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El pasado viernes, el presidente López Obrador atacó a María Amparo Casar en la conferencia mañanera. Sin duda es molesto el abuso cotidiano que hace de su tribuna, lo disparejo que se torna la deliberación pública, pero hasta ahí, se siguió un guion predecible. Guion que por cierto no debemos normalizar.
Sin embargo, hacia la tarde de ese viernes la presidencia de la república subió a su página electrónica un extenso expediente de más de 300 hojas, pletórico de documentos con datos personales, con el que pretende poner en duda un asunto juzgado hace muchos años. Son varios los asuntos irregulares.
El primero es que el expediente resuelto estableció que Carlos Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar, falleció de manera accidental y hoy se quiere sembrar la idea de un suicidio. Ello no se desprende de la lectura del abigarrado documento que subió la presidencia el viernes. Pero se ha insistido en que, si hubo suicidio, entonces estamos ante un caso de corrupción por haber cobrado, la familia de Márquez, prestaciones que no correspondían.
El segundo asunto es que el presidente sostiene que la transparencia es el eje de la democracia y tiene razón, lo es la transparencia que respeta la ley. En este caso, AMLO reiteró la embestida en la mañanera del lunes y justificó dar a conocer datos personales porque, según él, se trata de un asunto de corrupción. Por supuesto que el INAI inició una investigación de oficio que, evidentemente sin prejuzgar si existe corrupción o no, tutela la protección de datos personales.
La distancia de AMLO con la normatividad en materia de transparencia es evidente. Las violaciones sistemáticas a la ley son flagrantes y -fiel a su costumbre- quiere aparecer como víctima. Creo que en este asunto se han rebasado varios límites.
Acreditan la más profunda incomodidad del presidente con el reciente trabajo de Casar “Los puntos sobre las íes, el legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó”. Los que no lo hayan hecho, hay que leerlo. Como siempre: si no puede desmentir los mensajes, hay que tratar de desprestigiar al mensajero. No hay corrupción, hay venganza.
Se desató la ira presidencial. Es un hecho demasiado grave y ominoso. Los riesgos que el accionar del mandatario le impuso a la seguridad personal de María Amparo Casar y su familia no son menores. Ojalá pronto se reencaucen las aguas.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Casar y la ira presidencial

Priorizar a la niñez en un proyecto de nación es una decisión que permite establecer bases sólidas para que las niñas y niños perciban un entorno de esperanza y fraternidad, para que tengan las condiciones y oportunidades que necesitan para crecer, desarrollarse y ser felices. Al mismo tiempo, se proporciona a las familias la seguridad de que sus seres más queridos van a contar con la protección necesaria para vivir digna y plenamente, fomentando con ello también la cohesión social para tejer redes de apoyo que sostengan una visión de protección integral a las niñas y niños. Además, esto siembra las condiciones para que ellas y ellos exploren, compartan, y también pongan al servicio de la nación, sus talentos y pasiones.
Las elecciones del próximo 2 de junio representan la posibilidad de recordarnos como nación que uno de los pilares imprescindibles para ser una sociedad próspera, justa, pacífica y sostenible es garantizar y velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
La democracia implica representar, proteger y trabajar para el bienestar de todas las personas en el país, sin distinción de edad. Siendo las niñas, niños y adolescentes personas sujetos de derechos, que no ejercen voto, es responsabilidad de todas y todos, impulsar y asegurar que sus voces, intereses y necesidades sean escuchadas y formen parte de las plataformas, propuestas y acciones de gobierno de todos los niveles, empezando por la Presidencia de la República.
En este contexto, desde Save the Children generamos nuestra Visión 2030: construir un gran país para las niñas, niños y adolescentes. Queremos un México en donde el Estado tenga la capacidad de respuesta para aplicar los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y toda la legislación en la materia. Un Estado eficiente en proporcionar y coordinar los bienes y servicios públicos que las niñas, niños y adolescentes necesitan para su bienestar y desarrollo.
A la fecha, las candidatas y candidato a la Presidencia de la República han incorporado en sus propuestas de gobierno algunas que de manera directa e indirecta pueden contribuir a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes; varias de estas propuestas recuperan o están relacionadas con las que desde Save the Children presentamos en nuestra “Visión 2030” y en diversas comunicaciones y diálogos con los equipos de las candidatas. Asimismo, el 22 de abril las 3 candidatas se comprometieron con el Pacto por la Primera Infancia, del que Save the Children formamos parte, lo que implica compromiso con una política nacional para garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 5 años de edad.
No obstante, aunque en sus compromisos integran propuestas de desarrollo social general que tienen el potencial de impactar positivamente a la niñez y adolescencia, no se ha consolidado desde una visión integral y sistémica que aborde la protección al conjunto de sus derechos. Podemos observar que las propuestas están enfocadas en los grandes ideales a lograr (combatir la pobreza, mejorar el sistema de salud en acceso y calidad, garantizar educación de calidad, disminuir la violencia, entre muchas otras) pero se han planteado pocas propuestas de solución y su financiamiento, que nos permitan a la ciudadanía conocer cómo es que cada candidatura pretende abordar y resolver los problemas específicos que hoy obstaculizan que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a los bienes, servicios e intervenciones públicas que necesitan para su bienestar y desarrollo.
Un elemento positivo es que las candidatas han convocado diversos espacios de trabajo con los diferentes sectores, en los que ha sido posible profundizar el reconocimiento de las problemáticas y las poblaciones afectadas, así como la identificación conjunta de posibles soluciones de política pública. Consideramos que estos espacios son y deben seguir siendo estratégicos para consolidar propuestas que tomen en cuenta voces y experiencias diversas, y desde Save the Children nos mantendremos colaborando para impulsar que las niñas, niños y adolescentes estén incluidos en las propuestas de gobierno, y sobre todo, que se establezcan soluciones factibles para abordar la diversidad de problemáticas que enfrentan, desde una visión que permita el fortalecimiento de la institucionalidad que hará posible una política de Estado para las niñas, niños y adolescentes.
Desde la visión de Save the Children, todo nuestro empeño debe estar encaminado al cambio cultural y de conciencia de todos los sectores de la sociedad y especialmente del gobierno como garante de derechos. Un gobierno que tiene que asumir que sus acciones de Estado deben estar encaminadas a mejorar de manera efectiva las terribles realidades que enfrentan todos los días millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país.
Por eso, nuestro llamado es a las y los ciudadanos, para que exijamos a las personas candidatas a cargos de elección popular que sus propuestas de gobierno incluyan de forma prioritaria compromisos y soluciones específicas para asegurar que cada niña y niño tenga acceso a bienes y servicios públicos de calidad, que garanticen su supervivencia, aprendizaje, protección, participación y desarrollo. También para que seamos vigilantes permanentes y exijamos rendición de cuentas a las y los gobernantes, respecto a las decisiones y acciones que realizan para cumplir con los derechos de la niñez y adolescencia.
A todas las personas candidatas a puestos de elección popular, y de forma especial a quienes aspiran a la Presidencia de la República, requerimos de su compromiso y acción urgente para que en sus propuestas, decisiones y acciones las niñas y niños en México sean una prioridad, porque no hay legado más grande que pueda dejar un líder político, que una nación que respeta, cuida y protege a las niñas, niños y adolescentes en su territorio.
Llamamos a unir esfuerzos como un movimiento y tomar la responsabilidad que nos corresponde para salvaguardar lo más valioso que tenemos como sociedad, que son las niñas y los niños.
* Nancy Ramírez Hernández (<a href="https://twitter.com/NancyRamirezHdz" target="_blank" rel="noopener">@NancyRamirezHdz</a>) directora Nacional de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children México (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>).

¿Son las niñas y los niños una prioridad de las candidatas y candidato a la presidencia?

El 21 de marzo un grupo de familias de personas desaparecidas convocaron a rueda de prensa en la Glorieta de las Personas Desaparecidas en CDMX para proponer una “Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria”, que se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de abril. Este proceso inició con 50 colectivos y ahora está conformado por más de 250 en todo el país, y ahora se ha establecido como un Proceso de Unificación Nacional de Familias Buscadoras.
Si bien las familias han agradecido a las organizaciones locales, nacionales e internacionales su apoyo y acompañamiento, han marcado su autonomía e independencia incluso de las organizaciones que litigan sus casos y fortalecen su lucha. “Las familias son las protagonistas” del proceso, así lo han dicho.
Este proceso tiene un parteaguas importante: La Megamarcha de la Dignidad Nacional, Madres buscando a sus hijas e hijas, verdad y justicia. Esta marcha se realiza desde 2010, convocada desde entonces por las madres de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), que comenzaron a marchar ese día, resignificando el estereotipo de la maternidad, politizándolo a partir de la vivencia de las víctimas indirectas de la desaparición.
En la marcha se esperan familias de Aguascalientes, Zacatecas, BCN, BCS, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Colima, Querétaro, Sonora, Yucatán, Guanajuato, entre otras tantas entidades federativas. Yo calculo al menos 100 mil personas.
<h2>¿Qué es la unificación?</h2>
Desde mi punto de vista, este proceso se parece a los procesos del feminismo comunitario. Recordemos que la boliviana Julieta Paredes plantea que la apuesta de dicho movimiento “es repensarnos como mujeres y como comunidad, proyectar un mundo que celebre el cuidado de la vida, lo que implica superar los esquemas de la competencia y la individualidad” (tan en boga en los programas políticos neoliberales, dice Julieta).
Las familias lo dicen en sus propias palabras:
<ul>
<li>“Llevamos años de desgaste, las instituciones han gestionado el dolor de las familias y ninguno de los tres distintos gobiernos que hemos vivido han podido dar respuesta a la pregunta: ¿dónde están nuestros familiares?”.</li>
<li>“Debemos superar las diferencias e identidades particulares para volver al origen de la lucha, con o sin el Estado”.</li>
<li>“Buscar a nuestras hijas, hijos, esposas, esposos, hermanas y hermanos”.</li>
<li>“No somos botín político”.</li>
</ul>
Estas frases toman un sentido especial en el contexto electoral que tanto ha polarizado y dividido a las familias. En un proceso de violencia política continuado en el tiempo, en el que las familias no sólo enfrentan los efectos de la desaparición, sino también de la impunidad y de la revictimización estatal. Aderezado ahora, con el uso político que TODOS los partidos han hecho de su situación de víctimas.
Por ello, este proceso de unificación se parece a la creación del histórico “Frente Nacional contra la Represión” de finales de los 70 que sumó a diversos movimientos que se oponían a la guerra sucia, o al “Movimiento por la Paz y con Justicia y Dignidad”, de Javier Sicilia, que sumó a cientos de familias a nivel nacional en el impulso de la Ley General de Víctimas en 2013
Nos sumamos a la propuesta por la unificación de las familias. No desde la negación de las diferencias, sino desde la politización (no partidización) de sus luchas.
* Raymundo Sandoval (<a href="https://twitter.com/ray_sandoval">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

