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Primeros registros históricos de enfermedades infecciosas

Información oficial

A finales del año pasado hubo un importante avance en materia de justicia laboral en México: la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre plataformas digitales. Esta reforma reconoce la relación laboral entre las personas trabajadoras y las plataformas digitales, a quienes antes se les reconocía como “socias”.
Este es un gran paso para la justicia laboral; sin embargo, para que la reforma sea verdaderamente justa e inclusiva, es esencial fortalecer la perspectiva de género en su implementación. Si bien la reforma sí menciona la inclusión de la perspectiva de género, no queda del todo claro cómo se aterrizará. En este sentido, para su efectiva incorporación, se deben considerar las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las mujeres en este sector.
<h3>Protocolos de prevención y atención a la violencia de género</h3>
Las mujeres que trabajan en plataformas digitales a menudo enfrentan acoso, discriminación y violencia de género. Las más comunes son comentarios inapropiados (bromas sexistas, comentarios sobre su apariencia, etc.), insinuaciones sexuales y contacto físico no deseado. La gran mayoría de los actos son cometidos por los clientes, pero en algunas ocasiones también por compañeros trabajadores.
La reforma establece en los artículos 291K y 291R la obligación de las plataformas de establecer protocolos para atender estas problemáticas. Para que sean efectivos, es crucial que se consideren los siguientes aspectos:
<ul>
<li>Incluir a las trabajadoras en el diseño de los mecanismos de prevención y atención, asegurando que las medidas sean realmente útiles y relevantes para ellas. Por ejemplo, con la verificación periódica de los usuarios con identificación oficial, mantener el número de celular encriptado y opciones para sancionar a usuarios con comportamientos inapropiados.</li>
<li>Contemplar riesgos y medidas de atención diferenciadas entre conductoras y repartidoras, reconociendo que las mujeres enfrentan diferentes tipos de violencia y discriminación según su tipo de trabajo.</li>
<li>Consultar las estrategias que las organizaciones de trabajadoras han desarrollado para cuidarse entre ellas, incorporando el conocimiento y las experiencias de quienes han estado trabajando en la protección de las mujeres en el sector.</li>
<li>Reconocer que la existencia de protocolos en sí misma no garantiza su efectividad. Es fundamental que se establezcan mecanismos de vigilancia claros para asegurar que estos protocolos se implementen adecuadamente y que las empresas rindan cuentas por su cumplimiento.</li>
</ul>
<h3>Acceso y pleno ejercicio de prestaciones laborales</h3>
La reforma establece que para acceder a todas las prestaciones de ley se deberá generar un salario mínimo mensual (8,475 pesos). Sin embargo, las mujeres enfrentan barreras adicionales para alcanzar este salario, como la brecha salarial, relacionada con la carga de cuidados y la inseguridad que limita sus horarios y zonas de trabajo. Además, el dinamismo económico de la región en la que trabajan es otro factor a considerar. Para garantizar el acceso y pleno ejercicio de las prestaciones laborales para las mujeres, es necesario:
<ul>
<li>Considerar la brecha salarial y la carga de cuidados en el diseño de las políticas, implementando medidas que compensen estas desigualdades y faciliten el acceso a las prestaciones para las mujeres.</li>
<li>Asegurar la seguridad social para mujeres embarazadas, incluyendo una excepción explícita en la reforma para que las mujeres embarazadas no pierdan su acceso a la seguridad social durante su periodo de inactividad laboral, pues actualmente se contempla que si una persona deja de tener actividad por 30 días naturales se dará por terminada la relación laboral automáticamente.</li>
<li>Explorar esquemas de guarderías que se adapten a las necesidades de las trabajadoras, facilitando la conciliación entre el trabajo y la vida familiar y promoviendo la igualdad de oportunidades.</li>
<li>Considerar como la gestión algorítmica puede influir en la generación de desigualdades, en aspectos como la brecha salarial y, consecuentemente, el acceso a la seguridad social. Por ello la transparencia algorítmica es crucial para garantizar que no se incurra en una gestión discriminatoria por razones de género.</li>
</ul>
<h3>Incorporar la perspectiva de género desde el diseño de la prueba piloto</h3>
La prueba piloto que se implementará en los próximos meses ayudará a comprender mejor la dinámica laboral del sector y desarrollar reglas para su incorporación al IMSS. Esta debe considerar la perspectiva de género desde su diseño. Para ello, es fundamental:
<ul>
<li>Generar información desagregada por género sobre la tasa de participación, horas de conexión, ingresos, accidentes y riesgos laborales, entre otros indicadores, para comprender las dinámicas específicas del trabajo de las mujeres en el sector y diseñar políticas que respondan a sus necesidades.</li>
<li>Garantizar la participación de mujeres en las mesas de trabajo para el diseño, seguimiento y ajustes de la reforma, asegurando que las voces y perspectivas de las mujeres estén representadas en el proceso.</li>
</ul>
Esta reforma laboral sienta un precedente crucial para establecer condiciones de trabajo dignas. Además, impulsa la transformación de los esquemas laborales y de seguridad social en sectores precarizados, abriendo un debate político y económico sobre la distribución justa de las ganancias y la construcción de un mercado laboral equitativo que reduzca las brechas de género.
Sin embargo, su verdadero éxito dependerá de su implementación con perspectiva de género. No basta con reconocer la relación laboral; es imperativo garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, acceder a la seguridad social y trabajar en un entorno libre de violencia. La reforma ofrece una oportunidad histórica para construir un futuro laboral más justo e igualitario, pero solo se materializará si se toman medidas concretas para abordar las desigualdades que enfrentan las trabajadoras en las plataformas digitales.
Para asegurar que la promesa de justicia laboral se convierta en una realidad para todas las personas, es crucial la colaboración entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. En este proceso, las colectivas de trabajadoras y las organizaciones aliadas jugarán un papel fundamental, manteniéndose unidas para vigilar, impulsar y exigir que la reforma se implemente de la mejor manera y cumpla el cometido de trabajo digno para todas.
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* Ivette Pichardo forma parte de la colectiva Conductores por Juárez, Ana Medina de Lady Drivers, Shaira Garduño de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y Néstor Genis (<a href="https://x.com/GenisNestor" target="_blank" rel="noopener">@GenisNestor</a>) es coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

¿Cómo fortalecer la perspectiva de género en la reforma sobre plataformas digitales?

“La violencia contra los niños nunca puede justificarse, sea en nombre de la cultura, la religión o la tradición”.
Naciones Unidas (ONU)
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Pocas tragedias resultan tan desgarradoras como el asesinato de niños en el contexto de la violencia criminal. Ya sea víctimas de enfrentamientos entre cárteles, secuestrados y encontrados sin vida, o ejecutados junto a sus familias en ataques armados, estos crímenes reflejan una brutal realidad: México ha normalizado la muerte de sus niños.
Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de enero a noviembre de 2024 se registraron 721 homicidios con arma de fuego de menores de entre 0 y 17 años en México (81 niñas y 640 niños). Esto representó un incremento del 17.2 % con respecto al mismo periodo en 2023, cuando se reportaron 615 casos. Estas cifras no son solo números fríos, sino vidas truncadas y familias destrozadas, mientras la justicia permanece inmóvil.
Casos recientes en Michoacán, Tabasco, Guerrero, Sinaloa y otras entidades evidencian la gravedad del problema.
Uno de los episodios más estremecedores ocurrió en enero de 2025, cuando los hermanos Alexander y Gael Sarmiento Ruiz, de 9 y 12 años, fueron asesinados junto con su padre en Culiacán, Sinaloa. Este crimen desató protestas masivas en la región, exigiendo justicia y la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya.
Otro caso que sacudió a la opinión pública fue el de Pablo Ríos Buenrostro, un joven michoacano de 15 años que tuvo que abandonar la escuela tras la primaria para ayudar a su familia. El pasado 8 de febrero, Pablo murió despedazado cuando una mina antipersona explotó mientras trabajaba en una parcela de limón. El artefacto, colocado por criminales que se disputan el control de la zona, le arrebató la vida de forma atroz.
En Guerrero, la violencia ha golpeado con la misma crudeza. César Mendoza Duarte, estudiante de secundaria en Iguala, desapareció sin dejar rastro. En Chilapa, dos niños indígenas de 12 y 14 años fueron reportados como desaparecidos mientras se dirigían a recoger despensas en la comunidad de Ahuixtla.
<h2>¿Culpables o víctimas?</h2>
A pesar de la creciente indignación social, las respuestas oficiales resultan alarmantes. En lugar de investigar y sancionar a los responsables, muchas veces las autoridades insinúan que los menores asesinados estaban vinculados al crimen organizado, como si eso justificara su muerte.
Este discurso no solo revictimiza a los niños, sino que encubre la responsabilidad del Estado en su protección. Cuando el asesinato de un menor no sacude las estructuras de la justicia ni moviliza a quienes deben actuar, es evidente que hemos perdido todo sentido de humanidad.
México no puede seguir enterrando a sus niños sin respuestas.
El asesinato de niños y jóvenes no es un daño colateral. Es la muestra de un Estado que ha fallado en lo más básico: garantizar la vida y la seguridad de los más vulnerables.
No podemos permitir que la infancia en México crezca bajo el miedo y la impunidad. Es urgente exigir políticas de prevención, protección efectiva y, sobre todo, justicia. Porque ninguna sociedad puede llamarse justa cuando entierra a sus niños sin respuestas.
* Elio Villaseñor Gómez es director de  <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo AC</a>  (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Infancia asesinada: el grito de una sociedad rota

