
Imaginemos un partido de futbol en el que, de un lado, compiten varios países de América Latina y el Caribe. Cada jugador representa a un Estado. Del otro lado se encuentra el equipo de los derechos humanos, integrado por personas sin nacionalidad específica. Suena el silbatazo inicial y, casi de inmediato, comienzan a suceder cosas extrañas.
En el instante mismo en que arranca el encuentro, el estadio empieza a inclinarse lentamente, de forma casi imperceptible, a favor del equipo latinoamericano. Al principio nadie lo advierte y el juego continúa como si nada.
De pronto, uno de los jugadores del bando de América Latina pide salir unos minutos para cambiarse la camiseta. Cuando regresa, en el pecho ya no lleva el nombre de su país, sino el del “populismo punitivo”. El equipo de derechos humanos, desconcertado, reclama al árbitro. No obtiene respuesta. El partido sigue y, poco después, desde su banca notan que la inclinación del estadio ya es evidente. Vuelven a protestar. Otra vez son ignorados.
Hay algo más: con el estadio lleno, la mayoría de la afición aplaude el juego desigual en favor del adversario de los derechos humanos. No solo celebra las ventajas obtenidas fuera de las reglas; tampoco protesta por las faltas que se cometen y no se sancionan.
Los goles en contra de derechos humanos no tardan en llegar. Cada anotación repite el mismo ritual: el jugador que marca se ha cambiado previamente la casaca. Termina el primer tiempo y el marcador ya es 6–0 a favor del equipo latinoamericano del populismo punitivo.
En el descanso, en el vestidor, el equipo de derechos humanos no logra diseñar una estrategia distinta frente al embate desigual. Regresa al campo con el mismo planteamiento. Entonces descubre que el árbitro también ha cambiado de uniforme: ahora viste los colores del equipo latinoamericano del populismo punitivo.
El partido concluye 11–0. La cancha ha quedado completamente inclinada. La mayoría del público celebra el resultado. El equipo de derechos humanos se retira sin haber modificado la alineación ni la estrategia.
Con el Mundial de futbol como telón de fondo, imaginé esta metáfora después de entrevistar a especialistas de México, El Salvador, España, Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina y Colombia en la serie El populismo punitivo en mi país (grabaremos además Guatemala, Honduras y Ecuador).
El estadio se inclina porque las reglas del juego cambian cada día, empujadas por el populismo punitivo. El arbitraje no marca las faltas porque la justicia abandona progresivamente su función de salvaguarda constitucional. Cada jugador se cambia la camiseta porque la clase política, en un número creciente de países, prefiere la rentabilidad electoral del castigo y la prisión a la construcción de seguridad ciudadana con derechos humanos. Mientras tanto, el sector de los derechos humanos se desgasta intentando anotar en una cancha que se ha convertido en una pendiente casi imposible.
Peor aún: las mentes desde donde deberían surgir nuevas estrategias —tanto en la dirigencia como en el propio equipo de los derechos humanos— parecen paralizadas, repitiendo jugadas pensadas para un terreno de juego que ya no existe. El desconcierto se profundiza cuando desde las gradas se aplaude con mayor entusiasmo el desmoronamiento de las reglas que conocíamos, exactamente como ocurre bajo un estado de excepción.
No, el populismo punitivo no gana porque construye mayor seguridad. Ocurre más bien lo contrario. Como explican especialistas de varios países en la serie del pódcast, el endurecimiento penal montado sobre el miedo provoca daños masivos a la integridad, al patrimonio, a la vida y a los derechos fundamentales en general, y puede incluso detonar nuevas formas de violencia, tanto estatal como privada, que antes no existían o no tenían esa intensidad.
El ADN del populismo punitivo no es la seguridad: es la rentabilidad política extraída de la manipulación del miedo. Quien gana es quien siembra más miedo y quien pierde es toda persona dominada por el mismo, al punto de ceder el ejercicio de sus propios derechos.
El juego ahora está en la disputa ante la construcción del miedo. Es otra cancha y sin otras estrategias a favor de los derechos humanos, el partido está de antemano perdido por goliza.

Torres murió el viernes, a los pocos días de que un juez le reconociera a su padre el derecho a permanecer en Estados Unidos.
El 17 de octubre de 2025, Ofelia Torres salió del hospital donde se encontraba lidiando con un cáncer terminal para pasar el fin de semana con su familia.
Al día siguiente, su padre, Rubén Torres, fue detenido por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) a la salida de un almacén de materiales de construcción en Niles, un suburbio de Chicago.
Con apenas 16 años y a pesar de su enfermedad, Ofelia emprendió una ardua lucha para conseguir su liberación y evitar su deportación.
A través de sus redes sociales, contó su historia, recogió fondos para pagar abogados y denunció las irregularidades de la detención de su padre.
Rubén, migrante mexicano indocumentado con más de 20 años en EE.UU., fue liberado bajo fianza dos semanas después, luego de que una jueza concluyera que se le habían violado sus derechos. Y pudo pasar los últimos meses de vida de Ofelia junto a ella, quien falleció el viernes pasado.
“Ofelia pudo celebrar este respiro junto a su familia, pero trágicamente falleció tras una dura batalla contra el cáncer”, informó el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, en su cuenta de X.
Al expresar sus condolencias a la familia, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, señaló: “no hay palabras para describir la valentía de Ofelia Torres ante la injusticia. Su coraje se convirtió en un símbolo de fortaleza en un momento en el que incluso los más fuertes se habrían rendido”.
La lucha de Ofelia por la liberación de su padre comenzó con un video que publicó en sus redes sociales apenas horas después de la detención del hombre.
“En algún momento de hoy, [mi padre] fue detenido por el ICE en Home Depot. Por ahora, no tenemos ninguna información […] Solo sabemos que su auto se quedó en el parqueadero”, decía mientras mostraba imágenes de la camioneta de su padre con la ventana del copiloto rota.
Para ese momento, Ofelia llevaba 10 meses diagnosticada con rabdomiosarcoma etapa 4, un tipo de cáncer poco común que afecta a los tejidos blandos que sostienen y conectan los órganos del cuerpo.
El tratamiento había dejado de funcionar y estaba hospitalizada indefinidamente, aunque había obtenido el permiso de ir a casa durante ese fin de semana de octubre.
En el video, Ofelia relató que, durante su estadía en el hospital, su padre se había convertido en el cuidador principal de su hermano menor.
“Es una persona muy trabajadora que se levanta temprano por la mañana y va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia”, explicaba. “Me parece muy injusto que las familias inmigrantes trabajadoras sean objeto de ataques solo por no haber nacido aquí.
“Los inmigrantes son seres humanos con familias y que merecen ser tratados con amor y respeto, como cualquier otra persona”, concluía Ofelia en su video, que fue visto por decenas de miles de personas y despertó una ola de solidaridad.
Más tarde, durante ese mismo día, Ofelia informó que pudo hablar con su padre y conoció detalles de la forma en la que fue detenido.
Según relató en sus historias de Instagram, su padre iba saliendo de Home Depot cuando los agentes del ICE lo llamaron por su nombre. Él intentó ignorarlos, se subió a su auto y lo cerró con llave.
Entonces, uno de los agentes rompió la ventana parar entrar a la fuerza al auto y otro amenazó con un arma a Rubén.
La cadena de almacenes de materiales de construcción y electrodomésticos Home Depot se ha convertido en un foco habitual de las redadas migratorias, porque a menudo allí se encuentran migrantes indocumentados que trabajan en la construcción.
En los días siguientes a la detención, Ofelia denunció que su familia no sabía dónde se encontraba su padre.
“Cuando llamo a preguntar dónde está, la llamada se corta antes de que me conecten con un operador”, señaló, y agregó que la ubicación de su padre tampoco se veía reflejada en la página web del ICE, como establece el protocolo.
“No quieren que sepa dónde está mi padre, pero lo voy a encontrar”.
A través de la profesora que le daba clases en casa mientras seguía su tratamiento contra el cáncer, Ofelia creó una campaña en GoFundMe para costear los gastos legales del proceso.
En sus respuestas sobre el caso a medios estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que Rubén había cometido varias infracciones de tránsito y que trató de huir en su vehículo al momento de la detención.
Dos semanas después de su arresto, Rubén Torres fue liberado por una jueza que concluyó que se le violaron sus derechos al no tener una audiencia de fianza.
Las audiencias de fianza son un procedimiento que se debe realizar poco después de la detención y que le permite al detenido solicitar su liberación mientras su caso es procesado.
Han sido un punto álgido de la discusión de política migratoria reciente en EE.UU., al punto que el pasado 6 de febrero una corte de apelaciones falló a favor de la postura del gobierno de Trump de que los migrantes no deben tener una audiencia de fianza luego de su detención.
Rubén, sin embargo, alcanzó a ser beneficiado. Y la jueza que revisó su caso no solo le dio la libertad, sino que estableció que el padre de Ofelia podía pedir que se cancelara su deportación por las consecuencias que tendría para su familia qué él abandonara el país.
Los medios estadounidenses mostraron el momento en que se reencontró con su hija, su hijo y su esposa en su casa al volver del centro de detención en Indiana en el que estuvo recluido.
Tres días antes de la muerte de Ofelia, un juez ratificó que Rubén tiene derecho a que se le cancele su orden de deportación. Eso abre la puerta a que pueda permanecer legalmente en EE.UU. y eventualmente ser ciudadano.
Ofelia se conectó virtualmente a la audiencia en la que se anunció la decisión.
Este domingo, tras conocerse la noticia de su muerte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, homenajeó a la adolescente.
“Me uno a los habitantes de Chicago en toda nuestra ciudad para lamentar la muerte de Ofelia Torres, una joven que luchó por su padre y por su familia”, señaló.
“Su valentía frente a fuerzas poderosas diseñadas para avivar el miedo, la incertidumbre y la división nos muestra quiénes somos en nuestra mejor versión: compasivos sin condiciones, firmes en nuestro compromiso con la justicia y valientes a pesar de todas las adversidades”, agregó.
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