La migración no es el problema, es el síntoma
En México solemos hablar de “crisis migratoria” como si el problema fuera el movimiento de personas. Pero la migración no es la raíz: es la consecuencia visible de algo más profundo. Lo que enfrentamos hoy es una crisis de protección sostenida, donde la violencia, la impunidad, la pobreza, el cambio climático y la falta de oportunidades obligan a miles de familias a abandonar sus hogares.
México es hoy país de origen, tránsito, destino y retorno. Aquí convergen el desplazamiento forzado interno —personas mexicanas que huyen de sus propias comunidades— y la llegada de población extranjera en busca de asilo o protección internacional. A ello se suman miles que quedan varadas en ciudades fronterizas, que permanecen durante meses o incluso años a la espera de una resolución migratoria, o que regresan sin haber alcanzado su destino.
El desplazamiento forzado interno ha aumentado de forma alarmante. En 2024 se registraron al menos 28 900 nuevos desplazamientos internos en México, un incremento del 129 % respecto a 2023, de acuerdo con el informe Travesías forzadas: desplazamiento interno en México 2024, elaborado por el ACNUR. El documento advierte además que la cifra acumulada de personas desplazadas internas por violencia en el país supera las 390 000, una estimación consistente con los registros del Internal Displacement Monitoring Centre, ante la ausencia de un registro oficial nacional consolidado. Pero incluso estas cifras se quedan cortas: el desplazamiento en México suele ser silencioso, fragmentado y no registrado. Muchas familias se van antes de que ocurra el hecho violento, como medida preventiva. Se van para no esperar a que la amenaza se concrete.
Cuando el miedo se vuelve cotidiano, quedarse deja de ser opción.
Vivir en pausa
A la par del desplazamiento interno, el sistema de asilo en México enfrenta un cuello de botella crítico. En 2024 se registraron casi 80 000 solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), manteniéndose entre los 10 países con más peticiones en el mundo. Esa alta demanda, junto con limitaciones presupuestales y de capacidad operativa, ha generado demoras prolongadas en la atención y resolución de casos. La espera extendida se convierte en una forma de vulnerabilidad para las personas solicitantes y quienes buscan protección internacional.
En el sur del país, ciudades como Tapachula concentran a miles de personas que permanecen meses —incluso años— sin documentos, sin empleo formal y con servicios saturados. En el norte, Tijuana o Reynosa enfrentan dinámicas atravesadas por secuestro, extorsión y control territorial de grupos criminales. En la Ciudad de México, aunque existe mayor oferta institucional, persisten obstáculos como la discriminación, la saturación de servicios y las dificultades para acceder a derechos básicos.
En todo el país, la falta de documentación funciona como una barrera que lo condiciona todo. Sin papeles no hay empleo formal ni acceso pleno a la salud ni continuidad educativa. Sin reconocimiento legal, muchas personas desplazadas internas quedan fuera de políticas públicas específicas. El resultado es un limbo prolongado que erosiona derechos y dignidad.
En medio de esta crisis, las niñas, niños y adolescentes no son un grupo más: son quienes enfrentan los impactos más profundos y duraderos.
Para niñas, niños y adolescentes, el desplazamiento forzado no es solo cambiar de casa: es perder la escuela, las amistades y las redes que sostienen la vida cotidiana. Es ver interrumpido su proceso educativo en etapas decisivas y tener que adaptarse a entornos inseguros, donde la violencia, la explotación o el reclutamiento forzado no son amenazas abstractas, sino riesgos concretos.
Adolescentes entre 13 y 17 años están particularmente expuestos al reclutamiento por grupos criminales. Muchas familias deciden huir precisamente para evitar que sus hijas o hijos sean forzados a integrarse a dinámicas violentas. Migrar es una estrategia de supervivencia.
Las niñas y adolescentes enfrentan riesgos adicionales de violencia sexual y explotación, agravados por la falta de documentación y la movilidad constante. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ viven altos niveles de violencia basada en género y discriminación, especialmente en contextos de tránsito y asentamientos informales.
El impacto en la salud mental es otro rostro de esta crisis. En nuestro trabajo directo con niñas, niños y adolescentes en movilidad hemos observado un aumento sostenido en la demanda de atención psicológica y acompañamiento psicosocial. El estrés prolongado, la incertidumbre jurídica y el miedo a la violencia dejan huellas profundas, especialmente en la niñez. No se trata solo de experiencias vividas en el lugar de origen, sino también del desgaste emocional que produce la espera y la falta de certezas.
Necesidades que crecen, respuestas que no alcanzan
Las necesidades humanitarias no disminuyen; se transforman y, en muchos casos, aumentan. Sin embargo, la capacidad de respuesta no siempre crece al mismo ritmo. Los recortes presupuestales al financiamiento humanitario —incluidos los fondos destinados a organizaciones de la sociedad civil que brindan atención directa— obligan a priorizar intervenciones esenciales en un contexto donde la demanda supera con creces los recursos disponibles. Esto no reduce la crisis: simplemente traslada el costo a las niñas y niños más vulnerables.
La brecha entre necesidades y respuesta no solo afecta a quienes se desplazan. También impacta a las comunidades receptoras, que comparten entornos de inseguridad y servicios limitados. Cuando no hay políticas públicas robustas y coordinadas, la tensión social aumenta y la cohesión se debilita.
Si esta crisis de protección sigue sin una respuesta integral y sostenida, el riesgo es normalizar el desplazamiento silencioso y perpetuar generaciones con rezagos educativos, afectaciones psicosociales y oportunidades truncadas.
