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A un mes de la captura de Nicolás Maduro, vale la pena hacer una valoración sobre la situación actual de Venezuela, el estado del régimen, de la oposición y la posibilidad de una transición democrática. La operación militar estadounidense que terminó con la captura del presidente venezolano y su esposa Cilia Flores durante la madrugada del 3 de enero de 2026, fue recibida como un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron Caracas, capturaron al mandatario del país y lo condujeron ante el sistema judicial estadounidense bajo cargos de narcotráfico. Tras esta operación surgió un periodo inmediato de incertidumbre sobre el rumbo político de Venezuela, con expectativas y llamados a la transición y apertura política que contrastaron rápidamente con la efectividad del aparato estatal para mantener al régimen en el poder.
Aunque Maduro se encuentra bajo custodia en Estados Unidos, el gobierno venezolano condenó el operativo y la oposición celebró la caída de Maduro, la realidad es que en Venezuela el régimen sigue en pie. Los elementos centrales del sistema de gobernanza como las instituciones del Estado, la burocracia estatal, las fuerzas armadas, el aparato represivo y de control interno, así como las estructuras formales e informales de control político y social permanecen intactos. Lejos de abrir una transición democrática, el escenario actual apunta a una reconfiguración que preserva el poder del régimen y reduce aún más las posibilidades de un cambio político profundo y legítimo.
En la práctica, la supervivencia del régimen venezolano hoy en día depende de una nueva relación impuesta con Estados Unidos, basada en criterios de funcionalidad más que de un sentido compartido de legitimidad democrática. Washington ha optado por tolerar la continuidad del régimen existente en la medida en que la supervivencia de este garantiza el control territorial, la estabilidad política y social, así como una forzada <a href="https://www.aljazeera.com/news/2026/1/30/venezuelas-rodriguez-signs-oil-reform-law-while-the-us-eases-sanctions" target="_blank" rel="noopener">cooperación en áreas estratégicas</a>. Es decir, el régimen permanece en la medida en que le es útil a Washington. Esta lógica convierte al régimen en un actor cercano a los intereses estadounidenses en el corto plazo, e inclusive puede implicar el posponer o vaciar de contenido real cualquier horizonte de cambio o de transición democrática.
A pesar de la salida forzada de Maduro y el daño simbólico que esto conlleva, la estructura del régimen venezolano permaneció intacta. De forma casi inmediata, el Tribunal Supremo de Justicia declaró una “vacancia temporal” de la presidencia y <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9exjjkvw8o" target="_blank" rel="noopener">juramentó</a> a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina, bajo el argumento de garantizar la continuidad del Estado. Esto puso en evidencia que el régimen es más que una sola persona y expuso la solidez de una burocracia político-militar consolidada, capaz de reorganizarse y retener el poder. Los altos mandos del régimen, incluidos los ministros clave de Defensa y del Interior, se mantuvieron en sus cargos, preservando las estructuras de control estatal que han sido el pilar del régimen durante décadas.
El nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/cgqe53xxnx7o" target="_blank" rel="noopener">promovido gestos</a> de apertura política, como la liberación de presos políticos, anunciada en coordinación con los gobiernos de <a href="https://elpais.com/america/2026-01-08/zapatero-lula-y-qatar-claves-en-la-liberacion-de-presos-en-venezuela.html" target="_blank" rel="noopener">España, Brasil y Qatar</a>, así como la promesa de cerrar la infame prisión de El Helicoide. Estas acciones son significativas, en particular <a href="https://elpais.com/america/2026-01-31/lagrimas-de-alegria-y-abrazos-entre-los-familiares-de-los-presos-todos-van-a-salir-toda-esta-lucha-se-va-a-acabar.html" target="_blank" rel="noopener">para las familias</a> de las personas detenidas y desde una perspectiva humanitaria es un gran paso. Sin embargo, siguen siendo insuficientes y conviven con la ausencia de mecanismos institucionales claros, garantías políticas y una voluntad estructural que permitan avanzar hacia una transición democrática verdaderamente sostenible. De esta forma se <a href="https://www.nytimes.com/2026/02/03/world/americas/venezuela-rodriguez-maduro-authoritarian.html" target="_blank" rel="noopener">generan tensiones</a> entre las expectativas de la población, las de la oposición y las acciones llevadas a cabo por el gobierno para mantener su estabilidad.
Esta lógica también se expresa en la vida cotidiana: Venezuela exhibe una <a href="https://english.elpais.com/international/2026-01-24/venezuela-attempts-a-forced-normality-after-maduros-capture.html" target="_blank" rel="noopener">normalidad forzada</a>, una apariencia de estabilidad que no responde a una apertura política, sino a una estrategia deliberada de control. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, instalado retenes y ejercido un control estricto sobre la movilidad y las comunicaciones, en un esfuerzo por generar una sensación de orden y estabilidad tras la captura de Maduro. Estos despliegues y la presencia de <a href="https://www.theguardian.com/world/2026/jan/07/caracas-venezuela-paramilitary-groups" target="_blank" rel="noopener">colectivos armados</a> patrullando las calles han sido interpretados como parte de una normalidad impuesta por el régimen para contrarrestar cualquier idea de liberalización política, la cual algunos habían previsto que llegaría tras la caída de Maduro.
El régimen ha evitado imponer un estado de excepción formal, pero ha aplicado una excepcionalidad de facto. La vigilancia selectiva, los controles de movilidad, la gestión estricta del espacio público y la presencia de grupos armados permiten reducir el riesgo de movilización masiva sin recurrir a medidas represivas que podrían provocar mayor condena internacional. Este equilibrio entre control y apariencia de normalidad ha sido clave para mantener el poder a la par que se desactivan expectativas inmediatas de cambio, que pueden surgir de una perspectiva de inestabilidad interna.
En este contexto, la apariencia de normalidad cumple una función política central en la medida en que despolitiza el momento. Al restablecer rutinas y reducir el margen de incertidumbre cotidiana, el régimen busca erosionar la percepción de que la captura de Maduro representa una ruptura del sistema y una oportunidad para la oposición. La ausencia de colapsos visibles, quiebres institucionales o vacíos de poder refuerza la idea de que el Estado sigue siendo operativo y que cualquier transición, si ocurre, será gradual y controlada desde dentro del aparato institucional.
Por su parte, la situación de la oposición venezolana tras la captura de Maduro refleja un escenario desfavorable. En lugar de capitalizar la caída de una de las figuras centrales del régimen, la oposición enfrenta un escenario marcado por una mayor fragmentación, una capacidad de movilización limitada y escaso margen para traducir el momento político en acciones concretas. La operación contra Maduro no derivó en un colapso del aparato represivo del Estado ni en una ruptura visible y sostenida dentro de las Fuerzas Armadas, lo que privó a la oposición de uno de los factores clave para una transición acelerada: una fractura interna del poder estatal. Sin ese quiebre, sus posibilidades de disputar el poder permanecen confinadas, en gran medida, al plano discursivo. Sobre todo frente a la ausencia de una hoja de ruta clara hacia elecciones libres y competitivas, lo que debilita aún más la posibilidad de construir una agenda común capaz de disputar el poder de manera creíble.
Dentro de este contexto, se observa una división marcada de la oposición. Por un lado, figuras como María Corina Machado, que cuenta con reconocimiento internacional y ha sostenido reuniones con la Casa Blanca para impulsar una “transición real”, han perdido parte de su momento debido a la falta de un apoyo consistente de Washington por la percepción de que la oposición que encabeza <a href="https://www.wsj.com/politics/national-security/cia-concluded-regime-loyalists-were-best-placed-to-lead-venezuela-after-maduro-24b0be1a" target="_blank" rel="noopener">no pueden garantizar estabilidad en Venezuela</a>, lo que ha limitado su capacidad de traducir el apoyo externo en influencia interna. Por otro lado, la oposición de izquierda y otros sectores disidentes dentro del país permanece fragmentada. Las facciones que históricamente se han identificado con corrientes más progresistas o críticas al chavismo no han logrado articular una propuesta unificada de sustitución del régimen ni una alternativa electoral cohesionada, lo que diluye aún más las posibilidades de desafiar eficazmente al poder desde adentro. Esto deja a la oposición en una situación <a href="https://www.crisisgroup.org/es/stm/latin-america-caribbean/venezuela-united-states/venezuela-after-maduro-transaction-or-transition" target="_blank" rel="noopener">sumamente precaria</a>, marcada por la <a href="https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-opposition-split-over-possible-us-action-2025-10-31/" target="_blank" rel="noopener">dispersión</a> y la falta de un liderazgo consolidado que refleja no solo las diferencias ideológicas, sino también la presión continua del aparato estatal sobre los espacios de organización y movilización política, reforzando la incapacidad de la oposición para transformar el descontento social en fuerza política sostenida.
Desde la perspectiva del régimen, esta situación resulta funcional para su preservación. La existencia visible de una oposición, así como la adopción de gestos puntuales -como la liberación de presos políticos- contribuyen a proyectar una imagen de pluralismo controlado. Esta apariencia es suficiente para atenuar el aislamiento internacional y reducir presiones externas, mientras los centros reales de poder permanecen intactos. En este marco, la oposición queda atrapada en un espacio estrecho y contradictorio donde es demasiado fragmentada para desafiar efectivamente al régimen, pero es lo suficientemente visible como para cumplir una función instrumental dentro del propio sistema político, incluso en un contexto marcado por tensiones persistentes y <a href="https://www.aa.com.tr/en/americas/street-protests-erupt-in-venezuela-1-month-after-maduro-s-capture/3819461" target="_blank" rel="noopener">manifestaciones</a> continuas tanto de sectores prorégimen como antirégimen, las cuales son contenidas y administrada de manera que no altere el equilibrio de poder.
De esta forma, el verdadero desafío para el régimen no es la oposición interna, sino el delicado equilibrio entre sus propias tensiones y la relación con Estados Unidos. Por un lado, las acciones de apertura y liberalización política pueden dar la impresión de vulnerabilidad, lo que <a href="https://www.nytimes.com/2026/02/03/world/americas/venezuela-rodriguez-maduro-authoritarian.html" target="_blank" rel="noopener">genera tensiones</a> con los sectores más intransigentes del régimen. Por otra parte, el gobierno <a href="https://edition.cnn.com/2026/01/26/americas/venezuela-delcy-rodriguez-enough-us-orders-trump-oil-hnk-intl" target="_blank" rel="noopener">debe contener</a> a las facciones más abiertamente antiestadounidenses dentro del aparato gubernamental y de las fuerzas armadas, cuya legitimidad política se ha construido históricamente sobre la confrontación con Washington. Al mismo tiempo, el régimen necesita mantener una relación funcional con Estados Unidos, que hoy concentra la capacidad real de habilitar o bloquear su continuidad en el poder. Esta gestión contradictoria, en la que deben apaciguar a los sectores duros sin provocar a Washington, se ha convertido en el eje central de la supervivencia del régimen y es el factor más determinante para su supervivencia, más que cualquier presión proveniente de la oposición venezolana.
En este contexto, a un mes de la captura de Maduro la única certeza es la incertidumbre, especialmente al considerar la posibilidad de una transición democrática impulsada desde dentro, la cual se vuelve cada vez más remota. La oposición no solo carece de la fuerza política, territorial e institucional necesaria para imponer un cambio, sino que enfrenta a un aparato estatal que ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia. Por su parte, tras la captura de su figura central, el régimen ha logrado balancear su nueva relación impuesta por Estados Unidos, preservar la cohesión de sus élites, mantener el control efectivo de las fuerzas de seguridad y garantizar la continuidad operativa del Estado. La endeble estabilidad que hoy exhibe Venezuela no es el resultado de una apertura política por parte del gobierno ni de un estado de conformidad entre la población, sino de una reconfiguración del poder que arraiga al régimen en un terreno especialmente frágil y tenso a la par que desplaza, una vez más, la transición democrática hacia un horizonte incierto.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

Y al día siguiente el régimen seguía ahí: Venezuela, a un mes de la caída de Maduro

Venezuela, a un mes de la caída de Maduro

El uso de TikTok en campañas electorales en México dejó de ser marginal. De acuerdo con un análisis de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey “<a href="https://egobiernoytp.tec.mx/sites/default/files/2025-08/wp9_tiktok_elecciones.pdf" target="_blank" rel="noopener">The Influence of TikTok on Political Campaigns in Mexico’s State Capital</a>”, la actividad de candidaturas durante las elecciones municipales de 2024 muestra que la plataforma se incorporó de manera sistemática a las estrategias de campaña, especialmente en ciudades capitales y entre candidatos con experiencia previa en redes sociales. Aunque los datos no permiten afirmar que el engagement en TikTok tenga efectos directos sobre los resultados electorales, sí evidencian diferencias claras en visibilidad, volumen de interacción y en la forma en que los candidatos se relacionan con los usuarios.
A partir de estos hallazgos surgen dos preguntas que los marcos tradicionales de la política electoral no resuelven con facilidad: una sobre la regulación y otra sobre la participación cívica. Ninguna admite respuestas categóricas, y quizá el punto no sea cerrarlas, sino formularlas mejor.
En términos formales, el uso de TikTok en campañas electorales ya está regulado. La legislación mexicana no distingue entre plataformas digitales, pero establece reglas generales aplicables también a redes sociales, como límites a la propaganda, fiscalización del gasto y principios de equidad. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido claro en que los <a href="https://centralelectoral.ine.mx/2024/02/07/no-existe-regulacion-para-el-uso-de-redes-sociales-en-campanas-electorales/" target="_blank" rel="noopener">contenidos difundidos en redes sociales están dentro de su competencia y pueden ser objeto de medidas cautelares cuando vulneran la normativa electoral</a>.
No obstante, las dinámicas específicas de TikTok plantean zonas grises que el marco normativo no resuelve con claridad. Una de ellas es la fiscalización del contenido orgánico producido directamente por los candidatos, que tiene relevancia política, pero carece de trazabilidad contable al no implicar gasto identificable. Otra es la equidad: la visibilidad digital previa reproduce desigualdades históricas de la competencia política, pero plantea dudas sobre si debe ser tratada como un problema normativo o asumida como una ventaja estructural más.
Estas tensiones se profundizan al analizar la autenticidad de la interacción. El estudio muestra que entre 20 % y 35 % de los comentarios provienen de cuentas con comportamientos atípicos y patrones de actividad coordinados, lo que sugiere dinámicas de amplificación no claramente orgánicas. Aunque esto no permite afirmar la existencia de bots ni de operaciones ilegales, sí cuestiona cómo debe interpretarse ese engagement desde el principio de equidad.
Actualmente, el marco normativo no distingue entre interacción auténtica y no auténtica. Likes, comentarios y reproducciones son políticamente significativos, pero jurídicamente neutros, salvo cuando se acredita gasto o contratación, como muestran resoluciones del INE que ordenan retirar contenidos solo ante violaciones claras a la norma. Esto deja abierta una brecha entre lo ético y lo legal que la regulación electoral vigente no alcanza a cerrar.
La segunda pregunta, relativa a la participación cívica, admite una valoración más afirmativa. El caso de Monterrey muestra que TikTok puede ampliar ciertos tipos de participación política a nivel local. Patricio Zambrano, candidato a la alcaldía por un partido pequeño, logró altos niveles de engagement mediante una estrategia centrada en problemas cotidianos, como documentar recorridos, responder comentarios y atender reportes ciudadanos. Este tipo de contenido amplió su presencia en la conversación pública digital, algo difícil de lograr solo a través de canales tradicionales.
Es importante matizar este hallazgo. Los datos no permiten afirmar que estas estrategias se traduzcan directamente en votos. Lo que sí muestran es que TikTok puede funcionar como un canal de visibilización y contacto entre candidatos y ciudadanía, especialmente para actores con menor estructura partidista.
En conjunto, los datos sugieren que TikTok no redefine la democracia por sí mismo, pero sí introduce tensiones nuevas. Modifica quién es visible, cómo se interactúa y qué entendemos por participación política. El marco normativo actual cubre parte de estas dinámicas, pero deja preguntas abiertas que obligan a repensar, con mayor cuidado, qué queremos regular, por qué y desde qué criterios.
* Fernanda Sobrino es profesora-investigadora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (<a href="https://x.com/EGobiernoyTP" target="_blank" rel="noopener">@EGobiernoyTP</a>).

