Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos.

Ruta Crítica

Sin categoría

La reciente “discusión” sobre la autonomía de la Fiscalía General de la República, a propósito del relevo de su titular, dejó al descubierto con nitidez el lugar en el que nos encontramos frente a la ley. La posibilidad real de que la FGR —o cualquier fiscalía del país— sea autónoma depende de una pregunta mucho más amplia y profunda: ¿cómo entendemos la ley en México?
La reciente discusión sobre la autonomía fue extraordinariamente sintomática. Lo que se debatió no son los mecanismos institucionales que podrían garantizarla, sino la confianza —o desconfianza— depositada en la persona que encabeza la institución. Ahí se desnuda el fondo del problema: nuestra relación con la ley se construye a partir de atributos personales, no institucionales. Escuché decenas de comentarios y debates en torno a la designación de la nueva titular de la FGR, y ni una sola vez apareció la pregunta por los mecanismos, las bases orgánicas o los controles capaces de fortalecer —o incluso hacer posible— la autonomía. La pregunta, sencillamente, no emerge.
Esta inclinación es masiva; los medios y las redes digitales hacen exactamente lo mismo. Me resulta familiar porque durante décadas hemos trabajado en el fortalecimiento de controles institucionales internos y externos en las instituciones policiales, y la resistencia es idéntica. Mientras resulta extraño —casi incomprensible— hablar de candados institucionales que limiten la arbitrariedad, es perfectamente común depositar todas las expectativas en el perfil de quien encabeza a la institución.
Este fenómeno tiene un trasfondo cultural profundo. La construcción de la ley en nuestra convivencia no descansa en el consenso de su indisponibilidad. No hemos logrado un acuerdo político y social que reconozca a la ley como una herramienta que no puede ser manipulada. Por el contrario, nuestra convivencia se organiza como una disputa permanente —política y social— entre macro y micropoderes que compiten por utilizar la ley bajo criterios políticos de oportunidad. En términos simples: quien puede usar la ley, la usa.
Esto ocurre de manera transversal, tanto en ámbitos públicos como privados, e incluso atraviesa los sistemas de regulación informal. A este fenómeno lo he llamado la insoportable igualdad: nos resulta intransitable la idea de que existen límites indisponibles que nos igualan a todas las personas. En su base reside una construcción cultural del poder como algo esencialmente ilimitado. Si el poder no reconoce límites, entonces el Estado de derecho se vuelve una quimera.
Una quimera escondida detrás de pomposos rituales de formalidad. Existe un desdoblamiento profundo entre el discurso y las imágenes que aparentan cohesionarnos en torno a la ley, por un lado, y la práctica cotidiana, por el otro, donde el aprendizaje real se da en el entrenamiento constante para disputar el macro y el micropoder.
Si por autonomía de una fiscalía entendemos que esa institución ajusta su actuación a la ley por encima de cualquier otro criterio, entonces en México no existe el contexto que lo haga posible. Peor aún: el criterio de oportunidad política provoca que “todo el peso de la ley” caiga solo cuando conviene a quien detenta el poder de usarla. El poder político, así entendido, es poder usar la ley por motivos políticos.
Hace bien un ejercicio de franqueza en este fin de año. Se discuten los atributos de las personas y no los de las instituciones porque, en el fondo, nadie cree realmente que los mecanismos orgánicos de control puedan operar por encima de la voluntad de quienes ejercen el poder. El sustrato cultural de esta desconfianza se revela cuando alguien “en corto” describe como una oportunidad perdida -una estupidez, digamos- el hecho de que una persona haya respetado una norma, pudiendo pasar por encima de ella en su propio beneficio -¿quién no lo ha pensado, dicho o escuchado?-.
Si esto es cierto, entonces esperar fiscalías autónomas aquí es tan absurdo como pretender que de un huerto de uvas broten tomates. Las fiscalías manipuladas no son la anomalía: son el síntoma de un contexto que hace imposible su autonomía.

Autonomía de las fiscalías en México: ¿culturalmente imposible?

Hace casi cuatro décadas, el doctor José Arturo Yáñez —uno de los pioneros en la investigación académica sobre seguridad pública en México— afirmaba que en nuestro país las secretarías del ramo son, en realidad, secretarías de policía. La <a href="https://open.spotify.com/episode/5dHq7XebQtRvnYiNUhx8Ev?si=dd124f32070c45d5" target="_blank" rel="noopener">reciente conversación entre Omar García Harfuch y Denise Maerker</a> me lo recordó. Diferenciar una política de seguridad pública de una política estrictamente policial sigue siendo en México un pendiente generalizado -si bien las excepciones locales emergen-.
Una persona promedio, según mi experiencia, identifica seguridad con policía: si no hay seguridad, es porque la policía no funciona, y viceversa. Esta asociación automática es resultado de la casi nula pedagogía política y social en la materia. Recién conocí un estudio de mercado sobre la oferta de formación en seguridad ciudadana en el país: es raquítica. Y peor aún —muestra esta investigación— lo es más cuando se trata de seguridad desde el enfoque preventivo, es decir, justamente la perspectiva que define a la seguridad ciudadana.
En comparación internacional, México se ha rezagado entre tres y cuatro décadas respecto de América Latina y más de medio siglo frente a democracias consolidadas que superaron la visión de “policías y ladrones”, para asumir la seguridad ciudadana como la construcción multidimensional / multiagencial de este atributo esencial de los regímenes democráticos.
Durante años hemos hecho un experimento: cada vez que una figura pública habla de “seguridad integral”, buscamos qué quiere decir. La mayoría de las veces —por más de veinticinco años— casi no encontramos respuesta de representantes gubernamentales o partidistas. Aún hoy, por increíble que parezca, todo indica que en esos espacios no existen incentivos para revisar, siquiera superficialmente, la vasta producción de conocimiento sobre seguridad ciudadana.
La resistencia institucional al aprendizaje fue evidente con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), lanzado en 2013 por el gobierno de Peña Nieto. Era la primera herramienta de Estado en su tipo, pero resultaba difícil encontrar operadores que conocieran el programa; además, <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-blog-de-causa-en-comun/adios-pronapred-y-luego" target="_blank" rel="noopener">dejó de recibir recursos en 2017</a>. En realidad, pocas personas creyeron en él, y trascendió informalmente que su descrédito entre tomadores de decisión se relacionaba con los tiempos de maduración de las políticas preventivas -en ocasiones mayores a un periodo de gobierno- y su escaso impacto en términos de imagen pública.
Con López Obrador, como explica el investigador Luis Astorga, lejos de una política de seguridad propiamente dicha, predominó una consigna vacía: “abrazos, no balazos”, acompañada de otra igualmente imprecisa: “atender las causas de la violencia”.
En el gobierno de Claudia Sheinbaum, la idea de “atención a las causas” permanece en el centro del discurso presidencial. Sin embargo —al menos hasta ahora— sigue sin mostrarse evidencia empírica que vincule las acciones del gobierno con reducciones de las violencias y la delincuencia comprobables con evaluación de impacto, como ha ocurrido con todos los gobiernos que de alguna manera han apelado al concepto de prevención.
Como señalé en mi <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/ruta-critica/geografias-de-la-crueldad-el-otro-mexico" target="_blank" rel="noopener">texto anterior</a>, la evidencia empírica revela territorios donde convergen violencias crónicas: homicidio, juvenicidio, feminicidio, desaparición, desplazamiento y violencia letal contra líderes políticos, religiosos y sociales defensores de derechos. La pregunta permanece —y lo hará hasta que sea respondida mediante métodos científicos y técnicas adecuadas—: ¿qué hace cada dependencia federal para reducir esas violencias y la delincuencia? Las respuestas políticas ya las sabemos: la consistencia del autoelogio es perfecta ya por décadas; las respuestas técnicas no.
Desde esta perspectiva, la importancia de la conversación entre García Harfuch y Maerker reside más en lo que no se dijo que en lo que se dijo. Nadie duda de la relevancia y la urgencia de perseguir, acusar, procesar y condenar a responsables de delitos. Esa es la tarea apagafuegos. Lo que faltó fue discutir la reingeniería necesaria para evitar más incendios en un país donde la seguridad sigue siendo una atribución difusa montada, al menos hasta hoy, en el pacto federal. ¿Qué le toca a cada orden de gobierno, al menos en los ejes generales? ¿Cómo responde el Gobierno Federal al saber generalmente aceptado y documentado en América Latina, según el cual las mejores prácticas están en los municipios, por cierto, ni siquiera mencionados por el funcionario en la entrevista?
Faltó en estricto sentido hablar de la política nacional de seguridad ciudadana, precisamente la formalmente encabezada por el secretario.

