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“Un gobierno que se consume en disputas internas nunca podrá responder a las necesidades de su pueblo”.
Kofi Annan, exsecretario general de la ONU
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Es profundamente desolador observar cómo muchos de aquellos que alguna vez lucharon contra el PRI —un partido hegemónico, clientelista y autoritario— hoy guardan silencio ante el evidente retroceso que vive el país. Irónicamente muchos de ellos, que combatieron el autoritarismo en el pasado, ahora ocupan cargos en el gobierno y fomentan precisamente lo que antes condenaron: el clientelismo y una relación asistencialista con los ciudadanos, que alguna vez cuestionaron.
En su momento, la lucha por la democracia buscó empoderar a la ciudadanía a través de experiencias autogestionarias y modelos de gestión colectiva. La fuerza social, expresada en movilizaciones y demandas organizadas, fue el motor de un proyecto que aspiraba a lograr autonomía y generar beneficios comunitarios. Los ciudadanos dejaron de ser meros espectadores para convertirse en actores activos del cambio. Sin embargo, todo ese esfuerzo parece haberse desmoronado, dando paso al regreso del modelo paternalista, donde los gobernantes benefactores entregan dádivas a ciudadanos reducidos a roles pasivos y despojándoles su agenda política.
Este retroceso no solo implica la pérdida de conquistas democráticas, sino también la degradación de las relaciones entre gobernantes y gobernados. A medida que el clientelismo se expande, las tensiones internas dentro del gobierno se intensifican. La incapacidad de satisfacer las crecientes demandas de las clientelas alimentará inevitablemente disputas internas por el control de recursos, territorios y espacios de poder.
En este esquema, la lógica de “todo bajo mi control” prevalece. Quienes no se alineen serán considerados enemigos. La lealtad ideológica desaparece, dando paso a la conveniencia y al interés personal. Cada actor dentro del sistema buscará garantizar primero su beneficio individual y, si conviene, el de su grupo, dejando de lado el interés colectivo.
Esta pugna interna fracturará aún más al sistema político, afectando gravemente a la ciudadanía. Los conflictos entre gobernantes se traducirán en estrategias desleales, bloqueos y luchas de poder que paralizarán cualquier avance significativo para el país.
Lo que alguna vez fue una lucha por la justicia, la equidad y la autonomía ha sido reemplazado por una pugna por cuotas de poder y beneficios personales. Este ciclo no solo perpetúa el clientelismo, sino que amenaza con desmoronar los cimientos de una sociedad democrática y participativa.
Es urgente reflexionar sobre este proceso. Recuperar la fuerza social que una vez nos movilizó es imperativo. Necesitamos reconstruir un proyecto colectivo donde los ciudadanos retomen su papel protagónico, no como receptores pasivos de un sistema clientelar, sino como actores activos en la construcción de un país justo y equitativo.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

El retroceso silencioso: de la lucha por la autonomía al retorno del clientelismo

Ante el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, se ha hecho énfasis en las estrategias que debe implementar el gobierno federal para hacer frente a las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente electo y, aunque de manera general estas estrategias contemplan principalmente a connacionales, es innegable la necesidad que existe de contar con una estrategia integral que atienda, por una parte, a la diversidad de flujos migratorios actuales que atraviesan por México, y por otro lado, disminuya las brechas y omisiones de sexenios pasados. 
México carece de estadísticas mensuales desagregadas sobre el número de personas en movilidad que llegan a su frontera norte; sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) mantiene un <a href="https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters" target="_blank" rel="noopener">registro de los encuentros </a><a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> ocurridos en su frontera sur lo que permite hacer una radiografía de los flujos que confluyen entre México y Estados Unidos.
<figure id="attachment_1482794" aria-describedby="caption-attachment-1482794" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1482794" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/migracion-forzada-1.jpg" alt="Gráfica de Encuentros Registrados en la Frontera Sur de Estados Unidos durante 2024. Fuente: CBP" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/migracion-forzada-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/migracion-forzada-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/migracion-forzada-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/migracion-forzada-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1482794" class="wp-caption-text">Gráfica de Encuentros Registrados en la Frontera Sur de Estados Unidos durante 2024. Fuente: CBP</figcaption></figure>
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En 2024 se evidenció una notable disminución en los encuentros registrados en la frontera sur de Estados Unidos, pasando de 309,240 en octubre de 2023 a 144,660 en septiembre de este año. Además, la composición de estos flujos migratorios mostró que la mayoría correspondía a adultos que viajaban solos, seguidos por familias, niños acompañados y, en menor medida, niñas y niños no acompañados.
<figure id="attachment_1482795" aria-describedby="caption-attachment-1482795" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1482795" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/migracion-forzada-2.jpg" alt="Gráfica de Encuentros Registrados en la Frontera Sur de Estados Unidos durante 2024. Fuente: CBP" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/migracion-forzada-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/migracion-forzada-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/migracion-forzada-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/migracion-forzada-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1482795" class="wp-caption-text">Gráfica de Encuentros Registrados en la Frontera Sur de Estados Unidos durante 2024. Fuente: CBP</figcaption></figure>
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La causa principal se debe al incremento en cantidad, alcance y crueldad de riesgos, violencias y violaciones a derechos humanos en contra de personas migrantes y con necesidades de protección internacional. 
El Estado mexicano ha fallado en su deber de adoptar medidas adecuadas, suficientes y efectivas para enfrentar la grave crisis de derechos humanos en el país. En el contexto migratorio, en particular, ha operado en realidades paralelas, donde predominan narrativas coercitivas y criminalizantes que retratan a las personas migrantes como enemigos externos que representan un peligro para la soberanía y la seguridad nacional como una forma de control social, mientras que legitiman mecanismos jurídicos con los que se ejecutan acciones arbitrarias y discriminatorias. Un ejemplo recurrente de estas prácticas es el uso del eufemismo &#8220;rescates humanitarios&#8221; para describir el confinamiento de personas migrantes en Estaciones Migratorias, con motivo de determinar su situación migratoria en un país donde migrar no constituye un delito. 
Por otra parte, otras prácticas como el traslado discrecional de las personas migrantes dentro del país a ciudades como Villahermosa o Tapachula, una vez que llegan a la frontera norte e incluso desde la frontera sur, como parte de una estrategia de desgaste, así como la “repatriación” de estas personas a sus países de origen, vulneran gravemente su integridad y seguridad, violando los principios de protección internacional y poniendo en riesgo a quienes se ven forzados a migrar.
A lo largo de 2024, la Redodem ha presentado evidencia que respalda que la política migratoria del último sexenio se ha militarizado y que la participación de la Guardia Nacional y los elementos del ejército ha adquirido un papel protagónico en las labores de control migratorio, lo que explica el alarmante aumento de violencias y violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas migrantes. Recientemente, con la publicación de nuestro <a href="https://redodem.org/informes2023" target="_blank" rel="noopener">informe de datos estadísticos de 2023</a>, hemos documentado que es más probable que la violencia contra una persona migrante sea perpetrada por autoridades migratorias que por el crimen organizado.
Es imprescindible insistir en que el nuevo gobierno debe construir una política migratoria basada en evidencia que reconozca la complejidad de la realidad en México como país expulsor, de tránsito y de destino. Esta política debe abordar la diversidad de perfiles migratorios y garantizar alternativas efectivas, diseñadas para responder a las necesidades de protección especial de quienes la requieren.
* La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM (<a href="https://twitter.com/RedodemMX">@RedodemMX</a>) es una red nacional de albergues, casas para migrantes y organizaciones en 14 estados del país.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a>  CPB entiende por encuentros a las interacciones registradas por agentes fronterizos entre personas migrantes -solicitantes de asilo o no.

¿Existe una estrategia humanitaria para migración forzada y protección internacional en México?

En la conferencia mañanera del pasado 13 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE que detalle cómo se gastarán los 7 mil millones de pesos que la Cámara de Diputados le asignó para la elección judicial.
Creo que el recuento que se puede ir haciendo ya es la cantidad de cosas que dejará de hacer el INE tras haber recibido el mayor recorte en su historia, justo el año que enfrentará la elección más grande en términos de cargos a elegir, y sin duda la más compleja (o absurda) en términos de la ley que la regula.
Por lo pronto es previsible que en junio ya no votemos en casillas sino en centros de votación, es decir, en locales más amplios en los que se agrupen varias casillas. Inevitablemente los tiempos de traslado se incrementarán para la mayoría de los electores. Es probable que la impresión de las boletas se deje de hacer en papel seguridad.
Habrá menos recursos para apoyar a los funcionarios de casilla y para poner al día los materiales electorales. Seguramente también se reducirá el número de capacitadores y asistentes electorales, y el tiempo de contratación se acortará. La calidad de la capacitación será inferior a otras elecciones.
Como se le mire, será una elección muy lejana a los estándares a que nos tiene acostumbrados el INE. Se trata de la elección de uno de los tres Poderes de la Unión y distará mucho de observar los principios de integridad electoral que rigen las elecciones de los otros dos poderes. Es lamentable.
El INE, en efecto, deberá dar cuenta de lo que pueda hacer con todas las restricciones que tiene, pero quienes deberán detallar el tipo de elección que imaginaron a la hora de hacer el recorte que hicieron son los legisladores; sería muy útil saber cuáles fueron los supuestos que tomaron en cuenta para arribar a la cifra que aprobaron.
Por lo pronto ya hay un primer grupo damnificado: no habrá voto en el extranjero para elegir jueces, magistrados y ministros. Todo apunta a que será una elección más que fallida, pero a quien pague los platos rotos no habrá que buscarlo en el INE, sino en poder legislativo que primero hizo una ley plagada de sin sentidos y después sometió presupuestalmente a la autoridad electoral.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Los platos rotos de la elección judicial

La mañana del 16 de octubre, un chorro de agua empezó a filtrarse por una de las tuberías en el Senado de la República mojando las baldosas negras del Patio del Federalismo. La presión acumulada en aquel borbotón era muy parecida a la fuerza con la que el &#8220;plan C&#8221; de AMLO venía empujando desde que se supo que Morena tendría mayoría calificada en la LXVI Legislatura.
En menos de cinco meses, Morena y sus aliados lograron aprobar cambios normativos de gran calado que ahora forman parte de un nuevo proyecto de nación y que sentiremos en los años por venir.
Sin embargo, el apresurado proceder parlamentario, combinado con la falta de liderazgo y la fragmentación de la oposición, ha expuesto un desaseo procedimental que resulta difícil de borrar bajo el cómodo argumento de “es lo que el pueblo quería”.
Este primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura marcará el rumbo del sexenio tanto por la relevancia de las reformas aprobadas como por el modo en que se han implementado. Lo que está en juego trasciende una ambiciosa agenda legislativa de transformación institucional; se trata de la capacidad del oficialismo para legitimar un proyecto político bajo un discurso que ha tardado más de dos décadas en consolidarse.
En este texto presento un recuento de los episodios más representativos de este periodo legislativo, que no solo ilustran la magnitud de los cambios impulsados, sino también las grietas procesales en una transformación que, aunque ambiciosa, ha estado marcada por descuidos, improvisación y desorden. Estos eventos refuerzan la percepción de que, en la prisa por consolidar las bases jurídicas de la autodenominada 4T, el Congreso ha quedado superado por el desafío de equilibrar eficacia legislativa con la legitimidad institucional que todo nuevo régimen político requiere. Sí, incluso aquellos en los que el pueblo le da la mayoría a alguna opción política.
<h2>Una legislatura polémica desde el origen</h2>
Con el 46.49 % de los votos, Morena y sus aliados obtuvieron el 73 % de los escaños en la Cámara de Diputados, asegurando una mayoría calificada sin necesidad de acuerdos con la oposición. Aunque conforme a las reglas electorales vigentes, esta desproporción (por cierto la más abultada en el México contemporáneo) desató críticas por distorsionar la voluntad ciudadana y poner en entredicho al sistema electoral, el INE y el Tribunal Electoral. Mientras la oposición lo calificó como un &#8220;asalto al voto&#8221;, diputados oficialistas como Reginaldo Sandoval (PT) argumentaron que esta mayoría se alcanzó legítimamente bajo las reglas creadas por el sistema anterior, un punto que subraya la tensión entre legalidad formal y percepción democrática en un Congreso que inicia con controversias profundas de legitimidad originaria.
<h2>Caos en la Sala de Armas: la Reforma Judicial bajo la lupa</h2>
Apenas tres días después de su instalación, la Cámara de Diputados sesionó en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca tras un acuerdo apresurado para trasladarse debido a los bloqueos de manifestantes en San Lázaro. Aunque justificado legalmente por las autoridades legislativas, el cambio de sede con poca antelación en su aviso generó tensiones y dudas sobre la legitimidad del proceso. La sesión destinada a aprobar (no a debatir) la reforma al Poder Judicial, enfrentó acusaciones de ilegalidad, ausencia de quórum formal y procedimientos irregulares, como el registro manual de asistencia y votaciones de viva voz, sin mencionar que diputados como Sergio Mayer creían estar votando una reforma al Poder Legislativo.
<h2>Mayoría en la cuerda floja</h2>
El 10 de septiembre, un episodio inusual puso en duda uno de los principios más básicos del proceso legislativo: cuántos votos son necesarios para alcanzar la mayoría calificada en el Senado. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado declaró que 85 votos eran suficientes, redondeando los 85.33 que representan dos tercios de los 128 senadores. Sin embargo, esta interpretación chocaría con interpretaciones, casos de congreso locales y jurisprudencia que establece que los decimales deben redondearse hacia arriba, fijando el umbral en 86 votos. Aunque se intentó proceder con 85, las críticas de la oposición y de expertos obligaron a rectificar. Este episodio, sorprendente en un órgano con más de 160 años de experiencia, reflejó no solo una confusión técnica, sino también la influencia del cálculo político en un Congreso fracturado, subrayando los desafíos para garantizar la legitimidad de las decisiones parlamentarias.
<h2>Reforma Judicial: entre asaltos, alianzas y cuestionamientos</h2>
La aprobación de la reforma judicial en el Senado no fue menos dramática que en su colegisladora. El 11 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial irrumpieron en el recinto, ocupando curules y tribunas en un episodio sin precedentes (al menos en esa sede). La reaparición de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, para votar a favor tras la licencia solicitada por su hijo, junto con la ausencia del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano, resultaron cruciales para que Morena y sus aliados lograran la mayoría calificada. La figura de Yunes, quien posteriormente asumiría un papel protagónico en Morena, intensificó las críticas por posibles pactos políticos, debilitando aún más al liderazgo opositor. Este proceso abrió un importante debate sobre la legitimidad legislativa (a la venta) y el respeto al Estado de derecho en México.
<h2>¿Congreso abierto?</h2>
El Senado de la LXVI Legislatura ha desatado críticas por decisiones que parecen contradecir los principios de un Congreso abierto. Restricciones de acceso a la prensa, quitar espacios físicos a  periodistas de la fuente por festejos, o casos como el intento de declarar privada la comparecencia de Juan Ramón de la Fuente—detenidos solo por presión pública—y así como limitaciones para entrevistas a funcionarios en comparecencia (como Rosa Icela Rodríguez), han generado preocupación al proyectar una imagen de opacidad en la cámara, cuestionando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
<h2>La piedra que no quiso rodar</h2>
La reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH en noviembre de 2024 expuso tensiones políticas y cuestionamientos sobre la independencia de la institución parlamentaria. Pese a los rumores de que Claudia Sheinbaum prefería otra candidata, la operación liderada por Adán Augusto López consolidó la influencia de Andrés Manuel López Obrador en el proceso. Denuncias de boletas premarcadas, una votación pública que rompió con la tradición de voto secreto y críticas de organizaciones civiles, como el Centro Prodh, señalaron un proceso más político que técnico. Recordando su polémica elección en 2019, este episodio reavivó dudas sobre la autonomía de la CNDH y dejó en evidencia la politización de las instituciones clave del país.
<h2>Supremacía cuestionada</h2>
La reforma de supremacía constitucional, aprobada el 30 de octubre de 2024, ha enfrentado intensos cuestionamientos por presuntas irregularidades en su proceso legislativo. Uno de los casos más polémicos fue el del diputado Pedro Haces, cuyo voto apareció registrado a favor de la reforma a pesar de su ausencia en la sesión, algo que él mismo admitió. El presidente de la Mesa Directiva atribuyó el incidente a un error técnico en el sistema de votación (similar lo que ocurriría en diciembre de 2024 con las listas de aspirantes al poder judicial, que incluían nombres repetidos o sin registro). Aunque el voto de Haces fue eliminado al día siguiente, inicialmente contribuyó a alcanzar la mayoría calificada. La controversia creció con rumores de que el diputado habría estado en Nueva York durante la final de la Serie Mundial, lo que él negó diciendo que &#8220;solo rinde cuentas a sí mismo&#8221;.
<h2>El &#8220;exprés legislativo&#8221;</h2>
La velocidad en el procesamiento de las iniciativas por parte de los congresos locales en México alcanzó nuevas alturas en este primer periodo de la LXVI Legislatura. La Reforma Energética de 2013 había sido el antecedente de procesamiento más ágil para una reforma, pues fue aprobada en un promedio de 4 horas y 30 minutos por Congreso local. Sin embargo, la reciente Reforma de Supremacía Constitucional fue aprobada en tan solo 33 minutos en promedio, alcanzando las 17 entidades necesarias en apenas 16 horas. Casos como el de Veracruz, con un debate de apenas 11 minutos, o Zacatecas, el primero en avalarla 57 minutos después de recibirla, evidencian una velocidad inédita en esta tarea. Si bien estas cifras destacan la coordinación política de Morena y sus aliados, también plantean serias dudas sobre la calidad de las reformas y el costo democrático de un modelo legislativo que prioriza la rapidez sobre la deliberación.
<h2>Descuido de las formas y el proceso</h2>
La desaparición de siete organismos autónomos, incluido el INAI, estuvo marcada por errores legislativos y cuestionamientos de especialistas. Durante la discusión, Morena utilizó un dictamen desactualizado que omitió reformas recientes, como las disposiciones sobre la &#8220;supremacía constitucional&#8221; y la Guardia Nacional, errores que intentó subsanar mediante una &#8220;fe de erratas&#8221;, lo cual constituye un error procesal fundamental. En el Senado, la falta de quórum verificado y un análisis técnico insuficiente intensificaron las críticas a un proceso que evidencia la centralización del poder y el debilitamiento de los contrapesos democráticos.
<h2>Un desliz legislativo: la prohibición constitucional de vapeadores y sus implicaciones</h2>
El 4 de diciembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que prohíbe los vapeadores, lo cual desvía la Constitución de su propósito esencial como norma suprema destinada a establecer principios fundamentales y derechos generales, no a regular productos específicos sujetos a cambios científicos y tecnológicos. Asimismo, esta medida, al carecer de flexibilidad para ajustarse a nueva evidencia, contradice resoluciones judiciales previas que declararon inconstitucionales prohibiciones similares y genera riesgos como el aumento del mercado negro, la pérdida de ingresos fiscales y el deterioro del control de calidad. Además, equiparar en el texto constitucional productos de impacto sanitario tan distinto, como los vapeadores y el fentanilo, refleja una deficiencia en la técnica legislativa, ignorando la necesidad de regulación específica y adaptable en lugar de prohibiciones rígidas.
<h2>Y lo peor. La oposición no mete ni las manos</h2>
El 5 de diciembre el Senado aprobó, con el respaldo mayoritario de la oposición, medidas que limitan significativamente el tiempo y las condiciones para la deliberación legislativa, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias. La anticipación para convocar a comisiones se redujo de 72 a 36 horas en sesiones ordinarias y de 24 a 12 horas en extraordinarias. Además, el tiempo de intervención de las minorías al presentar votos particulares en contra de un dictamen se disminuyó de 10 a 6 minutos. Este acuerdo, aprobado con 97 votos a favor y solo uno en contra, evidencia una dinámica política que prioriza la rapidez sobre la calidad del debate.
<h2>Conclusión</h2>
Hoy tenemos un Congreso que legisla sin contrapesos efectivos, sin respeto a las normas y procedimientos, sin apertura al escrutinio de los medios, sin disposición al diálogo y con una oposición debilitada, fragmentada y que ha sido un mero testigo de los atropellos legislativos. Esto no augura un rumbo favorable para la democracia ni para el fortalecimiento institucional del país.
Durante este primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura, la autodenominada 4T ha demostrado una notable capacidad para impulsar reformas de gran calado, superando obstáculos con un dramatismo digno de telenovela. Sin embargo, el verdadero desafío no radica en reformar a cualquier costo, sino en garantizar la legitimidad de estas transformaciones a largo plazo. De no hacerlo, lo que hoy parece un triunfo legislativo celebrado por algunos defensores de la llamada 4T podría convertirse en un arma de doble filo, comprometiendo no solo la estabilidad política, sino también la credibilidad de un proyecto que prometió transformar las reglas del juego sin romperlas.
A quienes encabezan la autodenominada 4T les diría que la historia no se ha cansado de recordarnos que la legitimidad no se limita al respaldo electoral o al apoyo popular; también requiere un estricto apego a los procedimientos, pues son estos los que refuerzan la confianza en las instituciones democráticas. Sin ese equilibrio, los avances legislativos pueden debilitar el sistema en lugar de fortalecerlo. En cualquier régimen con aspiraciones mínimamente democráticas, los procedimientos parlamentarios no son simples rituales, sino pilares que garantizan que el ejercicio del poder respete la voluntad del pueblo hecha ley.
Para nuestra nueva presidenta, este inicio de administración presenta un doble desafío: por un lado, mantener el impulso reformista que define su proyecto político; por otro, asegurar que estos avances se construyan sobre bases procesales sólidas que refuercen la legitimidad democrática. Aunque la llamada 4T cuenta con una mayoría dominante en el Congreso, ese poder no garantiza estabilidad perpetua, mucho menos en el interior del movimiento. El verdadero reto será evitar que la velocidad de las decisiones desgaste al proyecto con más capital político en el México de hoy o, peor, que erosione la confianza pública en la transformación que su partido busca consolidar.
* Sergio A. Bárcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Actualmente profesor investigador de la escuela de humanidades del Tecnológico de Monterrey y director de la asociación civil Buró Parlamentario.

La nueva legislatura, ¿cómo empezamos y hacia dónde vamos?

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México tienen sus raíces en el activismo social y la organización comunitaria, influenciadas por distintas etapas históricas y contextos sociales. En 2004, con la promulgación de la Ley de Fomento para las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se institucionalizó su reconocimiento y apoyo permitiendo su profesionalización y vinculación con el gobierno y otros sectores; sin embargo, en los últimos años han enfrentado una serie de desafíos <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> como el cumplimiento de una normatividad fiscal y legal cada vez más compleja, limitaciones para el acceso a un financiamiento sostenible, así como falta de reconocimiento o apoyo por parte de algunos sectores gubernamentales y privados.
En su mayoría, estas organizaciones desarrollan sus actividades sumando personas con intereses comunes, creando equipos comprometidos y enfocados en el logro de sus objetivos sociales. Sin embargo, estos equipos están poco especializados <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> para mediar la carga fiscal y legal que genera la formalización de las OSC al constituirse legalmente, por lo que cada día es mayor la necesidad de incorporar procesos de profesionalización en su gestión como la administración, la comunicación social, la procuración de recursos, así como temas legales y fiscales principalmente.
Aunado a esto, en los últimos años la competencia para acceder a recursos públicos de fundaciones y organismos internacionales es cada vez mayor, por lo que la profesionalización y especialización del capital humano de las organizaciones puede hacer la diferencia para garantizar una sostenibilidad a largo plazo. De acuerdo con el informe anual de Rutas para Fortalecer en 2023, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> en los últimos cinco años el 55 % de organizaciones encuestadas han realizado como mínimo un proceso de fortalecimiento apoyado técnicamente por un agente fortalecedor; sin embargo, aún existe mucho camino por recorrer dado el entorno normativo en constante cambio y actualización en el que operan. Las OSC necesitan asegurar su impacto y permanencia, y para ello es de suma importancia que fortalezcan sus capacidades institucionales, busquen ser más eficientes y tengan un mejor rendimiento.
Un agente fortalecedor <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> es una entidad que opera bajo la figura de otra OSC (fundaciones, consultores, instituciones educativas o gubernamentales, organismos internacionales) y que busca generar capacidades en las organizaciones para mejorar su efectividad mediante el apoyo técnico (administrativo, financiero, legal o estratégico), brindando recursos, herramientas, conocimientos y acompañamiento para mejorar su capacidad de gestión, impacto, sostenibilidad y maximizar su impacto social.
A la fecha se identifican más de 400 agentes fortalecedores, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> quienes se enfocan en brindar procesos de formación, consultorías personalizadas y entre pares, por lo que la elección de con quién y cómo desarrollar estos procesos de acompañamiento es de vital importancia para maximizar el impacto buscado y garantizar un fortalecimiento efectivo: las capacitaciones si bien son una herramienta clave dentro del desarrollo organizacional, suelen centrarse en temas concretos que pueden o no implementarse en la práctica, por lo que estas no son suficientes por sí solas para lograr una transformación completa. Es ahí donde el fortalecimiento, al ser un proceso más integral, estratégico y personalizado, puede transformar y consolidar las capacidades internas de una OSC.
Es altamente recomendable trabajar con entidades con experiencia, que ofrezcan servicios alineados a las necesidades de la organización, desarrollando un análisis personalizado para identificar fortalezas y áreas de mejora, que ajusten sus programas al contexto de las OSC, con metodologías aplicables y que generan resultados concretos.
El objetivo debe ser el desarrollo de capacidades instaladas dentro de la OSC, a fin de que sea más autónoma y sostenible, por lo que estos acompañamientos deben ser una constante en la vida institucional, visto desde una perspectiva de responsabilidad compartida con los donantes, ya que para estos últimos debe ser una inversión estratégica en la sostenibilidad, impacto y efectividad de las organizaciones que apoyan, asegurando que puedan cumplir con sus obligaciones legales y mejorar su administración, reduciendo riesgos operativos y legales para ambas partes.
* Dakshina es una fortalecedora en temas contables, fiscales y financiero de las causas sociales no lucrativas de México con una experiencia de 11 años.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Gestión del conocimiento en organizaciones de la sociedad civil. <a href="http://escritura.cua.uam.mx/archivos_Madic/Gestion%20del%20conocimiento%20en%20OSC.pdf" target="_blank" rel="noopener">Estudio de caso: Fundación Dr. Sonrisas</a>. UAM.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513642/INICIATIVA_GLOBAL_PARA_LA_EQUIDAD__LA_JUSTICIA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Una mirada a los procesos de profesionalización y género de las Organizaciones de la Sociedad Civil</a>. INDESOL.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Infografía:<a href="https://rutasparafortalecer.org/wpcontent/uploads/2020/04/infografias_rutasparafortalecer.org_.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Rutas para Fortalecer</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> <a href="https://www.researchgate.net/publication/372568566_Gobernanza_desarrollo_y_profesionalizacion_de_las_organizaciones_de_la_sociedad_civil_en_Mexico_2020" target="_blank" rel="noopener">Gobernanza: desarrollo y profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil en México, 2020</a>. Apuntes electorales.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> <a href="https://alternativasycapacidades.org/wp-content/uploads/2019/04/Fortalecimiento-institucional.pdf" target="_blank" rel="noopener">El fortalecimiento institucional de las OSC en México</a>. Alternativas y Capacidades.

Fortalecimiento, clave para la sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil

“Donde no hay autonomía, no hay verdadera democracia”.
Amartya Sen, economista y filósofo
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La desaparición de los organismos autónomos, recientemente aprobada, marca un retroceso preocupante en la relación entre gobierno y sociedad. Este cambio nos enfrenta a un escenario donde los gobernantes impondrán unilateralmente su ley, anulando los mecanismos de protección ciudadana y dejando a la sociedad indefensa ante decisiones arbitrarias que erosionan el Estado de derecho.
Los organismos autónomos surgieron como resultado de una histórica lucha ciudadana por construir espacios de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas. Este movimiento buscaba superar la limitada visión del ciudadano como simple portador de una credencial de elector, promoviendo en su lugar un papel activo en la definición de políticas públicas y la supervisión del poder.
Con su desaparición, se nos priva de un pilar esencial de nuestra ciudadanía. En su lugar, se nos reduce a receptores pasivos de dádivas gubernamentales y se imponen reglas que ignoran el interés público. Este retroceso es incongruente con las dinámicas actuales de los ciudadanos, quienes participan en un entorno interconectado y demandan cada vez más justicia, innovación y transparencia.
En lugar de fortalecer el vínculo entre Estado y sociedad, la centralización del poder y la eliminación de estos espacios de participación cívica solo profundizarán la desconexión entre gobernantes y gobernados. Desde el poder, se intenta imponer un modelo autoritario que desestima la pluralidad y subestima el espíritu crítico de una sociedad que ha demostrado su capacidad para resistir la arbitrariedad.
Este esquema de gobierno, sustentado en la concentración del poder, inevitablemente chocará con la realidad de los ciudadanos, quienes buscan reglas claras y justas para la convivencia. La eliminación de los organismos autónomos no solo amenaza nuestra calidad de vida cotidiana, sino que también podría ser un catalizador para el resurgimiento de una ciudadanía más activa y combativa.
En este contexto, la pérdida de autonomía puede convertirse en el punto de inflexión para reconstruir una ciudadanía comprometida con la justicia y la igualdad. Paradójicamente, los momentos de mayor regresión democrática suelen ser el crisol para movimientos sociales que renuevan el pacto entre el Estado y sus ciudadanos.
La clave estará en canalizar el malestar hacia un fortalecimiento de los valores democráticos y en movilizar a una sociedad que no se conformará con ser simple espectadora. Este nuevo desafío puede ser la oportunidad para reconstruir un país donde la ley sea igual para todos y los ciudadanos recuperen su protagonismo en el rumbo de la nación.
Los golpes al tejido democrático siempre llevan consigo el germen de la transformación. Que este sea el inicio de una nueva etapa para la ciudadanía, una en la que la autonomía, la justicia y la participación sean los ejes fundamentales de nuestra vida pública.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

La desaparición de los organismos autónomos: ¿regreso al ciudadano con credencial?

A poco más de dos meses y días de haber asumido la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado un mensaje claro de un cambio en la estrategia federal de seguridad: principalmente que habrá un mayor control civil de la política de seguridad y la reanudación de la persecución y enfrentamiento de los Grupos de la Delincuencia Organizada (GDO) en el país, motivado principalmente por la presión ejercida por la violencia que se está viviendo en lugares como Culiacán o Chilpancingo. Asimismo, la reelección de Rosario Ibarra Piedra en la CNDH apuntan a que la SEDENA, Guardia Nacional (GN) y otras corporaciones de seguridad requerirán protección frente a posibles acusaciones de actos violatorios de derechos humanos en este escenario.
Durante días recientes, el nuevo encargado de la seguridad en México, Omar García Harfuch, ha anunciado múltiples operativos en los cuales se han realizado detenciones e incautaciones los cuales argumentan impactan las operaciones de los GDO, tal como el <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/decomiso-historico-fentanilo-sinaloa-harfuch" target="_blank" rel="noopener">mayor decomiso de fentanilo</a> en Sinaloa o el <a href="https://animalpolitico.com/estados/operativo-enjambre-funcionarios-edomex" target="_blank" rel="noopener">Operativo Enjambre en el Estado de México</a>.
Este operativo reviste gran importancia, ya que indica que las autoridades han dirigido sus esfuerzos hacia las redes de protección política que facilitan las operaciones delictivas. Estas redes constituyen uno de los principales factores detrás de la persistencia y expansión del crimen organizado en México. No obstante, aún es muy pronto para afirmar que este enfoque en las redes políticas-criminales será la prioridad en todos los operativos de seguridad o si terminará replicando patrones del pasado, como los observados durante la administración de Felipe Calderón, que comenzó con el llamado “michoacanazo” y que en términos operativos recuerda mucho al Operativo Enjambre.
Ante las acciones emprendidas por el gobierno federal, surge la pregunta: ¿estamos realmente frente a una nueva estrategia de seguridad? Y de ser así ¿en qué consiste?
Durante la conferencia matutina del 8 de octubre, la presidenta enunció que su Estrategia Nacional de Seguridad consistirá en <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-presenta-estrategia-nacional-de-seguridad#:~:text=Prevenci%C3%B3n%2C%20atenci%C3%B3n%20a%20las%20causas,Las%20ma%C3%B1aneras%20del%20pueblo''." target="_blank" rel="noopener">cuatro ejes</a>: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas, las cuales son una reproducción casi fiel a lo que implementó durante su encargo en el gobierno de la Ciudad de México.
En respuesta a su planteamiento, efectivamente estamos ante una nueva estrategia de seguridad, la cual se puede identificar en dos puntos clave: la recuperación de la rectoría de la seguridad pública bajo un mando civil y la presión efectiva hacia las entidades federativas y municipios para fortalecer sus corporaciones policiales. Estos elementos se concretan en la reciente reforma al artículo 21 constitucional, que otorga nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en materia de investigación y amplía las atribuciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para auditar y supervisar el uso de los fondos federales destinados a la seguridad pública en los estados y municipios.
Sobre la primera clave, resulta innegable que el actual gobierno ha tomado medidas que profundizan la militarización en el país, donde destaca la transferencia formal de la GN a la SEDENA, la cual ya ejercía de facto su control operativo. Sin embargo, frente a la concreción de esta reforma, se han otorgado atribuciones de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), las cuales se materializarán mediante <a href="https://elpais.com/mexico/2024-11-18/harfuch-se-prepara-para-estrenar-sus-mil-brazos-policiales.html" target="_blank" rel="noopener">la creación y recuperación de dos subsecretarías</a>, principalmente la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial y se formarán con la transferencia de más de 10 mil elementos de la ex policía federal absorbidos por la GN. Esta última desempeñará una función antes considerada impensable: centralizar y gestionar datos provenientes de instituciones de inteligencia, como la FGR, GN, SEDENA, MARINA y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La novedad radica en superar la tradicional reticencia de estas instituciones a compartir información, especialmente por parte de los militares, debido a preocupaciones de seguridad (filtración de datos) o intereses políticos.
Por otra parte, Harfuch ha designado a figuras de su completa confianza para liderar instancias estratégicas de inteligencia, como Francisco Almazán Barocio en el CNI y Héctor Elizalde en la nueva Subsecretaría de Inteligencia. Estas decisiones no solo buscan optimizar la coordinación entre instituciones, sino también fortalecer la lealtad hacia su liderazgo, con lo que consolidaría su control en la política de seguridad en el país y que en un juego de suma cero, significa menor capacidad de decisión en manos de militares.
La transferencia administrativa de la GN a SEDENA apunta a alejarlas del este control de la política de seguridad y que eventualmente tengan como principal función fungir como apoyo operativo y el resguardo de instalaciones prioritarias. Por supuesto, no podemos perder de vista el gran empoderamiento que han gozado las fuerzas armadas en el país y que aún tienen la capacidad de presión e influencia y así no quitar por completo las manos del volante.
Respecto a la segunda clave, a partir del fortalecimiento del SESNSP, el gobierno federal busca hacer presión efectiva a las entidades federativas y municipios para fortalecer sus corporaciones policiales, para que así cumplan efectivamente sus respectivas responsabilidades en el ejercicio de la función de seguridad. No es secreto que es eslabón débil de la seguridad en el país está en sus corporaciones policiales locales y su total dependencia del gobierno federal, por lo que dedicar parte de la estrategia a su fortalecimiento también expresa un cambio sustancial con el gobierno anterior.
El SESNSP, conocido comúnmente por proveer información mensual sobre la incidencia delictiva en el país, en términos generales, es la instancia encargada de monitorear que las instituciones de seguridad del país cumplan acuerdos realizados por los encargados de las mismas, por ejemplo, alcanzar ciertos niveles de reclutamiento y de certificación del personal policial, compra de equipo para personal policial. En otras palabras, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el ejercicio de la función de seguridad.
Para liderar esta tarea, Marcela Bravo Figueroa, exsubsecretaria de Desarrollo Institucional en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha sido designada como la responsable del SESNSP y de esta desafiante labor. Durante su gestión en la Ciudad de México, la policía capitalina fortaleció su capacidad de reclutamiento, certificación y su régimen disciplinario, lo que la posiciona como una de las personas más calificadas para llevar a cabo la visión de la presidenta y del secretario de seguridad. Sin embargo, lo que dure su gestión no estará exenta de polémica, debido a las críticas sobre las cifras de incidencia delictiva que se puede argumentar de ser <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/homicidios-dolosos-sesnsp-sheinbaum-enganoso" target="_blank" rel="noopener">engañosas</a>. Este tipo de cuestionamientos podría afectar su imagen institucional, distraerla de sus objetivos y repercutir en su desempeño. Solo el tiempo dirá cuáles serán sus prioridades y el alcance de sus esfuerzos en este encargo.
Una vacío importante que es posible ver en esta estrategia es el olvido en el que dejan la transformación de las fiscalías, ya que en estas está la principal responsabilidad de la terrible impunidad que azota al país y que alimenta el ciclo de violencia. Aunque algunos políticos oficialistas declaren que eventualmente llegará la reforma a las fiscalías del país, por ahora su ausencia solo se puede entender en términos políticos, ya que siguen siendo una herramienta efectiva en el campo político: la justicia y la impunidad como moneda de cambio en favor de aquellas personas en el poder, por lo que es previsible la permanencia del status quo en este tema ya que nadie estará dispuesto a renunciar a esta capacidad de presión. No habrá estrategia que sea comprensiva si no considera la crisis de impunidad.
Asimismo, el creciente punitivismo con la expansión de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es un obstáculo a la pacificación del país. Más cárcel no es igual a más seguridad, pero el populismo penal es una estrategia que funciona electoralmente y desde pasados gobiernos no han dudado en explotarlo, aunque no resulte en el embate a la violencia en el país.
Por último, existen señalamientos de analistas de que se está repitiendo historia que ya conocemos: la creación de una <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/super-secretaria-seguridad-harfuch-reformas" target="_blank" rel="noopener">super secretaría</a> con nulos controles, al igual que la Secretaria de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna o la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, con los saldos de corrupción, abuso de autoridad y casi nulo impacto en la situación de seguridad en el país que ya todas y todos conocemos.
Aunque hay transformaciones necesarias y positivas que apuntan efectivamente a una nueva estrategia (por lo menos respecto a la administración anterior), se contrarrestan con otras decisiones que ocasionará que el gobierno siga acumulando su incapacidad para hacer frente a la violencia en el país.
* Gerardo López García (<a href="https://x.com/gera_emp" target="_blank" rel="noopener">@gera_emp</a>) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).

Las claves de la “nueva” estrategia nacional de seguridad en México

En 1990, México reafirmó su compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose, según su artículo 4, a garantizar todos los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez, incluyendo la salud, la educación, la vivienda y la alimentación. Para lograrlo, el Estado debe destinar “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”.
Sin embargo, ¿realmente se está asignando lo suficiente? El reciente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 refleja una asignación de recursos para niñas, niños y adolescentes que no alcanza a cubrir las garantías necesarias, dejando serias dudas sobre la priorización de su bienestar.
Si examinamos a detalle, la asignación de recursos destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025 refleja una evolución en términos cuantitativos, aunque plantea preocupaciones en cuanto a su proporción relativa al Gasto Programable. El monto asignado para el Anexo 18 (Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes) refleja un aumento nominal del 6.89  % en comparación con el presupuesto del año 2024; sin embargo, es crucial considerar la inflación estimada para el 2025, que es del 3.3  %, lo que reduce el aumento real a apenas a un 3.59  %.
A pesar de este aumento, el análisis se complica al observar la proporción de estos recursos: es apenas el 10.94  % del gasto programable está destinado a niñas, niños y adolescentes, pese a que ellas y ellos representan el 30  % de la población, aproximadamente.
Esta tendencia a la baja se ha mantenido en los últimos años: en el PEF para el 2021, la asignación para la niñez y adolescencia representaba el 17.14 % del gasto programable, cifra que disminuyó a 15.85  % en 2022, continuó bajando hasta el 15.10  % en 2023 y finalmente el 14.89  % en 2024.
Dicha disminución de recursos genera inquietudes sobre la priorización de las políticas y programas destinados a la niñez y adolescencia en territorio mexicano. Estos recursos son los que sostienen la operación de las instituciones del gobierno federal para que brinden servicios públicos accesibles y de calidad a las niñas, niños y adolescentes. Es decir, estos recursos son esenciales para abordar desafíos como la educación, la salud y la protección de sus derechos.
La caída de la proporción en comparación con el año 2017, cuando representaba el 21.42  %, demuestra que se ha producido un considerable ajuste a la baja en la asignación de recursos a lo largo de los ejercicios. Ello es una tendencia preocupante, sobre todo considerando los grandes problemas que afectan a la niñez en el país y a la invariable necesidad de contar con servicios públicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan.
El panorama para el 2025 es preocupante, ya que estas reducciones pueden traducirse en una seria amenaza para los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Derechos esenciales como la salud, la educación y la protección integral estarían en riesgo, comprometiendo no solo su presente, sino también las oportunidades para construir un futuro digno.
Respecto a la salud, el presupuesto asignado para el 2025 refleja una reducción del 18.38  % en el programa de vacunación, así como el 13.3  % menos en programas estratégicos de salud, con respecto al 2024. En relación con lo estipulado para la educación, a pesar de que las últimas evaluaciones sobre la educación en nuestro país son poco alentadoras, el PEF 2025 contempla una disminución del 0.3 % en educación inicial básica y comunitaria. Además, no se incluyen en el Anexo 18 programas de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, ni se contempla promover la atención y prevención de la violencia de género, a pesar de tener objetivos relacionados con niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, desde Save the Children consideramos necesario e ineludible que las y los legisladores prioricen la asignación de recursos adecuados en el PPEF 2025, asegurando que cada peso invertido contribuya de manera efectiva a la promoción, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este enfoque es indispensable no solo para cumplir con las obligaciones legales y éticas del Estado, sino también para construir un futuro en donde la niñez y adolescencia puedan desarrollarse plenamente en un entorno seguro, inclusivo y equitativo.
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* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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¿La niñez merece solo un 10 % del PEF 2025?

El presupuesto de egresos que se discute en la cámara de diputados revela al menos tres cosas: que los caprichos presidenciales del sexenio pasado fueron y siguen siendo muy onerosos; que las carencias en temas fundamentales como el acceso a la salud no sólo no se resolverán con el proyecto de presupuesto, sino que se agravarán, y que el carácter recesivo del proyecto habrá que extenderlo no sólo al mediocre crecimiento económico que se espera, sino a la recesión de muchos de los derechos que habíamos conquistado.
El tamaño de los recortes anunciados acredita la enorme dificultad que atraviesa la hacienda pública; se han agotado los diversos fondos para contingencias y tampoco hay disposición de emprender una reforma fiscal que amplíe la recaudación. El volumen de recursos públicos que absorbieron y seguirán absorbiendo los caprichos presidenciales, más allá de la funcionalidad que tengan, son un problema para las finanzas públicas.
El recorte a la capacidad operativa del gobierno ha sido sistemático y hay áreas que ya han tocado fondo desde hace rato. El próximo miércoles diversos colectivos ocupados de temas de salud entregarán en la Cámara de Diputados misivas dirigidas a los coordinadores parlamentarios, en las que harán ver su preocupación por la orientación del presupuesto y el agravamiento de las condiciones de operación de los hospitales, así como la dificultad para acceder a medicamentos vitales.
Lo poco que queda de las instituciones reguladoras también sufrirán una merma en sus recursos. Hay atribuciones y funciones de la administración pública a los que se pretende hacer nugatorios por la vía de la inanición presupuestal. Sombrío el panorama para el próximo año.
Y por si hicieran falta nubarrones en el horizonte, es muy alto el riesgo de que se tenga que enfrentar una situación migratoria inédita y las previsiones presupuestales no contemplan esa contingencia: los consulados recibirán menos recursos y no hay algún plan para ampliar los albergues para migrantes. La realidad corre por un lado y el presupuesto por otro. Ojalá se pueda rectificar en lo más urgente.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Presupuesto recesivo

De la devastación a la erradicación: breve historia de la viruela

Cumplidos casi treinta años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, resulta escandaloso el desconocimiento, rayano en la ignorancia, con que desde entonces los sucesivos gobiernos de México han visto y se han vinculado con Canadá. Al país del frío se le empezó a conocer más durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando miles de mexicanos llegaron hasta sus fronteras para solicitar asilo económico. Ni siquiera la masiva ola migratoria que terminó provocando la imposición del requisito de visa para entrar a Canadá en julio de 2009 despertó el interés gubernamental en familiarizarse y relacionarse a fondo con el otro socio del bloque comercial de Norteamérica. Después de seis años de castigar a las empresas canadienses que perdieron inversión en el sector de energías renovables, a nadie le sorprendió que el 29 de febrero de 2024, hace apenas unos meses, se reimpusiera el requisito de visa para viajar al país con el que México, queda por ver hasta cuándo, mantiene un mercado común con Estados Unidos.
Para no variar, el estado de la relación con Canadá ha sido relegado por el gobierno de México y dejado casi a la total inercia, como si se tratara de un país al otro lado del mundo con el cual pocos asuntos ameritan atención más allá de organizar eso a lo que se dedican mayormente las embajadas de México: la ceremonia del grito de Independencia y alguna inocua exposición de jarritos de colores en un rincón donde nadie pone un pie. Y eso que, a la fecha, <a href="https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&amp;accion=consultarCuadroAnalitico&amp;idCuadro=CA8&amp;locale=es" target="_blank" rel="noopener">Canadá es uno de los pocos países con los cuales México mantiene un superávit en su balanza comercial, aparte de los casos excepcionales -qué va, espectaculares- como son Venezuela y las Antillas</a>.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1478971" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/1.-comercio-internacional-neto-con-Canada.jpg" alt="Gráfica con el comercio internacional neto entre México y Canadá." width="1019" height="548" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/1.-comercio-internacional-neto-con-Canada.jpg 1019w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/1.-comercio-internacional-neto-con-Canada-600x323.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/1.-comercio-internacional-neto-con-Canada-768x413.jpg 768w" sizes="(max-width: 1019px) 100vw, 1019px" />
No entraré en mayores detalles acerca de la ausencia de creatividad e innovación ―otra vez la más pura y llana inercia― a la que está sometido el conocido Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) entre ambos países y con el cual el gobierno mexicano se levanta el cuello cada vez que a algún genio de la Cancillería se le ocurre levantar un registro de los poco más de 20 mil trabajadores en promedio que cada año van a laborar al campo canadiense. <a href="https://www.gob.mx/sre/prensa/el-programa-de-trabajadores-agricolas-temporales-mexico-canada-ptat-cumple-50-anos-369577" target="_blank" rel="noopener">Lo que se presenta como un gran éxito</a> es en realidad la manifestación más acabada de la falta de visión en política laboral y económica: <a href="https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/agricultural/seasonal-agricultural.html">Canadá</a> emplea a 185 mil 624 trabajadores temporales al año, de los cuales únicamente alrededor de 21 mil son mexicanos, al tiempo que más de 16 mil plazas agrícolas temporales quedan vacantes año tras año. Claro que con un exgobernador de no me acuerdo dónde como representante diplomático, junto con 5 consulados donde quizá se hace de todo, prender y apagar la luz, engrapar papeles, menos generar inteligencia comercial y de negocios, Canadá seguirá siendo una helada abstracción en la mente ―cálida y tan pronta a tomar ofensa― de la clase política mexicana.
A partir de los sombrerazos derivados de las amenazas de Trump, Agustín Basave llamó con tino a dejar la diplomacia epistolar que “<a href="https://www.milenio.com/opinion/agustin-basave/el-cajon-del-filoneismo/unidad-en-la-diversidad" target="_blank" rel="noopener">da votos al interior a costa de arruinar la política exterior con indiscreciones y fanfarronadas</a>”. No parece ser el caso, pues ya se anunció desde Palacio Nacional que ―en el mejor estilo de la grilla estudiantil― el gobierno de México no caerá en provocaciones y que nadie está para faltarle el respeto a nuestro país ―faltaba más: ya no se dice de-que no somos iguales como antes, sino entonces, sí, somos distintos. A todas luces vamos de gane.
La ventaja de convocar a la unidad nacional a la que se refiere Basave en su artículo tendría igualmente un reverso potente y fructífero si se aplicara al momento de crisis por los que están pasando los gobiernos de México y Canadá con la forma en que Trump ha llevado hasta ahora el tema del mercado común de América del Norte.
Primero, porque ambos países han sido colonizados por China y sus productos, entren o no a Estados Unidos. Basta con ver y comparar.
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<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1478973" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/3.-importaciones-de-Mexico-con-China.jpg" alt="Gráfica con las importaciones de México con China." width="914" height="543" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/3.-importaciones-de-Mexico-con-China.jpg 914w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/3.-importaciones-de-Mexico-con-China-600x356.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/3.-importaciones-de-Mexico-con-China-768x456.jpg 768w" sizes="(max-width: 914px) 100vw, 914px" />
Segundo, porque si México se sigue ofendiendo y haciéndole la vida imposible a su socio comercial, la ya de por sí estrambótica gráfica de inversión canadiense en México terminará tomando la fatídica trayectoria de un cohete fiestero que desciende en caída libre hasta lo más profundo de la noche.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1478974" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/4.-Flujo-anual-de-IED-de-Canada-a-Mexico.jpg" alt="Gráfica con el flujo anual del IED de Canadá a México." width="1019" height="548" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/4.-Flujo-anual-de-IED-de-Canada-a-Mexico.jpg 1019w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/4.-Flujo-anual-de-IED-de-Canada-a-Mexico-600x323.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/12/4.-Flujo-anual-de-IED-de-Canada-a-Mexico-768x413.jpg 768w" sizes="(max-width: 1019px) 100vw, 1019px" />
Tercero, porque si México no puede organizarse para explicar en términos objetivos, sensatos, sistemáticos, sin drama, como sí lo hace el gobierno de Canadá, se vale que este último diga Míster &#8211;y con toda razón- <a href="https://www.pm.gc.ca/en/news/readouts/2024/11/27/prime-minister-justin-trudeau-speaks-premiers-canada-us-relationship" target="_blank" rel="noopener">the number of migrants attempting to travel from Canada to the United States is a fraction of the numbers of those attempting to travel from Mexico to the United States.</a>
Y ni dudarlo, yes, Míster, por acá en el norte atraviesan seis o siete despistados <a href="https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60290955" target="_blank" rel="noopener">y en ocasiones hasta se pierden en el fragor de las tormentas de nieve</a>, nada qué ver con the very hot, very tumultuous US-Mexican border.
Cuarto y último, porque Canadá no exporta más que México en montos totales al mercado estadounidense, pero sí en términos de diversidad geográfica ―36 estados de la Unión, México 6― y no se diga <a href="https://tradingeconomics.com/canada/exports/united-states" target="_blank" rel="noopener">en productos y servicios.</a>
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Si ya una parte sustancial de los beneficios que le genera a México su relación comercial con Estados Unidos está en la cuerda ―decir que ellos salen perdiendo y se acaba el mejor negocio de su vida, equivale primero a decir una tonta bravuconada y después a no tener idea acerca de la dinámica tecnológica y de innovación que empuja a la economía estadounidense―, hacer todo lo posible por enajenarse al socio originario porque somos distintos, lograría efectivamente eso: demostrar qué tan distintos somos, pero nada más.
* Bruno H. Piche (<a href="https://x.com/BrunoPiche" target="_blank" rel="noopener">@BrunoPiche</a>) es ensayista y narrador. Ha sido editor, diplomático, promotor cultural y de negocios internacionales. Es autor de los libros Robinson ante el abismo, Noviembre, El taller de no ficción, Los hechos y más recientemente, La mala costumbre de la esperanza (Literatura Random House). En 2025 aparecerá su libro de ensayos biográficos del primer premio Nobel mexicano, Alfonso García Robles, por El Colegio Nacional, del cual García Robles fue un destacado miembro.

Canadá y México: tan lejos de dios y peor

“Años atrás, cuando niñas, las cosas eran sencillas. La vida, fascinante. El tiempo, una broma.  Los viajes, algo extraordinario. Una montaña que se podía saltar con los dedos a través de la ventana. Aroma a tierra mojada. Luego una crece, tiene deudas, trabaja, olvida mirar por la ventana. Los automóviles que estorban, las luces rojas y verdes que regulan la velocidad de los traslados, de la vida.  Nos dicen que llegar más rápido es mejor”.
Sobre esto reflexiona “María” (nombre ficticio) mientras mira al cielo que amenaza con derramarse sobre la alcaldía Xochimilco. María es parte de un grupo de personas defensoras de derechos humanos que intentan rescatar un humedal sobre el que se construyó un puente vehicular en Canal Nacional, en Xochimilco, entre los años 2019 y 2021. Como estudiante de Historia ha escuchado un sin fin de relatos de ese sitio, ha conocido de la importancia de los humedales y del proceso que llevó a convertir la zona en<a href="https://www.ramsar.org/es/nuestro-trabajo/los-humedales-de-importancia-internacional" target="_blank" rel="noopener"> sitio Ramsar</a> y patrimonio mundial de la Humanidad. Como fotógrafa ha atestiguado cómo se ha transformado este lugar único, hábitat privilegiado de los ajolotes, ha visto el vuelo migratorio de las garzas y el crecimiento de los ahuehuetes, esos árboles ancestrales fundamentales para las chinampas, y ha escuchado la sinfonía única de las ranas de Xochimilco. Con tristeza, también ha visto la destrucción de su territorio.
María explica que “solo se ama lo que se conoce y lo que se ama, se protege”. Esta máxima es la que ha guiado a Yo protejo el humedal, un proceso de movilización socio-legal que intentó detener la construcción del puente vehicular “Cielito Lindo”. Esta obra, impulsada por el gobierno de la Ciudad de México, se construyó con base en un “acuerdo de facilidades” <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> por medio del cual se permitió la aprobación del puente sin cumplir con los requisitos legales para realizarse en una Área Natural Protegida (ANP) estatal. Así, la obra no se sometió a ningún proceso de evaluación de impacto ambiental y se vulneraron los derechos a un medio ambiente sano, a la participación y a la información de las personas que habitan este ecosistema. Tampoco se realizó un proceso de consulta a los pueblos y barrios originarios de Xochimilco, lo que implica particularmente afectaciones graves a sus derechos humanos.
“Por eso salimos a las calles a protestar. No se vale que hagan estas obras sin consultarnos. No se vale que destruyan estos sitios sin antes evaluar los daños ambientales, no se vale que solo piensen en autos y no en bicis y peatones, o en quienes nos movemos en transporte público. Por eso interpusimos amparos”, explica María.
Sumado a las manifestaciones, Yo protejo el humedal apostó por el camino jurídico para la protección de sus derechos y la defensa del humedal desde 27 de junio de 2020. Sin embargo, el camino ante el Poder Judicial no fue lo esperado: las suspensiones no fueron otorgadas pues le dieron más valor al puente vehicular que a la protección del humedal y el asunto fue sobreseído, es decir, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México no estudió las riesgos reales que tenía la destrucción del humedal y, por el contrario, argumentó que la obra era compatible con el cuidado del medio ambiente ya que agiliza el tráfico y con ello evita las emisiones de CO2 (sí, más que un humedal vivo que retiene naturalmente los gases de efecto invernadero). El juzgador también dijo que tenía los permisos de  las autoridades y que, dado el avance de la obra, ya no valía la pena recuperar o restaurar el ecosistema destruido. Esto lamentablemente fue confirmado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
“Desde el principio, los jueces no nos escucharon. Permitieron el avance de la obra aun con las irregularidades que tenía. Nos negaron el amparo de la justicia porque según ellos la obra sí tenía permisos y el visto bueno del comité Ramsar, pero eso es falso. Y mira las consecuencias. El puente se inunda cada vez que llueve. Por eso nosotras también seguimos aquí, pidiendo justicia. Y si los Tribunales en México no nos hacen caso, iremos a donde nos escuchen”, adelanta María.
Bajo esa consigna, un grupo de personas defensoras acompañadas por Bicitekas A. C., Xochimilco Vivo y Territorios Diversos para la Vida (TerraVida) acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una petición, pues la justicia mexicana no resultó efectiva para proteger los derechos violentados al humedal ni a las personas que habitamos ese territorio.
Tenemos la esperanza de que la justicia internacional llegue y, con ello, la muy posible restauración del humedal, la demolición del puente -que no ha resuelto ningún problema de movilidad- y el reconocimiento nacional de que el acuerdo de facilidades es contrario a los derechos humanos-ambientales. Esto ayudaría a que no vuelva a ocurrir algo similar, como ya ha sucedido. Y es particularmente grave que, ante la crisis climática, se permita la destrucción de un sitio de interés ambiental en una ciudad como la capital de México.
Recientemente, la CIDH notificó la admisibilidad del caso, es decir, la petición ha sido notificada al Estado Mexicano para que realice su contra-argumentación. Sabemos que este es solo un paso dentro de un camino largo, pero las personas defensoras de Xochimilco, como María, saben que la lucha, la espera y la dignidad valen la pena porque, a pesar de todo, el humedal sigue vivo y mientras ellas vivan, también seguirán resistiendo.
* Territorios Diversos para la Vida (TerraVida) es una organización interdisciplinaria que colabora con los procesos de cuidado y defensa de la naturaleza, tierra y territorio a través del diálogo de saberes, investigación colaborativa, impulso de procesos colectivos y defensa integral de derechos humanos. <a href="https://www.terravidamx.org/" target="_blank" rel="noopener">Página web,</a> <a href="https://www.instagram.com/territoriosdiversosparalavida/" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>, <a href="https://www.facebook.com/share/8i8iF6t7xxujoCtU/" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Este acuerdo fue el antecedente del Acuerdo presidencial de 22 de septiembre de 2021 por el cual se considera a proyectos y obras del Gobierno de México como de interés público y seguridad nacional, así como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.

En Xochimilco, mientras haya vida se defiende al humedal

Ningún sector económico, en ningún lugar del mundo, está a salvo de presentar brechas de género. Lo que organismos internacionales <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> definen como “la diferencia de acceso a oportunidades y derechos entre mujeres y hombres” puede ocurrir en todos lados. Precisamente por eso, es necesario analizar cada caso, tanto en las actividades privadas como públicas, para así poder identificar si existen barreras distintas para mujeres y hombres.
Aún hoy en día, hay sectores económicos donde la participación de las mujeres es muy baja. Áreas que históricamente han sido consideradas para hombres. Un ejemplo de esto es el sector de movilidad y transporte.
Por diversas razones, entre ellas, los estereotipos de género y la masculinización de esta actividad, pocas mujeres se animan a participar en el sector transporte, sin saber que pueden estar perdiendo una oportunidad para generar un ingreso para ellas y sus familias.
En 2023, la empresa Uber México solicitó a Simetría A. C. un estudio para entender las <a href="https://www.uber.com/es-MX/newsroom/hallazgos-y-conclusiones-socias/" target="_blank" rel="noopener">oportunidades y barreras que enfrentan las mujeres para ser conductoras y repartidoras con las apps de Uber y Uber Eats en México</a>. El objetivo: contar con más información para entender las condiciones que enfrentan las mujeres que ya usan las apps y comprender cómo lograr que más mujeres participen. En este texto describo algunos de los hallazgos que encontramos en la realización de este proyecto.
La investigación incluyó 4 elementos: 1) una encuesta a conductoras y repartidoras con las apps de Uber y Uber Eats a nivel nacional; 2) elaboración de grupos de enfoque con conductoras y repartidoras y con hombres que también usen las apps en 4 ciudades de México; 3) interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos, y 4) un análisis de buenas prácticas a nivel internacional para promover la participación de las mujeres en el sector transporte y movilidad.
<h2>¿Cuáles fueron los resultados?</h2>
<ul>
<li>7 % de las mujeres señaló que prefiere utilizar las apps en la mañana. De ellas, 32.4 % comentó que las mañanas son mejores porque tiene a cargo a otra persona que debe cuidar; 33 % porque realiza otra actividad económica y 22 % por razones de seguridad.</li>
<li>Las conductoras que concluyeron una licenciatura o que tienen un posgrado le dedican a la actividad en las apps 5.4 y 5.5 días respectivamente, mientras que las socias que tienen escolaridad de primaria y secundaria incompleta hacen uso de las apps 7 y 6.5 días a la semana.</li>
<li>46 % de ellas mencionaron que la razón para realizar esta actividad fue la flexibilidad y autonomía que ofrecen las apps.</li>
</ul>
En lo que se refiere a seguridad, la principal razón mencionada para sentirse inseguras durante sus actividades fue dirigirse a zonas percibidas como peligrosas (67.8 %) mientras que el comportamiento de los usuarios fue mencionado en segundo lugar (18.8 %).
En todos los casos las mujeres mencionaron que las apps les permiten generar ganancias y tener libertad. Para las socias que son mamás usar las apps implicó la diferencia entre ver a sus hijas e hijos durante el día y no hacerlo. Una participante en Cancún comentó: “En esta ciudad hay mucho empleo en la actividad turística, pero los horarios son de 12 horas. No ves a los hijos en todo el día”. Otra mujer en CDMX mencionó que, utilizando la app, puede llevar a sus hijos a la escuela en la mañana, en la tarde pasar por ellos, y durante el día incluso puede ir a su casa a ver cómo están los niños. Una participante de Tijuana compartió que con la app de Uber puede atender cualquier emergencia que surja con su bebé. También puede cuidar a sus abuelos. Una repartidora lo dijo con mucha claridad: es la única actividad económica que me permite generar ganancias y ver a mis hijos.
En el caso de las mamás fue muy apreciado no tener un jefe porque no tienen que pedir permiso para estar al pendiente de las actividades de sus hijos o hijas. Cuando han tenido un jefe, se han sentido apenadas y con culpa por tener que pedir permisos para atender temas de sus hijas o hijos.
Tanto en Cancún como en CDMX, las participantes calificaron las ganancias obtenidas mediante esta actividad como ‘buenas’. En CDMX una de ellas dijo que ella puede generar entre veinte mil y treinta mil pesos mensuales. Otra  mujer consideró que una persona que “sólo estudió la primaria”, en las apps puede llegar a tener este nivel de ganancias, y “eso no pasa en ninguna otra actividad”. En Hermosillo una conductora señaló que “en las maquiladoras, las obreras se matan trabajando y ganan menos que usando las apps”.
En contraste, en el caso de los  hombres, la principal razón para usar las apps es la generación de ganancias. Ellos no mencionaron el tema de cuidados de los hijos e hijas, ni que pueden estar al pendiente de ellos por la autonomía y flexibilidad.
Al ver los resultados, parece que las apps llenan un vacío que el mercado laboral difícilmente puede cubrir. Por un lado, permiten generar ganancias económicas, pero al mismo tiempo tener flexibilidad y libertad, lo cual es muy importante para promover la participación de las mujeres en cualquier actividad económica, por la inequitativa distribución de las labores de cuidado, de acuerdo con la ENUT 2019 del INEGI <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> que señala que las mujeres dedican el 67 % de su tiempo a actividades no remuneradas de los hogares en comparación con los hombres que le dedican el 28 % .
Por otro lado, las apps brindan la posibilidad de generar mayores ganancias a aquellos sectores de la población que no cuentan con niveles de escolaridad altos. Al mismo tiempo, permiten que personas con altos niveles de escolaridad encuentren otras alternativas de generar ganancias económicas en un mercado laboral que no les brinda opciones flexibles.
<a href="https://www.uber.com/es-MX/newsroom/hallazgos-y-conclusiones-socias/" target="_blank" rel="noopener">El estudio con las conductoras y repartidoras de las apps de Uber</a> muestra no solo las barreras y oportunidades para ellas en este tipo de plataformas, también señala fallas que el mercado laboral en México, el sistema educativo y la política económica no han logrado corregir en mucho tiempo.
Las apps tienen áreas de oportunidad que deben abordarse. Sin embargo, también han representado una válvula de escape para que diversas personas en México generen ganancias económicas. Adicionalmente, muestran las desventajas de un mercado laboral excesivamente rígido y sin flexibilidad, que afecta principalmente a las mujeres en lo que se refiere a tener mayores oportunidades para desarrollarse económicamente o ser autónomas en su economía.
* Liliana Ruiz (<a href="https://x.com/Liliana_Ruzi" target="_blank" rel="noopener">@Liliana_Ruzi</a>) fue directora de Simetría A. C. Actualmente dirige Presupuesta Policy Consulting.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> <a href="https://crpd.cepal.org/3/sites/crpd3/files/presentations/panel2_marcelaeternod.pdf" target="_blank" rel="noopener">CEPAL</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> INEGI. <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional del Uso del Tiempo</a>.

Las apps y el trabajo independiente: una perspectiva de género

La semana pasada se consumó la desaparición de siete órganos autónomos cuya agenda fue vital para ensanchar derechos y modernizar la administración pública. Su diseño y edificación llevó décadas, y se hicieron mediante un sinnúmero de foros, coloquios, consultas, en fin, diálogo; su destrucción fue mediante un monólogo unilateral. Es mucho el retroceso.
La gestación de los órganos recién destruidos obedeció a algunas premisas que conviene recordar: una administración pública más comprometida con la trasparencia y rendición de cuentas es una mejor administración; el acceso a la información es un derecho que los privados tienen y cuyo ejercicio se traduce en mejores bienes públicos; la discrecionalidad, la arbitrariedad y la ausencia de evaluaciones serias eran los enemigos más destacados de la modernización de la gestión pública.
Para lograr todo ello se pensó que no se podía ser juez y parte, que los sujetos obligados tendrían que tener algún arbitraje, que los evaluados deberían ser medidos por terceros y es por ello que se decidió que dotar de autonomía constitucional a estos órganos era una buena idea. Contribuía además al equilibrio de poderes y a la idea de que los contrapesos institucionales son un diseño provechoso.
Pero además, en el fondo, lo que buscaba el desarrollo de esa agenda era la expansión de derechos: que la gestión pública fuera transparente, que el acceso a la información fuera cotidiana, que hubiera instancias de arbitraje en casos de conflictos y que contáramos con instrumentos de evaluación objetivos. Hoy le hemos dicho adiós a todo eso y le damos la bienvenida, por la puerta grande, a la opacidad, la discrecionalidad y a la concentración del poder en una sola persona. Ya no habrá rendición de cuentas, contrapesos o equilibrio de poderes.
No deja de llamar la atención que en aquellos días de construcción institucional hubo el ánimo y el humor de que aquellas instituciones eran creaciones colectivas, que respondieron a una deliberación plural. Muchos de quienes hoy participaron de su destrucción unilateral en aquellos ayeres se vanagloriaban de las conquistas democráticas; hoy parecen desecharlas desde una arrogancia ominosa: lo que era necesario para contener y equilibrar a los gobiernos del pasado no nos es aplicable porque somos distintos.
Ni modo, se confirma que vamos hacia una administración pública más opaca y discrecional, y que cada día vamos a saber menos de nosotros mismos. El fin de la transparencia era hacer más público el ejercicio público: por el bien de todos, primero los datos. Hoy esa transparencia llegó a su fin.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

El fin de la transparencia

Hace siete años en Acapulco, Guerrero, Melani fue asesinada por quien entonces era su pareja, el piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, teniente José Luis N., quien alteró la escena para intentar hacer pasar el asesinato como un accidente. A más de un lustro de impunidad es urgente poner sobre la mesa el caso, ya que se tenía previsto que este 2 de diciembre finalizara el juicio y se obtenga un fallo en un plazo de no más de 24 horas.
Es indispensable que se haga justicia. El caso de Melani se suma a cientos más que han hecho de México un país feminicida, el segundo con la mayor tasa de este delito en América Latina, según lo muestran datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de que el 70 % de los asesinatos de mujeres por razones de género siguen impunes.
El Poder Judicial de Guerrero y la jueza que conoce el caso debe dictar una sentencia con perspectiva de género y dejar de favorecer a un militar feminicida. Y es que su proceder apunta a que así ha sido: tanto los familiares como su defensa legal han denunciado públicamente que la jueza ha mostrado una actitud hostil hacia ellos; se ha negado a tomar en cuenta las pruebas de los ciclos de violencia que Melani vivió, permitió que la defensa del feminicida “acusara” de feminista a una perito con la intención de desacreditar su opinión experta y ha diferido audiencias en múltiples ocasiones retrasando la atención oportuna al caso.
El militar cometió el crimen en 2017, pero no fue detenido sino hasta enero de 2023, más de cinco años después. Lo anterior es importante pues las dos últimas audiencias fueron suspendidas con la “justificación” de una supuesta enfermedad, y pese a que existen pruebas que muestran que el inculpado asesinó brutalmente a Melani, y que además hizo todo para simular que aquello había sido un accidente, no se ha dictado sentencia.
La violencia que acabó con la vida de Melani no comenzó aquel día, sino que llevaba años padeciéndola como lo demuestran incluso las partes médicas de las lesiones que Melani presentaba, mismas que la jueza no ha considerado suficientes.
Este caso, y lamentablemente muchos más, muestran las dificultades que viven las mujeres y sus familias para acceder a la justicia en México, situación que ha hecho que muchas víctimas prefieran callar antes que enfrentarse a un Estado que las ignora y perpetúa la injusticia. La falta de garantías y la impunidad forman parte de los problemas centrales del sistema de procuración y administración judicial de nuestro país.
Es alarmante que el 85 % de las mujeres mayores de 15 años que han experimentado violencia física o sexual, no han presentado denuncias. Ante esta situación, alzar la voz es más que indispensable, como lo ha hecho la familia de Melani. Las cosas no cambian por sí solas o por inercia, es preciso hablar, organizarnos, luchar para que eso suceda. Es necesario exigir que se haga justicia para Melani y su familia.
El lunes 2 de diciembre se programó la última audiencia del caso en el que el feminicida José Luis N. se ha servido de formar parte de un cuerpo militar para permanecer impune hasta hoy. Este caso no puede consumarse como un ejemplo más de la injusticia que enfrentan las víctimas de feminicidio en México, el Estado debe garantizar que se cumpla la ley y que se haga justicia para Melani.
* Laura Quintero es Integrante del Comité Impulsor del Cecomún (Centro de Comunicación Popular y Acción Colectiva).

Melani, la lucha contra la impunidad feminicida

Nadie puede decir que vapear sea bueno, pero lo que sí se puede decir es que fumar es peor y hay algunas evidencias sobre la efectividad de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. Hay estudios recientes que apuntan a que podrían ser más eficaces que las terapias tradicionales de reemplazo de nicotina (como el uso de chicles o parches) y el apoyo conductual convencional.
Es verdad que se desconocen los efectos dañinos que pudiera tener el vapeo y que hay preocupaciones puesto que muchos usuarios continúan usándolos a largo plazo, lo que podría tener implicaciones para la salud. Sin embargo, no hay evidencia epidemiológica de que sus millones de usuarios estén teniendo consecuencias serias, al contrario de lo que ocurre con el tabaquismo, cuyos daños son evidentes. Entonces, cuando hablamos de que vapear sea el menor de dos males, supone uno que sería relativamente sencillo ponernos de acuerdo al menos en ese punto. Pero no ha sido así y nos encontramos ahora en México en el umbral de que se vote en el Congreso la reforma que prohíbe el vapeo en la propia Constitución de la república. Se ha pretendido incluso mezclar la prohibición del vapeo con la del fentanilo, lo que es francamente un despropósito.
Conozco colegas de probidad incuestionable que están a favor de la prohibición sobre la base de razones como las de evitar que los adolescentes hagan un puente hacia el tabaquismo y otras adicciones. Sin embargo, yo milito entre los que estamos en contra de la prohibición pues me parece que sería aberrante que tuviéramos adecuadamente regulado el tabaquismo, que es dañino, al tiempo que prohibiríamos el vapeo, que es menos dañino en el peor de los casos, además de otros otros inconvenientes.
En primer lugar, sabemos por la historia que ese tipo de prohibiciones no funcionan pues la demanda sería cubierta por mercados informales que, además, se quedarían con la rentas del Estado y brindarán productos de alto riesgo. Los casos graves informados de neumonía y trombosis cerebrales por vapeo han ocurrido precisamente por productos de mercados informales que agregan aceites y sustancias peligrosas a los líquidos de los cigarrillos electrónicos. En segundo lugar, se criminalizaría la autonomía de los usuarios, que tienen el derecho a elegir. Finalmente, podría interpretarse la prohibición como una medida ideológica no justificada por la evidencia científica, con la consecuente resistencia a otras políticas de salud.
Nuestros representantes tienen la obligación de informarse y votar sobre la base de la mejor evidencia disponible. Regular el uso de los cigarrillos electrónicos sería mejor que prohibirlos. Si no lo hacen así, la prohibición traerá consecuencias mucho peores que las que se pretende evitar.
* Alejandro E. Macías Hernández (<a href="https://x.com/doctormacias" target="_blank" rel="noopener">@doctormacias</a>) es médico internista e infectólogo. Exzar de la influenza pandémica de 2009 en México. Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 3.

De tabaquismo, vapeo y prohibiciones en la Constitución

“En tiempos de crisis, el diálogo es la herramienta más poderosa que tenemos para resolver conflictos y construir un futuro sostenible”.
António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.
Los tiempos que vivimos no son alentadores. En medio de una coyuntura crítica, se ha presentado un presupuesto basado en buenas intenciones y promesas de un entorno idealizado, pero alejado de la realidad.
La llegada de Donald Trump añade un nivel de complejidad significativo, con medidas que amenazan impactar a México en áreas clave como el comercio, la migración y la seguridad. Frente a esta situación, el gobierno ha optado por transmitir una falsa sensación de control, asegurando que las decisiones del vecino del norte no nos afectarán.
Sin embargo la realidad, terca como siempre, nos obliga a reconocer un panorama adverso que requiere acciones concretas y coordinadas. No se trata de adoptar posturas optimistas o pesimistas, sino de aceptar que enfrentamos desafíos que demandan respuestas colectivas y bien estructuradas.
Por ejemplo, el presupuesto carece de ingresos suficientes para cubrir los gastos necesarios, lo que lleva a cuestionarnos: ¿de dónde saldrán los recursos que faltan? Al mismo tiempo, las medidas que Trump podría implementar afectarían nuestro crecimiento económico, limitarían la inversión extranjera y agudizarían las amenazas de deportaciones masivas.
Ante este escenario, es inevitable preguntarnos: ¿estamos preparados? ¿Es realista pensar que un gobierno centralizado y autosuficiente podrá enfrentar solo estos retos?
La respuesta no es sencilla. En el contexto actual es crucial fomentar un diálogo abierto y transparente entre todos los sectores de la sociedad para diseñar estrategias efectivas, no reactivas.
<h2>El diálogo como vía de solución</h2>
Es fundamental dejar atrás la soberbia en el ejercicio del poder. México necesita, con urgencia, abrir un espacio amplio de diálogo nacional que permita enfrentar los desafíos tanto internos como externos. Este diálogo debe incluir a empresarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, con el objetivo de sumar propuestas y construir soluciones.
No es momento de creer que el gobierno y sus aliados por sí solos podrán sacar adelante al país. La agenda nacional exige abordar temas de fondo e implementar políticas públicas clave, como una reforma fiscal integral que fortalezca la economía interna, diversifique las fuentes de ingresos y reduzca la dependencia de factores externos. Asimismo, es necesario ampliar alianzas estratégicas, no solo con la Casa Blanca y el Capitolio, sino también con la diáspora mexicana en Estados Unidos, para defender nuestros intereses de manera coordinada y eficaz.
<h2>Construir colaboración en lugar de politización</h2>
El gobierno debe abrirse a la sociedad con una actitud proactiva, priorizando la suma de esfuerzos y la coordinación de acciones en defensa del futuro de México. Es imprescindible abandonar la política de la polarización y la politización para dar paso a una verdadera colaboración entre todos los sectores sociales.
Aunque el panorama actual presenta numerosos desafíos, también ofrece una oportunidad para replantear nuestras estrategias y construir un país más fuerte y unido. La clave está en la acción coordinada y en nuestra capacidad de adaptarnos a un entorno interno y global en constante cambio.
Los tiempos exigen un diálogo respetuoso y constructivo, en el que cada actor aporte desde su experiencia y perspectiva para defender los intereses de México. Solo así podremos enfrentar las amenazas del presente y construir un futuro sostenible para nuestro país.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Convocar al diálogo: un llamado ante un México amenazado

Hoy se celebra el Día Internacional del Jaguar, una especie icónica a nivel mundial y el felino más grande de América Latina.
Este grandioso mamífero es portador de una invaluable importancia ambiental, cultural y espiritual en diversos territorios, desde México y hasta el norte de Argentina, así como para comunidades locales y pueblos indígenas que coexisten con él y cuyo bienestar se encuentra estrechamente entrelazado.
El jaguar es una especie clave, pues al estar en la cima de la cadena alimentaria tiene una función crucial en el funcionamiento de ecosistemas de alta integridad, regulando procesos que sustentan la biodiversidad; además, es una especie sombrilla, lo que significa que a través de su conservación también se conservan grandes extensiones de hábitat y muchas otras especies con las que cohabita. Sin embargo, esta especie no está exenta de los grandes desafíos que la vida silvestre atraviesa a nivel global.
Se estima que el jaguar ha perdido más del 50 % de su rango histórico, provocado principalmente por el cambio de uso de suelo y la deforestación, los cuales son impulsados por patrones de producción y consumo insostenibles; algunos ejemplos son la expansión de la frontera agrícola, el desarrollo urbano, el desarrollo de infraestructura sin visión ambiental, y la minería.
Otros factores que amenazan al felino son el conflicto humano-vida silvestre, el tráfico de sus partes y la disminución de sus presas.
En este poco alentador contexto, hoy resulta fundamental que todos los sectores de la sociedad asuman compromisos concretos en torno a la conservación de los hábitats del jaguar, bosques tropicales y templados, donde se reconoce su mayor presencia, pero no se quedan fuera los pastizales, humedales, cuerpos de agua, entre otros ecosistemas de gran relevancia.
Esto no solo garantizará la continuidad de una especie impresionante, sino el correcto funcionamiento de los paisajes en los que habita, los cuales proveen de servicios ecosistémicos que sustentan los medios de vida y el bienestar de millones de personas.
Para conmemorar este día, WWF ha publicado <a href="https://www.wwf.org.mx/?392416/Conectando-puntos-El-impacto-socioeconomico-de-los-habitats--del-jaguar-en-Latinoamerica" target="_blank" rel="noopener">un estudio</a> para conectar puntos, que nos ofrece una estimación del valor de los servicios ecosistémicos provenientes de los hábitats del jaguar, así como una evaluación de las tendencias económicas y de conservación del medio ambiente en 15 paisajes prioritarios para el jaguar.
Los resultados son apremiantes y dan cuenta de la importancia de invertir en la conservación y manejo sustentable de los ecosistemas donde habita el jaguar. Los paisajes prioritarios de WWF incluyen 14 países de América Latina y en ellos habitan aproximadamente 62 millones de personas. El valor económico, de los servicios ecosistémicos en los bosques en paisajes prioritarios del jaguar generan un valor de entre 1.5 y 4 billones de dólares anuales, siendo los servicios de regulación, seguidos de los de aprovisionamiento y culturales los principales generadores de este valor.
Específicamente para los servicios de regulación, como la prevención de la erosión o la regulación climática, se concluyó que aportan entre 1.1 y 2.8 billones de dólares al año, mientras que los servicios culturales y de aprovisionamiento, como el agua, alimentos y materias primas, oscilan entre 0.3 y 1.1 billones de dólares.
En contraste, el estudio muestra que la producción económica actual de las actividades humanas en estos paisajes corresponde a 708.3 mil millones de dólares, esta cifra da cuenta principalmente del sector de servicios, que abarca el comercio, transporte, educación, banca y otras actividades financieras.
Lo que indica que los servicios ecosistémicos antes mencionados superan entre 1.6 y 4 veces más el total de la producción económica de la región.
América Latina requiere que se reconozca a las especies silvestres como una fuente de ingresos y recursos para cientos de millones de personas, sin las cuales no sería posible la vida, así como de medidas contundentes para detener y revertir la pérdida de biodiversidad.
Para asegurar la conservación del jaguar y sus hábitats, los gobiernos deben garantizar la conservación y manejo efectivo de áreas protegidas y conservadas, implementar políticas de planificación de uso de la tierra y alinear políticas e incentivos a través de la integración de la biodiversidad en todos los sectores.
El sector financiero debe integrar riesgos relacionados con la biodiversidad en sus inversiones y contribuir a la estructuración de mecanismos financieros e incentivos para conservación de biodiversidad.
Detener la deforestación y conversión de paisajes es tarea de todos, desde los consumidores, tomadores de decisión, sector privado, productores. Conservar al jaguar y sus hábitats es una inversión colectiva en nuestro futuro.
Descarga el estudio <a href="https://www.wwf.org.mx/?392416/Conectando-puntos-El-impacto-socioeconomico-de-los-habitats--del-jaguar-en-Latinoamerica" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
* Sandra Petrone es directora de Vida Silvestre en WWF México (<a href="https://x.com/WWF_Mexico" target="_blank" rel="noopener">@WWF_Mexico</a>).

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