo que se dejó de lado: un punto de tensión constante fue la relación del nuevo marco de la ONU con los foros existentes (como el Marco Inclusivo BEPS de la OCDE). Mientras que muchos países desarrollados insisten en evitar la duplicación o en subordinar la Convención a los estándares existentes, el Grupo Africano y otros insisten en que el INC no está sujeto a marcos no inclusivos, defendiendo la necesidad de una plataforma universal que no excluya a ningún Estado. La definición de términos clave, como &#8220;flujos financieros ilícitos (IFF)&#8221; o &#8220;prácticas fiscales perjudiciales&#8221;, se pospuso a menudo, quedando para su tratamiento posterior en el Artículo 3 o a través de procesos de la Conferencia de las Partes (COP).</li>
</ul>
<h3>Nuestros aportes y el futuro de la convención</h3>
Hemos trabajado incansablemente para proporcionar análisis y propuestas que refuercen la ambición del marco, enviando contribuciones específicas a las negociaciones:
Declaración formal en el INC II (Nueva York): entregamos una declaración formal ante el comité que abordó la urgencia de conectar la reforma fiscal internacional con la justicia, la equidad y la rendición de cuentas para las comunidades vulnerables. Basándonos en la realidad de la economía informal e ilegal en países en desarrollo, argumentamos que la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos (IFF) representan no solo desafíos económicos, sino amenazas existenciales que socavan la soberanía, la seguridad y el contrato social del Estado. Propusimos específicamente dos mecanismos clave:
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>La inclusión de una definición clara y robusta de los IFF en el protocolo sobre servicios transfronterizos, reconociendo que este problema, que erosiona la base imponible, fue excluido de un protocolo específico.</li>
<li>La creación de un Instrumento de Vía Rápida (FTI) que actúe como un mecanismo multilateral para acelerar la adopción de las nuevas normas de la Convención y sus protocolos dentro de la vasta red de tratados fiscales bilaterales existentes, asegurando la rápida operatividad de las disposiciones contra los IFF.</li>
</ol>
</li>
</ol>
Recomendaciones sobre Cooperación y Asistencia Técnica: en otra de nuestras intervenciones, destacamos la importancia de un enfoque integral en la implementación de la Convención. Sugerimos que la Convención debe impulsar el aprovechamiento del expertise técnica del FMI, el Banco Mundial y demás instituciones financieras internacionales para brindar asistencia efectiva en la movilización de recursos internos y fortalecer las administraciones tributarias de los países en desarrollo.
Recomendaciones sobre Asistencia al Desarrollo: además, planteamos la necesidad de incluir disposiciones en la Convención para abordar la compleja cuestión de las exenciones fiscales para la asistencia para el desarrollo, la ayuda humanitaria y la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). Nuestro objetivo es asegurar que dichas exenciones sean coherentes, eficientes y no resulten en una pérdida indirecta de ingresos fiscales para los países receptores, garantizando la eficacia de la ayuda.
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Promoción de la participación juvenil: en nuestro compromiso con el multilateralismo inclusivo, apoyamos activamente a representantes de la juventud, en particular a aquellos vinculados al <a href="https://www.unmgcy.org/" target="_blank" rel="noopener">UN Major Group for Children and Youth (UN MGCY)</a>, ayudándoles a entregar declaraciones, proporcionar insumos técnicos y participar en diálogos con responsables de la toma de decisiones para impulsar sus propuestas y campañas relativas a la justicia fiscal y el desarrollo sostenible.
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Aporte sobre la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC): <a href="https://docs.google.com/document/d/1gX48efymsuWM_EROXsgjUHJFyNbC0ZoA1w65HKDBY6g/edit?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">presentamos una propuesta que aboga por incorporar principios de la UNFCCC</a>, como la responsabilidad común pero diferenciada y el principio de no causar daño, al ámbito fiscal. Esto implica reconocer las diferentes capacidades fiscales de los países y garantizar que las políticas fiscales internacionales (incluyendo los incentivos) no socaven los esfuerzos climáticos o la capacidad de los países en desarrollo para financiar su adaptación y transición ecológica.
Aporte sobre Política de Drogas y Fiscalidad: <a href="https://docs.google.com/document/d/1CqD29rhfVIyQZK0jsVJbODh7jban8NZfExg8HEFMe1E/edit?usp=drive_link" target="_blank" rel="noopener">hemos destacado la necesidad de que la Convención aborde la fiscalidad de la economía relacionada con las drogas</a>, tanto en términos de recaudación legítima (si aplica) como, principalmente, en la lucha contra los flujos financieros ilícitos (IFF) que se derivan del crimen organizado transnacional. Sugerimos que la cooperación de asistencia administrativa mutua y la lucha contra los flujos financieros ilegales (Artículo 7) sean lo suficientemente amplias para incluir información relevante de inteligencia financiera en contextos de política de drogas.
<figure id="attachment_1607575" aria-describedby="caption-attachment-1607575" style="width: 990px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1607575" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/foro-fiscal-internacional-.jpg" alt="Sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación (INC) para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional (UNFCITC)" width="1000" height="663" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/foro-fiscal-internacional-.jpg 1000w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/foro-fiscal-internacional--600x398.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/foro-fiscal-internacional--768x509.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption id="caption-attachment-1607575" class="wp-caption-text">Foto: Jorge Valderrabano.</figcaption></figure>
<h3></h3>
<h3>Expectativas para la próxima reunión en Nueva York</h3>
Se espera que la próxima sesión del INC en Nueva York se centre en consolidar el texto de los artículos restantes de la Convención Marco, particularmente los relacionados con la arquitectura institucional y las disposiciones finales, y, crucialmente, en comenzar a definir el alcance y el contenido de los futuros Protocolos. Estos protocolos serán esenciales, pues es donde se desarrollarán las normas sustantivas sobre temas como transferencia de precios, mecanismos de resolución de disputas, o un marco BEPS de la OCDE simplificado y global. Es imperativo mantener la ambición, asegurando que los Protocolos reflejen los principios de la justicia fiscal y la asignación justa, en línea con el espíritu de la Convención.
La Convención Marco es un proceso de largo aliento que requiere la movilización de todas las partes interesadas. Desde Ágora reafirmamos nuestro compromiso de promover un instrumento que se traduzca en políticas con enfoque de justicia social y desarrollo sostenible, asegurando que todos los Estados, especialmente los más vulnerables, tengan las herramientas necesarias para la movilización efectiva de sus recursos. Reconocemos la valiosa labor que el <a href="https://csoforffd.org/conference/un-tax-convention-negotiations/" target="_blank" rel="noopener">Mecanismo de la Sociedad Civil de Financiación para el Desarrollo (FfD)</a> está realizando para facilitar la participación activa y significativa de la sociedad civil y otros grupos interesados, fomentando además la colaboración efectiva con los gobiernos, las agencias de la ONU y las instituciones financieras. Continuaremos participando de manera constructiva en sus actividades y apoyando sus proyectos dirigidos a fortalecer el debate sobre la arquitectura fiscal global.
* Jorge Valderrabano es Economista por la Universidad de Nueva York, y actualmente Oficial de Incidencia en <a href="https://www.agorasocial.org/" target="_blank" rel="noopener">Ágora</a>.

El camino hacia una fiscalidad internacional justa: avances y desafíos en las negociaciones de la Convención Fiscal de la ONU