La unificación de las víctimas

Quien asuma la presidencia de México el próximo sexenio enfrentará grandes retos socioambientales. La <a href="https://unric.org/es/la-tierra-se-enfrenta-a-una-triple-crisis-planetaria/" target="_blank" rel="noopener">triple crisis planetaria que enfrentamos</a> (cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad) requiere urgentemente de la atención de un gobierno que entienda las problemáticas y lidere la acción colectiva para atenderlas. Sin embargo, ninguna de las candidaturas ha demostrado dimensionar la magnitud de este desafío o, por lo menos, a lo largo de sus campañas no le han dado la importancia que requiere.
La actual administración federal también ha quedado a deber. Por una parte, <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/donde-estaban-los-pseudoambientalistas-cuando-hace-anos-empezo-la-verdadera-devastacion-del-sureste-de-mexico" target="_blank" rel="noopener">el discurso descalificador que el ejecutivo ha promovido</a> en contra de las personas defensoras del medio ambiente es muy preocupante en un contexto ya de por sí peligroso para ellas, con un acumulado de <a href="https://cemdadefensores.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">123 eventos de agresión tan solo en el 2023, y de los cuales en la mitad de los casos el principal agresor ha sido el gobierno</a>.
Asimismo,  es evidente que el sector ambiental no ha sido una prioridad cuando se analizan la <a href="https://contralacorrupcion.mx/matar-el-futuro-la-4t-y-el-fin-de-la-politica-ambiental-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">reducción presupuestal</a> y los cambios administrativos en las dependencias públicas claves del sector. Durante este sexenio, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) fueron absorbidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quitándoles autonomía en nombre de la austeridad republicana. Se tiene el mismo plan para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
Con estos antecedentes, es claro que la nueva administración deberá hacer cambios sustanciales en su política ambiental y, para saber si esto realmente es una prioridad, vale la pena analizar las plataformas electorales y el discurso de las presidenciales a lo largo de su campaña.
Por ejemplo, según el <a href="https://www.mexicoresiliente.org/" target="_blank" rel="noopener">análisis comparativo</a> realizado por la coalición de organizaciones de la sociedad civil México Resiliente, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez lideran las propuestas en las 10 temáticas consideradas clave para el Plan de Descarbonización y Resiliencia Climático 2024-2030, mientras que Jorge Álvarez Máynez se queda considerablemente atrás en propuestas. No obstante, el candidato fue el único que participó en el<a href="https://www.youtube.com/watch?v=RHpyMKknElE" target="_blank" rel="noopener"> encuentro con sociedad civil</a> al que se les convocó para dialogar sobre las propuestas que tienen estas organizaciones para fortalecer su agenda ambiental y trabajar en conjunto. La apertura a colaborar con los diversos actores de la sociedad y construir en conjunto es una característica necesaria para que el gobierno atienda estas problemáticas y, de momento, las dos candidatas han quedado a deber en ese sentido.
Otras pistas de cómo pretenden abordar estos desafíos las podemos obtener de su participación en el reciente debate en el que se abordó la temática de cambio climático y desarrollo sostenible. Sorprendentemente, el más “radical” y quien abordó temas sustanciales fue Máynez. A pesar de que en el papel las candidatas tienen más propuestas no supieron, o no quisieron presentarlas ante la ciudadanía, y prefirieron destinar su tiempo a la vieja estrategia de desprestigiar a su rival.
El candidato Máynez recalcó la importancia de la justicia intergeneracional y climática, de que la transición energética sea incluyente, la necesidad de una reforma fiscal progresiva e impuestos verdes. Incluso mencionó cómo el <a href="https://es.rollingstone.com/el-1-mas-rico-de-mexico-contamina-mas-que-el-80/" target="_blank" rel="noopener">1 % más rico de México contamina más que el 80 % del país</a> e increpó a transnacionales como Coca Cola y Nestlé por sus grandes concesiones de agua. Además abordó otras ideas interesantes, como destinar lo recaudado por el IEPS a electromovilidad en transporte público y a la creación de un fondo de obras hídricas. No obstante, hay que tener en cuenta que, al ser el último en las encuestas, su estrategia ha sido hacer propuestas disruptivas para captar al electorado más joven, pero probablemente su postura sería más conservadora si fuera puntero.
En su exposición, Sheinbaum estructuró sus propuestas a partir de los dos elementos de la agenda climática: mitigación y adaptación. Sobre el primero, concordó en la importancia de la transición energética y aseguró que replicarán iniciativas impulsadas en la CDMX como la promoción de la energía solar y la electromovilidad. En adaptación resaltó el desarrolló un Plan Nacional de Aguas y cambios en la Ley de Aguas para solucionar la crisis hídrica para consumo familiar, el campo y la industria. También destinó tiempo a defender los logros de la actual administración, algunos de los cuales no podrían considerarse como tal,  como la gran cantidad de territorio declarado Área Natural Protegida, pero sin presupuesto para atenderlas, o el enorme presupuesto de Sembrando Vida, pero con resultados insípidos.
Gálvez también recalcó la importancia de la transición energética y la participación del sector privado en esta, así como de insumos clave como el gas natural y el hidrógeno verde. Se comprometió a que para el 2030 el 50 % de la energía sea renovable y cero neto de emisiones para 2050, pero también a hacer de Pemex una empresa eficiente. Además, destacó que atendería la crisis hídrica promoviendo el tratamiento y reúso del agua,  aunque también propuso cosas cuestionables como el uso del Lago de Texcoco para almacenar agua potable.
En sus discursos se pueden identificar algunas prioridades compartidas, aunque con diferentes enfoques y sin dejar muy claros los “cómos”: transición energética, atención de la crisis hídrica y promoción de la electromovilidad y energía solar de uso doméstico. Sin embargo, para todas estas propuestas queda la duda, ¿cómo se va a financiar? Sólo el candidato de Movimiento Ciudadano dio algunas pistas al mencionar la reforma fiscal progresiva e impuestos verdes.
La ciudadanía es cada vez más consciente de cómo el deterioro medioambiental afecta su calidad de vida y, por ello, de la necesidad de que el gobierno realice acciones para protegerlo. Esta percepción seguirá incrementándose de manera paralela a las problemáticas, por lo que sería un error de cualquier aspirante a un cargo público no priorizar acciones en la materia. Esperemos que esto sea cada vez más evidente para la futura presidenta de México y reencamine los esfuerzos para enfrentar estas crisis.
* Néstor Genis (<a href="https://twitter.com/GenisNestor" target="_blank" rel="noopener">@GenisNestor</a>) es Coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible y Fernanda Flores es pasante, ambos en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://twitter.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

¿Qué futuro socioambiental nos ofrecen las candidatas a la presidencia?

“Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy”.
William L. Mackenzie King, abogado y político estadounidense
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Durante el apogeo de las campañas presidenciales, los candidatos compiten por presentarse como la mejor opción para liderar el país, prometiendo resolver desde problemas económicos hasta cuestiones de seguridad y educación. Sin embargo, la realidad es que no todas las promesas son realizables. A menudo, los discursos idealistas tienen como objetivo principal atraer a sectores sociales específicos, sin ofrecer una estrategia clara y factible para obtener los recursos necesarios para cumplirlas.
Los candidatos podrían estar considerando reformas significativas para enfrentar estos desafíos presupuestarios, pero lo que prevalece es el continuo espectáculo electoral. Los ciudadanos, por su parte, deberán lidiar con las consecuencias económicas, como posibles aumentos de impuestos.
Además, en el actual estado de las finanzas públicas de México se proyecta un déficit público considerable (el actual gobierno cerrará el año 2024 con un déficit del 5.9% del Producto Interno Bruto [PIB], que contrasta con el 2.20 % registrado en 2018), lo que puede llevar a un escenario con inflación y a una creciente deuda pública. Esta última pasó de 43.6 % en 2018 a 48.8 % del PIB en 2024, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2024 (CGPE); sin embargo, cálculos del FMI la ubican en 55.6 % del PIB al cierre de la actual Administración federal. El aumento de la deuda soberana deriva en una carga per cápita que pasó de $83,747 en 2018 a $126,917 en 2024, según cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con base en datos de la Secretaría de Hacienda.
No es realista esperar que los gobernantes asuman solos el costo de estos retos económicos; será la ciudadanía y los recursos nacionales los que tendrán que soportar estos costos. Las promesas de campaña, que a menudo ignoran las realidades económicas y fiscales, pronto mostrarán sus efectos en la economía personal de los votantes y en su seguridad laboral futura.
Es esencial examinar el contexto político, social y económico actual del país para comprender mejor nuestra situación y determinar los pasos a seguir. Superar la resaca electoral y centrarse en los indicadores económicos clave, como el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo, la inflación, y considerar aspectos sociales como la distribución del ingreso y la calidad de la educación y la salud pública, son pasos fundamentales.
Los candidatos deben ahora identificar los principales desafíos y oportunidades del país, formular estrategias viables y políticas realistas que aborden los problemas urgentes y explorar áreas con potencial para sustentar el desarrollo y crecimiento futuros.
Aún estamos a tiempo de construir una narrativa que permita a la realidad definir los pasos a seguir, enfrentando los problemas sociales, económicos y políticos más apremiantes. Es crucial renovar nuestro entusiasmo no mediante la polarización, sino a través de la colaboración y cooperación entre todos los sectores, buscando cambios positivos que permitan el avance del país.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Tras la resaca electoral, la necesidad de una política económica de futuro

<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1395292" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/convocatoria-ciudad-comunal.jpg" alt="Cartel de la convocatoria a El Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias por la Defensa del Territorio de Ciudad de México. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/convocatoria-ciudad-comunal.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/convocatoria-ciudad-comunal-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/convocatoria-ciudad-comunal-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/convocatoria-ciudad-comunal-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
El Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias por la Defensa del Territorio de Ciudad de México ha hecho una declaración pública que desde nuestra Asamblea Ecologista Popular nos hace muy felices: la esperanza no reside en los partidos políticos, reside en nosotres, la gente. Es por ello que en su novena asamblea presencial, a celebrarse este sábado 4 de mayo, se harán talleres comunitarios para impulsar una ciudad comunal, comités vecinales autónomos y propuestas de democracia directa basadas en la justicia socio-ambiental, la interseccionalidad, la innovación y el amor a nuestro territorio.
La novena edición del encuentro, a iniciarse a las 10 am en “las Islas” de Ciudad Universitaria, bajo la Facultad de Filosofía y Letras, avanzará hacia la formación de una “<a href="https://www.instagram.com/reel/C6KexQROKYU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener">Ciudad Comunal</a>”: crear comités comunales con nuestres vecines, y desarrollar desde allí soluciones contra la gentrificación, el despojo de los pueblos y barrios originarios, el cartel inmobiliario, la destrucción de áreas de conservación, entre otras problemáticas.
La <a href="https://www.instagram.com/reel/C6KexQROKYU/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener">tarea principal</a> de los comités comunales será la creación de un Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de manera asamblearia. Y es que es desde el PGOT que se establece el modelo de desarrollo y la organización del territorio de Ciudad de México en temas como uso del suelo, infraestructura, transporte, vivienda, medio ambiente y más.
<figure id="attachment_1395293" aria-describedby="caption-attachment-1395293" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1395293" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/protestas-en-el-congreso-local-en-septiembre-2023.jpg" alt="Protestas en el Congreso de la CDMX. Septiembre 2023." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/protestas-en-el-congreso-local-en-septiembre-2023.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/protestas-en-el-congreso-local-en-septiembre-2023-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/protestas-en-el-congreso-local-en-septiembre-2023-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/protestas-en-el-congreso-local-en-septiembre-2023-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1395293" class="wp-caption-text">Foto: Asamblea Ecologista Popular.</figcaption></figure>
El camino hacia este momento fue marcada por las fervientes <a href="https://animalpolitico.com/estados/plan-de-ordenamiento-territorial-cdmx-congreso-planton" target="_blank" rel="noopener">protestas</a> que surgieron en contra del último PGOT propuesto por el Gobierno de la Ciudad de México. Estas fueron posibles solo gracias a que durante los últimos años la indignación social creció lo suficiente como para impulsar la formación de nuevas redes de defensa territorial, como el mismo Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias, <a href="https://cpbocx.wordpress.com/2022/02/08/pronunciamiento-del-encuentro-por-la-defensa-del-territorio-de-pueblos-barrios-y-colonias-de-ciudad-de-mexico/" target="_blank" rel="noopener">fundado a inicios de 2022</a>.
Durante las protestas, las organizaciones partícipes del Encuentro se esforzaron por visibilizar cómo el <a href="https://www.cronica.com.mx/metropoli/comunidades-organizan-rechazar-programa-ordenamiento-territorial-ciudad-mexico.html" target="_blank" rel="noopener">proyecto anterior de PGOT</a> carecía de falta de lineamientos básicos y directrices claras, así como de indicadores medioambientales completos, entre otros problemas significativos.
Con el respaldo de <a href="https://www.cronica.com.mx/metropoli/ciudadanos-entregan-23-mil-firmas-protesta-programa-ordenamiento-territorial.html" target="_blank" rel="noopener">más de 23 mil firmas</a> y el apoyo decidido de autoridades académicas, estudiantes y movimientos sociales, el Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias se enfrentó a una serie de desafíos, incluida la <a href="https://piedepagina.mx/policia-reprime-protesta-de-pueblos-y-barrios-originarios-de-la-cdmx-exigian-dialogo-con-la-autoridad/" target="_blank" rel="noopener">represión policial</a> y el agotamiento constante. A pesar de todo, al final, <a href="https://desinformemonos.org/celebran-pueblos-originarios-victoria-sobre-pgot-y-pgd/" target="_blank" rel="noopener">ganamos</a>: Martí Batres, actual jefe de Gobierno, anunció el retiro tanto de sus propuestas de PGOT como de Plan General de Desarrollo.
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<h2>Más allá de la protesta, la construcción comunitaria</h2>
El Encuentro de Pueblos, Barrios y Colonias está ahora comprometido directamente en la elaboración de su propia propuesta de PGOT. En la red participan numerosas organizaciones y asambleas territoriales de la ciudad, como la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco, la Asamblea Popular Resistencia Atlitic, el Frente por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la cuenca del Anahuac, el Colectivo Claudia Cortés, el Centro Nacional de Organizaciones en Reingeniería Urbana y Social A.C., el Movimiento Vecinal de Tlalpan, el Colectivo de Vecinos Originarios de la Colonia Tabacalera, la Asamblea Vecina Contra las mega-construcciones Tlalpan Coyoacán Cooperativa Acción Comunitaria, Legado Gaia, la Red de Mujeres en la Defensa del Territorio y, por supuesto, la  Asamblea Ecologista Popular, organización ambientalista juvenil y LGBTQ+.
Y si la anterior propuesta de PGOT <a href="https://animalpolitico.com/estados/cdmx-proyecto-plan-ordenamiento-omite-regular-precio-vivienda" target="_blank" rel="noopener">se negaba confrontar a los grandes capitales</a> y <a href="https://piedepagina.mx/el-nuevo-plan-de-ciudad-de-mexico-pretende-urbanizar-30-mil-hectareas-forestales-acusan-pueblos-y-barrios/" target="_blank" rel="noopener">planteaba reformas ecocidas</a>, ahora toca impulsar un proceso justo, que redignifique a la gente y a la naturaleza. La bio-arquitecta Ameyalli Magallón, integrante del Encuentro, también profundiza sobre esto: “Tenemos que avanzar hacia indicadores para la vida. Indicadores de calidad, que por ejemplo eviten el desplazamiento forzado de las personas por la falta de acceso a la vivienda en el centro de la ciudad, por la mala calidad del agua entubada que se reciben los hogares, o por el asedio de la ciudad mercancía”.
Durante la asamblea del 4 de mayo se realizará también una breve protesta frente a la Facultad de Arquitectura para denunciar cómo muches de sus egresades, amparándose en una supuesta apoliticidad, han contribuido como principales arquitectos del modelo de ciudad-mercancía que actualmente enfrentamos y que genera tantos problemas.
Desde la Asamblea Ecologista Popular allí estaremos durante todo el evento, y esperamos que ustedes lectores también jalen: 4 de mayo, a las 10 de la mañana, en “las Islas” de Ciudad Universitaria bajo la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Bonita semana!
* La Asamblea Ecologista Popular (<a href="https://twitter.com/AsambleaEpop" target="_blank" rel="noopener">@AsambleaEpop</a>) es una organización de defensa del territorio, liderada por juventudes LGBTQ+, cuyo objetivo principal es profundizar la democracia comunitaria para fortalecer a nuestros territorios ante la actual crisis ecológico-social. El objetivo es promover la participación ciudadana y abordar la crisis civilizatoria a través de la implementación de redes de apoyo mutuo, la defensa del territorio, proyectos jurídico-legislativos disruptivos, y manifestaciones. Buscamos fortalecer vínculos entre la defensa del territorio, las luchas sociales y el movimiento climático internacional, pues creemos que solo la unión de luchas, de manera estratégica, solidaria, profundamente democrática e interseccional, logrará crear una alternativa política capaz de evitar el colapso climático.

