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Mucho se ha escrito sobre los retrocesos en materia de acceso a la información y protección de datos personales derivado de las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo en materias como libertad de expresión, privacidad, telecomunicaciones y digitalización de trámites.
Con todo, en ese gran plano general que es el ámbito federal se pierde de vista el analizar el alcance de las modificaciones del acceso a la información en la esfera local. Espacio donde surgen gran parte de los casos de corrupción y son el primer nivel de gobierno para efectos de trámites y servicios. A manera de ejemplo, a partir de la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2023/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental para 2023</a> se desprende que 83.1 % de la población consideró frecuentes los actos de corrupción. De la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o tuvo contacto con alguna persona servidora pública, en ese periodo, 14.0 % experimentó actos de corrupción.
Así, para poner en contexto, la reforma en materia de acceso a la información por la vía del artículo cuarto de los transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se dispuso un plazo de 90 días naturales para que las entidades federativas armonicen su legislación; en consecuencia, toda vez que dicha legislación se publicó el 20 de marzo del presente año, se tenía hasta el 20 de junio de este mismo ejercicio fiscal para que los estados modificaran su legislación.
Ahora bien, es importante decir que dichas adecuaciones deben pasar por medio de una reforma constitucional que extinga a los institutos locales, para posteriormente, expedir las leyes locales en estos rubros y transferir archivos y medios de impugnación a las nuevas estructuras administrativas que tendrán la atribución para conocer sobre denuncias y recursos de revisión.
Hasta el momento, de acuerdo con el seguimiento que ha realizado la Comisionada del instituto local de transparencia de la Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina, ha documentado que en las entidades de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Michoacán, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas han extinto sus organismos autónomos, y en los estados de Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora cuentan con iniciativa para realizar las modificaciones legislativas.
En ese contexto, el panorama actual muestra que en absolutamente todos los estados que han realizado adecuaciones normativas se le ha conferido la atribución a la Contraloría del Estado, o a la Secretaría Anticorrupción, en su caso, para conocer respecto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los ayuntamientos. En este sentido, la consecuencia de estas facultades es que la Contraloría Estatal podrá resolver recursos de revisión mientras que esta misma instancia será capaz de interponer sanciones en contra de los municipios, además de ser parte de los Comités de Transparencia a cargo del Ejecutivo Estatal.
En esa consideración, es necesario afirmar que, si bien se crea una ruta de uniformidad de criterios respecto de los sujetos obligados al tener una autoridad única para los municipios, en contraparte se genera un efecto que subordina a este orden de gobierno que no debería supeditarse al nivel estatal, sino generar un mecanismo de coordinación sin supeditación, pues de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Federal se establece, expresamente, que el Municipio es libre en su forma de gobierno.
Al respecto, se afirma que se genera una relación de subordinación de los ayuntamientos frente al poder estatal, en razón que las leyes tanto de transparencia como de datos personales prevén que este último podrá dictar sanciones y establecer medidas de apremio y denuncias por la vía penal y administrativa.
A pesar de este panorama, existen vías que no se han explorado hasta el momento que no han sido detonadas por parte del ámbito estatal y del municipal, por lo que podrían dar cauce hacia resultados que contribuyan a mantener un equilibrio entre la rendición de cuentas y el respeto al federalismo.
En estas rutas jurídicas, en principio, se presentan las siguientes: a) la vía para que las entidades federativas no acaten el mandato de adecuación normativa (omisión legislativa) en razón de lo regresivo que resulta el modificar su marco legislativo; b) por la vía de la controversia constitucional en contra de los proyectos aprobados por los Congresos estatales en virtud de invadir directamente su ámbito de decisión, y c) finalmente, a través de adecuar la normatividad por medio de autoridades garantes colegiados, con cierto grado de autonomía y descentralizados del Ejecutivo con una designación efectuada por el poder legislativo local, en vez de la designación por parte de las y los gobernadores.
En resumen, tanto las entidades federativas como los ayuntamientos cuentan con un espacio crucial para poder ampliar su esfera de decisión al tiempo que contribuyen a dar certeza jurídica a las personas respecto de sus derechos de acceso a la información y protección de datos, pues recordemos que el modelo actual permite a las entidades ser juez, parte y hasta crear incentivos para ser solicitantes e imponer sanciones a los municipios por razones que no se subsumen a la esfera jurídica, sino como un mecanismo de coacción adicional que debilita a los ayuntamientos. En momentos críticos para la defensa jurídica de las libertades informativas y de autodeterminación de los gobiernos locales es necesario dar pautas sobre las posibles rutas que podrían estudiarse ante una reforma que pretende replicar el modelo federal sin cuestionamiento alguno.
* Gabriel Espinoza Ibarra (<a href="https://x.com/g_espinozai" target="_blank" rel="noopener">@g_espinozai</a>) es maestro en derecho por la UNAM y especialista en transparencia y protección de datos personales.

¿A dónde se dirige la adecuación normativa en materia de transparencia en estados y municipios?

El derecho internacional parte de la idea clásica de que todos los Estados independientes interactúan en igualdad de condiciones y que son soberanos, es decir, su territorio es inviolable y otro país no puede intervenir en los asuntos internos u operar dentro de sus fronteras.
Ese es el deber ser. Sin embargo, Estados Unidos y otros países como Rusia, China o Reino Unido no operan bajo esa lógica, sino que tienen posiciones pragmáticas: si les conviene que se respete la soberanía de algún país, defienden el punto, pero cuando sus intereses van en sentido contrario, invaden, lo intervienen o se hacen de la vista gorda cuando otro país aliado vulnera dicha soberanía.
Esa posición pragmática dio pie al establecimiento de una escuela que se conoce como teoría realista de las relaciones internacionales, cuyos principales exponentes son <a href="https://www-britannica-com.translate.goog/biography/Hans-Morgenthau" target="_blank" rel="noopener">Hans Morgenthau</a> y <a href="https://www.law.uchicago.edu/faculty/posner-r" target="_blank" rel="noopener">Richard Posner</a>, pero la misma no se quedó en los textos, sino que ha sido la guía de la política exterior de los Estados Unidos desde la década de los 50.
Desde esa óptica un Estado no opera bajo principios, sino a partir de intereses, por ende, se puede explicar cómo Estados Unidos le exigen a un país como Venezuela el respeto a los derechos humanos y a la democracia, mientras que no hay recriminación alguna contra Arabia Saudita, que tiene menos democracia y nulo respeto por los derechos humanos. Esto no suena lógico, pero tiene todo el sentido desde la óptica realista, ya que Venezuela es enemigo y Arabia Saudita aliado.
Pero después de este largo preámbulo, entremos al tema central de este texto, que busca responder si Estados Unidos puede intervenir militarmente en México para atacar a los cárteles de la droga. Al respecto hay dos posibles respuestas, una derivada de la doctrina clásica de las relaciones internacionales, en donde el ámbito de competencia de los Estados Unidos no aplica en México y donde dicho país debe respetar nuestra soberanía.
Es decir, desde el derecho internacional, la legislación de Estados Unidos y las órdenes ejecutivas dictadas por Donald Trump se pueden aplicar en su país, pero no en el nuestro, lo que se traduce en lo declarado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de que los norteamericanos pueden usar a su ejército contra los cárteles mexicanos en su propio territorio, pero no en el nuestro, y que México está abierto a la cooperación y al trabajo coordinado.
De forma que para que exista presencia de unidades del ejército de Estados Unidos en México y para que realicen operativos o acciones militares en el país se requeriría del permiso expreso de la presidenta e inclusive del Congreso de la Unión, y aún está a discusión el alcance de lo que podrían hacer las unidades extranjeras, porque una cosa es entrar al país, pero no queda claro si matar en un operativo a mexicanos, por muy narcos que sean, resulte legalmente aceptable.
En dicho escenario, una intervención de los Estados Unidos, aun cuando sea una pequeña unidad encubierta, podría derivar en reclamos diplomáticos, en denuncias a instancias internacionales, e incluso el rompimiento de las relaciones entre ambos países.
La segunda respuesta la aporta la teoría realista de las relaciones internacionales, la cual nos dice que Estados Unidos tiene la fuerza material y la capacidad de llevar a cabo una intervención militar, aún en contra de la posición del Gobierno de México. Esto no quiere decir que dicha intervención se vaya a dar, tampoco que no vaya a tener consecuencias en caso de que se materialice, sino que Estados Unidos sopesará que le conviene más a sus intereses y sobre ello tomará una decisión.
Y para ello vamos a recurrir a un ejemplo. En 2001 hubo un atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York que costaron miles de vidas y que fue coordinado por Osama Bin Laden, que desde ese momento pasó a la clandestinidad y se escondió de Estados Unidos. <a href="https://www.npr.org/series/135908383/osama-bin-laden-dead" target="_blank" rel="noopener">En 2011 fuentes de inteligencia localizaron a Bin Laden en Pakistán y el presidente Obama ordenó la entrada de aviones, helicópteros y un equipo de fuerzas especiales para matar al líder terrorista</a>, lo cual lograron, sin pedirle permiso al Gobierno de Pakistán.
Se trató de una vulneración a la soberanía de Pakistán: ni les avisaron ni se coordinaron con ellos, incluso en la operación pusieron en peligro a civiles y hubo conatos de enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Sin embargo, al final Pakistán tuvo que ceder a su enojo y normalizaron relaciones. Al tomar la decisión Estados Unidos puso en una balanza su relación con el país y los beneficios de matar a su principal enemigo, ganando la segunda opción.
Algo similar pasó con la captura / secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada García, ya que si bien el engaño fue implementado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, no es casual que ya hubiera agentes de la DEA esperándolos cuando aterrizaron en un pequeño aeropuerto en Santa Teresa en Nuevo México, lo cual indica que las autoridades de los Estados Unidos estaban enteradas de la operación y es muy posible que hayan intervenido, y si bien no se ha probado que haya habido presencia norteamericana en tierra en Sinaloa, existe la posibilidad de que sí.
De forma que, si el Gobierno de los Estados Unidos tiene información fidedigna de que Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, Iván Archivaldo Guzmán Salazar o Ismael “El Mayito Flaco” Zambada Sicairos se encuentran en un paraje determinado, Donald Trump bien podría autorizar la entrada discreta de un comando, ya sea para capturar o eliminar a uno de estos capos, o también podrían lanzar contra la instalación en la que se encuentran un dron no tripulado con explosivos que destruya el lugar.
Por ende, si nos preguntamos si es posible una intervención militar, desde una óptica realista sin duda es posible, la cuestión es dilucidar si desde la visión de Trump vale la pena, si cree que el beneficio será mayor a los costos. No es lo mismo complicar las relaciones con Pakistán, que está al otro lado del mundo, que con México, que es vecino con una gran frontera, muchos connacionales viviendo en su territorio y un gran socio comercial. Tampoco es equivalente Osama Bin Laden y Nemesio Oseguera, por ende, puede resultar poco provechoso.
Y esa es la cuestión, la posibilidad existe y la pueden materializar Estados Unidos, pero creo que no les conviene, ya que tiene otros mecanismos para presionar a México y conseguir la cooperación de las autoridades.
Comparto la posición de Claudia Sheinbaum, como presidenta no debe dejar vulnerar la soberanía, aunque sepamos que, en la realidad, si Estados Unidos quiere puede enviar comandos encubiertos. Aún así no podemos dejar de oponernos, pero a la vez, creo que también Sheinbaum está desaprovechando la oportunidad de reforzar el combate al narco. Tenemos que aceptar que los esfuerzos nacionales han sido insuficientes y nos conviene tener apoyo, por ende,se debería incrementar la cooperación en la materia, el intercambio de información, tecnología, armamento y capacitación, incluso operaciones conjuntas para atacar al crimen organizado.
De esta manera disminuimos el riesgo de acciones unilaterales de los Estados Unidos y los ciudadanos de México podrían ganar al acelerarse la desarticulación de las principales organizaciones del crimen organizado.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

¿Es posible una intervención militar de los Estados Unidos contra los narcos?

