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En los últimos meses, el debate en torno a la migración ha vuelto a ocupar el centro de la agenda pública en América del Norte. Entre propuestas legislativas restrictivas, operativos policiales en fronteras y discursos electorales cargados de estigmas, pareciera que hemos olvidado una verdad fundamental: migrar no debería significar renunciar a la dignidad. En ese contexto, vale la pena volver a hablar de derechos, de protección social y de cómo la cooperación internacional puede marcar la diferencia en la vida de millones de personas en movilidad.
Según datos de la <a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/93d4c7e7-4186-487c-a57a-0efe774050f1/content" target="_blank" rel="noopener">Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) </a>“de los 281 millones de migrantes a nivel mundial en 2020, América Latina y el Caribe tenía una población migrante de 43 millones de personas, lo que representa alrededor de un 15 % del total”. Las y los migrantes se caracterizan por estar en edad laboral: 7 de cada 10 está entre los 15 y 64 años, según el <a href="https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-anuario-de-migracion-y-remesas-2024/" target="_blank" rel="noopener">Anuario Estadístico de Migración y Remesas México 2024</a>. Garantizar su protección social es un desafío en un mundo donde la movilidad está en aumento.
En el recién celebrado <a href="https://ciss-bienestar.org/2025/03/21/organismos-internacionales-comparten-visiones-sobre-la-seguridad-social-de-personas-en-situacion-de-movilidad/" target="_blank" rel="noopener">Foro Internacional: Movilidad humana y seguridad social</a>, organizado conjuntamente por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se  identificaron cuatro mecanismos para lograr el ejercicio de los derechos a la salud y a la seguridad social: 1) los convenios de conservación y portabilidad de derechos; 2) la formalización laboral; 3) la vinculación como trabajadores independientes, y 4) los programas de protección social. Veamos  cómo estos mecanismos funcionan y su impacto en la vida de las personas en movilidad.
<h2>1. Conservación y portabilidad de derechos</h2>
Se trata de que los países acoplen sus políticas para que una persona migrante pueda conservar protección ante diferentes contingencias con independencia de su lugar de origen; pueden llevarse a cabo entre dos países (bilaterales) o entre varios países (multilaterales). Los convenios internacionales de conservación y portabilidad de derechos son fundamentales ya que permiten que los derechos adquiridos en un país sean transferibles a otro, evitando la pérdida de prestaciones por pensiones, salud o accidentes. La <a href="https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40americas/%40ro-lima/%40sro-lima/documents/publication/wcms_843086.pdf" target="_blank" rel="noopener">Organización Internacional del trabajo</a> reportó que en 2022 solo un 23 % de los trabajadores migrantes tenía garantizada la portabilidad de sus derechos a nivel global.
Según datos del <a href="https://ciss-bienestar.org/portalintegradodedatos/personas-migrantes/" target="_blank" rel="noopener">Observatorio de la Universalización de la Seguridad Social</a> de la CISS, los seguros de invalidez, sobrevivencia, vejez y accidentes de trabajo son las prestaciones que suelen brindarse con más frecuencia en este tipo de convenios, siendo las prestaciones familiares y de maternidad las que tienen menos cobertura.
El que dos o más países logren establecer mecanismos para que una persona migrante siga cotizando garantiza que, con independencia del lugar de origen o destino, eventualmente se pueda acceder, por ejemplo, a una pensión.
<h2>2. Formalización laboral</h2>
Hace referencia a tener un contrato laboral, la inscripción a salud y a la seguridad social. Para las personas migrantes, la formalización laboral resulta esencial, ya que se desempeñan en la economía informal y ello limita su acceso a los beneficios de seguridad social. Según la <a href="https://www.ilo.org/es/resource/news/panorama-laboral-2024-america-latina-caribe-empleo-brechas-informe#:~:text=El%20informe%20tambi%C3%A9n%20se%C3%B1ala%20que,2023%20(48%20por%20ciento)." target="_blank" rel="noopener">Organización Internacional del Trabajo (OIT)</a>, el 47,6 % de los trabajadores en América Latina y el Caribe se encuentran en la informalidad, así que este problema estructural incrementa la vulnerabilidad de personas en condiciones de movilidad.
El trabajo formal implica empleo bien remunerado y seguro. <a href="https://www.iom.int/es/pacto-mundial-sobre-migracion" target="_blank" rel="noopener">El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular</a> de las Naciones Unidas destaca la importancia de crear condiciones para garantizar una contratación equitativa y ética, así como la protección de los derechos laborales.
<h2>3. Seguridad social para trabajadores independientes</h2>
De no tenerse un contrato, se debe permitir que las personas económicamente activas coticen a pensiones y a salud. El seguro social voluntario es uno de los mecanismo que permite a las y los migrantes cotizar al sistema de seguridad social del país en el que residen, independientemente de su situación laboral.
En este sentido, el <a href="https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes/extranjeros-en-mexico" target="_blank" rel="noopener">Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)</a> es un ejemplo positivo en el continente americano, ya que permite a las personas migrantes residentes en México, con estancia legal, obtener su número de seguridad social y acceder a servicios como salud y pensiones.
<h2>4. Protección social para migrantes</h2>
Estos programas incluyen acceso a subsidios de salud, ayudas de ingreso mínimo, asistencia en situaciones de emergencia y subsidios para la vivienda.
El Pacto Mundial sobre Migración destaca la importancia de estos programas subrayando que de esta forma las y los migrantes tienen derecho al acceso a redes de seguridad social, independientemente de su estatus migratorio.
En tanto que los convenios internacionales no avancen, el trabajo formal no se garantice y la cotización de personas trabajadoras independientes no se logre, las políticas sociales son una alternativa para que las personas migrantes sean protegidas ante las contingencias de enfermedad, desempleo, maternidad, accidentes o la misma muerte.
Los países de origen y destino están obligados a procurar medidas para que cualquier persona conserve su pensión y el acceso a la salud como servicios esenciales para proteger la dignidad humana. Como hemos visto, la perspectiva solidaria de la seguridad social ha propuesto elementos clave para ello: a través de convenios internacionales de seguridad social, políticas de inclusión al trabajo decente, alternativas de cotización independiente o en su caso políticas sociales que garanticen la seguridad social y la salud.
Cruzar fronteras y conservar la dignidad debe ser un principio que guíe las acciones de los países con las personas en condiciones de movilidad, ello permitirá avanzar hacia una integración que reconozca a las personas migrantes como contribuyentes activos a las economías globales y no solo eso, sino que contribuya a paliar el estigma migratorio que se suma como un elemento avasallante para los millones de personas que se ven obligadas a migrar de sus lugares de origen.
* Luz Angela Cardona Acuña (<a href="https://x.com/Bitacoradvuelo" target="_blank" rel="noopener">@Bitacoradvuelo</a>) es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología. Actualmente trabaja como Coordinadora de Especialistas de las Comisiones Americana de Seguridad Social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Cruzar fronteras y conservar la dignidad

El pasado 24 de abril se cumplieron 18 años de la desaparición masiva de 10 personas en el antro Maverick, en Aguascalientes. En ese marco se realizó la “Jornada por la búsqueda, verdad y justicia a 18 años de la desaparición de 10 trabajadores del antro Maverick” en la que participaron diversas organizaciones y colectivos de entidades federativas de la región occidente del país, además de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, a través de las palabras de Ana Lorena Delgadillo. Ese día en 2007, un comando armado privó de la libertad a 10 personas, cuatro de ellos eran albañiles que trabajaban alrededor del local; entre ellos estaba Francisco Javier Espinosa Almanza, quien tenía 18 años al momento de su desaparición.
En este periodo han fallecido de muerte natural al menos tres padres de familia sin saber el paradero de sus hijos. “Nos rompieron en pedacitos y tuvimos que rehacer nuestras vidas”, dijo Ana Hilse Espinosa, hermana de Francisco Javier, para dar cuenta del impacto psicosocial de la desaparición. “No son números, son proyectos de vida que se truncaron (&#8230;) Javier tenía 18 años cuando lo desaparecieron, los mismos que cumple hoy de estar desaparecido”, señaló.
Resalta en los últimos años que Javier Espinosa padre presentó el caso de su hijo Francisco Javier Espinosa Almanza y el de Hugo Alberto López Vidal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual en 2021 estableció que la solicitud tiene mérito para ser considerado admisible. En su informe a la petición 81-11 hecho público el 30 de agosto de 2021 por la CIDH, se señala que hasta el momento (en ese entonces, 15 años después), “las investigaciones no habían servido para esclarecer los hechos ni para enjuiciar o sancionar a los responsables”. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para determinar que la investigación no cumple con el estándar de acceso a la justicia? ¿Cuánto para demostrar que los recursos internos de un país no funcionan y sólo perpetúan la impunidad?
La propia Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) señala que hay excepciones cuando se refiere al agotamiento de los recursos nacionales y uno de ellos es que “haya retardo injustificado”. Si bien la jurisprudencia señala que no se trata sólo del tiempo cronológico (18 años al día de hoy) sino también la complejidad del asunto, no se puede negar que la investigación no ha sido diligente. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) obstruyó la participación de las familias considerando la información de la investigación como reservada. Además, existe presunción que las policías tanto municipales como estatales en Aguascalientes “abrieron el camino” al convoy de hombres armados en su salida a Zacatecas.
¿Qué espera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para emitir una determinación en la investigación? ¿16 años no son suficientes después de la apertura de la queja?
Como parte del procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado mexicano propuso el mecanismo denominado “Solución Amistosa” en 2022, pero hasta la fecha no han mostrado disposición para firmar un acuerdo, por lo que el fondo del caso eventualmente tendría que ser revisado por la Comisión Interamericana. ¿En verdad le interesa al Estado mexicano firmar este acuerdo? ¿Qué hay del Gobierno de Aguascalientes?
Como lo recordó Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la aplicación de los Principios Internacionales para la Búsqueda, especialmente el trato con dignidad y la prohibición de la estigmatización, es fundamental en todos los casos, incluidos los de larga data. “La obligación de búsqueda es permanente y el Estado está obligado a dar con el paradero de las personas desaparecidas, así hayan pasado 18 años”, señaló.
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En su participación, Ana Lorena Delgadillo integrante del <a href="https://twitter.com/WGEID?ref_src=twsrc%5Etfw">@WGEID</a> recordó la importancia de los Principios Internacionales para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas de la ONU, con énfasis en la participación y en la no criminalización <a href="https://t.co/JOUl30zoaa">pic.twitter.com/JOUl30zoaa</a>
— Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato (@plataformagto) <a href="https://twitter.com/plataformagto/status/1915622563633410115?ref_src=twsrc%5Etfw">April 25, 2025</a></blockquote>
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* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Caso Maverick, 18 años de impunidad

