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El pasado 10 de diciembre se aprobó en el Senado, con 111 votos a favor, la nueva Ley de Economía Circular (LEC), que tiene como objetivo regular diversos materiales y residuos para aumentar su valorización y adecuada gestión.
Para lograrlo establece el principio de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), lo que significa que las empresas productoras de diversos materiales (aún por definir) deberán hacerse responsable de sus productos y sus residuos en todo su ciclo de vida.
De acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos 2020 de SEMARNAT, hace 5 años se generaban en el país alrededor de 120,000 toneladas de residuos sólidos al día, lo que equivalen a 47 millones de toneladas al año. En términos per cápita, cada habitante genera casi 1 kilo de residuos al día, 27 % arriba del promedio mundial. 46 % son orgánicos y 31 % son inorgánicos valorizables.
Si analizamos ahora cómo andamos en la recolección y tratamiento de dichos residuos, tampoco hay buenas noticias. Según datos del INEGI, en 2022 se recolectaron diariamente en el país 108 toneladas de residuos, pero solo el 5.4 % fueron enviados a tratamiento formal.
Actualmente, son los gobiernos municipales los principales encargados de la recolección y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, lo que representa un gran reto en términos de financiamiento, capacidades operativas y de fiscalización.
La Responsabilidad Extendida del Productor ayuda a enfrentar esta situación a través de tres vías:
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<li>Asegurar financiamiento dedicado para la gestión postconsumo de residuos.</li>
<li>Incentivar el ecodiseño para reducir la generación de los mismos.</li>
<li>Fomentar una colaboración sistémica entre los distintos actores involucrados (productores, comercializadores, dueños de marca, retailers y recicladores.</li>
</ol>
Aunque esto implica mayores costos en el corto plazo para las empresas, también tiene impactos positivos significativos al hacer más eficientes las cadenas de valor y gestionar mejor los riesgos ambientales y sociales.
Muchas empresas globales hoy reconocen públicamente la necesidad de REP. En 2021, más de 100 compañías de la cadena de valor de empaques firmaron una declaración impulsada por Fundación Ellen MacArthur, demandando la implementación de REP obligatoria.
En este contexto, la aprobación de la Ley de Economía Circular marca una mejora regulatoria importante y acorta la brecha que tenemos en comparación con otros países en desarrollo como India, Chile y Colombia, que han adoptado esquema REP en los últimos años. Se estima que existen actualmente 400 esquemas REP en el mundo cubriendo distintos tipos de productos como envases plásticos, neumáticos, aparatos electrónicos, entre muchos otros.
Todavía faltan muchas cosas por definir. Esperamos que en los próximos meses tengamos más claridad sobre aspectos clave que definirán el éxito de esta regulación, como son la definición de los materiales y empresas regulados, las metas y tiempos que se deberán alcanzar, las tarifas o cuotas que deberán pagar y los requisitos que tendrán que cumplir los programas de gestión circular y quienes los operen. Existen ya valiosos aprendizajes de la experiencia internacional que esperamos sean usados en México.
*Ninel Escobar es directora del programa de Cambio Climático y Energía en WWF México.

Economía circular: ¿qué es la Responsabilidad Extendida del Productor y por qué nos debe importar?

Cuando un producto se prohíbe se genera una oportunidad para el crimen organizado, porque existen personas dispuestas a seguirlo comprando, pero al no poder adquirirlo de manera legal, recurren al mercado negro que se los venderá a sobreprecio y, por tanto, las organizaciones criminales que satisfacen dicha demanda terminan generando ganancias importantes que no obtendrían si no se hubiera prohibido el producto.
No es casual que la época dorada de la mafia en los Estados Unidos haya sido la década de los 30, cuando en dicho país se les ocurrió prohibir la venta de alcohol. La mafia se enfocó en el tráfico de bebidas alcohólicas, lo que permitió a criminales como Al Capone, Meyer Lansky o Charles “Lucky” Luciano amasar grandes fortunas y crecer en influencia. Sobra decir que la prohibición del alcohol fue un rotundo fracaso, ya que no se disminuyó el consumo, la misma se revirtió a los cuatro años y el único resultado palpable fue el crecimiento del crimen organizado.
Algo similar pasa cuando se imponen impuestos excesivos a un producto. Por ejemplo, en México los combustibles tienen tasas impositivas altas, lo cual abre la posibilidad de grandes ganancias a través del tráfico ilegal por los puertos y aduanas, conocido coloquialmente como huachicol fiscal: se puede comprar gasolina barata en el extranjero, meterla ilegalmente al país y venderla con una ganancia importante.
Por ello resulta absurdo que desde el Congreso de la Unión, MORENA y sus aliados impulsen la prohibición a la producción, venta y almacenamiento de vapeadores, y que se haya llegado al exceso de poner la misma en la Constitución, porque sin darse cuenta están propiciando la creación de un gran mercado negro que a los únicos que beneficiará será a las organizaciones criminales.
Sobre todo, porque los consumidores no están incluidos en las penalizaciones. Es decir, es legal usar vapeadores, pero no venderlos, lo cual es un absurdo, porque si llegan a los consumidores es porque alguien se los proveyó.
Se podría pensar que la amenaza de imponer hasta ocho años de prisión va a disuadir a las personas de vender vapeadores, pero sí esas mismas personas ya venden droga, roban combustible, extorsionan o secuestran personas, y en todos esos delitos las penas son mayores y aun así siguen perpetrando los mismos, ¿qué les hace pensar a los legisladores que estas penas van a asustar a los integrantes de dichas organizaciones criminales?
De hecho, ni siquiera tenemos que esperar al futuro para predecir los efectos que tendrá esta prohibición, porque ya se tenía desde el 2022 una prohibición parcial que propició la irrupción de grandes cárteles de la droga en este mercado que está valuado en hasta <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/11/25/mercado-negro-de-vapeadores-es-de-20-mil-millones-de-pesos-al-ano-siete-carteles-lo-controlan-363454.html" target="_blank" rel="noopener">20 mil millones de pesos</a>, en los cuales se ha identificado la participación de 7 organizaciones mayores: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Golfo, Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, la Unión Tepito y Cárteles Unidos.
Por ejemplo, la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa <a href="https://www.msn.com/es-mx/noticias/other/el-cártel-de-sinaloa-se-adueña-del-negocio-de-los-vapeadores-y-amenaza-a-los-comerciantes-de-culiacán/ar-AA1wClCd" target="_blank" rel="noopener">estableció un esquema de monopolio artificial de venta de estos dispositivos en Culiacán</a>, en donde los comerciantes se ven obligados a comprar vapeadores solo a ellos bajo pena de castigo, de forma que pueden establecer un precio base más alto, perjudicando a comerciantes y consumidores al tiempo que se llenan los bolsillos.
Derivado de ello, se puede pensar en ocho efectos que tendrá la prohibición de los vapeadores:
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<li>Incremento en el precio promedio. Al ser un producto ilegal, el esquema de libre competencia se altera y, dado que el consumidor adicto estará dispuesto a seguir fumando por medio de estos dispositivos, las organizaciones criminales podrán subir el precio para incrementar sus ganancias.</li>
<li>Aumento del tráfico ilegal procedente de China a través de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada y Topolobampo. Más del 80 % de la producción global de vapeadores se concentra en dicho país, por lo que entrarán a través de los principales puertos del Pacífico dentro de contenedores de forma clandestina.</li>
<li>Circulación de productos de mala calidad. Es decir, se generará un efecto contrario al que persigue la prohibición, que es proteger a las personas de los efectos nocivos de los vapeadores en la salud, pues al ser ilegales ninguna autoridad revisará la calidad de los mismos y quienes los usen estarán expuestos a dispositivos inseguros y altamente dañinos.</li>
<li>Fortalecimiento de la industria del tabaco tradicional. Algunos consumidores que habían pasado de los cigarrillos a los vapeadores podrían volver a consumir cigarros.</li>
<li>Pérdida de ingresos fiscales. Los vapeadores que se comercializaban hasta antes de la prohibición pagaban impuestos por las ventas; sin embargo, al ser un producto ilegal, ese dinero ya no entrará al Estado, sino a las arcas de las organizaciones criminales.</li>
<li>Lucha por el control de los puntos de venta. Todas las organizaciones criminales buscarán adueñarse de una parte del mercado, se disputarán los lugares de comercialización como bares, centros nocturnos, tiendas y lugares turísticos, propiciando mayor extorsión a negocios y enfrentamientos en áreas urbanas.</li>
<li>Mayor corrupción entre los policías locales. Recibirán pagos de las organizaciones criminales para no actuar frente a la venta clandestina de dichos dispositivos.</li>
<li>Aumento de los ingresos de las organizaciones criminales. La venta de vapeadores se convertirá en una nueva vertiente de negocios que ampliará su abanico de actividades delictivas.</li>
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* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado

Desde 1988, cada 1° de diciembre el mundo conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) para recordar que la meta global de poner fin al VIH avanzado en 2030 sigue vigente. El lema de este año, “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al sida”, no habla solo de cadenas de suministro o innovación biomédica. Habla de las brechas estructurales que determinan quién accede al tratamiento y quién queda rezagado.
Para entenderlo, basta mirar historias como la de Naylea, una mujer tsotsil de 34 años que vive en una comunidad de Los Altos de Chiapas. Viuda desde hace dos años, desconoce su estatus serológico hasta que los síntomas la obligan a buscar atención fuera de su comunidad.
Ahí comienzan las disrupciones reales: Naylea no domina el español. Al llegar al centro de salud, no hay intérpretes interculturales. La barrera del idioma se convierte en un muro de silencio. El personal de salud, a menudo rotatorio y saturado, le entrega recetas e instrucciones que ella no comprende del todo. Pero el problema es más profundo: el estigma. En su comunidad, el VIH se asocia erróneamente con la inmoralidad, lo que la obliga a ocultar su diagnóstico por miedo a ser expulsada de su tierra.
Para Naylea, acceder al tratamiento antirretroviral no es cuestión de voluntad, sino de capacidad económica y geográfica. El viaje al establecimiento de salud para su atención más cercana implica cuatro horas de camino y un costo en transporte que compite con la comida de sus hijos. A menudo, cuando llega, el medicamento no ha llegado o el sistema está saturado. Naylea representa a ese sector de la población donde la determinante social (ser mujer, indígena, pobre y no hispanohablante) es más letal que el virus mismo. Ahí, la respuesta al VIH Avanzado (sida) no se ha transformado, se ha estancado.
Al otro extremo del país, Roberto, trabajador afiliado al IMSS en una zona urbana, recibe diagnóstico oportuno gracias a una campaña laboral. Accede sin interrupciones a antirretrovirales de última generación basados en inhibidores de integrasa, cuenta con un equipo multidisciplinario y, en seis meses, alcanza la indetectabilidad. “I = I”: indetectable es igual a intransmisible.
Ese logro, respaldado por evidencia científica, le permite vivir plenamente y sin miedo. La experiencia de Roberto demuestra que México tiene capacidad técnica, infraestructura y personal especializado para garantizar tratamientos efectivos cuando las condiciones de acceso están dadas.
La pregunta no es por qué Roberto vive bien con VIH; la pregunta es cómo lograr que esa sea la realidad de todas las personas, sin importar su origen o su código postal.
<h2>El panorama nacional y regional</h2>
En 2025, México registrará aproximadamente <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1040708/Bolet_n_D_a_Mundial_del_sida_2025_ed_especial.pdf" target="_blank" rel="noopener">15 mil 500 nuevos casos</a>, alcanzando un acumulado nacional, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, de 180 mil 319 casos. Se estima que alrededor de <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1040708/Bolet_n_D_a_Mundial_del_sida_2025_ed_especial.pdf" target="_blank" rel="noopener">80 mil personas</a> viven con VIH sin saberlo, concentradas principalmente en Chiapas, Yucatán y Veracruz.
Las entidades con mayores tasas de incidencia —como Quintana Roo y Baja California Sur— muestran dinámicas sociales particulares: migración, turismo y movilidad constante.
La comparación de la incidencia y prevalencia con el resto de América Latina para 2025, de acuerdo con <a href="https://www.unaids.org/sites/default/files/2025-11/2025-WAD-report_en.pdf" target="_blank" rel="noopener">el informe de ONUSIDA</a>, subraya un estancamiento regional en la lucha contra el sida. El organismo alertó que la región de América Latina, a diferencia del Caribe, registró un preocupante aumento del 13 % en las nuevas infecciones por VIH entre 2010 y 2024, ascendiendo a unas 120,000 infecciones anuales.
En cuanto a la prevalencia, se estima que 2.8 millones de personas vivían con VIH en América Latina y el Caribe en 2024, y aproximadamente el 14 % de ellas aún desconocía su diagnóstico. El lema 2025 del Día Mundial del Sida, se vuelve una exigencia de justicia social, reconociendo que la respuesta mundial ha sufrido su revés más significativo en décadas por la crisis de financiación.
La desagregación de los casos en la población indígena de México es fundamental para dimensionar la problemática, la cual es esencialmente de inequidad y no solo biológica. Aunque los datos epidemiológicos desagregados por etnicidad son insuficientes en los reportes oficiales, la experiencia de Naylea, una mujer tsotsil, ilustra las disrupciones estructurales: la ausencia de intérpretes interculturales, el profundo estigma que conduce al ocultamiento del diagnóstico, y los costos económicos y geográficos del acceso al tratamiento. Es imperativo que el tratamiento viaje a los pacientes para garantizar que la indetectabilidad no sea un privilegio de la seguridad social, sino una garantía de humanidad.
La disparidad entre Naylea y Roberto es la definición de inequidad en salud. &#8220;Superar las disrupciones&#8221; significa entender que la seguridad social no debe ser un privilegio laboral, sino un derecho humano accesible para todas las personas, independientemente de su código postal o su etnia. Desde la CISS, destacamos tres líneas estratégicas para avanzar hacia 2030:
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<li>Interculturalidad real, servicios de salud que cuenten con facilitadores comunitarios, personal bilingüe y estrategias de acompañamiento culturalmente pertinentes.</li>
<li>Tratamiento que viajen a las personas, modelos de entrega comunitaria, telemedicina, descentralización del primer nivel, y esquemas móviles que reduzcan las distancias como barrera.</li>
<li>Combate al estigma y sensibilización institucional, capacitación continua para personal de salud, campañas comunitarias y protocolos que garanticen atención sin discriminación.</li>
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México cuenta con avances relevantes, capacidades técnicas consolidadas y una red de seguridad social que ha demostrado ser eficaz. El desafío no es falta de conocimiento; es convertir esa capacidad en acceso universal y equitativo.
Superar las disrupciones significa que el tratamiento y la prevención lleguen a las zonas rurales, urbanas, indígenas y migrantes con la misma fuerza. Significa que la lengua, la geografía o el ingreso no determinen la vida de una persona.
Que la indetectabilidad no sea un privilegio exclusivo de la seguridad social, sino una garantía de humanidad. Porque mientras haya una sola persona perdiendo la vida por no hablar español o por miedo al rechazo, todos, como sociedad, seguimos estando enfermos.
* José Noé Rizo es investigador en Salud Pública y Seguridad Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Docente del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México; Secretario General Electo (2026-2027) de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