En otros espacios se ha dado cuenta respecto de los aspectos abiertamente regresivos de la reforma en materia de acceso a la información. No obstante, en esta ocasión pretendemos enfocarnos en la dimensión operativa para la fase de transición e instrumentación de la iniciativa por el que se expiden las nuevas leyes de transparencia y de datos personales para el sector público y el privado.
Al respecto, es necesario recordar que la reforma en materia de transparencia y datos personales extingue al INAI para trasladar esas atribuciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a las denominadas autoridades garantes que recaerá en los órganos internos de control de los propios sujetos obligados; entre ellos, para el Congreso de la Unión, el órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y por lo que hace a los tribunales en materia laboral, lo cual se esquematiza a continuación:
Sobre este aspecto, de la lectura de los artículos transitorios no se desprende el mecanismo para la integración y conformación de las autoridades garantes para cada uno de los sujetos obligados. La única mención radica en un ajuste de normativa interna de estas autoridades en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del Decreto. A saber, podría derivar en la inclusión del personal de los propios órganos de control o en su caso, en que las personas servidoras públicas no realicen de forma exclusiva estas atribuciones, sino que se efectúen de forma concurrente a sus actividades de las instancias de control.
Inclusive, derivado de la falta de mecanismos para la integración de las autoridades garantes, se aprecia que no sólo se tendrían que asignar recursos financieros y materiales para la creación de plazas, sino además el dejar abierta la forma en que se configuren estos organismos podría llevar a que sean los poderes legislativo y judicial así como los organismos autónomos que con base en sus propios lineamientos establezcan los plazos y la forma en que éstos se integrarán.
Abonando a esta situación, la iniciativa resulta sumamente discrecional para efecto del traslado de las personas servidoras públicas del INAI hacia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Anticorrupción) establecen que sus derechos laborales serán respetados y el que pasarán a formar parte del nuevo organismo; no obstante, hasta el momento no se tiene claridad sobre si los trabajadores serán liquidados o integrados a la nueva entidad, en su caso.
Por lo que hace a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la iniciativa en cuestión, en su octavo y décimo octavo transitorios establecen que los recursos informáticos serán transferidos hacia Anticorrupción en un plazo de 15 días siguientes la publicación de la legislación. Asimismo, se prevé la suspensión por 90 días para todos los trámites y medios de impugnación con excepción de las solicitudes de información.
No obstante, no se advierte la forma en la cual migrarán los recursos informáticos de la PNT del INAI hacia la Secretaría Anticorrupción; máxime que –posiblemente- se presentarán intermitencias en la operación de ese medio informático al ser trasladada hacia una dependencia del ejecutivo federal; esta falta de salvaguardas se materializa en un vacío para la presentación y consulta de solicitudes, sino además para la publicación y difusión de obligaciones de transparencia.
En este mismo orden de ideas, no se prevé la forma en que se habilitarán los las licencias y módulos para cada una de las autoridades garantes, pues estas tendrán que acceder al sistema de gestión de medios de impugnación; aunado a ello, para efecto de las personas que ejerzan estos derechos, derivado de la dispersión de las autoridades, no queda claro si será la propia PNT la que identificará cómo asignar los recursos de revisión o bien, si tendrán que hacerlo los recurrentes.
Ahora bien, recordemos que el impacto de la reforma trasciende al ámbito federal e impacta a las entidades federativas y a los municipios. En esa medida, por lo que hace a los estados, los transitorios prevén la obligación para los estados para armonizar su legislación interna; no obstante, no se aprecia la forma en la cual se establezcan fases de transición de recursos informáticos de los organismos garantes para ser trasladados al poder ejecutivo en las entidades federativas; de tal suerte, esto podría provocar interrupciones en la comunicación entre los sistemas de la Plataforma Nacional que integra también el sistema de solicitudes, recursos de revisión y obligaciones de transparencia entre el orden federal y su nacional.
Todos los aspectos antes mencionados se traducen en una potencial disparidad en el ejercicio de los derechos que el INAI tutelaba a nivel nacional, pues todas estas asimetrías representan la falta de homologación de las bases que estructuran el acceso a la información y la protección de datos personales, un retroceso de más de 20 años desde la época de la expedición de la primera ley de transparencia.  A unos días que el INAI se extinga, se desconocen estos aspectos críticos que deberían ser subsanados en la emisión dictamen que se vote en la Cámara de Diputados.
* Gabriel Espinoza Ibarra (<a href="https://x.com/g_espinozai" target="_blank" rel="noopener">@g_espinozai</a>) es maestro en derecho y politólogo por la UNAM. Se desempeñó más de 8 años en el INAI como consultor de normatividad y proyectista de medios de impugnación.

Sobre los vacíos operativos en la instrumentación de la nueva ley de transparencia

Factores que explican la expansión de Tren de Aragua en México

Desde hace poco más de una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta su primer gran reto que puede ser también su primera crisis política: el manejo de la crisis de desapariciones forzadas en el país. Es su primer gran reto ya que las tensiones con los Estados Unidos, debidas a las amenazas arancelarias de Trump, en realidad ponen a la presidente de forma natural en posición ventajosa de popularidad en el escenario político y del imaginario popular en nuestro país: como la imagen de una patriota que enfrenta al terrible líder extranjero, al invasor que viene a poner en cuestión nuestra identidad.
El sentimiento de mexicanidad y orgullo nacional en la sociedad mexicana resurge cuando parte de nuestra identidad es amenazada o ridiculizada de alguna forma, por lo que se apoyará a cualquier nacional (civil o político) que enfrente a la persona extranjera causante de la transgresión. Además, los resultados de esta crisis diplomática-comercial son evidentes: algunos medios han estimado que la presidenta ha alcanzado un histórico 85 % de aprobación (<a href="https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/03/03/alcanza-sheinbaum-85-por-ciento-de-aprobacion/" target="_blank" rel="noopener">El Financiero</a>), por lo que, a los ojos de la población, ha salido victoriosa.
Pero desde hace poco más de una semana, el más reciente acto de terror que ha puesto el foco de atención nacional sobre la crisis de desapariciones y el dominio de la delincuencia organizada en México es el hallazgo de un centro de operaciones de un grupo delictivo en el rancho Izaguirre, ubicado en el pueblo de Teuchitlán, Jalisco.
Los colectivos de madres buscadoras, testigos sobrevivientes y medios de comunicación han informado de los horrores que tuvieron lugar ahí, en lo que ahora es identificado como un centro de reclutamiento, donde a partir de un modus operandi ya común de grupos de la delincuencia organizada mediante el que engañan a la población juvenil con falsas promesas laborales para así atraerlos y forzarlos a formar parte de sus filas, para finalmente recibir entrenamiento como sicarios; sin embargo, lo más estremecedor es la posibilidad de que haya sido usado como un centro de exterminio, debido a los restos óseos y de ropa encontrados que así lo indican.
A la par de la denuncia de este horror, se señala la ineptitud (en el mejor de los casos) y la colusión (en el peor) de las autoridades, quienes ya se encontraban en posesión del inmueble desde hace meses y en cuya primera intervención no identificaron los restos óseos, de ropa o hasta juguetes que los colectivos posteriormente identificaron. Aunque la responsabilidad inmediata es de las autoridades locales de Jalisco, la extensión del hallazgo hace que alcance a las autoridades federales, por lo tanto, a la responsable última de la seguridad en el país, la presidenta.
Como respuesta por parte de la sociedad civil organizada, el día 15 de marzo se realizó una vigilia en distintas partes del país, principalmente Ciudad de México y Guadalajara, con el objetivo de presionar a las autoridades de todos los niveles a dejar la pasividad e indiferencias que les ha caracterizado frente al fenómeno que ha destruido a miles de familias mexicanas. En términos de comunicación política, para el gobierno será fundamental que este acto no sea el primero de acciones coordinadas en todo el país que culmine en una crisis de aprobación, que a su vez conduzca a la ruptura con la población y la pérdida del poder. Recordemos que parte de la debacle del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto se puede atribuir a la crisis que devino del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y la terrible respuesta gubernamental.
Es en este tipo de coyunturas políticas donde florecía su antecesor, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo liderazgo basado en su carisma le hacía salir avante en toda crisis y mantenerse sólido frente a toda crítica, cualidad que le permitió mantener cierta estabilidad durante toda su gestión. AMLO tuvo tal nivel de respaldo popular que pudo confesar probables actos delictivos –como ordenar la liberación de Ovidio Guzmán López durante el primer intento fallido de captura conocido como el “Culiacanazo”– y permanecer impune, más allá de la cooptación de las instituciones de justicia que no ejercieron ningún tipo de acción. Otro aspecto clave de la estrategia de comunicación obradorista, que resultó sumamente efectiva, fue atribuir todos los problemas del país a los gobiernos anteriores -en particular a los panistas- incluidos aquellos originados durante su gestión.  Este escudo se extendió a todos sus colaboradores, por lo cual personajes como Hugo López-Gatell jamás han sido llamados a rendir cuentas, en este caso por su gestión durante la crisis del coronavirus.
Los gobiernos morenistas de todos los niveles sostienen que “el pueblo está con ellos”, argumento que respaldan con los altos niveles de votación, aprobación y popularidad. Es innegable que esto último es cierto; sin embargo, también ha sido utilizado este gran respaldo popular y casi incondicional como escudo para eludir la rendición de cuentas y la acción de la justicia ante diversas acusaciones de ilícitos. <a href="https://animalpolitico.com/estados/alcaldesa-chilpancingo-confirma-encuentro-lider-criminall?rtbref=rtb_lb85ts1xsccdpjmv0gxn_1714221119943" target="_blank" rel="noopener">Se ha señalado a autoridades de distintos niveles por su colusión con líderes criminales</a>, <a href="https://animalpolitico.com/estados/desfalco-morelos-lucy-meza" target="_blank" rel="noopener">mientras que auditorías han revelado desfalcos en las finanzas públicas</a>. No obstante, las autoridades del partido en el poder y sus aliados continúan sin enfrentar consecuencias legales.
En la conferencia matutina del 17 de marzo la presidenta señaló acciones para atender la crisis de desapariciones, las cuales también, evidentemente, han sido pensadas como actos de contención de daños que las revelaciones hechas la semana pasada sobre el racho Izaguirre pudiera tener en su respaldo popular. Con acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de una base única forense, la actual administración busca mandar el mensaje que en efecto se buscará enfrentar la grave crisis y que no les caracterizará la pasividad de gobiernos anteriores, <a href="https://animalpolitico.com/politica/amlo-crisis-desaparecidos-ley-sheinbaum" target="_blank" rel="noopener">e incluso de que van en sentido inverso al del desmantelamiento de las capacidades de búsqueda de las autoridades realizadas durante el gobierno anterior</a>. O tal vez simplemente miraron a un espejo y no les gustó lo que les reflejó de vuelta: la imagen del gobierno indolente que no atiende a las víctimas, culpa a la oposición por armar complots y fabricar desaparecidos, una imagen de un gobierno que eventualmente perderá el respaldo popular y la capacidad de gobernar. Saben que se acercan el momento en que culpar a los gobiernos anteriores deje de bastar para solventar una crisis.
Otro elemento, endógeno en la sociedad, que podría reducir el impacto de esta coyuntura en la imagen del gobierno federal es la preocupante normalización de la violencia extrema. Día con día nos enteramos de las atrocidades que suceden a lo largo y ancho del país: cuerpos mutilados en una carretera, cuerpos colgados en puentes, balaceras en contra de los asistentes de una fiesta y enfrentamientos sin fin entre autoridades y civiles armados; en este contexto, ¿qué son 200 personas muertas más? ¿300 o 1,000? Una casi nula capacidad de asombro e indignación ante el horror es tal vez una defensa natural desarrollada por la sociedad en este contexto de hiperexposición a la violencia y es lo que nos permite cada día despertarnos, salir de cama y que la realidad no nos abrume. El impacto negativo de esto es que nos vuelva pasivos y permisivos frente a los escenarios donde como sociedad podemos incidir, y en este caso particular, no exigirle a nuestras autoridades acciones reales con sus resultados observables y medibles.
Por último, la ya práctica común de culpar a las víctimas puede ayudar a la presidenta a reducir afectaciones a su imagen, ya que desde el gobierno de Felipe Calderón se cultivó en el imaginario mexicano que todas las víctimas de la delincuencia organizada lo fueron porque “andaban en malos pasos” o “metidos en el negocio”, narrativa que ha funcionado a todos los gobiernos que le precedieron, incluidos a los dos de la autonombrada “Cuarta Transformación”. En un país donde se piensa que las víctimas son culpables, las autoridades nunca serán responsables.
En próximos días observaremos si la crisis de desapariciones forzadas será finalmente la crisis que acabará con la impunidad de autoridades sostenida por el respaldo popular y que los obligará a finalmente responsabilizarse.
* Gerardo López García (<a href="https://x.com/gera_emp" target="_blank" rel="noopener">@gera_emp</a>) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).