 El camino hacia una fiscalidad internacional justa

El sistema alimentario mundial genera cerca de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Datos de 2022 estiman que anualmente son emitidas 16 mil millones de toneladas en la cadena de producción de alimentos. Lo admite Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sin embargo, lo que aún parece difícil de asumir es que buena parte de esa huella proviene de un solo sector: la ganadería industrial.
Reconocerlo no es culpar a nadie, sino aceptar una verdad incómoda, una que un nuevo estudio publicado por la editorial científica MDPI vuelve a confirmar. “<a href="https://www.mdpi.com/2076-2615/15/22/3256" target="_blank" rel="noopener">El objetivo perdido: por qué la ganadería industrial debe ser el centro de la agenda climática</a>” reúne la evidencia más reciente sobre este tema.
Según sus conclusiones, la ganadería contribuye entre 12 y 20 % de las emisiones globales, utiliza más del 80 % de las tierras agrícolas, y, aún así, aporta sólo 37 % de las proteínas y 18 % de las calorías que consumimos a nivel mundial. Además, genera la mitad de la eutrofización, que causa la contaminación del agua por exceso de nutrientes provocando el crecimiento desmesurado del sargazo y otras algas marinas, y más de un tercio de la acidificación del suelo. El estudio también responsabiliza a la ganadería industrial del 52 % del calentamiento de la atmósfera.
Son datos que no dejan margen para la indiferencia. Si el sector ganadero fuera un país, estaría entre los mayores emisores del planeta. Y sin embargo, sigue ausente de la mayoría de las negociaciones climáticas internacionales, incluso de la cumbre global más importante.
<h3>La ganadería como oportunidad perdida</h3>
La COP30, celebrada este año en Belém, Brasil, representó una oportunidad histórica para poner en el centro de la agenda el impacto de la ganadería industrial sobre el cambio climático. Sin embargo, esta chance fue desaprovechada. Las discusiones se centraron principalmente en los impactos del sistema energético, dejando un año más al sistema alimentario fuera del debate crucial.
Brasil no solo es uno de los países con más ganado bovino del mundo, sino también el principal exportador global de carne de res. Y es justamente allí donde los efectos de la ganadería intensiva son más visibles: el Amazonas, el bosque tropical más extenso del mundo y un regulador clave del clima global, enfrenta una degradación sin precedentes: 18 % de su superficie ha sido deforestada y otro 17 % presenta deterioro avanzado, producto principalmente del avance de la ganadería y del cultivo de soya para alimento animal.
Otros impactos son la liberación de sumideros de carbono y pérdida de biodiversidad por la deforestación asociada a la cría de animales para consumo humano. Si no paramos la pérdida de bosques, para 2050 más de 1700 especies perderán entre el 25 y 90 % de sus hábitats, de acuerdo con Naciones Unidas.
Los científicos de este nuevo estudio advierten que incluso si mañana elimináramos por completo el uso de combustibles fósiles, no lograríamos cumplir los objetivos del Acuerdo de París mientras el sistema alimentario, y en especial la ganadería industrial, continúen sin transformarse. Reducir la producción y el consumo de alimentos de origen animal es tan crucial como la transición energética a fuentes no fósiles.
Belém, la ciudad donde se llevó a cabo la COP, es una de las localidades más afectadas por el cambio climático en Brasil. En el último año su población ha sufrido inundaciones y olas de calor, fenómenos impulsados principalmente por la deforestación de la región.
<h3>De la crítica a la acción: una transición alimentaria justa</h3>
Pero no todo son malas noticias. Precisamente porque el sistema alimentario es parte del problema, puede ser también parte de la solución. El estudio propone metas claras: reducir la producción y el consumo de productos de origen animal, promover patrones alimentarios basados en plantas y modelos de producción menos intensivos.
No se trata de imponer prohibiciones, sino de repensar la manera en que comemos y producimos, reconociendo los beneficios ambientales, de salud y económicos de un cambio de rumbo. Uno hacia la sostenibilidad alimentaria.
La transición alimentaria justa significa no dejar a nadie atrás. Implica apoyar a las comunidades rurales, proteger los medios de vida de quienes producen nuestros alimentos y garantizar que los consumidores tengan acceso a opciones nutritivas, asequibles y sostenibles. La mejor manera de lograrlo es reduciendo el consumo de alimentos de origen animal y aumentar los de origen vegetal como legumbres, granos, semillas y hortalizas, que tienen grandes aportes nutricionales.
Este modelo alimentario está respaldado por organizaciones internacionales como la FAO, la asociación de científicos EAT-Lancet y recientemente es reconocida por las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana 2025-2030, publicada por la Secretaría de Salud de México.
<h3>El mensaje que no podemos ignorar</h3>
La lucha contra el cambio climático no se ganará solo con energías limpias o autos eléctricos. También se libra en los campos, en las mesas y en los platos. Mientras la ganadería industrial siga creciendo al ritmo actual, estaremos alimentando la crisis que decimos combatir. Nuestra salud y la del planeta dependen de ello.
Las COP son una ocasión crucial para que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil reconozcan esta verdad y actúen en consecuencia. Transformar la manera en que producimos y consumimos alimentos no es una opción: es una condición esencial para garantizar el futuro del planeta.
Porque lo que hoy decidamos comer, y cómo decidamos producirlo, puede seguir calentando la Tierra o empezar a enfriarla. La elección, como siempre, está en nuestras manos.
* Sofía Ruiz Oldenbourg es ingeniera ambiental por el Instituto Tecnológico de Colima y tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito ambiental y de sostenibilidad en el sector privado y de organizaciones de la sociedad civil. Gerente de Políticas Alimentarias en Alianza Alimentaria y Acción Climática (<a href="https://x.com/AlianzaAliment" target="_blank" rel="noopener">@AlianzaAliment</a>) organización mexicana sin fines de lucro que está transformando el sistema alimentario hacia prácticas más éticas y sostenibles. En 2024 fue pieza clave para el diseño de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. También trabajamos con el sector público y privado implementando menús sostenibles en los comedores de las organizaciones para reducir impactos ambientales y riesgos a la salud asociados a patrones alimentarios.

La COP30 Ignoró el 50 % del calentamiento global

Este 20 de noviembre se cumplieron cincuenta años de aquella madrugada otoñal de 1975 en la que, tras una mediatizada convalecencia, muriera Francisco Franco en el madrileño Hospital de La Paz, poniendo fin a la incertidumbre en torno a su sucesión, a la larga espera de docenas de miles de refugiados y sus descendientes, y a casi cuatro décadas de una aciaga dictadura sustentada en la censura y la represión.
¡Franco ha muerto! Titulaba a ocho columnas desde La Coruña el diario gallego La voz de Galicia, provincia natal del autodenominado Caudillo, la noticia sobre el fallecimiento del golpista devenido jefe de Estado a las 4:20 horas de la madrugada de aquel jueves de noviembre en la capital española. La muerte del dictador por un choque séptico tras una larga agonía que implicó varios ataques al corazón y una serie de operaciones malogradas, puso punto final a una historia que comenzó a escribirse en 1936 con el levantamiento armado que Franco enarboló contra el entonces gobierno de la Segunda República Española, y que derivó en la desgarradora y fratricida Guerra Civil que destruyó al país, expulsó a cerca de medio millón de refugiados y asesinó a igual número de españoles.
La muerte del llamado Generalísimo cerró un siniestro capítulo en la historia europea y española, permitió el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España, y el regreso a su tierra de innumerables refugiados que durante décadas hicieron de nuestro país su hogar. Fue el punto de partida para la reinserción de la península ibérica en el concierto europeo, si se toma en cuenta la Revolución de los Claveles acaecida en Portugal el año anterior, y la oportunidad para España de construir un régimen democrático, plural y legítimo que permitiese sanar las hondas cicatrices ocasionadas por el conflicto civil que encumbró a Franco.
A medio siglo de distancia de ese lejano noviembre de 1975 hay mucho que celebrar a ambos lados del Atlántico, pero sobre todo mucho aún por hacer. Para nutrir la memoria, para garantizar su posteridad, para educar a las actuales y a las futuras generaciones sobre lo ominoso del golpe de Estado franquista y lo funesto de la dictadura que le siguió. Porque a cinco décadas de distancia, quienes no vivieron la partida de Franco en carne propia ni sufrieron el régimen autocrático y represivo que presidió, pueden caer en el error de ser apologéticos con su figura y con lo que representó. Lo que constituye un grave retroceso histórico y va en detrimento de los deudos de las miles de víctimas impunemente represaliadas por el dictador.
El reciente anuncio del gobierno español de resignificar lo que por décadas fungió como tumba para Franco, hasta la exhumación de sus restos en 2019, el otrora Valle de los Caídos renombrado de Cuelgamuros, “un monumento a un dictador”, en palabras del periódico español El País, es un claro ejemplo de lo importante que resulta seguir recordando lo que pasó hace 50 años y la significación que sigue teniendo. El proyecto para transformar el monumento-mausoleo que Franco imaginó para inmortalizar su victoria en la guerra y su figura despótica, construido por prisioneros políticos y presos de campos de concentración, en un museo dedicado a la memoria de los fusilados, los que aún yacen sin identificar en miles de fosas comunes que minan todo el territorio español, los refugiados y los perseguidos por la dictadura, ha generado un intenso debate al interior de la sociedad hispana. Un debate que desafortunadamente incluye no pocas voces que ensalzan la figura de quien tanto daño causó a España y que en parte le sigue causando.
* Diego Gómez Pickering (<a href="https://x.com/gomezpickering" target="_blank" rel="noopener">@gomezpickering</a>) es investigador sénior del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

¡Franco ha muerto! ¡Que viva Franco!