La inseguridad en México ya no es una noticia aislada: es una constante. Ha dejado de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje cotidiano. Asaltos, secuestros, extorsiones, enfrentamientos armados y muertes de personas inocentes forman parte de un ciclo de violencia que se repite día con día, sin tregua.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 61.7 % de los ciudadanos percibe que vive en un entorno inseguro. Es decir, seis de cada diez mexicanos caminan con miedo. Pero detrás de cada porcentaje hay una historia, una pérdida, una herida que no se puede reducir a una cifra.
La violencia no solo se sufre en la piel. También se instala en la mente y en la rutina. Cambia hábitos, modifica trayectos y condiciona decisiones. Muchas personas ya no transitan por ciertas calles, evitan salir de noche o se organizan para no estar solas. En los casos más extremos, familias enteras abandonan sus hogares buscando un refugio donde la paz no sea un lujo, sino un derecho.
En este contexto, la inseguridad se ha vuelto un espejo roto de nuestra sociedad.
Aunque muchas veces optamos por no hablar de ella, sus consecuencias nos alcanzan a todos: un amigo víctima de un robo, una vecina desaparecida, un familiar que ya no regresó.
El miedo se ha vuelto parte del lenguaje cotidiano.
Para miles de familias, la violencia no termina con el crimen. Ahí empieza otra batalla: la búsqueda de justicia. Muchas han transformado su dolor en fuerza, organizándose para encontrar a sus desaparecidos o exigir castigo para los culpables. Pero se enfrentan, una y otra vez, a un sistema que responde con burocracia, omisiones o silencio.
La inseguridad no se combate solo con más ejército ni con discursos de ocasión. El verdadero combate comienza cuando se enfrenta la impunidad. Mientras los responsables —y sus cómplices institucionales— no sean llevados ante la justicia, la violencia seguirá creciendo. Como advirtió Montesquieu: “una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.
Urge construir un sistema de justicia que funcione. Que escuche, que actúe, que responda con resultados, no con promesas. Un sistema donde la ley no se doblegue ante el poder ni se paralice ante el miedo.
La justicia no puede seguir siendo un privilegio reservado para unos pocos. No puede ser una esperanza rota.
Porque el sufrimiento no se mide en estadísticas. Se mide en ausencias, en angustia, en el silencio forzado de quienes lo han perdido todo. La inseguridad que vivimos no es solo un problema de seguridad pública: es el síntoma de un sistema que ha dejado de proteger a sus ciudadanos.
Ahora más que nunca, la inseguridad es un grito colectivo. No como un eco lejano, sino como una urgencia que nos compromete a todos.
Porque ese grito, en realidad, es un clamor por justicia.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

La inseguridad es un grito que clama justicia

La Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025 para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería, en la atención integral materna y neonatal, representa un esfuerzo por reorganizar la atención materna y neonatal en México desde un enfoque que combina principios de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. Su objetivo central es establecer los requisitos que deben cumplir los establecimientos de salud en esta área, incorporar a la partería profesional en el modelo institucional y, de manera más reciente y controvertida, definir los mecanismos de vinculación con la partería tradicional. Esta inclusión normativa, sin embargo, no está exenta de tensiones, ya que se articula desde un marco técnico centralizado que homogeneiza prácticas y actores diversos sin reconocer plenamente sus contextos sociales, culturales y jurídicos.
La NOM se aplica de forma obligatoria en todo el país, abarcando tanto instituciones públicas como privadas y estableciendo disposiciones para distintos perfiles de partería sin hacer diferenciaciones claras entre territorios urbanos, rurales o indígenas. Este enfoque generalista se refleja también en la estructura de la norma, que en sus trece apartados integra desde principios generales hasta lineamientos operativos. En este análisis nos concentraremos en el apartado 7, que regula la vinculación con la partería tradicional. Para ello, se ha dividido el contenido en tres segmentos: los principios rectores (7.1.1 a 7.1.4), las formas de vinculación (7.1.5) y las responsabilidades del Estado (7.1.6 a 7.1.10). Esta lectura permitirá evaluar en qué medida dicho apartado promueve una colaboración intercultural efectiva o perpetúa formas veladas de subordinación institucional.
El apartado 7 de la NOM busca establecer las bases para la vinculación entre el sistema de salud institucional y la partería tradicional. Su análisis revela transformaciones sustanciales entre el anteproyecto original (NOM-020-SSA-2024) y la versión publicada, en aspectos que van desde los principios normativos hasta las responsabilidades estatales. Este apartado ha sido desglosado en tres grandes bloques: los principios rectores (7.1.1–7.1.4), las formas operativas de vinculación (7.1.5) y las obligaciones institucionales del Estado (7.1.6–7.1.10). Cada uno de ellos ofrece pistas sobre el tipo de relación que se busca construir con las parteras tradicionales y permite evaluar los alcances y limitaciones del enfoque intercultural propuesto.
En el primer eje, los principios rectores del anteproyecto proponían una relación horizontal y respetuosa entre parteras tradicionales y personal de salud, basada en el reconocimiento cultural, legal y epistémico de sus prácticas. Se articulaba una obligación del Estado de garantizar su libre ejercicio, sin subordinación al modelo biomédico. Sin embargo, la norma publicada introduce matices importantes: el lenguaje se institucionaliza, se acentúa el papel del sistema de salud como rector del vínculo y se incorpora el término “acompañamiento”, cuya ambigüedad puede encubrir formas de supervisión. Aunque se refuerzan referencias a la no discriminación, la lógica general se desplaza hacia un marco de inclusión controlada que puede limitar la autonomía de las parteras en nombre de la integración institucional.
El segundo eje, relativo a las formas operativas de vinculación, sufre también un viraje importante. El anteproyecto planteaba un reconocimiento comunitario de las parteras, su inscripción voluntaria en registros estatales, y el establecimiento de relaciones de colaboración basadas en el intercambio de saberes. En contraste, la versión final traslada la iniciativa al personal institucional y redefine el registro de parteras como una herramienta funcional a la atención obstétrica de emergencia, reduciendo su valor simbólico y político. Asimismo, el intercambio de saberes es reemplazado por procesos de capacitación técnica con enfoque intercultural, lo que aunque puede fortalecer capacidades, tiende a reproducir jerarquías entre el conocimiento biomédico y el saber tradicional.
En cuanto al tercer eje, que contempla las responsabilidades institucionales hacia la partería tradicional, el anteproyecto apostaba por un compromiso claro del Estado: reconocer a las parteras como figuras legales en el proceso de nacimiento y registro civil, establecer relaciones no jerárquicas y respetar los derechos colectivos e interculturales. La norma publicada mantiene varios de estos puntos, incluso avanza en algunos como el reconocimiento de constancias de nacimiento emitidas por parteras. Sin embargo, otros cambios diluyen la exigibilidad de estos compromisos, al trasladar responsabilidades estructurales hacia el personal de salud como individuos, y al omitir advertencias explícitas sobre posibles usos de la vinculación como mecanismos de control.
Así, el apartado 7 revela una tensión constante entre el reconocimiento y la regulación. Si bien existen avances discursivos importantes —como la visibilización de la partería como parte de la medicina tradicional y como componente identitario de pueblos indígenas y afromexicanos—, el marco normativo publicado reconfigura las propuestas iniciales desde una lógica institucional, que puede desactivar la potencia política del reconocimiento. La norma abre un espacio para el diálogo intercultural, pero lo hace desde un terreno desigual que mantiene la centralidad del aparato estatal y desplaza el protagonismo de las parteras.
Finalmente, la implementación efectiva de los compromisos contenidos en la NOM dependerá de la vigilancia activa de su ejecución, así como de la participación directa de las parteras en la evaluación de su impacto. Sin mecanismos que garanticen la corresponsabilidad, el respeto a los derechos colectivos y la autoridad epistémica de las parteras, existe el riesgo de que la norma reproduzca viejas formas de subordinación bajo un lenguaje renovado. Por ello, es fundamental que cualquier proceso de articulación institucional se construya desde el reconocimiento de la autonomía comunitaria y no como una incorporación condicionada al sistema de salud dominante.
* María Graciela Freyermuth Enciso es Doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de México y ha sido investigadora titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social unidad sureste (CIESAS-Sureste) desde 1988. Sus áreas de interés incluyen la salud reproductiva, salud de los pueblos indígenas, violencia de género, políticas de salud en contextos multiculturales, migración y, especialmente, la muerte materna y mortalidad femenina en la región de los Altos de Chiapas y a nivel nacional. Ha recibido reconocimientos académicos a nivel nacional y estatal y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, ha ocupado roles importantes en organizaciones, consejos y comités relacionados con la salud materna en México y con las políticas públicas.