Lo que faltó en la conversación entre García Harfuch y Denise Maerker

Durante las Jornadas por la Reducción de la Violencia Homicida transitamos por múltiples territorios del país convertidos en geografías de la crueldad. Escuchamos a más de treinta y cinco especialistas dedicados a descifrar las violencias y la delincuencia a nivel local. Las sesiones trazaron historias que colisionan con el relato oficial según el cual la privación de la vida disminuye aceleradamente.
Algo no cuadra. Si los homicidios —y prácticamente todos los delitos de alto impacto— descienden con rapidez, ¿por qué la evidencia muestra territorios donde se entretejen violencias crónicas que, lejos de contraerse, se expanden?
¿Menos homicidios y más desapariciones y fosas clandestinas? 
¿Menos homicidios y más personas buscadoras asesinadas, más ataques contra integrantes de órdenes religiosas, más periodistas ultimados y más mujeres muertas por arma de fuego desde la infancia hasta la vida adulta? 
¿Menos homicidios y mayor reclutamiento de jóvenes para el sicariato? 
¿Menos homicidios y expansión urbana y no urbana de la violencia letal? 
¿Menos homicidios y más armas de fuego de fácil acceso, aligeradas para ser manipulables por niñas y niños? 
¿Menos homicidios y más desplazamiento forzado precedido precisamente por la amenaza letal? 
¿Menos homicidios y más cuerpos acumulados en servicios forenses y fosas comunes?
Las Jornadas documentaron casos de manipulación de registros oficiales, disputas entre estados por la contabilidad de cadáveres y desapariciones que no se reportan. Todo ello atravesado por una confirmación: la impunidad opera como condición estructural con niveles abrumadores. Cuando las investigaciones existen, suelen detenerse en los autores materiales sin alcanzar a los intelectuales.
Los relatos que cartografían estas geografías de la crueldad revelan un trasfondo institucional que oscila entre la incompetencia, la negligencia y la captura por redes criminales.
Estamos preparando un documento de síntesis analítica de todas las sesiones. Por lo pronto, es posible consultar las conferencias y paneles: el <a href="https://youtu.be/Uu3d80UuQ74)" target="_blank" rel="noopener">primer día</a> en la Ibero CDMX, el <a href="https://youtu.be/6vDDnOHy-bE" target="_blank" rel="noopener">segundo</a> en El Colegio de México y el <a href="https://youtu.be/GPfNLYNTLvc" target="_blank" rel="noopener">tercero</a> en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, en sesión coordinada por México Evalúa.
Hay un país en el relato oficial, donde las muertes violentas se cuentan a la baja. Y existe otro país en los territorios donde dejar los homicidios en la impunidad ha convertido a la violencia letal en un nodo organizador de violencias múltiples y continuas. Ocurre, por ejemplo, cuando alguien que huyó para evitar ser asesinado cruza rutas controladas por el crimen, es atacado y reclutado, sometido a trabajo forzado en el sicariato y, finalmente, condenado a la dicotomía de matar o morir, hasta terminar asesinado.
Ese es el México de las geografías de la crueldad.