TikTok y democracia: preguntas abiertas sobre regulación y participación

Cuando el sol baja y el calor ya no abraza en la Península de Yucatán, la asamblea se reúne en la casa ejidal. La mayoría de quienes toman la palabra son los hombres mayores. Hablan de herencias, de acuerdos antiguos, de cómo “siempre se ha hecho”. Nadie que no sea ejidatario puede votar, aunque las decisiones que ahí se toman estén influidas por muchas más personas.
Los jóvenes saben que pronto llegarán ofertas de empleo o de ingresos rápidos a cambio de convencer a sus familias de firmar contratos que prometen desarrollo, pero rara vez explican las consecuencias a largo plazo. Estas decisiones se inscriben en un contexto de abandono estructural del campo: la falta de oportunidades para permanecer en el territorio y la precariedad de los apoyos a la vida rural empujan a la migración y hacen que esas promesas se perciban como una de las pocas alternativas disponibles. En ese escenario, las mujeres —quienes cuidan la parcela y sostienen actividades como el cultivo, el cuidado del agua y la alimentación familiar, muchas veces sin voto ni reconocimiento formal— ven cómo su voz queda relegada a un segundo plano.
Historias así se repiten en ejidos de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, donde la presión para vender o rentar tierras ha crecido con la llegada de <a href="https://prodesc.org.mx/comunidades-mayas-acompanadas-por-prodesc-denuncian-ante-el-indautor-apropiacion-indebida-de-su-patrimonio-biocultural-por-el-proyecto-turistico-maya-kaan/">megaproyectos turísticos</a>, energéticos y de “conservación”. En la <a href="https://prodesc.org.mx/dziuche/" target="_blank" rel="noopener">laguna de </a><a href="https://prodesc.org.mx/dziuche/" target="_blank" rel="noopener">Chichankanab</a> hemos podido documentar cómo la desinformación ha generado miedo y decisiones apresuradas, mientras actores externos promueven la idea de que la renta o la venta es la única vía para el desarrollo económico.
Por su parte, los datos del Registro Agrario Nacional (RAN) muestran que sólo alrededor del 27 % de las personas con derechos agrarios formales son mujeres, lo que evidencia una desigualdad persistente en el acceso legal a la tierra. Esta brecha se reproduce en otras dimensiones: según la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI y el Censo Agropecuario 2022, las mujeres son responsables de las unidades de producción en apenas 19 de cada 100 casos, y su participación como mano de obra es incluso menor. En conjunto, estas cifras reflejan una desventaja estructural frente a los hombres en la titularidad, la gestión productiva y el acceso a recursos.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1633493" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-scaled.jpeg" alt="Tabla con datos del Registro Agrario Nacional (RAN), que muestran que sólo alrededor del 27 % de las personas con derechos agrarios formales son mujeres, lo que evidencia una desigualdad persistente en el acceso legal a la tierra. " width="2560" height="1047" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-scaled.jpeg 2560w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-600x245.jpeg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-1024x419.jpeg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-768x314.jpeg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-1536x628.jpeg 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-2048x838.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />En la práctica, la brecha se siente en la asamblea. Muchas decisiones siguen en manos de hombres mayores, que a menudo prefieren heredar los derechos a los hijos varones —aunque ya no vivan en la comunidad— antes que reconocer a hijas, esposas o compañeras que han sostenido el cuidado del territorio y la vida comunitaria.
<figure id="attachment_1633496" aria-describedby="caption-attachment-1633496" style="width: 2038px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1633496" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-2.jpg" alt="De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), sólo el 27 % de las personas con derechos agrarios formales son mujeres, lo que evidencia una desigualdad persistente en el acceso legal a la tierra. " width="2048" height="1152" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-2.jpg 2048w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-2-600x338.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-2-1024x576.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-2-768x432.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/mujeres-y-territorio-2-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /><figcaption id="caption-attachment-1633496" class="wp-caption-text">La igualdad no se mide en discursos, se mide en títulos de propiedad, en sillas ocupadas en las asambleas y en decisiones tomadas con las mujeres dentro, no afuera. Foto: ProDESC.</figcaption></figure>
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La defensa de la tierra se ha convertido en un terreno de alto riesgo. Informes de <a href="https://globalwitness.org/es/campaigns/land-and-environmental-defenders/raices-de-resistencia/" target="_blank" rel="noopener">Global Witness</a><a href="https://globalwitness.org/es/campaigns/land-and-environmental-defenders/raices-de-resistencia/">, </a><a href="https://globalwitness.org/es/campaigns/land-and-environmental-defenders/raices-de-resistencia/" target="_blank" rel="noopener">Front Line Defenders</a> y del <a href="https://cemda.org.mx/wp-content/uploads/2025/04/INFORMEDEFENSORES_2024_WEB.pdf" target="_blank" rel="noopener">Centro Mexicano de Derecho Ambiental</a> (CEMDA) documentan estigmatización, amenazas y presiones legales y administrativas contra quienes cuestionan proyectos o piden información clara, especialmente cuando no cuentan con derechos formales sobre la tierra que defienden.
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En este contexto de presión territorial, desinformación y riesgo, el papel de las mujeres en los ejidos no es accesorio: es central. Son ellas quienes sostienen los cuidados para la permanencia en el territorio, pero siguen quedando fuera de los espacios donde se decide su futuro. Sin derechos formales sobre la tierra, su capacidad de incidir y de protegerse frente a proyectos impuestos se reduce drásticamente.
Por eso, la igualdad no se juega en los discursos ni en las promesas de desarrollo, sino en el acceso efectivo a la tierra, en la participación real en las asambleas y en decisiones tomadas con las mujeres dentro, no al margen. Porque, al final, la tierra debería ser de quienes la trabajan, la cuidan y la defienden todos los días.
* Alejandra Ancheita (<a href="https://x.com/AAncheita" target="_blank" rel="noopener">@AAncheita</a>) es fundadora y directora ejecutiva de <a href="https://x.com/ProDESC" target="_blank" rel="noopener">@ProDESC</a>.

La tierra es de quien la defiende: mujeres, territorio y la igualdad que aún no llega a los ejidos

La palabra huachicol se ha convertido en parte del vocabulario convencional en México, debido al crecimiento que se ha dado en los últimos años en el robo de combustible por parte de las organizaciones criminales. En principio dicho vocablo se utilizó para describir la ordeña de ductos de PEMEX; sin embargo, ahora también sirve para referirse al ingreso ilegal de combustible a través de puertos y puntos fronterizos, mediante la combinación de palabras: huachicol fiscal.
El huachicol fiscal no es otra cosa que comprar combustible de forma legal en otro país, principalmente en Estados Unidos, hacerlo pasar por algún insumo que tenga una menor tasa impositiva que la gasolina y, mediante soborno, ingresarlo ilegalmente a México a través de puertos o puntos fronterizos, para ser vendido sin haber cubierto los impuestos al fisco.
En los últimos años las organizaciones criminales, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, han armado redes de corrupción que ha permitido el arribo de millones de litros de huachicol fiscal, que les ha reportado importantes ingresos.
Basta señalar que el primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se logró el aseguramiento de <a href="https://www.milenio.com/policia/harfuch-destaca-senado-aseguramiento-cumbustible-irregular-entidades" target="_blank" rel="noopener">98 millones de litros de huachicol fiscal en todo el país</a>, lo cual nos sirve para dimensionar la importante cantidad de combustible ilegal que está entrando a México a través de esta modalidad.
Ante ello surge la pregunta ¿por qué las organizaciones criminales de mayor tamaño están enfocando sus esfuerzos en el huachicol fiscal, cuando podrían seguir solamente con la ordeña de ductos?
Es importante mencionar que la ordeña de ductos, al ser un robo de producto, ofrece una ganancia casi total de lo hurtado, ya que a las organizaciones criminales no les cuesta producir el combustible, y los gastos son sólo operativos, como pagar al personal que realiza la extracción, los materiales, equipos, vehículos, el almacenamiento y los sobornos a las autoridades. El resto es ganancia.
En el caso del huachicol fiscal tienen que pagar por el combustible y además incurren en gastos operativos de transportación, almacenamiento y en sobornos a las autoridades.
Por ello una pregunta válida es ¿no les convendría a las organizaciones criminales centrarse en el robo de ductos y dejar a un lado el huachicol fiscal?
La respuesta es no. A pesar de que el robo de ductos podría parecer más rentable a primera vista, lo cierto es que hay dos factores que contribuyen a que, en el agregado, resulte más rentable el huachicol fiscal: el volumen y el diferencial de precios de la gasolina de México y Estados Unidos.
El primer factor es el volumen, ya que la ordeña de ductos es lenta. Es decir, permite extracciones que rara vez son mayores a un autotanque, cuyo contenedor más grande es de unos 50 mil litros, por tanto, se requiere un camión pipa, que debe ser llenado perforando el ducto y conectando una bomba en lugares que se encuentran a lado de las carreteras, lo que aumenta el riesgo de ser descubiertos.
De hecho, parte de la ordeña se da con contenedores más pequeños. Por tanto, para que sea rentable la operación se debe repetir muchas veces incrementando el tiempo de extracción y el riesgo de arresto.
En cambio, el huachicol fiscal se da en grandes cantidades. A los puertos arriban barcos contenedores que pueden traer hasta 50 millones de litros de combustible en un solo viaje, o bien, pueden entrar vía trenes varios carros cisterna, a los que a cada uno le caben unos 113 mil litros.
De forma que, aunque los gastos sean mayores en el huachicol fiscal, porque se debe pagar por el combustible, la ganancia de este esquema está en el volumen, ya que se puede incorporar más combustible en menor tiempo al mercado y con menos riesgo, sobre todo si la autoridad encargada de hacer las revisiones ha sido cooptada a través de sobornos o amenazas.
Esto quiere decir que la ganancia por litro es mayor en la ordeña que en el huachicol fiscal, pero como en el huachicol fiscal se pueden introducir cantidades más grandes de combustible, en el agregado es más rentable que la ordeña.
El segundo factor que influye en la alta rentabilidad del huachicol fiscal es la diferencia de precios de la gasolina entre México y los Estados Unidos, en especial con Texas, que es el lugar en donde se compra la mayor parte del combustible que es contrabandeado a México.
De acuerdo con el portal <a href="https://petrointelligence.com/precios-de-la-gasolina-y-diesel-hoy.php" target="_blank" rel="noopener">Petro Intelligence</a>, que hace un seguimiento diario de los precios de los combustibles en todo el país, el precio promedio en México de la gasolina Magna el 1 de febrero fue de 23.32 pesos, mientras que el precio promedio por litro de la gasolina regular (La más similar a la Magna) para el mismo día en Texas, fue de 11.46 pesos de acuerdo al portal <a href="https://gasprices.aaa.com/?state=TX" target="_blank" rel="noopener">AAA Fuel Prices</a>. Tal como se puede observar en la siguiente gráfica.
<figure id="attachment_1633103" aria-describedby="caption-attachment-1633103" style="width: 1398px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1633103" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/Precio-gasolina-2.png" alt="Gráfica comparativa del precio de la gasolina entre México y Estdos Unidos." width="1408" height="1056" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/Precio-gasolina-2.png 1408w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/Precio-gasolina-2-600x450.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/Precio-gasolina-2-1024x768.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/02/Precio-gasolina-2-768x576.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1408px) 100vw, 1408px" /><figcaption id="caption-attachment-1633103" class="wp-caption-text">Elaboración propia a partir de datos de Petro Intelligence y AAA Fuel Prices.</figcaption></figure>
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Por tanto, dado que el precio de la gasolina en México es más del doble que el de Texas, esto les permite a las organizaciones criminales importar combustible y tener un amplio margen de maniobra para obtener beneficios, incluso pueden venderlo a las gasolineras a un precio menor que el del mercado y aún así tener una rentabilidad alta.
La diferencia entre los precios del combustible entre México y los Estados Unidos tiene su origen en la política impositiva del país, que hace que el costo de la gasolina sea artificialmente más elevado, ya que mientras en Estados Unidos los impuestos para la gasolina rondan el 13 %, es decir 1.48 pesos por litro para el caso de Texas, en México se elevan hasta el 44 %, esto es 10.40 pesos por litro. De hecho, lo que se paga en México por impuestos equivale casi a lo que cuesta el litro de combustible en los Estados Unidos.
De forma que estamos frente a un escenario en el que los altos impuestos en México propiciaron la aparición de un mercado negro ilegal, el del huachicol fiscal, porque se puede comprar combustible barato en los Estados Unidos y, si se evaden los impuestos, el mismo se puede vender a un precio razonable en México, generando altas ganancias.
En resumen, dado que el huachicol fiscal implica la entrada de grandes volúmenes de combustible y los altos precios derivados de los impuestos hacen poco competitivo el mercado de la gasolina en México, esto les permite a las organizaciones que participan en este esquema una alta rentabilidad, incluso mayor que la que ofrece la ordeña de combustible.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

¿Por qué es tan rentable el huachicol fiscal?

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
Eduardo Galeano
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Cada mañana, al encender la radio o revisar el teléfono, pareciera que el mundo se desmorona un poco más.
Las noticias falsas, el miedo, la polarización y la sensación de que todo está mal ocupan gran parte del espacio público.
En ese clima se instala también la idea de que solo queda esperar, que otros —lejanos, poderosos, invisibles— se harán cargo de los problemas. Pero mientras ese ruido crece, la vida cotidiana sigue ocurriendo en otro lugar.
<h2>Lo que no sale en los titulares</h2>
En calles, barrios y comunidades, hay personas que no aparecen en las noticias, pero que sostienen la vida.
No porque desconozcan las dificultades, sino porque han decidido enfrentarlas desde lo cercano.
Buscan momentos de alegría en lo simple, cuidan sus sueños y trabajan para convertirlos, poco a poco, en realidad. Son gestos pequeños, casi imperceptibles, pero constantes.
<h2>Vivir en varios mundos</h2>
Vivimos en varios mundos al mismo tiempo. Uno marcado por noticias tristes, amenazas y discursos que dividen.
Otro, más silencioso, donde personas comunes construyen micromundos de dignidad y resistencia.
Mujeres y hombres que sorprenden por su carácter, por su entusiasmo y por la capacidad de seguir adelante sin grandes recursos, pero con convicción.
<h2>Tejer sin dividir</h2>
Estas personas no se mueven bajo la lógica de los bandos ni repiten la idea de que quien piensa distinto es un enemigo.
En lugar de eso, tejen redes de afecto. Practican la empatía sin nombrarla y ejercen la solidaridad como una forma cotidiana de estar en el mundo. Saben que nadie se salva solo.
<h2>Resiliencia que se organiza</h2>
Su mirada no parte de la idea de que todo se está cayendo, sino de una resiliencia activa. Reconocen los problemas, pero también buscan crear puentes dentro de la comunidad para enfrentarlos juntos.
No sostienen la narrativa de que todo está bien, ni se resignan a esperar soluciones externas. Actúan desde lo posible, apoyándose en la familia, las amistades y en las oportunidades que ofrece el entorno.
<h2>La esperanza en voz baja</h2>
En estos espacios, la esperanza no se proclama en voz alta ni se convierte en consigna. La esperanza se practica. Está en la organización vecinal, en el cuidado mutuo, en el trabajo compartido, en la decisión diaria de no rendirse.
Tal vez por eso no hace ruido. Pero ahí está: sosteniendo la vida, construyendo futuro y recordándonos que, incluso en tiempos difíciles, todavía es posible cambiar el mundo desde lo pequeño.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C. </a>(<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd">@Iniciativa_pcd</a>).