Democracia chilanga SIN partidos: hacia una ciudad comunal para pueblos, barrios y colonias de CDMX

En esta primera entrega abordamos la <a href="https://readymag.website/u3038421399/informeINM/" target="_blank" rel="noopener">militarización del Instituto Nacional de Migración (INM)</a>, principal ejecutor de la política migratoria y de la construcción de narrativas coercitivas y criminalizantes que colocan a las personas migrantes como enemigos externos, y que a su vez se encargan de legitimar mecanismos simbólicos, comunicativos, jurídicos con los que se ejecutan acciones arbitrarias y discriminatorias y que, en suma, construyen la idea de la migración como un riesgo a la soberanía y la seguridad nacional del país.
Aunque los orígenes de la militarización en nuestro país se remontan a varias décadas atrás, es importante destacar que en los últimos cinco años ésta se ha agudizado <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/Negocio2.0.pdf" target="_blank" rel="noopener">al otorgar a las fuerzas armadas un papel preponderante en varios ámbitos de la vida nacional</a>, entre ellas las labores de seguridad pública y de control migratorio. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Tan sólo la Guardia Nacional, creada en 2019 como una institución federal de seguridad pública, hoy se ubica como una de las cuatro fuerzas armadas en el país. No sólo su personal tiene una formación y disciplina militar, también se caracteriza por estar liderada por altos mandos del Ejército y por los dispositivos que implementa de manera táctica,<a href="https://ejercitoespia.r3d.mx/" target="_blank" rel="noopener"> como la tecnología de videovigilancia o de ciber inteligencia</a>.
La militarización del Instituto Nacional de Migración, una institución de carácter civil con atribuciones directas a la Seguridad Nacional, tiene implicaciones graves para los derechos humanos de las personas migrantes. Implica que sus funciones como instancia ejecutora de las disposiciones (en virtud de la ley mexicana) para la regulación en el ingreso, tránsito y salida de las personas dentro de territorio nacional ha sido permeado por una estructura militar en dos sentidos: el primero, al concederle atribuciones a la Guardia Nacional en materia migratoria, como el control y verificación en coordinación con elementos del INM, y al incorporar en su organización interna a personal militar, incluso en cargos estratégicos.
La participación de la GN en tareas de control migratorio destaca en el amplio despliegue de elementos que se ha tenido desde 2019 en la frontera sur y que hasta enero de 2024, de acuerdo con cifras públicas, 32,150 elementos de la Guardia Nacional se encuentran incorporados al Plan de migración en la frontera norte y sur. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
En cuanto a la incorporación de elementos militares a la estructura del INM, a junio de 2023 14 de los 32 titulares de las oficinas de representación del INM tienen una formación militar, cuyos nombramientos se dieron entre 2019 y 2023, de acuerdo con el PRAMI-IBERO. Además, de los estados donde militares ocupan cargos titulares de las Oficinas de Representación, Sonora, Veracruz y Chiapas coinciden en tener las tasas más altas de violaciones a derechos humanos hacia personas migrantes.
Finalmente está el uso de eufemismos como eje de la<a href="https://concopiaoculta.org/" target="_blank" rel="noopener"> narrativa gubernamental</a>, que intenta manipular la realidad y ocultar la grave situación de los derechos humanos de las personas en contexto de migración forzada en México. Se trata de una narrativa que, por un lado, nombra como “rescate” a lo que de facto son detenciones arbitrarias cometidas casi siempre con uso de violencia verbal y física, entre otras violaciones a derechos humanos. Y que, por otro lado, criminaliza y estigmatiza a las personas migrantes como enemigos y una amenaza a la seguridad, como ha sucedido recientemente en Chihuahua.
La manipulación de la realidad y el uso de eufemismos en la narrativa gubernamental constituyen una forma de control social desde el poder político. Son mecanismos que, junto con la impunidad, protegen a los perpetradores de violencia, sean estatales o criminales, evaden la responsabilidad estatal de proteger los derechos de las personas, e intentan imponer una mentira como verdad social. Por eso más que nunca es fundamental la participación y organización de la sociedad para atender la crisis de derechos humanos en nuestro país.
* La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM (<a href="https://twitter.com/RedodemMX" target="_blank" rel="noopener">@RedodemMX</a>) es una red nacional de albergues, casas para migrantes y organizaciones en 14 estados del país.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Para profundizar en el tema, cinco organizaciones de sociedad civil (Intersecta, R3D, Data Cívica, México Unido contra la Delincuencia y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la CDMX) han publicado este año diversos informes que profundizan y producen una radiografía del tema.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Informe de seguridad, 16 de enero de 2024, disponible <a href="https://www.gob.mx/presidencia/documentos/informe-deseguridad-16-de-enero-de-2024" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Claves para comprender la militarización de la política migratoria en México (Parte 1)