Superar las disrupciones: el rostro de la desigualdad del VIH en México

Animal Politico

Las posadas vecinales, las fiestas de oficina, las reuniones con amistades y las celebraciones familiares marcan el cierre del año. Llegan la cena de Nochebuena, la despedida del 2025 y la expectativa —a veces ansiosa— por un 2026 mejor. Un poco más de prisa, luces que adornan calles y casas, balances sobre el tiempo perdido, estrés financiero y metas incumplidas. Todo esto, en el sur-sureste del país, se cruza con desigualdades históricas que profundizan un campo de melancolía generalizada que conecta con el Trastorno Afectivo Estacional (TAE). <a href="#_ftn1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref1">[1]</a>
Pensando en clave de Göran Therborn y sus “campos de exterminio de las desigualdades”, el TAE adquiere matices más complejos en territorios como el nuestro, donde persisten violaciones a derechos humanos, violencias normalizadas y brechas en acceso a educación, salud y bienestar. No es casualidad que en 2025 Yucatán volviera a ocupar los primeros lugares nacionales en tasa de suicidio. <a href="#_ftn2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref2">[2]</a> Tampoco es casual que, aun trabajando extensas jornadas, miles de personas no puedan costear la canasta básica, <a href="#_ftn3" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref3">[3]</a> la cual en Mérida es la más cara del país en productos indispensables. <a href="#_ftn4" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref4">[4]</a>
Eva Meijer recuerda que «nacemos dentro de estructuras que contribuyen a determinar cómo se desarrolla nuestra vida en las que juegan un papel el género, el tono de piel, las condiciones psicológicas, físicas, la clase social; después de todo, no somos sino cuerpos». <a href="#_ftn5" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref5">[5]</a> Debemos tomar en serio esta afirmación, pues es imprescindible para construir políticas públicas integrales y sostenidas que realmente atiendan la salud mental en Yucatán, más allá del asistencialismo o la retórica barata y motivacional.
El primer informe sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI+ en Yucatán, «Amando y Resistiendo», <a href="#_ftn6" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref6">[6]</a> elaborado por la CODHEY, el Gobierno de Québec y Yaaj México, dedica un apartado completo a la urgencia de atender la salud mental de las disidencias sexuales. Rechazo familiar, discriminación social, acoso escolar, violencia institucional, exclusión laboral y la persistencia de los Esfuerzos para Corregir / Reprimir la Orientación Sexual o Identidad de Género (ECOSIG) conforman un entorno hostil que acrecienta riesgos, especialmente en la segunda entidad con mayor población LGBTI+ del país.
Frente a este escenario, es ingenuo —e irresponsable— suponer que la salud mental se protege con eslóganes como «¡Ánimo! No estás deprimido, estás distraído». Nada de eso sirve cuando miles de personas se levantan trasnochadas para trabajar 12 horas en empleos sin seguridad social, con traslados de dos horas entre municipios cada vez más inaccesibles y con la crisis climática presionando sobre nuestras vidas, como ocurre en Mérida, donde el calor sofocante no es casualidad, sino efecto de la devastación forestal y depredación inmobiliaria.
Desde el CIADH sabemos que no basta con frases bonitas generadas en ChatGPT. Necesitamos políticas públicas que combatan frontalmente las desigualdades y reparen los daños producidos por los sistemas de opresión desde enfoques diferenciados por el género, la racialidad, las orientaciones, la edad, condición psicosocial o discapacidades. Políticas que reconozcan que la salud mental no es un lujo individual, sino una urgencia colectiva.
Mientras las desigualdades sigan siendo la regla y no la excepción, cualquier mensaje motivacional sobre la depresión y el suicidio será un parche sobre una herida que nunca termine de cerrar en Yucatán.
* Otto Cuauhtémoc Castillo González es director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos «Digna Ochoa y Plácido» de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
<a href="#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn1">[1]</a> Gatón Moreno, M. A., González Torres, M. Á., &amp; Gaviria, M. (2015). Trastornos afectivos estacionales,&#8221; winter blues&#8221;. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 35(126), 367-380.
<a href="#_ftnref2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn2">[2]</a>  INEGI (2025, septiembre 8). Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre). Disponible <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_Suicidio_25.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí.</a>
<a href="#_ftnref3" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn3">[3]</a>   Estrella Santana, F.  (2025, noviembre 27). <a href="https://www.yucatan.com.mx/merida/2025/11/27/el-inegi-baja-el-ingreso-laboral-per-capita-en-yucatan-donde-el-26-vive-en-pobreza-extrema.html" target="_blank" rel="noopener">La gente que trabaja y no alcanza a comprar la canasta alimentaria</a>. El Diario de Yucatán. Disponible aquí.
<a href="#_ftnref4" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn4">[4]</a> PROFECO (2025, diciembre 8)). Quién es Quién en los Precios: Productos de Primera Necesidad. Disponible <a href="https://qqph.profeco.gob.mx/storage/attachment/primeran/2025/QQPPRIMERAN_120825.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>, p. 9.
<a href="#_ftnref5" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn5">[5]</a> Meijer, E. (2021). Los límites de mi lenguaje: meditaciones sobre la depresión. Editorial Katz.
<a href="#_ftnref6" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn6">[6]</a> CODHEY (2025). Amando y Resistiendo: Informe sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI+ en Yucatán. Disponible <a href="https://www.codhey.org/pagweb/documentos/ciadh/InformeLGBTI+.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Melancolía del sureste: una revisión a la salud mental de Yucatán

Estados Unidos presentó su nueva estrategia de seguridad nacional (<a href="https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf" target="_blank" rel="noopener">National Security Strategy 2025</a>). Más que un ejercicio narrativo o burocrático, la estrategia establece la manera en que la Casa Blanca concibe sus capacidades de actuar y el futuro del entorno global, al mismo tiempo de que a través de este documento <a href="https://www.politico.com/news/2025/12/05/trump-reveals-national-security-strategy-western-hemisphere-europe-00678265" target="_blank" rel="noopener">proyecta sus expectativas</a> sobre el comportamiento del sistema internacional.
En ella se identifican cinco áreas que el gobierno considera de interés nacional vital: 1) el mantenimiento del dominio hemisférico, 2) la consolidación de la competencia económica, 3) la preservación de la seguridad y la “identidad occidental” de Europa, 4) la prevención del fortalecimiento de adversarios en Medio Oriente y 5) la defensa del liderazgo tecnológico estadounidense. Estas prioridades constituyen, según la propia administración, los intereses nacionales vitales de Estados Unidos. Aunque la propia estrategia revela una tensión subyacente, Washington se ve obligado a operar en un orden internacional irreversiblemente multipolar, un escenario que no consolida por voluntad propia, sino por una necesidad pragmática.
El primer interés nacional expuesto en la estrategia es garantizar que el hemisferio occidental permanezca “estable, bien gobernado y libre de incursiones hostiles”. Esta idea reactiva abiertamente la lógica de la Doctrina Monroe. Bajo esta premisa, Washington vincula la estabilidad regional con su propia seguridad interna, especialmente en torno a la migración masiva, el combate a los cárteles y la protección de cadenas de suministro críticas. La referencia explícita a un “Trump Corollary” de la Doctrina Monroe señala un retorno doctrinal a una política neo-imperialista en el continente que busca limitar la presencia de China, hoy el principal socio comercial de varios países sudamericanos, y contrarrestar la influencia rusa en ámbitos como la seguridad o la provisión de armamento. Pero esta pretensión choca con realidades materiales como la diversificación económica latinoamericana, la presencia de Brasil en los BRICS, la pérdida de capacidad de proyección de poder estadounidense y la fragmentación política regional.
El segundo interés nacional versa sobre detener el “daño” que actores extranjeros infligen a la economía estadounidense mientras se mantiene un Indo-Pacífico “libre y abierto” y articula con claridad la centralidad de la competencia estratégica con China. Sin embargo, esta difiere de las estrategias de seguridad nacional anteriores, pues estas retrataban a China y Rusia como actores decididos a moldear un orden contrario a los valores e intereses estadounidenses, ubicando a Beijing como un desafío estratégico de largo plazo y a Moscú como una amenaza inmediata y agresiva. Por su parte la nueva estrategia evita referirse explícitamente a la competencia entre grandes potencias y adopta un tono más conciliador, describiendo el reto como la necesidad de “gestionar” la relación europea con Rusia y “recalibrar” los vínculos económicos con China.
Esto implica garantizar la libertad de navegación en rutas marítimas esenciales como el Estrecho de Malaca o el Mar del Sur de China, que sostienen una parte significativa del comercio global. Asimismo, la estrategia enfatiza la importancia de asegurar cadenas de suministro resilientes y acceso estable a materiales críticos, que van desde los semiconductores hasta las tierras raras necesarias para la transición energética y la industria 4.0. Este cambio de tono confrontativo con Beijing no es gratuito y se debe al reconocimiento implícito de la dependencia de China para mantener las cadenas de suministros que mantienen la economía estadounidense.
El tercer interés nacional expresa la intención de apoyar a los aliados europeos en la preservación de su seguridad y libertad, pero lo hace atenuando el temor existencial europeo hacia Rusia a la par de que expone la posibilidad de una retirada de los esfuerzos de seguridad europeos. Al mismo tiempo introduce un objetivo especialmente controvertido: restaurar la autoconfianza civilizacional y la identidad occidental de Europa. Esta idea rebasa la cooperación transatlántica tradicional y reincorpora un lenguaje cargado de implicaciones ideológicas, además de una crítica implícita hacia el proyecto político de la Unión Europea. Esto adquiere particular relevancia en un contexto marcado por <a href="https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/ultima-hora/ue-eeuu-tension-comercial-25nov2025" target="_blank" rel="noopener">tensiones comerciales</a> entre Washington y Bruselas, especialmente en torno a estándares regulatorios y políticas industriales que afectan directamente a los productos estadounidenses.
El cuarto interés nacional busca impedir que una potencia adversaria, en particular Irán, alcance una posición dominante en Medio Oriente, ya sea controlando el flujo de petróleo y gas o los puntos estratégicos por donde transitan, como el Estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, la estrategia insiste en evitar un retorno a las “guerras eternas” que durante dos décadas absorbieron recursos y atención política estadounidense. Este enfoque combina la contención de la influencia iraní con una apuesta por mecanismos de disuasión, que en la práctica replicarían los ataques contra la infraestructura nuclear iraní vistos a mediados de año. Al final lo que busca es resguardar los intereses energéticos y geoestratégicos de Estados Unidos sin comprometerse nuevamente en intervenciones prolongadas.
El quinto interés nacional se centra en garantizar que la tecnología desarrolladas en Estados Unidos, especialmente en inteligencia artificial, biotecnología y computación cuántica, continúen marcando el rumbo del progreso global. Esto implica no solo mantener el liderazgo científico y la capacidad de innovación, sino también definir las reglas, normas y marcos que regirán el uso y dominio estas tecnologías emergentes. En la práctica, busca evitar que competidores como China erosionen la influencia estadounidense en los sectores de tecnología estratégicos.
En conjunto, los cinco intereses nacionales delinean un esfuerzo estratégico orientada a preservar la primacía estadounidense en un entorno global más fragmentado y competitivo. Buscan gestionar la multipolaridad emergente sin renunciar al liderazgo, reforzar la resiliencia interna frente a presiones externas y moldear las reglas del sistema internacional antes de que otros actores lo hagan. Como tal estos intereses nacionales buscan sostener la influencia de Estados Unidos en un mundo donde su poder a escala global ya no puede darse por sentado.
El interés hemisférico planteado en la nueva estrategia tiene implicaciones profundas para América Latina y, de manera particular, para México. Al proponer un “reajuste” del despliegue militar global para atender amenazas urgentes en el hemisferio como el tráfico de drogas, la migración y el control de rutas estratégicas en momentos de crisis, como el caso del Canal de Panamá, Washington abre la puerta a un modelo de intervención más directo en la región. Para México, esto podría reproducir dinámicas ya observadas en las costas de Venezuela, donde Estados Unidos ha incrementado operaciones marítimas y de vigilancia bajo el argumento de combatir redes criminales. La estrategia incluso contempla “despliegues focalizados” para asegurar la frontera y enfrentar a los cárteles, incluyendo, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal como alternativa a lo que califica como el fracaso de las estrategias policiales de las últimas décadas. Es decir, establece la posibilidad del uso de fuerza militar para realizar ataques de grado militar en suelo mexicano.
Asimismo, este énfasis en el dominio hemisférico revela algo más profundo: un realineamiento de las prioridades geopolíticas de Estados Unidos y la aceptación tácita de un mundo cada vez más complejo de controlar. La estrategia propone “rechazar la idea fallida de la dominación global” y, en cambio, apostar por equilibrios de poder a nivel global y regional. La implicación es que Washington parece menos interesado en una competencia estratégica total y más dispuesto a reconocer esferas de influencia, lo que abre espacio para que otras grandes potencias como China y Rusia consoliden sus propios ámbitos de control. Esto <a href="https://www.bbc.com/news/articles/cpvd01g2kwwo" target="_blank" rel="noopener">coincide con los intereses del Kremlin</a>, que desde hace años busca afianzar su dominio regional y ampliar su influencia en su vecindario estratégico.
Para Europa, la nueva postura estadounidense es preocupante debido a la posibilidad de una <a href="https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-sets-2027-deadline-europe-led-nato-defense-officials-say-2025-12-05/" target="_blank" rel="noopener">retirada parcial</a> de Estados Unidos de la OTAN.  Lo que obligaría a los países europeos a asumir mucho más de su propia defensa en un momento de presiones económicas y tensiones políticas internas. Esto podría fracturar la cohesión de la Unión Europea, profundizando las diferencias entre quienes buscan una autonomía estratégica real y quienes dependen casi totalmente del paraguas militar estadounidense. Además, el aumento obligado del gasto en defensa chocaría con la ya frágil sostenibilidad del Estado de bienestar europeo, generando fuertes costos políticos y sociales en varias capitales europeas.
La nueva estrategia de seguridad estadounidense refleja un viraje profundo: el paso de una aspiración de dominio global hacia la consolidación de un control hemisférico. Este giro no responde solamente a una preferencia ideológica a partir del lema “America First”, sino a una necesidad estructural. Estados Unidos consolida un mundo multipolar no por voluntad propia, sino porque carece de la capacidad material para impedirlo.
En Washington existe plena conciencia de este declive relativo de sus capacidades militares. El llamado “<a href="https://www.nytimes.com/interactive/2025/12/08/opinion/us-china-taiwan-military.html" target="_blank" rel="noopener">Overmatch Brief</a>” del Pentágono, un ejercicio prospectivo sobre un posible conflicto con China, concluye que bajo las condiciones actuales Estados Unidos perdería en todos los escenarios analizados. El propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, admitió que, en un enfrentamiento directo contra Beijing, <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2025/12/08/opinion/us-china-taiwan-military.html" target="_blank" rel="noopener">Estados Unidos estaría en desventaja</a> y que incluso China <a href="https://www.msn.com/en-in/news/world/china-can-destroy-all-u-s-aircraft-carriers-in-20-minutes-pete-hegseth-warns-saying-the-pla-could-devastate-the-u-s-in-no-time/ar-AA1CNNnB?ocid=socialshare&amp;pc=U531&amp;cvid=250964b3ea47487ba650e2b875b5398c&amp;ei=26&amp;apiversion=v2&amp;noservercache=1&amp;domshim=1&amp;renderwebcomponents=1&amp;wcseo=1&amp;batchservertelemetry=1&amp;noservertelemetry=1" target="_blank" rel="noopener">tiene la capacidad de destruir</a> los portaaviones estadounidenses. Esto revela un problema más profundo sobre la fragilidad del andamiaje que sostiene la infraestructura de defensa estadounidense. El modelo actual depende de empresas privadas con incentivos de rentabilidad, las cuales promueven inversiones excesivas en sistemas sumamente costosos como portaaviones o el avión caza F-47, que resultan blancos sumamente atractivos y costosos en un conflicto prolongado.
A esto se le suma una baja capacidad industrial nacional para producir insumos básicos de defensa. La falta de capacidad industrial previene incluso que Estados Unidos <a href="https://www.aei.org/op-eds/the-u-s-cant-handle-a-war/" target="_blank" rel="noopener">tenga la capacidad</a> operativa de sostener un conflicto de largo aliento. Sobre todo, porque Washington <a href="https://www.fpri.org/article/2025/10/americas-scale-problem/" target="_blank" rel="noopener">orientó el diseño de su aparato de defensa</a> hacia conflictos cortos y de alta tecnología, centrados en sistemas de precisión. Sin embargo, los escenarios bélicos contemporáneos demandan una manufactura constante y a gran escala de armamento convencional. Esta vulnerabilidad se da en buena medida a que la arquitectura de defensa estadounidense <a href="https://www.russiamatters.org/analysis/influence-defense-industry-us-national-security-strategy#:~:text=The%20congressional%20%E2%80%9CICBM%20Coalition%E2%80%9D%20is,states'%20bases%20to%20stay%20open." target="_blank" rel="noopener">es diseñada desde los intereses de actores privados</a>, cuyos incentivos no siempre coinciden con las necesidades estratégicas del país.
En este contexto, Washington solo puede compensar la enorme capacidad productiva de China mediante alianzas estratégicas, sobre todo con sus socios de la OTAN. Sin embargo, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional introduce riesgos para este equilibrio al redefinir prioridades regionales ajenas a los intereses de sus socios estratégicos, mientras que Beijing y Moscú <a href="https://www.aei.org/op-eds/russia-and-chinas-military-production-surge-why-the-u-s-military-is-alarmed/" target="_blank" rel="noopener">expanden aceleradamente</a> su producción militar. Resulta notorio que Rusia y China comprendieron que la guerra en el siglo XXI no solo depende del desarrollo tecnológico, sino que requiere capacidad industrial sostenida para la producción de insumos de defensa, algo evidente en la estrategia rusa en Ucrania.
En última instancia, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense no frena la transición geopolítica hacia un orden multipolar, sino que la consolida. Al reconocer indirectamente que no busca sostener por sí solo la primacía militar global, Washington termina por apuntalar un orden multipolar. Esto responde sobre todo a una necesidad pragmática de consolidar una esfera de poder dentro de sus capacidades operativas. Lejos de reafirmar un liderazgo incontestado, la estrategia admite tácitamente que el centro de gravedad de la seguridad internacional se ha dispersado. Con ello, Estados Unidos reconoce que ya no define por sí mismo las reglas del entorno estratégico global, sino que se convierte en uno más de los polos que gestionan la seguridad internacional. Esta estrategia demuestra que incluso para los Estados Unidos el mundo multipolar ya es una realidad.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