Donde la esperanza no hace ruido

En México, el frío rara vez ocupa el centro de la conversación pública. A diferencia de los huracanes o las sequías, las heladas suelen percibirse como un fenómeno estacional, pasajero, casi inevitable. Sin embargo, en un país marcado por profundas desigualdades sociales, el frío extremo no cae parejo. Cuando la temperatura desciende, lo que se enfría no es solo el ambiente: se tensan los sistemas de protección, se evidencian las carencias y se vulneran derechos fundamentales, especialmente los de niñas, niños y adolescentes.
El cambio climático ha alterado los patrones tradicionales del invierno. Hoy, los frentes fríos son más intensos, más prolongados y menos predecibles. Para la temporada invernal 2025–2026, se pronosticaron 48 frentes fríos en el país, acompañados de temperaturas extremas y lluvias por encima de lo normal. Lejos de ser una estadística técnica, este dato anticipa un escenario de riesgo para miles de familias que viven en condiciones de carencia, con viviendas sin aislamiento térmico, ingresos limitados y acceso insuficiente a servicios básicos.
<h2>El frío como amplificador de desigualdades</h2>
Las heladas no crean la desigualdad, pero sí la amplifican. En comunidades donde ya existen rezagos históricos, el invierno actúa como una lupa que hace visibles las brechas que durante otros meses permanecen normalizadas. En estos contextos, niñas y niños no solo enfrentan el frío con menos recursos, sino con menos redes de protección.
Las bajas temperaturas afectan de manera directa la seguridad alimentaria. Las heladas dañan cultivos, interrumpen medios de vida y encarecen productos básicos. Para muchas familias, el invierno implica destinar una mayor parte de sus ingresos a calefacción improvisada, leña, gas o medicamentos, reduciendo el presupuesto disponible para alimentos. En hogares con niñas y niños pequeños, esta tensión económica puede traducirse en dietas insuficientes, menos comidas al día o una alimentación de menor calidad nutricional, con impactos directos en el desarrollo de la niñez.
<h2>Salud bajo cero: riesgos previsibles, impactos evitables</h2>
El derecho a la salud es uno de los más amenazados durante el invierno. El frío extremo incrementa de manera significativa las infecciones respiratorias, que afectan con mayor gravedad a niñas y niños pequeños, especialmente a quienes ya presentan desnutrición o condiciones de salud previas. A ello se suman los riesgos derivados del uso inseguro de calentadores, braseros o fogones dentro de las viviendas, una práctica común en contextos de pobreza energética que puede provocar intoxicaciones, quemaduras o incendios.
En zonas rurales o serranas, las heladas también dificultan el acceso oportuno a servicios de salud. Caminos intransitables, largas distancias y centros médicos con recursos limitados hacen que enfermedades prevenibles se agraven. En estos escenarios, el frío no es solo una condición climática: es un factor que pone en entredicho el cumplimiento efectivo del derecho a la salud de la niñez.
<h2>Aprender con frío</h2>
El impacto del frío también se extiende al ámbito educativo. En muchas regiones del país, las escuelas carecen de infraestructura adecuada para enfrentar temperaturas extremas. La suspensión de clases, los ajustes de horarios y el ausentismo escolar se vuelven frecuentes durante el invierno, particularmente en comunidades rurales.
Para niñas y niños que ya enfrentan rezago educativo, perder días de clase por el frío profundiza las brechas de aprendizaje. A esto se suma que quienes enferman de manera recurrente o deben permanecer en casa para ayudar a sus familias durante el invierno tienen mayores probabilidades de abandonar la escuela. Así, el frío se convierte en un obstáculo adicional para el derecho a la educación, un derecho que debería ser garantizado incluso —y especialmente— en contextos de emergencia climática.
<h2>Pobreza y movilidad: cuando aprender no está garantizado</h2>
Las barreras económicas siguen siendo uno de los principales obstáculos para la permanencia escolar. Las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos enfrentan mayores probabilidades de inasistencia, una tendencia que se intensifica conforme avanzan los niveles educativos. Según la Universidad Iberoamericana (2025), al menos el 48 % de la desigualdad económica en México está vinculada a la falta de oportunidades, relacionada con el lugar de origen, la escolaridad parental, la región y el género.
A esta realidad se suma la situación de las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Para ellos, la educación suele ser un derecho interrumpido. La falta de documentos de identidad, la movilidad constante, la dificultad para revalidar estudios, el trabajo infantil y la escasa formación docente para atender estas realidades fragmentan las trayectorias educativas. Aunque México cuenta con un protocolo de acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes en situación de migración, su implementación sigue siendo desigual entre entidades, lo que limita su impacto real.
<h2>La niñez en el centro de la respuesta climática</h2>
Desde nuestra experiencia en contextos de emergencia, hemos aprendido una lección clara: esperar a que el daño ocurra siempre resulta más costoso, en términos humanos y sociales, que actuar de manera anticipada. En estados como Chihuahua —uno de los más expuestos a las bajas temperaturas en el país— esta realidad se repite cada invierno con especial crudeza.
La implementación de acciones anticipatorias ante frentes fríos nos ha permitido actuar antes de que las heladas impacten de lleno en la vida de las familias. Estas acciones parten de un principio fundamental: el frío extremo es previsible y, por lo tanto, sus impactos pueden reducirse si se actúa con información, coordinación y enfoque de derechos.
En municipios como Juárez, Chihuahua capital y Bocoyna, nuestro trabajo en territorio ha mostrado que acompañar a las familias con información clara sobre prevención, uso seguro de calentadores y cuidado de la salud, combinado con apoyos oportunos como kits invernales y alimentarios, puede marcar una diferencia real en la vida cotidiana de niñas y niños.
Durante la última temporada invernal, estas acciones permitieron que, desde Save the Children, lograramos apoyar a cientos de personas en contextos de alta vulnerabilidad. En Chihuahua, se entregaron kits invernales que <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ml6Qi72y2cA" target="_blank" rel="noopener">beneficiaron</a> directamente a niñas y niños, así como apoyos alimentarios que contribuyeron a reducir la presión económica de los hogares durante los meses más fríos. Más allá de las cifras, estas experiencias confirman que cuando la niñez se coloca en el centro de la respuesta, el impacto es más profundo y duradero.
No se trata de asistencialismo, sino de protección de derechos. Garantizar abrigo, alimentación y acceso a información oportuna durante el invierno es una forma concreta de hacer efectivos derechos que, de otro modo, quedan únicamente en el papel.
<h2>Una responsabilidad que no se va con el frío</h2>
El frío extremo es un recordatorio incómodo de que la crisis climática no es neutra: afecta más a quienes menos recursos tienen para enfrentarla. En un país como México, donde millones de niñas y niños crecen en condiciones de pobreza, ignorar el impacto del invierno es aceptar que la desigualdad siga definiendo quién puede protegerse y quién no.
Frente a este escenario, la pregunta no es si el frío seguirá llegando, sino cómo decidimos responder como sociedad. Anticiparnos, coordinar esfuerzos y fortalecer sistemas de protección social con enfoque de niñez no debería ser una excepción estacional, sino una prioridad permanente.
Porque el frío no debería vulnerar derechos. Pero mientras existan niñas y niños que enfrenten el invierno sin lo mínimo indispensable, el silencio y la inacción también se convierten en una forma de abandono.
* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es una organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.

Frío extremo y heladas: la lupa de las desigualdades que enfrenta la niñez

Imagina que cambias de empleo y, con ello, pierdes la certeza sobre a qué institución de salud te corresponde acudir. Asistes a una clínica del IMSS, pero te informan que tu expediente no aparece en el sistema y debes regresar con documentos que acrediten tu afiliación. Pasan los días —o semanas— y la atención médica no llega. Este escenario, frecuente para millones de personas, refleja uno de los problemas estructurales del sistema de salud mexicano que la credencialización del Servicio Universal de Salud busca atender.
El proceso de credencialización, que <a href="https://www.gob.mx/bienestar/prensa/del-2-de-marzo-al-31-de-diciembre-se-realizara-credencializacion-del-servicio-universal-de-salud-presidenta-claudia-sheinbaum-417353?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">iniciará en marzo y se extenderá hasta diciembre de 2026, contempla una inversión de 3,500 millones de pesos.</a> Se trata de un esfuerzo para construir infraestructura informacional en un país donde conviven múltiples instituciones de seguridad social, con reglas, padrones y sistemas distintos.
La nueva credencial no funcionará únicamente como identificación. Al vincular a cada persona con un expediente médico electrónico, permitirá dar continuidad a la atención: estudios previos, recetas, historial de consultas y tratamientos estarán disponibles para el personal de salud, independientemente de la unidad médica en la que se atienda el/la paciente. Esta trazabilidad clínica permitirá mejorar la calidad de la atención, especialmente en el caso de personas con enfermedades crónicas que requieren seguimiento permanente.
<h2>Datos administrativos como puerta de entrada a la atención</h2>
Como todo proyecto de esta magnitud, la credencialización enfrenta retos que conviene reconocer desde el inicio. La inversión en más de 2 mil 300 módulos y cerca de 10 mil estaciones de toma de datos constituye la base de un sistema de salud más moderno, pero también exige una coordinación inédita entre instituciones con naturalezas jurídicas y poblaciones objetivo distintas.
El IMSS atiende a trabajadores del sector privado formal; el ISSSTE, a personas empleadas del Estado, y el IMSS Bienestar, a población sin seguridad social contributiva. La credencial permitirá identificar con claridad dónde corresponde la atención y facilitará la coordinación entre instituciones cuando sea necesario.
Uno de los desafíos centrales será la homologación de los distintos expedientes médicos electrónicos. Cada institución desarrolló sus sistemas en momentos y bajo criterios distintos, sin estándares comunes de interoperabilidad. Lograr que estos sistemas “dialoguen” entre sí será una condición necesaria para que la credencialización cumpla su promesa de simplificar el acceso y no se quede en una capa adicional de burocracia digital.
<h2>Protección de datos personales e interoperabilidad</h2>
La digitalización del expediente médico implica concentrar información que durante décadas estuvo dispersa en archivos físicos: datos biométricos, historial clínico, estudios médicos y citas programadas. A partir de abril de este año, esta información también estará disponible en versión digital a través de la aplicación MX.
Este nivel de concentración de datos personales sensibles exige mecanismos robustos de protección y ciberseguridad.  Recientemente, la <a href="https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/buen-gobierno-advierte-sobre-riesgos-por-utilizar-sistemas-de-gestion-de-contenidos-de-licencia-libre-con-complementos-y-plantillas?state=published" target="_blank" rel="noopener">Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno abrió 20 investigaciones</a> por la presunta vulneración de datos personales en dependencias públicas y particulares. En ese contexto, centralizar información médica de 126 millones de personas sin garantías robustas de protección puede generar vulnerabilidades y desafíos en el corto y mediano plazo. La credencialización forma parte de un objetivo más amplio de construcción de una identidad digital nacional que facilite el acceso a servicios y trámites, como se plantea en <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v250226_14.pdf" target="_blank" rel="noopener">el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030</a>. Para que este objetivo sea sostenible, la confianza ciudadana será tan importante como la infraestructura tecnológica.
<h2>Inversión con visión de futuro</h2>
La estrategia de credencialización busca intervenir un problema real que radica en la fragmentación administrativa que hoy impide que millones de personas accedan oportunamente a servicios de salud por falta de claridad sobre su derechohabiencia o por la pérdida de sus expedientes al cambiar de institución.
Desde la <a href="https://ciss-bienestar.org/ciss2025/salud-digital/" target="_blank" rel="noopener">Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) hemos documentado que la gestión efectiva de prestaciones de salud</a> depende, en buena medida, de la capacidad de identificar, registrar y dar seguimiento continuo a las personas derechohabientes. La inversión en salud digital abre una oportunidad de largo aliento, siempre que logre superar obstáculos persistentes como la falta de infraestructura, los costos de interconexión y la integración entre sistemas.
Además de hospitales, medicamentos y personal médico y de enfermería, México requiere sistemas de información integrados, seguros y sostenibles. En ese sentido, la credencialización que inicia este año puede leerse como un ejercicio de construcción estatal: crear las condiciones materiales e informacionales para que el derecho a la salud deje de ser una aspiración abstracta y se traduzca en atención efectiva.
Miles de personas cambian de empleo cada mes. Otras tantas viven con enfermedades crónicas que requieren atención en distintas unidades médicas. Muchas más buscan atención de urgencia sin saber con certeza a qué institución pertenecen. Para ellas, la credencial representa la posibilidad de acceder a servicios sin barreras administrativas innecesarias.
El éxito del proceso dependerá no solo de la tecnología, sino de la capacidad del Estado para garantizar que esta herramienta cumpla su propósito con reglas claras, protección de datos y coordinación institucional. La credencialización no es una solución en sí misma, pero sí un primer paso necesario para avanzar en la consolidación del sistema universal de salud que México requiere.
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*Luis Alejandro Estrada (<a href="https://x.com/je_nesaispas" target="_blank" rel="noopener">@je_nesaispas</a>) es candidato a doctor en Políticas Públicas por el CIDE; actualmente se desempeña como Especialista en Análisis Cuantitativo y Desigualdades de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Salud sin fronteras administrativas: ¿de qué va la credencialización del Servicio Universal de Salud?

Salud sin fronteras: ¿de qué va la credencialización del Servicio Universal de Salud?