Cuando alguien habla de los derechos de los trabajadores nos imaginamos posiblemente a jornaleros que laboran en distintas industrias: textiles, automotrices, mineras o de la construcción. Tal vez pensamos en la lucha social de los campesinos y obreros que exigen condiciones de trabajo justas. Pero pocas veces nos viene a la mente las mujeres que ejercemos el trabajo sexual.
Las teiboleras, ficheras, las que nos paramos a talonear en las calles, avenidas o parques, incluso las que generan contenido para plataformas como Onlyfans o redes sociales. Las mujeres que con nuestra chamba formamos parte del 60 % de trabajadores que nos dedicamos a la economía informal en México.
<figure id="attachment_1395007" aria-describedby="caption-attachment-1395007" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1395007" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajo-sexual-es-trabajo.jpg" alt="Trabajadora sexual en calles de la Ciudad de México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajo-sexual-es-trabajo.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajo-sexual-es-trabajo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajo-sexual-es-trabajo-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajo-sexual-es-trabajo-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1395007" class="wp-caption-text">Trabajo sexual es trabajo. Foto: Natalia Lane.</figcaption></figure>
Hace poco leía un artículo sobre Marcelina Bautista, una mujer referente importante en la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar y de su sindicato nacional. El texto se titulaba “De sirvientas a trabajadoras” y en él se hablaba de la desprotección del Estado, la falta de seguridad social o jubilaciones y la discriminación laboral cotidiana que viven las compañeras en América Latina.
No pude evitar pensar en que cómo estas violencias y estigmas no son distintas a las que vivimos las trabajadoras sexuales. Con la gran diferencia que a las compañeras jamás se les pone en duda que su trabajo sea un trabajo de verdad.
&#8220;¿Y aparte de esto te dedicas a otra cosa? ¿Si tienes un trabajo en serio?&#8221;. Esas son algunas de las preguntas que nos han hecho clientes o personas cercanas a nosotras. Porque el trabajo sexual ni siquiera se considera como un trabajo en sí. Esta permeado por los estigmas de la sexualidad y el machismo.
Muchos de nosotras crecimos con el imaginario de la puta y la santa en un sistema de creencias religiosas y familiares que basan el valor de las mujeres en nuestra virginidad o la vida sexual que llevemos. Entonces, ¿por qué el trabajo sexual incomoda tanto a la sociedad?
Históricamente el papel de las trabajadoras sexuales ha sido motivo de repudio y asombro. Desde la Malinche, esa mujer inteligente que sirvió como puente de comunicación entre los genocidas españoles y el pueblo azteca, pasando por Sien Hoornik, una costurera y cortesana que inspiró al mismo Vincent Van Gogh, hasta la propia Cleopatra, una gobernante seductora y capaz de dominar a emperadores como Julio Cesar y Marco Antonio.
A todas ellas se les juzgó e interpeló como mujeres sin escrúpulos y calculadoras. Y aunque sería una imprecisión histórica verlas como trabajadoras sexuales exclusivamente, fueron mujeres que supieron capitalizar su sexualidad y erotismo para conseguir sus objetivos.
Pero regresando al artículo de Marcelina Bautista, gracias a la lucha política de las trabajadoras del hogar se logró incorporar algunas de sus exigencias a la Ley Federal del Trabajo en el 2019. Exigencias como el derecho a horas de descanso, alimentación adecuada y espacios dignos de trabajo.
¿Imagínense cómo es entonces la situación de las mujeres trabajadoras sexuales en nuestro país? Cómo lo dice Georgina Orellano, secretaría general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales en Argentina (AMMAR): &#8220;Si las feministas blancas están intentando romper el techo de cristal, las trabajadoras sexuales estamos apenas escarbando un piso sin pavimentar&#8221;.
Aún son muchas las batallas que faltan por ganar, quizás la que más nos aterra es ser visibles y dejar la clandestinidad. Salir del clóset puteril no es nada fácil, implica renunciar a un chingo de cosas. Particularmente de la propia mirada de nuestros conocidos y familia.
<figure id="attachment_1395017" aria-describedby="caption-attachment-1395017" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1395017" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajadoras-sexuales.jpg" alt="Trabajadoras sexuales en las calles de la Ciudad de México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajadoras-sexuales.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajadoras-sexuales-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajadoras-sexuales-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/trabajadoras-sexuales-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1395017" class="wp-caption-text">Movilización comunitaria, clave para el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Foto: Natalia Lane.</figcaption></figure>
En la Ciudad de México el trabajo sexual no es considerado como un delito, ni siquiera se contempla como una falta administrativa en la Ley de Cultura Cívica, pero eso no quiere decir que las colegas no padezcamos los estragos de la criminalización de la policía y la violencia institucional del gobierno.
Durante la pandemia, los hoteles y establecimiento comerciales cerraron sus puertas desalojando a muchas trabajadoras sexuales del centro y quitándoles sus fuentes de trabajo e incluso las habitaciones que rentaban al ser foráneas de la capital. Para las que trabajamos en la calle, nunca ha sido un secreto que los policías extorsionan y persiguen a nuestros clientes cuando nos contratan.
La movilización comunitaria ha sido clave para que se reconozcan algunos de nuestros derechos laborales. Gracias al juicio de amparo en 112/2013, interpuesto por organizaciones de la sociedad civil, el trabajo sexual pudo ser reconocido bajo el esquema de trabajo no asalariado por parte de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México.
Pero de nada nos sirve ser reconocidas en el papel como trabajadoras no asalariadas, si en el día a día las compañeras seguimos sin tener acceso a derechos básicos como seguridad social, prestaciones o jubilación digna.
No tiene sentido tener un carnet de trabajo sexual si las colegas debemos pagar de nuestros bolsillos un servicio médico privado o se nos niega rentar un departamento o habitación por no contar con un comprobante de ingresos oficial.
Uno de los argumentos más comunes para negar estos derechos es creer que las trabajadoras sexuales no pagamos impuestos, ni tenemos un esquema patronal de trabajador-empleador. Por tanto no cumplimos con las obligaciones fiscales que cualquier otro ciudadano tiene.
¿Saben cuál es la derrama económica y la cantidad de dinero que aportamos a la economía informal las trabajadoras sexuales? De acuerdo con la segunda encuesta en este rubro que hizo el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), el 80 % de las compañeras mantenemos económicamente a nuestras familias o tenemos más de un dependiente económico.
Entre maternar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres y madres y pagar los servicios básicos de vivienda como luz, agua potable, comunicaciones, entre otros. Las trabajadoras sexuales aportamos grandes cantidades, hasta ahora incuantificables por el INEGI o el SAT, a la vida diaria de nuestras familias y la economía de este país.
Viendo la otra cara de la moneda, ¿saben cuántas personas, cadenas de hoteles, farmacias, sex shops, servicios taxis o por aplicación como Uber o Indrive se benefician directa o indirectamente de nuestra chamba cotidiana en el talón?
La Organización Internacional de Trabajo OIT ha señalado que los gobiernos deben reconocer oficialmente la industria del sexo y el trabajo sexual, pero esto no lo hacen por ser buenas personas o por proteger nuestros derechos laborales, sino por la oportunidad de los Estados para recaudar impuestos directamente de este sector.
Estas visiones fiscales dejan a un lado a las trabajadoras sexuales que se encuentran en mayores condiciones de pobreza y desigualdad.
El problema no está en los impuestos, sino en la clandestinidad de nuestro trabajo. Las colegas somos clandestinas en un sistema que está más preocupado por &#8220;rescatarnos&#8221; del trabajo sexual que en garantizarnos condiciones laborales seguras y dignas para seguir ejerciéndolo.
El feminismo blanco de escritorio no se queda atrás. Sus prejuicios racistas y falta de conciencia de clase han contribuido a alimentar la narrativa de la buena víctima. De quitarnos toda capacidad de agencia y vernos como mujeres explotadas por la industria sexual. No pueden imaginar a una mujer trans trabajadora sexual haciendo políticas de calle y organizándose colectivamente con otras compañeras.
La pregunta no es si las colegas necesitamos ser rescatadas del trabajo sexual. La pregunta es ¿por qué tenemos que seguir en la clandestinidad y sin derechos laborales?  
Y así como alguna vez Marcelina Bautista y las trabajadoras del hogar renunciaron a ser las sirvientas sin derechos, nosotras renunciamos a la criminalización de nuestro oficio y reivindicamos el trabajo sexual como nuestro proyecto de vida. Es tiempo de que las trabajadoras sexuales nos miremos a nosotras mismas con derechos y no clandestinas.
* Natalia Lane (<a href="https://twitter.com/natalia_lane" target="_blank" rel="noopener">@natalia_lane</a>) es mujer trans, comunicóloga y Asambleísta Consultiva en <a href="https://twitter.com/COPRED_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@COPRED_CDMX</a>.

¿Nos queremos clandestinas o con derechos? La lucha de las trabajadoras sexuales

El pasado 24 de abril, la comisión permanente de quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-2024/cdmx/ordenan-a-morenistas-bajar-publicaciones-donde-vinculan-a-taboada-con-corrupcion-inmobiliaria" target="_blank" rel="noopener">resolvió una queja promovida por el Partido Acción Nacional</a> en contra de diversos miembros del Partido Morena <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-2024/cdmx/quejas-iecm-calumnias-taboada-corrupcion-inmobiliaria" target="_blank" rel="noopener">por la presunta comisión de conductas de calumnia</a>, en particular por las afirmaciones que vinculan a Santiago Taboada con el cartel inmobiliario.
Más allá de las votaciones particulares de los miembros de la comisión, hasta aquí se trata de un acto normal y cotidiano de cualquier autoridad electoral. Una deliberación libre, sobre un asunto polémico. El día a día de un consejero electoral. Es más, el partido y los personajes señalados en la queja aún pueden intentar salvaguardar sus derechos e impugnar ante los tribunales el acto de la comisión de quejas. Se trata pues de un asunto que está en proceso de resolución definitiva.
Sin embargo, las reacciones en las redes sociales en contra de los consejeros electorales del IECM son absolutamente inadmisibles y desproporcionadas. No sólo es la descalificación o el insulto, sino que se llegó a la amenaza de muerte. Es gravísimo. Urge que detengamos la polarización y dejemos de normalizar la violencia. Si ese es el tono frente a un acto que no es definitivo, imaginemos las reacciones en redes sociales frente a resoluciones firmes que sean adversas.
Por supuesto toda mi solidaridad con los consejeros electorales y con quienes laboran en el IECM. Es inaceptable que su trabajo se vea sometido a esas presiones extremas. A poco más de un mes de las elecciones tenemos que ser capaces de restaurar los canales de diálogo civilizado. No es posible el nivel de intolerancia. Los precedentes que se siembran son por demás ominosos.
La violencia creciente en este proceso electoral parece acercarse ahora a las autoridades. Ojalá sepamos detenerla a tiempo y no se salga de las redes a las calles.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Instituto Electoral de la Ciudad de México: consejeros bajo amenaza

Afortunadamente, ambas candidatas prometen desplegar las energías renovables. La diferencia se encuentra entre Claudia Sheinbaum queriendo mantener un 54 % de generación para la CFE y Xóchitl Gálvez reabriendo competencia para el sector privado. Personalmente, y con mi experiencia profesional internacional, abogaría por la segunda opción. Si el sector privado puede suministrar electricidad renovable a un menor costo, hogares, negocios e industrias se beneficiarían. La segunda opción también liberaría recursos fiscales –tanto en subsidios, como en inversiones astronómicas, no solo en plantas de generación, sino también en líneas de transmisión y distribución–  para programas sociales con mayor impacto.
Pero reabrir esta discusión no nos llevaría lejos. Ambas posturas están definidas. Prefiero introducir un tema que debería ser apartidista: ¿cómo podemos asegurar una transición justa e incluyente?
Primero, aprendamos del pasado. Proyectos eólicos en Oaxaca han enfrentado conflictos sociales desde los 90. Las causas son distintas. Desarrolladores extranjeros no entendiendo la particularidad de los ejidos en México, los usos y costumbres de las comunidades, así como procesos de negociación injustos en los que los desarrolladores cuentan con más información que las comunidades, o en los que se negocia con un par de representantes quienes concentran los beneficios que no llegan a toda la comunidad.
Resulta fácil culpar al sector privado y al neoliberalismo por estas negligencias y fallas. Sin embargo, la literatura en México y en el mundo muestra que las comunidades no se oponen generalmente a los proyectos renovables, sino a la manera que se les involucra y limita su participación. Y el Estado también es y ha sido culpable en esto.
Como parte de las reformas del sexenio de Enrique Peña Nieto, se requirió un trámite de impacto social para proyectos renovables (y otros proyectos energéticos). Sin embargo, el trámite lo resuelve la SENER, que está poco equipada para entender complejidades sociales. Así, en lugar de realmente evaluar el impacto social de determinado proyecto, el trámite se ha convertido en burocracia y papeleo adicional para los desarrolladores.
De igual manera, tanto Estado como sector privado han ignorado la figura de consulta previa (libre e informada) a pueblos indígenas, de la cual México es signatario ante la Organización Internacional del Trabajo desde principios de los 90. Por ejemplo, las subastas del sexenio anterior, sobre las cuales ya escribí en <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/corrupcion-burocracia-y-la-promesa-de-energia-renovable-en-mexico" target="_blank" rel="noopener">2018</a> y <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/volviendo-al-futuro-un-2019-sin-subastas-electricas" target="_blank" rel="noopener">2019</a>, asignaron proyectos sin la participación ni consulta previa a comunidades. Muchos de esos proyectos fueron asignados en Yucatán, un recinto de la cultura y comunidad maya. Siendo justos, alrededor del mundo y no solo en México, desarrolladores llegan a las comunidades en etapas ya avanzadas del proyecto, lo que normalmente las obliga a aceptar en lugar de influir el desarrollo. Esta dinámica se debe revertir. La aceptación social del proyecto debe ser uno de los primeros pasos, incluso quizá por encima de los técnicos.
El camino para asegurar una transición justa e incluyente será largo y complejo. Dicho eso, la siguiente administración debe tomar acciones tempranas para encaminarla. Primero, deberá integrar a comunidades impactadas en el diseño e implementación de proyectos renovables. Para ello, tendrá que realizar talleres en las comunidades sobre los tipos de beneficios a los que pueden acceder. Estos son diversos y van desde ser dueños (o co-dueños) de los proyectos hasta el mejoramiento de infraestructura básica en la comunidad como caminos o agua potable. Comunidades más informadas nivelarán las negociaciones con desarrolladores, ya sean públicos o privados. La siguiente administración también tendrá que monitorear, a largo plazo, que los beneficios lleguen a toda la comunidad y no se queden en manos de unos cuantos.
El trámite de impacto social debe cimentar el debido cumplimiento de lo anterior. Si el trámite se queda en la SENER, se deberá capacitar y contratar más personal en este tema. También se deberá entablar mejor comunicación con otras dependencias como el Instituto Nacional de Desarrollo Social o la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, sin que esto aumente la carga burocrática para el desarrollador.
Como amante de las subastas, no puedo dejar pasar la oportunidad para pedir su regreso. Las subastas se pueden diseñar de tal manera que promuevan el desarrollo comunitario e industrial, además de crear empleos y empresas locales. Ese fue el tema que promulgué en mi paso por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés). <a href="https://www.irena.org/publications/2019/Dec/Renewable-energy-auctions-Status-and-trends-beyond-price" target="_blank" rel="noopener">Uno de mis reportes</a> ha servido a varios países para diseñar subastas que promuevan transiciones justas e incluyentes. Ahora más que nunca, serviría en México. No podemos pasar otra administración sin desplegar nuestro potencial en renovables. Ya sea impulsada por el Estado o los privados, la transición no debe dejar a nadie atrás.
* Carlos Guadarrama (<a href="https://twitter.com/ca_guadarrama" target="_blank" rel="noopener">@ca_guadarrama</a>) es un experto internacional en política energética. Se especializa en el diseño y análisis de políticas para energías renovables y para transiciones energéticas justas e inclusivas. Ha enfocado su trabajo en África, Asia y Latinoamérica, desde organizaciones internacionales como en Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía Renovable. Su opinión no refleja la de los organismos donde ha trabajado. Es egresado del ITAM y de Harvard (y está por comenzar el doctorado en Oxford).

Renovables justas e incluyentes para la siguiente administración

El domingo pasado se llevó a cabo el segundo debate entre las personas candidatas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX). En él, se trató un tema crucial para los habitantes de la ciudad: el combate a la corrupción. De acuerdo con el INEGI, la CDMX es la entidad en todo el país en donde se <a href="https://latinus.us/2024/03/27/capitalinos-pagan-mas-incurrir-actos-corrupcion-cdmx-cuesta-doble-media-nacional-inegi/" target="_blank" rel="noopener">paga</a> más por corrupción en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios, costando a sus ciudadanos el doble que la media nacional.
A pesar de esta situación, la ciudad no cuenta con una estrategia integral de combate a la corrupción para hacer frente al problema, ya que el Sistema Local Anticorrupción, que por mandato constitucional debe existir, se encuentra <a href="https://youtu.be/ghhJuycgz_c?si=yfVV5C7VqSIcgitB" target="_blank" rel="noopener">desmantelado</a> desde hace 2 años: no cuenta con integrantes, no tiene presupuesto y no se ha realizado una política, un plan de implementación y mucho menos un plan de monitoreo y evaluación en la materia.
Bajo este panorama, uno pensaría que el debate se centraría en propuestas para la reconstrucción del sistema o en soluciones innovadoras  para combatir este gran problema. Sin embargo, la actitud de los contendientes punteros, Clara Brugada y Santiago Taboada, se limitó a un show mediático marcado por la confrontación personal y las acusaciones de corrupción. Utilizaron cada minuto de su tiempo para hablar del cartel inmobiliario en la Benito Juárez o la corrupción en la alcaldía Iztapalapa, donde cada uno fue delegado. De las 2 o 3 propuestas que mencionaron (Taboada propuso la reforma a la fiscalía de la CDMX e impulsar el gobierno digital, mientras que Brugada, crear un gabinete anticorrupción y tabuladores de precios máximos) no explicaron los alcances ni las implicaciones de ninguna de ellas.
El único candidato que ocupó su tiempo para presentar propuestas fue Salomón Chertorivski, quien al hablar de la corrupción la conceptualizó como un complejo sistema que debe ser combatido por otro más eficaz: el Sistema Local Anticorrupción. En ese sentido, propuso reconstruirlo, con la ciudadanía a la cabeza y con una fiscalía anticorrupción autónoma. Además, habló de un proyecto denominado “Transparencia 360” que buscará transparentar, en tiempo real, las acciones y las cuentas gubernamentales, con ayuda de la tecnología, especialmente en el área de compras públicas.
Chertorivski propuso también la creación de un observatorio ciudadano de los programas sociales, pues es un área con altos índices de corrupción, así como impulsar el servicio profesional de carrera para la capacitación y certificación de los servidores públicos. Si bien estas ideas no son la panacea, nos dejan ver a un candidato preocupado por proponer acciones tangibles de política pública que puedan disminuir los índices de corrupción en la capital del país.
A pesar de haber sido el candidato que sin duda ganó el debate, los <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-defiende-Brugada-20240422-0005.html" target="_blank" rel="noopener">números</a> no le van a dar para ganar la jefatura de gobierno, lo que nos deja con un mal sabor de boca al pensar que quien gane no atenderá el problema de la corrupción como es debido. Ninguno de los candidatos realizó propuestas para atender el problema de la corrupción con las autoridades de seguridad pública, siendo <a href="https://latinus.us/2024/03/27/capitalinos-pagan-mas-incurrir-actos-corrupcion-cdmx-cuesta-doble-media-nacional-inegi/" target="_blank" rel="noopener">este</a> el espacio de interacción en el que hay  más corrupción en la capital. Tampoco hablaron del papel de los denunciantes y víctimas de la corrupción: cómo protegerlos, cómo asegurar su anonimato, cómo incentivarles para que denuncien o cómo repararles el daño. De igual manera, hoy en día sabemos que la corrupción afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres, a personas con discapacidad o que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas. A pesar de ello, no hubo propuestas con enfoques interseccionales que puedan atender a estas minorías.
Si bien los debates no están hechos para desarrollar propuestas a profundidad, sí lo están para contrastarlas y precisamente debatir sobre cuál es más o menos factible, urgente y necesaria. En verdad es triste ver el nivel de discusión que impera no sólo en la capital, sino en todos los procesos electorales que se están llevando a cabo en el país. Es responsabilidad de los candidatos hacerse de equipos de trabajo sólidos que los asesoren sobre las propuestas que van a realizar. De igual manera, contar con un nivel alto de argumentación y de debate. A nosotros, los votantes, nos toca estudiar la trayectoria y los planteamientos de las personas que quieren ocupar un puesto de elección popular, no irnos sólo con un color, una canción o un anuncio publicitario, pues de nosotros dependerá el gobierno que tengamos en los próximos 3 o 6 años.
* Emiliano Montes de Oca (<a href="https://twitter.com/EmilianoMDO" target="_blank" rel="noopener">@EmilianoMDO</a>) es coordinador de los proyectos anticorrupción y Michelle Cruz (<a href="https://twitter.com/Michellecruz_v" target="_blank" rel="noopener">@Michellecruz_v</a>) es pasante, ambos en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://twitter.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

En el segundo #DebateChilango, los candidatos punteros quedan a deber en propuestas anticorrupción

“La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”.
Edmond Thiaudière, escritor y filósofo francés
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Se inicia la fase final del proceso electoral federal y en el discurso gubernamental predomina la polarización excluyente, que conlleva a la cancelación del espacio político para el diálogo y el acuerdo en beneficio del interés nacional, que por naturaleza necesita consenso en la diversidad.
Con esa orientación, la arquitectura política del gobierno se ha enfocado en descalificar o anular la acción de las organizaciones comunitarias y civiles que apoyan a los grupos sociales, impidiendo que se conviertan en actores de su propio desarrollo inclusivo.
Este enfoque no es nuevo: en el presupuesto 2019 que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en diciembre de 2018 al Congreso se suprimía el 100 % de los recursos destinados al Programa de Coinversión Social (PCS), que en ese año obtuvo 187 millones de pesos para el apoyo al trabajo que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), todas ellas sin fines de lucro.
Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, con el argumento de que las poco más de 40 mil OSC eran opacas y corruptas, el Mandatario giró una circular a todas las dependencias federales ordenando “no transferir recursos del presupuesto a ninguna agrupación social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”.
A la distancia, lo anterior ha resultado en la pérdida de valiosas experiencias ciudadanas en la formulación de políticas públicas. En su lugar, se han fortalecido políticas clientelares que buscan crear ciudadanos dependientes de las autoridades, socavando la autonomía y el tejido social participativo y autogestionario. Se ha establecido una relación clientelar con las personas más vulnerables, reduciendo su esfera de derechos fundamentales a la simple transferencia económica periódica directa.
Esto sugiere un regreso a una época en la que la relación entre el gobierno y las comunidades se limitaba a la presentación de demandas por parte de los ciudadanos y la oferta de soluciones por parte del gobierno.
El actual es un momento crucial para que los candidatos a cargos de elección popular expliquen sus propuestas y planes para el futuro del país, y que, con la participación ciudadana, la clase política esté dispuesta y con altura de miras para transformar las formas de operar del gobierno y a legitimar los actos gubernamentales permitiendo una mayor influencia de todos los sectores sociales en el espacio público -entendido como aquello que es común, general y de interés para todos-, para la toma de decisiones colectivas con el objetivo de fortalecer la construcción de políticas públicas en beneficio del bien común.
Ante este panorama, la única alternativa viable es adoptar una actitud de resistencia, fortaleciendo a las comunidades para que puedan seguir articulando sus demandas desde lo local y construir experiencias multiplicadoras que desafíen las reglas del clientelismo y promuevan la autonomía. Este nuevo acuerdo en la relación gobierno-ciudadanía requiere un pacto renovado de toda la sociedad.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Los desafíos de las OSC ante la nueva administración

A lo largo de nuestra historia, el país ha enfrentado profundas raíces de corrupción que han permeado todas las esferas de la sociedad y han erosionado la confianza de la población civil en las instituciones gubernamentales. Ante este panorama, las candidatas y el candidato a la presidencia para las elecciones de 2024 han presentado diversas propuestas y estrategias para abordar esta problemática.
En este contexto, es crucial realizar un análisis exhaustivo de las propuestas para evaluar su viabilidad, efectividad potencial y coherencia con los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos. Aunque ya conocemos sus intenciones en cuanto a corrupción se trata gracias al primer debate presidencial, nos dimos la tarea de investigar los planes de gobierno de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. Aquí les va nuestro análisis.
A través de un examen detallado de las propuestas presentadas, es posible identificar tanto fortalezas como debilidades, así como realizar comparaciones que arrojen luz sobre las diferentes visiones y enfoques para abordar esta problemática crucial.
Xóchitl Gálvez presenta un enfoque centrado en la transparencia y la protección de denunciantes, dos aspectos fundamentales para reducir la corrupción. La implementación de una Política General de Transparencia y Datos Abiertos es un paso positivo hacia un gobierno más accesible. Sin embargo, es necesario garantizar que esta política no sea solo un ejercicio superficial, sino que realmente permita un acceso significativo a la información y una supervisión efectiva de las actividades gubernamentales.
La propuesta de establecer un Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción es igualmente crucial, ya que puede fomentar una cultura de denuncia y disminuir el miedo a represalias. No obstante, se requiere una infraestructura sólida y salvaguardias legales para proteger la identidad y seguridad de las personas denunciantes, así como una visión colectiva que pueda salvaguardar, por ejemplo, pueblos o barrios que son violentados sus derechos por los delitos de corrupción.
Aunque Gálvez menciona medidas para fortalecer la fiscalización de recursos y regulaciones sobre compras gubernamentales, es imperativo que estas medidas estén respaldadas por mecanismos de supervisión y rendición de cuentas eficaces para evitar posibles abusos.
Otro de los temas importantes que ha mencionado la candidata es que fortalecerá al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo garantizará su autonomía y recursos plantea preocupaciones sobre la viabilidad y la efectividad a largo plazo de estas propuestas.
La propuesta de Claudia Sheinbaum es el llamado “plan en materia de gobierno honesto y combate a la corrupción” el cual consiste en ocho puntos: 1) Enfoque de Derechos, 2) Acuerdo nacional para un buen gobierno, 3) Agencia Federal Anticorrupción, 4) Rediseñar la Secretaría de Función Pública, 5) Modelo Nacional para investigar delitos de corrupción, 6) Enfrentar la corrupción en la cadena de seguridad-justicia, 7) Mejores contrataciones públicas y transparentes, 8) Criterios generales de la estrategia anticorrupción.
Aunque hay tela para cortar en cada uno de los ocho puntos del programa de Sheinbaum, uno de los elementos que más ha llamado la atención es la Agencia Federal Anticorrupción, la cual se presenta como una institución altamente especializada y operativa, directamente dependiente del Poder Ejecutivo. En esta propuesta se destacan tres puntos principales: especialización y capacidades de investigación, selección y profesionalización del personal, y por último, supervisión de proveedores y contratistas.
Algunos críticos sugieren que estas agencias requieren condiciones específicas para ser efectivas, como por ejemplo: autonomía e independencia, recursos adecuados, personal capacitado, tiempo suficiente para resultados concretos, apoyo político, y capacidades internas de coordinación. Sin embargo, la propuesta de Sheinbaum presenta problemas en varios de estos aspectos.
Primero, una agencia anticorrupción adscrita al Poder Ejecutivo no sería autónoma y estaría sujeta a interferencias políticas. Igualmente, la llamada “austeridad republicana” del gobierno actual y la falta de apoyo a instituciones especializadas plantean dudas sobre si la agencia tendría los recursos necesarios. Por otro lado, la falta de crítica de Sheinbaum hacia las prácticas de nepotismo y favoritismo en el gobierno sugiere incertidumbre sobre si la agencia contratará  personal calificado.
Además, la estrecha relación propuesta entre la agencia y la Fiscalía General de la República podría limitar su efectividad, dada la historia de impunidad y falta de rendición de cuentas de esta última. La falta de acción de Sheinbaum en casos de corrupción durante su gestión como jefa de Gobierno de Ciudad de México también genera dudas sobre su compromiso contra la corrupción, no solo en la narrativa oficialista sino en la efectividad de la gestión pública en la materia.
Por su parte, la propuesta de Jorge Álvarez Máynez de consolidar los órganos garantes de la transparencia es una medida positiva para fortalecer las instituciones encargadas de contrarrestar la opacidad. La coordinación mejorada entre estas instituciones podría aumentar la eficacia en la prevención y detección de actos corruptos.
La propuesta de establecer tiempos acotados para la respuesta y resolución de casos relacionados con corrupción es igualmente prometedora, ya que podría agilizar la justicia y fortalecer la confianza en el sistema. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo se implementarán estas medidas y cómo se financiarán plantea incertidumbres sobre su viabilidad práctica.
Asimismo, su propuesta de utilizar intensivamente las tecnologías de información y comunicación electrónica también es loable, pero es crucial garantizar que se utilicen de manera ética y responsable. La participación activa de la sociedad civil y la academia en el diseño e implementación de estas tecnologías es fundamental para evitar sesgos y discriminación.
El candidato de Movimiento Ciudadano también propuso durante el primer debate presidencial de 2024 la iniciativa &#8220;3 de 3&#8221; como medida para combatir la corrupción en México y garantizar transparencia en las licitaciones gubernamentales. Esta iniciativa, tiene como objetivo principal fomentar la honestidad y la integridad en el gobierno, reduciendo así los riesgos de corrupción, al incluir la presentación pública y periódica de declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses por parte de todos los funcionarios públicos del país.
Esto permitiría detallar los gastos e inversiones del Gobierno, identificar posibles irregularidades en los ingresos y gastos de los funcionarios, y prevenir el nepotismo y la corrupción a través de la revelación de conexiones de redes políticas o personales.
Aunque la iniciativa &#8220;3 de 3&#8221; y su reforma constitucional son pasos positivos hacia la transparencia y la reducción de la  corrupción, aún existen desafíos pendientes. Por ejemplo, se necesitan mecanismos efectivos de supervisión y sanción para garantizar el cumplimiento de estas normativas. Además, es crucial abordar otros aspectos de la corrupción, como la impunidad y la falta de independencia judicial, para lograr un verdadero cambio en la cultura política y administrativa del país.
En términos de comparación, las propuestas de Gálvez y Álvarez parecen centrarse más en medidas concretas para fortalecer las instituciones anticorrupción y mejorar la transparencia, aunque estas propuestas siguen encasilladas bajo los mismos paradigmas ya conocidos para abordar la corrupción, lo cual, además de poco innovador, son modelos burocráticos que bien sabemos no han funcionado. La propuesta de Sheinbaum, en cambio, plantea la creación de una nueva institución que genera preocupaciones sobre la concentración de poder. Históricamente, en México, la concentración de poder ha estado relacionada con prácticas autoritarias y la erosión de las libertades civiles. Adicionalmente, sin una coordinación adecuada y una delimitación clara de responsabilidades, existe el riesgo de duplicación de funciones y conflictos de competencia, lo que podría obstaculizar los esfuerzos para hacer frente a la corrupción de manera efectiva.
Otro aspecto fundamental en materia anticorrupción es el papel de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el país, es importante exigir a las candidatas y el candidato a la presidencia sus propuestas en esta materia por la relación que existe entre militarización y corrupción.
Recordemos que el Estado mexicano ha realizado cambios normativos, los cuales se han llevado a cabo sin incluir la participación ciudadana, ha tenido como resultado un protagonismo en la agenda pública de las FFAA en diversos aspectos de la vida pública, lo cual agrava el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
Lo que conocemos con base en evidencia, es que las FFAA han centralizado recursos públicos a partir de modificaciones presupuestarias, transferencia de funciones, adjudicaciones directas y fideicomisos públicos, llegando a tener 227 funciones civiles que se han transferido a las FFAA desde 2009, de las cuales 148 no tienen que ver con garantizar la seguridad pública (MUCD, 2023).
Los recursos económicos en manos de las FFAA en actividades civiles cuenta con los siguientes retos en materia anticorrupción:
i) Falta de claridad y precisión en el marco legal mexicano.
ii) Obstáculos para el acceso a la información en materia de violaciones a derechos humanos.
iii) Obstáculo en el acceso a la información sobre mecanismos de vigilancia por parte del ejército a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
iv) Obstáculo de información en el presupuesto y gasto de las FFAA.
Sin duda, en sociedad civil nos encantaría que las candidatas y el candidato a la presidencia pudieran dar a conocer cómo se reduciría la opacidad y la corrupción de las FFAA en un contexto de profundización de la militarización, ¿cuáles son sus propuestas para cambiar esta tendencia?
En última instancia, hacer frente a la corrupción en México requerirá que las organizaciones civiles tomen el control sobre la narrativa de la corrupción. Es imperativo que la corrupción deje de entenderse como un mero ejercicio burocrático y se pueda abordar como lo que es: una violación de los derechos humanos.
* Macu Torres es activista afro-diverso y creadore de contenidos de Mexiro A. C. Fer Galicia (<a href="https://twitter.com/mafernn" target="_blank" rel="noopener">@mafernn</a>) es directora de Mexiro A. C. (<a href="https://twitter.com/yoMexiro" target="_blank" rel="noopener">@yomexiro</a>).

Nuevos intentos y pocos avances en materia de anticorrupción en México

En las últimas semanas se registraron tanto en Monterrey como en la Ciudad de México casos de contaminación de agua domiciliar, en pleno proceso electoral. Independientemente del factor causante de las contaminaciones hídricas, organizaciones de la sociedad civil nos hemos coordinado para la acción ante la falta de información sobre la calidad de agua que llega a nuestros hogares.
Por esta razón, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política, enviamos una petición pública el 24 de abril dirigida al Congreso de la Unión, y en especial al diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, y al senador Raúl Paz Alonzo, quien preside la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República.
Lo que exhortamos a que, con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se establezcan ‘obligaciones específicas’ a todos los más de 2,000 Organismos Operadores de Agua de México, tanto gubernamentales como privados, para transparentar los parámetros de calidad del agua que llega a nuestros domicilios a nivel colonia, con base a la &#8220;<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5650705&amp;fecha=02/05/2022" target="_blank" rel="noopener">NOM-127-SSA1-2021</a>, Agua para uso y consumo humano&#8221;.
Descubrimos, por ejemplo, que la normativa relacionada, la “<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603318&amp;fecha=22/10/2020#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">NOM-179-SSA1-2020</a>” dicta a que estos organismos resguarden los resultados de los análisis de calidad del agua, pero no se les obliga a transparentarlos a la sociedad. Entonces, ¿dónde queda el principio de ‘máxima publicidad’ que establece la constitución en materia del derecho humano a la información?
Nuestra propuesta podría ser ejecutada e instrumentada mediante la obligación de los Organismos Operadores de Agua a publicar sistemática, actualizada y claramente toda la información relativa a la calidad del agua para fines domésticos, ya sea por medio de sistema digitales de información en las páginas web de estas instituciones, en sus redes sociales o en los recibos de agua, donde podría ayudar la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para validar y recopilar dicha información.
En última instancia, que estos datos se incorporen dentro de un nuevo apartado en el Sistema de Información Nacional del Agua (SINA) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esto implicaría destinar recursos económicos, tecnológicos e informáticos para lograr tal objetivo tan necesario.
De acuerdo a los estándares internacionales del derecho humano al agua, se exige que el agua de uso público y doméstico sea de calidad, lo cual debe estar forzosamente vinculado con el derecho humano a la salud y con el derecho humano a la información, en dicho sentido.
Ante la incapacidad para lograrse un acuerdo político para publicar una nueva Ley de Aguas en México, que tuvo que haberse publicado en el año 2013, no se han podido definir mayores responsabilidades a los gobiernos para garantizar el derecho al agua. Es por ello, que las mejoras de transparencia propuestas en nuestra petición ayudaría a que se garantice en parte lo establecido en el artículo cuarto la constitución política en materia del derecho humano al agua.
Como dato importante, el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2023/doc/encig2023_principales_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a> nos mostró que para el año 2023, solo el 20.4 % de la población mexicana encuestada consideró el agua que recibe en sus hogares como potable, lo que es un retroceso considerando que en el año 2021 la misma estadística fue de 24.4 %.
Acceder a la información específica sobre los parámetros de calidad del agua es sumamente difícil debido a que los organismos operadores de agua no la brindan proactivamente, ni inclusive vía solicitud de transparencia, como lo expuso la Dra. Laura Martínez Pepin Lehalleur en el año 2020, en el <a href="http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4803/CI_62.pdf?sequence=1" target="_blank" rel="noopener">Instituto Belisario Domínguez</a>, del Senado de la República.
Lo anterior genera un entorno de desconfianza social, por lo que se incrementa el consumo de agua embotellada y los gastos domésticos. Esto ha convertido a México en el país con el mayor consumo de agua embotellada a nivel global, que provoca toneladas de desechos plásticos que finalmente contaminan el ambiente como los ríos y los océanos.
Toda esta preocupante situación puede ser una ventana de oportunidad, sobre todo para responsabilizar políticamente a los gobiernos locales y federales para garantizar nuestro derecho humano al agua de calidad, con ayuda del derecho humano a la información.
La petición expuesta la suscribimos las siguientes organizaciones de la sociedad civil de diversos estados de la república:
<ul>
<li>Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Querétaro</li>
<li>Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California</li>
<li>Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León</li>
<li>Global Water Watch México</li>
<li>Movimiento #UnRíoEnElRío</li>
<li>Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo &#8211; Amanalco</li>
<li>Red Mexicana de Cuencas</li>
</ul>
Invitamos a toda la sociedad a firmar y a difundir esta petición pública que hemos compartido vía <a href="https://chng.it/bmrWB6MsJq" target="_blank" rel="noopener">change.org</a>, porque la democracia la construimos todas y todos. El derecho humano al agua se tiene que garantizar con nuestra participación.
Esperamos que esta petición pública sea respondida desde el Congreso de la Unión con acciones claras por el bien de nuestro país.
#QueremosAguaTransparente
* Cuauhtémoc Osorno Córdova es miembro de la Red Mexicana de Cuencas. Se especializa en políticas públicas y derechos humanos relacionados al agua.

Contaminación del agua doméstica en tiempos electorales

En México hay 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes. Ellas y ellos tienen derecho a crecer y desarrollarse de tal forma que puedan lograr todo su potencial y alcanzar el más alto nivel de salud. Sin embargo, existen brechas importantes en el acceso a bienes y servicios en salud y <a href="https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/pc.asp?t=14&amp;c=11817" target="_blank" rel="noopener">entre las causas de mortalidad persisten condiciones que se pueden evitar</a>, como los problemas relacionados con el parto y puerperio, las enfermedades prevenibles por vacunación, el suicidio e incluso la desnutrición.
Entre las niñas, niños y adolescentes, <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_infantil_y_adolescente_en_Mexico_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener">tres de cada 10 no cuenta con acceso a servicios de salud</a>, 6 de cada 10 niñas y niños de 1 año de edad no cuenta con su esquema completo de vacunación <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">1</a> y cuatro de cada 10, entre los 5 y 19 años, vive con sobrepeso u obesidad. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">2</a> Además, existen problemas focalizados por grupo de edad, tal es el caso de la primera infancia que va de los 0 a los 5 años, donde el 25 % tiene alguna forma de malnutrición, <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">3</a> uno de cada 4, no recibe una alimentación nutritiva y de calidad y solo 33.6 % recibe lactancia materna exclusiva en sus primeros 6 meses de vida. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn6" name="_ftnref6">4</a>
Entre las y los adolescentes, los problemas relacionados con la salud mental, y la salud sexual y reproductiva se vuelven prioritarios. De 2018 a 2022, las ideas suicidas e intentos suicidas aumentaron, incluso, <a href="https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14815/12428" target="_blank" rel="noopener">se duplicaron sobre todo en las mujeres</a>, además de que hubo un crecimiento acelerado de los problemas como depresión o ansiedad. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn8" name="_ftnref8">5</a> Hablando de salud sexual y reproductiva, no debemos olvidar que <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Embarazos21.pdf" target="_blank" rel="noopener">México sigue ocupando el primer lugar de embarazo adolescente entre los países de la OCDE</a>, además de que existen marcadas diferencias en la atención pre y postparto comparadas con las mujeres embarazadas adultas. Del total de niñas o adolescentes que se convierten en madres, <a href="https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14795/12405" target="_blank" rel="noopener">solo 65 % recibe atención prenatal y 48 % atención posparto</a>.
Este panorama demuestra que urge hacer de las niñas, niños y adolescentes una prioridad en las campañas electorales, para que el próximo gobierno incluya en el Plan Nacional de Desarrollo la aplicación efectiva de políticas y programas públicos en salud, eficientes, transversales, con acciones y metas claras para garantizar acceso universal y de calidad a bienes y servicios de salud.
Algunas de las prioridades en salud infantil ya se han ido incorporando como parte de las propuestas de las candidatas y candidato a la presidencia de la república, tales como el incremento en la cobertura y atención en salud que sea gratuita y de calidad, incluyendo la atención a la salud mental, todo esto desde la etapa gestacional y durante el periodo que abarcan los primeros 1000 días de vida para contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal; de igual forma se busca mejorar las coberturas vacunales, promover la salud sexual, e influir en la reducción del embarazo adolescente. Otras prioridades abarcan el aspecto nutricional, evitando la malnutrición y buscando la seguridad alimentaria.
Desde Save the Children reconocemos estas prioridades que, además, se alinean con las que hemos encontrado en nuestro trabajo diario y que nos facilitó la creación de nuestra <a href="https://www.savethechildren.mx/wp-content/uploads/2024/02/Agenda-derechos-de-las-nina-sy-ninos-en-un-proyecto-de-nacion.pdf?utm_source=landing+page+&amp;utm_medium=organico&amp;utm_campaign=Vota+2024&amp;utm_id=Vota+2024&amp;utm_content=link+descarga+&amp;_gl=1*1siq8cw*_ga*NDE5NjUyMzk5LjE3MDY4OTcyNTg.*_ga_W1CTLB0V4R*MTcwODQ3NTYyOC4xNi4xLjE3MDg0NzY3OTAuNDcuMC4w" target="_blank" rel="noopener">Visión 2030: un gran país para niñas, niños y adolescentes</a>, donde se concentran 14 recomendaciones puntuales.
Los temas que las candidatas y el candidato a la presidencia traen a la mesa son de suma importancia y resolverlos tiene el potencial de cambiar el perfil de morbimortalidad actual, pero para lograrlo hay que contar con acciones concretas y efectivas; por ejemplo, garantizar que el acceso a cualquier institución de salud esté libre de condicionamientos, que se haga efectivo el acceso a vacunas en todas las zonas del país, incluso mediante servicios de contra referencia, y que se intensifiquen las acciones de inmunización para completar los esquemas vacunales a través de un Plan Emergente para Atender y Revertir los Rezagos en Vacunación
Para la mejora de la operación del Programa de Vacunación y el alcance de sus metas, deben considerarse las recomendaciones internacionales basadas en la implementación de un Sistema Electrónico de Vacunación con indicadores Nominales que favorezca la gestión y coordinación del Programa y los seguimientos individuales para que las niñas y niños cuenten con todas sus vacunas siempre.
Sería también óptimo implementar una Estrategia para el Combate a la Malnutrición que ponga principal atención a la primera infancia mediante la protección de la lactancia materna, la atención del sobrepeso y la obesidad, así como también, un Programa Nacional de Desarrollo Socioemocional y Salud Mental desde esa edad y hasta adolescencia, y en ese último grupo, invertir en mejorar la atención médica de calidad para las madres adolescentes, cuando se requiera.
Exhortamos a las candidatas y los candidatos a cargos de elección popular a conocer nuestras propuestas y posicionar a las niñas y niños dentro de sus prioridades, al mismo tiempo que invitamos a la ciudadanía a emitir su voto por aquellas candidaturas que cuenten con compromisos de campaña asertivos y que estén ligados a atender objetivamente la salud de la infancia. En estas próximas elecciones 👉🏽<a href="https://bit.ly/3UWk7T1" target="_blank" rel="noopener">#VotaPorLasNiñasyLosNiños</a>.
* Paulina Jiménez Medina es oficial de Incidencia Política en Salud Pública de Save the Children en México (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a> e <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.
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<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">1</a> Mongua-Rodríguez, N. y Cols. Cobertura de vacunación en niños, niñas y adolescentes en México. (2023). Salud Pública de México. Mex. 2023;65(supl 1):S23-S33.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">2</a> Shamah- Levy T, Y Cols. Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente en México. Ensanut Continua 2020-2022. (2023). Salud Pública de México. 2023;65(supl 1):S218-S224.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">3</a> Cuevas-Nasu, L. Y cols. Estado de nutrición de niñas y niños menores de cinco años en México. Ensanut 2022. 2023;65(supl 1):S211-S217.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">4</a> González-Castell, LD. Y cols. Prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en menores de dos años de edad en México. (2023). Salud Pública de México. 2023;65(supl 1):S204-S210.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">5</a> Secretaría de Salud. (2023). Dirección General de Información en Salud.

Nación saludable para niñas y niños: prioridad en campañas electorales y propuestas de gobierno

En alguna ocasión, un jefe de la Policía de la Ciudad de México, en reunión privada, calificó a la corporación como un monstruo de mil cabezas difícil de controlar y más aún de transformar.
Bajo la contundencia de ese argumento, era entendible la corrupción y abuso de fuerza solapados desde las cúpulas policiales.
Aunque estaba lejos de los tiempos de Arturo “El Negro” Durazo —el jefe de la policía en la década de los 70 conocido por sus millonarias propiedades, una de ellas llamada El Partenón, en Ixtapa Zihuatanejo—, sí era una corporación con poca credibilidad, respeto y confianza.
Sus procedimientos carecían de legitimidad y eran cuestionados en sus formas y resultados. Al interior privaba un sentido de machismo y compadrazgo obstaculizador de promociones y desarrollo policial.
El “entre”, “favores” y cuotas eran factor de desarrollo. Se pagaba por tener acceso a una patrulla, un arma de cargo o un chaleco antibalas, hasta por determinadas zonas de patrullaje.
Bajo esas condiciones hace cinco años comenzó un proceso de transformación del cuerpo policial más grande de América Latina. La dignificación policial no fue simple retórica.
Dos decisiones al inicio de la administración de Claudia Sheinbaum resultaron centrales: la extinción del cuerpo de granaderos, cuestionado por los métodos empleados para disolver manifestaciones, y la reforma legal para dotar de facultades de investigación a la policía, un reconocimiento a la capacidad y formación de las y los agentes.
Un proceso de dignificación reforzado con un esquema de reconocimientos, estímulos y promociones como las entregadas el pasado 11 de abril por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.
Desde el Consejo Ciudadano de la CDMX se impulsa desde julio de 2019 una estrategia basada en Comisiones Ciudadanas contra la Corrupción en el Ministerio Público y la Corrupción Policial y Violencia a Mujeres Policías. En ellas participan instituciones y, predominantemente, ciudadanos; se revisan los reportes a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533 y se canalizan a la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hay un conjunto de medidas favorecedoras de la transformación, las cuales explican la captura de más de 2 mil 550 delincuentes, la baja de 63 por ciento en la incidencia delictiva al primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2019 —de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— y una mejora de 34.8 puntos en la percepción de seguridad entre marzo pasado y el mismo mes de 2018, según el INEGI.
La “retórica vacía y los lugares comunes” a los cuales hizo referencia el secretario Pablo Vázquez han sido superadas para dar significado y contenido a la proximidad, prevención, inteligencia e investigación.
En la década de los 70 se hablaba de una hermandad para cubrirse las espaldas, ahora hay una verdadera hermandad policial que da sentido y espíritu de cuerpo a la corporación.
* Salvador Guerrero Chiprés (<a href="https://twitter.com/guerrerochipres" target="_blank" rel="noopener">@guerrerochipres</a>) es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Hermandad policial

El pasado 21 de abril, el diario El Universal publicó una entrevista al investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, en la que llama la atención sobre la discrepancia entre el listado nominal de electores del INE y las proyecciones de población de CONAPO. Habría 4,7 millones de ciudadanos que no se habrían dado de baja del padrón. Dado que estamos a días de que el padrón electoral sea aprobado por el Consejo General del INE, vale la pena poner en contexto la nota.
Acaso lo primero que hay que decir es que las discrepancias entre las proyecciones de CONAPO y el censo de población son frecuentes; se trata de dos maneras distintas de aproximarse a un problema. También es una constante la diferencia entre las cifras del censo y el padrón. Al final del día son instrumentos de naturaleza distinta: mientras que el censo es una fotografía, las estimaciones de CONAPO una proyección que asume ciertos supuestos; el padrón es un instrumento vivo que sufre alteraciones a diario. Las diferencias son consustanciales y no necesariamente indican que el padrón no sea confiable.
¿Qué puede haber detrás de esos 4.7 millones que el investigador detectó? Primero, que a pesar de todo lo que se ha avanzado en los convenios del Registro Federal de Electores (RFE)) con los registros civiles, siempre hay un desfase entre los fallecimientos y su formalización registral. No todo el mundo hace el trámite del acta de defunción, ni todas las actas de defunción tienen los datos correctos. El INE emprende acciones correctivas cotidianas para subsanar esos registros. Segundo, acaso habría que sumar nuevos problemas como los desaparecidos y el COVID que pueden ayudar a explicar ese universo. Y por último hay un listado de electores en territorio nacional, pero también hay un universo muy relevante de ciudadanos que tramitaron su credencial para votar con fotografía en territorio nacional y hoy residen en el extranjero.
Más allá de las precisiones que tenga que hacer el comité técnico que cotidianamente supervisa los trabajos del padrón electoral, vale la pena recordar cómo se mide la calidad de un padrón electoral. Desde que se creó el nuevo padrón electoral en los años noventa, se hacen auditorías para medir su confiabilidad. Mediante robustos operativos de campo, se verifican básicamente dos cosas: su grado de cobertura, es decir, la no exclusión de quienes tienen derecho a estar en el padrón, y su nivel de actualización, es decir, que el padrón recoja de manera adecuada la dinámica demográfica (migración, defunciones).
Quiénes diseñan las muestras, evalúan los resultados y generan recomendaciones son comités técnicos integrados por especialistas de muy alto nivel, ajenos por supuesto a la estructura operativa del RFE. Estos ejercicios, denominados verificación nacional muestral, han servido para identificar nuevos problemas e implementar soluciones al RFE.
En resumen, la discrepancia entre los datos del padrón y las proyecciones de población no debieran ser materia de preocupación, hay que esperar los datos de la verificación para conocer cuál es el nivel de confiabilidad de nuestro padrón electoral.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

¿Padrón electoral inflado?