NOM-020 y partería tradicional: inclusión condicionada o diálogo intercultural

El 6 de febrero de 1922 el arzobispo de Boston, William O’Connell, bajó del tren en la estación Termini de Roma, escuchó las campañas repicando en festejo por la elección del papa Pío XI y supo que había llegado tarde. Como cardenal, tenía derecho a participar en ese cónclave. Pero necesitaba al menos una semana para cruzar el Atlántico y llegar al Vaticano.
Tres cardenales más, entre los primeros que hubo del hemisferio occidental, tampoco alcanzaron a llegar. Debían viajar de Estados Unidos, Canadá y Brasil, pero en ese entonces el lapso entre la muerte de un Papa y el inicio del cónclave era de 10 días.
El plazo era favorable para los cardenales italianos, que eran la abrumadora mayoría del colegio electoral. La rapidez con la que podían reunirse para escoger a su candidato vencía cualquier competencia de otros bloques. De hecho, en ese cónclave de 1922 otros cardenales europeos trataron de aplazar el inicio hasta que llegaran los que viajaban de América, pero los italianos se impusieron y empezaron lo más pronto posible. Ya tenían todo “planchado”.
Así se construían las candidaturas papales hace más de 100 años. Hoy, las maniobras pre-cónclave siguen vivas pero ahora se expresan en las listas de supuestos candidatos que circulan en Internet y los rumores sobre “papables” que en realidad sirven para avanzar agendas particulares. En realidad la pregunta está mal planteada. No es quién será el nuevo Papa sino hacia dónde debe ir la iglesia católica. La diferencia es qué respuesta gana.
Fue a partir de 1922 que se transformó la dinámica de la elección papal gracias a los medios masivos de comunicación. Tras la elección de ese año, O’Connell pidió a Pío XI que cambiara las reglas del cónclave para dar al creciente número de cardenales no europeos más tiempo de llegar a Roma. Asi nació el plazo que permanece hasta ahora, de 15 a 20 días después de la muerte o renuncia del Pontífice. En el siguiente cónclave, en 1939, ya eran frecuentes los vuelos trasatlánticos y cualquier cardenal podía ir a Roma en dos o tres días, pero el plazo ampliado sirvió para que plantaran una narrativa sobre la elección en los medios, pues el auge de la radio y el telégrafo permitía una cobertura en lo más cercano que había al tiempo real.
Fue así como se construyó la candidatura de Eugenio Pacelli, el secretario de Estado. Ante las tensiones en Europa, en la víspera de la Segunda Guerra, la narrativa era la necesidad de un diplomático al frente de la Iglesia. Pacelli fue electo Pío XII en el cónclave más corto de los últimos 200 años.
Con el tiempo, la influencia de los medios de comunicación creció y fue la herramienta esencial para que los cardenales pudieran impulsar sus propias agendas. En el cónclave de 1963, por ejemplo, los electores se enfrascaron en una guerra de narrativas: por un lado los que querían continuar el Concilio Vaticano II, iniciado un año antes, y por el otro los que querían cancelar ese intento de apertura. Ganó la primera facción con Pablo VI, pero el conflicto siguió hasta 1978, cuando Juan Pablo II fue electo. Su posterior identificación como conservador hace difícil creer que originalmente fue electo por el bloque liberal que buscaba contener y neutralizar a los reaccionarios.
El papado de Juan Pablo II duró tanto, que cuando murió en 2005 pocos se acordaban cómo cubrir una elección papal, y nadie sabía cómo se iba a cubrir ésa en particular, por un ingrediente que no existía en 1978: el Internet.
Fue la primera elección de las páginas web y las alertas por correo, y también de la televisión por cable, espacios que se llenaron con listas de candidatos que empujaban distintos grupos. Los que querían el regreso de un italiano hablaban del cardenal Dionigi Tettamanzi, que nunca sacó más de 10 votos. Los que querían ver al primer latinoamericano mencionaban al hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, al brasileño Claudio Hummes, o a Jorge Mario Bergoglio, que a la postre fue quien más votos recibió después del eventual ganador, Joseph Ratzinger.
Ratzinger era una figura tan polarizante que no se consideraba prospecto. Pero los electores tenían otro cálculo. La abrumadora multitud que se congregó en el funeral fue leída por los cardenales como un llamado a mantener la continuidad, y quién mejor que el guardián de la doctrina durante 24 años bajo Juan Pablo II. Ratzinger, oliendo la tendencia, usó la homilía de la misa previa al cónclave para lanzar una condena del relativismo moral y dejar claro que su labor sería protector de la ortodoxia. Los “vaticanistas” dijeron que con un discurso tan rígido, su candidatura estaba muerta. 36 horas después, Benedicto XVI fue electo en cuatro votaciones.
Tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, en 2013, la elección papal entró en la dinámica de las redes sociales, de Facebook y YouTube y los teléfonos inteligentes, que estaban en pañales ocho años antes. Otra vez, cada grupo quiso imponer su agenda. El candidato latinoamericano no era Bergoglio, que ya tenía 76 años y se le consideraba de edad avanzada, sino el arzobispo de Sao Paulo, Odilo Pedro Scherer. Pero Bergoglio deslumbró a los cardenales con un discurso sobre una iglesia “auto-referencial”, que se había encerrado en sí misma y debía salir al encuentro del mundo. Los electores se dieron cuenta de que eso era lo que necesitaban en un momento en el que la iglesia estaba consumida por escándalos de abuso sexual de sacerdotes y corrupción en el Vaticano.
Por eso hay que ser cautelosos de las listas de candidatos y de aquéllos que dicen tener las claves de la elección. Ni siquiera el cliché de decir “quien entra Papa sale cardenal” es válido, porque en muchas elecciones un favorito termina electo. Todas las conjeturas y pronósticos son construcciones mediáticas que se despojan de cualquier matiz e ignoran hechos inconvenientes a la conclusión que se quiere presentar.
Por ejemplo, se habla mucho del cardenal filipino Luis Antonio Gokim Tagle, descrito como un “Francisco asiático” y mencionado como fuerte candidato. Pero el que lea un liberalismo en Tagle estará omitiendo que fue promovido a arzobispo de Manila y luego a cardenal por el conservador Benedicto XVI.
De igual forma, la inclusión en varias listas del estadounidense Raymond Burke, destituido por Francisco de un alto cargo en el Vaticano por cuestionar sus políticas, parece más un intento de grupos conservadores de ilusionarse con recuperar el papado, a través de una figura que fue antagónica del difunto Papa. Pero esa ilusión ignora que aun si los electores desean inclinarse por un conservador, difícilmente van a sustituir a un Papa que cambió el suntuoso Palacio Apostólico por la casa de huéspedes del Vaticano, con un cardenal que usa vestimentas eclesiales descontinuadas hace 60 años.
La realidad es que solo los cardenales electores saben qué preguntas se hacen y qué respuestas intercambian entre ellos. El mismo encierro que supone un cónclave, ha cambiado su propósito desde que se estableció hace mil años. Primero fue para incomodar a los cardenales y forzarlos a una elección rápida, pero en el último siglo, con sus estrictas reglas de secreto, ha servido para insular a los cardenales de presiones externas. Y el Espíritu Santo -dijo alguna vez el cardenal belga, Leo Suenens- a veces tiene sus travesuras.

Antes de elegir un Papa, cada uno tiene su agenda

La inclusión laboral de personas con discapacidad sigue siendo un reto en muchos países. Si bien se han realizado esfuerzos desde la iniciativa privada para abrir espacios laborales, las condiciones para que este grupo pueda desempeñar un trabajo en condiciones dignas aún no están garantizadas. Esto se debe a diversas barreras estructurales que dificultan su acceso y permanencia en el mundo laboral.
<figure id="attachment_1524341" aria-describedby="caption-attachment-1524341" style="width: 578px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1524341" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Trabajo.jpg" alt="Manifestación de personas con discapacidad reclamando su derecho al trabajo en condiciones dignas." width="588" height="304" /><figcaption id="caption-attachment-1524341" class="wp-caption-text">Foto: Martha García.</figcaption></figure>
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<h2>Barreras educativas y experiencia laboral</h2>
Uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad es el rezago educativo. Muchas veces, la falta de acceso a una educación de calidad limita las oportunidades de formación y, por ende, las posibilidades de conseguir un empleo formal. A esto se suma la exigencia de experiencia laboral previa por parte de los empleadores. Sin embargo, si no se han generado oportunidades de primer empleo, resulta difícil para una persona con discapacidad acumular la experiencia requerida.
<h2>Movilidad y accesibilidad, un desafío persistente</h2>
Otra barrera fundamental es la movilidad. Muchas ciudades no cuentan con infraestructura accesible para que las personas con discapacidad puedan desplazarse de manera segura y autónoma a sus lugares de trabajo. Transporte público inadecuado, calles sin rampas, falta de ascensores en edificios públicos y privados son solo algunos de los problemas cotidianos que enfrentan. Sin una movilidad garantizada, el acceso a un empleo digno se vuelve más complicado.
<h2>Precarización y exclusión laboral</h2>
A pesar de los esfuerzos por incluir a personas con discapacidad en el mercado laboral, muchas de ellas siguen enfrentando condiciones de precariedad. Salarios bajos, falta de prestaciones y escasas oportunidades de crecimiento siguen siendo una constante. Además, persisten sesgos que excluyen a ciertos tipos de discapacidad de determinados puestos de trabajo. Por ejemplo, algunas empresas no contratan personas sordas debido a la falta de intérpretes de lengua de señas, argumentando que están en una fase inicial y que prefieren cubrir otras condiciones por ser más “fáciles”. ¿Es esto inclusión real o solo por conveniencia? ¿Se trata de cumplir con un requisito sin un compromiso genuino? Al final, se olvida que son personas con necesidades, y que acceder a un empleo puede transformar su calidad de vida.
Según los Censos Económicos 2024 del INEGI, por primera vez se abordaron temas del personal ocupado con alguna discapacidad. En 2023, 101,184 unidades económicas empleaban a personas con algún tipo de discapacidad, distribuidos de la siguiente forma: 114,721 ver aun usando lentes, 56,770 caminar, subir o bajar escaleras, 16,968 oír aun usando aparato auditivo, 11,997 hablar o comunicarse y 10,714 recordar o concentrarse. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
<figure id="attachment_1524342" aria-describedby="caption-attachment-1524342" style="width: 789px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1524342" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/personal-ocupado-segun-discapacidad.jpg" alt="Gráfica con los datos del persona ocupado, según la discapacidad." width="799" height="471" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/personal-ocupado-segun-discapacidad.jpg 799w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/personal-ocupado-segun-discapacidad-600x354.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/personal-ocupado-segun-discapacidad-768x453.jpg 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" /><figcaption id="caption-attachment-1524342" class="wp-caption-text">Foto: Martha García.</figcaption></figure>
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<h2>La necesidad de políticas públicas y cambios en la cultura empresarial</h2>
No es que las personas con discapacidad no tengan la capacidad de desempeñarse en un empleo, sino que aún faltan condiciones para que puedan desarrollarse con plena autonomía y dignidad. Es urgente la implementación de políticas públicas que incentiven a los empleadores a generar un ambiente laboral más inclusivo. Esto implica eliminar sesgos inconscientes y prejuicios, así como establecer programas de capacitación y sensibilización en las empresas. La inclusión laboral no debe ser vista como un acto de caridad, sino como un derecho humano y una oportunidad para aprovechar el talento de todas las personas.
<figure id="attachment_1524343" aria-describedby="caption-attachment-1524343" style="width: 579px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1524343" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/derecho-al-trabajo.jpg" alt="Manifestación de personas con discapacidad reclamando su derecho al trabajo en condiciones dignas." width="589" height="393" /><figcaption id="caption-attachment-1524343" class="wp-caption-text">Foto: Martha García.</figcaption></figure>
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<h2>Reflexión final</h2>
La verdadera inclusión laboral de personas con discapacidad no se logrará solo con buenas intenciones, sino con acciones concretas que garanticen igualdad de condiciones. Es momento de dejar atrás los prejuicios y de construir un mundo laboral donde todas las personas, independientemente de su condición, tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a ser parte del cambio o seguiremos perpetuando la exclusión? El futuro del trabajo debe ser inclusivo, y cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en hacerlo realidad.
* Martha García (<a href="https://x.com/marthinagaby" target="_blank" rel="noopener">@marthinagaby</a>) es fundadora del Movimiento de Personas con Discapacidad (<a href="https://x.com/movimientoPcD" target="_blank" rel="noopener">@movimientoPcD</a>).
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2025). Censos Económicos (CE). [<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/ce/CE_2024_RO_Nal.pdf" target="_blank" rel="noopener">Comunicado de Prensa 05/25</a>].