En las últimas semanas el Gobierno de la República en voz del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha presumido una disminución significativa en los homicidios entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. Harfuch argumenta que <a href="https://www.gob.mx/sspc/prensa/estrategia-nacional-de-seguridad-disminuyen-40-los-homicidios-dolosos-diciembre-de-2025-registra-el-nivel-mas-bajo-en-una-decada" target="_blank" rel="noopener">a nivel nacional los asesinatos dolosos disminuyeron un 40 %</a>, pero también ha resaltado caídas significativas en <a href="https://www.gob.mx/sspc/prensa/en-guerrero-la-estrategia-nacional-de-seguridad-disminuye-en-65-los-homicidios-dolosos-y-71-en-acapulco" target="_blank" rel="noopener">Guerrero con el 65 %</a>, <a href="https://www.gob.mx/sspc/prensa/en-el-estado-de-mexico-la-estrategia-nacional-de-seguridad-disminuye-54-los-homicidios-dolosos?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">Estado de México con un 54 %</a>, <a href="https://michoacan.gob.mx/noticias/disminucion-del-53-en-homicidio-doloso-muestra-efectividad-del-plan-michoacan/" target="_blank" rel="noopener">Michoacán con un 53 %</a>, <a href="https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/22233-destaca-presidenta-sheinbaum-reduccion-de-delitos-en-puebla" target="_blank" rel="noopener">Puebla con un 41 %</a> y <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/con-coordinacion-y-estrategia-en-veracruz-disminuyeron-28-los-homicidios-dolosos-de-septiembre-de-2024-a-diciembre-de-2025-presidenta" target="_blank" rel="noopener">Veracruz con un 28 %</a>. Sin embargo, estos resultados contrastan con los obtenidos en la <a href="https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/ENSU2026_01_RR.pdf">Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI</a>, para el cuarto trimestre de 2025, que muestra una tendencia creciente en la sensación de inseguridad.
Si bien la incidencia delictiva y la percepción del delito son dos indicadores diferentes, ya que uno mide los delitos y la otra la sensación de seguridad, se espera que ante reducciones significativas del primero la percepción ciudadana de la seguridad mejore. Sin embargo, ha sucedido lo contrario.
La última entrega de la ENSU nos muestra que en el mismo periodo en el que el Gobierno de la República reporta una caída en los homicidios del 40 % a nivel nacional, la sensación de inseguridad creció del 58.6 % al 63.8 %, es decir, poco más de 5 puntos porcentuales que se ubican fuera de cualquier error estadístico.
Pero no solo se trata de la tendencia nacional, sino que la misma también se percibe a nivel municipal, ya que la ENSU mide la sensación de seguridad en 91 de las principales Zonas Metropolitanas del país.
En Guerrero, donde señalan que se han reducido un 65 % los homicidios, se esperaría una mejora significativa en la percepción de seguridad, pero los ciudadanos se siguen sintiendo inseguros. Por ejemplo en Acapulco, en donde por cierto la reducción en los homicidios fue mayor, al lograr el 71 % de reducción, apenas hay una mejoría leve al pasar del 78.9 % al 76.7 % del cuarto trimestre de 2025 respecto al tercer trimestre del mismo año. Pero si se compara con septiembre de 2024, empeora levemente, ya que se ubicaba en 73.8 %. Es decir se logra una disminución gigante en homicidios, pero no se traslada a mayor confianza de la ciudadanía.
Las otras dos ciudades evaluadas en Guerrero siguen una tendencia similar, Chilpancingo se mantiene sin cambios entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, al pasar del 86.3 % de percepción de inseguridad al 83.4 %, pero crece respecto a septiembre de 2024, cuando estaba en 79.6 %, mientras que Ixtapa-Zihuatanejo mejora un poco al reducirse del 69.1 % en el tercer trimestre al 64.1 % en el cuarto trimestre de 2025, pero en septiembre de 2024 se encontraba en 57.7 %, por lo que también tiene una tendencia a la alza, a pesar de que hay menos homicidios.
En el Estado de México que registra una disminución en el 54 % de los homicidios, la tendencia de percepción de inseguridad también va al alza. De hecho, en 7 de los 8 municipios que se miden en la ENSU -Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza- la sensación de inseguridad creció entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, y tan solo en uno, en Naucalpan, hay una leve mejoría, al pasar del 82.1 % al 79.7 %. Y si tomamos en cuenta septiembre de 2024 como base, en 6 de ellos se registran incrementos, mientras que sólo en Naucalpan y Tlalnepantla se registran caídas.
En Michoacán el asunto es peor, porque Morelia pasó de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 de 66.8 % de percepción de inseguridad a 78.2 %, es decir más de 11 puntos porcentuales de crecimiento. Uruapan por su parte pasa del 85.5 % al 88.7 % en el mismo periodo, siendo el área urbana con peor percepción del país, y Lázaro Cárdenas pasa del 34.1 % al 37.5 %. Todo ello a pesar de la caída en un 53 % en los homicidios.
Lo mismo pasa en Puebla, donde la ENSU solo mide a la capital, que tenía en septiembre de 2024 un 76.2 % de percepción de inseguridad y ahora tiene un 84.5 %, sin que la reducción del 41 % en los homicidios haya tenido algún efecto en la confianza ciudadana en la seguridad.
Por último, Veracruz, con un descenso del 28 % en los homicidios, presenta resultados mixtos en la ENSU, ya que la ciudad de Veracruz mejora en percepción de inseguridad del tercer al cuarto trimestre de 2025, al pasar del 70 % al 62.7 %. Sin embargo, en septiembre de 2024 se ubicaba en 60.2 %, por lo que creció ligeramente. Mientras que Coatzacoalcos tiene un efecto en U, al comenzar en septiembre de 2024 en 77.9 %, bajar en septiembre de 2025 a 71.7 % y subir en diciembre de 2025 a 75.8 %. Xalapa tiene una tendencia de U invertida, porque comenzó con 54.6 % en septiembre de 2024, 61.9 % en septiembre de 2025 y terminó en 57 % en diciembre de 2025.
En resumen, resulta desconcertante que mientras a nivel nacional y en estas entidades clave los homicidios dolosos han tenido reducciones significativas, en la mayoría de los mismos espacios el miedo al delito ha crecido.
Algo no cuadra en este escenario, ya que la lógica nos indicaría que al dar mejores resultados en materia de contención de homicidios, la percepción de seguridad sería creciente, pero no es así, lo cual nos lleva a ofrecer cuatro hipótesis de lo que puede estar pasando, las cuales no necesariamente son excluyentes en todos los casos:
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<li>Maquillaje en las cifras de homicidios. Algunas organizaciones como <a href="https://seguridad.nexos.com.mx/la-transformacion-de-los-asesinatos-en-propaganda/" target="_blank" rel="noopener">Causa en Común</a> sostienen que las fiscalías de varios estados han emprendido un proceso de reclasificación sospechosa de los delitos. Por ejemplo, mientras se reducen los homicidios dolosos, los culposos se han incrementado en la misma proporción y también ha crecido el rubro de otros delitos contra la vida, a lo cual debemos sumar un crecimiento de más de un <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/mexico-2025-homicidios-desapariciones-guerra-criminal" target="_blank" rel="noopener">11 % en las cifras de desaparecidos</a>. Bajo este escenario, en realidad los homicidios no se han reducido o al menos no en la proporción que se presume y muchos de ellos se disfrazan mediante la reclasificación de delitos o las organizaciones criminales han optado por desaparecer los cuerpos para no dejar evidencia de las muertes.</li>
<li>Dilación entre los resultados de seguridad y la mejora en la percepción ciudadana. Bajo esta lógica, los ciudadanos tardan tiempo en recuperar la confianza en las autoridades, por lo que la mejora en los indicadores no se traduce de inmediato en un crecimiento en la percepción de seguridad, sino que el efecto se tendrá que observar en el mediano plazo.</li>
<li>Control criminal de las regiones, pero con menos homicidios. Esto quiere decir que el número de homicidios no necesariamente representa el nivel de penetración de las organizaciones criminales en alguna región. Por ejemplo, se puede pasar de la violencia letal a otra no letal como las extorsiones o las amenazas, pero que generan el mismo miedo al crimen, por lo tanto, se pueden reducir los homicidios y aun así tener una mayor percepción de inseguridad.</li>
<li>El Gobierno de la República no ha logrado promover de forma efectiva los resultados en materia de reducción de homicidios. Es decir, dentro de esta lógica las malas noticias que generan una percepción negativa siguen acaparando los espacios informativos y produciendo miedo al delito, sin que el Gobierno haya podido vender la percepción de que las cosas van cambiando para bien.</li>
</ol>
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Disminuyen los asesinatos y crece el miedo al delito: algo no cuadra

Mientras a nivel global observamos con enojo y miedo la violencia con la que autócratas amenazan a las mismas democracias que los eligieron, a nivel local en México se observan con curiosidad y expectativa una serie de ejercicios de participación ciudadana que deberíamos aspirar a tener con mayor regularidad.
En lo que va de enero, en Jalisco, Oaxaca y Querétaro se impulsaron y discutieron varios mecanismos de democracia directa que son llamativos y, en algún caso, hasta esperanzadores.
En el caso de Jalisco, este año ya se solicitaron dos referéndums y un plebiscito por el controversial aumento de la tarifa al transporte público. Los dos referéndums buscan que las personas voten si están en contra o a favor del acuerdo con el que el gobierno estatal autoriza el aumento del servicio de transporte público de $ 9.50 a $ 14 pesos, sujeto a un subsidio para pagar $ 11 pesos únicamente si se adquiere la tarjeta “Al Estilo Jalisco”, con la institución financiera Broxel. El primer referéndum fue propuesto por la diputada local Tonantzin y votado a favor por diputaciones de casi todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado, menos Movimiento Ciudadano, el partido responsable de esa decisión. El segundo referéndum fue solicitado por un grupo de personas, quienes necesitaban el respaldo de 3,369 electores en la aplicación Fírmale del Instituto Electoral de Jalisco y que, en pocos días, alcanzaron un total de 14,873 respaldos.
Por su parte, el plebiscito fue solicitado por otro grupo de personas con la intención de evitar que el subsidio solo sea entregado a quienes tengan la tarjeta “Al Estilo Jalisco”. La crítica sobre el uso de esta tarjeta es clara, tanto en materia de protección de datos personales, como en el sentido del negocio redondo que el gobierno de Jalisco le hace a esta institución financiera, al asegurarle un número grande de clientes por este subsidio y por otras ayudas sociales que buscan entregarse por esta vía. Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que las quejas por el deficiente servicio de transporte público en Jalisco son cada vez más visibles, lo que se suma a un tarifazo que afecta a las personas con menores ingresos y que, generalmente, tienen que hacer uso de varios medios y rutas de transporte al día.
Este tarifazo se percibe drástico e injusto y no fue justificado adecuadamente por las autoridades. Y aunque ha habido obras en materia de transporte, siguen siendo insuficientes para asegurar una movilidad eficaz y segura, particularmente para quienes viven en las zonas más alejadas de la zona metropolitana de Guadalajara.
La pregunta del millón en este momento, para las y los abogados en Jalisco, es si estos mecanismos finalmente serán aprobados o no por el <a href="https://participa.jalisco.gob.mx/consejo-estatal/" target="_blank" rel="noopener">Consejo Estatal de Participación Ciudadana</a>, dado que una de las cosas que no se pueden someter a votación en plebiscitos y referéndums son aspectos de índole fiscal o contributiva (tarifas). Sin embargo, quienes defendemos la posibilidad de que estos ejercicios se realicen —además de ver oportunidades y ambigüedades en la ley que permitirían avanzar— identificamos que no solo se trata del tarifazo: se trata también de participar para opinar y decidir sobre un modelo privatizador, tanto en la operación de algunas unidades como en el uso de tarjetas para los subsidios.
Más al sur, en Oaxaca, el pasado sábado 24 de enero se llevó a cabo la primera jornada electoral en la historia para la Revocación de Mandato de un gobernador en México. Fue el mismo gobernador Salomón Jara quien impulsó el ejercicio, claramente confiado en que su base electoral y partidista saldría a respaldarlo, aunque en el transcurso del proceso algunos presidentes municipales y partidos de la coalición que lo llevó a la gubernatura se movilizaron en contra de que siguiera en el cargo. Aún así, llamó la atención que el gobernador mencionara que estaba en contra de que votara el 40 % de la lista nominal para que el ejercicio fuera vinculante, diciendo que si votaba el 10 % o el 15 % debería resultar obligatoria la determinación de las personas. De acuerdo con los últimos resultados del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, participó el 29.9 % de la lista nominal, un total de 935,500 personas, de las que el 58.8 % votó porque Jara continuara en el cargo, el 38.2 % por retirarle la confianza y el 3 % anuló. Todo esto, en un ejercicio que costó $ 99 millones, de los $ 270 millones solicitados inicialmente por el Instituto Electoral.
Lo que es necesario reflexionar en este contexto es la instrumentalización partidista de este tipo de mecanismos, algo que ya se vio con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y si bien no sería legal restringir la activación de estos mecanismos a nadie —incluidos los mismos políticos—, las personas deberíamos reflexionar y formar nuestro criterio para evaluar a las y los representantes a partir de la motivación que tengan para someterse a estos ejercicios. Por lo menos preguntarnos, ¿quienes utilizan el mecanismo de revocación de verdad responden a un compromiso con los valores democráticos? ¿O, en su caso, es un instrumento más para hacer alarde del respaldo político?
Más hacia el centro del país, en Querétaro, la situación es diferente, ya que el año pasado el Instituto Electoral de Querétaro aprobó el ejercicio de dos plebiscitos solicitados por dos municipios: Cadereyta y Querétaro capital. El primero buscaba preguntarle a las personas de este municipio si querían que el servicio de agua se municipalizara, considerando que es la Comisión Estatal de Aguas —un organismo estatal— el que se encarga del servicio. El segundo buscaba preguntar a las personas si estaban a favor de la construcción de un teleférico al norte de la ciudad como medio de transporte.
Sobre este segundo plebiscito, una de las críticas fue que lo que se quería someter a votación era la idea del teleférico, sin que hubiera información, estudios o proyectos técnicos suficientes que explicaran la obra, su operación o su mantenimiento.
Resultó que, en el caso queretano, ninguno de los plebiscitos terminará por llevarse a cabo debido a los costos que estableció el Instituto Electoral para que se realizaran. $ 7.9 millones para el primero y $ 30.5 millones para el segundo, cifras que ninguno de los municipios estuvo de acuerdo en pagar.
Hay muchas reflexiones a partir de estos ejercicios y discusiones de democracia participativa en lo local. ¿Qué otros temas de índole estatal y municipal deberían someterse a estos mecanismos actualmente? ¿Qué otros mecanismos falta implementar y consolidar a nivel local para fortalecer una cultura participativa? ¿Cómo aseguramos que estos ejercicios no se vean limitados por cuestiones presupuestales? Si se echan para abajo los plebiscitos y referéndums de Jalisco con argumentos legales, ¿no sería legítimo que se impulsara una consulta popular sobre este tema desde las autoridades? Con las comparaciones puestas en el norte global, ¿podríamos aspirar a convertirnos en Suiza y tener hasta cuatro referéndums nacionales al año —o muchísimos más a nivel local—?
En un momento en el que está próxima la discusión de la reforma político-electoral en México, y en el que la realidad mundial cada vez desestima más los acuerdos basados en principios democráticos, vale la pena recordar que la democracia electoral nunca ha sido suficiente para impulsar las grandes transformaciones políticas, sociales y económicas a favor de quienes más lo necesitamos. Por eso, darle más poder al poder popular y ciudadano a través de reglas y mecanismos claros no solo es deseable, es enteramente necesario para contrarrestar a los autócratas que —como en Estados Unidos hoy, o como en muchos gobiernos estatales durante muchos años— hemos padecido.
* Luis Javier Moreno (<a href="https://twitter.com/luisjamb" target="_blank" rel="noopener">@luisjamb</a>) es politólogo y máster en análisis político. Director de Política Colectiva (<a href="https://twitter.com/PoliticaColecti" target="_blank" rel="noopener">@PoliticaColecti).</a>

Jalisco, Querétaro y Oaxaca, entre referéndums, plebiscitos y revocaciones de mandato

En “Plan D” de la reforma electoral se encuentra en un punto de inflexión, ya que el PT y el PVEM no están, momentáneamente, de acuerdo con las propuestas del gobierno federal. Es inverosímil que la principal resistencia de los designios presidenciales no provenga de los partidos políticos opositores, las instituciones electorales, los medios de comunicación y la ciudadanía, sino que radique en los partidos políticos aliados del oficialismo.
Hasta el momento todo indica que habrá reforma electoral, pero tal vez -solo tal vez- no contenga las pretensiones de concentración del poder político que quiere y que necesita instaurar el gobierno federal y Morena para acabar con los resquicios que aún quedan de pie en la maltrecha democracia mexicana, tales como el pluralismo político, la representación popular, el voto libre y los partidos políticos.
En las próximas semanas, probablemente meses, el debate político nacional girará en torno a los contenidos, los pactos, los silencios, las disputas y las apologías de la reforma electoral. Pero, dado los fallidos planes A y B, así como por el actual contexto político, es probable pronosticar que se presentarán siete escenarios que definirán los procesos de elaboración de contenidos, deliberación nacional y aprobación legislativa del Plan D de la reforma electoral. Veamos.
<h3>Intercambios y chantajes</h3>
En las últimas semanas el PT y el PVEM se pronunciaron en contra de la eliminación de las diputaciones y las senadurías de representación proporcional, así como de la disminución del financiamiento público de los partidos políticos. Esto ha implicado una interrupción abrupta de los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y ha provocado que el gobierno federal tenga que negociar con sus aliados partidistas.
En consecuencia, la reforma electoral se podría convertir en una moneda de cambio para que el PT y el PVEM obtengan candidaturas y/o espacios en el gabinete presidencial y en los gobiernos estatales y municipales. Pero tal vez estas negociaciones podrían revelar la naturaleza autoritaria del gobierno federal, ya que el PT y el PVEM podrían ser forzados a apoyar la reforma electoral a cambio de no revelar ni perseguir actos de corrupción, vínculos con grupos criminales, hechos delictivos, entre otros.
<h3>Exclusión de propuestas</h3>
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral recibió 382 propuestas de modificaciones constitucionales y legales que fueron presentadas en 65 audiencias públicas. No obstante, aquellas proposiciones contrarias a los designios del gobierno federal y Morena podrían ser eliminadas sin ni siquiera ser leídas y/o estudiadas.
Así lo advirtió Pablo Gómez <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> sobre las propuestas presentadas por el Instituto Nacional Electoral y así lo sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las iniciativas de Somos México y Salvemos a la Democracia. Este mismo camino podrían seguir decenas de propuestas provenientes de servidores públicos, especialistas, académicos y de la ciudadanía.
<h3>Debilidad opositora</h3>
Es inaudito que el PAN, PRI y MC tuvieron más de seis meses para presentar una iniciativa de reforma electoral y no lo hicieron. Tampoco participaron en las audiencias de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Ni existen indicios sobre que estén preparando una contrapropuesta de reforma electoral que confronten las iniciativas del gobierno federal.
En las próximas semanas los partidos políticos opositores podrían utilizar el contrataque para debilitar y reprobar las propuestas reformistas del oficialismo.  Sin embargo, nuestra frágil democracia requiere de un debate de ideas y propuestas que se lleve a cabo a partir de un análisis basado en contextos, datos, estudios y verificaciones.
A pesar de que durante la ejecución de los Planes A, B y C el oficialismo evidenció la debilidad y la desarticulación de los partidos políticos opositores, estos no han querido reconocer que sus tácticas mediáticas, políticas, sociales y legislativas han fallado. Por lo tanto, están condenados a revivir, una y otra vez, las sendas derrotas parlamentarias y en esta ocasión no habría sociedad organizada ni Poder Judicial que detenga el Plan D de la reforma electoral.
<h3>Voces disidentes</h3>
Aquellas personas que decidieran levantar la voz para denunciar que los contenidos de la reforma comicial debilitan a las autoridades electorales, restringen derechos, limitan libertades, erradican la pluralidad política, erosionan los principios democráticos y concentran el poder político, serían señalados, desprestigiados, exhibidos y repudiados por las persona legisladoras de Morena, el gobierno federal, los medios de comunicación oficialistas y los influencers de redes sociales allegados al morenismo.
<h3>Proceso legislativo</h3>
El gobierno federal y Morena aprendieron las lecciones que les dejó el proceso legislativo del Plan B y no volverían a aprobar una reforma electoral con celeridad, sin dictamines de comisiones, con fraudes normativos, sin deliberaciones en comisiones ni con errores procedimentales. Este conjunto de desaciertos ocasionó que las modificaciones a las leyes electorales fueran impugnadas y declaradas invalidas por la SCJN. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
No obstante, habrá prácticas no democráticas que serían retomadas por Morena, tal vez por PVEM y el PT, en el Congreso de la Unión y que consistirían en: i) desconocer las recomendaciones y las reconvenciones de la autoridades electorales, académicos, organismos internacionales y especialista; ii) no leer, analizar ni debatir los pros y los contras de sus propuestas; iii) ignorar y rechazar sin leer ni analizar las proposiciones los grupos opositores; iv) no generar consensos con  los partidos políticos opositores; v) no explicar públicamente la importancia de los cambios contenidos en la reforma electoral, y vi) descalificar a las voces disidentes.
<h3>Aprobación sin consenso</h3>
El gobierno federal y Morena conseguirían, cueste lo cueste, que el PT y el PVEM apoyen las propuestas de cambios normativos y, con ello, obtendrían los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional y las reformas legales. Este es el consenso que les importa y que tanto necesitan para llevar a buen puerto el Plan D de la reforma electoral.
La reforma electoral del oficialismo rompería con la historia legislativa sobre el involucramiento, respaldo y consenso de los partidos políticos, ya que las modificaciones comiciales serían aprobadas solo por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT. Lo que contrasta con las reformas electorales de 1977, 1986, 1990, 1994, 1996, 2007 y 2014, ya que fueron producto del acuerdo y del compromiso, lo que ocasionó que fueran apoyadas y aprobadas por todos los partidos políticos.
<h3>Sin defensa jurídica</h3>
En esta ocasión el gobierno federal y Morena no tendrían ninguna preocupación sobre una eventual impugnación de la reforma electoral, ya que le TEPJF, en los últimos años, se ha caracterizado por avalar y salvaguardar los intereses de morenismo. Mientras que la SCJN no ofrecería ninguna garantía de imparcialidad para detener el menoscabo del pluralismo político, el sometimiento de las autoridades electorales, el deterioro de las condiciones equitativas de la competencia comicial y la merma de los partidos políticos.
<h3>Tan, tan…</h3>
Nos encontramos a unos días, tal vez semanas, de conocer las propuestas que integrarán el Plan D de la reforma electoral del gobierno federal y Morena. Dada la cercanía de las elecciones federales y locales de 2027, no sería idóneo trastocar el sistema electoral ni el sistema de partidos políticos, ya que los cambios podrían generar una crisis política, social y económica que mermarían la débil estabilidad del Estado.
* César Hernández González (<a href="https://x.com/ZezarHG" target="_blank" rel="noopener">@ZezarHG</a>) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Acción de Inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas y Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas.

Predicciones sobre la reforma electoral

Una de las actividades más nocivas para el futuro de la humanidad, pero que pasa desapercibida, es el Greenwashing (lavado verde). Una definición del Greenwashing recurrente es la de “estrategias publicitarias que las compañías usan para presentarse como respetuosas con el medioambiente, cuando no lo son”. Pero es más grave que un simple engaño que da gato por liebre. Una analogía de lo peligrosa que puede ser es la del charlatán que le vende placebo inocuo a un paciente afectado por una enfermedad grave. Además de robarle dinero, está evitando que el paciente busque una solución real a su enfermedad. Así, frente a la crisis ambiental que pone en riesgo el futuro de la humanidad, el Greenwashing de empresas y gobiernos que publicitan que “hacen como que hacen” por el medio ambiente, pero en realidad lo están destruyendo, evitan que la sociedad exija acciones sobre este tema.
Existen muchos ejemplos del famoso “Greenwashing”, pero en la Ciudad de México, el mejor ejemplo es la utilización del axolote como estrategia publicitaria. Esta estrategia va más allá del engaño por el respeto al ambiente, también afecta la historia y la cultura mexicana, el “Axolowashing”.
El axolote ganó popularidad en la última década. Nadie daba un céntimo por él en el siglo pasado, que fue la época del “México moderno”, cuando se buscaba verter concreto en cada colonia para demostrar el desarrollo, mientras que el concepto de conservación se limitaba a los grandes mamíferos que habitan en otras regiones del globo terráqueo. Pero por diversas razones, algunas de ellas comerciales, se redescubrió al axolote como especie popular e interesante para el público, en particular el infantil. Y dio la casualidad de que este anfibio habita en los humedales de la Ciudad de México.
A simple vista esta popularidad sería buena para la conservación. A nivel internacional se ha visto que una especie carismática, como esta salamandra, entra dentro del concepto de “especie bandera”. Este concepto asume que hay especies que son muy útiles para mover conciencias para la conservación de los ecosistemas, el requisito es que estas especies deben de ser carismáticas. En mi laboratorio utilizamos este principio con dos objetivos, conseguir fondos para el rescate de la especie, y generar educación ambiental donde la sociedad relacione la conservación de una especie con la conservación de todo el hábitat.
Pero aunque nos consideremos muy modernos, en la Ciudad de México no hemos variado las premisas del siglo pasado sobre ese México moderno, seguimos apostando por el concreto y el asfalto con la esperanza de llegar al primer mundo. Por ejemplo, la administración pasada construyó un puente en plena Área Natural Protegida, con el argumento de que traía desarrollo. También sigue pensando que la conservación de la naturaleza es un problema de otras partes del país y del mundo. Con estas premisas, no tenemos la necesidad de conservar nuestros bosques y humedales. Por ello, la política para la protección del Suelo de Conservación en el sur de la Ciudad de México es tan laxa que en los planes de ordenamiento territorial siempre se busca utilizarlos para actividades económicas de urbanización potencial. Vemos a los humedales urbanos como molestas áreas que alguna vez fueron la gloria de la civilización, pero que ahora se podrían urbanizar para hacer espacio a la vivienda o a un aeropuerto como el NAIM o, en su defecto, ser el atractivo turístico y llenarlos de bares, mariachis y campos de fútbol, como es el caso de Xochimilco. Sobre todo, ahora que viene el mundial.
De nuevo, el atractivo turístico de Xochimilco sería muy bueno porque se pensaría que atraer al turismo con las imágenes sería para mantener y restaurar el hábitat del axolote. Este lugar es Área Natural Protegida, humedal reconocido por la convención Ramsar, Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO y Patrimonio agrícola reconocido por la FAO. Todos esos reconocimientos se deben al humedal y la actividad chinampera tradicional, única en el mundo.
Pero no.
Nuestro atavismo con el México moderno del siglo pasado explica por qué el aparente financiamiento que ha habido para Ciudad de México se ha utilizado en infraestructura muy importante para los cinco partidos que tendrá el Estadio Azteca. Se usa la imagen de las chinampas no para presumir nuestra cultura, sino para atraer el turismo masivo. Un turismo que basa su lógica en “entre más, mejor”, que busca que se consuma mucho, no importa si hace ruido y contamina y pone en peligro la razón misma de existir de ese lugar. A los chinamperos les ha llegado muy poco, o nada, de ese financiamiento, pero los mercados y los embarcaderos se han “reconstruido” para atraer turistas que en su mayoría están interesados en vivir la experiencia de alzar una cerveza en una trajinera con un mariachi cantando “Cielito Lindo”, mientras la suben a un reel de Instagram.
No me estoy quejando de nuestra cultura fiestera que se refleja en el tipo de turismo que atraemos. Pero hay lugares para todo.
Las actividades turísticas en Garibaldi son iguales a las de Xochimilco, pero cada lugar requiere de un tipo de actividad. Un Área Natural Protegida que puede dar alimento a una buena parte de la ciudad —sobre todo en estos momentos de crisis alimentaria en donde estamos importando cerca de 50 millones de toneladas de maíz al año— requiere de otro tipo de visitas, pues el turismo masivo afecta a la flora, la fauna y a la actividad chinampera. Este otro tipo de visitas ya comienza a existir (kayaks para ver el amanecer, por ejemplo), pero se siguen rigiendo bajo la lógica de “entre más, mejor” y ya también están haciendo estragos en la naturaleza por la cantidad de personas que van y ahuyentan a las aves, como los pelícanos migrantes desde Canadá.
Como dije, la queja no es por la cultura, sino por la distorsión que tenemos de que a todo se le puede sacar provecho económico inmediato. No importa la ideología con la cual se administra la ciudad o el país, los gobernantes de todos los partidos buscan sacarle el provecho a cualquier fenómeno o especie que se vuelva popular, no para conservarlo sino para beneficio propio.
Tal es el caso del axolote.
En los tiempos actuales, donde ya nos acabamos los recursos naturales, utilizar una especie para generar identidad es terreno fangoso, pues su imagen también retrata cómo la hemos tratado. Estamos transitando ese terreno con vehículos del siglo pasado. Desde que es famoso, el gobierno convirtió al axolote en billete y lo puso en todos los logos de la Ciudad de México. Con todo eso, no ha dado un peso o ha generado políticas públicas para evitar su inminente extinción.
Pero no es el único problema. Al incluirlo como símbolo en absolutamente todo, se desvía la popularidad que puede ser utilizada para su conservación como especie bandera, para convertirlo en un símbolo de cualquier actividad urbana de la ciudad. Incluso se ponen imágenes de axolote en actividades contrarias al ambiente, como en los camiones de basura o en los comprobantes de emisiones de los autos.
En lugar de ser especie bandera, el Axolowashing ha banalizado a tal grado la imagen de esta especie, que dentro del marco de infraestructura pública para el mundial de futbol mencionado arriba destaca el “<a href="https://www.reforma.com/proyecto-ajolote-2026-01-24/op307154">Proyecto Ajolote” que, según lo describe Peniley Ramirez en un artículo</a>, se basa en un fideicomiso público-privado de 4 mil millones. Además de lo poco transparente de este proyecto, nada de ese fondo se utilizará para la conservación del axolote o la restauración de su hábitat, uno de los últimos humedales que quedan en la ciudad. El nombre del axolote es usado en un fideicomiso opaco para beneficiar proyectos que seguirán promoviendo la urbanización desmedida, que ha sido la que está llevando a la extinción a los axolotes y a otras especies.
Así, aun cuando avanzamos con respecto al México moderno del siglo pasado en darnos cuenta de que existen especies de importancia en el mismo valle de México, no las vemos como una responsabilidad para la conservación en su hábitat. Preferimos el axolote del billete, del logo gubernamental, de la playera con lentejuelas, del peluche en el puesto. Evitamos ver al axolote original, al que está agonizando en el sur de la Ciudad. En algún momento tendremos el respeto necesario para tener acciones para conservar a estas especies, las mismas que nos dieron la cultura y que nos hacen ser como somos: fiesteros, coloridos y orgullosos de nuestra tierra y nuestras especies. Espero que no sea demasiado tarde cuando eso pase.
* Luis Zambrano (<a href="https://x.com/ZambranoAxolote" target="_blank" rel="noopener">@ZambranoAxolote</a>) es ecólogo, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Trabaja con ecosistemas urbanos y lacustres.

Axolowashing: el axolote lavador de conciencias

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, México se ubicó en el lugar 140 de 180 países evaluados, su peor posición histórica. Este no es solo un dato desalentador, es síntoma de un problema estructural que se ha normalizado en la vida cotidiana. Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2025) lo confirman, pues la corrupción es percibida por los mexicanos como uno de los principales problemas del país.
La corrupción es un fenómeno sistémico que tiene efectos negativos en muchas áreas  del desarrollo: profundiza la pobreza, perpetúa la exclusión, debilita el Estado de derecho, vulnera los derechos humanos, restringe el acceso a la justicia, entre otros. Además, su impacto no es neutral. La corrupción no afecta de la misma manera a todas las personas. De acuerdo con la <a href="https://www.sesna.gob.mx/wp-content/uploads/2025/07/Metrica-transversal-impacto-diferencia-de-la-corrupcion-en-Mexico-2025_Nota-metodologica.pdf" target="_blank" rel="noopener">Métrica Transversal para Estimar el Impacto Diferenciado de la Corrupción</a> (2025), las mujeres son afectadas por la corrupción 42 % más que los hombres. Esta cifra no es casual, responde a condiciones estructurales de desigualdad que colocan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad frente a servicios públicos, autoridades y redes informales de poder.
Existen numerosos ejemplos de cómo la corrupción viola los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la <a href="https://www.jornada.com.mx/2024/10/28/capital/031n1cap" target="_blank" rel="noopener">Red de Agua de la UNAM</a> reveló que, durante la crisis hídrica en la Ciudad de México, mujeres de zonas de bajos ingresos en Iztapalapa y Xochimilco fueron víctimas de extorsión sexual por parte de operadores de pipas, a cambio de acceso al agua.
Ignorar esta condición implica seguir diseñando políticas públicas a ciegas, incapaces de responder a la realidad de las mujeres. Por ello, avanzar en el diseño e implementación efectiva de una agenda anticorrupción con perspectiva de género e interseccional es una condición indispensable.
Lograrlo requiere una mayor participación de mujeres y de otros grupos históricamente marginados en los espacios de toma de decisiones en materia anticorrupción. No como figuras simbólicas, sino como liderazgos con capacidad real de incidir. Son ellas quienes pueden impulsar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, desde el diagnóstico hasta la evaluación.
Igualmente importante es garantizar que estas mujeres cuenten con conocimientos técnicos, herramientas y recursos para diseñar agendas eficaces que atiendan las causas estructurales de la corrupción. Entonces, solo mediante un liderazgo inclusivo, informado y con respaldo institucional los beneficios de los esfuerzos anticorrupción podrán alcanzarnos a todas.
Si bien ya existen avances en la materia, aún falta mucho camino por recorrer. Combatir la corrupción con perspectiva de género parte de reconocer que no todas las personas enfrentan los mismos riesgos ni cuentan con las mismas herramientas para defenderse frente a la corrupción. Pero no podemos quedarnos ahí, necesitamos diseñar políticas efectivas, basadas en evidencia, que atiendan la raíz de los problemas, sólo así podremos asegurarnos de que la corrupción no siga siendo ese mal silencioso que limita las posibilidades de las mujeres y les impide el pleno goce de sus derechos.
* Dalia Toledo (<a href="https://x.com/Dalia_Toledo" target="_blank" rel="noopener">@Dalia_Toledo</a>) es directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

La corrupción no es un fenómeno neutral

En los últimos días hemos visto dos hechos que demuestran como Estados Unidos está usando su control sobre el petróleo iraquí y venezolano para limitar la influencia de Irán y China. Por un lado, <a href="https://www.reuters.com/world/us/us-control-oil-dollars-heaps-pressure-iraq-over-iranian-influence-2026-01-23/" target="_blank" rel="noopener">Washington ha amenazado a funcionarios iraquíes</a> con imponer sanciones dirigidas al propio Estado iraquí, incluyendo potencialmente sus ingresos petroleros críticos, en caso de que actores vinculados a grupos armados respaldados por Irán sean incluidos en el próximo gobierno. Por otro lado, con el reciente control estadounidense sobre las exportaciones de petróleo venezolano, <a href="https://www.reuters.com/business/energy/us-control-venezuela-oil-risks-debt-restructuring-showdown-with-china-2026-01-23/" target="_blank" rel="noopener">Washington ha interrumpido los envíos de crudo</a> que se utilizaban para pagar la deuda venezolana con China. Ambos episodios colocan a Bagdad y a Caracas bajo una fuerte presión, a la par de que revelan la estrategia geoeconómica de Estados Unidos basada el uso de las utilidades petroleras como herramienta para influir en la política interna de estos países y limitar la proyección de rivales estratégicos como Irán y China.
Las acciones recientes de Estados Unidos en Irak y Venezuela muestran cómo el control sobre las utilidades de la industria petrolera es una herramienta de presión económica usada en la competencia entre grandes potencias. Washington utiliza su influencia a través del dólar y los mecanismos de comercialización del crudo para influir en gobiernos, condicionar alianzas y limitar la proyección de rivales como Irán y China. De esta forma, el control sobre los ingresos petroleros y los mecanismos de liquidación de deuda en dólares se traduce, en la práctica, en una capacidad de intervención sobre la política interna y externa de los Estados productores.
Esto forma parte de un control más amplio sobre la arquitectura financiera internacional de la que dependen estos países. El papel central del dólar permite a Estados Unidos influir sobre economías enteras mediante el acceso a cuentas bancarias, sistemas de pagos y transferencias. En Estados productores, cuya estabilidad política y fiscal depende de la renta petrolera, estas herramientas adquieren una dimensión crítica, pues, la posibilidad de bloquear el acceso a los mercados internacionales se convierte en una forma de coerción con efectos potencialmente existenciales para el Estado.
Este fenómeno tiene implicaciones profundas para el escenario internacional. El uso del control petrolero y financiero como herramienta de coerción está acelerando la búsqueda de mecanismos alternativos fuera del alcance de Estados Unidos. Para los países del Sur Global, esto implica una soberanía condicionada, en la que las decisiones de política exterior y económica pueden ser castigadas mediante la interrupción de flujos financieros críticos. Al mismo tiempo, este patrón afecta directamente el acceso al financiamiento chino, pues si Washington puede interferir en los mecanismos con los que los países pagan sus deudas, Beijing podría reconsiderar su política crediticia para protegerse. Esto haría que los préstamos chinos dejen de ser una vía plenamente autónoma frente al sistema financiero occidental, lo que podría frenar la integración económica de China en el Sur Global.
En el caso de Irak, <a href="https://www.reuters.com/world/us/us-control-oil-dollars-heaps-pressure-iraq-over-iranian-influence-2026-01-23/" target="_blank" rel="noopener">Washington ha amenazado a Bagdad</a> con sanciones dirigidas al propio Estado, incluida la posible restricción del acceso a sus ingresos petroleros en dólares, si actores vinculados a grupos armados respaldados por Irán ingresan al próximo gobierno. La preocupación estadounidense se intensificó tras las elecciones de noviembre pasado, en las que <a href="https://www.reuters.com/world/us/us-control-oil-dollars-heaps-pressure-iraq-over-iranian-influence-2026-01-23/" target="_blank" rel="noopener">58 candidatos</a> presuntamente afines a milicias proiraníes obtuvieron escaños en el Parlamento. En particular, Washington se opone a la figura de Adnan Faihan, miembro del influyente grupo político y armado Asaib Ahl al-Haq (AAH), respaldado por Irán, quien fue elegido primer vicepresidente del Parlamento a finales de diciembre.
El control estadounidense sobre los ingresos petroleros de Irak se debe principalmente a que la mayor parte de los ingresos petroleros iraquíes se mantienen y administran en cuentas soberanas del Banco Central de Irak en la Reserva Federal de Nueva York. Esto se debe a que, tras la invasión de 2003, la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), liderada por Estados Unidos y encargada de gobernar Irak, creó el Fondo de Desarrollo para Irak (DFI), que fue alojado en la Reserva Federal de Nueva York con el objetivo de centralizar los ingresos petroleros y destinarlos a la reconstrucción y el desarrollo del país. Aunque inicialmente el fondo se creó para proteger esos recursos de demandas o reclamaciones vinculadas al régimen de Saddam Hussein, hoy funciona como un mecanismo que otorga a Washington una influencia significativa sobre la principal fuente de ingresos del Estado iraquí, que representa <a href="https://www.reuters.com/business/energy/how-us-controls-iraqs-oil-revenues-2026-01-23/" target="_blank" rel="noopener">cerca del 90 %</a> de su presupuesto.
Esto coloca al gobierno en Bagdad en una situación particularmente delicada. Las amenazas estadounidenses pueden afectar la estabilidad del proceso de formación de gobierno y profundizar las divisiones entre facciones prooccidentales y proiraníes, así como entre la población sunní y chiita, exacerbando la fragmentación institucional y debilitando la capacidad del Estado iraquí para consolidar una autoridad central. Al mismo tiempo, complica la política exterior de Bagdad, que durante años ha intentado mantener un equilibrio entre Washington y Teherán, sus <a href="https://www.reuters.com/world/us/us-control-oil-dollars-heaps-pressure-iraq-over-iranian-influence-2026-01-23/" target="_blank" rel="noopener">dos principales aliados</a>, a la par que aumenta el riesgo de tensiones en la relación entre Irak e Irán.
Por su parte, en el caso de Venezuela, la dimensión geoeconómica es aún más explícita y revela el verdadero interés estratégico de Estados Unidos en el petróleo venezolano. <a href="https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026010701/" target="_blank" rel="noopener">Washington</a> no buscaba controlar el petróleo venezolano para aumentar sus propias reservas, ya es el mayor productor de crudo del mundo, sino para influir en los flujos de exportación hacia China. Al intervenir en las exportaciones venezolanas, Washington entorpece los mecanismos de pago de la deuda con Beijing y, con ello, busca debilitar la arquitectura crediticia china en el Sur Global, reduciendo la capacidad china para consolidarse como alternativa financiera al sistema dominado por Occidente.
Esta situación surge porque <a href="https://www.reuters.com/business/energy/us-control-venezuela-oil-risks-debt-restructuring-showdown-with-china-2026-01-23/" target="_blank" rel="noopener">Washington está canalizando los ingresos de las ventas de crudo venezolano</a> a una cuenta bajo su control en Qatar, lo que le otorga una influencia directa sobre los pagos a acreedores, en particular para limitar el uso del petróleo como mecanismo de pago a China bajo esquemas de “petróleo por deuda” a precios preferenciales. Esto crea un escenario inédito en el que una potencia externa reconfigura el orden de pago a distintos acreedores gubernamentales, potencialmente relegando las reclamaciones chinas y complicando los procesos de reestructuración de la deuda venezolana.
Este control es posible porque, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la intervención estadounidense sobre las exportaciones petroleras, los envíos de crudo utilizados para pagar miles de millones de dólares en préstamos chinos han sido interrumpidos. Una parte significativa de la deuda externa venezolana con China, estimada en alrededor de entre 100 y 150 mil millones de dólares, estaba estructurada como acuerdos de “petróleo por deuda”. Sin embargo, según declaraciones recientes de la Casa Blanca, es poco probable que este esquema continúe, e incluso <a href="https://www.deccanherald.com/world/how-much-does-venezuela-owe-china-and-why-is-oil-involved-3872122" target="_blank" rel="noopener">existe incertidumbre</a> sobre si los ingresos petroleros podrán utilizarse para pagar la deuda con Beijing, aun cuando <a href="https://www.reuters.com/business/energy/us-allows-china-purchase-venezuelan-oil-not-undercut-prices-maduro-days-official-2026-01-22/" target="_blank" rel="noopener">Estados Unidos continue permitiendo a China comprar petróleo venezolano</a> a precios de mercado.
Para <a href="https://www.reuters.com/business/energy/us-control-venezuela-oil-risks-debt-restructuring-showdown-with-china-2026-01-23/" target="_blank" rel="noopener">Venezuela</a>, esto resulta especialmente problemático porque complica un ya frágil proceso de reestructuración de deuda, introduce incertidumbre sobre la prioridad de los acreedores y condiciona su recuperación económica a decisiones externas sobre el uso de su principal fuente de ingresos.
La implicación va más allá del caso venezolano. China se ha consolidado como el mayor acreedor bilateral del mundo en desarrollo y un actor central en las reestructuraciones recientes de deuda soberana. Si Washington utiliza el control de los ingresos petroleros para imponer pérdidas a Beijing, esto podría erosionar la cooperación china en futuros procesos de reestructuración de deuda bajo marcos multilaterales y, en un escenario más amplio, debilitar la viabilidad política y financiera de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. <a href="https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026010701/" target="_blank" rel="noopener">Algunos análisis</a> advierten que, en un escenario extremo, un impago venezolano podría tensar la cohesión política de los BRICS y, en un escenario más moderado, una desaceleración del esquema de petróleo por deuda podría llevar a países como Brasil o Colombia a reducir su dependencia de la inversión china, erosionando la influencia de Beijing en América Latina.
Para los países del Sur Global, el caso envía una señal clara de que los acuerdos de financiamiento con China respaldados por recursos naturales requieren mecanismos de protección frente a la coerción externa, ya que la vulnerabilidad de esos flujos de recursos puede encarecer el acceso al crédito chino y debilitar la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones de pago. De igual forma, debe considerarse que, si Estados Unidos utiliza su control sobre los flujos petroleros venezolanos para forzar a Beijing a aceptar un esquema de pagos desfavorable, se establecería un precedente importante. Esto podría incentivar a China a condicionar o incluso retirar su cooperación en futuras reestructuraciones multilaterales.
En ambos casos, el objetivo no es controlar el petróleo por el petróleo mismo, sino recuperar o consolidar el control sobre sus flujos para usarlo como herramienta de poder geoeconómico. En Irak, Washington busca limitar el acceso de actores proiraníes a posiciones clave del Estado mediante la amenaza de sanciones sobre los ingresos petroleros y de esta forma limitar la influencia de Teherán en la región. En Venezuela, el objetivo es doble, por una parte, se busca restringir el acceso preferencial de China al crudo venezolano y por otra reducir la influencia de Beijing como acreedor en América Latina y el Sur Global en general. Pero de acuerdo con <a href="https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2026010701/" target="_blank" rel="noopener">diversos análisis</a>, más allá de los efectos en Bagdad, Caracas, Teherán o Beijing la dimensión monetaria es igualmente central. Pues, al afirmar el control estadounidense sobre los flujos petroleros venezolanos, Washington no solo interviene en las rutas de suministro hacia sus rivales, sino que también está intentando reafirmar el papel del dólar como la moneda central para el comercio energético a nivel global.
En conjunto, los casos de Irak y Venezuela evidencian como los mercados energéticos y de los flujos financieros forman parte de las herramientas estructurales de poder geoeconómico. El control sobre la producción petrolera, los mecanismos de pago y los procesos de reestructuración de deuda ha dejado de ser una prerrogativa soberana y una cuestión técnica de política económica de los países para convertirse en un instrumento central en la competencia estratégica entre grandes potencias. Para los países del Sur Global, este contexto redefine las estrategias de desarrollo y autonomía, pues la diversificación de alianzas, el uso de monedas para el intercambio comercial y arquitecturas financieras ya no responden únicamente a consideraciones puramente económicas, comerciales o de políticas de desarrollo, sino a imperativos de seguridad nacional que se desarrollan en un entorno caracterizado por una mayor exposición a coerción externa y márgenes de maniobra progresivamente más restringidos.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

Geoeconomía del petróleo: Irak, Venezuela y la estrategia estadounidense contra China e Irán

La Copa Mundial 2026 de fútbol que organiza en conjunto, Estados Unidos, Canadá y México, implicará el arribo a nuestro país de miles de turistas con alto poder adquisitivo y por tanto grandes oportunidades de negocio derivado de la derrama económica, no sólo para los comercios formales, sino también para las organizaciones criminales.
De hecho, es previsible que las organizaciones criminales ya estén preparando estrategias y esquemas de negocios para adueñarse de una tajada de los beneficios del Mundial. Es por ello que, este artículo girará en torno a 8 posibles fuentes de ingresos para las bandas criminales en esta justa deportiva, las cuales son las principales, aunque no las únicas y en las que las autoridades deberán poner atención.
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1629603" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Mundial-2026-organizaciones-criminales.png" alt="Gráfica con los datos sobre las oportunidades de negocio para el crimen organizado en el Mundial 2026." width="1920" height="1080" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Mundial-2026-organizaciones-criminales.png 1920w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Mundial-2026-organizaciones-criminales-600x338.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Mundial-2026-organizaciones-criminales-1024x576.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Mundial-2026-organizaciones-criminales-768x432.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Mundial-2026-organizaciones-criminales-1536x864.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />
Una primera vertiente de negocio que resulta lógica, debido a la alta cantidad de turistas que estarán buscando boletos para ver a su selección o a otras, es la venta de boletos falsos o repetidos, ya que existen muchos aficionados que viajan a los países sede sin los mismos, con la esperanza de comprarlos en reventa, situación que puede ser aprovechada por las organizaciones criminales para falsificar las entradas o vender varias veces una misma entrada legítima.
La venta de boletos también puede ir acompañada de paquetes falsos de todo incluido, <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/mundial-qatar-2022/2022/10/23/mundial-de-qatar-aficionados-mexicanos-son-estafados-con-hospedaje-y-boletos/" target="_blank" rel="noopener">ofrecidos por supuestas agencias de viaje.</a> De hecho, en los mundiales pasados se han presentado varias estafas de este tipo en México, en donde se les vende a los aficionados paquetes con avión, hoteles y entradas, que al final resultan falsas.
La segunda vertiente es la venta de productos pirata alusivos al mundial o a las selecciones participantes. Basta darse una vuelta a las inmediaciones de los estadios de la Liga MX para ver decenas de puestos que venden productos no oficiales alusivos a los equipos de fútbol, por lo que en el Mundial 2026 esta práctica será mayor y el crimen organizado buscará una parte del negocio, proveyendo los productos o cobrando derecho de piso a los vendedores.
Los productos oficiales del Mundial o de las selecciones suelen tener un costo alto y no todos los consumidores pueden adquirirlos, por lo que es común que se genere un mercado negro con clones de calidad inferior, pero a precios más asequibles, y hay redes criminales que sacan provecho de esta demanda no satisfecha por el mercado legal, ofreciendo la alternativa no legal, que suele ser socialmente tolerada.
Como tercera vertiente se encuentra la venta de drogas. Muchos de los turistas vienen a divertirse, y como ya consumen estas sustancias en sus países de origen, buscarán canales de venta no sólo en las sedes mundialistas de México, sino también en Estados Unidos y Canadá. Es previsible que las organizaciones de mayor tamaño generen redes de vendedores en los sitios de mayor densidad de aficionados, como las Fan Zones, hoteles, bares, centros nocturnos, restaurantes y alrededor de los estadios.
Esto también puede hacerse extensivo a otras ciudades, no sólo a las sedes mundialistas, ya que muchos turistas aprovecharan para vacacionar, por ejemplo, en playas mexicanas o zonas arqueológicas.
La cuarta vertiente sigue la misma lógica que la anterior, pero con la demanda de prostitución y pornografía. Es decir, habrá turistas que busquen estos servicios que ya ofrece el crimen organizado, por tanto, las organizaciones delictivas ya deben estar trazando la estrategia para llegar a los aficionados y poder captar a la mayor cantidad posible.
Esta vertiente es preocupante porque a muchas de las mujeres y hombres que participan se les obliga a prestar servicios sexuales en un esquema de explotación, incluso puede haber menores, lo que agrava la situación, por lo que se requieren acciones preventivas y punitivas de parte de las autoridades.
La quinta vertiente se relaciona con la primera, porque las organizaciones criminales pueden estafar a los turistas de muchas formas, además de con los boletos, ya que estos grupos necesitan servicios de transporte, hospedaje, alimentación, diversión y turismo, por lo que en cada uno de ellos puede haber estafas. Por ejemplo, suplantación de hospedajes, traslados inexistentes o a sobreprecio, tours falsos, entre muchas otras variantes.
Estos esquemas funcionan porque al estar en un país diferente al suyo, los turistas no pueden confirmar la veracidad de todos los servicios -lo cual los convierte en blanco fácil- y tampoco tienen claro con qué autoridades se pueden quejar si son víctimas de una estafa.
La sexta vertiente es que un aumento en el caudal de dinero provocado por el Mundial ofrece la oportunidad a las organizaciones de lavar dinero, porque al ser un evento tan corto, de menos de 40 días, se tendrán que instalar negocios temporales para dar servicio a los turistas, como bares, restaurantes, comercios, tiendas, centros de atención y lugares de esparcimiento, que por su corta duración son difíciles de fiscalizar por las autoridades, lo que los convierte en una forma efectiva para lavar dinero.
De hecho, es complicado saber si las ganancias reportadas por un comercio son reales. Esto permite legalizar los recursos obtenidos de forma ilícita en otros mercados, sin que las autoridades se percaten con facilidad.
Como séptima vertiente tenemos las apuestas no reguladas. Si bien hay muchas casas de apuestas que se encuentran formalmente registradas y pagan impuestos, otras pueden desarrollarse en línea o en formato físico que no tengan aval de las autoridades, que evadan impuestos e incluso que formen parte de esquemas fraudulentos.
En este nicho las apuestas en línea ocupan un lugar especial, porque los servidores pueden estar alojados en paraísos fiscales que ni siquiera puedan ser auditados por las autoridades mexicanas. O incluso pueden combinarse con la vertiente seis, al ser un esquema de lavado de dinero.
Por último, como octava vertiente está la extorsión a otros negocios que se benefician del mundial. Por ejemplo, el cobro de derecho de piso a todos los restaurantes y comercios que se encuentren en las zonas cercanas a los estadios, bajo la amenaza de ataques si no dan las cuotas solicitadas, de manera que se estarían aprovechando de las ventas de terceros.
También puede darse el caso de que las organizaciones criminales administren espacios cercanos a los estadios o a las Fan Zones, donde los comerciantes que se quieran instalar les paguen una renta a cambio de tener acceso, pero en esos casos quedaría en claro la complicidad de las autoridades.
Así como las organizaciones criminales están tomando medidas para aprovechar la derrama económica del mundial, es necesario que las autoridades tengan mecanismos para enfrentar estas prácticas ilegales de negocio. Primero, estableciendo medidas para prevenir su aparición; segundo, para identificar en el menor tiempo posible la presencia de estos negocios ilícitos; tercero, estableciendo vías de denuncia para convertir en aliados a los ciudadanos y aficionados, y cuarto, para desarticular estos esquemas sin poner en riesgo a la población civil y a los turistas, para que todos podamos disfrutar la fiesta mundialista.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Mundial 2026: ocho oportunidades de negocio para el crimen organizado

Cada 24 de enero, en el marco del Día Internacional de la Educación, se renueva una conversación que en México resulta tan necesaria como incómoda: ¿qué tan real es hoy el derecho a la educación para todas las niñas, niños y adolescentes? Más allá de discursos y conmemoraciones, la respuesta exige mirar de frente un sistema educativo que ha mostrado avances importantes, pero que sigue dejando fuera a millones de niñas, niños y adolescentes, particularmente a quienes nacen en contextos de pobreza, marginación, movilidad o discriminación estructural. 
<h2>Cifras positivas, realidades desiguales</h2>
En los últimos años, México ha registrado progresos relevantes en términos de cobertura. Para el ciclo escolar 2024–2025, la tasa de escolarización en educación básica (3 a 14 años) alcanzó el 88.6%, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (<a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025_bolsillo.pdf" target="_blank" rel="noopener">SEP, 2025</a>). Asimismo, tras el impacto de la pandemia, se observa una recuperación parcial en educación media superior: la tasa de abandono escolar se redujo de 14.2% en el ciclo 2018–2019 a 11.3% en 2023–2024 (SEP, 2025).
Estos datos reflejan esfuerzos institucionales importantes y una capacidad de resiliencia del sistema educativo. Sin embargo, las cifras agregadas no cuentan la historia completa. La pregunta central no es solo cuántas niñas y niños están inscritos, sino quiénes logran permanecer, aprender y completar sus trayectorias educativas en condiciones dignas.
<h2>El rezago educativo como síntoma estructural</h2>
En 2024, 24.2 millones de personas en México se encontraban en situación de rezago educativo (<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_08.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI, 2025</a>). Aunque esta cifra representa una disminución respecto a mediciones previas, sigue siendo alarmante por su magnitud y por su impacto intergeneracional. A este panorama se suma la persistencia de la exclusión escolar y el riesgo de abandono entre miles de niñas, niños y adolescentes, una realidad que evidencia las dificultades del sistema educativo para garantizar trayectorias educativas continuas y equitativas, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.
Estas cifras evidencian que el sistema educativo continúa enfrentando barreras estructurales que contrarrestan los avances en cobertura. No se trata de fallas individuales, sino de desigualdades persistentes que limitan el ejercicio del derecho a la educación desde la primera infancia y a lo largo de toda la trayectoria educativa.
<h2>Desigualdad territorial, cultural y material</h2>
La desigualdad sigue siendo el eje que atraviesa el acceso a una educación de calidad. Las niñas, niños y adolescentes indígenas —particularmente quienes hablan una lengua originaria— enfrentan barreras persistentes para acceder a servicios educativos pertinentes y de calidad. Esta exclusión refleja una deuda histórica del sistema educativo con los pueblos originarios y con la diversidad cultural y lingüística del país, así como la insuficiencia de modelos educativos que reconozcan y valoren plenamente sus contextos, saberes y lenguas.
Las condiciones materiales de las escuelas profundizan esta desigualdad. De acuerdo con el <a href="https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales_2024/EDDE_2024_IF.pdf" target="_blank" rel="noopener">CONEVAL (2024)</a>, el 4.1% de las escuelas de educación básica no cuenta con electricidad y el 17.4% carece de acceso a agua potable. En el caso de las escuelas comunitarias, más de la mitad enfrenta esta carencia. Estas condiciones no solo afectan el aprendizaje, sino que vulneran la salud, el bienestar y la dignidad de quienes estudian y trabajan en estos espacios.
<h2>Pobreza y movilidad: cuando aprender no está garantizado</h2>
Las barreras económicas siguen siendo uno de los principales obstáculos para la permanencia escolar. Las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos enfrentan mayores probabilidades de inasistencia, una tendencia que se intensifica conforme avanzan los niveles educativos. Según la Universidad Iberoamericana (2025), al menos el 48% de la desigualdad económica en México está vinculada a la falta de oportunidades, relacionada con el lugar de origen, la escolaridad parental, la región y el género.
A esta realidad se suma la situación de las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Para ellos, la educación suele ser un derecho interrumpido. La falta de documentos de identidad, la movilidad constante, la dificultad para revalidar estudios, el trabajo infantil y la escasa formación docente para atender estas realidades fragmentan las trayectorias educativas. Aunque México cuenta con un Protocolo de acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes en situación de migración, su implementación sigue siendo desigual entre entidades, lo que limita su impacto real.
<h2>Lo que México pierde cuando no educa</h2>
No atender de manera urgente estos desafíos tiene consecuencias profundas. El rezago educativo perpetúa la pobreza intergeneracional y limita la movilidad social. De acuerdo con el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_RR_08.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI (2025)</a>, el rezago educativo incluso aumentó ligeramente entre 2016 y 2024, pese a las políticas implementadas.
Las desigualdades regionales también se amplían. Mientras entidades como Chiapas concentran niveles de pobreza multidimensional superiores al 60%, otras como Baja California se mantienen por debajo del 10% (INEGI, 2025). Cada estudiante que abandona la escuela representa un capital humano perdido y una oportunidad menos para el desarrollo del país, con impactos directos en la competitividad, la cohesión social y la seguridad.
<h2>Aprender desde el territorio</h2>
Desde la experiencia que tenemos en Save the Children, con más de 50 años de trabajo en favor de la niñez y la adolescencia en México, una lección es clara: garantizar el derecho a la educación implica mucho más que asegurar un lugar en el aula. Significa crear condiciones para que las niñas, niños y adolescentes puedan aprender en entornos seguros, con acompañamiento emocional, alimentación adecuada, docentes fortalecidos y comunidades involucradas.
En comunidades rurales, indígenas, zonas urbanas marginadas y contextos de movilidad, la experiencia ha demostrado que la educación se fortalece cuando se articula con la protección, la salud y el bienestar. Trabajar con docentes en metodologías inclusivas, impulsar el aprendizaje a través del juego, promover la educación bilingüe e intercultural o acompañar procesos de reincorporación escolar son ejemplos de cómo la educación puede adaptarse a las realidades de la niñez, en lugar de excluirlas.
<h2>La educación como decisión colectiva</h2>
El mensaje que la sociedad mexicana debe comprender hoy es contundente: la educación no es un servicio ni un privilegio, es un derecho habilitador. Cada niña o niño fuera de la escuela pierde mucho más que aprendizajes académicos: pierde un espacio de protección, la posibilidad de desarrollar su máximo potencial y la oportunidad de ejercer una ciudadanía plena.
Las desigualdades educativas no son naturales ni inevitables. Son el resultado de decisiones políticas, prioridades presupuestales y omisiones acumuladas. Cuando se normaliza que una niña de una comunidad rural tenga muchas menos probabilidades de acceder a educación de calidad que un niño en una zona urbana, se está eligiendo la exclusión.
Invertir en educación —especialmente en la primera infancia— no es un gasto, es una inversión que se multiplica en desarrollo económico, cohesión social, salud pública y democracia. 
En este Día Internacional de la Educación, el llamado es claro: no podemos seguir postergando el derecho a aprender. El futuro de México se construye todos los días en cada aula, en cada escuela y en cada decisión que se toma sobre la educación.
* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es una organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.

¿Educación para todas y todos? La pregunta que México aún no responde

A mediados de octubre pasado, Aysam Mualla, de 13 años, acompañó a su familia a cosechar aceitunas en su campo de olivos, al sur de Nablús. Un comando israelí les tiró gases lacrimógenos que lo intoxicaron hasta dejarlo en coma. Finalmente, <a href="https://www.europapress.es/internacional/noticia-muere-nino-trece-anos-sucumbir-heridas-sufridas-ataque-israeli-cisjordania-20251111235058.html" target="_blank" rel="noopener">el 11 de noviembre falleció</a>.
<figure id="attachment_1627959" aria-describedby="caption-attachment-1627959" style="width: 428px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1627959" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Aysam-Mualla-438x600.jpg" alt="Aysam Mualla, de 13 años, fallecido el 11 de noviembre luego que un comando israelí le tiró gases lacrimógenos que lo intoxicaron hasta dejarlo en coma. " width="438" height="600" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Aysam-Mualla-438x600.jpg 438w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Aysam-Mualla-747x1024.jpg 747w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Aysam-Mualla-768x1053.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Aysam-Mualla.jpg 911w" sizes="auto, (max-width: 438px) 100vw, 438px" /><figcaption id="caption-attachment-1627959" class="wp-caption-text">Foto proporcionada por la familia de Aysam Mualla a los medios.</figcaption></figure>
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<a href="https://english.wafa.ps/Pages/Details/164131" target="_blank" rel="noopener">Murad Fawzi Abu Seifen</a> murió desangrado el 6 de noviembre después de que soldados israelíes le dispararan cuatro veces tras una redada en las calles de la ciudad de Al Yamoun e impidieran la entrada de ambulancias. Tenía 15 años.
<figure id="attachment_1627960" aria-describedby="caption-attachment-1627960" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1627960" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen-600x338.png" alt="Murad Fawzi Abu Seifen, de 15 años, murió desangrado el 6 de noviembre de 2025 después de que soldados israelíes le dispararan cuatro veces tras una redada en las calles de la ciudad de Al Yamoun e impidieran la entrada de ambulancias." width="600" height="338" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen-600x338.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen-1024x577.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen-768x433.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen-1536x865.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Murad-Fawzi-Abu-Seifen.png 1640w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1627960" class="wp-caption-text">Foto proporcionada por la familia de Murad a la prensa.</figcaption></figure>
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<a href="https://www.haaretz.com/israel-news/twilight-zone/2025-11-15/ty-article-magazine/.highlight/he-waited-for-his-school-bus-an-israeli-soldier-fired-a-tear-gas-canister-in-his-face/0000019a-864b-df64-a5db-feef17b00000" target="_blank" rel="noopener">Nazih Masalma tuvo “la suerte de solo perder un ojo”</a>. El 27 de octubre, mientras esperaba el autobús escolar junto a su hermana en la villa de Beit Awwa, al sur de Hebrón, un soldado abrió la puerta de uno de los tres jeep militares que pasaban y lanzó una bomba de gas lacrimógeno directamente al rostro de este estudiante de 14 años.
<figure id="attachment_1627961" aria-describedby="caption-attachment-1627961" style="width: 590px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1627961" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Nazih-Masalma-credito-de-la-foto-Alex-Levac-600x600.jpg" alt="Nazih Masalma, de 14 años, esperaba el autobús escolar junto a su hermana en la villa de Beit Awwa, al sur de Hebrón, el 27 de octubre de 2025, cuando un soldado abrió la puerta de uno de los tres jeep militares que pasaban y lanzó una bomba de gas lacrimógeno directamente a su rostro. Perdió el ojo izquierdo." width="600" height="600" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Nazih-Masalma-credito-de-la-foto-Alex-Levac-600x600.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Nazih-Masalma-credito-de-la-foto-Alex-Levac-768x768.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2026/01/Nazih-Masalma-credito-de-la-foto-Alex-Levac.jpg 900w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1627961" class="wp-caption-text">Foto de Alex Levac, publicada en el periódico Haaretz.</figcaption></figure>
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Estas historias no son de Gaza. Son de Cisjordania y desmontan una de las coartadas más repetidas para justificar la sistemática violencia israelí contra población civil: la idea de una “zona de guerra” contra Hamás.
Empezar por aquí permite comprender que el proyecto de limpieza étnica y colonialismo de asentamiento sobre la que se fundó el Estado de Israel no es un desvío reciente ni una reacción excepcional al 7 de octubre. Es una política de largo aliento que, en los últimos dos años, no ha hecho más que acelerarse sobre la Palestina histórica.
Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (<a href="https://unrwa.es/actualidad/noticias/cisjordania-sigue-sufriendo-un-infierno-silencioso/" target="_blank" rel="noopener">UNRWA</a>), entre octubre de 2023 y el 14 de enero de este año, 1046 palestinos han sido asesinados en Cisjordania, 229 eran menores de edad. Sólo en 2025, más de 830 palestinos fueron heridos por colonos israelíes, envalentonados por el genocidio en Gaza que sigue su curso.
Desde el anuncio del supuesto alto al fuego del 10 de octubre pasado, más de 450 gazatíes han sido asesinados por el ejército israelí. <a href="https://www.unicef.es/noticia/pese-al-alto-el-fuego-en-gaza-los-ninos-y-ninas-siguen-muriendo" target="_blank" rel="noopener">Según UNICEF en un reporte al 14 de enero, 100 de ellos eran niños y niñas,</a> cifra que, advierte el organismo, solo refleja aquellos incidentes que se han podido documentar. Entre ellos el de <a href="https://animalpolitico.com/internacional/bbc/gaza-alto-fuego-avances-conflicto-sin-terminar" target="_blank" rel="noopener">los hermanos Fadi y Jumaa Abu Assi</a>, de 8 y 11 años, asesinados el 29 de noviembre. Fueron considerados “amenaza inmediata” por los soldados israelíes, quienes los abatieron con un dron al verlos cruzar la imaginaria línea amarilla mientras buscaban leña para que su familia pudiera cocinar.
Pero los actos genocidas no se reducen a asesinatos directos. También buscan hacer inviable la vida misma. Según un análisis satelital de <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2026/01/12/world/middleeast/israel-cease-fire-gaza-demolition.html" target="_blank" rel="noopener">The New York Times</a>, 2500 edificios han sido demolidos en Gaza desde el “alto al fuego”. A ello se suma, desde enero, la <a href="https://elpais.com/internacional/2025-12-30/israel-detendra-en-enero-la-actividad-de-varias-ong-que-operan-en-gaza-entre-ellos-msf.html" target="_blank" rel="noopener">prohibición impuesta por Israel</a> para que 37 organizaciones humanitarias operen en la Franja, entre ellas Médicos Sin Fronteras. Todo esto en pleno invierno, mientras <a href="https://www.elmundo.es/internacional/2026/01/17/696b64b0fdddff08218b456d.html" target="_blank" rel="noopener">bebés mueren por hipotermia</a> en campamentos improvisados.
Lo que, en cambio, sí logró el acuerdo de paz trumpiana fue sacar a Palestina de los titulares y desmovilizar las calles. Estos días, el hueco que se abre en los medios internacionales se centra en presentar a los integrantes del <a href="https://animalpolitico.com/internacional/bbc/quienes-forman-junta-paz-gaza-anunciada-trump" target="_blank" rel="noopener">“Consejo de Paz”</a> que Donald Trump ha invitado para dar inicio a la segunda fase de su “Plan de Paz” para la franja de Gaza, con el que además pretende ir más allá y crear una estructura paralela a la ONU, eso sí, con cartera en mano que <a href="https://www.animalpolitico.com/internacional/trump-mil-millones-dolares-paises-lugar-consejo-paz-mundial" target="_blank" rel="noopener">la membresía cuesta 1000 millones de dólares por país.</a>
Ante este panorama, pocos incentivos parecen quedar para el optimismo. Pero si Palestina ha fungido como laboratorio de prueba de este nuevo orden mundial distópico que pretende desplazar el derecho internacional por la ley del más fuerte y la impunidad, es también desde ahí donde podemos encontrar respuestas para revertirlo.
El pueblo palestino, tras décadas sometido a la sistemática desposesión de tierras, negación de derechos y amenaza constante del olvido, ha puesto nombre a la esperanza activa que guía la práctica de resiliencia y cuidado de la vida colectiva que hoy desborda sus fronteras: sumud.
Sumud se refleja en las voces de <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Xiye-B43a8M" target="_blank" rel="noopener">las “Hijas de la Nakba”</a> y se expresa hoy, dentro de Gaza, en gestos cotidianos que desafían la lógica de la aniquilación: en las familias que <a href="https://www.linkedin.com/posts/carolina-calderon-375409167_a-palestinian-family-celebrates-their-son-activity-7394791070771007490-JI7e?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop&amp;rcm=ACoAAAlOc6IBWIACm9s5kR9v-SxCJsDGH0xHRtg" target="_blank" rel="noopener">celebraron en noviembre</a> que sus hijas e hijos lograron graduarse del tawjihi (el bachillerato), porque saben que estudiar es una vía para defender una posibilidad de futuro, y en la perseverancia de una nueva generación de periodistas gazatíes que, a través de proyectos como <a href="https://www.youtube.com/@gazasvoice" target="_blank" rel="noopener">Gaza’s Voice</a>, sigue formándose, decidida a que sus comunidades no se queden sin voz.
Pero sumud, entendido como una ética de resistencia civil, se sigue encarnando también fuera de Palestina, en acciones concretas como el <a href="https://bdsmovement.net/es" target="_blank" rel="noopener">movimiento BDS</a>, que disputan la normalización del genocidio y el apartheid. En el terreno simbólico del deporte se han sumado campañas como <a href="https://www.gameoverisrael.com/es" target="_blank" rel="noopener">Game Over Israel</a>, que ha puesto bajo presión a la FIFA y a la UEFA para que suspendan a Israel de las competiciones internacionales, cuestionando que un Estado acusado de graves violaciones a los derechos humanos participe en eventos que pretenden representar valores universales. En el Reino Unido, activistas vinculados a Palestine Action sostuvieron una huelga de hambre desde prisiones británicas para exigir que el gobierno no adjudicara contratos de defensa a Elbit Systems, la principal empresa armamentística israelí; setenta días después, <a href="https://www.elsaltodiario.com/reino-unido/gobierno-britanico-cancela-acuerdo-armas-elbit-systems-huelga-hambre-al-limite" target="_blank" rel="noopener">el gobierno anunció la cancelación de uno de esos acuerdos.</a>
Ese mismo desplazamiento del marco —salir de las trampas narrativas heredadas— es el que plantea la <a href="https://mobadara.ps/es/" target="_blank" rel="noopener">One Democratic State Initiative</a>, una iniciativa ciudadana que señala el agotamiento de la retórica de los “dos Estados”, convertida en un dispositivo para gestionar la desigualdad y posponer la justicia. Frente a ello, propone un horizonte político en el que todas las personas que habitan entre el río Jordán y el mar Mediterráneo puedan coexistir como ciudadanos libres e iguales, con los mismos derechos, sin jerarquías impuestas por origen, religión o etnia.
Nada de esto sustituye la responsabilidad concreta de los Estados de salvaguardar el derecho internacional y garantizar justicia. Pero sí muestra cómo, frente a la parálisis institucional y la anestesia mediática, se sigue construyendo democracia desde abajo: a través de la articulación ciudadana, la presión política y la disputa de los marcos de legitimidad que han permitido que lo intolerable se vuelva cotidiano. En tiempos de fatiga apocalíptica y saturación informativa, sumud no es una consigna romántica, sino una interpelación directa: a no dejar de mirar y a actuar para que lo que se normalice sea la solidaridad, no el horror. Despertar, aunque no baste, sigue siendo el primer acto de resistencia frente a la creciente ola autoritaria.
* Daniela S. Valencia (<a href="https://x.com/dany_svalencia" target="_blank" rel="noopener">@dany_svalencia</a>) es analista política y directora de la agencia internacional <a href="https://vibrantecomunicacion.com/" target="_blank" rel="noopener">Vibrante Comunicación</a>. Tiene un Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía por la Universidad de Barcelona. Redes sociales: <a href="https://www.instagram.com/danoax/" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>, <a href="https://www.linkedin.com/in/daniela-s-valencia-82a35844/" target="_blank" rel="noopener">LinkedIn</a> y <a href="https://bsky.app/profile/danyvalencia.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">BlueSky</a>

Y cuando desperté, el genocidio seguía ahí

¿Tiene responsabilidad Estados Unidos de la violencia que se vive en México? Esa es la pregunta que responde el nuevo libro La violencia vino del norte, del académico del CIDE, Carlos Pérez Ricart, el cual fue publicado en diciembre de 2025.
Se trata de uno de los mejores textos académicos que se han escrito sobre la violencia en México en los últimos años, porque desentraña con datos la relación entre un proceso de desregulación en la compra de armas y el aumento en la cantidad de rifles de alto poder que se trafican de Estados Unidos a México.
Es decir, sostiene que la falta de controles en la venta de armas en los Estados Unidos es responsable de un porcentaje relevante de la violencia en México y también en el mismo Estados Unidos, porque al quitar los límites que hubo durante una década en la venta de rifles de asalto, provocó un aumento en los tiroteos masivos en escuelas, centros comerciales y otros espacios públicos.
Si bien lo anterior no se trata de un argumento nuevo, ya que ha sido sostenido durante años por muchos investigadores, periodistas e incluso por el Gobierno de México, lo novedoso es que presenta una cronología muy clara del proceso de desregulación, y con datos soporta cómo cada ley a favor de la industria armamentista y de la Asociación Nacional del Rifle se tradujo en más ventas de armas, en rifles de mayor poder en las calles y en más violencia.
Pérez Ricart señala varios momentos críticos. Por ejemplo, la adopción de la Ley Brady en 1993, que obligó a los vendedores a revisar los antecedentes penales de los compradores, y la Assault Weapons Ban en 1994, que prohibió la venta por 10 años de armas de asalto en los Estados Unidos, ambas impulsadas en el gobierno de Bill Clinton.
Sin embargo, el lobby armamentista logró que en 2024 esta ley no se renovara y el congresista Todd Tiahrt impulsó un año antes -en 2003- una serie de enmiendas que dificultó a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos el dar seguimiento al rastreo de las armas, impidió que se compartieran estadísticas públicas y que esa información se pudiera usar como prueba en procesos judiciales.
Pero lo peor vino en 2005 cuando George W. Bush firmó la Protection of Lawful Commerce in Arms Act, que impide que las empresas de armas sean procesadas por los delitos cometidos con las armas que venden, como corresponsables, lo que en la práctica las hace inmunes.
Esta transformación legal se combinó con el combate frontal emprendido por desde el sexenio de Felipe Calderón, ya que coincidió la necesidad de mayor acceso a armas del crimen organizado, con una mayor disposición y facilidad para comprar armas en los Estados Unidos.
Esto ayudó a crear intrincadas redes de compra de armas en donde ciudadanos estadunidenses -la mayoría sin antecedentes compran armas en armerías, ferias o a particulares- las pasan a México por una frontera que prácticamente no revisa los vehículos que entran a México y dentro de nuestro país las mismas se envían a los lugares en donde hay disputas territoriales entre bandas criminales.
Al final existe una corresponsabilidad de ambos países en la violencia que vive México, y se requieren cambios legales que restrinjan la venta indiscriminada. Sin embargo, suena poco probable que se pueda dar pronto.
Se trata de un excelente texto para entender la violencia en México y las posibles opciones que tenemos para hacerle frente, que les recomiendo leer. El mismo ya se encuentra disponible en las principales librerías del país y en plataformas como <a href="https://www.amazon.com.mx/violencia-vino-del-norte-alimenta-ebook/dp/B0G3TPK5KT" target="_blank" rel="noopener">Amazon</a>, en <a href="https://pendulo.com/libro/violencia-vino-del-norte-la_477804" target="_blank" rel="noopener">formato impreso</a>, <a href="https://www.gandhi.com.mx/la-violencia-vino-del-norte-9786073867702/p?srsltid=AfmBOooElYWhlsjZA3PSLwP2F7PonMy3YIu-Jg2RthM83Ej7165QkiRM" target="_blank" rel="noopener">libro electrónico</a> y en <a href="https://www.audible.com/es_US/pd/La-violencia-vino-del-norte-Audiolibro/B0G5BFFK4K?srsltid=AfmBOorRRMQCFzzFtLH0HOFgJH66DmJAd1LfGh2lqJvkoEYmXEzHivY_" target="_blank" rel="noopener">audiolibro</a>.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

La violencia vino del norte, de Carlos Pérez Ricart

Hace meses, una lluvia convirtió la Calzada Zaragoza, al oriente de la Ciudad de México, en un río ingobernable. Autos flotando, coladeras colapsadas y personas colgadas de la reja del Metro que querían cruzar charcos nos recordaron que intentar “domar” el agua con tubos y concreto ya no funciona.
Construimos nuestras ciudades para climas que ya no existen. Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), casi 70 % de los municipios en México tienen vulnerabilidad alta y muy alta ante los impactos del cambio climático, afectando principalmente zonas urbanas.
Por eso el libro de Miguel Treviño, Contracorriente, llega en un momento tan necesario. Aunque surge de su experiencia como alcalde independiente en San Pedro Garza García, ofrece enseñanzas clave para quienes trabajamos en la agenda de ciudades sustentables: rescatar nuestro entorno urbano requiere, ante todo, la voluntad de desafiar la inercia.
La sustentabilidad urbana no es un concepto abstracto, se mide en algo sencillo como la calidad de vida al caminar. Es la diferencia entre una calle donde te quemas bajo el sol y una con sombra de árboles que refresca el barrio. Se mide en qué tan segura se siente una ciudad cuando llueve fuerte o en si las niñas y niños pueden jugar tranquilos y respirar aire limpio en el parque de su colonia.
Esta cotidianidad es la que Treviño pone sobre la mesa en su libro, en el que narra cómo la recuperación de parques y ampliación de banquetas suelen enfrentar la resistencia de sectores acostumbrados al automóvil. Sin embargo argumenta, con mucha razón, que el espacio público es lugar donde todos somos iguales y el cimiento desde el cual se construyen las ciudades.
Para nosotros, ese espacio es también donde las ciudades respiran, el agua se infiltra al subsuelo para evitar inundaciones y se restaura parte de esa vida natural que perdimos.
Ir “a contracorriente” es entender que un parque no es un adorno, sino infraestructura vital para el clima y el tejido social. La visión del libro coincide con la urgencia de transitar de un modelo de “pavimentar y entubar” a uno de “regenerar y conservar”.
Es preciso reconocer que ya existen gobiernos locales en México que dan pasos valientes en esta dirección, impulsando proyectos de movilidad activa y rescate de ríos urbanos que rompen con la inercia del siglo pasado. Sin embargo, ante la velocidad de la crisis climática, estos esfuerzos todavía son insuficientes.
El autor es realista: para que estos avances dejen de ser aislados, se requieren capacidades institucionales sólidas, servidores públicos profesionales y datos precisos. No basta con el entusiasmo ambientalista; la transformación urbana exige rigor técnico, transparencia y equipos que antepongan el bien común a cualquier inercia política.
Un punto que resuena con nuestra misión en WWF México es la participación ciudadana. Treviño enfatiza que “entrarle al reto” implica que la ciudadanía sea corresponsable, algo que comprobamos en el trabajo con las ciudades mexicanas.
Lo vimos en Hermosillo, donde nuestra campaña We Love Cities, que fomenta la comunicación entre los gobiernos y ciudadanos, movilizó miles de personas que retroalimentaron el trabajo de su gobierno en el cuidado de recursos naturales, parques y espacios públicos y movilidad.
Hoy también los vemos en Guadalajara con la iniciativa “Puntos Verdes Metropolitanos”, donde los vecinos participan activamente en la valorización de residuos y promueven la sostenibilidad en sus colonias. Cuando la ciudadanía se organiza para proteger su entorno, construye en la práctica la gobernanza que el libro propone como antídoto a la apatía tradicional.
Contracorriente es un recordatorio de que el tiempo de las soluciones de corto plazo se agotó. Con temperaturas extremas (muy bajas o altas) y ciudades cada vez menos habitables, el costo de hacer lo mismo es muy alto.
Hoy, las ciudades mexicanas están en un punto crítico: seguir el flujo de una urbanización desmedida o nadar contra corriente para rediseñar su relación con el entorno.
La transición hacia ciudades sustentables y resilientes no sucederá por accidente; será el resultado de conversaciones, algunas difíciles, y liderazgos valientes que, como sugiere Treviño, se atrevan a reconstruir la ciudad desde su fibra más básica: la calle, el árbol y el ciudadano. Es momento de entrarle al reto, porque en la salud de nuestras ciudades nos jugamos, literalmente, nuestro futuro. La meta es traer la naturaleza de vuelta.
* Álvaro Rodríguez es Oficial de Ciudades Sustentables en WWF México.

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