En Save the Children hemos aprendido que hablar de movilidad sin hablar de niñez es dejar fuera el corazón del problema. Nuestro trabajo se enfoca en mantener servicios esenciales de protección infantil, salud, nutrición y apoyo psicosocial en ciudades clave del sur, centro y norte del país.
Esto supone acompañar casos individuales de niñas y niños en riesgo; crear espacios seguros móviles donde puedan jugar y recuperar cierta normalidad; brindar orientación legal a familias que enfrentan un laberinto administrativo, y ofrecer asistencia en efectivo multipropósito, un apoyo económico directo que les permite decidir cómo cubrir sus necesidades más urgentes —pagar una renta para no dormir en la calle, comprar alimentos o costear medicamentos y transporte—. En contextos de desplazamiento, donde cada familia enfrenta realidades distintas, este tipo de apoyo devuelve algo esencial: la capacidad de elegir. También entregamos kits de higiene, alimentación, educación, salud menstrual y protección para familias desplazadas, insumos básicos que pueden marcar la diferencia entre la supervivencia precaria y condiciones mínimas de dignidad.
El país que decidimos ser
Es fácil caer en narrativas que reducen la migración a decisiones individuales o a cálculos económicos. Pero cuando escuchamos las historias completas, entendemos otra cosa. Entendemos que muchas personas migran porque quedarse significa arriesgar la vida.
Migrar significa dejar atrás el hogar, la lengua, los afectos y los recuerdos. Supone aceptar la incertidumbre como compañera de viaje y enfrentarse a peligros en el camino, así como a la posibilidad de no ser recibido con dignidad.
Para quienes se desplazan dentro del país, el dolor no es menor. Huir de la propia comunidad, sabiendo que quizá no se podrá regresar, también fractura identidades. No hay nada sencillo en abandonar la tierra donde creciste. Reconocer esto no significa ignorar los retos que la movilidad plantea. Significa abordarlos desde la empatía y la evidencia, no desde el prejuicio.
México no enfrenta una crisis localizada ni temporal. Enfrenta una crisis de protección que exige respuestas coordinadas, sostenidas y centradas en derechos. Necesitamos fortalecer el sistema de asilo, reconocer formalmente el desplazamiento interno, agilizar la documentación, ampliar servicios de salud mental y garantizar continuidad educativa para niñas y niños en movilidad.
Pero también necesitamos algo más profundo: cambiar la conversación. La pregunta no es si la migración continuará. La pregunta es cómo decidimos responder: con indiferencia o con humanidad.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook: @SavetheChildrenMexico, Twitter: @SaveChildrenMx, Instagram: @savethechildren_mx.
El exmandatario alega ser inocente, mientras a las afueras de la Corte se congregaron manifestantes a su favor y una fuerte presencia policial.
Prisión de por vida.
Esa es la sentencia que un tribunal dictó contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue declarado culpable de abuso de poder y de planificar una insurrección en Corea del Sur.
En diciembre de 2024, el exmandatario declaró la ley marcial e intentó usar a las fuerzas armadas para ejercer control en el país.
Su intento de golpe duró sólo seis horas, pero puso a prueba la democracia y causó una crisis política, con su partido siendo derrotado en las elecciones siguientes.
En enero, los fiscales dijeron que “la ley marcial de emergencia, inconstitucional e ilegal de Yoon, socavó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral… destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático”.
La pena máxima por organizar una insurrección en Corea del Sur es la condena a muerte o cadena perpetua. El Ministerio Público había solicitado la primera.
Durante la audiencia hubo una enorme presencia policial, así como manifestaciones en apoyo al político, en una muestra de lo polarizada que está la sociedad surcoreana en torno a este caso legal.
La ley marcial que declaró Yoon suspendía el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos, e imponía la censura a los medios de comunicación.
Él niega los cargos en su contra.
En el juicio, según la agencia de noticias Reuters, el también exfiscal argumentó que tenía autoridad presidencial para declarar la ley marcial y que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos contrarios a su administración.
Yoon ya está cumpliendo condena por otra sentencia relacionada con la ley marcial. Aún enfrenta dos juicios más relacionados con ella.
¿Quién es Yoon Suk-yeol?
Nacido en Seúl en 1960, Yoon ganó notoriedad en el país gracias a una larga carrera de fiscal en la que se ocupó de algunos casos destacados de corrupción, como el que salpicó en 2016 a la entonces presidenta Park Geun-hye.
Presentándose como un azote contra los delitos contra el patrimonio público y un “antifeminista” en un momento en el que la sociedad surcoreana parecía muy dividida en torno a cuestiones de género, Yoon desembarcó en la política y fue el candidato del conservador Partido del Poder Popular en las elecciones de 2022.
En los comicios, el político derrotó por un margen inferior al 1% a su rival Lee Jae-myung, del izquierdista Partido Democrático.
Yoon se benefició del rechazo generalizado a la gestión anterior de Mon Jae-in, del Partido Democrático, y alcanzó la presidencia tras una campaña centrada en sus promesas de combatir la corrupción.
El voto de los jóvenes varones atraídos por sus promesas de frenar lo que Yoon considera excesos feministas fue otra de las claves de su victoria electoral.
Según le dijo a la BBC Don S. Lee, profesor de Administración Pública de la Universidad Sungkyunkwan, en Seúl, había “grandes esperanzas” entre sus votantes de que el nuevo gobierno liderado por Yoon “perseguiría valores como la ética, la transparencia y la eficiencia”.
Pero esas expectativas se vieron en gran medida defraudadas por los escándalos en los que se vio envuelto el gobernante y sus allegados.
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