México enfrenta crisis medio ambientales en diferentes partes del país, algunas de las cuales se agravan por la presencia del crimen organizado, que ha encontrado en la explotación de recursos naturales con alta demanda, fuentes alternas de ingresos que, si bien son menores a las que les genera el tráfico de drogas o el huachicol, es un caudal de gran tamaño que refuerza sus finanzas, genera daño a los ecosistemas e implica pérdidas millonarias a las comunidades rurales.
No se trata de procesos aislados que se limiten a un recurso natural en alguna zona del país, llevado a cabo por una organización, sino decenas de recursos valiosos en todo México en el que participan muchas organizaciones criminales. Es pues producto de la natural propensión de las organizaciones criminales para diversificarse, en donde cualquier oportunidad de negocio que deje ganancias es aprovechada.
El abanico de recursos naturales es muy amplio, e incluye metales como el oro, la plata, el mercurio, el litio, el cobre o el hierro, minerales como la barita o la fluorita; maderas finas como caoba, ébano, granadillo, ciricote o cedro rojo; animales exóticos como aves, felinos, simios, vaquita marina, pepino de mar o totoaba; cultivos de alta rentabilidad como aguacate, tomate, limón, naranja o frutos rojos, ganado vacuno de engorda, y hasta bienes tan esenciales como el agua en las zonas en donde hay escasez.
Al respecto, las organizaciones criminales recurren a dos estrategias de monetización, la primera es cobrar derecho de piso a los productores agrícolas, ganaderos o mineros, de forma que se les deja operar a cambio de un porcentaje de las ventas y si no cumplen son atacados con violencia, y la segunda es sacar ilegalmente del país los productos altamente demandados para ser traficados a Asia, principalmente a China, Japón, Corea del Sur y Hong Kong, o bien a los Estados Unidos y Europa, en donde los mismos son altamente apreciados en el mercado negro.
A continuación, se puede observar un mapa que resume los principales recursos naturales que son explotados por el crimen organizado en cada zona del país, así como las organizaciones criminales que se enfocan en cada tipo de producto:
<figure id="attachment_1606605" aria-describedby="caption-attachment-1606605" style="width: 2550px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1606605" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Recursos-Naturales-Crimen-Organizado-scaled.png" alt="Recursos naturales explotados por los grupos del crimen organizado." width="2560" height="1929" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Recursos-Naturales-Crimen-Organizado-scaled.png 2560w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Recursos-Naturales-Crimen-Organizado-600x452.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Recursos-Naturales-Crimen-Organizado-1024x772.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Recursos-Naturales-Crimen-Organizado-768x579.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Recursos-Naturales-Crimen-Organizado-1536x1157.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Recursos-Naturales-Crimen-Organizado-2048x1543.png 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><figcaption id="caption-attachment-1606605" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia.</figcaption></figure>
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Diferentes medios de comunicación han documentado estos procesos de depredación de los recursos naturales o extorsión a los productores agrícolas. Por ejemplo, han dado cuenta de la devastación de <a href="https://www.excelsior.com.mx/nacional/criminales-se-disputan-trafico-de-especies-marinas-en-el-alto-golfo-de-california/1705226" target="_blank" rel="noopener">especies marinas del Golfo de California</a>, como la vaquita marina, que se encuentra en peligro de extinción, o la totoaba, las cuales tienen una gran demanda en China y Hong Kong que ha provocado un descenso importante en el número de especímenes en el Mar de Cortés, en el que participan las dos facciones del Cártel de Sinaloa: la Mayiza y los Chapitos.
Algo similar pasa en la <a href="https://oem.com.mx/elheraldodechiapas/local/chiapas-punto-clave-en-el-trafico-ilegal-de-fauna-silvestre-26127216" target="_blank" rel="noopener">Selva Lacandona</a>, en donde el Cártel de Sinaloa en su vertiente de la Mayiza y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) <a href="https://www.infobae.com/mexico/2024/01/25/quien-cuida-la-selva-lacandona-la-region-natural-chiapaneca-afectada-por-los-enfrentamientos-entre-el-cjng-y-el-cartel-de-sinaloa/" target="_blank" rel="noopener">participan en el tráfico ilegal de especie protegidas</a>, que incluye diferentes tipos de monos y primates como mono araña o mono aullador, aves como loros, guacamayas, tucanes y quetzales, jaguares, ocelotes, serpientes, lagartos y reptiles, los cuales se venden a altos precios en mercados internacionales.
No muy lejos, en la zona protegida de <a href="https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/10/11/selva-maya-deforestacion-mafia-madera/" target="_blank" rel="noopener">Calakmul en Campeche</a>, una red de personas de origen chino se alió a grupos locales de talamontes, para cortar miles de árboles, en especial de granadillo y ciricote, que después son enviados de contrabando a Asia. Esta situación se hace presente en otras regiones del país como Chihuahua, Durango, Michoacán, Chiapas y Veracruz, con la participación de grupos locales.
La minería también se ha convertido en una fuente de ingresos para las organizaciones criminales, ya sea mediante la extorsión de los grandes conglomerados nacionales e internacionales, como la explotación directa de minas ilegales. En dicho contexto, destacan las extorsiones a las <a href="https://www.infobae.com/mexico/2024/01/24/escalada-criminal-entre-los-tlacos-y-la-familia-michoacana-convierte-a-taxco-en-una-ciudad-fantasma/" target="_blank" rel="noopener">minas de plata en Guerrero</a>, en la que participan organizaciones como la Familia Michoacana y los Tlacos; o bien, <a href="https://www.infobae.com/mexico/2024/11/06/grupo-criminal-robo-seis-gondolas-cargadas-de-oro-y-otros-minerales-de-una-mina-en-zacatecas/" target="_blank" rel="noopener">las de oro que se encuentran en Zacatecas</a>, que son amenazadas por células del CJNG y el Cártel de Sinaloa en su facción de la Mayiza, o <a href="https://www.milenio.com/policia/minerales-explotados-grupos-criminales-mexico-cual-es-interes" target="_blank" rel="noopener">las minas de Hierro</a> de Michoacán, asediadas por lo que queda de los Caballeros Templarios.
De igual forma, las organizaciones criminales han puesto sus ojos en productos minerales menos convencionales <a href="https://animalpolitico.com/estados/chicomuselo-mina-ilegal-violencia?rtbref=rtb_kdkpwbe0xu0gks1to_1714493320724" target="_blank" rel="noopener">como la barita</a>, que se utiliza en muchos procesos químicos, en especial como insumo en las perforaciones de petróleo. Su epicentro de explotación está en Chiapas, que se pelean el CJNG y el Cártel de Sinaloa en su facción de la Mayiza. <a href="https://www.penguinlibros.com/mx/economia-politica-y-actualidad/382529-libro-la-guerra-del-litio-9786073857772/fragmento?srsltid=AfmBOop9A1dtZYEm85p7556fIZAWjEPiG61cZOYr-zFj5neG7B1AafGZ" target="_blank" rel="noopener">Más importante aún es el litio</a>, fundamental para la fabricación de baterías para computadoras, autos y paneles solares, cuyos yacimientos más relevantes se encuentran en Sonora, en el territorio que se pelean el Cártel de Sinaloa a través de su célula de los Salazar y el Cártel de Caborca, así como los yacimientos de <a href="https://elpais.com/mexico/2025-09-17/la-mineria-ilegal-en-mexico-amenaza-el-medio-ambiente.html" target="_blank" rel="noopener">mercurio de la Sierra Gorda de Querétaro</a>, que domina el CJNG, ya que el mercurio es altamente demandado por las mineras de oro ilegal de países como Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador, porque sirve de base para los procesos químicos para separar el metal áureo.
También los productores agrícolas son presas de extorsiones. En Colima y Michoacán <a href="https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/a-merced-del-crimen-organizado-el-brutal-asedio-del-narco-limoneros" target="_blank" rel="noopener">los limoneros</a> son extorsionados por el CJNG y Cárteles Unidos; también en Michoacán, <a href="https://www.reporteindigo.com/nacional/Del-centavo-al-peso-evolucion-de-la-extorsion-a-agricultores-de-limon-y-aguacate-en-Michoacan-20250818-0021.html" target="_blank" rel="noopener">los aguacateros</a> tienen que pagar derecho de piso al CJNG, a los Caballeros Templarios y a las organizaciones que conforman Cárteles Unidos, como los Viagras, Blancos de Troya o el Cártel de Tepalcatepec.
En Sinaloa los <a href="https://www.elimparcial.com/mexico/2025/02/16/agricultores-de-sinaloa-bajo-el-yugo-del-crimen-organizado-control-del-agua-extorsiones-amenazas-y-violencia/" target="_blank" rel="noopener">productores de tomate</a> son extorsionados por alguna de las dos facciones del Cártel de Sinaloa o por la Organización de los Beltrán Leyva; en el norte de Veracruz, quienes <a href="https://zetatijuana.com/2025/10/asesinan-a-empresario-naranjero-en-veracruz-tras-presuntas-extorsiones-de-grupos-criminales/" target="_blank" rel="noopener">cultivan naranjas</a> le pagan a el CJNG o al Cártel del Golfo a través del Grupo Sombra, también llamado Mafia Veracruzana, y los <a href="https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/la-brutal-extorsion-carteles-mexicanos-a-productores-campo-y-ganado" target="_blank" rel="noopener">productores de carne de engorda</a> en muchas entidades, en especial en Durango y Chihuahua, son extorsionados por el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez a través de la Línea.
Mención aparte requiere el producto natural más esencial para la vida humana que es el agua, que escasea en muchas zonas desérticas del país y en zonas densamente pobladas como es el Estado de México, en donde incluso ya se acuñó el término, <a href="https://www.infobae.com/mexico/2025/10/25/estas-son-las-organizaciones-delictivas-detras-del-huachicol-de-agua-en-edomex-que-era-vendida-a-sobreprecio/" target="_blank" rel="noopener">huachicol del agua</a>, que implica el robo del líquido a través de pipas o perforaciones en las tuberías, para luego ser vendido en un mercado negro, en el que participan sindicatos criminales como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), así como bandas criminales como los 300 y la Chokiza.
La participación de las organizaciones criminales en la explotación de recursos naturales tiene muchos impactos negativos. El primero de ellos es la depredación del medio ambiente, porque a ellos les interesan las ganancias sin importarles si los bosques se talan, las especies corren peligro de extinción y las tierras y fuentes de agua se contaminan por la minería.
El segundo es que, al extorsionar a los productores, imponen un impuesto adicional a la producción, que se termina trasladando a los consumidores que al final pagamos más por insumos, como la carne, el limón o el aguacate.
Y tercero afecta la vida de comunidades y productores de bajos ingresos, que apenas completan con lo que ganan y ahora también deben pagar derecho de piso, lo cual merma sus ingresos y en muchos casos los obliga por miedo o ventas insuficientes a dejar dicha actividad productiva.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Depredación de los recursos naturales por el crimen organizado