La primera vez que dije que mi abuelo fue un genocida recuerdo que pensé “qué duro suena esto”. No sentía las palabras como propias, me parecía exagerado. Antes, había usado términos como represor, perpetrador o militar de la última dictadura argentina. 
Pero cuando dije genocida y me pude hacer cargo de que heredé muertos, desaparecidos, vidas truncadas, familias heridas e identidades robadas, fue como salir de una oscuridad en la que había estado sumergida durante muchos años. Se sintió como volver a respirar. Porque aunque una no tenga responsabilidad directa con estos hechos aberrantes, son historias que recibimos, como el apellido, las costumbres y los valores.
Orlando Oscar Dopazo ejerció como jefe de la División Inteligencia G2 de la VIII Brigada de Infantería de Montaña de la Provincia de Mendoza. También participó de áreas operativas de secuestro, desaparición y exterminio en Centros Clandestinos como La Perla y Campo de Mayo en Córdoba y Buenos Aires, Argentina entre 1976 y 1981. 
Al mismo tiempo, Orlado fue para mí el sinónimo de una infancia feliz, acompañada de un abuelo que me cuidaba todas las tardes de mi vida hasta que terminé la escuela. Pero a medida que fui creciendo y fueron pasando los años, ese pasado heroico se transformó en una pesadilla. Juicios, detenciones domiciliarias, noticias y testimonios que, cuando pude leerlos, me enfrentaron a la dura realidad de haberme criado con una persona que había cometido crímenes de lesa humanidad. 
Todavía me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiese sabido antes todo lo que se ocultaba en mi familia. Porque en la mayoría de los casos, no nos cuentan la historia completa. Hacer preguntas y cuestionar decisiones de vida, en estos entornos, es leído como traición. Nuestros grupos familiares y de afectos se manejan como enclaves cerrados donde nos relacionamos únicamente con aquellos iguales a nosotros. Y entonces, disentir puede llegar a generar distancias muy dolorosas. Hablar con la verdad tiene un costo alto para nuestra vida, similar a perderlo todo. Y al mismo tiempo, callar y negar nos encaminan a una deshumanización aún peor. 
Si bien en la última dictadura militar argentina había una estrategia de visibilidad y ocultamiento constante, donde las cosas estaban frente a los ojos de la sociedad y, al mismo, tiempo eran negadas discursivamente. Nos llevó muchos años de investigación y escucha poder reconstruir el sistema de exterminio operado por el Estado. En cambio, ver un genocidio en vivo es algo que nunca imaginé que me iba a pasar. Siempre me pregunté, efectivamente, qué había hecho mi abuelo. Luego de años de investigar tengo certeza sobre sus responsabilidades, pero poca claridad acerca de cómo pasaba sus días. Hoy, al ver las grabaciones de los asesinatos de niños desde la mirada de los propios soldados del ejército de Israel, pienso en la herencia que le están dejando a los suyos. 
A lo largo de las conversaciones familiares que tuve para entender cómo pudimos convivir con un asesino, entendí que en muchos casos mi entorno negó la realidad. Mi familia prefirió naturalizar conversaciones sobre enfrentamientos armados, acuartelamientos u operativos.  Esos términos estaban hablando de acciones que en definitiva implicaban la muerte de personas que no conocíamos. No habíamos visto sus caras. No teníamos idea de quiénes eran los familiares que a partir de ese momento pasarían el resto de su tiempo buscando a sus seres queridos. 
Hoy en día escucho argumentos similares que se utilizan para justificar lo injustificable, la amenaza que representa Palestina al Estado de Israel tiene paralelismos discursivos a los grupos armados de los años 70 que ponían en riesgo el futuro de la Argentina. Nada explica el ensañamiento y la crueldad. Y ningún razonamiento puede avalar el daño que vemos sobre los cuerpos de los niños y las niñas palestinas.
Muchas veces nos hacen sentir que no podemos hacer nada, pero siempre nos queda el espacio de la desobediencia y el repudio, aunque sea en la intimidad de nuestras familias. ¿Cómo podemos tolerar muertes en nombre de la democracia occidental? Desobedecer es el primer paso para caminar hacia la defensa de la vida en todas sus formas. No tengamos miedo, miremos al monstruo a los ojos y llamemos las cosas por su nombre.  
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*Natalia Dopazo (<a href="https://x.com/NaDopazo" target="_blank" rel="noopener">@NaDopazo</a>) forma parte de Asamblea Desobediente (<a href="https://www.instagram.com/asambleadesobediente/" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a> / <a href="https://www.facebook.com/asambleadesobediente/" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>) un colectivo argentino de familiares de genocidas de la última dictadura argentina a favor de la memoria, verdad y justicia. Vive y trabaja en Ciudad de México. 
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Mirar el monstruo a los ojos

Imaginemos a Lupita, una mujer adulta mayor que vende tamales para mantener a sus tres nietos. Su hija y su yerno migraron a Chilpancingo para trabajar como empleada doméstica y albañil, respectivamente, dejando a Lupita como cuidadora principal. Ella vive en Calpanapa, una comunidad enclavada en la montaña alta de Guerrero, donde acudir al médico implica horas de camino, largas esperas y una atención muchas veces fragmentada, centrada en el síntoma inmediato y no en su contexto vital. Esta historia, tan frecuente como invisibilizada, revela las limitaciones de un sistema de salud históricamente diseñado para reaccionar ante la enfermedad desde las instalaciones <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/828977/Gu_a_de_Estudio_APS.pdf" target="_blank" rel="noopener">hospitalarias</a> y clínicas, y no para anticiparse a ella.
Este enfoque curativo y centralizado genera múltiples barreras: diagnósticos tardíos, enfermedades que se agravan innecesariamente y una carga creciente sobre los servicios especializados. Lo que resulta, además de ineficiente, profundamente costoso. Lupita es un ejemplo de por qué necesitamos un sistema que vaya más allá de las instalaciones médicas, que trascienda el modelo tradicional como único, para construir un sistema de seguridad social en salud que sea verdaderamente preventivo, accesible y centrado en las personas, donde la atención llegue hasta el hogar y la comunidad, anticipando y previniendo la progresión incontrolada de enfermedades que podrían evitarse con una intervención <a href="https://programasparaelbienestar.gob.mx/salud-casa-por-casa/" target="_blank" rel="noopener">temprana</a>.
En ese camino, la Atención Primaria de Salud (APS) no debe entenderse como el “primer nivel” o el nivel más básico de atención médica, sino como una estrategia transformadora del sistema de salud. Una que integra dimensiones biológicas, sociales, emocionales y espirituales del bienestar, y que ubica a la salud en todos los ámbitos de la vida: donde nacemos, crecemos, trabajamos, estudiamos y envejecemos, para en todas las etapas de la vida vivir con <a href="https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care" target="_blank" rel="noopener">dignidad</a>. Sus principios —acceso equitativo, participación comunitaria, intersectorialidad, prevención, uso de tecnología adecuada— apuntan a un modelo más sostenible y justo, que mejora los indicadores de salud desde la raíz, y que reconoce a la prevención como una inversión, no como un gasto. La APS y sus <a href="https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care">principios</a> identifican y mejoran las condiciones de salud de la población antes de que la enfermedad se presente y se vuelva costosa y difícil de tratar, reduciendo por ejemplo la mortalidad infantil y <a href="https://www.researchgate.net/publication/323687169_Atencion_primaria_en_salud_una_estrategia_para_mejorar_la_cobertura_y_la_calidad" target="_blank" rel="noopener">materna</a>.
Un ejemplo concreto es el nuevo programa del Gobierno de México: <a href="https://programasparaelbienestar.gob.mx/salud-casa-por-casa/" target="_blank" rel="noopener">Salud Casa por Casa</a>. Esta iniciativa, lanzada desde la Presidencia y operada en coordinación con instituciones como IMSS-Bienestar, IMSS ordinario e ISSSTE, busca llevar servicios de salud directamente a los hogares, sin importar si las personas son derechohabientes o no. Su enfoque es comunitario y domiciliario, dirigido principalmente a personas de 65 años y más, y personas con discapacidad, con el objetivo de prevenir hospitalizaciones innecesarias, promover el bienestar integral y garantizar atención oportuna y digna.
Actualmente, cerca de 20 mil profesionales de salud realizan visitas periódicas a domicilio. Elaboran historias clínicas, entregan cartillas de salud, toman signos vitales, curan heridas, prescriben medicamentos y realizan estudios básicos. Tan solo en Tamaulipas se han realizado más de 37 mil visitas domiciliarias, beneficiando a 300 mil personas (principalmente personas adultas mayores y de la diversidad funcional). La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado que aspira a que este programa se convierta en “el mejor del mundo” en prevención y atención <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/programa-salud-casa-por-casa-es-honestidad-resultados-y-sobre-todo-amor-al-pueblo-presidenta-claudia-sheinbaum-desde-tampico-tamaulipas?idiom=es-MX" target="_blank" rel="noopener">temprana</a>, una meta ambiciosa que, sin duda, exige continuidad, evaluación y mejora constante.
La demanda por sumarse a este esfuerzo también habla de su relevancia: más de 120 mil profesionales de la salud se registraron para competir por 22,500 <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/programa-salud-casa-por-casa-es-honestidad-resultados-y-sobre-todo-amor-al-pueblo-presidenta-claudia-sheinbaum-desde-tampico-tamaulipas?idiom=es-MX" target="_blank" rel="noopener">plazas</a>, lo que revela tanto la urgencia de empleo en el sector como la necesidad de fortalecer la planeación de la fuerza laboral en el largo plazo.
En paralelo, el IMSS ha mostrado un compromiso relevante al fortalecer el rol de la Medicina Familiar y Comunitaria como eje del modelo preventivo. Solo en mayo de 2024 se contrataron 1,540 nuevos médicos familiares y desde 2018 la formación en esta especialidad ha crecido un 50 % con 2,718 profesionales actualmente en <a href="http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202405/237" target="_blank" rel="noopener">capacitación</a>. Además, las enfermeras especialistas en medicina familiar son clave en programas como “Chequeo PrevenIMSS”, liderando la detección oportuna de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, así como diversos tipos de cáncer (cérvico-uterino, mama y próstata), la aplicación de vacunas y la promoción del autocuidado.
Su labor en el primer nivel de atención es fundamental, pues manejan aproximadamente el 90 % de los padecimientos comunes de la población <a href="http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202305/237" target="_blank" rel="noopener">derechohabiente</a>.
Este tipo de acciones representan pasos firmes hacia un modelo de seguridad social más humano, anticipatorio y centrado en el bienestar integral de las personas. Un sistema que no reacciona únicamente ante las crisis, sino que busca prevenirlas con inteligencia institucional y sensibilidad <a href="https://www.gob.mx/inapam/articulos/atencion-integrada-y-centrada-en-la-persona-para-el-nuevo-envejecimiento?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">social</a>.
La Atención Primaria en Salud, cuando se implementa con visión, cercanía y recursos adecuados, cumple con el mandato constitucional y con el derecho internacional a la salud como un bien público. En un país marcado por desigualdades, apostar por estrategias como Salud Casa por Casa no solo mejora indicadores sanitarios: también construye comunidad, dignifica vidas y ayuda a cerrar brechas históricas.
Porque donde la salud llega primero, también llega la justicia.
* José Noé Rizo Amézquita es investigador en Salud Pública y Seguridad Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Cuidar desde el territorio: la apuesta por una salud cercana y comunitaria