Inclusión laboral de personas con discapacidad, un desafío pendiente

Últimamente, me he encontrado en varias discusiones y foros defendiendo la oportunidad de México para manufacturar paneles solares. La crítica principal que recibo ronda sobre México no pudiendo competir ni en precio ni en avance tecnológico contra los paneles solares chinos. Eso es cierto, pero hay factores más importantes. A continuación, enlisto mis argumentos sobre por qué México –y el mundo&#8211; no debería importar paneles chinos en su transición energética.
<h2>Utilizan trabajo forzado</h2>
En mi hogar, como en muchos otros, compramos huevos de gallina libre. Las marcas de ropa que utilizamos tienen estándares laborares y no emplean, por ejemplo, niños. En ambos casos, pagamos más por esos productos y lo hacemos con gusto. <a href="https://www.amacad.org/sites/default/files/publication/downloads/josh_cohen_in_broad_daylight.pdf" target="_blank" rel="noopener">En un libro publicado hace unos años, dos autoras demuestran que toda compañía china involucrada en la cadena de valor de paneles solares utiliza trabajo forzado en algún segmento</a>. Esta forma de esclavitud moderna se enfoca sobre la comunidad uigur y otras minorías musulmanas bajo detenciones arbitrarias y prácticas consideradas como crímenes a la humanidad por organismos internacionales. A través de estas detenciones y del trabajo forzado, se busca la asimilación y eliminación de su identidad cultural y religiosa. Efectivamente, los paneles solares chinos son muy baratos. Pero ningún hogar ni país debería apoyar esta práctica.
<h2>No son verdes</h2>
El carbón juega un papel fundamental en la industria china. El carbón es también una de las fuentes de energía más sucias. Así, e irónicamente, un panel solar cuyo objetivo es generar electricidad verde es, de hecho, sucio si se manufactura en una industria basada en carbón. El cambio climático es un problema global, por lo que emisiones en China o en México tienen el mismo impacto. La industria mexicana está basada en gas natural, que es mucho más limpio que el carbón. Por lo tanto, trasladar la producción de paneles hoy a México tendría impactos positivos en la lucha contra el cambio climático. Pero el verdadero potencial de México está en explotar sus recursos renovables para producir tecnologías verdes a través de fuentes verdaderamente limpias.
<h2>No promueven una economía circular</h2>
Los paneles chinos son muy baratos y fáciles de importar e instalar. Sin embargo, existen casos alrededor del mundo donde, ante fallas, resulta imposible contactar y/o responsabilizar al productor chino. Asimismo, los paneles chinos son tan baratos que son imposibles de desensamblar para reciclar. Esto será un problema en el futuro. Los paneles solares tienen una vida estimada de 25 años e importar la opción barata china nos dejaría con toneladas de “basura” solar en algunos años. En cambio, si se manufacturaran localmente, el proveedor puede garantizar su correcto funcionamiento, reparación y reciclaje.
<h2>No son ciencia espacial</h2>
La tecnología solar fotovoltaica a base de silicón fue popularizada en los años 50 por científicos en el laboratorio estadunidense Bell Labs. Si bien los chinos han reducido los costos dramáticamente y mejorado su eficiencia, es una tecnología madura y no fuera de alcance. Es más, si Plan México pretende producir satélites, la manufactura de paneles solares debe ser factible.
<h2>La tecnología no es adecuada para el contexto mexicano</h2>
Los paneles solares chinos son primordialmente de silicón. Dominan el mercado por su bajo costo y mayor eficiencia a comparación de otras tecnologías. Dicho eso, paneles solares de película delgada, cuya tecnología es liderada por empresas estadunidenses, son más fáciles de manufacturar, a pesar de tener eficiencias menores. Dado el vasto recurso solar que tenemos en México, valdría la pena sacrificar esa eficiencia por la facilidad en manufacturarlos nacionalmente.
Sobre el último punto, la dosis de realismo que añado es la siguiente. Por múltiples razones, nuestro principal socio comercial siempre será Estados Unidos. Con ellos hay que explorar mecanismos de desarrollo que le permitan a México romper con dependencias tecnológicas y financieras en beneficio de ambos países. La transferencia de tecnología de paneles de película delgada como alternativa a importaciones de paneles chinos en ambos países sería un instrumento dentro de estos mecanismos.
En resumen, por cuestiones éticas, de cambio climático, sustentabilidad, innovación, adaptabilidad y relaciones comerciales, México no debe importar paneles solares chinos. Al contrario, su manufactura en el país es una oportunidad para promover industrialización enfocada en segmentos de alto valor agregado.
El otro argumento a favor de los paneles chinos que escucho frecuentemente es que, en la lucha contra el cambio climático, tecnologías limpias deben desplegarse lo más rápido y baratamente posible. Como ya argumenté, un panel solar chino no es “limpio”.  En cuanto a la rapidez, México no ha cumplido con sus compromisos climáticos internacionales en más de una década, pero no creo que sea el momento para apresurarlo, sobre todo considerando que son los países ricos y últimamente China e India los principales responsables. Al contrario, es momento de tomarnos el tiempo para diseñar y aprovechar esta oportunidad de industrialización. Sobre el argumento del costo, simplemente les respondo: una transición justa e incluyente no puede ni debe ser barata.
* Carlos Guadarrama es un experto internacional en política energética y beneficios socioeconómicos. Se especializa en el diseño y análisis de políticas para energías renovables y para transiciones energéticas justas e inclusivas. Ha enfocado su trabajo en África, Asia y Latinoamérica, desde organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA). Es egresado del ITAM, de Harvard y está cursando el doctorado en Oxford. Su opinión no refleja la de los organismos donde ha trabajado ni la de las instituciones donde ha estudiado.

Por qué no debemos comprar paneles solares chinos

La cancelación de visas por parte del Gobierno de los Estados Unidos al grupo musical Los Alegres del Barranco, después de que mostraran imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras interpretaban canciones en su honor en un concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, intensificó un debate que lleva años en México: ¿se deben prohibir los narcocorridos en grandes escenarios?
En el país tenemos muchas posiciones al respecto, pero por lo regular las personas se concentran en dos bandos. El primero son los ciudadanos y actores políticos que llaman a acabar con la apología del delito, abogando por la prohibición de los narcocorridos, al menos en eventos públicos, y por el otro lado, los que consideran que censurar no resuelve nada y que afirman que tampoco existe evidencia de que las personas que escuchan narcocorridos sean más propensas a delinquir o a sumarse a las filas del narco.
Se trata de un debate complejo, que está lejos de concluir. Sin embargo, no podemos ignorar que la intervención de los Estados Unidos le ha dado un impulso al bando prohibicionista, al grado que en las últimas semanas en estados y municipios comenzó una tendencia para aprobar leyes y reglamentos, y expedir decretos, que prohiben la interpretación de narcocorridos en eventos públicos, cuya sanción en la mayoría de los casos es la imposición de una multa.
Si bien ya existe un número importante de artículos que hacen un recuento de las regiones en donde han sido prohibidos los narcocorridos, lo cierto es que los mismos son confusos, ya que tienen información incompleta, combinan entidades federativas con municipios y no toman en cuenta los proyectos de ley que actualmente se discuten en los Congresos Estatales. Es por ello que el presente texto busca generar un mapa nacional que pueda resumir el nivel de avance de la prohibición en cada entidad federativa y destacar a la vez los municipios que también han implementado restricciones a los narcocorridos.
Antes de entrar al ámbito estatal, es importante señalar que a nivel federal no existe prohibición alguna para interpretar narcocorridos. Lo único que sí se tiene es una iniciativa de ley presentada en la Cámara de Diputados, por parte del legislador de MORENA, Arturo Ávila Anaya, para frenar la apología del delito, dentro del cual se incluye la interpretación de narcocorridos. Sin embargo, apenas fue presentada y debe pasar por comisiones, el pleno y luego ir al Senado, por lo que la ruta de su aprobación apenas comienza y no queda claro si la misma podrá llegar a la aprobación final.
En el siguiente mapa se puede observar el estado actual de la prohibición en cada lugar, en donde solo hay tres entidades federativas que tienen una prohibición general para interpretar narcocorridos: Nayarit, Aguascalientes y Michoacán. Sin embargo, es relevante recalcar que, en todos los casos, la vigencia es bastante reciente. En Nayarit, se estableció a través de un decreto de su gobernador en febrero de este año; en Aguascalientes, el Congreso del Estado expidió una reforma la semana pasada y en Michoacán, también la semana pasada el gobernador emitió un decreto.
<figure id="attachment_1523985" aria-describedby="caption-attachment-1523985" style="width: 2990px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1523985" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/prohibicion-narcocorridos-en-mexico.png" alt="Mapa con los estados que han prohibido los narcocorridos en México." width="3000" height="2121" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/prohibicion-narcocorridos-en-mexico.png 3000w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/prohibicion-narcocorridos-en-mexico-600x424.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/prohibicion-narcocorridos-en-mexico-1024x724.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/prohibicion-narcocorridos-en-mexico-768x543.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/prohibicion-narcocorridos-en-mexico-1536x1086.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/prohibicion-narcocorridos-en-mexico-2048x1448.png 2048w" sizes="(max-width: 3000px) 100vw, 3000px" /><figcaption id="caption-attachment-1523985" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia.</figcaption></figure>
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Hay otras siete entidades en las que actualmente no existe ley o decreto que prohíba los narcocorridos, sin embargo, algún diputado de su Congreso Estatal ya presentó una iniciativa para regular el tema, que son: Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Zacatecas. Pero no en todos los casos se trata de una iniciativa reciente, por ejemplo, en los casos de Tamaulipas y Sinaloa, son propuestas presentadas hace tiempo, que llevan varadas varios meses en comisiones.
El caso de Sinaloa es muy interesante, porque de 2011 a 2013 en dicha entidad hubo una prohibición vigente, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidó en ese momento.
A lo anterior, podemos sumar a tres entidades: Puebla, Hidalgo y Coahuila, en donde actores clave del Gobierno o el Congreso del Estado han declarado que en breve se revisará la situación de la prohibición, dejando abierta la posibilidad de que se legisle la misma en el corto plazo.
Después tenemos a cuatro entidades en donde no existe una legislación estatal, pero sí regulación de carácter local en alguna de sus principales ciudades, por ejemplo, en Chihuahua, Chihuahua, desde 2023 existe un reglamento municipal que contempla multas para los intérpretes de narcocorridos, las cuales ya han sido aplicadas en varias ocasiones, algo similar pasa en Tijuana, Baja California y en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo.
Mención aparte requiere el Estado de México, en donde la regulación no es de corte municipal, sino una relativa a las tres principales ferias de la entidad: la Feria del Caballo de Texcoco, la Feria de San Isidro Metepec y la Expo Feria Regional de Tejupilco. En el mismo tenor, aunque ya se cuenta con una iniciativa de ley (señalada hace algunos párrafos), en Zacatecas, la Feria de la Primavera de Jerez les pidió a los artistas no tocar narcocorridos y en Guanajuato, las Ferias de León y Salvatierra también se autorregularon para no permitir dicha música, al igual que el municipio de Guanajuato.
Tres entidades más, que son la Ciudad de México, Chiapas y Morelos, no tienen regulación respecto a los narcocorridos, pero la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el primer caso, y los secretarios de Seguridad, en los dos casos restantes, hicieron un exhorto no vinculante a los municipios para que evitaran dicha música, pero sin llegar al plano de la prohibición.
Por último, en 12 entidades, que son: Sonora, Baja California Sur, Veracruz, Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Colima y Tabasco, no se cuenta aún con ninguna prohibición, ni se ha expresado por parte de algún actor relevante la intención de impulsarla.
A pesar de que se trata de una tendencia entendible, los esfuerzos están mal enfocados y hay altas dosis de oportunismo político, porque prohibir narcocorridos se está volviendo una especie de moda que no ataca el problema de fondo de la inseguridad, pero a la vez da la impresión de que se está haciendo algo.
Te puede interesar: <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/invitades/narco-industria-musical-alianza-peligrosa" target="_blank" rel="noopener">El narco y la industria musical: una alianza peligrosa</a>
En donde debemos enfocar nuestros esfuerzos es en impedir la<a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/invitades/narco-industria-musical-alianza-peligrosa" target="_blank" rel="noopener"> infiltración del crimen organizado en la industria musical</a>, es decir, llevar a cabo investigaciones serias cuando se tengan sospechas de lavado de dinero a través de conciertos o el pago a artistas para componer narcocorridos. Ello es lo realmente relevante, no tanto el contenido de las canciones, porque al censurarlas se vulnera la libertad de expresión y podrá no gustarnos a algunos el género, pero ello no es razón para impedir que esa música sea interpretada.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