Los límites de la aprobación a la impunidad: Sheinbaum ante la crisis de desapariciones forzadas

En 2006 ingresé a un protocolo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF), donde se insistía que la fibromialgia era una enfermedad benigna que se controlaba con terapia cognitivo conductual. Estando en el protocolo, la  violencia patrimonial que ejercieron contra mí me causó disautonomía y encéfalomielitis miálgica extrema. De un día para otro no podía estar ni sentada, precisaba estar encamada por la intolerancia ortostática; desarrollé dolor intenso, estado gripal permanente, cansancio hiperextremo, fiebre, cuerpo cortado, escalofríos, fatiga demoledora, hiperdebilidad, intolerancia al esfuerzo físico-mental, agotamiento neuroinmune post-esfuerzo, narcolepsia, hipotensión posprandial, podía incluso sentir la asfixia celular. Fui la primera enferma mexicana en este siglo que quedó con una fibromialgia, encéfalomielitis miálgica y disautonomía extremas con nombre y apellido, que me dejaron con una invalidez permanente absoluta y con calidad de vida equiparable a sida terminal, quimioterapia y esclerosis.  Pero no obtuve ningún diagnóstico médico  que certificara mi discapacidad. En 2007 descubrí  que estaban entregando pensiones por discapacidad  en España y Estados Unidos, así que me convertí en activista formalmente y <a href="https://dis-capacidad.com/2021/05/12/violencia-y-abandono-social-e-institucional-lo-que-enfrentan-mujeres-con-fibromialgia-y-sindromes-asociados/" target="_blank" rel="noopener">comencé a luchar por una ley</a>.
Contacté a Don Gilberto Rincón Gallardo en 2008, quien impulsó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Él conocía perfectamente que estas enfermedades configuraban una discapacidad y ofreció ayudarnos, pero murió.
Presenté varios puntos de acuerdo y la iniciativa de ley federal que las reconoce como enfermedades neuroimunes-SSC potencialmente invalidantes (2020). <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/es-la-discapacidad-organica-estupidos" target="_blank" rel="noopener">Soy la pionera en México de la discapacidad orgánica que es la discapacidad que producen enfermedades crónicas</a>.
Agonicé 19 años al mismo tiempo que sufría violencias sistemáticas aterradoras por parte de un psicópata -incluidos varios feminicidios en grado de tentativa, de lo que mi hijo siempre fue testigo- por la ausencia de un certificado de discapacidad orgánica que me llega con 19 años de retraso. El certificado enumera las enfermedades por las que se me otorga: fibromialgia, disautonomía, valvulopatías, hipotiroidismo, depresión-ansiedad (consecuencia de las violencias  y de las condiciones extremas en las que sobrevivimos), dolor persistente e insomnio importante que “ha provocado una disminución significativa de su capacidad funcional clasificándolas en la clase funcional III de la OMS”.
Clase III: Pacientes con enfermedad cardíaca que produce una marcada limitación en la actividad física. Se sienten confortables en reposo. Actividades menores (bañarse, peinarse, desplazarse unos pocos metros) les producen fatiga, palpitaciones, falta de aire o dolor de pecho.
Obtener el certificado fue una mezcla de euforia y enojo. Debí haberlo recibido en  2006, cuando lo solicité. Mi vida y la de mi hijo no estarían destruidas a causa de las violencias exacerbadas que hemos sufrido por inventarme las enfermedades para no trabajar y no hacer nada.
Estas valvulopatías, angina de pecho y disautonomía por las que me otorgan el certificado -producidas por las violencias machistas-psicópaticas, también- fueron detectadas en 2012 cuando por una golpiza tuve desprendimiento de retina -y que a la postre terminé perdiendo el ojo porque no quisieron pagarme la operación-. En los estudios para la operación me mandaron al cardiólogo porque comenté que tenía calambres permanentes en el corazón. Incluso el jefe de los anestesiólogos me dijo que “si no la hubiéramos mandado se habría infartado y como no tenemos unidad de terapia intensiva, habría muerto”. En 2012 también debieron haberme entregado el certificado de discapacidad por afectación cardíaca y disautonomía. No fue así.
Este retraso de 19 años iniciales y 13 años si tomamos en cuenta lo anterior,  me lleva a hacerme estás preguntas: ¿Quién me va a devolver mi salud, mi proyecto de vida y mi economía hechas trizas  porque el Estado y sus expertos ocultaron la correlación de la fibromialgia-encefalomielitis miálgica y negaron sistemáticamente que  ambas producen  discapacidad? ¿Quien me va a devolver el ojo y el oído que perdí en una golpiza además del daño al ojo con el que veo del que preciso cirugía (acabo de recibir el certificado de discapacidad visual con 13 años de retraso)  por inventarme  mis enfermedades,  como dijeron  hasta el hartazgo las mujeres  de mi entorno  y que estos dichos incitaron  a más violencias contra mi?  ¿Quién le va a resarcir el daño neurofisiológico a Diego porque en el INPRF me recetaron psicofármacos en el embarazo cuando lo confundieron con transtorno adaptativo y en Perinatología ejercieron violencia obstétrica y fue sacado con fórceps porque la fibromialgia no estaba en el catálogo de enfermedades que ameritaba parto natural? ¿Quién nos va a pagar las enfermedades que las violencias psicópaticas agravadas nos causaron por la ausencia de un certificado de discapacidad? ¿Quién le va a devolver a mi hijo estos 6 años que no ha estado escolarizado porque las violencias le han detonado  encefalomielitis miálgica además del TDAH y porque las escuelas se rehusaron a hacer los ajustes razonables contribuyendo a su exclusión social? ¿Quién va a pagar las terapias psiquiátricas para resarcir el trauma acumulativo que tiene Diego por las violencias extremas desde el embarazo y que lo orilló a una adicción a internet? ¿Quién va a pagar la terapia familiar para resarcir la relación entre Diego y yo porque todos los días le introyectaban odio hacia mí, diciéndole “que todos decían que su mamá estaba loca, que se inventaba las enfermedades y que por eso no lo podía mantener porque no me importaba&#8221;?
¿Quién nos va a pagar la casa que acabamos de perder porque nos amenazaron de muerte si denunciaba las violencias?
Estos certificados llegaron con casi dos décadas de retraso. Nos falló el Estado, la medicina, las instituciones, los médicos, la sociedad, mis parientes (no familia). Nunca hubo empatía hacia nosotros, solo discursos y delitos de odio; delitos masivos contra la dignidad de las personas -contra una mujer sola y enferma, y su hijo enfermo- desde la ignorancia de la perversidad, lo que contribuyó a la demolición controlada de nuestra salud, vida y patrimonio.  Ahora debo ver cómo reconstruir nuestra existencia desde las cenizas que dejaron el maremágnum de violencias 24-7: estructural, institucional, familiar, económica, patrimonial, médica, psicológica , emocional, escolar, social y  vicaria provocadas y agravadas por un Estado ausente y omiso.
Además fui el pájaro de la mina que avisó a las autoridades sanitarias hace casi dos décadas que habrían más casos como el mío -y hoy los hay peores -. Cómo me dijo Salomón Chertorivski cuando me entrevisté con él: “su problema es que es mujer, no es médico y está 20 años adelantada”. Mi amiga Su -paciente española de estas patologías- acotó contundente: “¿estabas adelantada o el sistema  de salud mexicano estaba 20 años atrasado?”.
La necropolítica nos la aplican en connivencia Estado y familia: el Estado dejándonos morir con la ausencia total de políticas públicas (investigación y educación médica con perspectiva de género-discapacidad, protocolos, campañas de concientización, ayudas sociales, presupuestos etiquetados) y la familia por tener cuerpos fallidos que nos convierten involuntariamente en una carga por la dependencia económica -la mayoría no puede trabajar-; así que en una completa omisión de cuidados nos dejan en insuficiencia alimentaria, con ausencia de atención médica y en casos extremos sin hogar o con inestabilidad habitacional. Incluso ya tenemos documentados <a href="https://www.sinembargo.mx/3382072/la-columna-rota/" target="_blank" rel="noopener">feminicidios por parte de las familias.</a>
Para nosotros como enfermos no ha habido más política de salud que una propaganda neoliberal infame y pseudocientífica, transversalizada en instituciones y  sociedad: piensa positivo, haz yoga-mindfulness, decreta, la mente es muy poderosa, se controlan con terapia cognitivo-conductual y el culmen del punitivismo descerebrado: “estás enferm@ por tus pensamientos negativos o por emociones no expresadas”.
Estás creencias tercermundistas son una patente de corso que legítima todas las formas de abandono, discriminación y violencias que sufre el 90 % de pacientes  -la inmensa mayoría mujeres- revictimizadas porque sigue habiendo un negacionismo medico-cientifico que niega la gravedad de las patologías, ya que no tenemos médicos expertos que lo certifiquen -ni públicos ni privados-, y porque no existe medicación ni tratamiento efectivo que controlen dolor crónico, fatiga, debilidad y los más de 200 síntomas invalidantes e invisibles que tenemos, además de las múltiples comorbilidades que detonan y que contribuyen al empeoramiento vertiginoso de nuestra calidad de vida -científicamente comprobado- y que por esto producen discapacidad orgánica -sin contar que la mayoría precisa cuidados que no tiene-.
La fibromialgia y la encéfalomielitis miálgica ni siquiera por ser la consecuencia de haber vivido violencias de género, según la OMS y OPS, suscitan interés. Esta animadversión hacia nuestras enfermedades -graves, complejas y potencialmente invalidantes- por parte del Estado -que tiene un transfondo económico porque no quiere pagar pensiones- ha hecho que el derecho a la salud y el derecho a una vida libre de violencia sea letra muerta para millones de pacientes que agonizan y son violentados en completa invisibilidad -también incluidos los de COVID persistente-. por la ausencia de un certificado de discapacidad orgánica y por el <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/implicaciones-entre-covid-19-y-encefalomielitis-mialgica" target="_blank" rel="noopener">nulo conocimiento científico que existe en torno a ellas</a>.
En mi testimonio en la Audiencia Pública para visibilizar las violencias contra mujeres con discapacidad en la CIDH, solicité al Estado mexicano la discusión y aprobación de la iniciativa de ley Por el Derecho a Existir y el reconocimiento de la discapacidad orgánica. Según el INEGI, <a href="https://www.opinion51.com/invitada-veronica-2407-mujeres-discapacidad/" target="_blank" rel="noopener">la principal causa de discapacidad en México son las enfermedades con un 43.9 %, lo que  implica un reconocimiento de facto a la discapacidad orgánica</a>.
El no reconocimiento de mi discapacidad orgánica hizo que lo perdiera todo y que hoy lo necesitemos todo: casa, trabajo y escuela para mí hijo. Estamos solos.
Me pregunto, ¿y ahora quién podrá ayudarnos?
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Mi vida, a 19 años del no reconocimiento de mi discapacidad orgánica

Teuchitlán duele a toda la comunidad. Más allá de la comprobación de restos humanos o posibles crematorios en el Rancho Izaguirre están las dramáticas imágenes de zapatos, ropa o bolsos como recordatorio de la necesidad de construir estrategias de búsqueda de personas desaparecidas, desde lo institucional y lo ciudadano.
En su desesperación por respuestas, la familia de las víctimas ha tomado la responsabilidad del rastreo. Lo ha hecho desde 1976 en Argentina con las Madres de la Plaza de Mayo, como ahora Guerreros Buscadores de Jalisco.
Junto con los familiares hay una comunidad solidaria capaz de proporcionar un dato conducente al descubrimiento esperanzador de un predio, y requieren de acompañamiento de la autoridad.
En la construcción de esquemas de búsqueda está la operación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, donde a través de técnicas de videomonitoreo forense contribuye al rastreo por medio de las 83 mil 414 cámaras.
Los reportes al número de emergencias 9-1-1 activan el protocolo: se piden características de la persona —descripción física, vestimenta, señas particulares— y se informa a unidades policiales para comenzar la búsqueda en la zona reportada. Al mismo tiempo se hace la revisión de las cámaras cercanas. Si el extravío acaba de ocurrir se inicia un voceo por medio de los altavoces.
El mayor número de llamadas se reciben entre las 15:00 y las 18:00 horas, principalmente sábado y domingo. Las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc registran la tasa más alta de reportes por cada 100 mil habitantes, con 260 y 125 respectivamente.
En apoyo a la búsqueda de personas una vez que se ha presentado la denuncia ministerial, los familiares de las víctimas, acompañadas por agentes de la Policía de Investigación pueden revisar las cámaras en las instalaciones del C5, en lo que se conoce como videomonitoreo forense.
Esta técnica consiste en examinar los videos del sitio donde se vio por última vez a la persona y, una vez ubicada, inspeccionar los momentos posteriores para identificar su posible paradero o los anteriores con el objetivo de conocer actividades que podrían relacionarse con su ausencia.
Los registros visuales se utilizan en conjunto con otras pruebas, como los testimonios de testigos, para integrar un panorama más claro de lo sucedido, y forman parte del compromiso del gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México por el fortalecimiento de la capacidad técnica con la creación del Gabinete para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Teuchitlán nos lo recuerda: se requiere voluntad política en acompañamiento a la necesidad ciudadana, y la tecnología puede ser un elemento de contribución central.
 * Salvador Guerrero Chiprés (<a href="https://twitter.com/guerrerochipres" target="_blank" rel="noopener">@guerrerochipres</a>) es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Videomonitoreo forense ante las desapariciones

El 4 de marzo pasado, el experto del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, realizó una visita no oficial a México. En diálogo con ONUDH decidieron visitar Guanajuato, se entiende que por la grave situación de riesgo que enfrentan las familias de personas desaparecidas e la entidad. Guanajuato ha sido el epicentro de la Audiencia temática sobre protección a mujeres buscadoras que la Comisión Interamericana concedió en 2024 y que cimbró a todo el continente. También los Procedimientos Especiales de la ONU han enviado al menos seis cartas externando su preocupación sobre la seguridad de las buscadoras. Un fenómeno asociado es el del desplazamiento forzado interno de las buscadoras como represalia por la búsqueda. 
A continuación, trascribo las palabras de la señora Guadalupe Aguilar, quien hizo un balance de 14 Acciones Urgentes en Guanajuato, que corresponden a las que son acompañadas por la Plataforma por la Paz y la Justicia. Estas palabras, además, dan cuenta de cómo los gobiernos federal y estatal, han administrado políticamente también este mecanismo internacional.
“Buenos días, mi nombre es Guadalupe Alejandra Aguilar Jáuregui, vengo a hablar a nombre de 14 casos de Acciones Urgentes activos en Guanajuato que acompaña la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Soy una familia desplazada por la violencia.
Primero quisiéramos reconocer que en Guanajuato hay 23 Acciones Urgentes activas y que otras se cerraron porque sirvieron para localizar a las personas desaparecidas. Que las familias han aprendido ese camino y que hay familias que le dan seguimiento sin el acompañamiento de organizaciones o colectivos. 
En 2022 enviamos un informe de 6 acciones urgentes, ahora enviamos uno con 14, nosotras queremos compartir algunas preocupaciones con el Comité. Las Acciones Urgentes han dado nuevas esperanzas de localizar a las personas desaparecidas, especialmente cuando éstas se activan. Pero vemos que la Secretaría de Gobernación ha dejado hasta 7 meses sin convocar a las familias.
En estos casos no hay un plan integral de búsqueda como lo pide el Comité y muchas veces la Comisión de Búsqueda reporta acciones como si fueran búsquedas individualizadas de la Acción Urgente y son búsquedas de fosas, mintiendo a las familias. Nos preocupa también que la participación es reducida y que la atención a víctimas no es suficiente en estos casos. En este grupo habemos 2 familias desplazadas por las amenazas y la violencia que hemos enfrentado: yo tuve que salir de Guanajuato con apoyo de personas y organizaciones solidarias; la señora Paty, mamá de Óscar y de Ale, dos personas buscadoras desaparecidas, también se encuentra desplazada de manera forzada. La Comisión de Víctimas no tiene sensibilidad con nuestras necesidades en la reubicación, el reasentamiento o el retorno.
Finalmente, quiero decirle señor Juan Pablo, para que lo comunique el Comité, que los casos de las Acciones Urgentes están en la impunidad y que no hay sanción a los responsables. Incluso en casos donde hay detenidos, no se ha dado con el paradero de las personas desaparecidas.
Concluyo diciendo que las Acciones han ayudado a mejorar la protección de estas familias, pero aún así: en Guanajuato tenemos 5 personas buscadoras asesinadas y, como decía, 3 personas buscadoras desaparecidas”.
*Raymundo Sandoval (<a href="https://twitter.com/ray_sandoval" target="_blank" rel="noopener">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

La incidencia internacional de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato

En el mundo actual, nos enfrentamos a enormes retos y de todo tipo: sociales, ambientales, políticos, económicos, etc. El papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para hacerles frente es fundamental.
Las organizaciones no gubernamentales promueven y trabajan para conseguir el bienestar de la sociedad de manera independiente; con la premisa de luchar contra la corrupción y los intereses políticos de grupos selectivos. Su labor es indispensable en países en desarrollo, pero también en los países ricos, pues no importa el contexto, las necesidades humanitarias existen en todas partes.
Como mexicanos sabemos que, ante las emergencias más catastróficas, la empatía y solidaridad nos activa un instinto que no distingue nivel socioeconómico y nos mueve a compartir con quien más lo necesita, tengamos mucho o tengamos poco. Pero ¿qué pasa cuando no es una crisis espontánea, sino una catástrofe profunda y permanente que afecta a grupos vulnerables desde hace mucho tiempo?
Desafortunadamente, estos desafíos no siempre son atendidos por el gobierno, ya sea por falta de recursos o por priorizar otros intereses, lo que deja a millones de personas desprotegidas. Ante esta situación, dentro la sociedad civil hay personas que se organizan para llegar a donde los poderes públicos no llegan, y así nacen diferentes tipos de ONG que, independientemente de si su intervención es local, nacional o internacional, enfocan su actividad para conseguir los cambios necesarios que quizá podrían comenzar en lo familiar o comunitario, pero que terminan impactando positivamente al planeta entero.
Más allá de responder reactivamente ante crisis sociales, climáticas o humanitarias, las ONGs desarrollan un papel clave para informar y sensibilizar a la sociedad, las empresas y los gobiernos sobre los problemas que afectan a las personas más vulnerables y con menor acceso a protección y atención que han padecido esto por generaciones.
Así es como nació nuestra organización. Save the Children lleva más de 100 años protegiendo a las niñas, niños y adolescentes en el mundo, y más de 50 en territorio mexicano. Y todavía quedan muchos desafíos que atender.
Tan solo en 2024, <a href="https://youtu.be/XF-BoY0skYA?si=x9af-W89GVU9zs8D" target="_blank" rel="noopener">atendimos a 647, 898 niñas, niños, adolescentes y sus familias</a>. A través de nuestros ejes temáticos —educación, salud, nutrición, protección, pobreza, migración y respuesta humanitaria— intervenimos en 20 estados de la República Mexicana para proteger sus derechos e impulsar su desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
Detrás de cada número hay un rostro, una historia, una esperanza renovada. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida plena, segura y feliz. Para lograrlo, se necesita algo más que buenas intenciones: se necesita compromiso, acción y muchos corazones dispuestos a transformar vidas.
La suma de voluntades es crucial para que las acciones de organizaciones como la nuestra puedan amplificar su impacto y potenciar sus acciones. Gracias al apoyo de empresas colaboradoras, voluntarios, instituciones y donantes individuales, es que podemos seguir transformando la vida de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes. Gracias a la colaboración de medios de comunicación, líderes de opinión y personas  como tú, que se interesan en informarse sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes en México, es que podemos lograr que ellas y ellos sean protagonistas de su propio desarrollo y tengan mejores oportunidades.
Jean-Paul Sartre decía “El compromiso es un acto, no una palabra”, y desde Save the Children seguiremos trabajando para crear un mundo en el que cada niña, niño y adolescente tenga bienestar, protección, desarrollo y participación, hasta que tengan un presente y un futuro digno.
* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Visita <a href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.
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El compromiso es un acto, no una palabra