Geografías de la crueldad: el otro México

Quien priva de la vida a otra persona, sin consecuencias legales, impone una práctica sobre una norma. Quien usa la violencia homicida de manera sistemática y tampoco enfrenta consecuencias impone, además, un orden. La normalización del homicidio equivale a la implantación de un sistema de poder. La regularidad de la privación de la vida de unas personas a manos de otras habilita una disputa premoderna entre poderes salvajes, para usar el concepto del jurista Luigi Ferrajoli.
Nuestras preguntas ya no tienen que ver con la comprobación de la violencia homicida como un medio regularmente accesible en la disputa, gestión y distribución de poderes criminales -eso ya lo sabemos-, sino con la profundidad, complejidad y diversidad del impacto de esa violencia en la manera como se constituye la “nueva cotidianeidad”.
Ya no nos preguntamos si asesinar es un recurso accesible, sino cómo ello configura y reconfigura nuestra existencia personal, familiar, comunitaria, y cómo transforma el significado mismo de nuestra identidad social.
¿En qué condiciones nos encontramos cuando somos habitados por el vaciamiento del valor de la vida para centenas de miles de personas victimarias y centenas de miles de víctimas? ¿Qué sociedad es aquella que se amputa a sí misma a través de la muerte violenta en los más atroces formatos, propios incluso de estrategias de exterminio?
Algo anda muy mal cuando el relato oficial del homicidio intencional se achica, mientras el relato no oficial donde unas personas disponen masivamente de los cuerpos y las vidas de otras, se agranda hasta desbordar la historia del día, cualquier día.
¿Dónde se ejerce la violencia homicida? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Y cómo se fabrica su tolerancia? Las preguntas abundan, pero una certeza se impone: están emergiendo órdenes políticos, institucionales, sociales, culturales y económicos, donde la preeminencia de ciertos poderes sobre otros incluye gestionar la vida y la muerte, a la manera de mercancías tragadas, procesadas y escupidas como meros despojos, a veces embolsados, a veces no. Identificamos nodos de violencia estructural donde la vida se convierte en parte del capital disponible para esos poderes salvajes.
Más de 35 personas especialistas han sido llamadas por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX, el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México y el centro de pensamiento México Evalúa, para contribuir a descifrar la violencia homicida, el feminicidio, el juvenicidio, el reclutamiento criminal, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el homicidio contra líderes políticos y sociales y la dimensión homicida de la violencia urbana.
Si ya de por sí esta combinación de fenómenos sacude, proyectarla hacia el futuro sacude aún más. La auto reproducción de estas violencias se alimenta en gran medida de un Estado y de ofertas políticas cuyo principal aprendizaje ha sido sumar fuerza a un recurso de enorme rentabilidad electoral: el populismo punitivo. Una política criminal que acelera el salto al vacío de la mano de regímenes de excepción que erosionan, aún más, el ya frágil soporte constitucional de derechos.
Donde hay poder, siempre hay resistencia, enseñó Michel Foucautl. Hanna Arendt entendía la resistencia como un medio para impedir que el poder se funde en miedo y violencia. Desde esta universidad, enseñamos nuestra legítima resistencia que, inspirada en las palabras de nuestro rector, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., “no admite neutralidad ante los dispositivos de muerte”.
Las jornadas por la reducción del homicidio se llevarán a cabo los días 26 a 28 de noviembre y serán íntegras transmitidas por el <a href="https://www.youtube.com/live/Uu3d80UuQ74" target="_blank" rel="noopener">canal de YouTube</a> de la Ibero Ciudad de México.
<a href="https://bsky.app/profile/ernestolpv.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">@ernestolpv.bsky.social</a>

¿Cómo nos reconfigura la violencia homicida? Decenas de especialistas responden

Debí prestar más atención cuando, en 1990, leí aquel material antropológico argentino que explicaba cómo las personas dedicadas a la seguridad ciudadana —y en particular a la reforma policial— suelen ser menospreciadas desde la academia. No estaba preparado entonces para entender el profundo significado de esa advertencia. Con el tiempo lo fui descifrando y ahora la historia parece colocar en su sitio las consecuencias de ese desprecio, no tanto de la academia, sino de la cultura política hegemónica respecto de la reforma del sector seguridad.
Las reacciones en aparente efecto bola de nieve tras el asesinato de Carlos Manzo podrían tener, en el telón de fondo, el cobro de una factura largamente acumulada en un país que durante décadas se ha autodefinido como democrático, pero que aún hoy no ha conciliado un compromiso de Estado con la seguridad que pueda calificarse en rigor como democrático.
En una democracia, la policía opera sobre cuatro estándares generalmente aceptados en la literatura internacional: atención prioritaria a la ciudadanía, respeto a la ley, respeto a los derechos humanos y transparencia. Estos principios pueden extrapolarse a las políticas de seguridad democráticas. Parecía que México los asumiría como parte de las llamadas reformas de Estado durante la transición democrática. Cuando en 1994 se incorporaron a la Constitución los principios de actuación policial —legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez— y además se aprobaron las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo indicaba que la gran transición incluiría también la reforma democrática de la seguridad.
Nunca olvidé aquella advertencia argentina, pero debí valorar más su importancia cuando comprobamos que los múltiples logros en la distribución y el control del poder público no dialogaban con nuestra pregunta central: ¿cómo equilibrar el poder y el control en el ámbito de la seguridad? Quizá debimos encender una alerta mayor cuando nuestra insistencia —señalando que ningún régimen constitucional de derechos podría sostenerse sin lograr ese equilibrio— era relegada en cada conversación formal o informal. Era como si no nos pidieran callar, pero no supieran qué hacer con lo que decíamos.
La contradicción tarde o temprano se volvió evidente. La prometida profesionalización de las políticas e instituciones de seguridad no se cumplió para la inmensa mayoría del país, porque todas las fuerzas políticas prefirieron sumarse a la opción electoralmente más rentable: el populismo punitivo. Calderón aceleró la auto reproducción de la crisis de violencias, delincuencia e impunidad, institucionalizando masivamente la militarización de la seguridad pública, supuesto atajo que resultó ser la trampa estructural que faltaba, acaso, para debilitar aún más la profesionalización civil.
La transición, celebrada una y mil veces, terminó por ahogarse ante la evolución incontenible de poderes criminales, que encontraron disponibles —entre otras cosas— a instituciones de seguridad no aseguradas, crónicamente débiles, precisamente porque el uso de sus poderes no fue sometido a controles. Qué lección —aún no aprendida— dejó García Luna: aumentar atribuciones, recursos, tecnología, armas y todo lo imaginable sin establecer controles democráticos que monitoreen, evalúen y fiscalicen es algo así como entregar las llaves del Estado.
El posible efecto bola de nieve tras el asesinato de Manzo tiene dos grandes rutas: la inercial o la correctiva. Si ocurre lo primero, sálvese quien pueda: habrá más exigencia desde abajo y más oferta desde arriba orientada a la mano dura, abriendo la puerta a regímenes de excepción donde el Estado, ya descompuesto, será cada vez más parte de los “poderes salvajes” de los que habla Luigi Ferrajoli. La ruta correctiva, en cambio, implicaría contención y equilibrio, comenzando por el desempeño del propio Estado. La pregunta es: ¿de dónde abrevamos la transición, esta vez de la cultura política, para iniciar esa reconstrucción?
<a href="https://bsky.app/profile/ernestolpv.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">@ernestolpv.bsky.social</a>