El mapa de la prohibición de los narcocorridos en México

Hace algunas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum turnó al Congreso un proyecto de reformas a la Ley General en materia de desapariciones forzadas que pretende, entre otras cosas, dotar al Estado de una robusta base de datos biométricos que ayude a la identificación de las víctimas. Sin duda el propósito es loable, sin embargo, es en la posible instrumentación que surgen severas dudas. Veamos.
En México tenemos por la vía de los hechos un documento nacional de identidad que es la credencial para votar que expide el INE. Es un instrumento registral robusto, pero que sólo brinda identidad confiable a los mexicanos mayores de 18 años; los menores de 18 años y los mexicanos residentes en el extranjero son una asignatura pendiente.
Lo que la reforma propone es que todas las autoridades que tengan registros administrativos de los ciudadanos transfieran sus bases de datos al Registro Nacional de Población. Ahí empiezan los problemas. Para transferir los datos personales es necesario que el titular de ellos dé su anuencia. El INE tiene 100 millones de registros, esos 100 millones tendríamos que autorizar que los datos que le confiamos al INE pasen a formar parte de otra base de datos. No parece sencilla la operación.
Al hacer obligatoria la CURP con biométricos para todos los ciudadanos mexicanos, en principio se resuelve el asunto de contar con un documento de identidad confiable para todos, pero los efectos sobre la calidad y confiabilidad del padrón electoral pueden ser devastadores. Tendríamos una coexistencia de dos documentos de identidad: por un lado, la naciente CURP con biométricos y por el otro la credencial para votar. En la medida que esta última pierda efectividad para hacer diversos trámites, se convertirá sólo en un instrumento para votar y es previsible que la cobertura que hoy tiene esa base de datos se vea severamente mermada.
Hay un problema adicional, en la reforma propuesta no se contempla la actualización de la CURP. Una vez obtenida, el ciudadano no varía su estatus, lo único que modifica esa base son los nacimientos y las defunciones. Por el contrario, en el caso del Registro de electores, la reforma que más benefició la actualización del padrón fue aquella que le dio vigencia a la credencial: a partir del 2008, los ciudadanos tenemos que renovar periódicamente nuestra credencial y es de esa manera que el INE registra la migración interna, nuestros cambios de domicilio. No es menor la diferencia: mientras que la CURP está pensada como un registro más estable, el INE es un registro más vivo que se interesa no sólo por dónde nacemos, sino dónde vivimos, dónde votamos.
La reforma aún no se aprueba, y faltan conocer muchos detalles de su instrumentación, pero ojalá no retrocedamos en todo lo que hemos ganado en materia registral. El Registro Federal de Electores es una institución ejemplar no sólo en México, sino que tiene una bien ganada reputación internacional. No sólo cuenta con la capacidad tecnológica para incorporar todas las innovaciones, tiene también todos los mecanismos para dar confianza a los partidos políticos, pero sobre todo a la ciudadanía. Espero que no tiremos por la borda esa conquista colectiva.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

CURP e INE: coexistencia peligrosa

Hace unos días, mientras scrolleaba en la internet, me topé con el canal de Youtube del pódcast Call Her Daddy, de la presentadora estadounidense Alex Cooper, nombrada por la revista Time como la &#8220;mujer más exitosa en el podcasting&#8221; tras firmar en 2021 un contrato exclusivo con Spotify con un valor de 60 millones de dólares. En el pódcast, Cooper entrevista a personas con diferentes caminos de vida, desde influencers hasta políticos, artistas y deportistas, lo que generó que la revista Rolling Stone la llamara &#8220;la Barbara Walters de la Generación Z&#8221;. Su canal de YouTube tiene 1.22 millones de suscriptores y su pódcast fue el segundo más popular de Spotify a nivel global en 2024.​
El 25 de febrero de 2025, Cooper entrevistó en Call Her Daddy <a href="https://www.youtube.com/watch?v=P3ByiSu53yQ&amp;t=2030s" target="_blank" rel="noopener">a Monica Lewinsky.</a> Si bien la intención original era que Lewinsky presentara su nuevo pódcast “Reclaiming Monica Lewinsky” (traducido como “Reclamando a Monica Lewinsky”), era inevitable que hablara de los hechos que la hicieron mundialmente conocida a partir de 1998. Para quien haya vivido debajo de una piedra, o sea muy joven y no sepa o no recuerde quién es Monica Lewinsky, les refresco la memoria: ella fue becaria de la Casa Blanca durante la administración del presidente Bill Clinton y en 1998 se hizo pública la relación sexo-afectiva que sostuvo por dos años con el entonces presidente, casado además con Hillary Clinton, primera mujer nominada a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata en 2016.
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Los hechos salieron a la luz como parte de otra investigación en contra del presidente por acoso sexual. Una compañera de Monica entregó al fiscal a cargo de la investigación una grabación en la que ella le contaba los detalles de la relación que tenía con el entonces presidente. Cuando sucedieron los hechos, Monica tenía sólo 23 años.
Si nos remontamos a lo que sucedió mediáticamente, no podemos dejar de recordar las constantes intimidades que se hicieron públicas: la evidencia del famoso vestido azul de Monica manchado con semen del presidente, así como los diversos calificativos degradantes en su contra y que no vale la pena mencionar aquí. Ninguna persona está preparada para vivir semejante vejación a la intimidad a nivel mundial, mucho menos una mujer de 23 años que está abriéndose camino en el mundo.
Escuchando esa entrevista, no pude dejar de pensar: si esos hechos hubieran salido a la luz en 2025 y no en 1998, ¿hubiera sido diferente el juicio mediático contra Monica? ¿Fue justo lo que vivió en ese entonces y sería justo si lo viviera ahora? ¿Fue justo que sólo se hablara de Monica? ¿Fuera del ámbito político y legal, por qué nadie hablaba del comportamiento de Clinton? Si bien la reflexión natural sobre este asunto debería enfocarse hacia la violencia, roles y estereotipos de género, así como la violencia simbólica, mediática e institucional, pienso que la justicia tiene un papel importante en la apreciación de este tema.
En estas reflexiones sobre la justicia, recordé el afamado texto “Teoría de la Justicia” de John Rawls, profesor de filosofía de la Universidad de Harvard. Entre sus diversas teorizaciones sobre la justicia, él señala que una sociedad está bien ordenada no sólo cuando es organizada para promover el bienestar de sus integrantes, sino también cuando hay una concepción pública eficaz de la justicia, en la que cada integrante acepta y sabe que los demás aceptan los mismos principios de la justicia, y las instituciones sociales de dicha sociedad satisfacen y creen en estos principios.
También refiere que una sociedad es una asociación más o menos independiente de personas, que en sus relaciones reconocen ciertas normas de conductas como obligatorias y que, en su mayoría, actúan conforme a ellas. Pues bien, en relación a este caso, no vamos a juzgar sobre si actuaron bien o no, pero sí es importante reflexionar que conforme a los valores de la sociedad, ninguna de las personas involucradas actuó conforme a lo esperado. Sin embargo, a casi 30 años de los hechos, seguimos recordando a Monica Lewinsky como la “amante becaria”, y a Bill Clinton como un presidente demócrata de Estados Unidos. Es raro que a él se le asocie a dichos hechos, mientras que a ella, quien tiene más de 50 años, se le sigue nombrando como se acaba de mencionar.
Rawls también dice que se le impone el calificativo de justo o injusto no sólo a las leyes, instituciones y sistemas, sino también a acciones particulares de muchas clases, incluyendo juicios o imputaciones. Yo agregaría, incluso, opiniones. A casi 30 años de los hechos, es una acción particular seguir reflexionando sobre qué es justo para cada persona, y una invitación para reflexionar cómo se construyen y perpetúan las historias de vida de las personas. ¿Qué tan dispuestos y dispuestas estamos a cuestionar las versiones que heredamos? Sí podemos asumir con responsabilidad el modo en el que hablamos, recordamos, y juzgamos hoy. Rawls nos enseña que la justicia no sólo es una cuestión de normas, sino de principios compartidos y de voluntad colectiva para sostenerlos y actualizarlos.
Espero que en su nuevo pódcast, Monica Lewinsky pueda reclamarse a ella misma.
* Paulina Galicia (<a href="https://x.com/PauGalicia" target="_blank" rel="noopener">@PauGalicia</a>) es abogada y maestrante en Derecho por la UNAM. Es especialista en temas de género y colabora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Reclamando a Monica Lewinsky: una mirada desde la justicia

Las minas terrestres son un problema humanitario muy grave a nivel global. Combatientes de países que han atravesado por guerras y conflictos civiles enterraron en el suelo explosivos que detonan al pisarlos, para evitar que el ejército contrario pudiera cruzar por estas zonas. Sin embargo, al acabar las hostilidades no retiraron las minas ni señalaron la ubicación, por lo que muchos civiles inocentes las pisan por accidente y pierden la vida o quedan mutilados.
Existe una prohibición para el uso de minas terrestres en más del 85 % de los países del mundo, derivado de la Convención de Ottawa de 1997; México se incluye entre los países firmantes. Sin embargo, <a href="https://news.un.org/es/story/2023/04/1519917" target="_blank" rel="noopener">al año unas 5,500 personas pierden la vida o resultan mutiladas por las explosiones de estos dispositivos</a>, que pueden durar años enterrados.
Las minas terrestres son un gran problema en países como República Democrática del Congo, Angola, Laos, Myanmar o Colombia, sin embargo, no lo eran en nuestro país hasta fechas recientes. Hace poco ni siquiera se producían en México y tenían que ser traídas de contrabando de Rusia y otros países de la Ex Unión Soviética. Sin embargo, al menos <a href="https://www.milenio.com/estados/las-minas-terrestres-artesanales-ahora-son-mas-potentes-y-mortales" target="_blank" rel="noopener">el Cártel Jalisco Nueva Generación ya está produciendo sus propias minas artesanales</a>.
Desde 2022 <a href="https://www.cronica.com.mx/nacional/2025/03/03/narcos-colombianos-ensenan-a-los-mexicanos-uso-de-minas-terrestres/" target="_blank" rel="noopener">organizaciones mexicanas, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación, buscaron asesoría de guerrillas colombianas para colocar estos dispositivos</a>, sobre todo en Michoacán, Jalisco y Tamaulipas.
Se trata de un problema hasta el momento acotado a dos regiones muy específicas: la primera es la frontera entre Jalisco y Michoacán, que abarca los municipios de Cotija, Coahuayana, Marcos Castellanos, Tocumbo, Los Reyes, Tumbiscatío, Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán en Michoacán, así como Santa María del Oro y Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco.
Esta zona es disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y por un conglomerado de organizaciones que se conocen como Cárteles Unidos, que se conforma entre otros por el Cártel de Tepalcatepec y los Viagras. La primera organización comenzó colocando minas en caminos rurales de estos municipios para evitar el avance de los segundos; sin embargo, al poco tiempo los segundos los emularon, agravando el problema.
La segunda zona es la parte norte de Tamaulipas, en concreto en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando, en donde las dos facciones del Cártel del Golfo, los Metros y los Ciclones, ha utilizado este mecanismo para evitar el acceso de la facción rival a determinadas brechas, así como para mantener fuera de la zona al rival que tienen en común: el Cártel del Noreste.
<figure id="attachment_1522447" aria-describedby="caption-attachment-1522447" style="width: 2550px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1522447" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/minas-terrestres-de-los-carteles.jpg" alt="Ubicación geográfica de las minas terrestres de los cárteles de la droga en México." width="2560" height="1967" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/minas-terrestres-de-los-carteles.jpg 2560w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/minas-terrestres-de-los-carteles-600x461.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/minas-terrestres-de-los-carteles-1024x787.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/minas-terrestres-de-los-carteles-768x590.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/minas-terrestres-de-los-carteles-1536x1180.jpg 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/minas-terrestres-de-los-carteles-2048x1574.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><figcaption id="caption-attachment-1522447" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia a través de notas de medios.</figcaption></figure>
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Si bien se trata de un problema aún menor en nuestro país, lo cierto es que tiene un gran potencial de crecimiento, porque nada impide a más organizaciones criminales comprar minas en el mercado negro, contratar expertos que les expliquen cómo sembrarlas y que las coloquen en municipios de más entidades federativas.
Ello implica un riesgo muy grande para la población civil, porque estos explosivos podrían estar plantados en cualquier lugar y una persona que va caminando de la nada podría explotar, sin darse cuenta siquiera del peligro que corría, ya que su ubicación prácticamente nunca está señalizada.
Es decir, las autoridades y la población se dan cuenta de que hay minas sembradas hasta que las mismas cobran a las primeras víctimas, lo cual implica una pérdida de vidas o un daño irreparable a la integridad de las personas.
Ello nos obliga a ser proactivos en el tema y tomar al menos las siguientes cinco medidas:
<ul>
<li>Elevar las penas para las personas que participen en la colocación de minas terrestres en territorio mexicano.</li>
<li>Implementar a través del ejército mexicano una estrategia de retiro de minas terrestres, en los municipios en donde se han detectado.</li>
<li>Uso de tecnología, como sensores de resonancia magnética, para facilitar la identificación de las zonas con minas terrestres.</li>
<li>Establecer una campaña de concientización del riesgo para los habitantes de estos municipios.</li>
<li>Implementar un programa de atención a víctimas de las minas terrestres que hayan sobrevivido.</li>
</ul>
Al respecto, se debe aplaudir la sentencia del <a href="https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/juez-ordena-crear-plan-para-destruir-minas-instaladas-por-el-crimen-organizado-22084164" target="_blank" rel="noopener">juez Sergio Santamaría Chamú, quien ordenó al Gobierno Federal establecer un plan nacional de retiro de minas terrestres</a>. Esto demuestra un enfoque proactivo en materia de derechos humanos, que se puede dar desde el Poder Judicial, ya que si el Gobierno no cuenta con un plan, tiene la responsabilidad de implementar uno. Esperemos que pronto veamos algunos resultados al respecto.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>

Minas terrestres y crimen organizado

El inicio de las campañas de los aspirantes a integrar el Poder Judicial confirma que elegir por votación popular a jueces, magistrados y ministros es una muy mala idea. La información disponible de los aspirantes es demasiado general, y salvo el gremio de los abogados, el interés por participar es prácticamente inexistente. La especialización de quienes imparten justicia sólo es valorable por quienes comparten esa profesión.
Seguramente entre los diversos aspirantes hay profesionales valiosos a los que valdría la pena apoyar, pero para quienes no somos abogados, es muy complicado distinguir la idoneidad de los perfiles que se nos ofrecen. Es una elección en la que participarán de manera informada únicamente quienes integran el gremio de los abogados. Los demás somos mirones de palo.
Es evidente que el examen riguroso de los perfiles, la pretensión de mejorar y profesionalizar al Poder Judicial no fue lo que animó al legislador a elaborar la ley; los verdaderos electores no están en la calle, son los comités de evaluación de los distintos poderes quienes, con criterios diversos y alejados de la transparencia, terminaron de confeccionar las listas de quienes aparecerán en las distintas boletas. Los electores primigenios son los tres poderes de la unión.
Por ello es muy preocupante el daño que le hizo a la equidad de la contienda la reciente sentencia del Tribunal Electoral que corrige al INE, reinterpreta la Constitución y les permite a los poderes públicos promover la elección. Si la idea de elegir a los integrantes del Poder Judicial es mala, la ley que regula dicha elección es peor.
A los Poderes Ejecutivo y Legislativo los elegimos bajo estándares muy rigurosos y acreditados en todo el mundo; lo que sucederá con el Poder Judicial se aleja sustancialmente de todas las garantías que nos dimos para la renovación de los otros dos poderes.
Pero si la ley es mala, la instrumentación no ha hecho sino agravar los problemas de la ley. Del lado de la autoridad administrativa hemos visto decisiones que relajan la cadena de custodia e incrementan la incertidumbre, si le sumamos la insuficiencia presupuestal a la que la sometieron, el horizonte es ominoso.
Por lo que hace a la autoridad jurisdiccional, el sometimiento a la voluntad del oficialismo es escandaloso: la única certidumbre que generan sus actos es que le darán la razón siempre a cualquier queja promovida por Morena y sus aliados.
En medio de ese desorden institucional, sólo hay algo que no podemos olvidar: la elección es ineludible y la transformación del Poder Judicial es inevitable. Lo mejor que podemos hacer quienes estamos interesados en evitar la debacle absoluta del Poder Judicial es encontrar canales confiables para obtener la información necesaria para orientar nuestro voto. El dilema ético no es fácil, la operación no es sencilla.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Poder judicial: elección entre abogados

La noche del 27 de marzo de 2023 olía a plástico derretido, a miedo encerrado, a cuerpos atrapados detrás de barrotes que no cedieron. En la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, los gritos no atravesaron los muros, las llamas sí. A las 21:30, un incendio iniciado con colchones encendidos en protesta —dicen— comenzó a devorar el oxígeno de la celda masculina. Desde las cámaras de seguridad, se ve: los guardias se alejan, algunos miran, otros cierran puertas. No hay urgencia, no hay auxilio.
Los 68 hombres encerrados gritan, golpean los barrotes, patean las paredes. Algunos intentan trepar, otros rezan, todos suplican. Pero el fuego ya ha cruzado su umbral, y lo hace con el silencio de una política que nunca los nombró por su nombre. Cuando por fin se abre la reja, ya es demasiado tarde: 40 migrantes —guatemaltecos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, colombianos— han muerto calcinados o asfixiados. Otros 27 quedaron heridos, muchos de ellos con quemaduras en el rostro, las manos, la memoria.
Cuatro años antes del incendio que reveló la crisis humanitaria en la política migratoria del país, en junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombraba a Francisco Garduño Yáñez como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), tras la renuncia del Dr. Tonatiuh Guillén. Durante la ceremonia de toma de protesta, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la trayectoria de Garduño y afirmó: “Estoy segura que trabajaremos juntos para cumplir con las instrucciones del presidente e iniciar una nueva etapa en el Instituto”. Por su parte, López Obrador expresó su confianza en Garduño, a quien conocía desde su gestión en la Ciudad de México, y señaló que su trabajo había sido “muy bueno hasta ahora”, subrayando que lo conocía desde hacía muchos años.
¿Cómo se muere en un incendio sin poder escapar? Primero se vuelve espeso el aire. No se ve el fuego, pero se siente: sube la temperatura del aliento, el humo se cuela por la nariz, por la garganta, por los ojos que arden como si lloraran gasolina. La piel se humedece de un sudor extraño —térmico, pegajoso— y la garganta se cierra, como si algo la apretara desde dentro.
Luego, se va el sonido. No porque no haya gritos, sino porque el cuerpo ya está ocupado sobreviviendo a lo mínimo: respirar. El humo negro llena los pulmones como una manta caliente y ácida. Los bronquios se queman. Los párpados se inflaman. Y el cuerpo, aún con vida, comienza a desmayarse por dentro.
Cuando el fuego se hace visible, ya es tarde. Lame la ropa, sube por las piernas, derrite los cordones de los zapatos. Algunos intentan aplastar las llamas con las manos. Otros intentan trepar las paredes o romper con los pies las rejas de acero que no ceden. En ese encierro no hay alarma ni extintor ni agua ni llave.
Los minutos se dilatan, y quienes no mueren calcinados, mueren de asfixia térmica: el oxígeno escapa primero que la vida. El cuerpo se derrumba. La piel se resquebraja. La muerte no llega como un descanso, sino como la imposición de lo irremediable.
En Ciudad Juárez, 40 hombres pasaron por esto. Y nadie, del otro lado de la reja, intentó evitarlo.
El 13 de abril de 2025, un tribunal federal de apelación ratificó la suspensión condicional del proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. A pesar de haber sido imputado por ejercicio indebido del servicio público —cargo relacionado directamente con su responsabilidad jerárquica en la tragedia de Ciudad Juárez—, Garduño no irá a juicio. El tribunal consideró que había cumplido con las condiciones impuestas por un juez en enero: ofrecer una disculpa pública, supervisar centros migratorios, implementar un supuesto plan de reparación del daño y garantizar indemnizaciones. Pero estas medidas, en su mayoría simbólicas y financiadas con recursos del erario, fueron impugnadas por las organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas. Denunciaron que la reparación no fue adecuada, que no hubo justicia restaurativa real y que, una vez más, el sistema judicial exoneró al poder político. Aun así, el fallo quedó firme. Garduño, exonerado sin juicio, continuará su vida lejos del humo y del encierro.
El triunfo de la impunidad, castigos selectivos, perdón a los amigos. Mientras Garduño recibe el beneficio de la suspensión condicional y camina libre, al menos cinco funcionarios de menor rango —agentes migratorios y guardias de seguridad privada— siguen detenidos, acusados por omisión o negligencia. Las familias de estos trabajadores denuncian el doble rasero: a ellos, cárcel sin clemencia; a Garduño, la absolución protegida por una vieja lealtad política. “Él sí es amigo del presidente… por eso está libre”, dijo una de las esposas de los detenidos. La justicia, otra vez, midiéndose con vara política.
En Ciudad Juárez, la herida no cierra. A dos años del incendio, colectivos como Casa del Migrante, Uno de Siete Migrando y familiares de las víctimas mantienen vivas las preguntas que el Estado no quiere responder. ¿Por qué nadie abrió la reja? ¿Por qué no hay responsables reales? En actos pequeños, pero constantes —altares improvisados, ofrendas en la banqueta, vigilias frente a la antigua estación migratoria— insisten en que esos 40 nombres no serán borrados. “No fue un accidente, fue abandono. Los dejaron morir”, repite doña Irma, madre de un joven hondureño que buscaba cruzar a Texas. Cada palabra suya resiste el olvido. Cada vela encendida en Juárez ilumina lo que el fallo judicial intenta oscurecer.
¿México no aguanta más? Los agravios se acumulan, la justicia sigue siendo una promesa postergada, y los mecanismos del Estado parecen diseñados para proteger a los aliados mientras castigan a los de siempre. La muerte de 40 migrantes en una celda cerrada no puede explicarse solo como una tragedia: fue el resultado de decisiones políticas, de omisiones estructurales, de una mirada que convierte a las personas en cifras prescindibles. Hoy, la exoneración de Francisco Garduño envía un mensaje inquietante: el poder, una vez más, actúa como si pudiera salir ileso del fuego que ha contribuido a encender. Pero hay heridas que no se cierran, hay memorias que no se apagan. Y aunque el expediente se archive, lo que pasó esa noche en Ciudad Juárez seguirá ardiendo en la conciencia de un país que no debería acostumbrarse.

Fuego y olvido: el caso Garduño y las llamas que no se apagan

El 09 de abril de este año la organización internacional Artículo 19 presentó su informe “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México”, en el que se documentan 639 agresiones contra periodistas en posible nexo con su trabajo, lo que significa que se agrede a un periodista cada 14 horas. En comparación, la organización documentó 561 agresiones en 2023.
Para este texto, resalto el caso Guanajuato, que ocupa el quinto lugar nacional en términos de agresiones a periodistas, y concentra -junto con Ciudad de México, Guerrero, Veracruz y Puebla- una de cada dos agresiones a nivel nacional.
Ésta última entidad, junto con Guanajuato es considerada como de alto riesgo en coberturas periodísticas en el apartado 3.4., en el que se señala que “además de las agresiones físicas, los periodistas afrontan una constante coacción y censura indirecta” debido a los altos números de violencia perpetrada por sujetos desconocidos, así como intimidaciones por particulares y restricciones impuestas por las autoridades. Es decir, en Puebla y en 
Guanajuato más allá de las agresiones documentadas, el contexto de riesgo que enfrentan las personas periodistas es adverso y genera censura indirecta.
Esta cuestión ha sido abordada previamente en este espacio (ver <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/zonas-silenciadas-guanajuato" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>), a partir de una metodología desarrollada por Jan Albert-Hootsen, que señala que en Guanajuato puede haber zonas silenciadas para la cobertura periodística.
<figure id="attachment_1521156" aria-describedby="caption-attachment-1521156" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="wp-image-1521156 size-full" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/agresiones-a-periodistas-en-Guanajuato-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><figcaption id="caption-attachment-1521156" class="wp-caption-text">Agresiones a periodistas en Guanajuato (2015-2024). Fuente: ARTICLE 19</figcaption></figure>
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Los datos del informe de Artículo 19 deben contextualizarse con los ofrecidos por el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato (Consejo) y del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (Mecanismo).
El Consejo reportó que en 2024 asignó 54 medidas estatales entre las que resalta el número de emergencia, los rondines y la canalización a la Fiscalía.
El Consejo informa también que el año pasado se implementaron tres medidas federales; estos datos tienen que relacionarse con los datos ofrecidos por el Mecanismo, que señalan que en 2024 se realizaron dos solicitudes de incorporación en el caso de Guanajuato, lo que ofrece como resultado 59 personas actualmente (diciembre de 2024) incorporadas al Mecanismo, lo que coloca a la entidad en el lugar 15 a nivel nacional en personas incorporadas a este Mecanismo. En suma, es importante diferenciar el número de medidas otorgadas del número de personas beneficiarias, tanto en el Consejo como en el Mecanismo.
Regresando al Informe “Barreras” se mencionan por segunda ocasión, ya que la organización lo había mencionado en 2023, los casos de asesinatos y desapariciones de personas buscadoras. Artículo 19 reconoce que hasta 2024 había cinco casos acumulados de personas buscadoras asesinadas y tres desaparecidas en Guanajuato. Considerando que son 25 personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas a nivel nacional.
Finalmente, las recomendaciones del informe van en el sentido de dotar de recursos económicos para la atención a víctimas y formular una política pública de protección integral. A las Fiscalías: desde aplicar el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Además, al Mecanismo se le recomienda generar procesos de coordinación entre la prevención y la protección en las unidades estatales de protección, estableciendo pautas de coordinación mínimas; que las instituciones que 
forman parte de la Junta de Gobierno (FGR y CNDH) realicen investigaciones diligentes y recomendaciones para contribuir a la prevención de la violencia contra la prensa y fortalecer los planes de protección que implementa el Mecanismo.
* Raymundo Sandoval (<a href="https://x.com/ray_sandoval" target="_blank" rel="noopener">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

Guanajuato, quinto lugar de agresiones a periodistas

Mucho se escribe y se dice estos días sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que están siendo afectados por las redadas y deportaciones masivas, pero la incertidumbre y agobio va mucho más lejos y alcanza a otro sector de la población latina, esos que siendo migrantes con documentos viven y trabajan mayormente en contextos hispanos.
Muchas familias mexicanas se vieron en la necesidad de emigrar a Estados Unidos a raíz de las múltiples devaluaciones y crisis económicas que azotaban al país en los años ochenta y noventa.
“El error de diciembre” de 1994, concretamente, fue el causante de que cuatro de mis diez hermanos quemaran las naves a principios de 1995 y se avecinaran en Dallas, Texas. Por fortuna, ellos contaban con los documentos para vivir y trabajar en Estados Unidos; sin embargo, la llegada, como la de todo migrante, no fue sencilla, hubo que emplearse en lo que surgiera.
Los hombres en la limpieza de las cadenas de supermercados, como parte del equipo de trabajo de un primo que había emigrado mucho años antes y había logrado obtener “sus papeles”; él, con el camino andado, le abrió brecha a los primos que llegaban de Monterrey.
El lugar de arribo era la entonces peligrosa área de Love Field, cerca del aeropuerto nacional del mismo nombre, en un frío mes de enero.
“Viajamos por carretera y llegamos de madrugada y recuerdo que a la mañana siguiente que me asomé a la ventana, me parecía todo tan bonito, las calles estaban limpias y todas las casas tenían al frente amplios y bien cuidados jardines”, recuerda Mariza.
A la primera impresión pronto la alcanzó la realidad, la depresión del migrante hizo mella. Mientras que en Monterrey era una secretaria ejecutiva siempre bien arreglada, de medias y tacón, como se usaba en aquella época, ahora estaba atrapada en un mundo que no era el suyo. Sin poder trasladarse, porque “en este país si no tienes carro, no haces nada”; sin poder hablar más que con los familiares y conocidos, que ya estaban bien incorporados a esa subcultura que de manera silenciosa y anónima mueve un engranaje básico de la vida estadounidense: los servicios.
“Pues si quieren vénganse conmigo al hotel y yo las recomiendo con el manager para que trabajen de camareras”, les dijo doña María, a ella y a la cuñada. Doña María, suegra del primo emprendedor y cuyos orígenes familiares se remontan a cuando aquellas tierras aún eran mexicanas.
Así fue como mi hermana y mi cuñada iniciaron su vida al otro lado, tendiendo camas y limpiando tinas de baño en uno de los hoteles de cadena cercano al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.
Treinta años hace ya de aquel inicio, más de la mitad de la vida de mi hermana, quien ahora ya habla spanglish y ha olvidado cómo funcionan las cosas en México, a pesar de que ha seguido visitando el país con frecuencia. Treinta años, en los que ha aprendido inglés y puede desenvolverse con naturalidad en el día a día, sobre todo a raíz de que el área metropolitana de Dallas se fue “hispanizando”.
Es toda una vida trabajando y conviviendo entre dos culturas: la anglosajona con sus prejuicios, rechazos y desprecio por “lo otro”, y la propia, esa de los pequeños empresarios y emprendedores que a punta de necesidad han superado la ignorancia y levantado pujantes negocios de la nada y son los dueños de “El Ranchero”, “La Michoacana Meat Market” y un sinfín de emprendimientos de construcción, jardinería, aires acondicionados y demás ramas de servicios que a los mexicanos y otros latinoamericanos se les da muy bien.
Lejos están los días en los que Mariza y Anabel se conocieron mientras intentaban abrirse paso con el idioma inglés en las clases para extranjeros del North Lake College. Fue ese punto de encuentro el que le abrió la puerta a mi hermana para dejar el trabajo de camarera e incorporarse a un despacho de contabilidad, una tarea más cercana a lo que hacía en México.
Muchas vivencias ha tenido desde entonces, hasta llegar a ser socia emprendedora de un negocio y colaboradora clave en el despacho de su amiga, también migrante.
Hace unas semanas la preocupación y la incertidumbre las alcanzó, cuando la ocupada temporada de preparación de impuestos, que va de enero a abril de cada año, reflejó una dinámica distinta este 2025.
“Anabel nos ha reunido para decirnos que el despacho no va bien, por lo que no podrá ofrecernos más que 35 horas de trabajo a la semana; de hecho, ella no se ha pagado sueldo en dos semanas porque muchos clientes se están yendo; han dicho que este año no presentarán declaración de impuestos porque temen que a través de la oficina de recaudación de impuestos (IRS) el gobierno pueda ubicarlos y deportarlos”, comentó Mariza.
“Qué caso tiene que pague impuestos, si de todas maneras tarde o temprano me van a echar, mejor trabajo hasta donde pueda y ahorro ese dinero”, es la lógica de pensamiento de muchos inmigrantes comerciantes y pequeños empresarios en la comunidad.
La afectación a la economía norteamericana se observa en la vida de mi hermana, pero también en la de muchos pequeños negocios familiares e incluso en las grandes cadenas comerciales.
De acuerdo con el Centro para Estudio de las Migraciones (Center for Migration Studies), la economía de <a href="https://cmsny.org/importance-of-immigrant-labor-to-us-economy/" target="_blank" rel="noopener">Estados Unidos requiere de los trabajadores inmigrantes para continuar creciendo</a> en industrias como la de la hotelería y servicios, cuidados de la salud, construcción y agricultura.
<a href="https://www.dallasfed.org/research/economics/2024/0702" target="_blank" rel="noopener">Un estudio del Banco de la Reserva Federal en Dallas</a> arrojó que el envejecimiento de la fuerza de trabajo estadounidense y la caída de los índices de natalidad en el país harán que el crecimiento de la población dependa completamente de la migración para el año 2040.
“El país está en una especie de otoño demográfico, y el invierno está por llegar”, menciona el estudio.
Y es que en Estados Unidos, quizá como en ningún otro país, el poder de los migrantes recién llegados y los de larga data hace una gran diferencia en la economía.
El estudio del Banco de la Reserva Federal en Dallas encontró que fueron los trabajadores migrantes los que ayudaron al crecimiento de la economía post pandemia, impulsando la generación de empleos y manteniendo la inflación a la baja. Una realidad que empieza a ser muy distinta a raíz del miedo que tienen los migrantes mexicanos y latinoamericanos de salir incluso para ir a trabajar por el riesgo de ser deportados.
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* Rocío Ortega es periodista, comunicadora y pro derechos humanos, en particular los derechos de las infancias y las mujeres.

Los otros migrantes

“El verdadero poder no reside en el control directo, sino en la capacidad de hacer que los demás se sometan sin resistencia”.
Noam Chomsky, filósofo y lingüista
En la era de Trump, el ejercicio del poder se distingue por su enfoque unidireccional, impulsado más por deseos personales e impulsivos que por una reflexión seria sobre sus consecuencias a largo plazo.
Esta actitud no solo afecta a Estados Unidos, sino que tiene repercusiones globales, especialmente en áreas clave como el empleo y el bienestar social.
Las decisiones tomadas sin un análisis adecuado, a menudo guiadas por los estados de ánimo de una sola persona, generan un caos económico que impacta directamente en la vida de millones.
De este modo, el futuro de muchas personas queda subordinado a la volatilidad de las decisiones de una élite de poder.
Trump ha utilizado su posición para imponer su voluntad sobre otras naciones, aplicando medidas como los aranceles de manera unilateral, sin considerar el bienestar de los países afectados ni las consecuencias a largo plazo para la economía global.
En este escenario, el poder no se ejerce con la intención de construir entendimientos mutuos ni de generar consensos, sino con el objetivo de someter y controlar.
La negociación, en lugar de ser un proceso equitativo, se convierte en una dinámica de presión constante para aceptar condiciones impuestas, sin espacio para el desacuerdo.
El problema central de este modelo de ejercicio del poder es que la voluntad de una sola persona pasa a ser la norma dominante. Como bien apuntó la filósofa Hannah Arendt, “el autoritarismo no se basa en la persuasión, sino en el poder de la coerción”.
Esto implica que, en lugar de fomentar una sociedad construida sobre el diálogo y el respeto mutuo, prevalece la imposición de decisiones desde las esferas más altas del poder.
En este sistema, la obediencia se convierte en un requisito indispensable para participar en el proceso, mientras que la resistencia es aplastada.
Lo más alarmante de este modelo de poder no es solo su concentración en la figura de Trump, sino que refleja una tendencia más amplia: las élites políticas y económicas buscan centralizar el poder y mantenerlo a toda costa, relegando a la ciudadanía a un rol pasivo.
El diálogo y la construcción de consensos democráticos son desplazados por la imposición autoritaria, y las reglas del juego dejan de ser el fruto de un esfuerzo colectivo para convertirse en imposiciones que benefician a unos pocos.
En este contexto, la participación activa de la sociedad y el respeto por las instituciones democráticas se ven cada vez más amenazados, mientras que el bienestar común queda subordinado a los deseos de unos pocos en la cúspide del poder.
 
*Elio Villaseñor Gómez (<a href="https://x.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener">@Iniciativa_pcd</a>) es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C.</a>

Trump y la élite del poder: la única regla es someterse

Cada año, alrededor de 5,000 niñas, niños y jóvenes en México enfrentan la devastadora realidad del cáncer infantil. Ellos y sus familias, una vez que reciben el diagnóstico, inician una carrera contra reloj para mitigar la enfermedad, pero también enfrentan desafíos económicos y emocionales de enormes proporciones. En Casa de la Amistad, nuestra misión es apoyar a las familias de escasos recursos en estos desafíos y brindar esperanza a quienes más lo necesitan. Porque mientras hablamos de cáncer, hablamos de vida y de la oportunidad de un futuro saludable.
Con la presentación del <a href="https://www.casadelaamistad.org.mx/hubfs/correos/Emails%20(CDLA)/informe2024%20(ok).pdf" target="_blank" rel="noopener">Informe Anual 2024</a>, me enorgullece compartir el impacto que la labor de colaboradores, voluntarios —institucionales y corporativos—, donantes y médicos tienen en la vida de los más de 1,200 pacientes que atendemos
En 35 años hemos otorgado 15,285 tratamientos, apoyando a pacientes de los 31 estados del país. En el 2024 atendimos a 30 hospitales, surtimos 8,962 recetas y realizamos 2,066 estudios especiales. Estas cifras no son sólo números: son niñas, niños y jóvenes que han recibido la oportunidad de recuperar su salud, familias que han encontrado un apoyo integral y médicos que han podido dar continuidad a tratamientos que de otra manera serían inaccesibles.
A pesar de estos logros, el camino todavía nos presenta varios retos. Uno de ellos es garantizar que los pacientes inicien su tratamiento a tiempo y lo concluyan. El abandono de los tratamientos oncológicos representa una de las principales amenazas para la supervivencia infantil en México. En Casa de la Amistad nos aseguramos de que cada paciente reciba su tratamiento completo, eliminando barreras económicas y logísticas para que puedan enfocarse en su recuperación.
En general, la detección del cáncer infantil es sumamente complicada porque las personas desconocen cómo identificar los primeros síntomas y, una vez que detectan que algo no está bien, no hay suficientes hospitales para realizar estudios especializados en comunidades de difícil acceso.
Eso no frena nuestra misión de contribuir a elevar el índice de sobrevida de las niñas, niños y jóvenes con cáncer. Sin embargo, se trata de una tarea conjunta porque la atención integral que se brinda en Casa de la Amistad sólo es posible gracias a la generosidad y entrega de los donantes y voluntarios.
En 2024 contamos con la invaluable colaboración de 93 voluntarios institucionales que aportaron 110,000 horas de trabajo distribuidas en 18 comités. Además, 406 voluntarios corporativos de 50 empresas y 10 instituciones educativas sumaron 2,678 horas de apoyo. Gracias a su esfuerzo, logramos brindar mucho más que tratamientos médicos: ofrecemos acompañamiento emocional, apoyo educativo, alimentación y un espacio seguro donde los niños pueden seguir siendo niños, a pesar de la enfermedad.
Cada donativo y cada hora de voluntariado tienen un impacto directo en la vida de los pacientes que recibimos. Por todas estas razones, para nosotros hablar de cáncer es hablar de vida porque tenemos la oportunidad de mejorar su salud a través del esfuerzo conjunto.
Gracias a todos los que han confiado en Casa de la Amistad, juntos seguimos construyendo un futuro donde la esperanza y la salud sean una realidad para más niños y jóvenes de nuestro país. Estamos seguros que con estos resultados, motivamos a más personas a apoyar el trabajo que hacemos y cambiar el destino de niñas, niños y jóvenes que luchan contra el cáncer en México.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1520464" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Cancer-infantil-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Cancer-infantil-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Cancer-infantil-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Cancer-infantil-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Cancer-infantil-1536x1024.jpg 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/04/Cancer-infantil-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
* Lorenza Mariscal es presidenta de<a href="https://www.casadelaamistad.org.mx/" target="_blank" rel="noopener"> Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P</a> (<a href="https://x.com/CasadelaAmistad" target="_blank" rel="noopener">@Casadelaamistad</a>), organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con cáncer en México. Desde 1990 ofrece tratamientos médicos, apoyo emocional y servicios esenciales como alojamiento y alimentación a familias de escasos recursos. Colaboran con hospitales y voluntarios para asegurar que cada niño tenga acceso a un futuro saludable.

Cuando hablamos de cáncer, hablamos de vida

El fentanilo es la droga de mayor crecimiento en los últimos años. Sus ventas en los Estados Unidos <a href="https://www.researchnester.com/reports/fentanyl-market/3762" target="_blank" rel="noopener">generan ganancias por 17 billones de dólares al año y se estima que para 2037 el mercado crecerá a los 39 billones de ganancias</a>. Por ello las principales organizaciones criminales del mundo, donde destacan organizaciones mexicanas como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, han buscado tener una participación relevante en su producción y venta.
Sin embargo, al ser el fentanilo una droga sintética, que desarrolló Paul Janssen en Bélgica en 1960, ésta puede producirse en cualquier lugar del mundo. De hecho, tendrían ventaja en su producción países como Estados Unidos, Canadá o Alemania, ya que cuentan con laboratorios más modernos y personal capacitado, lo que les da mayor capacidad de producción.
Pero al ser el fentanilo una droga ilegal y los países con los mejores laboratorios se encuentran en naciones que respetan el Estado de derecho, pocos ciudadanos se arriesgan a producir esta droga en su territorio. Pero aun así, se han dado casos de personas en los Estados Unidos o Canadá que corren el riesgo de producir drogas sintéticas, tal como lo hacía el personaje ficticio de Walter White de Breaking Bad.
Otro escenario es, dado que las organizaciones criminales de México tienen presencia en los Estados Unidos, ¿por qué se toman el trabajo extra de producir la droga en México y luego transportarla a los Estados Unidos? ¿No sería más fácil producirla directamente en los Estados Unidos, donde ya están los consumidores finales?
También podríamos pensar que, dado que China o la India son los países en los que se fabrica la mayor parte de los precursores necesarios para crear el fentanilo, la droga se podría fabricar en Asia y luego ser enviada en contenedores escondida a los Estados Unidos, pero no es así.
Por ende, este texto busca responder a la interrogante de que, pudiéndose producir el fentanilo en otros lugares, por qué nuestro país, que no se destaca por tener grandes laboratorios y además produce en espacios rurales clandestinos, es el lugar donde se genera un porcentaje relevante del fentanilo ilegal a nivel global.
Un buen punto de partida es entender que el 97 % del fentanilo decomisado en los Estados Unidos en 2024 entró por la frontera con México y la gran mayoría de dicha droga fue fabricada por solo dos organizaciones, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en laboratorios clandestinos de Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Durango.
Para fabricar fentanilo hacen falta amapola (opio), la cual se siembra en México en grandes cantidades en Guerrero, Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como más de 25 precursores y elementos químicos, entre los que destacan la piperidina, el borohidruro de sodio y la anilina, los cuales se producen en grandes cantidades en diferentes zonas de Asia, por ejemplo, en la provincia de Hebei en China o en las regiones de Gujarat y Maharashtra en la India.
De forma que lo que han hecho los cárteles mexicanos es establecer una red de proveedores de precursores en China, India, Turquía y Tailandia, que se embarcan de forma clandestina en puertos como Bombay, Mundra, Dalian, Qingdao y Shanghái, en grandes contenedores que llegan a puertos mexicanos, en especial a Manzanillo y Lázaro Cárdenas, donde se transportan a laboratorios escondidos en zonas serranas para su producción.
Es por ello que la principal zona de producción de México se ubica en el Pacífico, porque ahí están los puertos en donde entran los precursores, porque también de ese lado está la zona de producción de la amapola y porque es la zona en donde tienen su asiento las dos organizaciones criminales más grandes, que concentran su producción.
Se debe mencionar que los precursores utilizados no son exclusivos para la producción de drogas, también se utilizan para procesos industriales en China, la India o México; por ejemplo, la piperidina es útil en la fabricación de hidrocarburos y cauchos, el borohidruro de sodio se utiliza en baterías, y la anilina en tintes, pinturas y herbicidas.
Derivado de lo anterior, las organizaciones criminales a veces esconden los precursores en embarques u otras utilizan empresas con diferentes giros industriales para traer los productos a México, incluso de manera legal, aunque luego su uso final no lo sea.
Pero más allá de este preámbulo, hay 5 razones que explican que México sea el líder global absoluto en producción de fentanilo, dejando muy atrás a otros países que tendrían condiciones de participar en el mercado:
<ul>
<li>Altos niveles de corrupción. Si bien los laboratorios mejor equipados y los profesionales más preparados para producir fentanilo se encuentran en países desarrollados, lo cierto es que estos países también tienen un Estado de derecho fuerte, por lo que fabricar esta droga ahí implica muchos riesgos y una alta probabilidad de ser atrapado, por ello optan por países como México, con un endeble sistema de justicia y una alta complicidad de las autoridades, que en lugar de perseguirlos, los protegen.</li>
<li>Poco control de los precusores. Si bien nuestro país elevó al rango constitucional la prohibición del fentanilo y de los precursores necesarios para fabricación, lo cierto es que en el ámbito administrativo aún se tiene poco control sobre su entrada al país, ya que los mismos se siguen importado desde Asia de forma ilegal y en las aduanas no se ha podido frenar su ingreso.</li>
<li>Redes ya establecidas de distribución en los Estados Unidos. Las organizaciones criminales mexicanas tienen décadas de experiencia traficando drogas hacia la Unión Americana, no solo tienen rutas, contactos, métodos de introducción, sino también una amplia red de organizaciones y pandillas aliadas, que les ayudan a mover los productos, de forma que, aunque otros países tenían también condiciones para producir fentanilo, ninguno contaba con la ventaja competitiva de tener una red de vendedores en nuestro país vecino.</li>
<li>Cercanía con el principal consumidor. Somos un país que tiene una gran frontera con los Estados Unidos y de los grandes productores de droga el que se encuentra más cerca de su territorio, por ende, esa se vuelve otra ventaja competitiva que las organizaciones criminales explotan.</li>
<li>Frontera porosa y altamente transitada. Al día miles de vehículos pasan por los cruces fronterizos entre México y los Estados Unidos, además de haber un intenso flujo comercial, que hace imposible que todos los embarques sean revisados, a lo que debemos sumar que muchas áreas de la frontera, sobre todo las que están en el desierto, no tienen bardas en buen estado, lo que permite la entrada ilegal de personas y productos, de forma que existen muchas formas de ingresar drogas por la frontera con Estados Unidos.</li>
</ul>
Por ende, si se quiere revertir esta tendencia, México debe atacar en serio las redes de corrupción que las organizaciones han generado en el ámbito federal, estatal y municipal; debe poner más atención en el ingreso de precursores en los puertos, y tiene que incrementar las acciones de detección de laboratorios clandestinos, de lo contrario, seguiremos sufriendo las presiones de los Estados Unidos.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

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