“Cuando una mujer es asesinada por el crimen, no muere solo ella: muere un pedazo de comunidad, de memoria y de esperanza”.
Marcela Lagarde, antropóloga feminista mexicana
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El video grabado por un grupo criminal muestra a Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años que para complementar sus ingresos trabajaba como taxista en Álamo, Veracruz. En las imágenes, Irma aparece sentada al borde del camino, visiblemente presionada, obligada a dirigirse a sus compañeros para pedirles que paguen la cuota impuesta por la organización criminal. Lo hace —dice— para que no terminen como ella. La frase que la forzaron a pronunciar es brutal en su claridad: “Con la mafia veracruzana no se juega”.
Esa escena es mucho más que un video: es un retrato descarnado de la realidad en muchas regiones del país, donde el crimen organizado ha tomado el control del territorio, de la economía y del destino de miles de personas. En esas zonas, el Estado ha sido desplazado y el miedo se ha convertido en norma.
Pero lo más grave no es solo la violencia, sino la normalización del horror. El caso de Irma lo deja claro. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, declaró sin matices: “La maestra fue violentada, y después de ser violentada, padeció un infarto. Esa fue la realidad, les guste o no”.
Luego calificó de “miserables” a quienes, según ella, habían convertido el caso en un escándalo mediático. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde la responsabilidad del Estado ante una tragedia como esta?
Estas declaraciones no solo minimizan el sufrimiento de Irma y su familia. También transmiten un mensaje profundamente preocupante: que la violencia del crimen organizado ya no merece indignación, sino apenas una mención administrativa. Que morir de miedo, de golpes, o por el terror infligido, no tiene responsables.
Nos quieren arrebatar la capacidad de sentir, de conmovernos, de indignarnos. Pretenden silenciar nuestras voces y erosionar la solidaridad ciudadana. Pero no podemos permitirlo. No podemos normalizar el terror. No debemos callar.
Porque lo que le ocurrió a Irma no es un hecho aislado, sino un espejo de lo que podría pasarnos a cualquiera. Lo que le ocurre a una, nos ocurre a todos.
Hoy más que nunca necesitamos resistir, alzar la voz, rechazar la indiferencia y exigir que las autoridades cumplan con su deber: proteger a la ciudadanía, no justificar la violencia. El crimen no puede dictar nuestras vidas, ni silenciar nuestros sueños.
Irma ya no está. Pero su imagen, su dignidad forzada al límite y su voz obligada a repetir amenazas, deben seguir conmoviéndonos e indignándonos.
No solo por ella, sino por lo que representa: una sociedad al borde del colapso moral si seguimos callando. Nos toca gritar por quienes ya no pueden hacerlo.
* Elio Villaseñor Gómez es director de  <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C</a>. (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Irma no murió sola: una voz contra el terror y la indiferencia

Nasrin, originaria de Afganistán, cruzó hacia Estados Unidos desde México en 2024, luego de esperar durante meses una cita mediante la aplicación CBP-One. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Antes de tomar esa decisión, había apostado por quedarse en México como país de destino. Sin embargo, le fue imposible siquiera iniciar su trámite de solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que en ese momento ya enfrentaba una crisis de saturación y falta de respuesta. Sin alternativas viables y con recursos cada vez más limitados, decidió cruzar la frontera norte. Allí conoció a quien hoy es su esposo, un hombre de origen sirio. Meses después, tuvieron una hija que nació en territorio estadounidense y que, por tanto, es ciudadana de ese país. Su audiencia ante la corte migratoria ya tenía fecha y se encontraba buscando un empleo después de haber invertido todos sus recursos económicos durante su tránsito. Sin embargo, sus planes dieron un giro abrupto ante el endurecimiento de la política migratoria estadounidense que canceló, de facto, el acceso al derecho a solicitar y recibir asilo en ese país, así como otras alternativas de regularización migratoria. 
Hace apenas un par de días, Omar, su esposo, fue detenido y trasladado a una prisión estatal ubicada a más de tres horas de su casa. Desde entonces, Nasrin ha intentado visitarlo, pero no ha sido admitida y hasta el momento no cuenta con información sobre su estado de salud o su estatus migratorio.
Estos testimonios no son una excepción ni casos aislados: son el reflejo de un modelo de gestión migratoria que ha dejado de responder a principios humanitarios y se ha orientado hacia la contención, el despojo y la criminalización sistemática. En lo que va de 2025, miles de personas han visto interrumpidos sus procesos migratorios y planes de vida. Han quedado atrapadas e inmovilizadas en una red de contención cada vez más amplia que, en lugar de garantizar protección y acceso a derechos básicos, genera terror y busca ejercer mayor crueldad a través de la teatralidad del castigo. Bajo esta lógica, las consecuencias de ser visible –es decir, trabajar, ir a la escuela, acudir al hospital o acceder a servicios religiosos o sociales– tiene como posible consecuencia ser detenido y ser exhibido públicamente como advertencia para el resto, incluso fuera de sus fronteras geográficas.
Aunque estas prácticas no son recientes, a partir de enero de este año han subido de intensidad mediante una estrategia comunicacional diseñada para construir una narrativa antiderechos, que le ha permitido al presidente Trump sostener su proyecto político. Bajo esa lógica,  las personas que son detenidas, deportadas o incluso a quienes se les niega  el acceso a cualquier tipo de asistencia humanitaria, son despojadas de su humanidad, dejan  de ser personas forzadas a migrar y con derechos, incluido el de solicitar y recibir protección internacional, para ser exhibidas como  amenazas o criminales, bajo el argumento falaz de estar “protegiendo derechos a su ciudadanía”.
Detrás del castigo opera una economía que ha convertido la contención en un negocio lucrativo. A la par que esta estrategia comunicacional sentaba sus bases, se maquilaba un paquete de orden legislativo y de reajustes económicos para pactar contratos con empresas privadas, como <a href="https://www.brennancenter.org/es/our-work/analysis-opinion/victoria-donald-trump-grandes-ganancias-industria-prisiones-privadas" target="_blank" rel="noopener">GEO Group y CoreCivic</a>, para asegurar la operación masiva que permitiera aumentar la militarización de las fronteras, la adquisición de insumos para el uso de tecnologías de vigilancia, incrementar la capacidad operativa en centros de detención y otros dispositivos destinados a contener, disuadir y controlar los flujos migratorios en toda la región.
Esta maquinaria recurre también a símbolos de fuerza extrema para reforzar su mensaje. Se han habilitado instalaciones socialmente asociadas con el confinamiento de “terroristas” —como <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/c79dxnrxl9yo#:~:text=Un%20viejo%20lugar%20de%20detenci%C3%B3n%20de%20migrantes&amp;text=Pie%20de%20foto%2C%20En%20la,en%20los%20tiempos%20por%20venir." target="_blank" rel="noopener">Guantánamo</a>, mediante  acuerdos opacos que refuerzan la externalización de sus fronteras,  o el traslado de personas de origen venezolano al <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/cp8y60n4m88o" target="_blank" rel="noopener">CECOT,</a> en El Salvador—. E inclusive, la habilitación de espacios de detención en zonas geográficas hostiles donde la posibilidad de escapar es prácticamente nula, como ocurre con el llamado <a href="https://edition.cnn.com/2025/07/01/us/what-is-alligator-alcatraz-florida?emci=7267a796-5a62-f011-8dc9-6045bdfe8e9c&amp;emdi=e09676d1-6a66-f011-8dc9-6045bdfe8e9c&amp;ceid=15852224" target="_blank" rel="noopener">Alligator Alcatraz</a>, en donde recientemente se reportó la detención arbitraria de al menos dos docenas de mexicanos, <a href="https://animalpolitico.com/sociedad/liberan-mexicanos-detenidos-alligator-alacatraz" target="_blank" rel="noopener">dos de ellos con visas de turistas injustamente detenidos en sus instalaciones</a>.
Para Estados Unidos, la detención y la deportación, ahora normalizadas como respuestas institucionales, constituyen el lenguaje dominante de una política que criminaliza la migración y castiga a quienes se ven forzados a huir de sus lugares de origen, como Nasrim y Omar. Un patrón de violaciones a los derechos humanos y al derecho al refugio que, por el trabajo de investigación y análisis de distintas organizaciones como Human Rights Watch, WOLA y CEJIL, nos permite entrever que, lamentablemente, empeorará.
Lo anterior, no sólo por las medidas económicas para endurecer el enfoque de seguridad, sino también por la construcción sistemática de una narrativa oficial que se propone legitimar la violencia y la exclusión de las personas migrantes y deportadas, respaldada en acciones regresivas en redes sociales contra la diversidad, la equidad y la igualdad y a favor de la criminalización, la censura y la manipulación de los motores de búsqueda para ocultar o dificultar el acceso a contenidos críticos que constituyen un contrapeso a la narrativa oficial, mientras que otros algoritmos priorizan contenidos que refuerzan el vínculo entre migración y criminalidad: redadas, vuelos de deportación y videos de arrestos diseñados para exhibir y generar terror.
Este ecosistema comunicacional no solo alimenta el miedo, también distorsiona la conversación pública. Al reforzar constantemente asociaciones entre migración y delincuencia, polariza el debate y debilita la posibilidad de un diálogo informado. Las narrativas de odio ganan terreno mientras que las voces que denuncian, documentan o acompañan a las personas migrantes son cada vez más silenciadas, invisibilizadas o desacreditadas.
Para la Redodem, la desinformación, las narrativas de odio y la espectacularización del castigo no son accidentales: son parte de una estrategia coherente con una política de contención para desarticular los flujos migratorios en la región, a la par de seguir fortaleciendo su economía de guerra y despojo. Una realidad que reta y compromete aún más a las organizaciones y colectivos que estamos decididas a continuar con nuestra labor para defender la vida digna.
* La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM (<a href="https://twitter.com/RedodemMX" target="_blank" rel="noopener">@RedodemMX</a>) es una red nacional de albergues, casas para migrantes y organizaciones en 14 estados del país.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Entre las personas migrantes originarias de Asia, los ingresos más representativos en la plataforma de registros de violaciones a derechos humanos en 2023 y 2024 fueron de Afganistán.