El asesinato de Manzo y nuestro fracaso histórico

Corría el año 2012 cuando reunimos en México a más de cuarenta personas líderes en la investigación y promoción de la reforma policial democrática, provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua. La amplia delegación mexicana incluyó académicos, activistas y personas con larga experiencia en operación policial.
De aquel encuentro surgió el que quizá sea hasta hoy el único Instrumento Pedagógico para la Reforma Policial Democrática en México, disponible en línea (<a href="https://insyde.org.mx/pdf/seguridad-y-reforma/instrumento_pedagogico-para-la-reforma-policial.pdf" target="_blank" rel="noopener">InsYde, 2012</a>). Desde Estados Unidos nos acompañó David Bayley, el ya finado investigador que podría ser, hasta la fecha, quien más ha producido conocimiento comparado internacional en esta materia. En el documento citado se lee:
“En cierta medida, las instituciones policiales se autogobiernan; tienen sus propios controles… Dentro de las instituciones de seguridad existen delitos cometidos por los propios agentes en la persecución del crimen, por ejemplo, tortura, incomunicación, desaparición, robo, etc. También hay delitos realizados por autoridades —en activo o inactivo— que no tienen que ver con sus funciones sino con un negocio propio. En ocasiones, los policías identifican estos problemas en la institución, pero callan por temor a perder su empleo o, en el otro extremo, deciden participar en estas prácticas” (p. 4).
Más adelante, el texto añade:
“La falta de rendición de cuentas y de flujo de información dentro de las instituciones de seguridad restringe las actividades en algunos casos, ya que la información operativa es segmentada entre grupos o niveles jerárquicos sin que exista una comunicación adecuada, donde el aprendizaje institucional sea la base para la toma de decisiones desde ‘arriba’ —en la oficina— hasta ‘abajo’ —en la calle. La escasa comunicación de las instituciones de seguridad hacia la población impide evaluar la efectividad de las actividades realizadas por los policías. Esto provoca que el ciudadano no cuente con insumos suficientes para una evaluación imparcial, acorde con los desafíos y logros de las policías del país. Las instituciones de seguridad han contado, a lo largo de su historia, con el monopolio de la información sobre sus actividades, investigaciones y desempeño. Ante la falta de datos, ni especialistas ni ciudadanos tienen certeza sobre las acciones llevadas a cabo, ni conocen bajo qué criterios se realizan. Cada vez son más frecuentes los argumentos de las instituciones de seguridad en torno a la negativa de otorgar información. En su mayoría alegan criterios de seguridad nacional, argumento que no logran sostener bajo los parámetros de la legislación sobre acceso a la información”.
No recuerdo cuántas preguntas le hice a Bayley durante nuestras conversaciones privadas en aquella visita, pero tengo muy presente el momento en que me confirmó uno de los que él llamaba principales mitos de la policía: “Es falso que los responsables de la policía saben lo que ésta hace en la calle”.
Le pregunté y repregunté de varias maneras para asegurarme de haber comprendido bien. Nunca dudó. (Para dimensionar la base de conocimiento del investigador estadounidense, recomiendo este informe de su autoría basado en la revisión de más de 500 fuentes: <a href="https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/188742.pdf" target="_blank" rel="noopener">Police for the Future, NIJ, 1996</a>).
Muchos años antes de aquel encuentro —cuando en 1990 comenzamos a hablar con policías en México— identificamos de inmediato el desdoblamiento: no es lo mismo lo que la policía dice que hace y lo que realmente hace. Y quienes primero lo reconocen son sus propios representantes. Desde entonces también detectamos correas de poder y cadenas de lealtad informales que, en ocasiones, confirman la tesis de Bayley: la información se desconecta entre los responsables de la policía y los operadores de calle. Pero también sucede lo contrario: existen vasos comunicantes sólidos por los que fluye información destinada a ordenar o tolerar prácticas delictivas vinculadas a la extracción de rentas en la calle.
Quizá la promesa más importante incumplida de la institución policial sea su autocontrol y el control externo sobre sus operaciones, en acatamiento de sus mandatos formales. El fenómeno, tal como observó Bayley, se repite en todas partes. No por otra razón, un documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que he citado incontables veces, incluye la supervisión y el monitoreo durante las operaciones policiales como un componente esencial de la rendición de cuentas efectiva (<a href="https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_responsabilidad_supervision_integridad_Policia.pdf" target="_blank" rel="noopener">UNODC, Manual de responsabilidad, supervisión e integridad policial</a>).
Podemos afirmar, más allá de toda duda, que la supervisión operativa formal sobre las actividades en terreno de las policías uniformadas y de investigación es crónicamente débil. Puede considerarse un hoyo negro, porque la inmensa mayoría de lo que realizan durante su jornada laboral no se documenta en ninguna herramienta institucional. Se sabe poco, y así lo reconoce en este ejemplo la investigación científica proveniente de donde, se supone, la función policial tiene avanzada madurez institucional.
Desde Canadá se publicó en 2022 lo siguiente:
“Como agentes de primera línea, los patrulleros constituyen el núcleo de la labor policial. Sin embargo, aún se sabe poco sobre el trabajo específico y complejo de los patrulleros actuales y las características de sus turnos. A partir de datos del sistema de despacho asistido por computadora (CAD) de una muestra aleatoria de 60 turnos de patrulla, analizamos empíricamente las actividades de los patrulleros que trabajan en una agencia policial canadiense”. (<a href="https://link.springer.com/article/10.1186/s40163-022-00178-9?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">Springer, 2022</a>)
Dentro de las policías y fiscalías mexicanas esto se sabe muy bien. Las tensiones entre quienes buscan mejorar la supervisión y quienes se oponen a ello suelen derivar en disputas, incluso violentas, por el control formal o informal de la función policial.
Existe aquí una paradoja difícil de creer: decimos que la policía es la cara más visible del Estado y, sin embargo, sabemos casi nada de sus rutinas.
Continuará.