Cada día, niñas y adolescentes en todo el mundo enfrentan violencias que nunca debieron existir: físicas, sexuales, psicológicas, institucionales, digitales. Es una realidad tan extendida que muchos la aceptan con naturalidad. Pero no por habitual deja de ser una injusticia aterradora. Este sufrimiento no solo marca vidas individuales, erosiona sociedades enteras al negar a las niñas su derecho más básico: vivir seguras y libres.
Hablar de violencia contra mujeres suele conducirnos a cifras que estremecen. Pero cuando hablamos de violencia contra niñas y adolescentes, el estremecimiento debería convertirse en urgencia. Ellas cargan con una violencia más silenciosa, más normalizada y muchas veces más difícil de denunciar. En muchos países —y México no es la excepción— crecer siendo niña implica vivir entre riesgos que no eligieron, que no entienden y que no debería enfrentar ninguna persona.
Aunque el mundo ha avanzado en leyes, convenciones y discursos de igualdad, las niñas siguen siendo quienes más sufren violencias vinculadas a su género. La mezcla de edad, dependencia, desigualdad y discriminación las coloca en una de las posiciones más vulnerables de cualquier sociedad.
<h3>La violencia tiene género desde la niñez</h3>
Datos recientes del <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_VCM_23.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a> son contundentes. En 2022 se registraron 59,141 delitos cometidos contra niñas y adolescentes mujeres de 0 a 17 años. Es una cifra que por sí sola debería alarmarnos, pero su proporción es todavía más grave: equivale a una tasa de 305.6 delitos por cada 100,000 niñas y adolescentes, casi el doble de la tasa registrada para los varones del mismo rango de edad, que fue de 150.8.
Esta diferencia no se explica por azar. Revela algo estructural: la violencia afecta más a las niñas por el hecho de ser niñas.
En ese mismo informe, el INEGI registró que dentro de los delitos sexuales denunciados, el delito de violación alcanzó su cifra más alta en víctimas niñas de 10 a 14 años, con 4,197 casos, frente a 884 casos en varones. Es un dato devastador: justo en la etapa en la que deberían estar construyendo su identidad, descubriendo el mundo y desarrollando autonomía, miles de niñas en México están denunciando violaciones.
Otros delitos —abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, corrupción de menores, violencia familiar— muestran el mismo patrón: las víctimas son mayoritariamente mujeres, incluso desde edades muy tempranas. El mensaje es claro: la violencia de género no inicia en la edad adulta, se gesta desde la infancia.
Y estas cifras solo reflejan los casos que llegan a denunciarse. Los expertos coinciden en que los delitos sexuales contra niñas tienen una enorme cifra negra. Muchas víctimas no hablan por miedo, dependencia económica, normalización de la violencia, culpa inducida o falta de protección institucional. Lo que vemos, por duro que sea, es apenas la superficie.
<h3>No son casos aislados: es un sistema que falla</h3>
A veces la conversación pública presenta la violencia contra niñas como una colección de tragedias individuales. Pero la magnitud, persistencia y repetición de los datos obligan a entenderla como un fenómeno sistémico.
Sistémico, porque ocurre en casa, en la escuela, en la comunidad, en internet, en el transporte y en instituciones que deberían proteger. Sistémico, porque los agresores suelen ser personas cercanas. Sistémico, porque no todas las niñas cuentan con redes de apoyo, acceso a servicios de salud mental o canales seguros de denuncia. Sistémico, porque la impunidad es elevada y la respuesta de las autoridades es todavía insuficiente.
Pero también es sistémico porque está sustentado en creencias y prácticas profundamente arraigadas que minimizan las experiencias de las niñas, cuestionan su palabra y restan importancia a su bienestar. Y eso se traduce en una violencia que se hereda, se aprende y se normaliza.
Las consecuencias de la violencia contra niñas y adolescentes no se limitan a los hechos traumáticos. Afectan su salud física y emocional, su rendimiento escolar, su autoestima, su capacidad de confiar en otros, su autonomía económica y su proyecto de vida.
Una niña violentada no solo enfrenta un daño inmediato; enfrenta una desigualdad ampliada. En un país donde millones de niñas ya viven en condiciones de pobreza, la violencia se convierte en una segunda condena. Reducir la violencia no es solo una cuestión de seguridad, es una cuestión de justicia intergeneracional.
<h3>El papel de la sociedad: escuchar, creer, proteger</h3>
La protección de las niñas no puede depender únicamente de políticas públicas —aunque éstas sean imprescindibles. También requiere que todas y todos hagamos una introspección profunda y nos cuestionemos: ¿qué mensajes transmitimos sobre el cuerpo de las niñas?, ¿qué silencios sostenemos cuando sospechamos de una agresión?, ¿qué normalizamos en casa, en la escuela, en el barrio?, ¿qué exigimos (o dejamos de exigir) al Estado?
La violencia contra niñas y adolescentes no puede seguir viéndose como “un problema de otros”. Es un reflejo de nuestras fallas colectivas.
Organizarnos como sociedad es una responsabilidad irrenunciable. Con base en nuestra experiencia en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, desde Save the Children insistimos en que la prevención de la violencia de género debe comenzar mucho antes de que las agresiones ocurran.
En este esfuerzo, hemos desarrollado espacios de diálogo con niñas, niños y adolescentes para reflexionar sobre los estereotipos de género, cuestionar la desigualdad que los sostiene e identificar situaciones de riesgo que suelen normalizarse en la vida cotidiana. También impulsamos clubes y espacios comunitarios donde se abordan, de manera accesible y segura, distintos tipos de violencias basadas en género, así como las rutas de protección disponibles en cada territorio. Estas iniciativas buscan fortalecer habilidades socioemocionales, brindar acompañamiento y promover entornos donde las niñas y las adolescentes puedan expresar lo que viven sin miedo a represalias.
Sin embargo, ningún esfuerzo comunitario, educativo o social es suficiente por sí solo. La magnitud del problema exige políticas públicas sostenidas, instituciones especializadas, investigación de calidad y sistemas capaces de garantizar acceso real a justicia y reparación. Mientras estos elementos no se articulen con la misma fuerza con la que opera la violencia, las intervenciones seguirán siendo importantes, pero insuficientes frente a un fenómeno que requiere transformaciones estructurales.
Cada número del INEGI representa una vida marcada. Cada caso no denunciado es un silencio impuesto. Cada niña que vive con miedo es un recordatorio de que la deuda no está saldada.
Pero también, cada niña que encuentra refugio, que es escuchada, que accede a información, que recibe apoyo, que participa, que recupera seguridad —es un recordatorio de que las sociedades pueden sanar.
La pregunta crucial es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para que ninguna niña vuelva a enfrentar una violencia que pudo evitarse?
Porque ninguna sociedad puede considerarse justa si sus niñas siguen viviendo con miedo. Y ningún futuro puede construirse sobre la vulneración de quienes deberían estar más protegidas.
* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es una organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.

A las niñas les debemos algo más que sobrevivir

“La violencia contra las mujeres no es un exceso ni una anomalía, es el mandato de la masculinidad patriarcal llevado al extremo”.
Rita Segato, La guerra contra las mujeres, 2016.
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Cada 25 de noviembre, mujeres de todo el mundo levantan la voz bajo un mismo grito: “¡Vivas nos queremos!”. Desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, desde Quito hasta Montevideo, las consignas se repiten como un acto de memoria y resistencia: “Ni una menos”, “Nos queremos libres, no valientes”, “Por las que están, por las que faltan y por las que vendrán”.
No es solo una conmemoración: sino un compromiso renovado con la vida, la justicia y la igualdad. Es un recordatorio urgente de que la violencia contra las mujeres es estructural, atraviesa nuestras economías, nuestras instituciones y nuestros sistemas de protección social.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nació en honor a las hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa-, tres mujeres dominicanas opositoras políticas de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Su historia trascendió fronteras para convertirse en un símbolo universal de resistencia y lucha contra la opresión patriarcal y política. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializó esta fecha, reconociendo que la violencia contra las mujeres constituye una violación sistemática de los derechos humanos.
En ese orden de ideas representa una deuda pendiente con millones de mujeres y niñas que aún viven bajo la amenaza o las consecuencias de la violencia. Se trata de una jornada que nos interpela como sociedades porque la violencia no solo se expresa en su forma física o sexual, sino también en las brechas económicas, la precariedad laboral, la discriminación en el acceso a la salud, la invisibilización del trabajo de cuidados o la impunidad ante el feminicidio.
En América Latina, ser mujer sigue siendo un factor de riesgo. Según ONU Mujeres, 14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidio en el mundo se encuentran en esta región. México, por ejemplo, registró más de 3 mil mujeres asesinadas en 2024, de las cuales casi 900 fueron tipificadas como feminicidios. Las cifras, más allá de su crudeza, revelan una falla sistémica: la violencia no se detiene porque la desigualdad tampoco lo hace.
Las violencias que viven las mujeres son múltiples: física, psicológica, sexual, económica, institucional y simbólica. Todas se entrelazan, como escribió la filósofa Diana Maffía, “la violencia de género no es un accidente, sino una estrategia para mantener jerarquías”. A ello se suma la violencia laboral y económica, menos visible pero igualmente devastadora, que expulsa a miles de mujeres del empleo formal y las deja sin acceso a la seguridad social.
Las mujeres trabajadoras, sobre todo las que ocupan empleos informales, enfrentan condiciones precarias que perpetúan la violencia estructural. En la región, seis de cada diez mujeres trabajan sin protección social, según la OIT. La ausencia de licencias, servicios de cuidado, seguridad laboral o protocolos contra la violencia son también formas de violencia institucional y económica.
En palabras de Marcela Lagarde, “la violencia feminicida tiene raíces en la impunidad y en la desigualdad social”. La exclusión de las mujeres del acceso equitativo a la seguridad social es parte de esa desigualdad: cuando una trabajadora no tiene prestaciones, no tiene respaldo para salir de una relación violenta ni acceso a atención médica o psicológica. La autonomía económica es también una forma de protección.
Los sistemas de seguridad social pueden y deben combatir esta violencia en tres frentes:
<ol>
<li>La prevención, incorporando la perspectiva de género en políticas de salud, empleo y pensiones. No basta con ofrecer servicios universales si las mujeres no pueden acceder a ellos por la doble carga de trabajo o la falta de servicios de cuidado.</li>
<li>La atención y reparación, mediante protocolos laborales y prestaciones que acompañen a las víctimas de violencia. Países como Argentina y México han avanzado en incluir licencias especiales por violencia de género en sus sistemas laborales, pero aún requieren fortalecimiento institucional y presupuestal.</li>
<li>La educación y sensibilización institucional. Un sistema de seguridad social con perspectiva de género implica capacitar al personal en atención a víctimas, generar estadísticas desagregadas y reconocer a la violencia no como un problema privado, sino como un tema de salud pública y justicia social.</li>
</ol>
Los movimientos feministas de América Latina han logrado un avance invaluable: nombrar, visibilizar y politizar las violencias. Pero el reto sigue siendo convertir esa conciencia en políticas efectivas y en instituciones que respondan con diligencia y empatía. Como decía Julieta Paredes: “No queremos igualdad en el sistema de opresión; queremos otro mundo donde la vida sea el centro”.
Ese mundo empieza cuando la seguridad social deja de ser un privilegio y se convierte en un derecho accesible para todas. Mientras una mujer tenga que elegir entre denunciar o conservar su empleo, entre cuidar o sobrevivir, entre tener salud o tener ingresos, la violencia seguirá reproduciéndose.
El 25 de noviembre no es solo una fecha para recordar, sino una exigencia colectiva para garantizar vidas libres de violencia, con autonomía económica, con acceso real a derechos. El reto es entonces pasar del discurso a la garantía de derechos.
* María Soledad es Especialista en Igualdad laboral, Derechos Humanos y Seguridad social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
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Fuentes:
Lagarde, M. (2018). <a href="https://we.riseup.net/assets/119761/claves-feministas.pdf" target="_blank" rel="noopener">Claves feministas para la negociación en el amor</a>. Siglo XXI Editores.
Maffía, D. (2019). Feminismo, filosofía y política: una mirada desde América Latina. Ediciones Godot.
Organización Internacional del Trabajo. (2024). <a href="https://www.ilo.org" target="_blank" rel="noopener">Mujeres y empleo informal en América Latina: brechas y desafíos para la protección social</a>. OIT.
ONU Mujeres. (2023). <a href="https://news.un.org/es/story/2025/11/1540806" target="_blank" rel="noopener">Datos sobre feminicidios en América Latina y el Caribe</a>. ONU Mujeres.
Paredes, J. (2010).<a href="https://mujeresylasextaorg.com/wp-content/uploads/2015/09/julieta-paredes-hilando-fino-desde-el-fem-comunitario.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Hilando fino desde el feminismo comunitario</a>. Mujeres Creando Comunidad.
Segato, R. (2016). <a href="https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf" target="_blank" rel="noopener">La guerra contra las mujeres</a>. Madrid: Traficantes de Sueños.