La estrategia de seguridad de EU y la consolidación de la multipolaridad en seguridad internacional

El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos recuerda la adopción de la Declaración Universal de 1948, pero también —y sobre todo— la urgencia de revisar qué tan real es ese compromiso en la vida de millones de personas. Este año, bajo el lema global “Nuestros derechos cotidianos”, la reflexión nos invita a mirar no solo las grandes causas universales, sino los derechos que deberían acompañar a cada persona en su día a día. Y si hablamos de lo esencial, entonces no hay mejor lugar para empezar que en la infancia.
Las niñas, niños y adolescentes representan casi un tercio de la población mundial. lo que subraya su peso demográfico y la responsabilidad global de garantizar su bienestar. En México, de acuerdo con el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_DiaNina22.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a>, hay 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, cerca del 30 % de la población nacional.
Sin embargo, su realidad evidencia que los derechos humanos no se ejercen plenamente desde el inicio de la vida. La violencia, la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la falta de condiciones dignas continúan marcando la experiencia de millones de niñas y niños. En un mundo que se declara defensor de la dignidad humana, las vulneraciones hacia los derechos de la niñez y adolescencia siguen siendo una contradicción inaceptable.
Por su parte, la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en 1959 y fortalecida con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, establece principios fundamentales: el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; a un nombre y una nacionalidad; a la protección contra el maltrato; a la educación; a la salud; al juego; a la participación, y a crecer en entornos seguros y amorosos. Este marco normativo, aceptado prácticamente por todos los países del mundo, establece que la infancia es un grupo prioritario y que su bienestar debe ser una responsabilidad compartida entre Estado, familias y sociedad.
Pero los derechos, como recordamos cada 10 de diciembre, no se garantizan solamente declarándolos. Se necesitan políticas, recursos, instituciones fuertes y una profunda convicción social. Es así que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha <a href="https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-de-los-derechos-humanos-1?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">señalado</a> este año: los derechos humanos deben estar al centro de cualquier política o respuesta pública. Y, en ese sentido, las niñas y los niños deben estar aún más al centro. No hay verdadera política de derechos humanos si las experiencias de la niñez quedan relegadas.
En Save the Children lo vemos cada día: cuando una niña puede ir a la escuela sin miedo; cuando un niño recibe atención emocional después de vivir violencia; cuando una familia accede a oportunidades para dar a sus hijos una vida digna; cuando un adolescente encuentra información confiable sobre salud mental; cuando una comunidad trabaja para erradicar prácticas dañinas normalizadas. Todos estos logros no son abstractos: son la materialización concreta de los derechos humanos en la vida cotidiana.
<h3>Niñez en desventaja</h3>
Pese a los avances legales, la realidad nos obliga a reconocer que la niñez sigue siendo uno de los grupos más vulnerados.
En México, millones de niñas y niños viven en condiciones de pobreza; muchos experimentan violencia física o psicológica en el hogar; otros enfrentan barreras para acceder a servicios básicos de salud, educación o protección. A nivel global, se estima que millones de niñas y niños viven en zonas de conflicto; las migraciones forzadas alcanzan cifras récord; la crisis climática amenaza directamente su futuro, y las desigualdades digitales amplifican brechas de aprendizaje.
Estos desafíos no son nuevos, pero se multiplican en el siglo XXI. Hoy, garantizar los derechos de la niñez exige atender dimensiones que en 1948 ni siquiera podía imaginarse: el derecho a la privacidad digital, la protección frente a desinformación y discursos de odio, los riesgos tecnológicos, las crisis ambientales, las epidemias globales y la creciente desigualdad estructural.
Hay muchos problemas que afectan a la niñez, pero el más grave es que no se les considera un grupo prioritario. Con frecuencia, los derechos de niñas y niños se ven como un tema complementario y no como el eje que debe guiar las decisiones públicas. Se habla de infraestructura, seguridad o crecimiento económico sin reconocer que ninguna política será sostenible si no prioriza a la niñez y adolescencia. Entre más temprano se vulneran los derechos de una persona, mayores son los efectos acumulados a lo largo de su vida.
<h3>Poner a la niñez en el centro</h3>
Poner a la niñez en el centro implica reconocer que el bienestar de las niñas, niños y adolescentes no es un tema secundario ni accesorio, sino un indicador esencial de la salud democrática, social y económica de un país. Significa entender que no basta con garantizar su supervivencia: es necesario asegurarles condiciones reales para desarrollarse plenamente, libres de violencia y con oportunidades equitativas sin importar su origen, contexto o condición.
También supone asumir que las decisiones públicas —el presupuesto, las leyes, los programas y las prioridades del Estado— deben partir de su perspectiva. Cuando las políticas se diseñan pensando primero en la niñez, se fortalecen las familias, las comunidades y el futuro común. Y, sobre todo, implica reconocer que cada acción u omisión del mundo adulto impacta de manera directa en su presente y en su futuro, por lo que protegerles y escucharles no es una concesión, sino una responsabilidad ética impostergable.
<h3>Un compromiso impostergable</h3>
Cada año, el Día de los Derechos Humanos pretende recordarnos que la dignidad humana es —o debería de ser— universal. Pero este recordatorio no puede ser retórico. Si realmente creemos en la esencia de la Declaración Universal, tenemos que empezar por asegurar que todas las niñas y niños vivan en entornos que les permitan desarrollarse plenamente.
Esto no es solo un principio moral: es una decisión estratégica. Las sociedades que cuidan a sus niñas, niños y adolescentes garantizan su propio futuro. Invertir en educación, protección, salud mental, bienestar económico y prevención de la violencia es invertir en estabilidad, productividad y cohesión social.
Hoy, la pregunta central no debería ser “¿qué conmemoramos este 10 de diciembre?”, sino “¿qué estamos dispuestos a transformar para que los derechos humanos se vivan desde la niñez”. Porque cuando un país protege a sus niñas y niños, está protegiendo su humanidad.
En Save the Children México reafirmos este compromiso todos los días: seguir trabajando, con evidencia y desde el terreno, para que cada niña, niño y adolescente viva sus derechos no solo como un ideal, sino como una experiencia cotidiana.
Porque los derechos humanos empiezan en la niñez. Y es allí donde también debe empezar la justicia.
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* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.
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Sin derechos para la niñez, no hay humanidad para nadie