El hoyo negro de la supervisión policial operativa y las desapariciones forzadas (parte 1)

En muchos sentidos resulta comprensible que haya quienes creen que solo centralizando la función de la seguridad pública en México podrá resolverse la crisis de violencias, delincuencia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos asociadas. Del mismo modo, otros sostienen que la solución pasa por fortalecer esa función dentro del andamiaje del pacto federal.
Existen buenos argumentos en ambos sentidos, pero el problema de fondo es que el Estado mexicano —a tres décadas de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública— no ha tramitado la disputa mediante una ruta adecuadamente justificada, estable, duradera y sujeta a rendición de cuentas; es decir, una auténtica ruta de Estado.
Hace unos días, en un encuentro que reunió a titulares de secretarías de seguridad municipales y estatales, reapareció la discusión que nunca falta: desde algún municipio se exigieron recursos mínimos acordes con la función de seguridad pública, mientras que desde otra voz se propuso eliminar las policías municipales, e incluso, aventuró, si es necesario también las estatales, para concentrar la responsabilidad “en una sola persona que responda por la seguridad”.
A primera vista, parece de sentido común preferir menos instituciones y menos mandos. La idea convence cuando se mira sin mayor análisis. Pero el asunto es más complejo y, en realidad, puede ser exactamente al revés. Según mi experiencia, las instituciones de seguridad en México pueden obtener mejores resultados cuando operan en equipos con múltiples cadenas de mando. La razón es que los estándares de desempeño tienen mayores posibilidades de elevarse y las desviaciones de reducirse cuando hay diversas miradas “sentadas a la mesa”.
Desde esta perspectiva, concentrar la operación bajo un solo mando puede ser la peor decisión, pues genera una única cadena de mando. Así me lo confirman desde hace mucho tiempo responsables de coordinar operaciones eficaces en grupos interinstitucionales: “se controlan recíprocamente, o al menos es más probable que existan controles en terreno”.
Ahora bien, también es cierto —como lo señalan operadores institucionales de policías y fiscalías— que la fragmentación puede ser una pesadilla. Las instituciones muestran grados muy distintos de madurez, especialmente en sus sistemas de supervisión, y la desconfianza entre ellas es profunda: “nadie sabe con quién está sentado”, dicen, lo que vuelve riesgoso compartir información ante el temor de fugas hacia grupos delictivos.
Nada de esto es nuevo. El problema es estructural. Según los numerosos testimonios que he recogido a lo largo de los años, el Estado mexicano enfrenta cotidianamente los dilemas de centralizar mandos o de operar bajo esquemas fragmentados, sin traducir la experiencia en procesos formales y documentados de aprendizaje para diseñar e implementar políticas públicas profesionales auténticamente orientadas a la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia y la reducción de la impunidad.
Mientras tanto, en redes académicas, foros internacionales y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la investigación aplicada, no hay debate: las mejores experiencias en materia de seguridad ciudadana surgen de liderazgos, políticas y programas locales. Una y otra vez lo confirmamos desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX.
Son ya décadas de producción de conocimiento a favor de la seguridad desde lo local, y es muy poco frecuente encontrar a un titular del poder ejecutivo o a la persona en la que delega la conducción de la política de seguridad, —en cualquiera de los tres órdenes de gobierno— que tome nota de ello, lo ponga en discusión y lo traduzca en una política propia explícitamente basada en la evidencia de lo que sí funciona.
A la luz de este panorama, es necesario interpretar la disputa entre centralizar y federalizar la seguridad desde otra clave: es, ante todo, una confrontación política, asociada a incentivos electorales cada vez más vinculados a la captura de las instituciones por poderes de facto, legales e ilegales. Esto nos mantiene atrapados en un bucle en el que el conflicto entre poderes formales e informales convierte la política de seguridad en un campo de contienda, no en una función pública sujeta a coordinación. El incentivo de competencia inhibe —parcial o totalmente— el de cooperación.
Mando único, mandos coordinados, mandos fragmentados —como se les llame—, incluyendo la participación de instituciones militares en funciones policiales: ningún modelo es virtuoso ni perverso por sí mismo (hay países con una sola policía o con muchas policías sujetas a estándares profesionales mínimos, pero lo contrario también sucede, una sola o muchas rotas).
Lo que sí está claro es que ninguno de los modelos funcionará, al menos para la ciudadanía, mientras esté interferido por la disputa político-electoral. Y ese es el problema de raíz. Peor aún: si históricamente sabemos que esa disputa contamina la política de seguridad, hoy podemos afirmar que, conforme se expande la macrocriminalidad y la gobernanza criminal, dicha contaminación se profundiza, en la medida en que las complicidades delictivas ocupan más tramos del poder político.
¿Qué buscan realmente los poderes en disputa? ¿Seguridad para las instituciones del Estado? ¿Para los intereses económicos hegemónicos? ¿Para los gobiernos? ¿Para las redes de macrocriminalidad? ¿O seguridad para la gente? Cuando se argumenta a favor de centralizar o federalizar la seguridad, conviene empezar por responder esta pregunta: ¿para quién quieren seguridad los actores en disputa?
&nbsp;

Seguridad ciudadana en México: centralizar o federalizar, la vieja disputa soterrada