La semana pasada, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Amparo presentada por el senador Ricardo Monreal. Particularmente, se modifican aspectos relativos a la figura conocida como “la suspensión del acto reclamado”. Estas líneas pretenden explicar de manera sencilla a la ciudadanía cuáles son los cambios y las implicaciones de esta reforma. Si consideras que este tema no tiene relevancia alguna y que no tiene ninguna implicación en tu vida, déjeme decirte que esto no es así, pues dicha reforma nos afecta a todos. Si te interesa saber qué es lo que se propone y por qué debe preocuparte e interesarle a toda la ciudadanía, te sugiero e invito leer y quedarte hasta el final. Prometo utilizar un lenguaje amigable no abogadil.
Para entender el alcance de esta modificación es importante responder algunas preguntas claves que, como nociones mínimas, todo ciudadano debe conocer para entender la trascendencia de la propuesta. La primera interrogante es la siguiente: ¿Qué es el juicio de amparo? Es un juicio con el que contamos todos los ciudadanos para defendernos y protegernos de las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades contra nuestros derechos. Procede contra tres supuestos: 1) actos u 2) omisiones de autoridad, así como 3) normas generales que emitan tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales. Veamos algunos casos. En ellos explicaré cómo funciona y por qué es importante la figura de la suspensión del acto reclamado.
¿Qué es la suspensión en el juicio de amparo y por qué es importante? La suspensión es una herramienta que sirve como protección instantánea y temporal de nuestros derechos. Una vez que presentas tu demanda de amparo, el juez dicta una resolución en la que le ordena a la autoridad suspender el acto que estaba realizando en tu contra, es decir, le ordena que no lo ejecute. Esto es fundamental porque si la autoridad lo termina de ejecutar, se vulneraría entonces uno o varios de tus derechos de manera grave e irreparable, por lo que no habría marcha atrás y ahora sí nadie podrá hacer nada por ti, pues en ese caso ya no hay nada que juzgar y la demanda tiene que desecharse. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Es importante saber que la suspensión y la sentencia de amparo no son lo mismo. En la primera resolución donde se otorga la suspensión solo consiste en eso, en determinar si se le otorga o no la suspensión al ciudadano para protegerlo preliminarmente del acto arbitrario de autoridad y evitar que continúe la violación de un derecho. Por otro lado, al finalizar el juicio, el juez dictará una sentencia en la que concederá o no el amparo. Conceder el amparo significa que el juez resolvió que la autoridad actuó mal porque no respetó la Constitución o las leyes, lo cual se traduce en que se vulneró algún derecho humano. Veamos unos ejemplos y casos en concreto para entender a cabalidad la reforma.
<h2>Acto de autoridad</h2>
Imagina que el gobierno determina que demolerá tu casa, la cual está localizada en una zona en donde se pretende construir un puente, carretera y demás obra pública. Evidentemente, nadie quiere perder su propiedad, por lo que desde el punto de vista legal, lo más ideal es acudir inmediatamente al juicio de amparo.
Así, en la demanda, tienes que solicitar la suspensión del acto reclamado, el cual, en este caso, es el acto consistente en la demolición de tu casa, por lo que de manera preliminar hay una apariencia de que se está vulnerando tu derecho de propiedad. Así, el juez tiene que analizar diversas circunstancias y, si lo considera, ordenará al gobierno que suspenda los actos tendientes a demoler tu casa, por lo que la autoridad tendrá que sacar de tu propiedad todas las maquinarias que estaban a punto de destrozarla. No podrán tocar este derecho hasta que se dicte sentencia, lo cual puede durar unos meses. Incluso, la autoridad está obligada a respetar esa decisión del juez, pues si decide ejecutar su acto y demoler tu casa, estaría incurriendo en un delito por no cumplir con una suspensión de un juez federal. Como puedes ver, la suspensión consiste en detener o paralizar el acto de la autoridad mientras se concluye el juicio de amparo. La suspensión es tan importante para la protección de nuestros derechos porque permiten protegernos de las arbitrariedades en lo que se resuelve el juicio de amparo.
Otro caso puede ser el de Juan que fue detenido por la policía mientras caminaba tranquilamente por la calle. La razón de su detención es que se veía sospechoso. La policía se percata de que Juan no es mexicano, por lo que decide llamar a la autoridad migratoria. Ante la falta de documentos que acrediten la permanencia legal de Juan en México, la institución migratoria decide deportarlo inmediatamente a su país de origen. ¿Puede Juan hacer algo al respecto? Desde luego que sí, el juicio de amparo es el medio legal idóneo para proteger sus derechos ante la deportación de la que es sujeto. Así, una vez recibida la demanda de amparo, el juez de distrito tiene que emitir una resolución inmediata en la que conceda la suspensión. Los efectos de esta resolución suspensiva consisten en ordenarle inmediatamente a la autoridad migratoria que no deporte a Juan en lo que se termina de resolver ese juicio de amparo. Así, ya será hasta la sentencia cuando el juez decida si la actuación de la autoridad migratoria es correcta o no, es decir, si es constitucional y conforme a las leyes mexicanas.
Como puede verse en estos dos ejemplos de amparo contra actos de autoridad, la suspensión es una figura importante para la protección de los derechos de todas las personas que vivimos en el país. 
<h2>Amparo contra normas generales</h2>
Como vimos al inicio, el juicio de amparo también procede contra normas generales. ¿Qué es una norma general? Las normas generales son, en esencia, los artículos de cualquier ley, código, reglamento, constitución de algún Estado de la República, de una Norma Oficial Mexicana o cualquier disposición de observancia general.
Con el nacimiento de nuestra Constitución de 1917, el diseño del juicio de amparo permite que éste sea procedente contra las leyes que emitan tanto el Congreso federal como los congresos locales, si es que el ciudadano considera que dicha ley vulnera un derecho. Esto es así porque, aunque se trate de una ley, ésta también puede transgredir derechos humanos. El legislador puede equivocarse y lo ha hecho muchas veces.
Ejemplo de ello es el caso en donde Roberto, padre de familia y derechohabiente del IMSS, llevó a su hijo a una de las guarderías de dicha institución para que lo cuidaran mientras él se iba a su jornada laboral. Al llegar, la persona que lo atendió le comentó a Roberto que no podía recibir a su hijo porque la ley del IMSS establece que solamente las mujeres tienen el derecho de seguridad social de las guarderías, pero no los hombres, por lo que Roberto no pudo dejar a su hijo en la guardería. Inconforme con ello, Roberto promovió un juicio de amparo en contra de los dos artículos de esa ley (norma general) que impedía a los hombres gozar de ese derecho de seguridad social consistente en las guarderías del IMSS. El caso llegó a la Suprema Corte y la Segunda Sala declaró inconstitucionales tales artículos al considerar que discriminaron a Roberto. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Esto es así porque violan el principio de igualdad entre el hombre y la mujer que reconoce el artículo 4° de la Constitución. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Como puede verse, el legislador, al crear leyes o proponer reformas, puede violar derechos humanos. Así, la sentencia de un amparo contra normas generales consiste en que un juez de distrito o la Suprema Corte declaren que uno o diversos artículos de una ley son inconstitucionales por vulnerar derechos humanos. Declarar su inconstitucionalidad significa en la práctica que esos artículos ya no podrán aplicarse nunca más, pero única y exclusivamente a la persona que promovió el juicio de amparo. Entendiendo lo anterior, es aquí donde empezamos a entrar en materia con la propuesta de reforma de MORENA a la Ley de Amparo.
¿Cómo funciona la suspensión en el amparo contra normas generales? Como puede verse, en este tipo de amparo lo que esencialmente se reclama es una ley, por lo que la suspensión busca es que no se aplique dicha ley al ciudadano en lo que se resuelve el juicio. A manera de ejemplo tenemos los amparos contra la Ley General para el Control de Tabaco y su Reglamento. Como sabes, esas normas generales establecen que los lugares de consumo de alimentos y bebidas deben tener una zona exclusiva para fumadores que debe ubicarse en espacios al aire libre (sin techo, paredes o muros), los cuales no deberán ser mayores del 10% del establecimiento. Asimismo, prohíben que en ese espacio para fumadores se preste cualquier servicio de consumo de alimentos y bebidas.
Fabiola es dueña de un bar en el que se permite consumir tabaco en un cuarto exclusivo para fumadores. Ella considera que la ley antitabaco y su reglamento afectan su negocio en donde las personas que acuden consumen tabaco y no podrán hacerlo. Así, para combatir esas normas generales, tendrá que promover un juicio de amparo y pedirle al juez de distrito que conozca de su asunto para que, en primer lugar, suspenda la aplicación de dichas normas y que, en un segundo momento, dicte sentencia en la que los declare inconstitucionales al vulnerar diversos derechos, tales como la libre competencia y concurrencia, libertad de trabajo y libre desarrollo de la personalidad.
En ese sentido, si el juez considera que debe conceder la suspensión a Fabiola, el efecto de esa suspensión consistirá en que la ley antitabaco no se aplique a ella y a su negocio durante los meses que dure el juicio de amparo y hasta que se dicte sentencia. Esto quiere decir que su bar podrá operar como antes. Esa es, precisamente, la importancia de la suspensión en el juicio de amparo.
Ahora, es importante tener presente que en el juicio de amparo existe un principio conocido como el “principio de relatividad de las sentencias”, el cual implica que la sentencia de amparo solamente protege a la persona que promovió ese juicio. Lo mismo ocurre con las suspensiones, es decir, que en el caso de Fabiola y su negocio, si el juez decide concederle la suspensión y posteriormente el amparo, esto significa que la ley antitabaco y su reglamento ya no podrá aplicársele a Fabiola; sin embargo, al resto de dueños de bares, antros y restaurantes tendrán que cumplir la ley, salvo que se lleguen a amparar. A esto se le llama que la suspensión no puede tener “efectos generales”.
Lo mismo ocurre en el caso de Roberto y las guarderías del IMSS. Una vez que ya ganó su amparo, no se le aplicará esa legislación a él en el futuro, por lo que podrá gozar de las guarderías y llevar ahí a su hijo. No obstante, otros padres de familia no podrán gozar de ese derecho en virtud de que la ley sigue siendo aplicable para ellos porque no han promovido su amparo.
Este principio de relatividad ha sido la regla general tajante en la mayoría de los juicios de amparo; no obstante, en 2011 surgieron dos reformas constitucionales importantísimas. Una en materia de derechos humanos y otra que transformó por completo el juicio de amparo. Así, conforme a aquellas reformas, la Suprema Corte ha interpretado que existen ciertos derechos de naturaleza colectiva (como lo son el derecho a la educación, al medio ambiente sano o la salud) en los que debe modularse el “principio de relatividad”, toda vez que ese tipo de derechos colectivos tienden a beneficiar, como su nombre lo dice, a la colectividad y no solo a una persona en particular.
No obstante, la regla general en la práctica es que las suspensiones no suelen tener efectos generales. De hecho, son contados los casos en los que esto ha ocurrido. Tal es el caso de los amparos relativos al sector eléctrico (Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente de la República) en donde se involucraban el derecho al medio ambiente sano, así como los de libre competencia y concurrencia. Esto es lo que al gobierno en turno le ha molestado, por lo que la reforma del senador Monreal pretende añadir un párrafo al artículo 148 de la Ley de Amparo que sostiene que no podrán concederse suspensiones con efectos generales. Asimismo, se elimina el último párrafo de artículo 129, lo que implica que los jueces, bajo ninguna circunstancia, podrán conceder la suspensión en los supuestos expresos que el legislador considere. Es decir, le quita al juez su facultad de analizar el caso, argumentar y defender provisionalmente un derecho al ordenar que la autoridad paralice su actuación.
Las reformas de 2011 en materia de derechos humanos y amparo fueron en beneficio del país y de la ciudadanía, pues -como ya se dijo- abren la puerta para que todos podamos, ya sea en lo individual o colectivo, acudir al juicio de amparo cuando consideremos que la autoridad transgrede nuestros derechos. Esas reformas son una apertura a las puertas de la justicia para protegernos de las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades, sobre todo en derechos de naturaleza colectiva como lo son la salud, la educación y el medio ambiente.
Asimismo, la reforma de derechos humanos indica y obliga a todas las autoridades, incluidas desde luego el Poder Legislativo, que toda reforma a cualquier ley debe ser progresiva, lo que quiere decir que no deben restringirse derechos, sino aumentarse para beneficio de la población. Sin embargo, la reforma de MORENA no es progresiva, sino regresiva, pues pretende, por un lado, eliminar que los jueces puedan analizar y argumentar el poder concedernos una suspensión, y por otro, que cuando el amparo sea contra una norma general, la suspensión no pueda tener efectos generales.
Esto es peligroso y regresivo de nuestros derechos, pues en caso de querer promover un amparo contra una norma general por considerar que ésta vulnera algún derecho humano colectivo como lo son la salud, ambiente, educación u otros, el juez ya no podría conceder la suspensión.
El juicio de amparo es perfectible. Tiene muchísimas áreas de oportunidad. Por eso, las propuestas de reforma por parte del Legislativo deben ser garantistas y progresivas, no regresivas y autoritarias para cerrarnos las puertas la justicia y la protección de nuestros derechos fundamentales.
* Óscar Leonardo Ríos García es abogado constitucionalista. Ha laborado en juzgados y tribunales federales, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Lo que los abogados decimos como: “el juicio ya no tiene materia”.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Amparo en revisión 59/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

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