Es entendible que cada vez que se anuncia una nueva iniciativa ambiental nos emocione, porque como sociedad lo que queremos es avanzar hacia un país que respete la vida, que proteja la biodiversidad y la salud de las personas.
Sin embargo, no hay que dejarnos engañar. Muy a menudo la industria copta las narrativas y los mensajes de  las organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades y pueblos que defienden sus territorios, y las usan para el beneficio de sus propios intereses.
Este es el caso de la Ley General de Economía Circular, que demuestra que no siempre lo que se viste de verde es realmente en beneficio ambiental y de la sociedad.
Esta ley -que está siendo impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y creada muy de la mano con la industria- más que una solución es una estrategia para mantener el modelo económico que está destruyendo nuestros ecosistemas, pero ahora con un lenguaje que tranquiliza conciencias.
Esta iniciativa de ley presentada por los diputados Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué, <a href="https://www.animalpolitico.com/politica/senado-aprueba-ley-general-economia-circular" target="_blank" rel="noopener">fue aprobada de manera discrecional y expedita</a>, sin ser discutida y socializada con los diferentes sectores de la población y levantando profundas preocupaciones de los riesgos que conlleva una ley así.
La misma Semarnat, la institución que debería ser la principal defensora ambiental en México, elaboró la ley en diálogo estrecho con el sector privado, mientras dejó fuera a la sociedad civil y a las comunidades que enfrentan a diario los impactos de la contaminación. Este origen ya es, en sí mismo, un síntoma preocupante. Pero lo peor es el contenido, una ley que se anuncia como ambiental y que de manera contraria privilegia criterios económicos y extractivos en lugar de priorizar la prevención, la salud y la conservación.
Esta iniciativa no nació de un proceso abierto, transparente o incluyente, y se nota. Uno de los puntos más críticos es que la ley se enfoca en la “termovalorización o quema de residuos”, a pesar de los daños documentados que estas prácticas causan en la salud de las comunidades cercanas.
Y, quizás lo más alarmante, en la ley no se aborda el tema de salud. En un país en donde miles de personas viven junto a tiraderos a cielo abierto, vertederos clandestinos y plantas que emiten tóxicos peligrosos, borrar la dimensión de salud es una irresponsabilidad grave.
En la ley también aparecen las auditorías ambientales voluntarias, un instrumento que podría ser valioso, pero que en este contexto se convierte en una vía fácil para el greenwashing. Permitir que las empresas se auditen ellas solas, obtengan beneficios regulatorios y además reciban reconocimiento público es repetir un error que ya hemos visto.
En la economía circular real, el objetivo principal es reducir al mínimo la producción de residuos y cambiar la forma en que producimos y consumimos. Aquí ocurre lo contrario, se normaliza la idea de que seguir generando residuos es inevitable y que basta con buscar maneras de sacarles provecho económico. Esto no solo distorsiona el concepto de economía circular, sino que además perpetúa un modelo que ha demostrado ser insostenible. A esto se suma que el diseño circular solo será obligatorio si resulta “ambiental, técnica y económicamente viable”, fórmula que en la práctica puede justificar casi cualquier excepción. Así, conceptos fundamentales como durabilidad, reutilización o reparabilidad quedan subordinados al criterio de rentabilidad.
Es difícil comprender cómo la Semarnat, cuya razón de ser es proteger los ecosistemas y la salud pública, puede impulsar una ley que, en varios aspectos, debilita lo que ya existe. La iniciativa incluso modifica la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para incluir principios que favorecen la termovalorización por encima de la prevención, lo cual la empeora.
Lo que México necesita no es una economía circular de discurso, sino una transformación real del sistema actual; necesitamos políticas que reduzcan la producción de residuos, que obliguen a las empresas a diseñar productos durables y reparables, que limiten la obsolescencia programada y que incorporen la salud de las personas como un criterio esencial, no como un detalle opcional. Lamentablemente, esta ley no avanza en esa dirección. Más bien consolida el “status quo” disfrazado de innovación verde.
Hoy, más que preguntarnos qué ley vamos a tener, debemos preguntarnos de qué lado estamos. ¿Del lado de quienes buscan proteger la vida, la salud y los territorios? ¿O del lado de quienes ven en la crisis ambiental una oportunidad para seguir haciendo negocio? La economía circular no puede ser un adorno retórico. Debe ser una ruta de cambio profundo. Y mientras sigamos aprobando leyes que no se atreven a cuestionar el modelo productivo que nos trajo hasta aquí, estaremos renunciando a la posibilidad de construir un futuro verdaderamente sostenible.
* Viridiana Lázaro es Campañista de Océanos Sin Plásticos en Greenpeace México. Bióloga por la UNAM y Maestra en Cambio Climático y Sustentabilidad por la Universidad de Glasgow en Escocia. Viridiana trabajó en Circular Economy Lab en Dinamarca temas de Economía Circular y en la Organización Sustrans en Edimburgo, donde estudió temas de movilidad activa y proyecciones climáticas para aumentar la resiliencia. Durante 5 años Viridiana coordinó temas de Cambio Climático y Agricultura en Greenpeace México, trabajando con diferentes organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas.

Basta de usar la economía circular como disfraz

El pasado martes 9 se llevó a cabo el Parlamento Nacional de Personas con Discapacidad (PcD) en la Cámara de Diputados. Presenté la postulación de la Iniciativa con proyecto de decreto de la senadora Amalia García, que busca el reconocimiento de la discapacidad orgánica en la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad. Expliqué la urgencia de incluirnos, señalando que el no hacerlo violaría la propia Convención y el objetivo del Parlamento. No recibí respuesta alguna.
​Esta exclusión no es un hecho aislado; se suma a:
<ul>
<li>​La negativa de publicar artículos de opinión en medios especializados en discapacidad.</li>
<li>​El capacitismo intradiscapacidad del propio colectivo en México y LATAM, que nos margina.</li>
<li>​La negativa reiterada de instituciones nacionales y supranacionales de incluirnos en sus agendas.</li>
</ul>
​Esta discriminación es una violación flagrante y sistemática a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que en su Artículo 2 define la discriminación como cualquier exclusión o restricción que obstaculice el goce o ejercicio de los derechos humanos de personas con discapacidad.
<h3>​¿Qué es la discapacidad orgánica y por qué es mayoría?</h3>
​La <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/es-la-discapacidad-organica-estupidos" target="_blank" rel="noopener">discapacidad orgánica</a> es aquella provocada por enfermedades físicas, mentales o neurológicas ejemplo de estas condiciones son fibromialgia, encefalomielitis miálgica, lupus, VIH, disautonomía, COVID persistente, esclerosis, Lyme, Sjogren, TDAH, autismo, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, reumatológicas, raras, entre otras, que resultan en la pérdida de funcionalidad de órganos y sistemas internos (cardiovascular, digestivo, sistema nervioso, respiratorio, etc.). Se caracteriza a menudo por ser una discapacidad invisible que causa limitaciones severas por fatiga crónica, dolor, debilidad, problemas de memoria, concentración, insomnio, y centenares de síntomas invisibles y, por la  necesidad de tratamientos continuos que suelen no ser efectivos y que  ocasionan efectos adversos.
​El no incluirnos ignora la realidad de la discapacidad en México y el mundo:
<ul>
<li>​Dato Global (OMS): La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la principal causa de discapacidad en el mundo son las enfermedades. Esta tendencia ha crecido exponencialmente tras la pandemia y persistirá.</li>
<li>​Dato Nacional (INEGI): En México,<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_PCD24.pdf" target="_blank" rel="noopener"> las personas con discapacidad orgánica somos la mayoría de personas con discapacidad, representando un contundente 9 %</a>, según el INEGI.</li>
</ul>
<h3>​El impacto demoledor del no reconocimiento</h3>
​Para los millones de pacientes que desarrollamos la discapacidad orgánica, la falta de legitimidad y reconocimiento legal perpetúa un ciclo vicioso ad infinitum de desprotección, discriminación y violencias:
<ol>
<li>​Exclusión educativa-laboral: <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/invitades/por-una-educacion-inclusiva-para-tdah" target="_blank" rel="noopener">No obtener el certificado de discapacidad impide exigir ajustes razonables en la educación y el trabajo llevándonos al fracaso escolar</a>, la pérdida de empleo, al aislamiento social y la pobreza.</li>
<li>​Agravamiento de la condición: La difícil situación económica para pagar consultas, tratamientos, medicaciones,  el estrés crónico de estar enfermo y no ser reconocido como persona con discapacidad, y las condiciones socioeconómicas que vivimos por esta ciudadanía más cara agravan las enfermedades que causan la discapacidad orgánica.</li>
<li>Alto grado de disrupción familiar por labor de cuidados: La discapacidad orgánica de alguien en la familia altera los roles y economía familiar: en incontables casos, <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/ser-mujer-mama-soltera-y-padecer-fibromialgia" target="_blank" rel="noopener">la mamá que debe cuidar resulta ser la que precisa labor de cuidados</a> y esto tiene un impacto en la familia.</li>
<li>​Vulnerabilidad extrema: Las mujeres y las niñas con discapacidad orgánica  estamos expuestas a <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/no-reconocimiento-discapacidad-organica" target="_blank" rel="noopener">un riesgo mayor de violencia, abuso, abandono o negligencia</a> a causa del no reconocimiento médico, jurídico y social.</li>
</ol>
<h3>​La exclusión viola los principios de la CDPD</h3>
​La exclusión de la discapacidad orgánica vulnera sistemáticamente los principios de la Convención (Art. 3) que deben guiar la acción de las autoridades:
<ul>
<li>La no discriminación.</li>
<li>La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.</li>
<li>El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad orgánica como parte de la diversidad de personas con discapacidad.</li>
<li>La igualdad de oportunidades.</li>
</ul>
Y del Artículo 4. Promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.
​Quienes nos discriminan soslayan que el propósito de la Convención es proteger y asegurar el goce pleno de derechos de TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD —no solo de quienes tienen discapacidades tradicionalmente aceptadas— y promover el respeto de nuestra dignidad inherente.
<h3>​Un llamado a la justicia social</h3>
​El reconocimiento de la discapacidad orgánica no es un favor ni una concesión; es un tema de justicia social y el cumplimiento de un deber legal.
La Convención contribuye a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural. Ámbitos en donde estamos sistemáticamente excluidos.
​¿Qué diría hoy Don Gilberto Rincón Gallardo —promotor incansable de la Convención, quien reconocía plenamente la discapacidad orgánica hace 16 años— sabiendo que en un inminente 2026 nos están discriminando y excluyendo quienes tienen el deber moral de apoyarnos?
​¿Por qué nos han mandado a al menos 7 millones de mexicanos con discapacidad orgánica al  patio trasero de la discapacidad cuando somos la mayoría y la Convención Internacional sobre los derechos de personas con discapacidad nos ampara? La exclusión de nuestro reconocimiento no es una simple decisión administrativa, es una condena perpetua a la invisibilización, a la negación organizada de una vida digna y a condiciones infrahumanas de  sobrevivencia. Representamos una urgencia humanitaria, pero no nos ven ni nos oyen.
Ayúdanos firmando y compartiendo <a href="https://www.change.org/p/senadomexicano-mx-diputados-aprueben-la-iniciativa-que-reconoce-la-discapacidad-org%C3%A1nica" target="_blank" rel="noopener">nuestra iniciativa</a>.
*Verónnica Scutia (<a href="https://x.com/Vero_Scutia">@Vero_Scutia</a>) enferma, activista. Pionera y promotora de la iniciativa que reconoce  la discapacidad orgánica en México.

La discapacidad orgánica: más de 40 % excluido, millones en el limbo

La agenda pública en México tiene un tema ineludible: la inseguridad. El magnicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; el acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de un hombre en pleno recorrido por la Ciudad de México, y las marchas de un sector joven de la población que protesta, entre otras cosas, por el clima violento que se vive en el país, nos hacen reflexionar acerca de la percepción ciudadana sobre la seguridad y el desempeño de las instituciones encargadas de cuidar a las personas.
De acuerdo con la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública</a> (ENVIPE) 2025 del INEGI, el 75.6 % de la población considera que vivir en su entidad es inseguro. Este indicador puede tener muchas explicaciones; una de ellas es la percepción de que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad son ineficaces. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Daron Acemoglu y James Robinson argumentan en su libro The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty, que se necesita un Estado fuerte para controlar la violencia y hacer cumplir la ley. En México, en cambio, lo que se observa son instituciones incapaces de contener y resolver conflictos, lo que alimenta la sensación de inseguridad.
De hecho, los datos sugieren una relación clara entre la percepción de un mal desempeño institucional y la percepción de inseguridad. La población del Estado de México, por ejemplo, lo coloca como el segundo peor estado en percepción del desempeño de sus instituciones de seguridad; al mismo tiempo, es el cuarto con mayor percepción de inseguridad (87.8 % de las personas encuestadas). En Morelos, el 90.1 % de la población se siente insegura y la entidad ocupa el sexto lugar entre las peor calificadas en desempeño institucional. Michoacán presenta un patrón similar: 80.9 % de la población percibe inseguridad y sus instituciones se ubican en el cuarto peor lugar a nivel nacional. En contraste, Yucatán, donde solo el 39.6 % de la población se siente insegura, ocupa el lugar 29 en el ranking del mal desempeño institucional de las instituciones de seguridad.
La desconfianza en las instituciones, además de abonar a la percepción de inseguridad, incrementa la cifra negra (los delitos no denunciados), que alcanza el 93.2 % según datos de la ENVIPE. Este nivel tan alto se explica, entre otras cosas, por la percepción ciudadana de que denunciar no sirve de nada: los trámites son pesados, las investigaciones rara vez prosperan y la impunidad se convierte en regla. La falta de confianza en las instituciones judiciales y de seguridad alimenta un círculo vicioso en que la violencia se normaliza y la ciudadanía no encuentra propósito en acudir a las autoridades.
La violencia en las calles tiene múltiples causas, una de ellas es un Estado debilitado y deslegitimado. El desafío de consolidar un verdadero Estado de derecho exige más que diagnósticos: requiere una asignación eficiente y bien orientada del presupuesto para fortalecer a las instituciones. Además, se necesitan políticas anticorrupción que garanticen la profesionalización e independencia de las personas servidoras públicas, de los cuerpos policiales y de las fuerzas armadas. Lo anterior es indispensable para reconstruir la confianza
* Imad Peniche es Economista por el ITAM y pasante en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> De acuerdo con la ENVIPE, las instituciones consideradas como autoridades de seguridad son Marina, Fuerza Aérea Mexicana, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Policía Ministerial, Judicial o de Investigación, Jueces, Ministerio Público y Fiscalías Estatales, Policía Estatal, Policía Preventiva, Municipal y Policía de Tránsito.

Desconfianza en las instituciones: pilar de la percepción de inseguridad

En los últimos meses Malí ha visto un recrudecimiento de su ya prolongada crisis de seguridad. Vemos un conflicto enmarcado en el fortalecimiento de insurgencias yihadistas que afecta a toda la región del Sahel. Sin embargo, la situación maliense es particularmente crítica por el cerco que enfrenta Bamako. Desde hace un par de meses, <a href="https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/jihadists-fuel-blockade-poses-biggest-threat-yet-malis-military-rulers-2025-11-03/" target="_blank" rel="noopener">la capital permanece bajo asedio</a> y sujeta a un bloqueo impuesto por Jama&#8217;at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), un grupo yihadista emanado de los grupos locales de Al-Qaeda. Este bloqueo va más allá de un simple asedio, es una <a href="https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/10/21/au-mali-les-djihadistes-mettent-bamako-sous-tension-en-la-privant-d-essence_6648770_3212.html" target="_blank" rel="noopener">estrategia que busca paralizar al país</a> mediante el control de las rutas terrestres, en especial las de transporte de combustible, con el objetivo de desestabilizar y, potencialmente, derrocar al régimen.
Este asedio no solo revela la creciente capacidad operativa de los grupos insurgentes, sino también la profunda erosión institucional del Estado, la fragmentación del territorio y la <a href="https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/jihadists-fuel-blockade-poses-biggest-threat-yet-malis-military-rulers-2025-11-03/" target="_blank" rel="noopener">incapacidad del gobierno</a> militar encabezado por Assimi Goïta para asegurar siquiera la estabilidad de la capital. La crisis en Bamako se vuelve un punto clave para entender cómo la inseguridad en el Sahel (y sobre todo el aumento del terrorismo y las insurgencias yihadistas) resulta de la convergencia de factores estructurales más amplios como la crisis ecológica, el deterioro económico, y las tensiones étnico-sociales, los cuales han permitido la expansión e incluso cierta legitimación de los actores yihadistas. En este contexto, Malí se configura como ejemplo de un espacio atravesado por conflictos internos, insurgencias armadas transnacionales, tensiones geopolíticas y procesos acelerados de desintegración estatal.
La situación en Malí no puede comprenderse sin situarla dentro del contexto más amplio de inestabilidad en el Sahel, una región donde las juntas militares emanadas de golpes de Estado han intentado articular un nuevo bloque político: la Alianza de Estados del Sahel. Esta alianza surge como forma de protegerse frente al creciente aislamiento internacional y las crecientes tensiones con las potencias occidentales por el <a href="https://moderndiplomacy.eu/2025/05/04/the-alliance-of-sahel-states-the-road-towards-nationalization/" target="_blank" rel="noopener">control de los recursos naturales</a>. Malí, junto con Burkina Faso y Níger, ha buscado reposicionarse como un polo de soberanía frente al extractivismo occidental, pero lo ha hecho sobre un terreno profundamente erosionado por el terrorismo transnacional, la fragmentación territorial y la insurgencia armada que aprovecha la debilidad estructural del Estado. En este contexto el deterioro de la situación económica maliense responde, en parte, <a href="https://www.rfi.fr/en/africa/20251105-mali-s-economy-near-standstill-amid-jnim-fuel-attacks" target="_blank" rel="noopener">al conflicto armado</a> que vive el país. A ello se superponen los efectos negativos de las dinámicas históricas de extractivismo y neocolonialismo. Esta combinación de factores genera un círculo vicioso donde la relación entre la violencia, el abandono estatal y la inestabilidad económica alimenta la legitimidad de los grupos armados en la zona.
A esto se suma la crisis ecológica que atraviesa el Sahel: la desertificación acelerada, la creciente variabilidad climática y la disminución de recursos hídricos esenciales han intensificado las tensiones entre comunidades agrícolas y pastoriles. Los grupos insurgentes aprovechan este contexto de vulnerabilidad e incluso buscan acrecentarlo, pues recurren a la destrucción de la infraestructura estatal, sobre todo la hídrica, como un <a href="https://institute.global/insights/geopolitics-and-security/from-crisis-to-conflict-climate-change-and-violent-extremism-in-the-sahel" target="_blank" rel="noopener">método de control</a> del acceso al agua de las poblaciones que dominan. Esta crisis, producto del deterioro ambiental, converge con un prolongado <a href="https://www.iss.europa.eu/publications/briefs/sahel-climate-conflicts-when-fighting-climate-change-fuels-terrorism" target="_blank" rel="noopener">fracaso en las políticas públicas</a> y en la gobernanza de Malí, marcado por la persistencia de lógicas coloniales, la disrupción de prácticas y modos de vida tradicionales, especialmente entre poblaciones nómadas, y la presencia sistemática de corrupción y extorsión estatal en las zonas rurales más marginadas. En este contexto, líderes yihadistas como Amadou Koufa, Ibrahim Dicko o incluso el propio Iyad Ag Ghali, líder de JNIM, han sabido articular una narrativa que capitaliza el descontento social y canaliza los sentimientos de abandono y desesperanza de amplios sectores de la población para legitimar a sus respectivos grupos armados.
Los efectos de la crisis climática han alimentado (mas no necesariamente causado) la insurgencia yihadista en Malí <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629824000982" target="_blank" rel="noopener">al profundizar las tensiones intercomunitarias</a>, lo que genera un terreno fértil para que los grupos yihadistas se presenten como gestores de la seguridad y gobernanza local. Estos actores armados <a href="https://institute.global/insights/geopolitics-and-security/from-crisis-to-conflict-climate-change-and-violent-extremism-in-the-sahel" target="_blank" rel="noopener">explotan el vacío estatal y la desesperación económica</a> para legitimarse y reclutar jóvenes de las zonas rurales. Cabe mencionar que <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629824000982" target="_blank" rel="noopener">no se puede considerar</a> a los grupos insurgentes en Malí o en el Sahel en general como una entidad monolítica, pues la diversidad de grupos étnicos, políticos e incluso religiosos genera un complejo mosaico de alianzas y traiciones entre actores y grupos.
En este contexto es que debemos situar la crisis en Malí y sobre todo el sitio de Bamako. Si bien diversos analistas de seguridad coinciden en que JNIM <a href="https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/jihadists-fuel-blockade-poses-biggest-threat-yet-malis-military-rulers-2025-11-03/" target="_blank" rel="noopener">no cuenta hoy con la capacidad</a> militar para tomar la capital, es igualmente cierto que el gobierno carece de los medios para romper el sitio. Esto se debe, en gran medida, a que las fuerzas yihadistas operan en un territorio sumamente vasto, desértico y prácticamente fuera del control estatal, lo que dificulta cualquier forma de vigilancia o respuesta efectiva. Esto abre la posibilidad a que el asedio prolongado de la capital pueda precipitar el colapso del gobierno de la junta militar que dirige Malí, abriendo la puerta a la eventual toma del poder por un grupo islamista, lo cual terminaría <a href="https://politicsuk.com/urgent-warning-is-mali-destined-to-become-the-next-afghanistan/" target="_blank" rel="noopener">alterando de manera significativa</a> la <a href="https://www.eurasiareview.com/14112025-sahel-at-risk-malis-security-crisis-oped/" target="_blank" rel="noopener">geopolítica regional</a> del Sahel.
El caso de Malí y concretamente el bloqueo de Bamako demuestra una estrategia para desgastar las capacidades del gobierno al paralizar y colapsar la capital. El sitio de la ciudad ha sido acompañado de un bloqueo de las <a href="https://www.larazon.es/internacional/mali-relaja-bloqueo-combustible-bamako-pero-crisis-sigue_20251201692d9d399261f37ec737f3c4.html" target="_blank" rel="noopener">rutas comerciales</a> que vienen de Senegal y Costa de Marfil que ha paralizado la actividad de la capital. La situación es especialmente crítica por su impacto en el comercio de combustibles, del cual Malí depende casi por completo, ya que el bloqueo ha paralizado las principales rutas sobre todo desde el puerto senegalés de Dakar y el puerto marfileño de Abiyán. El bloqueo de estas rutas fue un movimiento estratégico por parte de JNIM, que incluso puede considerarse que va más allá de una estrategia de guerra económica, en una <a href="https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/jihadists-fuel-blockade-poses-biggest-threat-yet-malis-military-rulers-2025-11-03/" target="_blank" rel="noopener">nueva modalidad de terrorismo</a>. Detienen el flujo de bienes esenciales <a href="https://www.eurasiareview.com/27092025-jnim-seizes-key-malian-town-enforces-blockade-near-mauritania/" target="_blank" rel="noopener">bloqueando rutas comerciales</a>, atacando camiones de carga, asesinando choferes, incendiando vehículos y amenazando directamente a las empresas transportistas. Con ello buscan paralizar las principales vías de suministro del país y, así, poner en jaque a la ciudad, a la población y al propio gobierno.
El objetivo por el momento de JNIM no es tomar la capital, sino desgastarla y paralizarla para desestabilizar el ya frágil control que ejerce la junta militar sobre el país. En los últimos meses, Bamako, con sus más de cuatro millones de habitantes, ha entrado en una crisis profunda. E incluso se puede argumentar que los efectos del asedio <a href="https://www.eurasiareview.com/14112025-sahel-at-risk-malis-security-crisis-oped/" target="_blank" rel="noopener">han generado una crisis humanitaria en Bamako</a>. Esto debido a que el bloqueo ha paralizado la distribución de alimentos, encareciendo los productos básicos y dificultando el acceso a comida para miles de familias. Al mismo tiempo que ha golpeado a la industria local, provocando <a href="https://thepolitic.org/bamako-blockaded-the-battle-for-malis-future/" target="_blank" rel="noopener">apagones cada vez más frecuentes</a> que agravan una situación económica ya precaria. Por su parte el sector salud <a href="https://www.larazon.es/internacional/mali-relaja-bloqueo-combustible-bamako-pero-crisis-sigue_20251201692d9d399261f37ec737f3c4.html" target="_blank" rel="noopener">enfrenta una severa escasez</a> de insumos, lo que compromete aún más la capacidad del Estado, así como de ONG para responder a la emergencia. Sobre todo, porque los hospitales que dependen de generadores enfrentan un desabasto crítico de combustible que pone en riesgo la viabilidad de procedimientos de emergencia y la atención de pacientes, mientras que la falta de combustible obligó al gobierno a cerrar escuelas. Las organizaciones humanitarias advierten que <a href="https://www.eurasiareview.com/14112025-sahel-at-risk-malis-security-crisis-oped/" target="_blank" rel="noopener">alrededor de 1.5 millones</a> de malienses podrían quedar expuestos a una grave inseguridad alimentaria como consecuencia del bloqueo y la persistencia del conflicto. Además, la crisis ha impulsado el desplazamiento desde las ciudades en busca de combustible, alimentos y seguridad, lo que a su vez genera nuevas presiones sobre las zonas rurales ya tensas por la crisis climática.
La crisis que vemos desarrollarse en Bamako no solo es una tragedia local, sino también es un síntoma de una región rebasada por la insurgencia armada. Estos grupos prosperan no solo por sus capacidades militares, sino por su habilidad para insertarse en territorios abandonados por el Estado y capitalizar con las crisis que emanan de procesos más amplios como el colapso del control estatal, la inestabilidad económica, la crisis ecológica y las tensiones étnico-sociales. Al mismo tiempo, el sitio de Bamako puede funcionar como un laboratorio para nuevas tácticas de terrorismo dirigidas contra grandes centros urbanos por parte de grupos insurgentes. No es la primera vez que observamos un asedio de esta magnitud; casos como Al-Fasher y otras ciudades en Sudán muestran que estos métodos pueden prolongarse durante años y su recurrencia puede apuntar a un patrón emergente en la región. En este sentido, lo que ocurra en Bamako no solo definirá el futuro inmediato de Malí, incluida la posible caída del gobierno de la junta militar, sino que también anticipará la evolución de las dinámicas geopolíticas y de seguridad en toda la región del Sahel.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

Malí y el sitio de Bamako: una crisis olvidada

En México, la política de salud pública vive una paradoja peligrosa. Dice que es una de las transformaciones más profundas del Estado, pero en su operación diaria reproduce viejos vicios con nuevos nombres. El caso del IMSS-Bienestar es hoy el mejor ejemplo de la estrategia del gatopardo aplicada al sector salud: cambiar la estructura institucional para que, en el fondo, nada cambie realmente. El discurso se transforma, la realidad operativa permanece —o empeora—.
En papel, el IMSS-Bienestar nace como solución al desorden, al desabasto y a la fragmentación del sistema. En los hechos lo que enfrentan hospitales, personal médico y proveedores es un ecosistema de pedidos mal generados, logística fallida, bloqueos administrativos y un trato institucional que raya en la burla. La simulación de la reforma es cada vez más evidente.
El primer gran problema está en el origen de todo: los pedidos mal planeados. Órdenes incompletas, duplicadas con claves erróneas o volúmenes que no corresponden a la demanda real. Se compra sin escuchar al hospital; se ordena sin dialogar con el consumo histórico; se programan insumos sin inteligencia clínica. El resultado es absurdo: almacenes llenos de productos que no se requieren y estantes vacíos de medicamentos esenciales. El sistema compra, pero no abastece; registra, pero no resuelve.
A esta falla estructural se le suma una logística nacional colapsada: retrasos crónicos, rutas ineficientes, entregas parciales e inventarios mal distribuidos. Medicamentos tardan semanas en llegar o arriban cuando el tratamiento ya no es útil. Cada error logístico no es un simple retraso administrativo: es una cirugía pospuesta, terapia interrumpida y complicación evitable. En salud pública la ineficiencia logística también enferma.
El tercer eslabón de esta cadena de disfunciones es el bloqueo sistemático de los procesos de revisión y pago: proveedores que cumplen con entregas enfrentan un viacrucis administrativo: sistemas que no cargan, ventanillas que no reciben, observaciones repetidas sin criterios claros. El derecho al pago se convierte en carrera de resistencia; administración que no audita, desgasta, y mientras tanto la deuda crece en silencio.
Pero quizá el elemento más corrosivo del modelo actual sea la normalización del maltrato a proveedores: no sólo por los pagos tardíos que reciben, sino por una cultura institucional de incumplimiento, promesas vacías y silencios asfixiantes. Financieramente quienes sostienen el abasto son las empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, operando durante meses sin recibir un solo peso, financiando de facto al Estado sin garantías ni certidumbre ni respeto. El gobierno exige puntualidad absoluta, pero responde con retraso crónico.
Nada de esto es casual. La estrategia del gatopardo no busca resolver de fondo, sino administrar el conflicto sin tocar las estructuras reales de poder y control. Se centraliza la operación, se concentran las decisiones, se desmontan esquemas previos, pero no se construyen capacidades técnicas suficientes. Se privilegia la narrativa política sobre la logística, la propaganda sobre la planeación, el control sobre la eficiencia.
El costo de esta simulación no es abstracto. Se mide en pacientes sin medicamento, en médicos sin insumos, en proveedores al borde de la quiebra. Cada pedido mal planeado y mal hecho, es una cama sin tratamiento. Cada factura no pagada es una cadena productiva que se rompe. Cada retraso logístico es una oportunidad perdida de salvar una vida.
Desde una mirada de política pública, el IMSS-Bienestar opera hoy como un sistema hipercentralizado sin inteligencia operativa. Se transformó la arquitectura institucional, pero se descuidó lo esencial: el pedido correcto, la ruta eficiente y el pago oportuno; cambió la forma, pero no el fondo, justo la esencia del gatopartidismo.
La paradoja es brutal: mientras el discurso oficial responsabiliza históricamente a los proveedores de los males del sistema, en la práctica son ellos quienes sostienen financieramente la operación día a día. Sin créditos públicos, sin financiamiento garantizado y sin reglas claras, el Estado que debería ser el pagador más confiable del país se ha convertido en uno de los deudores más riesgosos.
Lo más inquietante es que este modelo parece funcional al control político: precariedad genera dependencia; caos permite discrecionalidad; adeudo produce sumisión. Un sistema desordenado es más manejable desde el poder, que uno eficiente y transparente.
La salud pública no tolera simulaciones porque el cuerpo humano no entiende discursos; los medicamentos no llegan con propaganda. Hay un sistema que funciona o hay un colapso administrado. Y hoy, bajo lógica del gatopardismo, lo que tenemos no es transformación real sino una reconfiguración burocrática que mantiene intacta la ineficiencia, la opacidad y la deuda moral con pacientes y proveedores.
México no necesita más cambios cosméticos en el sector salud; necesita planeación real, logística profesional, trazabilidad en pedidos, pagos puntuales. De lo contrario seguiremos cambiando todo… para que nada cambie.
* José Luis García Rodríguez es presidente de la <a href="https://asmedis.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Asociación Mexicana para la Distribución Institucional de la Salud, A. C.</a> (<a href="https://x.com/ASMEDISmx" target="_blank" rel="noopener">@ASMEDISmx</a>).

La estrategia del gatopardo en el IMSS-Bienestar: cambiar todo para que nada cambie

La Barredora -organización criminal con sede en Tabasco que fue dirigida por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de dicha entidad- tuvo un crecimiento fulgurante, ya que si bien existe desde 2009 como banda criminal, hace algunos años la mayoría de los mexicanos no habían oído nunca de ella, pero en los últimos meses se ha convertido en un claro ejemplo de cómo las complicidades entre política y grupos criminales pueden hacer crecer a las organizaciones delictivas y afectar la seguridad en las entidades federativas.
Dicho lo anterior de otra forma: el crecimiento de la Barredora fue posible gracias a que en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos en Tabasco recibió protección de políticos y funcionarios corruptos, que se volvieron cómplices y se beneficiaron de sus actividades.
El ejecutor de esta trama fue Hernán Bermúdez Requena, que en lugar de proteger a los tabasqueños como era su responsabilidad como secretario de Seguridad Pública, <a href="https://seguridad.nexos.com.mx/el-incremento-en-la-violencia-en-tabasco/" target="_blank" rel="noopener">eligió establecer una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación y buscó una banda local, que fue la Barredora</a>, para que sirviera de franquicia local para llevar a cabo actividades delictivas como el robo de combustible, la venta de drogas o la extorsión.
Debido a que todo el aparato de seguridad de Tabasco se puso al servicio de la Barredora, sus integrantes no eran molestados por los policías, por lo que podían operar con total impunidad, pero también los elementos de seguridad los ayudaban a combatir y eliminar a sus competidores, complicando la operación de otras organizaciones criminales en la entidad.
Así que esta banda fue ampliando sus ingresos, integrando más operadores y sumando más municipios a su cobertura geográfica, de forma que, en su momento de mayor expansión, antes de que se diera a conocer la vinculación de Hernán Bermúdez Requena con la organización, la misma llegó a tener presencia en 38 municipios de 4 diferentes entidades federativas: Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche.
En Tabasco se registró su presencia en Centla, Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco, Paraíso, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán, Centro, Jalapa, Teapa, Jonuta, Macuspana y Tacotalpa. En Chiapas operaban en Amatán, Catazajá, Huitiupán, Ixtapangajoya, Juárez, La Libertad, Ocosingo, Ostuacán, Palenque, Pichucalco, Reforma, Sabanilla, Salto del Agua, Tila, Benemérito de las América y Mezcalapa. En Veracruz contaban con Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Azul, Moloacán, Acayucan y Las Choapas. Mientras que en Campeche llegaron a Palizada y Ciudad del Carmen. Tal como lo muestra el siguiente mapa:
<figure id="attachment_1610657" aria-describedby="caption-attachment-1610657" style="width: 1011px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1610657" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/presencia-de-la-barredora-en-municipios-del-sur.png" alt="Mapa con la presencia de la Barredora en los estados del sureste mexicano." width="1021" height="1021" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/presencia-de-la-barredora-en-municipios-del-sur.png 1021w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/presencia-de-la-barredora-en-municipios-del-sur-600x600.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/presencia-de-la-barredora-en-municipios-del-sur-768x768.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1021px) 100vw, 1021px" /><figcaption id="caption-attachment-1610657" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia.</figcaption></figure>
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Incluso <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/10/22/la-barredora-deja-estela-de-70-asesinatos-en-puebla-se-extiende-tlaxcala-361273.html" target="_blank" rel="noopener">hay notas que señalan su posible presencia en Puebla</a>, aunque se cree que se trata de otra organización que utiliza el mismo nombre, pero el hecho de que algunos de los mandos de la Barredora hayan sido arrestados en esta entidad, hace que persista la duda.
Sin embargo, el debilitamiento de la Barredora es patente, comenzando con el arresto de Hernán Bermúdez Requena, así como de otros mandos centrales de la organización como <a href="https://www.excelsior.com.mx/nacional/cae-el-numero-2-de-la-barredora-el-detenido-fue-policia-federal/1728872" target="_blank" rel="noopener">Ulises Pinto Madera</a> o <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/10/30/la-barredora-detienen-el-carnal-exdirector-de-la-policia-de-tabasco-de-hernan-bermudez-361818.html" target="_blank" rel="noopener">Leonardo Arturo Leyva</a>, además de muchos mandos operativos, a lo que debemos sumar una gran presión mediática para las autoridades de Tabasco y Chiapas, que hacen complejo que las redes de protección que tenía la Barredora permanezcan.
Pero también, al romper su alianza con el CJNG, dicha organización comenzó a ganar terreno en Tabasco, provocando escaladas de violencia y generando un retroceso en el ámbito de influencia de la misma.
Por ende, en el futuro de esta organización criminal se pueden vislumbrar tres posibles escenarios:
<ul>
<li>La desaparición en el mediano plazo, ya que los golpes constantes, así como la pérdida de protección pueden provocar que dicha organización se desintegre o al menos se convierta en una banda de menor tamaño, como lo fue en antaño.</li>
<li>Desgaste lento, lo que le permitirá resistir en el tiempo, sin crecer, pero también sin desaparecer, en un escenario similar al del Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato.</li>
<li>Mutación, es decir, que se fragmente en bandas más pequeñas con nuevos nombres, que cambie su vocación o que busque establecer alianzas con otras organizaciones para hacerle frente al CJNG, por ejemplo, con el Cártel de Sinaloa en su facción de la Mayiza.</li>
</ul>
Siendo los escenarios 2 y 3 los más probables, sin embargo, tenemos que esperar la evolución del fenómeno criminal en Tabasco y en las otras tres entidades en donde la Barredora tenía presencia para poder tener un panorama más claro.
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* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.
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El futuro de la Barredora

En este año, la plataforma de difusión de multimedia Mubi puso a disposición de sus clientes en México la película The Here After, que en español se llamó Después de esto; se trata de la ópera prima que realizó el director sueco Magnus Von Horn, a sus 32 años, en el año 2015. Me llamaron la atención varias similitudes con la serie inglesa Adolescencia, creada por Jack Thorne y Stephen Grahan, dirigida por Phillip Barantini y difundida por Netflix, también en este año. Consciente de que el debate que produjo la serie se ha desvanecido y, a manera de reseña e invitación a ver la película, presento aquí algunas reflexiones.
Similitudes y diferencias técnicas más notorias entre ambas producciones:
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Adolescencia se desarrolla en cuatro episodios, cada uno de alrededor de una hora, filmados en un solo plano secuencia. Por su parte, la película sueca presenta momentos extensos de planos secuencia o fijos.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">En ambas producciones se emplea la ausencia de banda sonora en algunas escenas, como recurso para intensificar la tensión del espectador.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Otra semejanza es el uso del recurso denominado “fuera de campo”, esto es, sugerir la presencia de elementos o personajes que no se ven en pantalla, mediante sonidos, diálogos o reacciones de los personajes.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Una de las diferencias es que, mientras que, en la serie, el actor principal fue seleccionado mediante casting, sin tener experiencia de actuación, los protagonistas jóvenes de la película sí tenían experiencia, ya sea en teatro o en cine. En su momento, fueron destacadas las actuaciones de los dos jóvenes de la película, pero el actor principal de Adolescencia fue quien recibió mayores elogios y premios por su desempeño. </li>
</ul>
Elementos de comparación relevantes entre ambas historias:
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">En ambos casos se trata de un joven o adolescente que asesinó a una compañera de clase y, en las dos producciones, desde el inicio, no hay duda de que fue el autor del asesinato. </li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">La serie Adolescencia gira en torno a encontrar las razones que llevaron a un chico de 13 años a matar a su compañera de clase; mientras que en la película sueca el desarrollo se centra en lo que sucede después de que John cumple una sentencia de dos años en un reformatorio y pretende reincorporarse en la sociedad del pueblo pequeño en el que sucedieron los hechos y en donde vive su familia y los familiares y amigos de la víctima. </li>
</ul>
En ambas producciones el asesinato representa un suceso que traspasa el límite de la violencia cotidiana en el que habitan los jóvenes. En la exploración de las posibles razones del asesinato, el tema más destacado en la serie es la exposición del adolescente a la influencia de sitios y contenidos de la web, cuyo potencial desconocían los padres. Aunque, quizá en segundo plano, se muestra la violencia imperante en el ámbito escolar, un ambiente grosero y maloliente que incluso provoca náuseas a la mujer policía en su visita a la escuela. 
En la película no hay influencia de la web y tampoco se exploran las razones del asesinato; la trama gira en torno a la reacción de la gente en un pequeño pueblo rural de Suecia, ante la reincorporación de un joven que ha cometido asesinato y ha pagado por el delito; sobre la posibilidad de perdonar, de aceptarlo, incorporarlo, etc. No sabemos cómo era el ambiente antes del asesinato, porque los actos que vemos se desatan como reacciones al abominable acto que cometió John y a su presencia después de su liberación. Una de las reacciones más drásticas de rechazo a la presencia de John fue el ataque de un compañero, lo que estuvo muy cerca de terminar en asesinato, como resaltó la maestra que fue testigo de la golpiza: el compañero que “castigó” a John estuvo a punto de convertirse también en un asesino. 
Otro tema que se explora es la posibilidad de que el joven que asesinó a su novia pueda incurrir en lo mismo, el temor de las chicas a relacionarse con él, o la duda que expresa su hermano pequeño sobre si será capaz de matar otra vez. 
El asesinato de jóvenes hombres a mujeres pares perturba profundamente y, en ese sentido, la serie generó un amplio debate, mientras que la película casi pasó desapercibida, posiblemente como efecto de que la primera fue distribuida de manera exclusiva por la plataforma de Netflix. Sin embargo, a pesar de las similitudes del contenido, la película fue casi ignorada por la crítica cultural; se ha reseñado poco y, sobre todo, no ha sido mencionada en la multitud de reseñas o artículos de opinión que se hicieron sobre la serie Adolescencia. No mencionar la película de Van Horn, un antecedente de relevancia cinematográfica y social de la serie, es una seria omisión en la crítica más profesional.
Me pregunto si estas cosas pasan solo en estos tiempos, como efecto de la abundancia de información y la facilidad en la que cualquier persona puede publicar alguna opinión sobre las obras o es algo que ha sucedido siempre. En muchos de los temas de mi trabajo -la investigación sociológica- encuentro esta situación con bastante frecuencia; muchas reflexiones relevantes pasan desapercibidas, se olvidan muy pronto o son presentadas como novedosas, posteriormente, con otros términos. Lo anterior conduce al empobrecimiento del análisis y del debate; para enriquecer los debates necesitamos generar constantemente detonadores que mantengan vivos los referentes.
* María Isabel Verduzco (<a href="https://twitter.com/marisaverduzco" target="_blank" rel="noopener">@marisaverduzco</a>) es consultora independiente y profesora de la <a href="https://www.ort.edu.mx/" target="_blank" rel="noopener">Universidad ORT</a>.

Después de Ahora, antecedente inadvertido de la serie Adolescencia

Llega noviembre, llega Todos Santos a Oaxaca&#8230; todo debe estar listo, el escenario montado, la nada sutil insinuación: &#8220;ven, disfruta, consume, regresa&#8230;&#8221;. Las calles deben ser “instagrameables”, coloridas y, como hace años, nuestra cultura, tradiciones e identidad se ofrece al mercado como un escenario de ciencia ficción. Los oaxaqueños ya no formamos parte de la fiesta, y si es que se participa, tenemos que ser la cara amable.
En el discurso, por supuesto, las autoridades insisten en nombrarnos —a nuestras prácticas y modos de ser— aquí en la ciudad y en los pueblos originarios, pero solo para formar parte de la decoración. En las últimas décadas, han dedicado sus esfuerzos a hurtar, sustraer, cometer prácticas extractivas y apropiarse de conceptos comunitarios y simbólicos que forman parte del sentido del ser de esta, nuestra oaxaqueñidad. Han institucionalizado la idea de lo que es “ser oaxaqueño”.
Ellos esperan que rindamos pleitesía al gobernador en turno, que aceptemos y aplaudamos sus improvisaciones, que le demos “el bastón de mando”, lo que vacía de significado y desvaloriza conceptos y modos de vida arraigados en los oaxaqueños y oaxaqueñas.
Ahora, todo es del turismo y para el turismo; hay que hacer agradable la experiencia. El primer cuadro de la ciudad capital se pone a su disposición y, poco a poco, otros puntos geográficos se ven avasallados por exotizadoras miradas y carteras. Hasta la música ha sido cooptada para que no le falte ritmo a la turistificación que nos ahoga sin compasión: los sones y jarabes ahora son bailados por personas extranjeras.
Para la satisfacción y goce del turista, hay agua suficiente, mientras nosotros, en nuestras colonias periféricas, podemos esperar hasta noventa días para que nos surtan. Planean solucionar la escasez con métodos de probada ineficacia, solo para llenar los bolsillos de inversionistas y empresarios.
Quizá es por ello que en las periferias se escuchan propuestas como &#8220;Primero Oaxaca, primero lo nuestro&#8221;. Esta es la sentencia de una mujer que, rebasada por las consecuencias de la gentrificación, ha dado en el clavo: hemos de ya no solo resistir, sino luchar para volver a ser prioridad.
Y es que a nadie le es oculto la precarización y desigualdad que enfrenta nuestro estado. Según el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, publicado durante 2025, en Oaxaca dos millones 483 mil 644 personas viven en pobreza; un millón 623 mil 790 personas en pobreza moderada; 859 mil 854 personas en pobreza extrema; un millón 240 mil 31 personas son vulnerables por carencia social; 126 mil 795 personas son vulnerables por el tipo de ingresos que tienen. Y mientras esto es evidente para muchos de nosotros, ellos dan otras cifras, como si entre el gobierno y la población viviéramos dos realidades totalmente distintas.
Porque mientras las autoridades políticas ofrecen discursos de mejoras económicas y empleos disfrazadas de bienestar y desarrollo que sólo nos colocan a merced del turismo y recrudecen la gentrificación, la vida continúa sin ser digna para más del noventa por ciento de la población. Lo que sí, nuestro territorio es fértil para dueños de inmobiliarias, cuyos nexos con la clase política les garantizan éxito en sus lucrativos negocios.
Esta dupla es la encargada de los violentos cambios físicos y espaciales en nuestra ciudad. Entre ellos compiten por los mejores bienes raíces, que luego convierten en restaurantes Michelin, tiendas departamentales, centros comerciales, tiendas de arte, boutiques, hoteles y alojamientos en Airbnb.
Y si bien es cierto que competir, resistir y luchar contra esto es casi imposible, nosotros nos negamos a dejar de insistir, crear comunidad, visibilizar y trascender con esperanza y esfuerzos comunales. Estas palabras resonaron cuando nos reunimos en julio de este año, en el Encuentro Nacional Contra la Gentrificación, aquí en Oaxaca, en donde existe un consenso: &#8220;No queremos vivir así, esta es nuestra ciudad y la vamos a defender&#8221;.
* Miscelánea Oaxaqueña de Acción Común es un grupo diverso de jóvenes que apelan y defienden el derecho a la ciudad, trastocado por la gentrificación, la turistificación, el despojo y desplazamiento en la ciudad de Oaxaca, México.

En Oaxaca no queremos vivir así

Cada 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes invita a reflexionar sobre una epidemia silenciosa que se expande sin pausa en México. Más que una enfermedad crónica, la diabetes se ha convertido en un espejo de nuestras desigualdades: quienes menos tienen son quienes menos acceso tienen al diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
Detrás de las estadísticas hay vidas como la de Doña Josefina, mujer de 55 años, habitante de una colonia de alta marginación en Iztapalapa. Para ella, seguir un tratamiento integral —medicamentos, dieta, ejercicio y monitoreo regular de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c)— es casi un lujo. Su preocupación diaria no es abstracta: teme perder la vista, necesitar diálisis o enfrentar una amputación (Meza, 2015). Su historia refleja un reto histórico del sistema de salud: garantizar que todas las personas, sin importar dónde vivan, tengan acceso oportuno a diagnóstico, seguimiento y tratamiento integral. La geografía sigue influyendo en las trayectorias de salud, y atender esa brecha es una tarea colectiva que hoy está en proceso de fortalecerse.
El Día Mundial de la Diabetes es una oportunidad para avanzar en una agenda que ya está tomando forma: fortalecer la Atención Primaria a la Salud (APS), ampliar el acceso territorial y asegurar que cada comunidad cuente con herramientas para la detección, el control y el seguimiento oportuno. No se trata solo de medicamentos, sino de continuar consolidando un modelo preventivo y comunitario que México ha venido impulsando en los últimos años.
Los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) evidencian el crecimiento desbocado de la epidemia: de poco más de 5 millones de casos totales en el año 2000, la cifra superó los 10 millones en 2021 (IMSS, 2023), un incremento del 100 %.
El incremento responde a factores ampliamente estudiados: entornos obesogénicos, consumo elevado de alimentos ultraprocesados y estilos de vida cada vez más sedentarios, fenómenos globales que también afectan a México.
<h2>Un avance que merece destacarse</h2>
En paralelo, México ha logrado resultados importantes en prevención. El informe Panorama de la Salud 2025 de la OCDE señala que la prevalencia de diabetes en personas adultas pasó de 19 % en 2012 a 14 % en 2022 (OCDE, 2025). Este avance coincide con políticas públicas que han demostrado efectividad: como la implementación del IEPS del 10 % a bebidas azucaradas; el etiquetado frontal de advertencia, y campañas de prevención y un diagnóstico más oportuno.
Gracias a estas medidas, México dejó de ocupar el primer lugar de prevalencia de diabetes en la OCDE, mostrando que los esfuerzos implementados han tenido un impacto positivo.
<h2>La atención pendiente tras la pandemia</h2>
Durante 2020, la reconversión hospitalaria por COVID-19 redujo temporalmente la capacidad para atender enfermedades crónicas. El descenso de casos registrados ese año no refleja una disminución real de la enfermedad, sino un subregistro asociado a la emergencia sanitaria global. Hoy, como en muchos países, esta pausa genera una “deuda de atención”: personas que retomaron tarde su control y que ahora requieren atención especializada.
Este fenómeno no es exclusivo de México, pero sí recalca la importancia de continuar fortaleciendo el primer nivel de atención y acelerar la detección oportuna.
El análisis epidemiológico muestra diferencias claras entre regiones. La Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León concentran casi 4 millones de casos, lo cual refleja una mayor población y mejor capacidad de diagnóstico. Esto se debe a la alta densidad poblacional y a la mayor concentración de centros de atención, lo que garantiza una mejor captación y registro de la morbilidad.
En contraste, entidades como Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas y Yucatán registran menos casos, lo que no implica menor incidencia, sino mayores dificultades para la detección oportuna.
En estos territorios, es frecuente que la diabetes aparezca tardíamente en los registros, cuando ya existen complicaciones graves o cuando la enfermedad se documenta solo en estadísticas de mortalidad. 
Por eso, hablar de diabetes en México es también hablar de equidad territorial, de acercar diagnósticos, herramientas y servicios a todas las comunidades.
Durante años, el debate sobre la diabetes se centró en hábitos individuales. Sin embargo, factores como el acceso limitado a alimentos saludables, la falta de espacios públicos para actividad física o la disponibilidad de servicios médicos cercanos tienen un peso determinante.
Hoy existe un consenso internacional: la prevención no depende solo de las personas, sino de entornos saludables y políticas públicas coordinadas. México ha avanzado en esa dirección, y continuar por ese camino es clave para reducir complicaciones y nuevos casos.
Para que la atención sea oportuna y equitativa, la Atención Primaria a la Salud (APS) debe ser el punto de partida. Su fortalecimiento permitirá:
<ul>
<li>Garantizar acceso real al paquete esencial de diagnóstico, tratamiento y seguimiento.</li>
<li>Profundizar la acción intersectorial, transformar entornos y regular productos que contribuyen a la enfermedad.</li>
<li>Mejorar la detección temprana con telemedicina, teleconsulta e inteligencia artificial.</li>
<li>Localizar y reincorporar a personas con enfermedades crónicas que perdieron seguimiento durante la pandemia.</li>
</ul>
La APS es la vía para acercar la salud a las comunidades y para cerrar brechas históricas.
México ha demostrado que las políticas de prevención y regulación pueden tener impactos significativos. El reto ahora es dar continuidad a ese esfuerzo, fortalecer el primer nivel de atención y avanzar en la equidad territorial para que todas las personas tengan acceso a una atención oportuna y de calidad.
La diabetes no es solo un problema médico: es un tema de justicia social y de derechos. Consolidar la APS, corregir el subregistro y actuar sobre los determinantes sociales permitirá que el derecho a la salud no dependa del lugar donde se nace, sino de un sistema preparado para cuidar a todas las personas. Porque la salud debe ser territorializada, integral y, sobre todo, justa.
*José Noé Rizo es Investigador en Salud Pública y Seguridad Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Docente del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México; Secretario General Electo (2026-2027) de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
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Bibliografía:
IMSS. (2023). <a href="http://datos.imss.gob.mx/dataset/informacion-en-salud/resource/60f146be-1528-4abe-8ecc-5daf8f8ca05c" target="_blank" rel="noopener">Detección padecimientos Diabetes por delegación, por año. 2000 – 2021</a>. CDMX.
Meza, R. B.-G.-M.-N.-M.-P.-Á. (2015). <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26546108/" target="_blank" rel="noopener">Burden of type 2 diabetes in Mexico: Past, current and future prevalence and incidence rates</a>. Preventive Medicine , 81, 445–450.
OCDE, O. p. (2025). Panorama de la salud 2025: México. París: OCDE.

La geografía de la desigualdad: el caso de la Diabetes en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la presentación de su propia reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y garantizar dos días de descanso. A primera vista, podría parecer un triunfo histórico para las y los trabajadores. Sin embargo, la propuesta es una trampa negociada con la patronal que no mejora realmente la vida de las personas trabajadoras.
Para empezar, la aplicación total se aplaza hasta 2030, retrasando un derecho que debió cumplirse desde hace décadas. Desde 1917 no se ha reducido la jornada laboral en México, a pesar que la Organización Internacional del Trabajo recomendó hacerlo desde 1969.  Hoy, cuando por fin podría hacerse justicia, el gobierno y los empresarios vuelven a alargar el plazo para dignificar el tiempo y la vida de la clase trabajadora.
Pero el problema central es aún más grave: la reforma abre la puerta a manipular las horas extras, permitiendo que las empresas mantengan e incluso incrementen la explotación laboral. Hoy la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 68, fija un máximo de nueve horas extraordinarias por semana. Cuando una persona trabajadora labora más de nueve horas extraordinarias por semana, el patrón debe pagar esas horas con un recargo del 200 % adicional al salario.
La propuesta presidencial no fortalece esta protección: al contrario, aumenta de 9  a 12 horas bajo el argumento de que serían “voluntarias”. Esto significa tres horas más de trabajo antes de que el patrón esté obligado a pagar el recargo del 200 % previsto en la ley. Es decir, Claudia Sheinbaum con su propuesta disfraza como “reducción de jornada” lo que en la práctica podría convertirse en un aumento de horas extras baratas y una presión mayor sobre quienes las trabajan.
Con la nueva reforma, se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria. No olvidemos la frase “de manera voluntaria”, porque profundizaremos en el concepto más adelante. El tope de horas extras pasará, con la propuesta de la presidenta, de 9 a 12 horas más de trabajo. Se está estableciendo que, para alcanzar el pago extra, se puede trabajar ya no 9, sino 12 horas extras, so pretexto del concepto &#8220;trabajo voluntario&#8221;. 3 horas más que para miles de mexicanos pueden significar la diferencia, sin exagerar, entre la vida y la muerte.
El estado tiene la obligación de poner los límites de las jornadas laborales para evitar las violaciones a los derechos de la clase trabajadora, pero en esta parte de la reforma el Estado parece dejar en manos de la buena voluntad de los empresarios un tema que aún con el tope de las 48 horas actuales, no respetan para nada.
En un país donde millones ya trabajan más de 48 horas porque su salario no alcanza, hablar de “voluntariedad” es ignorar la realidad. La mayoría acepta horas extra no por gusto, sino por necesidad. Las consecuencias de las jornadas laborales excesivas en México son consideradas un tema de salud pública por expertas y expertos en la materia. <a href="https://otd.frentealapobreza.mx/" target="_blank" rel="noopener">El Observatorio de Trabajo Digno señaló que 14.3 millones de personas que laboran en el país tiene jornadas laborales excesivas</a>, a pesar del ya mencionado tope de 48 horas a la semana que todos y todas sabemos que miles de empresas en México no respetan. Además de los problemas de salud mental que conllevan las horas extra, también están los problemas de salud física.
Marath Bolaños aclaró que “el tiempo de trabajo podrá prolongarse de manera extraordinaria, siempre y cuando el trabajador de manera voluntaria acceda a ello, el trabajar horas extras siempre será una decisión de las y los trabajadores como lo ha sido a la fecha”. Ahora le pido, estimado lector, estimada lectora, que pregunte a la persona más cercana que sepa usted que trabaja horas extra por qué trabaja en ese segundo empleo, por qué hace un segundo turno o por qué trabaja en el día que se supone, debería descansar. Salgamos unos minutos de la narrativa del gobierno.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó hace tres semanas que la población ocupada con prestaciones (sin considerar el acceso a las instituciones de salud) disminuyó en un millón de personas.<a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/11/10/economia/los-empleos-sin-prestaciones-en-cifra-record-inegi" target="_blank" rel="noopener"> Aumentó la cantidad de personas con trabajo que no tienen prestaciones, en 1.43 millones para ser exactos</a>. Si el miedo de la patronal a las 40 horas basado en el argumento del aumento de la informalidad era de por sí absurdo, ahora mismo no tiene ninguna validez porque el gobierno, como se mencionó anteriormente, está apelando entonces a la buena voluntad de los empresarios que son incapaces de darle a sus trabajadores por lo menos el Seguro Social, ya de mínimo.
La reforma tampoco contempla a quienes están en la informalidad —más de 32 millones de personas—, que no tendrán acceso a la reducción de jornada porque el gobierno no ha logrado mejorar sus condiciones laborales ni garantizar prestaciones mínimas. Lejos de disminuir la informalidad, esta reforma la ignora. <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/falso-bajado-informalidad-mexico-sheinbaum" target="_blank" rel="noopener">En comparación con mayo del año pasado, la informalidad aumentó </a><a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/falso-bajado-informalidad-mexico-sheinbaum" target="_blank" rel="noopener">0.5 puntos porcentuales, pasando del 54.4 % en mayo de 2024 a 54.9 % en mayo de 2025</a><a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/falso-bajado-informalidad-mexico-sheinbaum">.</a> Este mismo sector del empleo en México representa el 54.8 % de la población ocupada, o sea, 32.6 millones de personas que no se verán beneficiadas por las 40 horas.
Por eso decimos claramente: la reforma del Ejecutivo no responde a las necesidades reales de la clase trabajadora. Solo legaliza prácticas que ya existen y que nos enferman, empobrecen y agotan. Desde el Frente Nacional Por Las 40 Horas seguiremos impulsando una reducción efectiva de la jornada, sin trampas ni retrocesos, y con propuestas legislativas que ya hemos entregado a la Secretaría del Trabajo.
Nuestra lucha es por recuperar el tiempo que nos han quitado y por construir un país donde trabajar no signifique poner en riesgo la vida. Somos obreras, obreros, estudiantes, cuidadoras, trabajadores formales e informales. Y seguimos firmes: las 40 horas deben ser un punto de partida (no un techo) para avanzar hacia las 35 horas, como ocurre en países con mejores condiciones laborales.
Porque con la clase trabajadora todo; sin ella, nada.
* El Frente Nacional Por Las 40 Horas es un conjunto de más de 100 organizaciones, sindicatos independientes, colectivxs, madres, padres, estudiantes, personas que cuidan y trabajadorxs en la formalidad e informalidad que busca reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales desde 2024 para vivir, descansar y tener tiempo de calidad, con una perspectiva de cuidados y de género, presente en los 32 estados de la república mexicana.

Las 40 horas, una reforma sin consenso con la clase trabajadora

Pareciera broma, pero no lo es. En Yucatán, vivir con VIH puede representar un delito. Sin pruebas de transmisión ni intención, cualquier persona puede ser acusada de «Peligro de Contagio». ¿El delito? Existir con diagnóstico. El Código Penal del Estado reconoce ese tipo penal. De forma ingenua se podría pensar que es una protección contra alguna amenaza, ¿pero realmente vivir con VIH es una amenaza? ¿No es la discriminación realmente el problema aquí?
La serofobia <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> enraizada en la sociedad nos dicta que sí, pero justamente basándose en estereotipos, estigmas y mitos que nada tienen que ver con la realidad de las personas que viven con VIH. Creer que este grupo poblacional anda por la calle con intenciones malévolas es una muestra de la discriminación que se vive en su contra.
La discriminación estructural contra las personas con VIH, especialmente las narrativas sociales en su contra, más la redacción tan abstracta, ambigua e inoperante de este delito en el Código Penal, producen lo que conocemos como criminalización. Es decir, cuando una ley ambigua se combina con prejuicios sociales, el resultado es la criminalización de la existencia.
Para empezar, podemos analizar la redacción del delito. Este habla de «contagio de enfermedades venéreas», cuestión que no aplica en lo absoluto a las personas que viven con VIH. Primero, lo problemático y poco científico u objetivo que termina siendo el término «venéreo», término médico en desuso por su carga moral. Además, por un lado, el VIH es una infección, no de una enfermedad, y por el otro, el sexo no es la única vía de transmisión del virus. Si bien el Código no dice explicítamente VIH, la discriminación indirecta se activa en este caso por la neutralidad y ambigüedad de su escritura.
De hecho, es tan ambigua la redacción del Código Penal que en su momento fue empleado para criminalizar a personal de salud en el contexto del COVID-19. ¿Qué pasaría si alguien me estornuda en la calle? ¿Podría ir a la Fiscalía a denunciar? ¿El Estado destinaría un sin fin de recursos financieros y esfuerzos humanos para ello? Así de absurda termina siendo esta situación.
El tipo penal de «Peligro de Contagio» surge de la desinformación y miedo sobre el VIH, pero especialmente por los estigmas contra las personas que viven con el virus. Si México es realmente democrático y comprometido con los derechos humanos y contra la discriminación, ¿por qué seguimos manteniendo ese tipo penal?
De acuerdo a la jurisprudencia interamericana, el Congreso del Estado de Yucatán podría caer en incumplimiento con los derechos humanos por mantener en el Código Penal el delito de «Peligro de Contagio». La Corte Interamericana es muy clara al respecto: «Los Estados tienen la obligación de no introducir en el ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar de dicho ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio, y de combatir las prácticas discriminatorias y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas». <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Mantener el delito de «Peligro de Contagio» es tolerar la serofobia, la discriminación contra las personas que viven con VIH; no derogar este tipo penal es sostener una amenaza contra las personas con VIH, es enviar un mensaje de que no son bienvenidas. Esto resulta especialmente grave en Yucatán, donde estamos entre los primeros tres estados con casos de VIH a nivel república desde hace varios años.
Mantener el delito de «Peligro de Contagio» es sostener la serofobia institucionalizada. Cada día que permanece en el Código Penal se envía el mensaje a la sociedad yucateca de que las personas que viven con VIH son peligrosas, que su existencia debe ser vigilada. Derogar este tipo penal no es un favor ni una concesión, ¡es un deber del Estado democrático y un paso indispensable hacia la igualdad y la dignidad humana!
* Otto Cuauhtémoc Castillo González es director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos «Digna Ochoa y Plácido» de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Sistema de opresión histórico contra las personas que viven con VIH o sida, y que se encuentra sostenida en las leyes, instituciones, narrativas y conductas normalizadas de discriminación.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C. No. 127.

El delito de existir

En enero del 2025 se realizaron reformas significativas al capítulo de Personas Trabajadoras del Campo de la Ley Federal de Trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones laborales justas para este sector. Se trató de un logro histórico con potencial de beneficiar a un sector históricamente precarizado, en particular a las trabajadoras agrícolas.
No obstante, a casi dos años del acierto legislativo, vale la pena preguntarnos: ¿cómo se han materializado estas disposiciones en acciones concretas que se traduzcan en mejores condiciones de vida para la trabajadoras? ¿Qué ha cambiado? ¿Las trabajadoras viven mejor?
Pese a que la ley ahora reconoce a las trabajadoras agrícolas como pilares de la economía y la seguridad alimentaria de México, su vida cotidiana sigue marcada por la precariedad y la violación sistemática de sus derechos humanos laborales.
Por eso, la legislación por sí sola no basta y es fundamental poner el foco en ellas, las mujeres que, a pesar de su contribución significativa al sector agrícola, siguen enfrentando barreras estructurales que vulneran su bienestar.
<h3>El contrato invisible y la falsa promesa</h3>
Uno de los problemas más apremiantes es la deficiencia grave en la contratación. La LFT establece la obligación de contar con contratos escritos (Artículo 282). Sin embargo, en la práctica, la ausencia de contratos laborales escritos es la norma, no la excepción. Cerca del 90 % de las trabajadoras no tiene un contrato formal y depende de acuerdos verbales que solo garantizan el pago y la jornada, pero violan sistemáticamente derechos básicos como la seguridad social, las vacaciones o el aguinaldo.
Esta informalidad es la puerta de entrada a la desprotección total. Aunque la seguridad social es un derecho (Art. 279 LFT), el 86.6 % de las trabajadoras agrícolas carece de ella. Las empresas, en lugar de afiliarlas formalmente, optan por una práctica ambigua que raya en la ilegal, otorgar “pases” u “órdenes” (que solo deberían otorgarse de manera extraordinaria) para la atención médica eventual en el IMSS. Esta práctica crea una falsa sensación de aseguramiento y, en los hechos, funciona como una simulación e incluso como una forma de corrupción, ya que no genera derechos para otros seguros del IMSS ni las cotizaciones esenciales para una pensión a largo plazo. Es decir, trabajan toda una vida sin red de protección.
Para las mujeres, la lucha además es doble. Por un lado, enfrentan una discriminación constante que se refleja en la distribución diferenciada de tareas. A ellas se les asignan tareas &#8220;feminizadas&#8221; y con menor remuneración, bajo el argumento de su &#8220;delicadeza&#8221;. Esto se traduce directamente en sus bolsillos: en promedio, el pago del jornal para hombres es de 228 pesos, mientras que el de las mujeres es de 201 pesos (esto puede variar dependiendo de la región y tipo de producto).
A esto se suma que la violencia de género y el acoso laboral y sexual son problemáticas recurrentes y generalizadas en sus lugares de trabajo. Por miedo a represalias (que van desde la asignación  de tareas más pesadas hasta despidos injustificados), muchas trabajadoras optan por no denunciar.
Por si fuera poco, la sobrecarga de trabajos de cuidados no remunerados profundiza su vulnerabilidad. La falta de servicios de guardería adecuados es alarmante. El servicio de Guarderías de Campo del IMSS, que debería ser un apoyo vital, se redujo en un 50 % entre 2012 y 2024. Los horarios disponibles (de apertura a las 7 u 8 de la mañana) no se adaptan a las jornadas agrícolas que inician a las 5. Esta falta de infraestructura obliga a muchas mujeres a dejar sus trabajos o a cargar con una doble jornada extenuante, perpetuando ciclos de pobreza.
<h3>La ausencia del Estado en la vigilancia laboral</h3>
Pero si ya existe una ley que protege sus derechos, ¿por qué persisten estas violaciones sistemáticas? Parte de la respuesta está en la vigilancia insuficiente de las condiciones laborales. El cumplimiento efectivo es débil debido a la ambigüedad de la ley respecto a las responsabilidades federales y locales en la materia, lo que ocasiones descoordinación entre autoridades y, en última instancia, un vacío en la vigilancia de estas obligaciones.
A esto se suma la reducción constante de recursos destinados a la vigilancia laboral. El presupuesto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT) se ha reducido significativamente, cayendo un 54.3 % en términos reales entre 2015 y 2024. Con solo 660 inspectores federales para más de 456,000 centros de trabajo a nivel nacional, es prácticamente imposible garantizar revisiones periódicas. Las inspecciones son escasas y las sanciones resultan ínfimas frente a la magnitud del incumplimiento.
De hecho, la baja cultura de denuncia, causada por el desconocimiento y la desconfianza en las autoridades, agrava el círculo vicioso: las violaciones se normalizan, permanecen invisibles y rara vez llegan a una instancia que las corrija.
<h3>Sembrar el cambio, una tarea urgente</h3>
La agenda para un trabajo justo está trazada, pero requiere acción contundente y coordinada de las dependencias federales y locales. No basta con que la ley exista en el papel: es urgente fortalecer la inspección con perspectiva de género, asegurar la afiliación real al IMSS, erradicar la práctica simulada de los “pases” de salud y ampliar y adaptar los servicios de guardería a los ciclos agrícolas y a las jornadas de trabajo reales.
Nuestras trabajadoras agrícolas, con su valentía y compromiso, merecen el fruto de su trabajo condiciones de trabajo justo, no la precariedad. Sembrar el cambio no es solo una opción, es una responsabilidad estructural para honrar las manos que alimentan a México.
* Néstor Genis (<a href="https://x.com/GenisNestor" target="_blank" rel="noopener">@GenisNestor</a>) es coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

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