Debemos asumir la realidad y utilizarla para aprender. El escándalo de corrupción pública —civil y militar— vinculada a redes criminales dentro del mundo empresarial y de la delincuencia organizada, comúnmente denominado huachicol, debería llevarnos, en términos de conocimiento, a confirmar y renovar hipótesis. En lugar de describir el país que decimos que somos, tendríamos que entender mejor el país en el que realmente vivimos.
Desde hace muchos años he impulsado discusiones sobre la corrupción, no desde la lógica de lo que se hace contra la ley, sino desde una mirada que intenta comprender cómo se utiliza la corrupción. Aquí la defino como la extracción ilegal de recursos públicos para obtener beneficios privados. Después de haber trabajado tanto en el sector público como en espacios del sector privado, llegué a una conclusión contundente: todo discurso que promete acabar la corrupción carece de fundamento empírico.
Lo aprendido me parece bastante claro: en nuestra convivencia social, la apropiación de bienes públicos para fines privados se percibe principalmente como una oportunidad disponible para quien tenga el acceso necesario. No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno estructural y sistémico. Las normas y prácticas que nos organizan parecen cerrar el paso a las desviaciones únicamente en lo formal, pero no en lo real. Vivimos dentro de ecosistemas complejos donde el poder público administra, es decir, regula este medio extractivo llamado corrupción. Y la llave reguladora es el tejido relacional que garantiza la complicidad y el silencio desde el poder. Son redes extractivas de recursos públicos instaladas en el poder público y siempre lo han sido.
Las personas que podrían beneficiarse de esos accesos porque están en posición habilitante de la oportunidad y no lo hacen, son excepciones, y cuando intentan resistirse e incluso empujar cambios que cierren estas oportunidades, terminan exhaustas ante las barreras políticas que lo impiden (o son expulsadas a la manera de anticuerpos débiles).
Ojalá existieran diferencias claras entre fuerzas políticas; ojalá pudiéramos demostrar que hay actores comprometidos con transformar la estructura sistémica de la corrupción. Ojalá hubiera casos ejemplares que probaran lo contrario. No los hay.
En este contexto trabajo una lectura inversa de la disciplina en las funciones policial y militar. En el año 2000 publiqué un ensayo donde interpreté lo que llamé el “pacto de origen” entre el poder político y la policía en México: <a href="https://insyde.org.mx/pdf/seguridad-y-reforma/policia_y_democracia.pdf" target="_blank" rel="noopener">lealtad a cambio de impunidad</a>. Tres décadas y media de información sobre conductas desviadas en operaciones policiales y militares —siempre asociadas a la extracción de recursos públicos para beneficio privado— han validado aquella hipótesis. Pero la evolución de los fenómenos criminales vinculados a dichas prácticas exige otras discusiones para tratar de entender mejor los incentivos de las mecánicas de la descomposición.
Uno de los términos favoritos de la clase política para opinar sobre las instituciones policiales y militares —muchas veces sin la menor idea sobre su real funcionamiento— es la palabra disciplina, entendida como garantía de obediencia y cumplimiento de normas. En la inmensa mayoría de mis conversaciones con personas que ejercen o aspiran a cargos públicos, esta garantía se percibe como la mejor solución disponible. Y dado que las fuerzas armadas se fundan en una doctrina que coloca la disciplina como principio esencial, muchos asumen que más disciplina equivale a mejor desempeño en tareas policiales, especialmente frente al evidente debilitamiento de las policías civiles.
Pero el tiempo nos obliga a replantear esa idea. Ahora que México exhibe abiertamente negocios criminales monumentales al parecer dirigidos también por personas formadas en la disciplina militar —como históricamente ha ocurrido con la participación de la policía en redes de complicidad con la clase política y el sector empresarial—, es oportuno revisar qué entendemos realmente por disciplina.
Sabemos, al menos, lo que no necesariamente garantiza: respeto a la ley. Y podemos ir más lejos: la disciplina puede alojar comportamientos conformes y contrarios a la ley al mismo tiempo. Y así aparece la lectura inversa de la disciplina, no como palanca que habilita conductas acordes a la ley, sino al revés, como andamiaje de lealtades en contextos institucionales rotos. Pero para demostrarlo habría que descifrar las culturas institucionales donde ocurren las cosas en la práctica —no en el discurso—, y eso es casi siempre lo más difícil: ver. Ma refiero a observar aquello que se esconde detrás de relatos que una y mil veces nos aseguran que lo que realmente sucede es la imposibilidad inconfesable de desobedecer órdenes ilegales.
La salida fácil es repetir que los casos como el del huachicol prueban que existen “manzanas podridas” dentro de instituciones sanas y disciplinadas. Pero esa narrativa no resiste el más mínimo filtro de racionalidad basado en evidencia empírica. No sirve para entender más, sino para entender menos.
Si el sistema político no genera incentivos para que la llamada clase política asuma como agenda propia y principal la reducción de la corrupción, entonces, reitero: en un arreglo de poder público de esta naturaleza, ¿qué es lo que realmente garantiza la disciplina?
<a href="https://bsky.app/profile/ernestolpv.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">@ernestolpv.bsky.social</a>

Sistema político, descomposición policial y militar: una lectura inversa de la disciplina

La presidenta Sheinbaum celebra su primer año de gobierno con altos niveles de aprobación. Pero el festejo nubla la mirada respecto a la evaluación de su desempeño, especialmente en materia de delincuencia organizada. Si en abril pasado 61 % de la ciudadanía la reprobaba en este rubro, hoy lo hace 74 %, apenas un punto por encima de su popularidad, que es de 73 %. Es decir, prácticamente la misma proporción que aprueba al gobierno lo desaprueba en su manejo ante el crimen organizado. Solo 20 % considera que está haciendo un buen trabajo en este tema. Además, <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/09/29/sheinbaum-cumple-su-primer-ano-con-73-de-aprobacion/" target="_blank" rel="noopener">la inseguridad sigue siendo el principal problema del país</a>.
Cada inicio de sexenio escuchamos la misma frase: “es muy temprano para evaluar”. Pero cuando se pide no cuestionar al gobierno en su etapa inicial se debilita la rendición de cuentas —lo llamé en mi <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/ruta-critica/politica-de-seguridad-contraciclica" target="_blank" rel="noopener">texto pasado</a> la fase del aplauso, antes de las dudas y la decepción—. Más aún cuando las encuestas muestran una disociación abierta entre la percepción favorable hacia la persona que gobierna y la evaluación negativa de sus resultados.
No es nuevo. <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/09/30/amlo-termina-su-sexenio-de-cuanto-es-su-popularidad-encuesta-ef/" target="_blank" rel="noopener">López Obrador terminó su sexenio con 68 % de aprobación, mientras 63 % evaluó que la seguridad seguía igual o peor</a>.
Al presentar estos datos ante diversas audiencias, la sorpresa se repite una y otra vez. Salvo excepciones, casi nadie tiene claro que la aprobación general y la reprobación específica puedan coexistir. Las reacciones parecen expresar una suerte de disonancia cognitiva: ¿cómo se aprueba a la persona que encabeza el gobierno y se reprueba el desempeño del mismo?
Hace unos días, en el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX grabamos uno de nuestros cafecitos serenos, preguntándonos <a href="https://www.youtube.com/@psc_ibero" target="_blank" rel="noopener">qué moviliza y qué desmoviliza a la sociedad frente a la larga crisis de inseguridad en México</a>. Pronto subiremos la charla a nuestro canal, pero vale rescatar un momento clave. Mientras dos especialistas desde el acompañamiento psicosocial y la sociología hablaban de cómo aprendemos a convivir con la violencia y el miedo, un tercer invitado, experto en estudios de opinión, planteó otra clave: existe un estado de ánimo positivo mayoritario debido a la reducción de otra forma de violencia: la violencia de la desigualdad; lo tenemos medido, remató.
Para eso lo invitamos: para confrontar miradas desde mundos distintos. La conversación reveló realidades que parecen coexistir, sin tocarse. Yo mismo comenté que, en una misma jornada laboral, puedo escuchar testimonios sobre atrocidades sin precedentes cometidas por el crimen organizado, y horas después, el optimismo desbordado de quien vive uno de sus mejores momentos económicos. Mismo país, mismo momento y dos mundos lejanos cual más, a la vez.
De ahí surge la pregunta: ¿en qué país vivimos? ¿En el de la popularidad o en el de la evaluación del desempeño? Quienes analizan encuestas insisten en que ambos existen a la vez y no hay contradicción: las personas responden desde resortes racionales y emocionales distintos cuando aprueban al gobierno y lo reprueban en temas específicos. Mucho para interpretar.
Pero la pregunta que más me importa para este reflexión es otra: ¿qué aprende el poder público cuando la mayoría puede desaprobar su gestión en el principal problema nacional mientras mantiene intacta —o incluso refuerza— su popularidad? Estamos frente a gobiernos populares en contextos de crisis de seguridad y atrocidades sin límite. La cuestión, así mirada, no es qué piensa la ciudadanía, sino qué están aprendiendo quienes gobiernan.
<a href="https://bsky.app/profile/ernestolpv.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">@ernestolpv.bsky.social</a>