Llevo casi dos años viviendo en Bogotá. Cuando llegué se acababa de cumplir un año de la publicación del informe final de la Comisión de la verdad en Colombia, el archivo de derechos humanos más grande de la historia desde que la categoría derechos humanos existe. Más de 20 millones de registros, 11 volúmenes escritos y un archivo audiovisual extenso con material proveniente de todo el país para entender las causas del conflicto y los modos en que la cotidianidad de todo el país ha sido fracturada por las formas de violencia más brutales. En Colombia se calcula que la segunda etapa del conflicto armado (la que inicia a finales de los años 50 y llega hasta la fecha, ya que antes tuvieron otra etapa de al menos 20 años conocida como La Violencia) ha dejado cerca de medio millón de personas asesinadas en su <a href="https://www.comisiondelaverdad.co/hasta-la-guerra-tiene-limites" target="_blank" rel="noopener">peor periodo</a> y casi 10 millones de víctimas directas en total.
En Colombia también ha habido un empeño nacional por documentar esta violencia. El Centro Nacional de Memoria Histórica alberga <a href="https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/reclutamiento-y-utilizacion-de-menores-de-18-anos/" target="_blank" rel="noopener">un micrositio</a> que documenta 11 abusos a los derechos humanos cometidos en Colombia desde 1958. Entre estos abusos aparece el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, que tiene a la fecha una cifra de 18,182 víctimas, con un pico de incidencia claro en la primera década de este siglo. En México, el reciente hallazgo de lo que parece ser un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, ha colocado nuevamente la discusión y abierto las puertas al horror frente a prácticas de reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado. Es momento de comenzar a documentar de manera oficial este tipo de violencia si en algún momento queremos construir salidas a nuestro conflicto.
<h2>El desbordamiento del lenguaje racional</h2>
Lo visto en Teuchitlán ha producido una conversación pública a nivel nacional urgente. Esta conversación ha tenido como una de sus características principales la incapacidad de nombrar lo ocurrido. El desbordamiento de lo racional ha sido el síntoma del inicio de esta conversación. Se repiten frases como &#8220;no hay palabras&#8221;, &#8220;no alcanzan las palabras&#8221;, &#8220;no hay forma de nombrar esto&#8221;, que dan cuenta del aplastamiento del lenguaje que produce este tipo de violencia.
La violencia traumática tiene como uno de sus efectos precisamente hacer estallar las gramáticas o las posibilidades de reconstruir racionalmente dicha experiencia. La violencia, cuando se presenta en su manera más brutal tiene como una de sus consecuencias la de producir una significación emocional, imposible de poner en palabras, y a quien la ejerce le otorga un nuevo tipo de capacidad preocupante: la de gobernar el miedo a la incomprensión que queda en las personas.
En Colombia el trauma nacional producido por el conflicto armado está lejos de ser superado, pero los ejercicios de documentación oficial y de reconocimiento nacional del conflicto han ayudado a logros como el propio informe de la Comisión de la verdad, cuyo <a href="https://www.comisiondelaverdad.co/sites/default/files/descargables/2022-06/Informe%20final%20capi%CC%81tulo%20volumen%20testimonial%20cuando%20los%20pa%CC%81jaros%20no%20cantaban%20Castillejo%20.pdf" target="_blank" rel="noopener">tomo testimonial</a>, que lleva el bello nombre de Cuando los pájaros no cantaban, concentra más de 200 testimonios de víctimas y sobrevivientes de la violencia. Como parte de los dispositivos de paz legados por el informe, hay algo que se llama &#8220;Lecturas Rituales&#8221;. Consiste en círculos de personas que se reúnen, comparten unas palabras para crear una colectividad temporal y a continuación se vendan los ojos para escuchar la lectura en voz alta de testimonios contenidos en este tomo. Después se hace un ejercicio de escucha colectiva acerca de lo que provocó la lectura, que activa un tipo de sentido de pertenencia muy otro, una complicidad que se superpone al dolor y que refuerza una forma de memoria que dignifica a quienes sufrieron la violencia y conecta a quienes están presentes. Este ejercicio es el ejemplo más concreto al que acudo cuando pienso en la idea de &#8220;reconstrucción del tejido social&#8221;.
<h2>Paralelismos en los símbolos de la memoria</h2>
Frente al desbordamiento racional que produce la violencia a la que nos acerca el centro de exterminio en Teuchitlán también han aparecido las formas empecinadas de construcción de esperanza y de sentido de pertenencia colectivo. Las madres y los colectivos de búsqueda, que fueron quienes se empeñaron en seguir buscando lo que había en ese predio en Teuchitlán, que en septiembre de 2024 había dejado 10 personas detenidas y 2 personas rescatadas como saldo de un cateo de las fuerzas armadas mexicanas, lograron colocar este tema en la agenda nacional después de volver y encontrar lo que a todos nos ha quitado el habla. El país de nuevo se mira en colectivo gracias a ellas y comparte la consternación y el estremecimiento, condiciones de posibilidad para rehabilitar el sentido sagrado de la vida.
El hallazgo de 200 pares de zapatos en el rancho de Teuchitlán, entre otras prendas, se está convirtiendo en un símbolo del dolor colectivo a partir de un objeto que sirve como lugar cotidiano desde el cual todas las personas podemos identificarnos y sentir nostalgia por la ausencia de algún ser querido, simplemente por pensar en sus zapatos vacíos. La primera concentración de indignación nacional por las víctimas de Teuchitlán convoca a juntar más de 400 pares de zapatos como símbolo de la memoria de las víctimas, como forma de conmemorar su ausencia.
En Colombia el calzado también ha sido reapropiado para reivindicar la memoria de un grupo específico de víctimas del conflicto. Entre 2002 y 2008, años que atraviesan el periodo en el que se tiene el mayor registro de personas asesinadas en Colombia, tuvo lugar un tipo de crimen que sigue sacudiendo al país y que es uno de los casos abiertos hoy en día en la JEP (la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el aparato judicial que Colombia tuvo que inventar para procesar los casos de violencia ocurridos en el marco del conflicto armado), se trata de los llamados &#8220;falsos positivos&#8220;. Miles de jóvenes, por lo menos 6,402, fueron asesinados por las fuerzas armadas colombianas y presentados como bajas en enfrentamientos con grupos armados. Un muerto equivale a un &#8220;positivo&#8221; en el lenguaje militar. Todos estos positivos fueron falsamente registrados como tales. Cuando las madres, igual que en México, comenzaron a hacer los hallazgos de los cuerpos de sus hijos hacia el año 2008, notaron que muchos de ellos habían sido enterrados con ropa militar, para simular mejor su pertenencia a un grupo armado, y que llevaban puestas botas de plástico (que suelen ser utilizadas por quienes pertenecen a estos grupos). Pero estas botas estaban nuevas, ya que fueron colocadas después de que los jóvenes habían sido asesinados.
Hoy en día las concentraciones públicas protagonizadas por las <a href="https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/queremos-una-verdad-completa-y-profunda-madres-de-victimas-de-falsos-positivos" target="_blank" rel="noopener">Madres de los Falsos Positivos</a> (MAFAPO) tienen como uno de sus símbolos decenas de pares de botas como las que sus hijos llevaban puestas, intervenidas de manera artística tanto por las madres como por otras personas, como un ejercicio de reivindicación de la vida y a la memoria de estos jóvenes.
<h2>El horizonte complejo hacia la paz</h2>
Algo que he aprendido durante estos dos años ha sido que el proceso transicional que vive Colombia no ha terminado ni comenzó en 2016 con la firma de los acuerdos de paz. El proceso inició en los años 50 del siglo pasado y ha tenido varios intentos. Estos intentos han sido interrumpidos en ocasiones por los grupos armados y en ocasiones por los gobiernos, han costado la vida de personas y de manera recurrente se han convertido en causas de nuevas olas de violencia. Este proceso, que aún no termina, también ha ido acompañado de un arduo trabajo de documentación de universidades, sociedad civil, museos y distintas instancias de gobierno, así como del desarrollo de rigurosos estudios acerca de la violencia a lo largo de los años. En Colombia existe una rama teórica conocida como &#8220;Violentología&#8220;. Y si bien actualmente mucha gente está cansada de abordar la violencia, no ha sido porque no la hayan abordado suficiente, y a pesar de que todos esos esfuerzos no han alcanzado para detener por completo el conflicto, nadie duda de las contribuciones de todos estos actores para documentar y comprender el conflicto ni de su valor para desarrollar planes que sí han hecho que la violencia disminuya considerablemente.
En México he escuchado cada vez más de programas académicos, grupos de investigación o jornadas para pensar &#8220;la cultura de paz&#8221;. Si bien comparto la necesidad de que existan estos espacios, me parece que estamos lejos de poder pensar la paz cuando ni siquiera hemos hecho el ejercicio de reconocimiento nacional de que estamos en un conflicto armado interno. No se puede pensar la paz sin entender primero las dimensiones, los actores, las causas y los efectos del conflicto de manera sistemática. Y en esto los grandes ausentes han sido los gobiernos federales de las últimas dos décadas en México. Es urgente el reconocimiento nacional, oficial, de que en el país estamos en medio de un conflicto armado. Ese reconocimiento es una condición de posibilidad para lo que viene, que no es poco y será de lo más doloroso. Nos falta escuchar a todas la partes, esto incluye a los victimarios y no sólo a los sobrevivientes, escuchar lo que tengan que decir, negar y justificar acerca de la violencia y no sólo condenarlo, sino entenderlo y asimilarlo. Nos falta sentarnos a dialogar con los grupos armados. Sí, esto no se puede detener si no nos sentamos a escucharlos. Las balas no se van a terminar, las vidas sí. También nos faltará, en alguno de los intentos por venir, imaginar un aparato judicial que procese estos crímenes para los que ningún sistema de justicia ordinaria está preparado, y cuando lo tengamos llegarán también las contradicciones y el inevitable sentimiento de decepción para muchas personas, ya que una justicia transicional centrada en la memoria, la restauración y la no repetición implica que las condenas punitivas para quienes sean hallados culpables o decidan confesar su culpabilidad en este marco judicial, sea mínima en la medida en que sus testimonios conduzcan a los responsables de mayor rango o a la comprensión de cadenas de violencia mucho más complejas. Todo esto será de una complejidad extraordinaria, pero si queremos imaginar y construir horizontes de pausa a la violencia que lleven a dilucidar procesos de pacificación a medida de nuestro conflicto, tenemos que escuchar muchas verdades y muchas versiones de la historia. Tenemos que voltear más hacia lo que ha pasado en Colombia si queremos estar preparados para lo que nos falta.
Cada uno de estos pasos, y otros más, conlleva una alta dosis de contingencia, interrupción, posibles traiciones, nuevas olas de violencia aún más descarnada, y ninguna ofrece una garantía de que lo ganado no vuelva a quedar diluido u olvidado como parte del proceso. Por suerte tenemos a las madres y a los colectivos de búsqueda de personas, que son la reserva moral más poderosa de este país; a decenas de periodistas que han colocado varios de los puntos clave para entender lo que pasa desde hace décadas; a varios académicos y académicas que han hecho grandes esfuerzos por mirar a la bestia a los ojos y por empezar a construir marcos conceptuales necesarios para hacerle frente a la violencia; proyectos de la sociedad civil que en los últimos años han construido registros rigurosos y confiables de víctimas y de hechos violentos. Y por último, tenemos estos momentos de indignación y consternación nacional que nos hacen detenerlo todo para sentir y pensar que la violencia no puede ser el único camino. Estos son los insumos fundamentales para lo que nos falta recorrer. ¡No nos soltemos!
* Víctor Hugo Ábrego es profesor del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Estudia el doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información en la Pontificia Universidad Javeriana, donde desarrolla una investigación alrededor de flujos digitales de información y comunicación acerca de violaciones graves a los derechos humanos en México y en Colombia. Es parte del equipo de coordinación de Signa_Lab, laboratorio de innovación tecnológica y de estudios interdisciplinarios aplicados del ITESO.

Teuchitlán: México, Colombia, la violencia

En el tema del agua, México tiene muchos Méxicos, principalmente cuando hablamos de lo desigual que es el acceso al líquido, pues mientras algunas zonas del país gozan de abundancia hídrica, otras enfrentan una crisis constante de escasez, lo que afecta la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico de las regiones.
Esta desigualdad en el acceso al agua es consecuencia de muchos factores. Uno de los más importantes es el geográfico. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el norte y centro del país cuentan con apenas el 32 % del agua renovable, mientras que el sureste posee el 68 por ciento. Sin embargo, en las regiones más secas habita el 77 % de la población y se genera el 82 % del Producto Interno Bruto (PIB).
También en términos geográficos, la existencia de comunidades alejadas de la cabecera municipal genera brechas en el acceso al líquido, pues es altamente costoso para los Organismos Operadores de Agua (OOA) invertir en infraestructura para garantizar el acceso de esas familias. En ese sentido, muchas comunidades se auto abastecen de agua a través de pozos, para lo que conforman comités no municipales de agua. El abandono de las comunidades dispersas (principalmente rurales) se observa en la existencia de 2,184 concesiones de agua otorgadas a dichos comités para el autoabastecimiento del líquido, cifra relevante si consideramos que en el país existen 2,826 OOA.
Además de las disparidades geográficas, un acceso desigual al líquido se relaciona con fallas estructurales en la gestión del recurso hídrico y deficiencias en las políticas públicas. Por ejemplo, extraer agua de zonas con disponibilidad para abastecer regiones con estrés hídrico requiere fuertes inversiones en infraestructura por parte de la Conagua. Sin embargo, para 2025 esta dependencia sufrió un recorte de 41% en su presupuesto.
A pesar del papel clave que juegan los OOA en el suministro de agua, sus problemas operativos y financieros ocasionan, entre otras cosas, que el agua se pierda en fugas. La falta de tecnología para la detección de fugas, de personal capacitado, y de recursos para el mantenimiento, propicia que cuatro de cada diez litros de agua se pierdan, quitándole la oportunidad a las personas de recibirlo.
Finalmente, a esta ecuación hay que agregarle el desperdicio de agua por parte de los consumidores. En muchas ocasiones, los usuarios no son plenamente conscientes de cuánto cuesta extraer y suministrar el agua, puesto que las tarifas que pagan no reflejan el costo real del servicio, lo que propicia un consumo desmedido. Aunque en algunas zonas con escasez se ha desarrollado una mayor conciencia sobre la importancia del agua, en regiones con superávit hídrico persiste el uso poco racional y sustentable del líquido.
El próximo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha que busca concientizar sobre la importancia de este recurso y de promover su uso sostenible. Es una oportunidad para reflexionar sobre las desigualdades en el acceso al agua y la urgencia de implementar medidas que garanticen su disponibilidad.
Cuidar el agua es una responsabilidad compartida que debe traducirse en políticas públicas efectivas y en cambios en nuestros hábitos de consumo. Cerrar la brecha en el acceso al agua en México requiere un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad. Aunque las causas del acceso desigual al agua son diversas, es urgente una mayor inversión en infraestructura hídrica para garantizar la cobertura, incluso de las comunidades más alejadas; invertir en tecnología y el mantenimiento de la red para evitar que el agua se desperdicie en fugas, y promover el cuidado del agua entre la población, entre otros.
La desigualdad hídrica en México es una problemática urgente que no se puede seguir postergando. Necesitamos una mejor gestión, una mayor inversión y una visión de futuro donde el agua sea un recurso accesible para todos.
* Ana Lilia Ruiz (<a href="https://x.com/RufloAna" target="_blank" rel="noopener">@RufloAna</a>) es investigadora de Finanzas Públicas y Dalia Toledo (<a href="https://x.com/Dalia_Toledo" target="_blank" rel="noopener">@Dalia_Toledo</a>) es directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción, ambas en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>)

Desigualdad hídrica en México: un problema urgente

En 2025, la Sociedad Civil Organizada (SCO) en México se encuentra en un entorno dinámico y retador, marcado por cambios políticos, económicos y sociales. La SCO continúa siendo un pilar fundamental en la promoción de derechos humanos, desarrollo comunitario y sustentabilidad ambiental. Sin embargo, enfrenta tanto oportunidades significativas como desafíos preocupantes que requieren estrategias innovadoras y una colaboración multisectorial robusta para maximizar su impacto positivo.
Este año la SCO enfrenta una serie de retos críticos que complican su labor en la defensa de los derechos humanos y el desarrollo social. La crisis de inseguridad y violencia persiste, con un número preocupante de personas desaparecidas y desplazadas, además de amenazas continuas a la libertad de expresión y a la seguridad de activistas y periodistas debido a la retórica de estigmatización y agresiones. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Los recortes presupuestales en áreas esenciales como salud, educación y justicia han exacerbado problemas preexistentes y profundizado las desigualdades, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> afectando directamente el acceso a servicios básicos y derechos fundamentales de la población. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Las restricciones crecientes a la participación social, mediante medidas que limitan libertades y derechos, dificultan la posibilidad de exigir cambios significativos en materia de derechos humanos. A esto se suma la sobrerregulación, con normativas excesivas y burocráticas que obstaculizan el funcionamiento eficiente de las OSC, restringiendo su capacidad para obtener recursos y actuar con eficacia en un entorno cada vez más desafiante.
En el contexto internacional, el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México ha tenido un impacto significativo en diversas áreas, especialmente en el ámbito del desarrollo social y la cooperación internacional. En este primer trimestre del año, desde que se redujeron los fondos y las operaciones de USAID en el país, muchas organizaciones que dependían de soporte financiero para sus proyectos han enfrentado la dificultad de mantener sus programas. Esto ha llevado a una disminución en la capacidad de respuesta, así como a una reducción en proyectos de desarrollo local que previamente contaban con el apoyo técnico y financiero de la agencia. Las acciones derivadas del cierre de USAID incluyen el fortalecimiento de organizaciones en México, que han comenzado a buscar nuevas estrategias de financiamiento y colaboración.
Tomando de eje los retos que se presentan, la preservación de los logros alcanzados se convierte en una prioridad esencial, igual que evitar la confrontación y fortalecer las acciones locales y comunitarias. Las crisis también pueden servir como catalizadores para la innovación y la coordinación, al ofrecer oportunidades para desarrollar nuevas estrategias de activismo y aprovechar la tecnología y las plataformas de comunicación para abordar desafíos emergentes. Sin embargo, también se prevé un aumento en la persecución, con posibles restricciones a la libertad de expresión y agresiones dirigidas a defensores del territorio, lo que resalta la importancia de implementar acciones de seguridad digital y establecer protocolos de protección para quienes defienden los derechos y el medio ambiente.
La colaboración se presenta como un pilar fundamental para el fortalecimiento del sector, y destaca la importancia de consolidar observatorios en áreas como seguridad, justicia, transparencia y derechos humanos, para facilitar el trabajo conjunto entre la sociedad civil, la academia y las instituciones. Simultáneamente, las iniciativas ciudadanas <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> enfocadas en la protección y seguridad comunitaria, el cuidado del medio ambiente y el comercio justo están encontrando caminos para florecer a pesar de las restricciones gubernamentales. Además, la creación de redes y alianzas estratégicas entre OSC, el sector académico, el sector privado y organismos internacionales es esencial para generar sinergias que compartan recursos y conocimientos, promoviendo así el desarrollo institucional y la sostenibilidad de causas sociales. Por último, el acompañamiento especializado de agentes fortalecedores se vuelve crucial, integrando una visión de cambio sistémico en estas causas sociales al proporcionar asesoría y apoyo técnico que mejore la efectividad e impacto de las iniciativas sociales.
La sostenibilidad de las causas sociales en México en 2025 dependerá de la capacidad de las organizaciones para enfrentar los retos actuales mediante la innovación, la colaboración y el fortalecimiento institucional. Al mismo tiempo, es crucial que estas organizaciones mantengan un enfoque en la resiliencia comunitaria <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> y la incidencia política para asegurar que sus esfuerzos tengan un impacto duradero y significativo. En este contexto, las organizaciones deben trabajar en fortalecer sus estructuras internas, mejorar su gobernanza y transparencia, y diversificar sus fuentes de financiamiento. La creación de alianzas estratégicas y el uso de herramientas digitales serán esenciales para adaptarse a los nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten. El trabajo en red y el acompañamiento especializado se presentan como alternativas clave para el desarrollo institucional, permitiendo compartir recursos, conocimientos y experiencias. Estas estrategias no solo fortalecen la capacidad de respuesta ante los desafíos, también mejoran la sostenibilidad de las causas sociales a largo plazo.
* Aede Hatziri Recillas Ayala es directora General de <a href="https://dakshina.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Dakshina A. C.</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Comisión Nacional De Los Derechos Humanos. (2024). <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-08/PG_21.pdf" target="_blank" rel="noopener">Cambios positivos en la situación de los derechos humanos en México</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> <a href="https://www.hrw.org/es/world-report/2024/country-chapters/mexico" target="_blank" rel="noopener">Informe sobre la situación de derechos humanos en México</a>, 2024.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Proyecto Impacto. (2024). <a href="https://www.proyectaimpacto.com/2024/04/sostenibilidad-mexico-2024/" target="_blank" rel="noopener">Sostenibilidad México 2025: tendencias, retos y oportunidades</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> CEPAL (2021). <a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cd5dbb5b-452c-4c1a-9de0-f71baf9a9037/content" target="_blank" rel="noopener">Gobierno abierto y ciudadanía en el centro de la gestión pública</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Consultora Social. (2024). <a href="https://www.linkedin.com/pulse/necesidades-de-fortalecimiento-para-afrontar-el-2025-zlgvf/" target="_blank" rel="noopener">Necesidades de fortalecimiento para afrontar este 2025</a>.