La detención y la deportación como política migratoria, en su peor momento

El día de ayer tuvimos muy malas noticias respecto del modo en que se pretende aterrizar la propuesta presidencial de reforma electoral. El fin de semana se había anunciado que Pablo Gómez encabezaría la comisión presidencial para atender la reforma. Si Gómez reivindicara las reformas que impulsó siendo opositor, sin duda serían muy buenas noticias, y transitaríamos a una reforma muy aceptable; empero creo que, siendo gobierno, Gómez ha mudado convicciones.
En la mañana la presidenta deslizó el método para consensar su reforma: se consultará al pueblo. Habrá encuestas previas que, por supuesto, ya tuvieron respuestas previas. La palabra presidencial ya sentenció: a la gente no le gusta que los partidos tengan tantos recursos, no hace falta; a la gente no le gusta que las elecciones cuesten tanto, no hace falta; a la gente no le gusta que haya tantos plurinominales, no hace falta.
Y por si hiciera falta en la tarde de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la integración de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral: Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez, José Merino, Ernestina Godoy, Arturo Zaldívar y Lázaro Cárdenas. Ni diálogo ni negociación, en el mejor de los casos armonización de la visión oficial.
Para el oficialismo la oposición no existe, las irregularidades que muchos vimos en la elección federal del año pasado ahora se normalizaran, los agravios que ciudadanos y partidos tuvimos con los abusos del proceso electoral son inexistentes. Es la ruta más autoritaria de una reforma jamás ensayada.
De antemano sabemos el destino de las deliberaciones que eventualmente abran los foros del Poder Legislativo, como ocurrió con la reforma al Poder Judicial, los alegatos que ofrecieron múltiples especialistas en la materia fueron sistemáticamente desechados. Los nuevos foros serán de nuevo una simulación. La Comisión Presidencial, sin partidos, sin especialistas, será la instancia que determine las nuevas reglas del juego democrático.
No parecemos reponernos del ridículo internacional que significó la desairada y desaseada elección del Poder Judicial cuando ya nos encaminamos a un nuevo desfiguro. Una reforma que no escucha, que impone la agenda presidencial y que no repara en los costos que para la gobernabilidad democrática tendrá el sinsentido que se propone.
Si se trata de consultar tal vez podríamos preguntar si se está de acuerdo en volver a los tiempos en que sólo un partido tenía los recursos suficientes para hacer política, o si a la gente le parece una regla justa que un partido que eventualmente tenga el 34 % de la votación, gracias a la desaparición de los plurinominales gane todo el Poder Legislativo y que los partidos que tuvieron el 66 % del voto restante no tengan un solo representante popular, pues no ganaron un solo distrito de mayoría. O si no es importante la participación ciudadana como vimos en la elección judicial, a la que acudió a las urnas solo el 10 % del electorado, entre otras cosas, porque el presupuesto de la autoridad electoral fue severamente castigado.
Las consultas pueden ser tan tramposas como queramos, pero frente a los oídos sordos no hay defensa. Ya no se sabe a quién apelar para que se detenga esta acelerada destrucción de las más mínimas reglas de convivencia. La democracia se muere. Urge organizarnos.
* Rodrigo Morales M. ( <a href="https://x.com/rodmoralmanz/with_replies" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a> ) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

La democracia se muere

Luego de las negociaciones desarrolladas en Busan por tener un tratado fuerte y vinculante que reduzca la producción de plásticos a nivel mundial, la semana del 4 al 14 de agosto tendremos una segunda oportunidad para que los países miembros del Comité Intergubernamental de Negociación (INC, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 1 esta vez en Ginebra Suiza, alcancen un acuerdo para tener un texto de tratado que permita poner un límite a las más de 400 millones de toneladas de plástico que se fabrican anualmente en el mundo. Cifra que se ha incrementado a lo largo de los años y parece no tener límite en el corto plazo.
Aunque más de 100 países están de acuerdo con que se debe eliminar gradualmente ciertas sustancias químicas dañinas para la salud humana y el medio ambiente que se emplean en los plásticos, no todos los países están de acuerdo con poner un límite y/o disminuir la producción, en su mayoría países de petroleros como Arabia Saudita y Rusia. Países que argumentan que una buena gestión de los residuos y el fortalecimiento de la separación y la recolección para fomentar el reciclaje son la clave para evitar la crisis de contaminación por plásticos que afecta al planeta. Sin embargo, olvidan que el mandato de la <a href="https://www.unep.org/inc-plastic-pollution" target="_blank" rel="noopener">resolución 5/14 del PNUMA</a> es “Poner fin a la contaminación por plástico: hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante”, y no negociar un tratado sobre gestión de residuos.
Estos mismos argumentos los hemos visto a nivel nacional en México, cuando se intenta legislar sobre las prohibiciones a los plásticos de un solo uso. Un común denominador de la industria ha sido poner la responsabilidad únicamente sobre los consumidores finales y no cuestionar la raíz del problema. Se asume que solo gestionando bien los residuos y reciclando más y mejor podemos atender este asunto, dejando en el olvido que el 99 % de los plásticos que se producen en el  mundo provienen de fuentes fósiles. Esta contaminación por plástico contribuye a su vez a la crisis climática global, siendo responsables del 15 % del presupuesto de carbono mundial, es decir, la cantidad de carbono límite que podemos emitir a la atmósfera para no aumentar la temperatura global del planeta más allá de un límite tolerable para la vida. También se deja de lado que menos del 10 % de ellos se han reciclado a lo largo de su historia de producción, siendo responsables hasta del 85 % de los residuos que llegan a los océanos. 2
La evidencia que este no es un problema solo de gestión de residuos la vemos día a día. Ríos, lagos, mares y océanos ahogados en plásticos, muchos de ellos mal llamados desechables. El reciclaje por sí mismo no es ni ha demostrado ser la solución: si quitamos las botellas PET (Tereftalato de polietileno) de la ecuación las tasas de reciclaje son muy bajas, menor al 10 %. Si los plásticos fueran un país, serían el quinto emisor de gases de efecto invernadero más importante a nivel mundial, 3 la solución no es sólo reciclar más y mejor. Más aún, una mala gestión de residuos puede conducir a un verdadero colonialismo de la basura. Cuando países ricos dicen reciclar sus residuos, en realidad solo los envían a países del Sur Global, como se ha registrado en investigaciones como la radiografía de <a href="https://mexicotoxico.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">mexicotoxico.org.mx</a>, donde se muestra que las exportaciones de desechos plásticos hacia México se incrementaron de 2018 a 2021 en un 121 %, a pesar de la entrada en vigor de la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea en enero del 2021.
Por su parte México, pese a ser un país productor de petróleo con una fuerte industria petroquímica, se ha manifestado a favor de un tratado fuerte que ponga un límite al origen del problema, la producción de plásticos. Esperamos que esta posición se mantenga por los representantes durante las próximas negociaciones que se realizarán en Ginebra, Suiza, del 4 al 11 de agosto de 2025.
El llamado desde la sociedad civil está en que los países miembros del INC lleguen a un acuerdo vinculante en esta sexta ronda de negociaciones, y que este tratado tenga un compromiso fuerte con:
a) Establecer normas mundiales que controlan la cantidad de plásticos que se producen.
b) Proteger la salud humana, la biodiversidad y el medio ambiente eliminando los químicos nocivos usados en los plásticos.
c) Transparentar sobre los plásticos y mecanismos que garanticen que dicha información pueda rastrearse a lo largo de todo el ciclo de vida de los plásticos.
d) Garantizar que se disponga de fondos equitativos y sólidos para aplicar este tratado.
e) Restringir el comercio de los residuos para evitar el colonialismo y racismo medioambiental que ejercen los países del norte global enviando sus residuos a países menos favorecidos.
f) Dar prioridad a los sistemas de reutilización y recarga.
g) Proteger ante todo los derechos humanos y mantener fuera de las negociaciones a los contaminadores que tienen interés en el proceso.
De esta forma podemos garantizar que el tratado global por los plásticos, será un instrumento real y vinculante para los países que lo firmen, que realmente atienda las raíces de la contaminación por plásticos en el mundo.
*<a href="mailto:mrivas@ponguinguiola.org" target="_blank" rel="noopener">Miguel Rivas Soto</a> es doctor en Ciencias Ecología por la UNAM y director de Proyectos en <a href="https://ponguinguiola.org/" target="_blank" rel="noopener">Ponguinguiola A. C</a>.
1 Chair’s Text. Intergovernmental Negotiating Committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment. Disponible <a href="https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/46710/Chairs_Text_S.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
2 United Nations Environment Programme (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution. Nairobi.
3 Zheng, J., Suh, S. <a href="https://doi.org/10.1038/s41558-019-0459-z" target="_blank" rel="noopener">Strategies to reduce the global carbon footprint of plastics</a>. Nat. Clim. Chang. 9, 374–378 (2019).

Una segunda oportunidad para poner freno a la producción de plástico a nivel mundial

¿Y si los alimentos que ponemos en nuestro plato fueran uno de los principales responsables de la destrucción del planeta?
Hace unos días, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó algo que, aunque obvio, no deja de ser crucial: &#8220;El medio ambiente es la base de la vida humana&#8221;. Que una instancia jurídica global lo declare de tal manera tiene un peso que no deberíamos ignorar. La protección del medio ambiente es más que una cuestión ética, es un derecho humano esencial.
La declaración de la CIJ es un incómodo recordatorio de todo lo que aún no hacemos. Mientras los discursos se multiplican y la acción climática es poco efectiva, la temperatura sigue en aumento y sus consecuencias son realidades presentes: olas de calor extremas, huracanes más intensos, sequías prolongadas, inundaciones incontrolables.
Durante décadas, el debate climático ha girado en torno a la producción de energía. Pero hay un aspecto que rara vez se discute con la misma fuerza, a pesar de ser responsable de un tercio de las emisiones globales de GEI: nuestro sistema alimentario.
Desde el año 2000, las emisiones de la producción de alimentos han aumentado un 10 %. La ganadería industrial y la deforestación para sembrar cultivos que alimentan animales destinados al consumo humano son factores clave en este aumento. En México, por ejemplo, el sector agropecuario ha incrementado su participación en las emisiones totales, y aun así, este tema apenas figura en las políticas climáticas.
Sin embargo, el sistema alimentario no solo es parte del problema, también es parte de la solución. Y lo será en la medida en que transformemos la forma en que nos alimentamos.
Cambiar lo que comemos y cómo lo producimos ayuda a reducir emisiones, proteger ecosistemas y biodiversidad, y a construir un modelo más justo y resiliente para todas las personas.
El informe de EAT Lancet –una iniciativa global enfocada en promover sistemas alimentarios sostenibles– nos ofrece un camino: priorizar el consumo de alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, legumbres y cereales; reducir el consumo de productos de alto impacto ambiental como carne y lácteos; y fomentar una producción de alimentos más equitativa, eficiente y sostenible.
Adoptando estos cambios, no solo lograremos reducir las emisiones de GEI, también ahorraremos agua y protegeremos nuestros bosques de la deforestación.
En México ya tenemos marcos legales para llegar a esta meta. En 2024, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Ahora es momento de crear las normas para que este modelo sea una realidad en el país. 
Necesitamos del cambio individual pero también de compromisos colectivos. Que las instituciones públicas y privadas adopten el enfoque de alimentación sostenible en sus políticas de sostenibilidad. 
Los beneficios de transitar a un sistema alimentario sostenible no solo se quedan en mitigar los efectos del cambio climático, también mejora la salud de las personas. Al consumir más alimentos de origen vegetal, el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, –como la diabetes tipo 2 y cardiopatías–, disminuye, dejando de presionar a los sistemas públicos de salud. Es un ganar ganar. 
Lo que cuida al planeta, nos cuida a nosotros. Aún tenemos esperanza y tiempo de actuar.
A veces, las soluciones no están en grandes tratados ni en promesas lejanas. A veces, están más cerca: en la mesa, en la cocina, en nuestros platos. Es momento de tomar decisiones conscientes y colectivas. Nuestra salud, la de las generaciones futuras y la del planeta dependen de ello.
 