Sheinbaum a un año de gobierno: delincuencia organizada, ¿popularidad mata evaluación?

En economía, se habla con frecuencia de políticas contracíclicas. Buscamos una definición y encontramos que se trata de “aquellas políticas, acciones o variables que se oponen a las tendencias naturales de un ciclo económico para suavizar sus fluctuaciones, buscando estabilizar la economía”. Propongo aplicar la misma lógica a la política de seguridad.
Desde el sexenio de Calderón, la política federal de seguridad se repite en un ciclo predecible de tres etapas que se superponen parcialmente:
<ul>
<li>Etapa 1 (años 1 a 3): aplausos.</li>
<li>Etapa 2 (años 3 y 4): dudas crecientes.</li>
<li>Etapa 3 (años 4 a 6): decepción.</li>
</ul>
Así como en economía se plantea romper el ciclo para estabilizar, en seguridad proponemos romperlo para reconstruir.
El problema es que, a diferencia de la economía, en seguridad casi no hemos aprendido a hacerlo. Los costos son monumentales y —aunque suene increíble— en buena medida previsibles. Veamos con más detalle.
<h2>La trampa del aplauso</h2>
La primera etapa del ciclo es, paradójicamente, la más dañina. El problema no es el aplauso en sí, sino el aplauso automático, sostenido no por resultados comprobados sino por propaganda que fabrica lealtades. Al inicio de cada sexenio se produce una conexión poderosa entre el discurso triunfalista y el anhelo social de que ahora sí todo mejore. En ese ambiente, cuestionar los “éxitos” oficiales queda prácticamente fuera de la conversación pública, salvo cuando algún evento escandaloso provoca una duda fugaz.
<h2>La erosión del entusiasmo</h2>
Hacia la mitad del sexenio se abre la etapa de las dudas crecientes. El discurso del éxito ya no alcanza frente a las violencias crónicas que cualquiera puede ver, sumadas a los datos publicados periódicamente por fuentes oficiales (INEGI) e independientes (academia, sociedad civil, periodismo), que exhiben la profundidad de la crisis. Entonces comienzan a llegar las preguntas de quienes antes afirmaban que “todo iba mejor”, no porque lo hubieran verificado, sino porque habían decidido creerlo. En ese momento se observa un fenómeno interesante: la narrativa triunfalista no disminuye en las vocerías oficiales, sino en los actores mediáticos y aliados informales del gobierno, que empiezan a retraerse.
<h2>El retorno de los conversos</h2>
En la etapa final del sexenio, reaparece otro comportamiento recurrente: quienes al principio se dedicaron a blindar al gobierno de cualquier crítica —lo mismo con Calderón, Peña o López Obrador— se convierten en los primeros en preguntar: ¿qué pasó?.
El ciclo es idéntico en lo esencial: el aplauso inicial neutraliza la deliberación y, sobre todo, impide la comprobación rigurosa de los supuestos logros. Y cuando finalmente la evidencia de la violencia, la impunidad y la ineficacia institucional es inocultable —reflejada en los datos sobre victimización, subdenuncia y el colapso de las fiscalías documentado por el INEGI—, los gobiernos no abren la puerta a la revisión. Hacen lo contrario: se cierran y se endurecen.
<h2>Romper el ciclo</h2>
Hoy estamos nuevamente en tiempos de aplauso. Se nos dice, otra vez, que hay que esperar los resultados antes de cuestionar. Proponemos lo contrario: cuestionar desde el inicio para evitar repetir el final conocido.
Una verdadera política contracíclica en seguridad implicaría reemplazar el aplauso por decisiones de Estado que instauren mecanismos de comprobación desde adentro y desde afuera del aparato de seguridad, aprovechando precisamente el momento en que se diseña y echa a andar la maquinaria sexenal.
<a href="https://bsky.app/profile/ernestolpv.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">@ernestolpv.bsky.social</a>