Vivas, libres y con derechos: la seguridad social en el 25N

¿Hombres y cuidados? Todas y todos hemos sido cuidados y nos toca cuidar. Cada vez está más clara la necesidad y el impacto de que los hombres nos involucremos de manera frontal en las labores de cuidados; no solamente porque es una de las estrategias para transitar hacia la corresponsabilidad y a la equidad entre mujeres y hombres, sino también por lo gratificante que cuidar resulta para los hombres y que quizá muchos todavía no lo hemos experimentado, como experiencia de desarrollo personal que nos ayuda a liberarnos de las cargas impuestas por los mandatos del machismo.
Con la creciente discusión alrededor de los cuidados en diferentes frentes, los hombres nos hallamos ante la oportunidad de transitar desde el “des-cuido” habitual de nuestro bienestar hacia estilos de vida más saludables y satisfactorios para nosotros y para las personas que nos rodean, dejando atrás la creencia de que ser hombre es mantenerse emocionalmente desvinculado.
Una vez que nos planteamos entrar en la lógica de los cuidados, la primera perspectiva que surge es el ámbito doméstico; cuidar en casa porque en casa hemos sido cuidados, mirar por las personas adultas mayores porque de ellas hemos recibido atención; ocuparse de las niñeces, porque confían en nosotros para emprender sus vidas; colaborar con las otras personas cuidadoras −mujeres la mayoría de las veces− porque son quienes casi siempre cargan con el mayor peso de todas estas labores.
Caer en la cuenta de qué tan vinculada está nuestra existencia diaria con el hecho de haber recibido y seguir recibiendo cuidados nos muestra cómo el cuidar se arraiga primeramente en la reciprocidad, en la gratitud por haber recibido la posibilidad de vivir y crecer. No pueden existir modelos sociales en donde no hayamos sido cuidados y necesitemos cuidar a alguien más. Reconocer que uno ha sido cuidado hace caer en la cuenta de la necesidad  de corresponder cuidando, ya sea a quien nos ha cuidado, así como a otras personas, y desde luego a nosotras mismas, dando pie al tejido de una red de relaciones constituidas en clave de cuidados, vinculadas por la mutua gratitud. Esta sería la base de una ética de los cuidados.
En esta dirección, según Joan Tronto, el cuidado es una &#8220;actividad genérica que comprende todo lo que hacemos para mantener, perpetuar, reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo comprende nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestro entorno y los elementos que buscamos enlazar en una red compleja de apoyo a la vida.&#8221;
Así, cuidar es mantener habitable nuestro mundo y hacer que podamos vivir lo mejor posible en él, lo cual abarca y trasciende por completo esa primera noción que entiende a los cuidados como supervivencia en el entorno hogareño y los asimila con todo aquello que necesitamos para lograr una vida plena, según las aspiraciones de cada persona o colectividad, como puede ser jugar, convivir, viajar, pero también la participación social, económica y política que permita el despliegue cabal de las capacidades de cada persona y comunidad.
Repasar este planteamiento con perspectiva de derechos humanos nos hace ver de inmediato que la distribución de estas tareas ha sido profundamente desigual, de modo que la mayoría de las actividades de cuidado han sido históricamente asumidas por mujeres y que esto ha perpetuado las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres a costa de sus posibilidades de disfrutar más de la vida y de involucrarse en actividades profesionales y políticas, mientras que el campo de estas actividades ha sido copado por los hombres, quienes además muchas veces lo hemos hecho ejerciendo un ocio irresponsable con el bienestar propio, de nuestras familias y de nuestras comunidades.
De aquí se desprende la importancia de promover una una práctica de los cuidados orientada a fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, que fomente una creciente responsabilidad activa de los hombres, así como las oportunidades de las mujeres para una vida más diversificada y disfrutable.
Es cierto que el contenido de los cuidados no está prescrito, se trata de lo que cada persona o colectividad identifique como necesario en cada contexto, no de lo que el agente “cuidador” quiera otorgarle, pues esto entrañaría un riesgo de autoritarismo aún con las mejores intenciones; aquí entra en juego nuevamente la transformación de las masculinidades para prevenir que la búsqueda de control y dominio propia del machismo se enmascare bajo el pretexto de cuidar. La ética del cuidado supone entonces también una escucha atenta, un diálogo del cuidado, para responder atinadamente a las necesidades de cuidado de quienes nos rodean y entender que no existen procesos idénticos al momento de cuidar.
Las acciones individuales que podamos hacer desde los cuidados no suplen la urgente necesidad que se han advertido desde organizaciones como <a href="http://www.gendes.org.mx">GENDES</a>, de la creación de políticas públicas que brinden condiciones reales para que todas las personas podamos ser cuidadas y cuidar al disponer de espacios libres de violencia en centros de atención a la niñez y personas adultas mayores, pero también en espacios para la convivencia y la recreación, así como jornadas de trabajo flexibles y disponibilidad de transporte público eficiente, entre varias otras, de modo que no haya impedimentos para el desarrollo humano pleno de mujeres y hombres.