Retos para la Sociedad Civil Organizada en 2025

Uno de los factores que incide en mayor medida en la violencia en México es la cantidad de armas de fuego que se encuentran ilegalmente en el país que, de acuerdo a las estimaciones del <a href="https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/revista/index.php/a-profundidad/96-de-mexicanos-no-tiene-armas-de-fuego-ni-les-gusta-la-violencia#:~:text=Los%20mexicanos%20carecen%20de%20incentivos,en%20manos%20de%20grupos%20delictivos." target="_blank" rel="noopener">Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, se ubica entre los 15 y los 24 millones de armas</a>.
La mayoría de estas armas se produjeron en los Estados Unidos, se compraron de forma legal en dicho país y se trafican a México por nuestra frontera norte. <a href="https://www.atf.gov/firearms/docs/report/nfcta-volume-iv-part-vii-–-firearm-commerce-crime-guns-and-southwest-border/download" target="_blank" rel="noopener">De acuerdo con los datos recopilados por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF)</a>, cada año entran de forma ilegal a México 200 mil armas de fuego. 
De hecho, de las más de 24 mil solicitudes de rastreo de armas que el Gobierno de México le hizo a la ATF, <a href="https://www.atf.gov/resource-center/firearms-trace-data-mexico-2017-2022" target="_blank" rel="noopener">el 65 % corresponden a armas que con certeza fueron fabricadas en los Estados Unidos o importadas legalmente a dicho país</a> y, de la mismas, en el 50 % de los casos se pudo localizar las tiendas en donde fueron adquiridas legalmente: en su inmensa mayoría se encuentran en California, Texas, Arizona y Nuevo México.
Debido a lo anterior y bajo la lógica de la corresponsabilidad en el combate al tráfico de drogas, el Gobierno de México ha solicitado al de los Estados Unidos que tome acciones efectivas en contra del tráfico de armas de dicho país al nuestro, e incluso ha presentado acciones legales en contra de las principales compañías de fabricación de armas de aquel país.
Cabe resaltar que si bien las autoridades de los Estados Unidos no han desconocido el problema, lo cierto es que hasta el momento tampoco han tomado acciones contundentes para frenar el tráfico de armas. Ya que la mayoría de las armerías que vendieron las armas que fueron utilizadas en México para cometer asesinatos, continúan abiertas y sin sanciones.
Sin embargo, el hecho de que el Gobierno de los Estados Unidos -a través de una orden ejecutiva- haya declarado a 6 grupos criminales de México como organizaciones terroristas podría tener un efecto favorable no planeado: reducir el flujo de armas a nuestro país.
Para entenderlo de una mejor manera, imaginemos la ruta que siguen las armas a nuestro país. Por ejemplo, un operador del Cártel de Sinaloa desea enviar armas a México, digamos que elige concentrar sus esfuerzos en Tucson, Arizona, primero porque está cerca de la frontera y segundo porque Arizona es uno de los estados con la legislación más laxa en la venta de armas, ya que no se exige que los vendedores lleven un registro de las personas que las compran y basta con que las mismas tengan 21 años y no cuenten con antecedentes penales para poder adquirirlas.
De tal manera que el emisario solo tiene que convencer a ciudadanos de dicho estado que vayan a una armería, compren un arma, se la vendan a un precio mayor y él las entregue a otro ciudadano norteamericano para que las conduzca a Nogales, Sonora, que está a menos de hora y media, y se las dé a otro operador del Cártel de Sinaloa para que las ingrese a México.
Si utiliza un auto estadounidense, conducido por un ciudadano de dicho país, es poco probable que su vehículo sea revisado en la frontera con México y tampoco tenemos escáneres en los pasos fronterizos para detectar armas, por lo que casi siempre el tráfico de armas tiene éxito.
Bajo este modus operandi parece que la lucha en contra del tráfico de armas está perdida. Porque por un lado el Gobierno de los Estados Unidos muestra poco interés por regular y controlar la venta de armas, así como su internamiento a México, y por otro las autoridades de nuestro país no tienen la capacidad ni la tecnología para evitar su ingreso por nuestras fronteras.
Pero precisamente la declaratoria como organizaciones terroristas de los cárteles de la droga le acaba de dar a México el argumento perfecto para presionar a los Estados Unidos para atender el problema, y lo mejor del caso es que lo puede hacer usando la propia legislación norteamericana.
De acuerdo con la Ley Patriota expedida en 2001 en los Estados Unidos, cualquier empresa, persona u organización que colabore, ayude o provea insumos a organizaciones terroristas, puede ser considerada como parte de la misma red y ser sujeta a investigaciones y a sanciones fuertes.
De tal forma que si el Gobierno de México descubre que las armas que utilizó el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación o cualquiera de los otros 4 señalados como terroristas fueron compradas en un conjunto de armerías en Arizona, podría exigir al Gobierno de los Estados Unidos que aplique la Ley Patriota en contra de dichas armerías por proveer armas a organizaciones terroristas.
El no actuar en contra de las armerías podría leerse como una falta de compromiso del Gobierno de los Estados Unidos para combatir el terrorismo, por lo que la iniciativa de Trump terminaría paradójicamente siendo benéfica para México.
También en el mediano plazo esto propiciaría un proceso de auto regulación en las armerías, es decir, con tal de evitarse problemas y poder responder ante investigaciones por terrorismo, las mismas comenzarían a llevar registros, incluso a guardar imágenes de sus clientes, para aportar información de los mismos y no asumir la responsabilidad directa de los actos, lo que permitiría a las autoridades de los Estados Unidos desarticular las redes de contrabando de armas hacia México.
Por ello, lo que México debe hacer ahora es construir un entramado de argumentación lo suficientemente robusto, con base en la legislación de Estados Unidos y de los instrumentos internacionales en materia de terrorismo, para empujar las acciones legales en contra de cualquier establecimiento o persona que haya vendido o comprado un arma que termine ilegalmente en México.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

La declaración de los cárteles como terroristas puede reducir el flujo de armas a México

En sus ojos no hay vida ya. Hincado frente a sus torturadores, el joven está resignado, exhausto, su devastación es total. Es un “recluta”. “Tienes que hacerlo, no hay de otra. Si no, ya sabes, sigues tú”, escucha esa voz adormecido, casi inerte, como si estuviera muy lejos de ese lugar, ya sin voluntad; el miedo inicial lo ha abandonado. Es un “recluta”, ha sido ya despojado de toda humanidad.
La palabra “recluta”, que se repite de manera constante en estos días en los que el horror nos ha golpeado con contundencia, me persigue, me obliga a volver sobre mis archivos, mis entrevistas, mis etnografías. Me enoja, me entristece, me indigna, pero sobre todo, enciende todas mis alarmas. Qué es un recluta. El diccionario lo define como aquella persona que ha ingresado recientemente en una organización militar o en un grupo similar. Se usa para describir a alguien en la etapa inicial de su formación o entrenamiento. Así, “recluta” enfatiza la condición de novato, de aprendiz.
El campo de “reclutamiento” ubicado en un rancho en Teuchitlán, Jalisco, nos ha entregado imágenes atroces. Los hallazgos que el colectivo <a href="https://x.com/GuerrerosJalisc" target="_blank" rel="noopener">Guerreros Buscadores</a> ha ido mostrando en transmisiones en vivo a través de su página de Facebook, dislocan la imaginación y hacen colapsar el lenguaje. ¿Quiénes eran los dueños de esos zapatos que se apilaban desordenados? ¿A quién pertenecían las prendas desgarradas sobre un polvo infinito? ¿De quién los fragmentos de huesos escondidos entre la tierra removida? Cada objeto encontrado es un vestigio de una vida truncada, un indicio, un eco del horror sistemático que opera en estos espacios.
Para entrenar al recluta, para someterlo, primero hay que despojarlo de su identidad, de su humanidad, cosificarlo; eso facilita el trabajo de los jefes del centro que, quizás, también fueron alguna vez reclutas.
Frente a un cuerpo inerte el nuevo recluta ejecuta un ritual macabro. Con torpeza, ha dado ya el primer paso hacia su destrucción como persona, no tiene alternativa. La transformación está en marcha: el recluta no solo es entrenado, es despojado de su humanidad.
El reclutamiento en estos campos es un proceso de aniquilación de lo humano. Para sobrevivir, el recluta debe matar. Para pertenecer, debe aprender a obedecer sin cuestionar. Se entrena con cuerpos, con sangre, con horror. No es casualidad que el crimen organizado haya convertido estos espacios en fábricas de la muerte: aquí no solo se adiestra, se extermina.
Y entonces podemos ir a una capa más terrible, el campo de entrenamiento. Al reclutamiento forzado se añade el aprendizaje del horror, tortura por tortura, descalificación, humillación, romper todo vínculo con lo que alguna vez fue la persona. Ahí, los cuadernos encontrados, esa tecnología análoga que los administradores del exterminio llevaban para contabilizar cuerpos y poner apodos. Antes del exterminio de los no aptos, de los débiles, los rebeldes, viene el sometimiento.
Me detengo en mis apuntes que conservo en mis libretas de trabajo de campo y encuentro una nota subrayada con plumón amarillo: Primo Levi, un sobreviviente de los campos de exterminio nazis, llamó ‘zona gris’ al espacio donde la víctima y el verdugo se confunden, donde la resistencia se diluye en el miedo y la sobrevivencia depende de la capacidad de obedecer. En los campos de entrenamiento del crimen organizado, la zona gris no es una metáfora, es una estrategia. Se recluta a la fuerza, se tortura, se somete. El resultado es un ejército de cuerpos entrenados para matar, despojados de su voluntad, atrapados en un círculo donde la única salida es la muerte. No son solo centros de adiestramiento y sometimiento de cuerpos y voluntades. Son espacios de exterminio donde el recluta es transformado en ejecutor, donde la vida y la muerte pierden sus límites y donde el terror es la única regla. Lo que ahí ocurre es la sistematización del horror.
En los lager, campos de concentración y de exterminio nazi, existió una figura, un personaje extremo y espectral que era llamado “musulmán” por los propios prisioneros y por los guardias; las razones de tal apodo no son del todo claras hasta hoy. El musulmán no solía durar mucho; era un muerto en vida y su destino casi siempre era la selección para la ejecución o simplemente colapsaban. Pero me interesa plantear aquí que esta figura de cuerpos desechables representaban el triunfo de la maquinaria de muerte, cuerpos reducidos a una biología agonizante. Primo Levi los describió como los hundidos, los que ya no podían salvarse. Su figura encarnaba el último estadio de deshumanización impuesto por los nazis y el desprecio de otros prisioneros por los musulmanes nos habla de cómo esta maquinaria de exterminio lograba romper la solidaridad natural entre las víctimas.
Esta rotura, este desgarramiento en la zona gris, se ha venido haciendo pública a través de videos que los mismos criminales graban: jóvenes ejecutando a otros jóvenes, amigo asesinando a su amigo. El horror.
Los cuerpos en estos campos no son solo materia de entrenamiento, sino piezas descartables en un engranaje de exterminio, que he llamado Necromáquina, que recuerda las dinámicas de los lager alemanes. Como los ‘musulmanes’ en los campos nazis, los reclutas son reducidos a una condición de vida mínima, donde la debilidad equivale a sentencia de muerte. Son jóvenes arrancados de la calle, del desempleo, de aspiraciones de futuro, secuestrados con promesas de empleo, de futuros posibles. Pero el destino del recluta no es la ascensión en la estructura criminal, sino su uso y su descarte. Su vida es provisional: al menor signo de flaqueza, duda o resistencia, se convierte en carne de ejecución. Son los miles de rostros en las fichas de búsqueda del hijo, del hermano, de la tía, la sobrina, que la máquinaria de terror convierte en cuerpos anónimos, fragmentos, una camiseta, un zapato. Espectros de un sistema donde la muerte es meticulosamente administrada.
Pero hay algunos de estos reclutas, según todos los relatos a mano, que logran ascender en el proceso de entrenamiento, escapar a un destino fatal. Son, tal vez, los que cambiaron el pantalón desgarrado y las botas vaqueras por el uniforme del grupo criminal. Esto abre una infinidad de preguntas incómodas.
¿Qué debe romperse en la subjetividad de un recluta para convertirlo en torturador y soldado del crimen? Primero, su propia identidad debe ser erosionada hasta la nulidad. La humillación, la violencia recibida, la imposición de pruebas de crueldad lo convierten en una pieza más de la maquinaria. Luego, el miedo y la incertidumbre son reemplazados por una única certeza: matar o ser asesinado. No hay lugar para la duda, la culpa o la empatía. El recluta es moldeado a través de la repetición del horror, hasta que la violencia deja de ser excepcional y se convierte en reflejo condicionado. En los campos de entrenamiento, el umbral de lo humano es desdibujado a fuerza de golpes, obediencia ciega y muerte administrada como ritual de iniciación.
En los campos de concentración nazis hay otras figuras, otros personajes del horror: los sunderkommados, que fueron grupos de prisioneros, en su mayoría judíos, forzados a trabajar en los crematorios y cámaras de gas de los campos de exterminio. No eran verdugos por elección, sino víctimas atrapadas en una estructura de muerte diferida: su labor consistía en retirar los cadáveres, extraer dientes de oro, limpiar las cámaras y operar los hornos crematorios, sabiendo que eventualmente podían ser eliminados. La violencia los atravesaba no solo como destinatarios del exterminio, sino como piezas funcionales de la maquinaria de aniquilación.
Como en los lager nazis, donde los sonderkommandos eran obligados a colaborar con el exterminio bajo la certeza de su propia muerte diferida; en los campos de entrenamiento del narco el recluta es convertido en verdugo con la promesa “ilusoria” de una supervivencia prolongada. La lógica es la misma: se les despoja de elección, se les introduce en un sistema donde obedecer y matar son las únicas opciones viables, y se les mantiene en una frágil suspensión entre la vida y la muerte. En ambos casos, la estructura del horror se sostiene sobre la anulación progresiva de la voluntad y la instauración de una rutina de violencia que, lejos de ser arbitraria, está meticulosamente diseñada para producir cuerpos funcionales a la maquinaria del exterminio.
Estos campos no solo reflejan el horror de la violencia organizada, sino que revelan la estructura de una necromáquina, un dispositivo de exterminio que administra la muerte como parte de su lógica operativa. La muerte no es solo un fin, sino un recurso: se mata para disciplinar, para infundir terror, para regular el flujo de cuerpos disponibles. ¿De qué modelo de negocio nos habla el centro de exterminio en Teuchitlán? ¿Quiénes sostienen su funcionamiento y quiénes se benefician de su continuidad? No estamos ante anomalías o excesos, sino ante un sistema perfectamente articulado donde la producción de cadáveres es parte del orden económico y político del crimen organizado en México.