*Sofía Ruiz Oldenbourg es Ingeniera Ambiental por el Instituto Tecnológico de Colima, con más de 10 años de experiencia en el sector ambiental y de sostenibilidad en el sector privado y de organizaciones de la sociedad civil. Gerente de Políticas Alimentarias en Alianza Alimentaria y Acción Climática (<a href="https://x.com/AlianzaAliment" target="_blank" rel="noopener">@AlianzaAliment</a>) organización mexicana sin fines de lucro que está transformando el sistema alimentario hacia prácticas más éticas y sostenibles. En 2024 fue pieza clave para el diseño de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. También trabajamos con el sector público y privado implementando menús sostenibles en los comedores de las organizaciones para reducir impactos ambientales y riesgos a la salud asociados a patrones alimentarios.

Lo que comemos puede salvar al planeta

Las cárceles en México tienen un grave problema de sobrepoblación, es decir, las mismas están diseñadas para albergar a un número determinado de personas, pero la cantidad de reos es mayor en muchas de las prisiones y el Estado de México es la entidad en donde este problema es más grave.
De acuerdo con el <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1007875/CE_2025_06.pdf" target="_blank" rel="noopener">C</a><a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1007875/CE_2025_06.pdf" target="_blank" rel="noopener">uaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional correspondiente a junio de 2025</a>, que genera el INEGI, en la suma de todos los reclusorios en México incluyendo a penales federales y estatales se tiene un excedente de 23,855 reos y 134 de las 275 prisiones del país tienen sobrepoblación. Solo el Estado de México tiene 7,836 internos de exceso, esto quiere decir que dicha entidad por sí sola concentra el 32.8 % de la sobrepoblación en prisiones, con un total de 154 % de excedente frente a la capacidad instalada de sus 21 centros penitenciarios.
De las 21 cárceles del Estado de México, 17 tienen problemas graves de sobrepoblación, por ejemplo, el Penal de Chalco tiene un 512 % de exceso de reos; el de Zumpango un 488 %; Jilotepec, 352 %; El Oro, 345 %; Tlalnepantla, 282 %; Ecatepec, 244 %; Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, 212 %; Cuautitlán, 191 %; Texcoco, 189 %; Lerma, 180 %; Ixtlahuaca, 171 %; Santiaguito, 129 %; Tenancingo, 82, %; Valle de Bravo, 42 %; Tenancingo Sur, 30 %; Otumba Tepachico, 13%, y Tenango del Valle, 10 %.
Por ende, solo 4 centros penitenciarios del Estado de México no tienen sobrepoblación, que son los de Sultepec, Nezahualcóyotl Sur, Nezahualcóyotl Norte y la Penitenciaría Modelo, que se encuentra también en Neza. De estos bien se podría descartar a la Penitenciaría Modelo, porque precisamente es un espacio que las autoridades estatales han buscado preservar con estándares diferentes al resto de la entidad, enviando a una cantidad muy baja de reos, con miras a mantener la certificación de la Asociación de Correccionales de América (ACA).
Es inaceptable que haya centros penitenciarios en donde se meta al doble, triple, cuádruple o al quíntuple de internos que da su capacidad, ya que ello se traduce en cuatro consecuencias nocivas, mismas que se exponen a continuación:
<ul>
<li>Mayor probabilidad de motines y riñas, porque al haber más reos en espacios reducidos, la posibilidad de diferendos y peleas aumenta, lo que a su vez propicia que se incrementen los motines y las riñas. Por ejemplo, hace una semana hubo una <a href="https://www.infobae.com/mexico/2025/07/29/reportan-rina-en-el-penal-de-chalco-edomex-familiares-protestan-en-el-exterior/" target="_blank" rel="noopener">riña en el Penal de Chalco</a>, el de mayor sobrepoblación, y en febrero se llevó a cabo un <a href="https://www.capitaledomex.com.mx/local/motin-en-barrientos-internos-denuncian-extorsion-y-abusos/" target="_blank" rel="noopener">motín en el de Tlalnepantla</a>.</li>
<li>Propicia más corrupción y autogobierno, porque hay escasez de insumos, generándose así la oportunidad de que los reos sean extorsionados para conseguirlos. Por ejemplo, estar en una celda menos congestionada o conseguir un espacio para dormir es vendido por los grupos de internos con más poder; la comida y los enseres de limpieza, igual, y eso propicia que unos reos expolien a los otros.</li>
<li>Más problemas de salud, ya que al haber hacinamiento el agua no es suficiente, la limpieza se complica, los insectos se reproducen con mayor facilidad, se genera más basura, los contagios se dan con mayor frecuencia y, por tanto, hay mayor incidencia de enfermedades.</li>
<li>Menor posibilidad de reinserción social, ya que cuando un penal tiene problemas por el espacio, tiene que utilizar las áreas comunes de esparcimiento, formación o lugares de trabajo como talleres y centros de producción y convertirlos en celdas, por lo que menos reos tendrán la posibilidad de estudiar y trabajar dentro del centro penitenciario.</li>
</ul>
Por tal motivo, las autoridades del Estado de México podrían llevar a cabo cuatro acciones para reducir la sobrepoblación:
<ul>
<li>Buscar estrategias para reducir el pasivo en materia de justicia penal, ya que un porcentaje relevante de los reos está en prisión preventiva, esperando sentencia, incluso por años, de manera que si se resuelven los juicios, algunos pueden salir libres. Primero, porque no hubo pruebas para condenarlos; segundo, por buena conducta, y tercero, por haber pagado ya la mayor parte de su sentencia, de manera que se pueden acoger a un beneficio procesal que les ayude a salir antes.</li>
<li>Propiciar una política en donde solo los delincuentes de mayor peligrosidad lleguen a la cárcel. A veces como sociedad tenemos el impulso por encerrar a todos, pero quizá podríamos tener programas de libertad condicional, con labor comunitaria para los infractores de menor gravedad, al tiempo que se evita que estos entren en contacto con criminales más experimentados y aprendan malas prácticas delictivas que los hagan más peligrosos para la sociedad.</li>
<li>El uso de brazaletes e implementos tecnológicos que permita el arresto domiciliario. De forma que haga posible dar libertad condicional a reos de baja peligrosidad, pero a la vez que los mismos estén monitoreados.</li>
<li>Construir algunos centros penitenciarios adicionales. Aunque esta estrategia debe ser la última opción, es decir, no se soluciona el problema aumentando el número de espacios, sino buscando de forma consciente que la cárcel sea el castigo de quien realmente lo merece.</li>
</ul>
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

La sobrepoblación en las cárceles del Estado de México

La Ciudad de México enfrenta grandes retos para abastecer de agua a un poco más de tres millones de viviendas. Se habla mucho sobre la infraestructura obsoleta, las fallas técnicas y el 45 % en pérdida de fugas. Sin embargo, poco se discute sobre el dinero que se destina para que el agua y el alcantarillado funcionen.
Para entender mejor este aspecto clave es necesario conocer cómo funciona el diseño tarifario y de cobro en la Ciudad de México. De acuerdo con el Código Fiscal local, el cobro se realiza de manera bimestral y las tarifas están diseñadas en bloques escalonados. Cuando la vivienda cuenta con medidor, se aplica una cuota base y el resto se cobra según el volumen consumido, aumentando el precio conforme crece el consumo. En ausencia de medidor, se cobra una cuota fija estimada con base en la ubicación del predio. Además,<a href="https://centrus.ibero.mx/index.php/2024/01/31/la-cdmx-vive-tiempos-de-escasez-hidrica-y-desigualdad-en-el-suministro-de-agua/#:~:text=El%20problema%20del%20agua%20en,suministro%20de%20este%20escaso%20recurso" target="_blank" rel="noopener"> la tarifa varía según el tipo de usuario</a>: el doméstico representa el 65.2 % del consumo medido, el mixto el 9.1 % y el no doméstico el 25.7 %.
Las tarifas para usuarios domésticos y mixtos están sujetas a un sistema de subsidios diferenciados, determinado por la zona en que se ubica cada manzana, clasificada como popular, baja, media o alta según el Índice de Desarrollo (ID). En el caso de los usuarios domésticos, quienes son mayoría, el subsidio puede alcanzar hasta el 91 % en zonas populares y alrededor del 60 % en zonas de alto desarrollo, lo cual reduce significativamente el monto pagado por muchos hogares. La Ciudad de México es la única entidad del país que aplica esta clasificación de subsidios diferenciados con el ID.
Es fundamental analizar la política de subsidios para construir una estructura tarifaria más equitativa y generar una recaudación más eficiente. Un <a href="https://doi.org/10.29265/gypp.v28i1.542" target="_blank" rel="noopener">estudio</a> realizado en 2019 por la Universidad Autónoma Metropolitana encontró que los subsidios al agua en la CDMX no benefician prioritariamente a la población con menores recursos. De hecho, el 20 % de los hogares con mayores ingresos concentra alrededor del 45 % del subsidio, mientras que el 20 % de los hogares con menores ingresos apenas recibe cerca del 12 %.
Por ello, resulta clave revisar tanto la focalización como los porcentajes de subsidio aplicados. Mantener tarifas de agua potable artificialmente bajas, además de que implica una menor recaudación, genera distorsiones en el mercado y no contribuye a reducir el consumo excesivo entre quienes utilizan más agua. En la Ciudad de México, el consumo promedio es de 366 litros por persona al día, muy por encima de los 100 litros por persona recomendados por Naciones Unidas para satisfacer necesidades básicas. Una posible explicación de este exceso es que como no se percibe el costo real del servicio de agua debido a los subsidios, no se fomenta un uso eficiente del recurso.
En segundo lugar, el cobro bimestral no es lo más común en América Latina ni en México. Según un <a href="https://doi.org/10.18235/0012956" target="_blank" rel="noopener">estudio</a> del Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 97 % y el 98 % de los municipios en la región factura el agua mensualmente. Esta periodicidad busca, por un lado, dar mayor liquidez a los organismos operadores para cubrir sus costos operativos. Por otro, desde la perspectiva del usuario, una facturación con mayor frecuencia contribuye a detectar fugas a tiempo y acercar a los usuarios, tanto domésticos como no domésticos, a una mayor conciencia sobre su consumo de agua, permitiéndoles entender cuánto consumen, identificar excesos y ajustar sus patrones de consumo en caso de que hayan registrado un aumento de un periodo a otro.
Finalmente, otro punto de mejora en la estructura tarifaria es la necesidad de separar a las industrias del sector comercial. En gran parte del país, las tarifas de agua potable se estructuran según tres tipos de usuarios: domésticos, comerciales e industriales. Sin embargo, en el caso de la capital, no existe una distinción clara entre los usos comercial e industrial, según las clasificaciones vigentes. Hacer esta diferenciación permitiría tanto implementar subsidios cruzados de forma más eficiente como diseñar soluciones específicas para ciertos sectores industriales.
Todo lo anterior permitiría avanzar hacia una mayor sostenibilidad en el servicio de agua, siempre teniendo en consideración la protección de poblaciones vulnerables. No obstante, estos ajustes deben ir acompañados de mejoras tangibles en la calidad del servicio. De lo contrario, seguiremos atrapados en una paradoja: los organismos operadores no tienen recursos para invertir y mejorar la infraestructura, porque los usuarios, ante un servicio deficiente, no están dispuestos a pagar, o porque, simplemente, el servicio no llega a muchos hogares.
* Agustín Castillo es investigador en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

Tarifas y cobro de agua en la CDMX: nuestra relación con el agua a través de lo que pagamos

Hace unos tres meses salió a la venta uno de los mejores textos que se han escrito sobre crimen organizado y pandillas en los últimos años. Se llama <a href="https://www.amazon.com.mx/que-tenga-miedo-morir-nazca/dp/6073929382/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=ÅMÅŽÕÑ&amp;dib=eyJ2IjoiMSJ9.W5RCKwz0FhAlNshNJ2b8dYGrrqZQzW4QZQtDvOGxzqo6gaf-1xZaoY-zFNMiNqeyTxaIwkFnYq9vU2DdCzx8sA2ttzWloK5XBYAZkGvnCkxMIJMiTt48bS1wAUyjUGDbEkpMjVvMD_DVjVmEFliPESFc7bAeiyTJp_GD8sCZqX-Y7bvK-VZj_v-oL_Z5kSsH_VOKXaRCi-8jGbmk4pJInB0veMDksDKP4u5Xv4mzYDjAYc2ElLTnKahyeo0lJykBzjzHPAqQMvkCWH-GeKwlFaGPZswxRzFLbFLI7fXZYDo.YRo3pir4NY1yPSal7XutqW1QVYdD9Qq3VNvqhbg5gBM&amp;dib_tag=se&amp;keywords=el+que+tenga+miedo&amp;qid=1753839131&amp;s=amazon-devices&amp;sr=1-1&amp;ufe=app_do%3Aamzn1.fos.de93fa6a-174c-4df7-be7c-5bc8e9c5a71b" target="_blank" rel="noopener">El que tenga miedo a morir que no nazca</a>, escrito por el antropólogo social de origen salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson, mismo que resume los más de 10 años de estudio que realizó sobre las pandillas de San Pedro Sula, en Honduras.
No hay que dejarse llevar por la especificidad del tema. Es decir, como lector es probable que pueda haber poco interés en Honduras, quizá no se conozca siquiera la ubicación exacta de San Pedro Sula y, por tanto, pueda parecer poco atractivo leer un libro dedicado a pandillas, bandas y maras de una ciudad de Centroamérica.
Sin embargo, es un libro que a pesar de abordar un tema específico, nos arroja información útil para entender el problema de las pandillas en cualquier zona de América Latina e incluso de las pandillas latinas en los Estados Unidos. Por ende, va a ser una lectura productiva para cualquier persona interesada en temas de crimen organizado y seguridad pública.
Por ejemplo, explica la forma en la que surgieron las primeras pandillas en Centroamérica, el arribo de movimientos criminales provenientes de los Estados Unidos, nos cuenta por qué la Mara Salvatrucha y en menor medida Barrio 18 se convirtieron en los actores criminales preponderantes de América Central, nos habla de la organización interna, así como de la toma de decisiones de las pandillas; nos cuenta cómo se organizan en las cárceles y el autogobierno que se da en las mismas.
Nos habla de la interacción de las pandillas con la cultura popular. Por ejemplo, la forma en la que determinadas películas de Hollywood inspiraron el nombre de varias pandillas, su forma de vestir o el uso de cierto vocabulario. De hecho, el origen de la propia palabra Mara se deriva de una película de los años 90 llamada Marabunta, cosa que se explica en el libro.
También se aborda la corrupción policial y política que le da soporte a varias pandillas, la forma en la que las fuerzas del orden toman partido o se hacen de la vista gorda de las tropelías de las pandillas, así como la influencia de transnacionales como United Fruit para la conformación de un sistema extractivo.
Incluso toca otros temas sociales como la migración de centroamericanos a México y los Estados Unidos. De hecho, ofrece una respuesta muy coherente que explica por qué miles de jóvenes salen de Honduras, Guatemala o El Salvador y cruzan territorios peligrosos para llegar a los Estados Unidos, y es que más allá de las carencias económicas de estos países, la inseguridad en la calle hace que muchos se vuelvan objetivos de las pandillas y la única manera de salvar la vida es migrar.
El libro es una oportunidad perfecta para meterse en la mente de los jóvenes que forman una pandilla, muchos de los cuales viven con miedo, pero no conocen otra forma de vida. Hay datos devastadores como el hecho de que una persona de 25 años ya es considerada vieja para el entorno de las pandillas, por ende, la esperanza de vida es muy baja en San Pedro Sula, más si se viven en barrios como el Rivera Hernández.
Para un lector mexicano puede ser un texto de bastante interés, para entender el fenómeno de las pandillas desde la perspectiva de quienes están adentro y poder así establecer mejores abordajes desde la construcción de políticas gubernamentales, intervenciones desde la sociedad civil o enfoques de estudio desde la academia y el periodismo.
Les recomiendo mucho el libro, el cual ya se puede conseguir en formato impreso en casi todas las cadenas de librerías, como Gandhi, Sanborns, El Sótano o El Péndulo, en formato electrónico en plataformas como Amazon, Google Books o Apple Books, así como en audiolibro en Audible.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

El que tenga miedo a morir que no nazca, de Juan Martínez d’Aubuisson

Mucho antes de que el Acuerdo de París fuera firmado en 2015, las organizaciones de sociedad civil ya estaban al frente de la defensa climática. En cada conferencia, cada espacio técnico y cada proceso nacional, la sociedad civil ha sido la primera en aplaudir los esfuerzos positivos de los países y, en otras ocasiones, testigo incómodo, voz crítica y motor de cambio. El papel de las ONG ha sido constante: exigir mayor ambición, promover transparencia, visibilizar injusticias socioambientales y empujar hacia soluciones justas y alineadas a la altura que exige la crisis climática. No llegamos tarde a la conversación climática; llevamos décadas sosteniéndola.
A diez años de la firma del Acuerdo de París, la Conferencia de las Partes, COP30, a celebrarse en Belém, Brasil, representa mucho más que una nueva cumbre climática. Es una oportunidad histórica para que América Latina y el Caribe se posicionen como protagonistas de la implementación climática global. En el corazón del “sur global”, Belém reunirá a líderes, negociadores, científicos y activistas en una conversación que ya no puede aplazarse: cómo responder de forma justa, efectiva y urgente a la crisis climática.
El contexto internacional no es sencillo. Crecen los discursos autoritarios, se debilita la solidaridad entre naciones, y resurgen agendas anticlimáticas que ponen en riesgo los avances alcanzados. Incluso los espacios multilaterales enfrentan cuestionamientos por su falta de transparencia y por posibles conflictos de interés que favorecen a actores contaminantes.
Por ejemplo, las Reuniones de Junio sobre Cambio Climático (SB62), celebradas en Bonn, Alemania, fueron una muestra clara de este desgaste. Cada medio año, estos encuentros se llevan a cabo con el fin de facilitar el terreno técnico y político para las negociaciones de la COP. Los participantes ofrecen información científica, tecnológica y de metodología fundamentales para orientar la toma de decisiones. Sin embargo, este año las sesiones comenzaron tarde por la falta de acuerdo sobre una agenda común, reflejando la fractura del diálogo y la creciente desconfianza en los procesos diplomáticos.
Pero justo en ese terreno movedizo, las organizaciones de sociedad civil se mantienen firmes. Y en Bonn lo demostramos.
Desde nuestras trincheras, las organizaciones no gubernamentales analizamos el desempeño de nuestros gobiernos con mirada crítica, pero constructiva. Generamos propuestas técnicas, alternativas legislativas, diagnósticos financieros y marcos de acción que enriquecen las políticas públicas y fortalecen su legitimidad. Socializamos conocimientos, ampliamos el debate, y visibilizamos las soluciones más eficaces para los grupos y comunidades históricamente ignoradas.
Además, contribuimos a restaurar algo que no puede medirse en toneladas de CO₂ ni en hojas de cálculo: la confianza. La confianza de que aún es posible construir acuerdos colectivos, de que la acción climática puede ser justa, transparente y participativa, y de que las decisiones globales deben responder a las realidades locales.
En Bonn, mientras algunos actores paralizaban los procesos, la sociedad civil tejía diálogos, impulsaba encuentros, y buscaba caminos alternativos para avanzar. No fue un papel de observadores, fue uno de liderazgo activo.
Rumbo a Belém, este es el llamado: reconocer a la sociedad civil no como invitada en la implementación climática, sino como columna vertebral del multilateralismo transformador. En América Latina y el Caribe, hay una fuerza colectiva que articula justicia social, sabiduría territorial y resiliencia frente al cambio climático. Esa fuerza merece ser escuchada, apoyada y posicionada en el centro de las soluciones.
La COP30 es nuestra oportunidad de demostrar que la implementación no es una tarea técnica limitada a cifras y cronogramas, sino un proceso profundamente humano, donde la acción climática cobra sentido cuando responde a las voces que no han sido escuchadas en la toma de decisiones.
Si restaurar la confianza es el primer paso para avanzar, entonces que el protagonismo de la sociedad civil sea el puente entre lo posible y lo urgente.
* Mariana Gutiérrez Grados es gerente de Diplomacia y Transparencia Climática en<a href="https://www.iniciativaclimatica.org/" target="_blank" rel="noopener"> Iniciativa Climática de México</a> (<a href="https://x.com/iniciativaclima" target="_blank" rel="noopener">@iniciativaclima</a>), think tank especializado en impulsar políticas públicas para acelerar la acción climática en el país.

La sociedad civil, columna vertebral del multilateralismo transformador

Del 5 al 14 de agosto, líderes de más de 170 países estarán reunidos en Ginebra, Suiza, en la ronda final de negociaciones de la ONU con la cual culminan casi 3 años de discusiones para lograr un tratado global, jurídicamente vinculante, que ponga fin al problema de la contaminación plástica.
En el tiempo que llevan estas negociaciones (desde noviembre de 2022), <a href="https://wwf.panda.org/act/plastic_pollution_treaty/" target="_blank" rel="noopener">más de 36 millones de toneladas</a> de desechos plásticos han llegado a nuestros océanos. De hecho, mientras estás leyendo esto, el equivalente a un camión de basura lleno de desechos plásticos está siendo vertido al mar por minuto. Estas cifras reflejan la urgencia de establecer medidas globales que aborden todo el ciclo de vida del plástico: desde su producción hasta su disposición final.
La mayoría de los gobiernos del mundo están pidiendo más ambición. Un ejemplo se presentó en la Conferencia de la ONU de 2025 sobre el Océano, en donde 95 países, incluido México, lanzaron el “<a href="https://news.un.org/es/story/2025/06/1539436" target="_blank" rel="noopener">Llamado de atención de Niza para un Tratado Ambicioso contra la Contaminación Plástica</a>”, pidiendo un tratado fuerte y ambicioso que incluya medidas claras para todos.
Las empresas también están actuando. La <a href="https://www.worldwildlife.org/pages/global-plastics-treaty-for-business" target="_blank" rel="noopener">Coalición Empresarial para un Tratado Global sobre Plásticos</a>, impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Fundación Ellen MacArthur, une las voces de más de 280 actores de toda la cadena de valor, incluidas empresas transnacionales de distintos sectores como Danone, Evertis, Reckitt, Essity, Henkel, Walmart y Colgate.
Esta Coalición impulsa un tratado ambicioso que incluya regulaciones homologadas globalmente en lugar de medidas nacionales voluntarias ya que, de acuerdo con su posicionamiento, un panorama regulatorio fragmentado deriva en mayores costos y complejidad.
De acuerdo con esta Coalición, un tratado ambicioso debería incluir tres elementos clave:
1) Criterios armonizados para el retiro progresivo de los productos plásticos más problemáticos. Esto podría ayudar a eliminar más del doble de este tipo de plásticos en comparación con lo que se lograría basándose únicamente en medidas nacionales voluntarias.
2) Requisitos comunes para el diseño de productos. Contar con definiciones comunes para el diseño ayudaría a aumentar significativamente las tasas de reúso y reciclabilidad de productos gracias a una mayor inversión conjunta en infraestructura necesaria, reduciendo los costos y logrando una mayor escalabilidad de las soluciones.
3) Un enfoque unificado para esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) con principios clave y requisitos mínimos. Con principios comunes a nivel internacional y nacional, los ingresos globales por esquemas REP podrían aumentar, lo que ayudaría a tener sistemas de reciclaje más eficientes, así como un mayor suministro de contenido reciclado de alta calidad.
Contar con regulaciones armonizadas y mecanismos financieros justos y adecuados proporcionará certidumbre a las empresas e inversionistas, mejorará la toma de decisiones y aumentará la circularidad del plástico en toda la cadena de valor.
Para avanzar de los compromisos a la acción existen iniciativas como la <a href="https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/la-red-del-pacto-del-plastico" target="_blank" rel="noopener">Red Global de Pactos de los Plásticos</a>, que une a más de 900 actores y empresas de 13 países que trabajan en conjunto para alinear la visión global con acciones tangibles a nivel local. Como parte de esta Red Global, el<a href="https://pactodelosplasticosmexico.org/el-ppmx/" target="_blank" rel="noopener"> Pacto de los Plásticos de México (PPMX)</a> trabaja de la mano con empresas y expertos de la cadena de valor para establecer prioridades y grupos de trabajo que aborden soluciones efectivas para plásticos problemáticos en nuestro país.
Iniciativas como estas demuestran que cuando empresas y actores clave se comprometen y colaboran hacia los mismos objetivos, se pueden obtener resultados tangibles y costo efectivos.
Esta última ronda de negociaciones para llegar a un Tratado Global en Ginebra generará un momento único para acelerar la circularidad de los plásticos. Si bien esos días de discusiones serán decisivos, el aumento del nivel de ambición, transición y colaboración hacia una economía más circular ya está en marcha a través de múltiples plataformas impulsadas por empresas, academia y sociedad civil.
Para expandir este impacto será esencial que México y el mundo cuenten con un instrumento que marque el rumbo y establezca reglas claras para acelerar el cambio. Ya no hay tiempo, es momento de traer a la naturaleza de vuelta y dejar a los plásticos fuera de ella.
* Aline Nolasco es Coordinadora del Pacto de los Plásticos de México y Oficial Sr. de Acción Climática en <a href="https://www.wwf.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">WWF México</a>.

La última y nos vamos… quedando (con reglas claras)

A finales de junio, la ciudadanía mexicana fue testigo de un acto sin precedentes: la desaparición súbita del sitio web del <a href="https://home.inai.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)</a>, junto con el sitio del <a href="https://snt.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Sistema Nacional de Transparencia (SNT)</a>. Sin anuncio oficial, sin protocolos técnicos, sin resguardo público de los archivos: simplemente dejaron de existir en internet.
Estos espacios albergaban más de dos décadas de resoluciones, lineamientos, indicadores institucionales, plataformas especializadas y proyectos emblemáticos —incluido el archivo digital sobre graves violaciones a derechos humanos conocido como Memoria y Verdad. Su desaparición, sin fundamento legal y sin transición técnica verificable, puso en jaque el derecho de acceso a la información, la preservación de la memoria y la continuidad de la política pública en materia de transparencia.
Tras la extinción del INAI mediante reforma constitucional, el gobierno no solo eliminó el organismo, sino que deshabilitó su sitio web institucional sin ningún tipo de aviso público. Frente a las múltiples exigencias ciudadanas, en días recientes colocaron en su sitio un mensaje emergente en el que aseguran que únicamente serán migrados los &#8220;contenidos relevantes&#8221; a nuevas plataformas. Esta afirmación, sin criterios técnicos ni jurídicos claros, representa una amenaza directa al principio de integridad documental y al derecho a la información pública. ¿Quién decidirá qué es relevante? ¿Con base en qué normatividad? ¿Qué información quedará fuera del acceso público?
Frente a esta grave regresión institucional, <a href="https://x.com/yoMexiro/status/1940817816539877552" target="_blank" rel="noopener">más de 100 organizaciones de la sociedad civil, periodistas, investigadoras y personas defensoras de derechos humanos firmamos un pronunciamiento conjunto</a> el 3 de julio, exigiendo la restitución inmediata de los portales y de todo su contenido histórico. El documento <a href="https://x.com/yoMexiro/status/1943378116615024832" target="_blank" rel="noopener">fue entregado formalmente el 10 de julio</a> a la Oficialía de Partes de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, específicamente del nuevo órgano administrativo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo”, nueva entidad creada tras la extinción del INAI.
<h2>Una victoria parcial</h2>
<a href="https://x.com/yoMexiro/status/1943118835680149989" target="_blank" rel="noopener">A menos de 24 horas de la acción pública </a>prevista para entregar el posicionamiento, el sitio del INAI fue reactivado. Sin embargo, diversos micrositios, documentos clave y herramientas especializadas seguían —y algunos aún siguen— inaccesibles. Esta victoria parcial evidenció que la acción colectiva funciona, pero también confirmó que la vigilancia ciudadana debe ser sostenida.
Pocos días después, el sitio del SNT fue habilitado bajo una nueva URL:<a href="https://snt.transparencia.gob.mx" target="_blank" rel="noopener"> https://snt.transparencia.gob.mx</a>. La única notificación fue un <a href="https://x.com/yoMexiro/status/1943760918485049383" target="_blank" rel="noopener">aviso discreto</a> dentro del sitio del INAI. Hasta la fecha, no existe un comunicado público, un informe técnico sobre la migración ni garantías de que los contenidos han sido resguardados íntegramente.
<h2>¿Qué exigimos?</h2>
La lucha por la memoria no termina con una reactivación parcial. Como organizaciones firmantes del segundo pronunciamiento publicado el 9 de julio, seguimos exigiendo:
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">La restitución total y verificable de todos los contenidos históricos del INAI y del SNT.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Un informe técnico público sobre el traspaso de información, incluyendo respaldos, protocolos de seguridad digital y garantías de integridad documental.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">La elaboración urgente de un protocolo nacional de seguridad documental y digital, con participación ciudadana y enfoque de derechos humanos.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">La creación de un mecanismo independiente de supervisión sobre la nueva arquitectura institucional de transparencia en México.</li>
</ul>
<h2>¿Por qué importa?</h2>
Este no es solo un asunto administrativo. Lo que está en juego es el acceso a información pública generada por el Estado durante más de veinte años. Lo que está en juego son los archivos que documentan la acción institucional, las luchas por la justicia y la verdad, las respuestas (y omisiones) del gobierno frente a las violaciones de derechos humanos.
El derecho a la memoria no es simbólico: es garantía de no repetición, es trazo de la historia, es base de cualquier democracia. Y sin archivos públicos, no hay verdad posible.
Por eso, no bajamos la guardia. Seguimos vigilantes, articuladas y comprometidas con exigir cada archivo, cada micrositio, cada documento que aún falta.
📎 Lee el último pronunciamiento <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15qNff2QeHe9Mizzgz8EDENJWcarIECSo" target="_blank" rel="noopener">completo aquí</a>. 
 📍 Seguimos esperando respuesta de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Sin archivos no hay democracia: la batalla por la memoria digital del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia

Sin archivos no hay democracia: la batalla por la memoria digital del INAI y del SNT

La tragedia de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz en Veracruz, pone de relieve un problema que se presenta en muchas regiones del país, la extorsión cruzada, es decir, cuando más de una organización criminal les cobra derecho de piso a los ciudadanos, de forma que la persona queda en medio del fuego cruzado, si le paga a una organización la otra se molesta y viceversa, mientras que, si les paga a ambas, las dos se pueden molestar y además eso consume toda la ganancia. 
Por lo tanto, es un juego en donde los ciudadanos siempre pierden, porque ya están pagando impuestos al Estado para que los proteja de los delincuentes, cosa que no hace. En este escenario una profesora jubilada, que no completaba con su pensión, se puso a operar un taxi en donde el dinero que sacaba no era mucho y para colmo, dos organizaciones le pedían pagar derecho de piso para dejarla trabajar. Le pagó a una de ellas, no porque quisiera, sino porque se vio obligada y la organización rival la secuestró, la torturó, la forzó a grabar un video de la forma más denigrante y cruel posible y todo ello le costó la vida. 
Irma Hernández Cruz fue víctima de las <a href="https://www.milenio.com/policia/cjng-y-cartel-del-golfo-pelean-por-cobro-de-piso-en-veracruz" target="_blank" rel="noopener">dos organizaciones que se disputan el norte de Veracruz</a>, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Mafia Veracruzana (responsable de su muerte), la cual es la transformación del <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/7/27/asi-opera-el-cartel-mafia-veracruzana-el-grupo-que-asesino-la-maestra-irma-hernandez-355652.html" target="_blank" rel="noopener">Grupo Sombra</a>, una unidad de sicarios que durante muchos años trabajó para el Cártel del Golfo, organización con la que al parecer rompió para crear una organización independiente. Pero también lo es de las autoridades que no enfrentaron a estos grupos criminales, sobre todo de las que se corrompieron y se volvieron cómplices de sus actos, ya que <a href="https://www.reforma.com/cobran-policias-para-la-mafia/ar3045382" target="_blank" rel="noopener">hasta la policía de algunos municipios participa en el proceso de cobro de cuotas</a>.  
Lo grave es que no se trata de un caso aislado, lo mismo pasa a muchas regiones del país en donde los taxistas, comerciantes, los agricultores, las mineras y en general las empresas, tienen a dos o más organizaciones exigiendo un pago, a cambio de protección, aunque la protección que venden es la del daño que ellos mismos pueden causar. 
Ejemplos sobran, en <a href="https://www.jornada.com.mx/2023/11/10/politica/004n1pol" target="_blank" rel="noopener">Acapulco</a> lo mismo te exigen un pago los Rusos ligados al Cártel de Sinaloa, que el Cártel Independiente de Acapulco; en <a href="https://www.milenio.com/estados/continua-guerra-templarios-cjng-apatzingan-michoacan" target="_blank" rel="noopener">Apatzingán</a> lo hacen el CJNG y las últimas células de los Templarios; en <a href="https://www.infobae.com/mexico/2024/10/15/asi-intervinieron-los-tlacos-y-los-ardillos-en-los-asesinatos-de-tres-politicos-en-chilpancingo-segun-hector-de-mauleon/" target="_blank" rel="noopener">Chilpancingo</a> los Ardillos y los Tlacos; en <a href="https://www.infobae.com/mexico/2024/06/21/asi-fue-como-el-cjng-y-el-cartel-de-sinaloa-impusieron-su-ley-sobre-las-pandillas-centroamericanas-en-chiapas/" target="_blank" rel="noopener">Tapachula</a> el Cártel de Sinaloa en su vertiente de la Mayiza y el CJNG, con una participación adicional de la Mara Salvatrucha y Barrio 18; en <a href="https://www.infobae.com/mexico/2024/01/18/cuales-son-los-carteles-con-presencia-en-fresnillo-la-ciudad-mas-insegura-del-pais/" target="_blank" rel="noopener">Fresnillo</a> el CJNG a través de Grupo Flechas de la Mayiza y el CJNG; en <a href="https://www.reforma.com/las-bandas-criminales-que-azotan-ciudad-juarez/ar2452817" target="_blank" rel="noopener">Ciudad Juárez</a> el Nuevo Cartel de Juárez a través de la Línea y de Barrio Azteca, así como el Cártel de Sinaloa a través de Gente Nueva, Mexicles y Artistas Asesinos; en <a href="https://www.milenio.com/policia/chapitos-vs-mayiza-quienes-protagonizan-sus-enfrentamientos" target="_blank" rel="noopener">Culiacán</a> a los Chapitos y la Mayiza, ambos del Cártel de Sinaloa; en <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/09/25/guerra-del-cartel-de-sinaloa-y-cjng-llega-a-los-bares-de-tijuana-asi-pelean-por-la-venta-de-droga/" target="_blank" rel="noopener">Tijuana</a> el CJNG, el Cártel de Sinaloa y lo que queda del Cártel de Tijuana; en <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2024/12/01/se-enciende-de-nuevo-guerra-entre-el-cjng-y-cartel-de-santa-rosa-de-lima-por-el-control-de-guanajuato/" target="_blank" rel="noopener">Celaya</a> el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima; así como en <a href="https://www.infobae.com/mexico/2025/06/19/asi-es-la-guerra-entre-la-familia-michoacana-y-los-mayas-por-el-control-de-morelos-segun-hector-de-mauleon/" target="_blank" rel="noopener">Cuernavaca</a> lo hacen la Familia Michoacana y los Mayas del grupo de los Rojos. 
Se enlistaron 10 ejemplos de cobro de derecho de piso cruzados en igual número de zonas urbanas del país, pero caben muchas más, no es un problema menor, ni uno que se encuentre concentrado en una región del país, además como se pudo observar, en varias de estas zonas metropolitanas, no son solo dos las organizaciones las que extorsionan, sino varias, lo que hace más complejo el problema. 
Este problema además de muertes y de una sensación de inseguridad, está provocando el cierre de muchos micronegocios y emprendimientos, porque la extorsión consume toda la ganancia y además pone en riesgo a las personas, por lo que en muchas ocasiones resulta mejor cerrar, generando así la pérdida de miles de empleos. 
Es por ello que la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno Federal y que coordina Omar García Harfuch, debe enfocarse en las siguientes tareas para enfrentar el problema de la extorsión cruzada: 
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Identificar las zonas urbanas y regiones del país en donde más de una organización criminal realiza extorsión.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perfilar las víctimas de cada grupo criminal para realizar trabajo focalizado, por ejemplo, las compañías mineras en Zacatecas o los productores de limón en Colima o los de aguacate en Michoacán.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Investigar a los cuerpos policiales que trabajan para estos grupos, para establecer estrategias para limpiar las corporaciones, al tiempo que se castigue a los elementos y políticos corruptos que participan en estos procesos.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Endurecer las medidas contra los grupos que asesinan personas o queman comercios para visibilizar sus amenazas, de forma que sea más dura la respuesta de las autoridades y que ello reduzca el riesgo letal futuro.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Comenzar los esfuerzos y el trabajo al detalle en las zonas en donde se presenta esta extorsión cruzada o en donde la extorsión se encuentra más extendida, que no necesariamente es donde se tienen más denuncias.</li>
</ol>
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Cuando la extorsión viene por dos frentes