Masculinidades y cuidados

Cuando se habla de atropellamientos en Ciudad Juárez, especialmente sobre la Avenida de las Torres, a menudo se repite la narrativa de que la culpa es del peatón “imprudente”. Pero esta lectura es limitada y peligrosa: la verdadera imprudencia está en quienes diseñan y gestionan la vía, y en quienes han permitido que primen los flujos vehiculares sobre la seguridad y el bienestar de todos los usuarios.
<h3>No es sólo peligrosa para peatones: es un problema sistémico</h3>
La Avenida de las Torres no es solo un conflicto para quienes caminan: su configuración y velocidad la convierten en un corredor riesgoso para todos. Según datos de Estrategia Misión Cero, con base en siniestros recogidos por AXA México entre 2015 y 2023, algunos de sus cruces son particularmente graves:
<ul>
<li>El crucero de las Torres con Blvd. Ignacio Zaragoza registra 168 siniestros graves donde al menos una persona resultó lesionada.</li>
<li>El cruce de las Torres con Av. Santiago Blancas suma 118 siniestros graves, posicionándose dentro del <a href="https://puentelibre.mx/noticia/estas_son_zonas_mayor_riesgo_vial_ciudad_juarez/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">top 5 en Ciudad Juárez según ese análisis</a>.</li>
<li>En conjunto, <a href="https://diario.mx/juarez/2024/aug/16/cruceros-juarenses-entre-top-100-de-areas-de-mayor-riesgo-vial-del-pais-1027010.html" target="_blank" rel="noopener">los cinco cruceros peor calificados por riesgo vial en la ciudad suman 792 incidentes graves documentado</a></li>
</ul>
Estos números no apuntan a hechos aislados ni errores meramente ciudadanos: reflejan un patrón sistemático de riesgo vial elevado, especialmente en una avenida que prioriza el automóvil.
El problema se agrava cuando vemos que la infraestructura peatonal y ciclista en Las Torres es insuficiente y mal pensada. De acuerdo con análisis ciudadanos, la frecuencia de cruces peatonales en esta avenida es mucho menor que en otras avenidas principales: mientras que en avenidas como Tecnológico o Gómez Morín las personas pueden cruzar aproximadamente cada 300 metros, <a href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwY2xjawORTM9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFpdkFkTXVjVDRLUzJNa2F3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi1A8bj55sAqvHGfXF8ZubfUK7IYU1NNvpC4yU4wp5yesjGpUxXWxF29tC0Q_aem_VuWxlkiTUlze6vocXg3sXA&amp;mid=12l3ucwrgONhw_VGdPZxkoCnbzLnYyZI&amp;ll=31.632806222308755%2C-106.37345544165038&amp;z=13" target="_blank" rel="noopener">en Las Torres hay tramos donde un cruce se encuentra cada </a><a href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwY2xjawORTM9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFpdkFkTXVjVDRLUzJNa2F3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi1A8bj55sAqvHGfXF8ZubfUK7IYU1NNvpC4yU4wp5yesjGpUxXWxF29tC0Q_aem_VuWxlkiTUlze6vocXg3sXA&amp;mid=12l3ucwrgONhw_VGdPZxkoCnbzLnYyZI&amp;ll=31.632806222308755%2C-106.37345544165038&amp;z=13" target="_blank" rel="noopener">800 metros</a><a href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwY2xjawORTM9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFpdkFkTXVjVDRLUzJNa2F3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi1A8bj55sAqvHGfXF8ZubfUK7IYU1NNvpC4yU4wp5yesjGpUxXWxF29tC0Q_aem_VuWxlkiTUlze6vocXg3sXA&amp;mid=12l3ucwrgONhw_VGdPZxkoCnbzLnYyZI&amp;ll=31.632806222308755%2C-106.37345544165038&amp;z=13" target="_blank" rel="noopener"> e incluso casos extremos de </a><a href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwY2xjawORTM9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFpdkFkTXVjVDRLUzJNa2F3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi1A8bj55sAqvHGfXF8ZubfUK7IYU1NNvpC4yU4wp5yesjGpUxXWxF29tC0Q_aem_VuWxlkiTUlze6vocXg3sXA&amp;mid=12l3ucwrgONhw_VGdPZxkoCnbzLnYyZI&amp;ll=31.632806222308755%2C-106.37345544165038&amp;z=13" target="_blank" rel="noopener">1.7 kilómetros</a><a href="https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwY2xjawORTM9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFpdkFkTXVjVDRLUzJNa2F3c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi1A8bj55sAqvHGfXF8ZubfUK7IYU1NNvpC4yU4wp5yesjGpUxXWxF29tC0Q_aem_VuWxlkiTUlze6vocXg3sXA&amp;mid=12l3ucwrgONhw_VGdPZxkoCnbzLnYyZI&amp;ll=31.632806222308755%2C-106.37345544165038&amp;z=13" target="_blank" rel="noopener"> sin cruce seguro</a>.
Esa distancia es especialmente grave si consideramos quién camina en esta zona: las personas necesitan cruzar para subirse o bajarse del transporte público, ya que Las Torres atraviesa zonas residenciales y comerciales con bocacalles donde hay paradas y también el tránsito constante entre colonias residenciales y zonas de comercio, lo que obliga a cruces peatonales frecuentes.
Sobre infraestructura ciclista, no hay (o no al menos en los proyectos anunciados) una red clara de ciclovías seguras, y la ampliación vial parece centrarse en carriles para autos más que en infraestructura para movilidad activa.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1605582" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Cruces-peatonales-Av.-las-Torres-1.png" alt="Contexto territorial de Av. de las Torres en Ciudad Juárez. Fuente: Juárez se Mueve" width="1000" height="752" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Cruces-peatonales-Av.-las-Torres-1.png 1000w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Cruces-peatonales-Av.-las-Torres-1-600x451.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/Cruces-peatonales-Av.-las-Torres-1-768x578.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />
Contexto territorial de Av. de las Torres en Ciudad Juárez. Fuente: <a href="https://www.facebook.com/juarezsemueve" target="_blank" rel="noopener">Juárez se Mueve</a>.
<h3>Decisiones políticas y normativas ignoradas</h3>
Mientras los siniestros se acumulan, las autoridades avanzan con un proyecto de ampliación de Las Torres: más carriles, más velocidad. Según el Ayuntamiento, la obra (iniciada en 2025) contempla la reconstrucción de base, subbase, carpeta asfáltica y la adición de un nuevo carril en el cuerpo poniente con una inversión de más de <a href="https://www.juarez.gob.mx/noticia/28323/inicia-obras-pAoblicas-trabajos-de-ampliaciA3n-en-avenida-de-las-torres" target="_blank" rel="noopener">48 millones de pesos</a>.
Sin embargo, <a href="https://consejodemovilidad.com/presentan-proyecto-de-ampliacion-de-la-avenida-de-las-torres-en-reunion-de-la-comision-de-obras-publicas" target="_blank" rel="noopener">colectivos ciudadanos y el Consejo de Movilidad </a>han señalado que el proyecto debe garantizar un enfoque integral: no basta con más carriles para autos, debe haber también banquetas amplias, cruces seguros y ciclorutas. Justamente, la omisión es aún más grave porque existen leyes y normativas vigentes que deberían obligar a este tipo de diseño:
<ul>
<li>La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial exige que la infraestructura priorice la seguridad de los peatones.</li>
<li>La Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial también debe aplicarse para garantizar entornos accesibles para todas las personas.</li>
<li>Además, la NOM-004-SEDATU-2023 (“Estructura y diseño para vías urbanas”) establece criterios técnicos claros para el diseño vial seguro y accesible, incluyendo límites de velocidad apropiados, ancho de banquetas, cruces seguros y áreas para peatones y ciclistas.</li>
</ul>
No aplicar estas normativas no es un descuido administrativo: es una decisión política que pone en riesgo a quienes caminan, pedalean, transitan o simplemente viven en esa avenida.
<h3>Urgencia de gestionar la velocidad vehicular</h3>
Para reducir los siniestros graves es indispensable controlar la velocidad vehicular, con cambios en el diseño vial esto es posible. Los estándares internacionales (respaldados por la OMS y otras organizaciones de seguridad vial) muestran que la probabilidad de muerte o lesión grave se incrementa dramáticamente cuando los vehículos circulan a velocidades elevadas.
En ese sentido, las autoridades municipales y estatales deben:
<ol>
<li>Establecer límites de velocidad compatibles con la seguridad de peatones y ciclistas, con base en la normativa nacional y las mejores prácticas internacionales.</li>
<li>Implementar medidas de calmado de tráfico: reductores de velocidad, ampliación de banquetas, islas peatonales, semaforización segura.</li>
<li>Diseñar la ampliación de la avenida con criterios de accesibilidad universal, no sólo para vehículos: banquetas amplias, cruces seguros cada cierta distancia, señalización, semáforos peatonales adaptados.</li>
<li>Monitorear los siniestros y ajustar las intervenciones con base en datos para guiar decisiones orientadas a salvar vidas.</li>
</ol>
<h3>La imprudencia no es del peatón, es de quien diseña la ciudad</h3>
Cuando un peatón es atropellado en la Avenida de las Torres, no es suficiente responsabilizarlo por “cruzar mal”: hay un diseño vial que facilita el exceso de velocidad, escasas oportunidades seguras para cruzar, y decisiones políticas que priorizan más carriles de autos que la vida humana.
La ampliación de Las Torres podría ser una oportunidad para transformar la avenida, pero sin un enfoque integral, inclusivo y normativo, será simplemente una ampliación para el auto, no para las personas. Las autoridades tienen la responsabilidad y la obligación de cumplir con la ley vigente y proteger a quienes más vulnerables son en el espacio público.
Es hora de que la ciudad deje de justificar la tragedia como “imprudencia peatonal” y reconozca la verdadera imprudencia: diseñar calles para la velocidad sin pensar en quienes caminan.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1605580" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/peatones-avenida-Las-Torres.png" alt="Fotos de peatones en Avenida Las Torres." width="1058" height="920" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/peatones-avenida-Las-Torres.png 1058w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/peatones-avenida-Las-Torres-600x522.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/peatones-avenida-Las-Torres-1024x890.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/11/peatones-avenida-Las-Torres-768x668.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1058px) 100vw, 1058px" />
Contexto peatonal de Av. de las Torres en Ciudad Juárez. Fuente: <a href="https://www.facebook.com/juarezsemueve" target="_blank" rel="noopener">Juárez se Mueve</a>.
* Sergio Andrade-Ochoa (<a href="https://twitter.com/rat_inside" target="_blank" rel="noopener">@rat_inside</a>) actualmente es catedrático-investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y líder del proyecto de Estrategia Misión Cero. Ha sido reconocido por la International Youth Foundation, Fundación MAPFRE, la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Social y Rotary International por sus contribuciones en materia de derechos humanos, salud pública, ciencia y tecnología.