Campos de exterminio, jóvenes desechables  y economía de la muerte en el crimen organizado

“El mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por quienes los observan sin hacer nada”.
Albert Einstein
Vivimos un momento en la historia en el que muchos advierten sobre la posibilidad de un nuevo conflicto mundial, como si los demonios del pasado estuvieran a punto de desatarse nuevamente. Sin embargo, quienes difunden estas advertencias son, en muchos casos, los mismos actores que están socavando las reglas mínimas de convivencia que la humanidad ha construido con esfuerzo.
Los avances en derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y los acuerdos que han permitido la paz en distintas regiones del mundo están siendo erosionados por una nueva lógica de imposición y sometimiento. “Donde la fuerza dicta las normas, la justicia deja de existir”, advertía el filósofo John Locke.
Hoy, en un clima de creciente tensión global, los tambores de guerra resuenan no solo en el ámbito militar, sino también en el comercio, la diplomacia y la geopolítica.
Las grandes potencias imponen sus condiciones a los pueblos que consideran subordinados, explotando sus recursos naturales y sacando el mayor provecho del comercio mundial. En este juego de dominio, las reglas no son equitativas: se utilizan todas las estrategias de presión posibles, incluyendo bloqueos económicos, sanciones y amenazas veladas. Las fronteras se cierran para quienes no aceptan sus términos, y el desarrollo de las naciones queda sujeto a la voluntad de quienes controlan los mercados y los flujos financieros.
<h2>El olvido de las lecciones del pasado</h2>
¿Qué nos ocurre como civilización cuando, a pesar de haber vivido grandes tragedias —guerras, genocidios y crisis humanitarias—, seguimos repitiendo los mismos errores?
Cada conflicto, al final, nos deja en el mismo punto de partida, solo con una estela de sufrimiento humano aún mayor.
A pesar de ello, la mayoría de las personas opta por la indiferencia, por encerrarse en su propia realidad y solo reaccionar cuando los problemas tocan directamente su entorno cercano. “Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que las personas buenas no hagan nada”, dijo Edmund Burke, y esa actitud pasiva es lo que permite que las crisis se profundicen.
Las grandes potencias han aprendido a jugar con este letargo colectivo. Mientras la población mundial se mantiene ocupada en sus propios problemas, los poderosos consolidan su dominio, asegurándose de que sus intereses económicos y políticos prevalezcan.
La instrumentalización del otro —de los países más débiles, de los pueblos sin voz, de los ciudadanos atrapados en la rutina— se ha convertido en la norma.
Pero este sistema, basado en la imposición y el miedo, solo puede sostenerse mientras sigamos callando.
En lugar de analizar los signos del presente, muchos prefieren ignorarlos, sin darse cuenta de que el silencio solo alimenta la destrucción de lo que se ha construido.
<h2>Un futuro en riesgo: reconstrucción o retroceso</h2>
La era en la que vivimos no está marcada por el progreso, sino por un retroceso peligroso. En lugar de mirar hacia el futuro con esperanza, estamos permitiendo que se desmoronen las normas básicas de convivencia y que las tragedias simplemente sucedan sin hacer nada por evitarlo.
Pero aún estamos a tiempo de revertir este proceso. Lo que nos corresponde ahora no es resignarnos, sino recuperar lo que se ha avanzado y reconstruir un camino que nos permita mirar hacia adelante. No podemos permitir que la historia se repita sin aprender de sus errores.
El desafío de nuestro tiempo es claro: evitar una nueva conflagración global y ser capaces de tomar medidas preventivas que protejan la dignidad humana y los derechos de los pueblos.
No podemos seguir aceptando un mundo donde las grandes potencias imponen sus condiciones bajo la amenaza del aislamiento o la asfixia económica. Necesitamos nuevas formas de organización, solidaridad y resistencia.
Si queremos un futuro distinto, es momento de actuar. La historia nos ha mostrado lo que sucede cuando el mundo guarda silencio ante la injusticia y la barbarie. Esta vez, no podemos quedarnos callados.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Salir de nuestro silencio y reconstruir nuestro futuro

Reforma fiscal: despojo, dualismo de clase y otros fantasmas que recorren la CDMX

La semana pasada <a href="https://www.facebook.com/share/v/1WykMZbhVo/?mibextid=wwXIfr" target="_blank" rel="noopener">el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer en redes sociales imágenes perturbadoras de un predio en Teuchitlán</a> en el que había crematorios clandestinos, restos de ropa y pertenencias personales, cientos de tenis, libretas, en fin, <a href="https://animalpolitico.com/estados/colectivo-hornos-crematorios-rancho-teuchitlan-jalisco-cateado" target="_blank" rel="noopener">huellas de un exterminio masivo</a>. Pero, al decir de la líder del colectivo, dicho predio no sólo funcionaba como un lugar de exterminio, sino que era un centro de reclutamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Las imágenes macabras y la revelación de un centro de adiestramiento constituyen un escándalo que ojalá se sostenga en el tiempo, y sobre todo en nuestra conciencia. Que para quienes están acostumbrados a convivir con imágenes fuertes, el hallazgo haya resultado especialmente impactante, dimensiona el tamaño de la tragedia. Es claro que escaló la evidencia.
Por supuesto que para que dicho predio hubiera podido operar con ese volumen de gente fue necesaria la colusión de autoridades de todos los niveles, y no sólo hay que ubicar y castigar a quienes permitieron por omisión o comisión esos atropellos, sino asumir de una vez que la impunidad está más que enquistada en nuestro tejido institucional, y actuar en consecuencia.
Cuando digo que hay que seguir escandalizándonos con la tragedia de Teuchitlán es para no normalizarlo, para conservar nuestra capacidad de indignación, y para desterrar de una vez la narrativa del oficialismo según la cual, esas imágenes, esas masacres, esas evidencias, no forman parte de nuestra realidad y es siempre la prensa enemiga, nacional o extranjera, la que amplifica con mala leche las cosas. Las imágenes son demasiado perturbadoras como para dejarlas fácilmente en el olvido.
Pero también ojalá nos recuerden que debemos revisar la ruta que estamos emprendiendo para solucionar el problema de la delincuencia organizada y la recuperación de nuestra propia soberanía en territorio nacional. Y ahí, por desgracia, no todo son buenas noticias.
Es celebrable que por la vía de los hechos se esté abandonando la estrategia de abrazos no balazos, pero si anticipamos qué podrá pasar con el acceso a la justicia bajo la muy desaseada y poco confiable manera en que se va a reformar el Poder Judicial, el optimismo no tiene cabida. Cancelar la meritocracia e instaurar un régimen electivo es la peor manera para fortalecer la impartición de justicia.
Y si le sumamos el debilitamiento sistemático a nuestro incipiente federalismo, tampoco nos podemos ilusionar con fiscalías o policías locales que puedan desarrollar capacidades para hacer frente a tragedias como las de Teuchitlán. Tiempos difíciles a los que ojalá nunca nos acostumbremos.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://x.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

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