La semana pasada Aleister Monfort publicó en Nexos un muy pertinente estudio estadístico de la elección judicial titulado <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/el-elefante-en-la-urna-la-eleccion-judicial/" target="_blank" rel="noopener">El elefante en la urna: la elección judicial</a>. El estudio analiza los resultados en 71,015 secciones electorales, y concluye que el uso de los acordeones representó una inducción al voto que no se corresponde con una contienda auténtica; es decir, el efecto de los acordeones no sólo no fue marginal -como las autoridades electorales lo quieren valorar- sino que representa un patrón sistemático que alejó la contienda de una competitividad real.
El patrón benefició a los candidatos del oficialismo y dañó estructuralmente la equidad. Finalmente, las boletas dejaron una huella en ese universo de secciones, un rastro estadístico que el estudio reconstruye y concluye que lo que hubo no fue una elección, sino que los resultados simplemente replicaron lo que los acordeones decían. Hubo regularidad estadística. Ahí están los datos.
Y, sin embargo, el día de ayer el Consejo General del INE optó, por mayoría de seis a cinco, seguir ignorando la evidencia y establecer multas ridículas a 177 candidatos. El accionar de la autoridad electoral no sólo no inhibe las irregularidades, sino que las normaliza. Es lamentable que hoy la autoridad renuncie al arbitraje, a la reconducción de un proceso que muchos vimos plagado de irregularidades. Pero hoy procurar la equidad, velar por condiciones de competencia pareja, por observar y exigir la neutralidad, no son valores que orienten a la mayoría de los consejeros.
El peso que tuvieron los acordeones en la elección fue determinante tal como lo demuestra el estudio de Monfort. Ojalá exista todavía sensibilidad democrática en el tribunal para anular el contrahecho ejercicio llamado elección judicial.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://x.com/rodmoralmanz/with_replies" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Acordeones impunes

El foco público está volcado sobre las manifestaciones de Javier el Chicharito Hernández, quien -entre otras cosas- dijo que las mujeres “están fracasando” y “están erradicando la masculinidad”, en lugar de “encarnar” su energía femenina “cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando (…) cuidando el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros, los hombres”, en un discurso que ha sido calificado, por decir lo menos, de desfavorable.
Y sí, las manifestaciones de Javier Hernández tienden a perpetuar roles de género que durante décadas se han buscado erradicar, porque nos llevan, no sólo a las mujeres sino también a los hombres, a contextos de violencia en el peor de los casos y, en el “mejor” de los casos, merman la libertad de decidir cómo se quiere vivir, independientemente del género.
Sobre el por qué es lamentable lo que dijo el Chicharito ya sobran voces. Lo que me lleva a escribir estas líneas es otra reflexión: preguntarnos como sociedad si sancionar a Javier Hernández es la mejor respuesta o no.
Al parecer ya le fue impuesta una multa y apercibimiento por parte de la Federación Mexicana de Futbol; la Comisión de Género y Diversidad anunció el inicio de una investigación formal; Chivas probablemente realice la aplicación de acciones internas, y ha habido llamados a sanciones internacionales por parte de la FIFA.
Y es aquí donde debemos pararnos en seco y repensar si sancionar al Chicharito por decir lo que piensa es la mejor respuesta o no. O si es mejor dejarlo al debate y juicio de la opinión pública. Porque cuando pasa la molestia e incredulidad de escucharlo, se vuelve ridículo y tierno en el peor de los sentidos.
El caso del Chicharito nos da la excusa perfecta para repensar qué discursos son admisibles y cuáles no, y cuál es la mejor estrategia social para dar respuesta. Se dice que la piedra angular del sistema democrático es la libertad de expresión. Dicen los que saben que el grado de democracia de un país podría medirse por el número de limitaciones que son aceptadas a la libertad de expresión. Esto, porque el ejercicio de dicha libertad es el medio para formar una opinión pública libre, lo que constituye a su vez el cimiento del pluralismo que se considera valioso en una sociedad, donde todas las ideas y expresiones son aceptadas, salvo contadas limitaciones -que mencionaré más adelante-. Es en ese mercado de las ideas<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> donde, a manera dialéctica, se expresan y forman unas buenas y otras malas y, con base en una discusión libre, se avanza y construye. Y el pluralismo de ideas, tutelado por la libertad de expresión, reconoce no sólo las ideas que nos agradan sino también aquellas que ofenden, chocan o molestan.
Limitar la libertad de expresión debe de ser excepcional y estar plenamente justificado, de lo contrario no sería libertad, sino privilegio.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> El discurso que odiamos merece tanta protección como cualquier otro. Hasta el del Chicharito.
De una u otra manera las sanciones impuestas al Chicharito son una forma de censura. Tienen un efecto inhibitorio generalizado en el ejercicio de la libertad de expresión. Y como sociedad debemos tener cuidado cuando caminamos en esa dirección o corremos el riesgo de dejar de escuchar voces disidentes al discurso mayoritario. Con ello dejará de existir no sólo la libertad, también la dialéctica necesaria para avanzar.
Esto tiene más vigencia que nunca con el ridículo grado de polarización que hemos creado. Hemos llevado al extremo la corrección de nuestras ideas, donde quien piensa diferente es el underdog, tambaléandose esa piedra angular sobre la que descansa nuestra democracia. A grado tal que aquí me tienen, escribiendo en defensa de la libertad de expresión de uno de los discursos que más me molestan: aquél que perpetúa roles de género.
Es cierto que el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites, en México los límites reconocidos son: i) el ataque a la moral, ii) la vida privada y derechos de terceros, iii) la provocación de algún delito y iv) se perturbe el orden público. ¿El discurso del Chicharito encuadra en alguno de estos límites? A mi juicio no, es un discurso con el que no estoy de acuerdo, pero no va mucho más allá.
Ahora, la cosa se pone más interesante si consideramos la doctrina del discurso de odio como límite a la libertad de expresión, y esto en palabras muy generales se refiere a aquellas expresiones que desacreditan o vilipendian a miembros de grupos tradicionalmente discriminados, estigmatizando al objetivo adjudicándole cualidades indeseables, como sería decir que todas las mujeres son tontas por el simple hecho de ser mujeres. ¿El discurso del Chicharito puede ser considerado un discurso de odio contra las mujeres? A mi juicio no. Es un discurso que perpetúa roles de género, pero el contexto no da para considerar que lo hace desde el otorgamiento de cualidades indeseables, por lo que no considero que se trate de un discurso de odio.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>
Lo que hasta aquí he venido exponiendo no significa que no pueda existir un discurso en contra de las mujeres fuera de los márgenes de la libertad de expresión que sí deba de tener consecuencias legales. Pero hay que ser cautelosos con silenciar discursos e inhibir la expresión de ideas bajo la bandera de lo que la corriente mayoritaria consideramos correcto, porque cada vez es más popular usar conceptos como herramientas políticas y de censura, sin reflexión alguna del discurso y su contexto. Como la violencia política de género, por ejemplo.
En el caso concreto del Chicharito, su discurso -por más lamentable que sea- está protegido por la libertad de expresión y es el propio mercado de las ideas el que debería juzgarlo: voces más fuertes, más pensadas y entendidas, pero no sanciones que inhiban su libertad y la de tantos otros que nos puedan llegar a incomodar.
Proteger aquellos discursos, aunque nos desagraden, y someterlos a un escrutinio público nos llevará más lejos como sociedad, que imponer sanciones que tengan como efecto callar esas voces.
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> El mercado de las ideas es una doctrina estadounidense que surge por primera vez en el voto disidente del juez Oliver Wendell Holmes al resolver el caso Abrams vs Estados Unidos resuelto por la Suprema Corte de Estados Unidos en 1919.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Carrillo Donaire Juan Antonio, “Libertad de expresión y discurso del odio: la construcción de la tolerancia”, Lección inaugural del curso académico 2015-2016 de la Universidad Loyola Andalucía, septiembre de 2015, pp. 6.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Generalmente el discurso de odio estigmatiza a su objetivo señalando un conjunto de cualidades que son vistas de forma extendida como indeseables, y como son fuertemente desaprobadas dichas cualidades, consideradas como no lo suficientemente normales, son tratados con desprecio. Por lo que las consecuencias del lenguaje del odio afectan a las relaciones de los miembros del grupo con el resto de la población.
Pérez de la Fuente Oscar, “Libertad de expresión y el caso del lenguaje del odio. Una aproximación desde la perspectiva norteamericana y la perspectiva alemana”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, número 21, 2010, ISSN: 1138-9877, pp. 92.

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