La imprudencia no es del peatón: el caso de la Avenida de las Torres en Ciudad Juárez

En los últimos días hemos visto nuevos desarrollos en dos conflictos que en apariencia son procesos distintos. Por un lado, surgió la posibilidad de un <a href="https://www.axios.com/2025/11/20/trump-ukraine-peace-plan-28-points-russia" target="_blank" rel="noopener">nuevo plan de paz</a> para Ucrania impulsado por Estados Unidos, el cual consta de una ambiciosa agenda de paz de 28 puntos que buscaría poner fin al conflicto. Por el otro, vemos un <a href="https://www.reuters.com/world/americas/us-launch-new-phase-venezuela-operations-sources-say-2025-11-22/" target="_blank" rel="noopener">aumento en las tensiones</a> en el sur del Caribe en donde cabe la posibilidad de una escalada militar en las tensiones entre Washington y Caracas. Estos acontecimientos, más que episodios aislados, reflejan la interconexión latente de los distintos conflictos en el escenario internacional.
La posibilidad de una escalada militar en Venezuela, en paralelo a los intentos de negociar un plan de paz para Ucrania, evidencia que los conflictos contemporáneos rara vez pueden analizarse como crisis locales aisladas. Un conflicto en el Caribe no solo alteraría el equilibrio geopolítico internacional, sobre todo por los vínculos entre Caracas con Moscú, Beijing y Teherán, por lo que una operación de cambio de régimen seguramente traería alguna <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2025/11/22/maduro-recibe-regalo-de-cumpleanos-anticipado-china-y-rusia-cierran-filas-para-salvaguardar-soberania/" target="_blank" rel="noopener">respuesta por parte de sus socios estratégicos</a>. Un ataque a Venezuela también tendría otros efectos, pues es muy probable que <a href="https://oilprice.com/Energy/Energy-General/What-a-US-Invasion-of-Venezuela-Would-Mean-for-Global-Oil-Prices.html" target="_blank" rel="noopener">encarecería</a> el precio internacional de los hidrocarburos como el petróleo y el gas natural, incrementando los ingresos de Rusia y disminuyendo el impacto de las sanciones económicas que buscan limitar la capacidad de Moscú de sostener la guerra en Ucrania. Así, un ataque militar destinado a presionar o derrocar al régimen de Maduro en Caracas terminaría debilitando, paradójicamente, la posición de Ucrania en el campo de batalla y en la mesa de negociación.
La continuidad del esfuerzo militar ruso en Ucrania depende de manera estructural de los ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos, que constituyen la principal fuente de financiación del presupuesto federal y del gasto asociado a la guerra. Por ello <a href="https://www.bbc.com/news/articles/czx020k4056o" target="_blank" rel="noopener">Ucrania ha enfocado</a> sus esfuerzos bélicos en atacar la infraestructura petrolera rusa. A pesar de las sanciones occidentales, Rusia ha logrado mantener flujo de efectivo gracias a la venta de petróleo y gas a mercados asiáticos, aplicando descuentos agresivos y utilizando redes logísticas alternativas para sortear restricciones. Se <a href="https://borgenproject.org/russias-resilient-petrostate/" target="_blank" rel="noopener">estima</a> que entre el 40 % al 50 % de la economía rusa depende de estas exportaciones, por lo que <a href="https://borgenproject.org/russias-resilient-petrostate/" target="_blank" rel="noopener">cualquier cambio</a> abrupto en los mercados internacionales del petróleo puede estimular la economía rusa o llevarla a una recesión.
La <a href="https://www.wsj.com/finance/commodities-futures/how-trumps-attack-on-russias-economy-is-ricocheting-through-oil-markets-5de5d9b1" target="_blank" rel="noopener">estrategia</a> de Estados Unidos frente a Rusia se ha centrado en reducir la capacidad de Moscú para convertir su producción de hidrocarburos en ingresos disponibles para la guerra, no necesariamente eliminando su acceso a los mercados, sino encareciendo y dificultando el proceso de exportación. Washington, junto con sus aliados, ha impulsado una <a href="https://www.wsj.com/politics/policy/bessent-u-s-to-impose-substantial-sanctions-on-russia-84132054?mod=article_inline" target="_blank" rel="noopener">nueva ronda de sanciones financieras</a> al petróleo ruso. El objetivo no es detener por completo la salida de petróleo (algo impensable sin provocar una crisis energética mundial) sino forzar a Rusia a venderlo con descuentos significativos y a depender de intermediarios costosos y menos confiables. Al limitar los márgenes de ganancia, Estados Unidos <a href="https://www.wsj.com/world/trumps-oil-sanctions-strike-at-russias-economic-lifeline-16c62de2?mod=article_inline" target="_blank" rel="noopener">busca erosionar la capacidad</a> del Kremlin de sostener su gasto militar prolongado. De esta forma, un incremento global del precio del petróleo provocado, por ejemplo, por una crisis en Venezuela que afecte la oferta internacional no solo compensaría las pérdidas derivadas de las sanciones, sino que fortalecería los recursos financieros de Moscú para prolongar la guerra.
En este contexto surge un nuevo plan de paz para Ucrania impulsado desde la Casa Blanca. El <a href="https://www.axios.com/2025/11/20/trump-ukraine-peace-plan-28-points-russia" target="_blank" rel="noopener">proyecto</a>, negociado previamente <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-23/secret-us-russia-talks-led-to-peace-plan-that-blindsided-ukraine?srnd=homepage-europe" target="_blank" rel="noopener">en secreto</a> con el Kremlin, consta de 28 puntos que hizo sonar las alarmas en Kiev y el resto de las capitales europeas, pues fue visto como muy favorable para Moscú. El plan no solo reintegraba a Moscú a la economía global y exige concesiones profundas por parte de Kiev que socavaban la soberanía ucraniana. Según el borrador, Ucrania tendría que reconocer de facto la autoridad rusa sobre los territorios conquistados en las zonas de Crimea, Donetsk y Luhansk, así como congelar otras líneas de frente y limitar su ejército a apenas 600,000 efectivos, además, incorporar en su constitución el compromiso de no ingresar a la OTAN, incluso si el acuerdo <a href="https://www.axios.com/2025/11/21/ukraine-security-guarantee-nato-article-5-trump" target="_blank" rel="noopener">contempla</a> garantías de seguridad externas.
Por su parte, las potencias europeas han <a href="https://es.euronews.com/my-europe/2025/11/22/los-lideres-europeos-rechazan-el-plan-de-paz-de-eeuu-y-dicen-que-es-solo-un-borrador" target="_blank" rel="noopener">rechazado</a> partes sustanciales del acuerdo. Los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros países, manifestaron que reducir el potencial militar de Ucrania y aceptar cambios territoriales sin condiciones debilitaría la seguridad europea. Con el fin de no quedar al margen de la negociación, estos Estados presentaron una contrapropuesta durante la cumbre en Ginebra entre Estados Unidos, Ucrania y sus socios europeos, tras la cual solo se <a href="https://www.reuters.com/world/europe/us-ukraine-continue-work-refined-peace-plan-end-war-with-russia-2025-11-24/" target="_blank" rel="noopener">acordó</a> continuar trabajando en un nuevo borrador que no comprometa la posición estratégica de Kiev, especialmente en temas de cesiones territoriales que claramente <a href="https://www.euronews.com/2025/10/23/ukraine-will-not-cede-any-of-its-territory-zelenskyy-tells-euronews" target="_blank" rel="noopener">es una línea roja</a> para Ucrania. Sin embargo, lo que el plan de los 28 puntos propuesto por Estados Unidos revela es que Washington considera inevitable reconocer parte de las conquistas rusas como condición para poner fin a la guerra. Al aceptar esta lógica, Estados Unidos termina conviniendo con la postura de Moscú en la mesa de negociación.
Al otro lado del Atlántico, el sur del Caribe experimenta una creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, ocasionada por un amplio despliegue militar estadounidense. Bajo la operación “<a href="https://defensescoop.com/2025/11/14/hegseth-announces-operation-southern-spear-after-20th-us-strike-against-alleged-narco-terrorists/" target="_blank" rel="noopener">Southern Spear</a>”, el Comando Sur (SOUTHCOM) ha llevado a cabo más de veinte ataques contra pequeñas embarcaciones que Washington califica como “narco-terroristas” vinculadas a Venezuela, acciones <a href="https://www.bbc.com/news/articles/cdjzw3gplv7o" target="_blank" rel="noopener">cuya legalidad ha sido puesta en entredicho</a> por juristas y organismos internacionales. La escalada de tensiones no se detuvo allí, pues la Marina estadounidense ha <a href="https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/11/eeuu/portaviones-uss-ford-cerca-america-latina-tension-venezuela-trax">desplegado</a> frente a las costas venezolanas al portaaviones USS Gerald Ford, uno de los buques de guerra más grandes del mundo. Paralelamente Washington <a href="https://www.aljazeera.com/news/2025/11/24/us-adds-venezuelan-cartel-to-terror-list-as-military-threat-rises" target="_blank" rel="noopener">designó</a> al llamado “Cartel de los Soles” y al <a href="https://elpais.com/internacional/2025-11-24/estados-unidos-declara-terrorista-a-maduro-en-plena-escalada-militar-con-venezuela.htmlhttps:/elpais.com/internacional/2025-11-24/estados-unidos-declara-terrorista-a-maduro-en-plena-escalada-militar-con-venezuela.html" target="_blank" rel="noopener">presidente Nicolas Maduro</a> como terroristas, creando así el <a href="https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists/" target="_blank" rel="noopener">fundamento jurídico</a> para una eventual intervención armada.
Caracas, por su parte, sostiene que estas maniobras militares son un pretexto para desestabilizar al gobierno de Maduro y realizar un cambio de régimen en Venezuela. En respuesta, ha advertido que interpreta el despliegue estadounidense como una amenaza, acusando a Washington de buscar una intervención encubierta para <a href="https://www.excelsior.com.mx/global/septiembre-2025-despliegue-militar-eeuu-venezuela/1736735" target="_blank" rel="noopener">derrocarlo</a> bajo el discurso de la lucha contra el narcotráfico. La idea de derrocar a Maduro mediante una intervención armada es popular en <a href="https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/23/venezuela/que-se-necesita-salida-maduro-venezuela-trax" target="_blank" rel="noopener">ciertos círculos</a> tanto dentro como fuera de Venezuela. Sin embargo, un gobierno de transición a un régimen post-Maduro emanado de una intervención militar estadounidense carecería de la legitimidad necesaria para estabilizar al país. Por lo que, si se busca un cambio de régimen, una salida negociada parecería ser la opción más viable, solo que esta <a href="https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/23/venezuela/que-se-necesita-salida-maduro-venezuela-trax" target="_blank" rel="noopener">no sucedería</a> sin la presión de la cúpula político-militar venezolana.
Es muy probable que veamos algún tipo de agresión contra Venezuela. Lo que aún está por definirse es el alcance de dicha operación, sobre todo si se limitará al uso de drones o bombardeos puntuales, o si incluirá algún tipo de invasión terrestre. Lo más probable sería ver una ofensiva selectiva con drones, en conjunto con operaciones encubiertas, las cuales <a href="https://www.nytimes.com/es/2025/11/18/espanol/america-latina/trump-operacion-encubierta-venezuela.html" target="_blank" rel="noopener">ya han sido autorizadas</a>, y quizá una intervención terrestre limitada al estilo de la invasión de Panamá para derrocar a Noriega en 1989. Es difícil imaginar una intervención militar a gran escala, en primer lugar, por lo difícil que sería para Estados Unidos controlar territorio venezolano de forma sostenida. El terreno favorece la guerra de guerrillas, un tipo de conflicto para el cual un ejército moderno como el estadounidense no está especialmente preparado, aunado a la cantidad de actores armados que existen en el territorio. En el caso de que se presente una intervención militar a gran escala, esta tendría consecuencias humanitarias sumamente graves, pues el vacío de poder que seguiría a la caída abrupta del régimen podría generar un escenario de colapso estatal que abre la puerta a <a href="https://www.politico.com/news/magazine/2025/11/15/trump-maduro-venezuela-column-00652369" target="_blank" rel="noopener">un escenario peor</a> para la población venezolana.
Cabe mencionar que Estados Unidos no responde a un interés en el petróleo venezolano per se, pues su propio mercado <a href="https://www.dw.com/es/gas-en-la-crisis-entre-venezuela-eeuu-y-trinidad-y-tobago/a-74529680" target="_blank" rel="noopener">está saturado</a> por su producción interna, sino que responden a un tema de política interna estadounidense. Si bien la Casa Blanca <a href="https://www.newsweek.com/scott-bessent-says-us-oil-prices-could-fall-venezuela-russia-ukraine-war-11086539" target="_blank" rel="noopener">considera</a> que los precios del petróleo bajarían “si algo pasa en Venezuela”, la realidad es que es muy probable que suceda lo contrario, y no solo los precios del petróleo, sino también los del gas, esto debido a los <a href="https://oilprice.com/Energy/Energy-General/What-a-US-Invasion-of-Venezuela-Would-Mean-for-Global-Oil-Prices.html" target="_blank" rel="noopener">posibles efectos</a> en la infraestructura gasera de Trinidad y Tobago. Especialmente debido a los posibles efectos en la <a href="https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-moves-suspend-energy-agreements-with-trinidad-including-gas-projects-2025-10-27/" target="_blank" rel="noopener">explotación</a> de reservas transnacionales de gas subacuáticas explotadas por empresas como Shell, NGC y BP. La explotación de estas reservas depende en gran medida de la cooperación entre Puerto España y Caracas. Sin embargo, esta cooperación se ha <a href="https://www.dw.com/es/gas-en-la-crisis-entre-venezuela-eeuu-y-trinidad-y-tobago/a-74529680" target="_blank" rel="noopener">detenido</a> debido al apoyo del gobierno trinitense a las operaciones militares estadounidenses en la zona, al punto de realizar <a href="https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/19/eeuu/ejercicios-militares-trinidad-tobago-southcom-orix" target="_blank" rel="noopener">ejercicios militares conjuntos</a> en medio de las tensiones con Caracas. Hecho que el gobierno venezolano consideró como una “<a href="https://es-us.noticias.yahoo.com/venezuela-maniobras-militares-eeuu-trinidad-134758819.html" target="_blank" rel="noopener">agresión</a>” por parte de Trinidad y Tobago.
El desarrollo de los conflictos en Europa del Este y en el Caribe demuestran lo paradójica y contradictoria que puede ser la política internacional, y al mismo tiempo, demuestra que no puede entenderse de forma aislada. Las guerras, los precios del petróleo, las sanciones económicas y las negociaciones de paz forman parte de un mismo entramado estratégico. El plan de paz de 28 puntos para Ucrania refleja la apuesta de Washington por estabilizar el conflicto aceptando parte de las conquistas rusas, una lógica que fortalece la posición de Moscú precisamente en el momento en que su economía bélica depende de un petróleo caro. A la vez, la posible escalada militar contra Venezuela abre un escenario capaz de elevar los precios del crudo, aliviando la presión económica sobre Rusia y prolongando su capacidad de mantener su maquinaria de guerra. Esta situación, en última instancia, obliga a reconocer que ya ningún conflicto es exclusivamente local.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

Venezuela y Ucrania, conflictos entre el petróleo, la paz y la guerra

El robo de combustible y el huachicol fiscal generan pérdidas económicas anuales superiores a los <a href="https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/EL-RESURGIMIENTO-SILENCIOSO-DEL-HUACHICOL-TRADICIO_ubEIk/" target="_blank" rel="noopener">20 mil millones de pesos</a> y se trata de una de las fuentes de ingreso más relevantes para las organizaciones criminales de nuestro país. A pesar de los esfuerzos en su combate, no se han logrado reducir de forma significativa la venta de combustible ilegal en México.
El problema reside en que los esfuerzos se han concentrado en la parte inicial de la cadena, que es el robo de combustible, o su ingreso ilegal en puertos y puntos fronterizos. En cambio, se podrían tener mejores resultados si la estrategia se centrara en la parte final de la cadena, es decir, en la venta al consumidor final y en concreto en el papel de las gasolineras en su comercialización.
De hecho, el robo de combustible es un mercado altamente rentable, porque gran parte de la población consume directa o indirectamente gasolina, es decir, todos los que usamos automóvil, salvo quienes tienen un vehículo eléctrico, debemos que recargar de forma regular el combustible y quienes no usan auto necesitan transporte público o consumen productos que se mueven con vehículos que utilizan gasolina.
Por ende, a diferencia de las drogas, es un producto que casi todos usan y además tiene tantos impuestos aparejados, que entre el precio de producción real y el de venta final, hay un margen amplio para obtener ganancias cuando el combustible es robado o introducido al país de forma ilegal.
Pero regresando al argumento central, la estrategia del Gobierno Federal para combatir al huachicol en todas sus formas se ha concentrado en las fuentes de origen del combustible robado y no en los puntos de venta final. De forma que se han desplegado operativos para atacar a las bandas que roban los ductos de PEMEX que cruzan todo el país. También se han realizado operativos para desarticular las redes de corrupción que permiten la entrada ilegal de millones de litros de combustible ilegal en los principales puertos del país a través de buques tanque, y de camiones o trenes cisterna que ingresan por las aduanas terrestres. Y a pesar de los resultados que se han tenido, el flujo del combustible robado no se detiene.
Pero hasta el momento se ha prestado poca atención a las gasolineras, que es el eslabón central para reducir el problema, ya que si bien el combustible robado se puede vender directamente en lugares clandestinos, la cantidad de gasolina que puede moverse en los mismos sin llamar la atención es poca, es decir, que con el caudal de combustible que se extrae de los ductos, de instalaciones de PEMEX, que se roba de camiones cisterna o que ingresa por huachicol fiscal, solo es posible moverlo a través de gasolineras legales.
A las gasolineras les conviene comprar combustible robado, porque pueden comprar un insumo que ya venden mucho más barato y obtener una ganancia mayor, al tiempo que en muchos casos el producto es fácil de esconder, ya que se combina en una misma estación, combustible legal e ilegal.
En el país se tienen más de 14 mil gasolineras, todas ellas operan bajo una concesión de PEMEX y por tanto se tiene la facultad de retirar la misma cuando incumplan el marco legal, por ejemplo, cuando comercializan combustible robado o cuando no pueden demostrar la compra legal de parte de su gasolina.
Y a pesar de que las revisiones se incrementaron, <a href="https://www.reforma.com/multa-nueva-cre-a-empresas-por-450-mdp/ar3067003" target="_blank" rel="noopener">en 2025 solo 56 gasolineras fueron sancionadas y a 35 de ellas se les revocó el permiso de operación</a>. Lo cual podrá parecer positivo, sin embargo, se estima que <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/05/21/uno-de-cada-3-litros-de-combustibles-que-se-distribuyen-en-mexico-son-ilicitos-alerta-onexpo/" target="_blank" rel="noopener">1 de cada 3 litros gasolina que se venden en el país es ilegal</a>, de forma que un esquema de revisión eficiente tendría que haber sancionado al menos al 25 % de las estaciones de servicio del país, es decir, unas 3,500.
La estrategia por tanto debe de pasar por incrementar el riesgo para las gasolineras que venden combustible ilegal, para que ya no les resulte rentable participar en el esquema y, al contrario, vean que la posibilidad de perder su permiso de operación y por tanto su inversión, es real.
De manera que, si las gasolineras por miedo a perder sus concesiones se niegan a comercializar el combustible ilegal, difícilmente las bandas de huachicol van a encontrar canales de venta adecuados y el negocio comenzará a decaer por no contar con vías seguras para llegar a los clientes finales.
Centrarse en las gasolineras tiene una ventaja enorme, ya que si las autoridades desarrollan un esquema efectivo para identificar a las gasolineras cómplices, dado que estas tienen mucho que perder, provocaría que la demanda de combustible robado o ingresado al país se reduzca de forma sustancial, provocando un efecto positivo triple: por un lado disminuirían las pérdidas de PEMEX, por otro se incrementarían las ventas legales y tercero se reducirían los ingresos de muchas organizaciones criminales, teniendo un efecto secundario favorable reducción de la violencia.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

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