Política federal de seguridad: una propuesta contracíclica

No podemos llamar escándalo a lo que no escandaliza. Podemos pensar que algo debería serlo, pero solo lo es cuando existe una reacción social que así lo califica, por ejemplo, a través de la indignación. Si la institución encargada de investigar y perseguir los delitos —el Ministerio Público— obtiene resultados a favor de la justicia en apenas 0.8 % de los 33.5 millones de delitos denunciados y no denunciados registrados por el INEGI <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/" target="_blank" rel="noopener">(ENVIPE 2024)</a>, tal vez estamos frente a lo que debería ser un escándalo… pero no lo es. La pregunta es por qué.
El dato proviene de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que lleva quince años publicándose cada septiembre. Lo conversamos el miércoles pasado en nuestro programa de radio Ni plata ni plomo <a href="https://open.spotify.com/episode/2RsVsRmNwK2uMRYEQiXNh4?si=fc9bafec30ed4f42" target="_blank" rel="noopener">(episodio aquí)</a>, donde cerré con esta duda: ¿a quién le importa este monumental estudio conocido como ENVIPE?
<h3>La novedad es que no hay novedad</h3>
La repetición de los datos es en sí misma “parte del problema”. Los resultados han sido consistentes a lo largo de los años. En 2011, la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes superaba las 23 mil; en 2024 rebasó las 24 mil. La tasa de delitos pasó de 30 mil a 34 mil en ese mismo periodo. Y el dato quizá más elocuente: en 2010, 93 % de los delitos no se denunciaban o no se investigaban; en 2023, la proporción fue prácticamente idéntica.
La noticia parece disolverse en los medios hasta desaparecer. El problema, entonces, no es solo lo que revela la ENVIPE, sino la indiferencia que la acompaña año con año.
<h3>¿Por qué no escandaliza?</h3>
La psicología social y la antropología ofrecen respuestas a la aparente indiferencia social. Entre ellas:
<ul>
<li>la costumbre que produce la repetición,</li>
<li>la evasión frente a noticias incómodas,</li>
<li>la espera de que “otros reaccionen”,</li>
<li>la necesidad de pertenencia al grupo que no protesta,</li>
<li>la normalización impulsada por medios que minimizan,</li>
<li>y el aprendizaje de impotencia ante la idea de que nada cambiará.</li>
</ul>
También influyen factores culturales y comunitarios: aceptar lo anormal como parte de lo esperado; la hegemonía que naturaliza lo grave; la construcción de silencios colectivos que derivan en olvido; adaptaciones que permiten sobrevivir a lo insoportable, como el humor negro, y la ampliación del umbral social de lo tolerable.
<h3>La voz de las víctimas</h3>
La propia ENVIPE aporta pistas adicionales. Pregunta por qué la gente no denuncia, y 63 % atribuye la decisión directamente a la autoridad: pérdida de tiempo, desconfianza, trámites largos y difíciles, hostilidad de funcionarios o miedo a la extorsión. No es solo impotencia social: es incompetencia institucional.
<h3>Aprendizajes encontrados</h3>
Un periodista que ha investigado a fondo el funcionamiento del aparato policial, militar y penal me decía que quizá la clave esté en esa sensación de que “es imposible cambiar”. Justo ahí aparece el concepto de aprendizaje de impotencia, formulado por la psicología social.
Pero la otra cara es tanto o más inquietante: ¿qué ha aprendido el Estado tras quince años de resultados iguales? La sociedad tal vez ya aprendió que nada se puede hacer. El Estado, en cambio, parece haber aprendido que su incompetencia no necesariamente es un pasivo porque no produce costos mayores, más bien funciona como un activo para usar las fiscalías como espacios de impunidad altamente rentable, dada la expansión de los fenómenos de macrocriminalidad y gobernanza criminal.
Difícil imaginar una combinación más destructiva.
<a href="https://bsky.app/profile/ernestolpv.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">@ernestolpv.bsky.social</a>

Colapso de las fiscalías, aprendizaje social de la impotencia y aprendizaje oficial de la incompetencia

Colapso de las fiscalías, impotencia e incompetencia

Nueve de cada diez personas en México dicen confiar algo o mucho en la Marina, y ocho de cada diez en el Ejército. Sin embargo, entre una quinta y una cuarta parte de la población percibe corrupción en esas instituciones, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 (<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2025/doc/envipe2025_presentacion_nacional.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a>). Recogido en 2024, es un dato especialmente relevante a la luz del actual estallido del mayor escándalo público de corrupción en la Marina desde que existen este tipo de mediciones.
Quienes desde la llamada clase política sostienen que las Fuerzas Armadas no tienen problema alguno de corrupción saben que mienten. Cuando ya no es posible ocultar las desviaciones, recurren al relato más cómodo: el de las “manzanas podridas”. Conviene mirar lo que se oculta detrás de esa fórmula.
Las instituciones —civiles o militares— no son del todo corruptas o del todo incorruptibles: se mueven en distintos grados de corrupción, como muestran las experiencias nacionales e internacionales. De ahí la importancia de distinguir entre dos planos: la propaganda política, como la documentada en el caso de la Guardia Nacional (<a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/pluma-seguridad-ciud/la-publicidad-de-la-guardia-nacional-y-el-ejercito-del-pueblo-en-las-redes-sociales/" target="_blank" rel="noopener">texto de referencia</a>), y el trabajo serio de diagnóstico, basado en métodos y herramientas de investigación adecuados.
Es fácil hablar de “manzanas podridas”; lo difícil es contar con mediciones rigurosas que permitan saber si ese relato es verdadero, especialmente en instituciones militares. Desde la teoría sistémica de la rendición de cuentas, entendemos que las instituciones son sistemas compuestos de reglas formales (las normas) e informales (las prácticas). Esa interacción produce culturas institucionales: ecosistemas de desempeño en los que ciertas conductas se promueven, se toleran o se sancionan.
Las instituciones públicas son, en este sentido, una paradoja: al mismo tiempo visibles y opacas. Muestran y esconden, a veces poco, a veces mucho. Cuando están sometidas a controles formales, los mecanismos contienen las desviaciones; cuando no lo están, esas prácticas se desbordan. El discurso político rara vez entra en este terreno. En el caso de las Fuerzas Armadas, el recurso más socorrido es invocar la disciplina. Ese concepto posee tal potencia simbólica que suele anular cualquier pregunta por la evidencia. Así, para la mayoría social, enterarse de un caso de corrupción en la Marina genera una fuerte disonancia cognitiva: el hecho choca con la creencia de su supuesta incorruptibilidad. Tanto se ha sembrado esa creencia que, incluso ante pruebas concretas, mucha gente prefiere negarlas.
En un próximo texto abordaré con detalle el papel de la disciplina en instituciones armadas policiales y militares. Adelanto solo esto: existe amplia documentación internacional sobre su uso como mecanismo de cumplimiento de órdenes ilegales, amparado en un espíritu de cuerpo que, adulterado, termina siendo el cobijo de atrocidades.
Hablar de todo esto es como describir fenómenos “raros”, porque en efecto lo son en el contexto mexicano: es sumamente extraño que alguna autoridad decida medir la corrupción en las Fuerzas Armadas con instrumentos capaces de escudriñar sus culturas institucionales. Ni siquiera se plantea la posibilidad de hacerlo.
Quienes desde el Estado recurren al discurso de las manzanas podridas para proteger la imagen militar hacen un daño profundo a las propias instituciones castrenses. Con ello refuerzan la muralla política que impide reconstruir las condiciones del “cesto de manzanas”, es decir, del ecosistema en el que germinan las desviaciones. Y esas desviaciones, como se ha explicado, jamás pueden desligarse de la cultura institucional en la que ocurren.
Los porcentajes de confianza y percepción de corrupción que mostré al inicio son utilizados sistemáticamente por el poder político y por las Fuerzas Armadas para legitimarse. El problema no es lo que dicen esos indicadores, sino la manera en que se usan para justificar lo que se decide esconder.
<a href="https://bsky.app/profile/ernestolpv.bsky.social" target="_blank" rel="noopener">@ernestolpv.bsky.social</a>

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje