Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos.

Ruta Crítica

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Por qué se prolonga la crisis de seguridad y justicia. Por qué pasan y pasan años y gobiernos y la crisis empeora dando paso a las peores atrocidades. Cómo es que una sociedad puede atestiguar la barbarie una y otra vez sin provocarse cismas políticos y sociales que paren lo que haya que parar y reconstruyan lo que haya que reconstruir.
Quien sigue mis textos sabe que suelo reiterar la siguiente perspectiva de análisis: no preguntemos más por qué algo no da al resultado que debe dar, sino qué resultado da. Por ejemplo, si una persona promete hacer algo y hace otra cosa, las preguntas serían qué prefirió hacer y para lograr qué. Lo mismo para una institución, lo mismo para el Estado. Si la promesa es la cero impunidad y la realidad es la casi total impunidad, entonces las preguntas son qué prefieren hacer las instituciones y para lograr qué.
Todo cambia si se mira así, según mi experiencia, porque se logran desnudar los “cómos”, los “porqués” y los “para qués” desde las prácticas. Miramos lo que sucede, no lo que debería suceder. Ya saben, siempre habrá quien afirme que esto no es novedad; tal vez, excepto por un “pequeño” detalle: el Estado no ofrece esa explicación y casi nadie la exige. Resultado: los modos de hacer las cosas permanecen inalterados o apenas se modifican marginalmente, mientras seguimos dando vueltas por el deber ser; para el caso de la impunidad, apenas es necesario explicarlo: toda promesa formal encapsulada en la bufonada -involuntaria o no- de la frase “cero impunidad” se estampa exactamente en la normalización de lo contrario.
Nuestros análisis se han enfocado cada vez más en comprender la prolongación de la crisis de seguridad y justicia y lo primero que entendemos es su estabilidad. Un fenómeno estable es aquel que está equilibrado, es decir, las partes que lo componen, en perspectiva sistémica, “juegan el mismo juego” sin alteraciones mayores. Y quienes construyen esa estabilidad tienen incentivos suficientemente fuertes para resistir cualquier impulso de inestabilidad.
Si un agente del ministerio público -ahora fiscal- ha hecho las cosas de cierta manera hace 20, 15, 10 y 5 años y hoy mismo las hace relativamente igual, engarzado así a las prácticas que producen impunidad, entonces todas las promesas políticas y los cambios legales u organizacionales han afectado nada o marginalmente los incentivos que gobiernan su modo de hacer las cosas.
Entendido esto, lo que sigue es descifrar lo que asegura esas prácticas estables. Estamos avanzando hacia una interpretación que nos arroja una terrible paradoja: repetir las prácticas que no producen seguridad y justicia podría tener un efecto estabilizador del sistema político en su conjunto. Esto es, hacer las cosas del mismo modo benefician a quienes viven de ello y no las distorsiona la ausencia de resultados a favor de la seguridad y la justicia.
El efecto estabilizador entonces se asocia a la “irrelevancia” del impacto; justo por eso el Estado no evalúa el impacto o si acaso lo hace de manera excepcional, como lo demostró <a href="https://lav-uerj.org/wp-content/uploads/2024/10/REVISION-SISTEMATICA-HOMICIDIOS-2024-FINAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">esta investigación</a> respecto a las políticas de prevención y reducción de homicidios en México y en toda la región.
Un hecho nos cimbró en esta ruta de interpretación. La popularidad mayor de López Obrador al final de su gobierno coincidió con la reprobación mayor a su política de seguridad, para luego ganar de manera apabullante su candidata; ello amplía los enfoques de interpretación del equilibrio sistémico en medio de la crisis.
Pero además la prolongación de las fallas en la seguridad y la justicia parece auto reproducirse, de manera que el Estado ofrece y la sociedad exige más de lo mismo. El siguiente ejemplo es apabullante: <a href="https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/las-desapariciones-en-mexico-siguen-sin-ser-una-prioridad-balance-ciudadano/" target="_blank" rel="noopener">76 leyes aprobadas y 124 instituciones creadas en materia de desapariciones, sin lograr contener el delito ni mejorar la localización e identificación de personas</a>. Esto nos dice mucho porque la gravedad de las desapariciones, lejos de activar el cambio sistémico, provocó igualmente más de lo mismo: cambios formales sin modificación en las prácticas. El sistema político asegura su estabilidad porque ofrece lo mismo sin presiones que lo desequilibren hacia la reconstrucción real de las prácticas. Y así una y otra y otra vez en torno a toda la crisis de seguridad y justicia.
Pero hay algo peor. El populismo penal nutre la estabilidad del sistema porque ayuda a repetir la promesa de endurecimiento que igualmente reforma y reorganiza sin cambiar las prácticas en clave de controles democráticos y sí, en cambio, ampliando los poderes de intervención y contrayendo los contrapesos. Entonces la crisis de seguridad y justicia estaría funcionando no solo como motor que contribuye a estabilizar, sino además a clausurar y endurecer el sistema político.
Un informe que será publicado en próxima fecha coordinado por el Dialogo Interamericano y el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX incluirá esta discusión.
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El efecto político estabilizador de la crisis de seguridad y justicia

Diecinueve años empujando esto. No llegará la seguridad a México sin instituciones que hayan sido primero ellas aseguradas. Parece tan obvio y es a la vez tan lejana la idea para la gran mayoría. Nuestra terrible crisis de violencias atroces camina sostenida en un aparato de Estado cuya calidad de desempeño con relación a su mandato no la controla nadie, salvo casos contados y frágiles. Y no logramos focalizar la presión social para que esto cambie. Resultado, damos vueltas y vueltas en una crisis que no puede ser transformada con estas instituciones. Somos pues una sociedad atrapada.
No paran las reformas legales para crear o reorganizar instituciones o bien para entregar más y más poderes para meter a la gente a las prisiones. Son de todos los días hace décadas. ¿Y entonces? Reforma, tras reforma, tras reforma y los resultados prometidos no llegan. ¿Qué está pasando entonces? Nuestra tesis es precisa: las reformas legales y las reorganizaciones institucionales no afectan las prácticas. Cambian las formas, no cambian las prácticas o se modifican marginalmente, pero el resultado es el mismo.
En consecuencia, la pregunta es cómo modificamos las formas, las estructuras y las prácticas de las instituciones hoy generalmente rotas. Desmontar el aparato público es imposible; entonces, ¿cómo modificarlo mientras opera? El mundo ha visto nacer una alternativa: la supervisión externa, en particular sobre la policía, enfocada en monitorear qué se hace, cómo se hace, qué falla y qué se hace bien, todo orientado a detener la repetición de los errores y promover las mejoras basadas en la experiencia de las propias instituciones.
Para nosotros la propuesta no es nueva,<a href="https://x.com/ErnestoLPV/status/1899855508192031160" target="_blank" rel="noopener"> comenzamos a vincularnos a esfuerzos en esta ruta desde hace casi 20 años</a>. Hemos participado en esfuerzos globales de evaluación externa de la policía y por dos décadas hemos confirmado la necesidad y ahora sin duda la urgencia de instalar en México figuras<a href="https://www.nacole.org/" target="_blank" rel="noopener"> inspiradas en la experiencia allende nuestras fronteras</a>.
¿Por qué somos personas más convencidas que nunca de esta propuesta? Porque hemos observado cercanamente la promesa de seguridad incumplida durante cinco sexenios y la consistencia a lo largo del país la hemos documentado entrando centenas de veces a las instituciones policiales, de prevención, de procuración de justicia, de implementación de medidas cautelares, de administración de justicia, de atención a víctimas y demás, encontrando perfecta consistencia en el divorcio sistemático entre las normas y las prácticas.
Quienes entrevistamos a operadores institucionales como parte de la vida cotidiana sabemos que los mejores retratos del divorcio institucional sistemático entre las normas y las prácticas lo ofrecen precisamente sus operadoras y operadores. Solo hay que escuchar con atención. Apenas la semana pasada recogí testimonios de policías que intentan lo mejor que pueden con lo que tienen, pero enfrentan la resistencia al cambio desde “arriba”. Nada nuevo en mi ruta, me lo dijeron por vez primera mandos policiales federales en 1990.
Son suficientes años de comprobación para tenerlo claro: las instituciones no serán otras si no son intervenidas por sistemas especializados de supervisión externa, con poderes de ley que combinen el saber de personas con larga experiencia operativa y otras con saberes construidos desde trayectorias independientes. Ya sé. Puede ser que esto se parezca a ejercicios de consejos ciudadanos que no han hecho su trabajo de contrapeso en muchas partes del país. No, esto es otra cosa porque se trata de mecanismos con poderes de ley para vigilar y activar consecuencias ante el mal y el buen desempeño.
La presidenta Sheinbaum mandó al Congreso u<a href="https://www.gob.mx/sspc/prensa/iniciativas-de-ley-para-fortalecer-la-estrategia-nacional-de-seguridad-son-enviadas-al-congreso-de-la-union#:~:text=A%20su%20vez%2C%20la%20nueva,la%20paz%20en%20el%20pa%C3%ADs" target="_blank" rel="noopener">na reforma importante al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP),</a> misma que, todo indica, está por aprobarse. Aprovechando esta nueva cirugía, enviamos la<a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/wp-content/uploads/2025/03/Adicio%CC%81n-SupExt-a-iniciativa-LGSNSP-V-09032025.pdf" target="_blank" rel="noopener"> propuesta de adicionar a la reforma la creación del Órgano Independiente de Supervisión, Mejora de la Efectividad y Rendición de Cuentas del Secretariado Ejecutivo del SNSP</a>.
No tenemos la menor duda, las mejores intenciones, la mejor reforma, el mejor equipo e incluso el mayor compromiso presidencial para mejorar el Sistema, todo eso junto, de haberlo, no alcanza sin el contrapeso de la vigilancia especializada externa. La falla del Sistema, por si hubiera dudas, está documentada en la propia propuesta presidencial.
Diecinueve años empujando esto: no llegará la seguridad a México sin instituciones que hayan sido primero ellas aseguradas. Aquí hay una nueva vía para empujar hacia allá. Si se niega, lo habremos entendido una vez más: las prácticas, las verdaderas prácticas institucionales no han podido ni podrán ser sujetas a control democrático, asegurando así la debilidad institucional ya centenaria.
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Nuevo órgano ciudadanizado y especializado de vigilancia al SNSP. Propuesta entregada al Congreso

Nuevo órgano ciudadanizado y especializado de vigilancia al Sistema Nacional de Seguridad Pública

¿Te acuerdas cuando en tu niñez te sorprendían haciendo una travesura y nomás no encontrabas la manera de explicarla? ¿Te ha pasado que te piden justificar algo que hiciste y sabes que se te acabaron las razones? ¿Alguna vez has acordado las reglas para algo y de pronto has decidido actuar al margen de ellas? ¿O simplemente has decidido hacer algo porque sí y nomás porque sí? Bueno, todo esto se parece mucho a lo que los gobiernos muchas veces hacen cobijados en eso que llaman la seguridad nacional.
El traslado de 29 personas presas en México por delitos asociados al narcotráfico ha sido justificado en México y en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. En su columna del sábado pasado en Reforma, Peniley Ramírez relata que en 2023 «llegó al gabinete una nueva consideración jurídica: si se argumenta que un criminal amenaza la seguridad nacional de México, se le puede “trasladar” a EU, al margen de su proceso de extradición», con base en los artículos 89 de la Constitución y 5to de la Ley de Seguridad Nacional.
Cuenta ella que en ese año se propuso al gabinete de seguridad de López Obrador y no prosperó, y ahora, gracias a la decisión última de la presidenta Sheinbaum, se aceptó el argumento y se procedió al traslado. Pues justamente estamos en una de esas situaciones en las que se terminaron las razones y se decidió hacer algo porque sí. En este caso se acabaron las razones jurídicas para usar el recurso político que se resume en una frase: razón de Estado.
Escribe Peniley que «la oposición no parece dispuesta a reclamar una violación jurídica, si la hubiera». Tal vez tiene razón; yo agrego que en la seguridad nacional opera un acuerdo no escrito en el que mejor no preguntas y mejor no dices; esto es, no cuestionas y tampoco informas. Estamos ante un concepto de carácter auto referencial, es decir, se justifica en sí mismo.
Probé en varios chats de WhatsApp usando una analogía de un viejo refrán que usaban nuestras abuelitas: «todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar»; escribí todo cabe en la seguridad nacional sabiéndolo acomodar y, exactamente como lo esperaba, vinieron las insinuaciones o las abiertas críticas calificando mi cuestionamiento como una postura a favor de los delincuentes.
No falla, es perfecta la consistencia del apoyo político y social acrítico, por mucho mayoritario, si de seguridad nacional se trata. Es algo así como la casa de al lado a donde el poder público y las elites privadas trenzadas con él llevan lo que no cabe en la casa donde está ese acuerdo formal que normalmente llamamos Derecho. Y no es que la seguridad nacional no esté en el Derecho mexicano, claro que está en nuestro sistema jurídico, pero en la práctica nadie, absolutamente nadie rinde cuentas si las decisiones se amparan en ella.
Por el contrario, si alguna decisión no pasa o puede no pasar por el filtro del control constitucional y de legalidad, entonces se aplica la conocida reserva por motivos de seguridad nacional. Asómense a ver lo que hace la Comisión Bicameral en la materia del Congreso de la Unión y qué creen, pues es como un cuarto oscuro de la otra casa; intenten conseguir información sobre qué sucede ahí y me cuentan.
A la periodista Ana Paula Ordorica se lo expliqué apenas en su Podcast Broojula como una terrible paradoja: <a href="https://open.spotify.com/episode/0rRDYksWDizFxT0BvUoDaT?si=e2c8ae0c89724630" target="_blank" rel="noopener">por nuestra seguridad, no podemos ejercer el derecho a saber lo que se hace precisamente por nuestra seguridad</a>. ¿Esto quiere decir que siempre debemos saber todo? Es obvio que no, pero entonces para eso son los controles y contrapesos supuestamente de alta especialización, por ejemplo, del Congreso; pero regresamos a lo mismo: no podemos confirmar siquiera que funcionan.
Nada más impopular que cuestionar la seguridad nacional, especialmente cuando la narrativa hegemónica ha logrado inocular una asociación mecánica entre la justicia y el poder judicial con la corrupción. No puedo decir que la seguridad nacional opera siempre como una herramienta de opacidad para aplicar la razón de Estado, pero sí puedo afirmar que he sido testigo directo de que así se le entiende regularmente en las culturas institucionales de manera transversal a las tres ramas en las que se divide el poder del Estado.
Supongo que en alguna parte sí habrá debates jurídicos sólidos sobre el traslado de estas personas. Pero a la vez tengo claro que la combinación entre la disfuncionalidad histórica del acceso a la justicia y el desprestigio de las democracias constitucionales de derechos es y será palanca fundamental para justificar hoy lo injustificable apenas ayer.
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Seguridad nacional: no preguntes, no digas

Si en 30 años el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no ha cumplido sus más básicos mandatos, por qué ahora sí lo haría con la reforma de la presidenta Sheinbaum que seguramente será aprobada.
Nació en 1995, en 2009 lo reformaron y en 2025 habrá nueva reforma. ¿La nueva iniciativa tiene méritos importantes? Sin duda. El mandato del Sistema, desde su origen, ha apuntado en la ruta correcta: la construcción de una política de Estado soportada igualmente en órganos de Estado para lograr la profesionalización de las políticas y las instituciones en la materia; el problema es que su implementación nomás no jala, o jala en mínimos, si acaso, para decirlo coloquialmente.
Si hay dudas al respecto, nomás asómense a la exposición de motivos de este proyecto. Ni los salarios ni las prestaciones ni la formación ni la tasa de policías por habitantes han sido homologados, nada menos que a tres décadas de incontables recursos y decisiones. El servicio policial está en debilidad crónica porque el Sistema igualmente lo está. Las mejoras son aisladas, muchas veces efímeras y siempre frágiles.
La paradoja es que siempre están de acuerdo, o eso parece, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Por eso hace muchos años dije que es como si un paciente muy enfermo -México- tuviera un grupo de doctores -el Consejo- que, al aplicar en total acuerdo un tratamiento que falla, en realidad pareciera mostrar que “las y los doctores están enfermos”.
La iniciativa reconoce “diversas debilidades de las corporaciones estatales y municipales como es el déficit de personal policial, la falta de capacitación y la ausencia de estándares para la homologación de criterios institucionales que fomenten el fortalecimiento de las capacidades en todos los rubros de la seguridad”. Pero el proyecto no explica por qué falló el Sistema Nacional durante 5 presidencias que representaron sucesivamente las tres fuerzas políticas más amplias. Esto merece una discusión política que no haré aquí.
Nuestra tesis central es que el Sistema no se curará solo, sea cual sea el texto legal, en tanto no se modifiquen los equilibrios que lo han hecho históricamente disfuncional; y para que eso suceda es necesario reequilibrar los incentivos que lo gobiernan, a través de la creación de un cuerpo externo especializado y ciudadanizado encargado de monitorear y evaluar sistemáticamente al Secretariado Ejecutivo del SNSP.
Se trataría de un medio de control inspirado en las mejores prácticas de la supervisión policial externa. Hay <a href="https://www.nacole.org/" target="_blank" rel="noopener">centenas de organismos de este tipo</a> en otras partes del mundo; <a href="https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/AMR0148102021SPANISH.pdf" target="_blank" rel="noopener">hay recomendaciones para crear esto en América Latina</a>. Un ejemplo importante está en <a href="https://www.indecom.gov.jm/" target="_blank" rel="noopener">Jamaica</a>, inspirado también en esta perspectiva de reequilibrio, buscando la operación simultánea de controles internos y externos fuertes.
Y en México, desde 2012 entró al Senado nuestra propuesta jamás aprobada de <a href="https://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/Iniciativa-Senado-Proyecto-Auditor-Civil.pdf" target="_blank" rel="noopener">Auditor Especial de las Policías Federales</a>.
En palabras simples, mientras el Sistema pueda ser manipulado para debilitarlo sin consecuencias de contención, aprendizaje y transformación, lo será. La prueba está en la exposición de motivos que cité, no hay que buscarle más. El Sistema no ha cumplido lo que el Sistema debió por ley cumplir. No tiene, en palabras de Yuval Noah Harari, sistemas funcionales de autocorrección; están apagados y son 30 años de evidencias.
Buscaremos que esta adición de valor crítico quede incorporada en la propuesta que se aprobará seguramente en breve. Desde nuestra perspectiva está más claro que nunca: el SNSP no se curará solo.
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El Sistema Nacional de Seguridad Pública no se curará solo

No son tiempos para los derechos humanos, son tiempos para la seguridad. La frase puede parecer disparatada; pero si algún día lo fue, me queda claro que ya no lo es. Si en la tensión global creciente entre la vigencia del régimen constitucional de derechos y la seguridad en clave autoritaria ya venía venciendo esta, la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos catalizará la tendencia a un punto que parece anticipar el réquiem por el sistema de frenos al ejercicio del poder del Estado anclado en las garantías constitucionales, frente a las normas, políticas y prácticas amparadas en el discurso de la seguridad. ¿Exagero? Ojalá así fuera.
Trump es la versión global y Bukele la regional -hay muchas otras-. Ambos casos se retroalimentan a la manera de versiones paradigmáticas de la ruta por donde la seguridad engulle, descompone y expulsa por el caño la defensa constitucional de las garantías, que se supone son el afluente más alto de la legitimidad de las democracias modernas.
Las <a href="https://x.com/JDVance/status/1888607143030391287" target="_blank" rel="noopener">palabras de JD Vance</a>, vicepresidente de los Estados Unidos, lo enseñan de la manera más potente: “Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenar al fiscal general cómo utilizar su discreción como fiscal, eso también sería ilegal. Los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo&#8221;. Quien cree en esto entonces es exactamente lo mismo que creer lo que antes anoté: no son tiempos para los derechos humanos, son tiempos para la seguridad.
Mírese bien la manera como esta declaración desnuda el trasfondo: el poder legítimo recae en quien trabaja por la seguridad, no en quien hace valer la Constitución para imponer los límites sobre los excesos en las normas, las políticas y las prácticas a nombre de ella, es decir, la justicia.
En una mesa de análisis hace dos semanas, una consultora internacional en derechos humanos especializada en América Latina relató ampliamente la acelerada influencia expansiva en la región de la política detrás de la reducción de homicidios en El Salvador. En nuestro programa de radio <a href="https://open.spotify.com/episode/2fbwlbubE06mYg7MEzVFOJ?si=913c90e1cee243a4" target="_blank" rel="noopener">Ni plata ni plomo</a> apenas reflexionamos sobre el continuo hemisférico en el aplastamiento de la justicia a nombre de la seguridad.
También recientemente <a href="https://www.tallapolitica.com.mx/mensaje-del-presidente-de-la-mesa-directiva-del-senado-de-la-republica-gerardo-fernandez-norona-en-la-conferencia-el-trabajo-legislativo-del-senado-con-respecto-a-la-seguridad-nacional/" target="_blank" rel="noopener">desde el Senado en México nos han avisado lo siguiente</a>: “es muy probable que revisemos el sistema penal acusatorio, la experiencia es que es muy difícil mandar a la cárcel a un presunto o una presunta persona delincuente, y que es necesario siempre cuidando los derechos humanos, sin duda, pero que eso no se convierta en un obstáculo para que se pueda combatir la delincuencia”.
¿Es excesivo pensar que estamos ante el fin de un ciclo de la historia cuando desde aquí, desde allá y desde acullá se renuncia a los estándares del sistema penal acusatorio? No lo creo. ¿O lo es cuando volvemos a confirmar allende fronteras que <a href="https://amp.milenio.com/internacional/guerra-mafias-daniel-noboa-ganar-ecuador" target="_blank" rel="noopener">la militarización de la seguridad avanza independientemente</a> de que nos dé seguridad o no, y sí en cambio violente derechos, como sucede en México y también como lo enseña la terrible crisis del Ecuador?
En otro <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4chuaoLoCKs" target="_blank" rel="noopener">foro</a> que hicimos hace unos días, un profesor de la Ibero CDMX especializado en construcción de paz me platicó sobre la aceptación irreflexiva de sus estudiantes a las políticas de Bukele. En efecto. El meollo del asunto no es que, vestido de izquierda, de derecha o de cualquier ideología, el poder púbico promueve abiertamente la depredación del régimen constitucional de derechos a nombre de la seguridad, el meollo es que cuando lo hace tiene garantizada la simpatía mayoritaria.
La mesa política y social está servida: la seguridad se come la Constitución.
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Cuando la seguridad se come la Constitución

¿Cuándo fue la última vez que te dieron una buena noticia sobre nuestra seguridad? Pues bien, te tenemos una enorme desde la Ibero CDMX. Resulta que hemos invitado a la sociedad y a los gobiernos a identificar, visibilizar, documentar, evaluar y reconocer a quienes trabajan a favor de nuestra seguridad y podemos confirmar que esto va viento en popa.
Déjanos darte unos números primero. El pasado 10 de diciembre se registraron en total 46 propuestas, luego de que el Programa de Seguridad Ciudadana de esta universidad lanzó la <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/convocatoria-buenas-practicas/" target="_blank" rel="noopener">Primera Convocatoria de Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Seguridad Ciudadana en México 2024-2025</a>. Fueron admitidas 41 propuestas provenientes de 19 estados de la República Mexicana.
Las entidades que más enviaron fueron Chihuahua (9), Ciudad de México (8) y el Estado de México (7). Hay propuestas que incluyen actividades en tres o más entidades de manera simultánea. Atendieron la convocatoria 32 organizaciones de la sociedad civil, 8 entidades públicas y una universidad. Del total admitido, recibimos 7 proyectos, 24 iniciativas prometedoras y 10 casos con evidencia de impacto y/o resultados.
Y si todo esto rebasó nuestras mejores expectativas para este primer ejercicio, del lado del equipo que revisa y pondera las propuestas también hemos logrado mucho más de lo que en principio imaginamos. Instalamos un Comité de Evaluación con 33 personas cuyo talento y experiencia nos aseguran el rigor y compromiso, 21 de ellas mujeres y 12 hombres; más 9 integrantes del Jurado Internacional: 5 mujeres y 4 hombres, igualmente representando la más alta especialización. Todas estas personas participan de manera honorífica.
Nos llena de orgullo el acompañamiento en la evaluación por parte de representantes de esta universidad de las áreas o programas de Formación y Acción Social, Historia, Antropología, Construcción de Paz, Innovación en Seguridad Ciudadana y Género.
En cuanto a las materias de las propuestas nos motivó en particular descubrir que los temas más frecuentes se ubicaron en ámbitos de atención a niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes. Y nos llegaron además temas de policía comunitaria, prevención situacional, mediación, construcción de paz, protección a personas defensoras, entre otros.
Será en junio próximo cuando entregaremos los reconocimientos finales y nos pondremos a la tarea de redactar y publicar un informe con toda la experiencia, al tiempo que iniciaremos el diseño de la segunda convocatoria. Estamos apenas empezando, construiremos colectivamente un ecosistema de aprendizaje que año con año crecerá, convirtiéndose en un lugar donde la sociedad y los gobiernos, codo a codo, responden de manera rigurosa y creíble qué funciona a favor de la seguridad ciudadana con base en evidencia.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1501972" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/jurados-ibero.jpg" alt="Cartel con la convocatoria al encuentro de jurados en la Ibero CDMX" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/jurados-ibero.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/jurados-ibero-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/jurados-ibero-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/02/jurados-ibero-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Honor a quien honor merece: nuestra inspiración original viene desde el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, entidad pionera en estas convocatorias y que nos viene asesorando estrechamente, también de manera honorífica. Y en el circuito de especialistas en seguridad ciudadana, nuestra investigación comparada internacional nos ha venido enseñando que, como dice el dicho, “quien busca, encuentra”.
En efecto, en México hay más mejoras, más aprendizaje y más personas construyendo proyectos, trabajando en iniciativas prometedoras e incluso logrando resultados y a veces también impacto, pero generalmente no reconocemos su talento, compromiso y labor. Estamos trabajando para conectar a quienes lo hacen con quienes les pueden y quieren apoyar de muchas maneras.
Tenemos plena convicción de que ahora, justo ahora cuando la crisis de seguridad es tan aguda y encima se debilitan los apoyos internacionales para gente que entrega incluso la vida buscando construir entornos protectores, es más urgente que nunca tejer redes solidarias y colaborativas entre los ámbitos público y privado.
Por lo pronto, este miércoles 19 de febrero ven a la Ibero CDMX o conéctate a nuestro <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SbEZLnZxHJ0" target="_blank" rel="noopener">Encuentro de Jurados</a>. Vamos en ruta. No te despegues que todo esto ayudará a cambiar la historia construyendo la seguridad ciudadana anhelada.
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Seguridad ciudadana: continúa la construcción colectiva de esperanza desde la Ibero CDMX

Cómo hacemos para entender mejor la disociación entre los discursos político y jurídico sobre la seguridad y las prácticas de las instituciones públicas. Es una pregunta que me viene acompañando en toda mi carrera profesional. El desdoblamiento entre discursos y prácticas lo conocí desde muy joven y de manera directa; fue parte de mi más importante aprendizaje en la primera fase de mi trayectoria, cuando transité la vivencia “desde adentro” en los pasillos de dependencias diversas del poder ejecutivo federal y luego en San Lázaro y el Senado.
Luego lo comprobé en otros países a través de viajes de investigación que no han parado en tres décadas. No he conocido país alguno donde no haya dos niveles: lo que el Estado dice que hace y lo que hace. Y no creo que haya lugar alguno, si bien he visto diferencias de grado cuando la seguridad no llega, viendo a representantes institucionales ir desde las más sofisticadas elaboraciones retóricas hasta las más grotescas y cínicas exhibiciones.
Un autor escribió hace mucho “es tan importante lo que la policía hace como lo que dice que hace”; yo agrego: y tan lejana una cosa de la otra con tanta frecuencia. Pero mucho más allá de la policía, la política profesional y los operadores de la seguridad, desde la nacional hasta la ciudadana, tejen acuerdos que alinean el discurso para esconder más las prácticas. Esa es mi experiencia confirmada al menos en países de tres continentes. Por eso es tan potente la narrativa que sostienen la opacidad, hasta llegar al pináculo del relato: “la razón de Estado”. Ese lugar que escapa a cualquier control democrático para enseñar las contradicciones estructurales de la seguridad en todas sus formas y nuestro derecho a saber.
El secreto es convencerte que lo mejor es que no sepas y que nadie -o casi nadie- se pregunte si la prolongada falla en las políticas de seguridad en México y en tantas partes, se sostiene precisamente, en mucho, en la masiva cesión del derecho a saber. No saber “por nuestra seguridad”, aunque esta no llegue. Vaya montaje de eficacia centenaria.
Esa cesión que derriba las posibilidades de la rendición de cuentas; si no debo saber por mi seguridad entonces tampoco debo exigir la rendición de cuentas porque eso entorpece a las personas que trabajan por mi seguridad, aceptan las mayorías, según he aprendido.
La cita que preparó la historia para Sheinbaum y Trump, vista desde el ángulo de la seguridad, nos confronta a todo esto. Ambos países viven un encontronazo que mostrará la manera como cada uno construye el discurso que reconoce poco o nada de muchas de sus prácticas en seguridad, civiles y militares, para, quizá, firmar nuevos acuerdos que visibilizarán lo menos y esconderán lo más. No creo que estamos ni vayamos a estar en un momento de la historia que represente un punto de inflexión donde se desmonten los intereses entreverados entre el poder económico delictivo y el de los estados de ambas naciones.
Por lo demás, cuesta mirar la manera como siguen engañando con el despropósito evidente de suponer que la fuerza puede terminar con poderes y mercados delictivos que ya compiten con economías y poderes formales en cada vez más partes, de maneras más o menos visibles, más o menos sofisticadas y con más o menos violencia en ambos lados de la frontera. A medio siglo, siguen logrando engañar, asombroso (o no).
Mi hipótesis es que vendrán sacudidas violentas temporales que pueden debilitar de manera efímera algunos mercados delictivos, pero la agenda bilateral presenta diagnósticos incompatibles y por tanto deriva en agendas irreconciliables. Las definiciones de los problemas asociados a la crisis de seguridad que cada país asume no han sido ni serán compatibles. México no reconocerá la verdadera dimensión de su debilidad institucional asociada a la interdependencia política entre el Estado y la delincuencia organizada. Estados Unidos no reconocerá su tolerancia también política al flujo masivo de capitales para el lavado de dinero en su sistema financiero.
México no reconocerá la debilidad crónica del control sobre el mercado legal e ilegal de armas y Estados Unidos no controlará su mercado legal de venta de armas y tampoco reconocerá de qué tamaño es la venta masiva legal, proveyendo a quienes a su vez dotan a los grupos ilegales que tienen el mayor poder de fuego hoy en México. Ambos negarán la corrupción en la calle de muchas de sus instituciones policiales asociada al flujo de mercados ilícitos, no solo de drogas. Ambos negarán que sus fiscalías negocian cotidianamente de manera legal e ilegal, dejando operar a redes criminales de toda índole.
Ambos negarán sus respectivas crisis de salud, México habiendo perdido siquiera su capacidad de medir el uso de sustancias ilícitas, no se diga reducirlo, y Estados Unidos tolerando aún hoy el uso desproporcionado de determinados medicamentos prescritos que son el motor que explotó la crisis de adicciones a los opioides.
Negarán que la relación entre sus respectivas fuerzas armadas transita en la más absoluta opacidad, bajo la cobija de la seguridad nacional y la razón de Estado. No sabemos lo que no sabemos, tampoco sabremos de las operaciones militares extraterritoriales de Estados Unidos en México y en América Latina.
Discursos y prácticas dos mundos. Que decida cada persona si compra, otra vez, aquello de &#8220;cerrar filas” en medio de una crisis de seguridad monumental cocinada por ambos países. Yo prefiero otra cosa: ambos gobiernos deben rendir cuentas ante las sociedades a las que hacen daño masivo gracias a una política de drogas que ahora ha sido tragada por una política contra el terrorismo, en esta ruta de más de medio siglo produciendo más violencia, más corrupción y más riqueza criminal.
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Seguridad, México y Estados Unidos: cerramos filas o rinden cuentas

Calderón dijo ir a la guerra, avisó que “hasta con una piedra” lucharía contra la delincuencia organizada y llevó a lo más que pudo la intervención por la vía de la fuerza del Estado, mientras López Obrador dijo que la solución no estaba en esta y que la ruta adecuada era transformar las causas, desactivando en grado desconocido el uso de la fuerza pública. Ahora Sheinbaum encuentra nada menos que la barbarie, estacionado México en una epidemia de homicidios que incluye masacres cotidianas a las que se agrega la masificación de las desapariciones.
Por si fuera poco, el INEGI acaba de informar que la <a href="https://www.proceso.com.mx/cultura/2025/1/26/gaza-la-franja-del-exterminio-documental-que-da-voz-los-ninos-palestinos-344352.html" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana</a> mostró el más importante incremento en la percepción de inseguridad desde que inició su aplicación desde el tercer trimestre de 2013.
La presidenta Sheinbaum encontró quizá el peor saldo imaginable, luego de que a la sociedad se le ha prometido todo solo para fallar sistemáticamente. Calderón prometió que recuperaría la seguridad lanzando el mayor despliegue de fuerza que pudo, para luego entregar al país con tres veces más homicidios intencionales. En movimiento pendular, López Obrador prometió recuperar la paz con un enfoque social hacia las causas de las violencias y la delincuencia, agregando el mayor despliegue militar para la seguridad pública, pero relativamente inhabilitado para intervenir.
No tenemos suficiente evidencia de las órdenes presidenciales y jamás ha sido posible hacer mediciones independientes sistemáticas sobre el uso de la fuerza, pero tenemos perfectamente claro su discurso: en el sexenio del panista se dijo que se hacía la guerra contra la delincuencia organizada, mientras que en el del morenista se dijo justo lo contrario. Un movimiento pendular que nos dejó en la barbarie, con masacres cotidianas, desapariciones diarias por decenas y un proceso expansivo de instituciones públicas y territorios cooptados por intereses criminales, correlato de la masiva renuncia de operadores del Estado a cumplir con su mandato más básico: construir comunidades seguras.
Las lealtades políticas operan para nublar el análisis de lo que realmente ha pasado. Del color que sea su sometimiento o preferencia, defienden lo hecho por un presidente o el otro sin jamás haberse siquiera preguntado si ellos sabían lo que hacían, mirado desde el enfoque de los métodos probados por las políticas públicas de seguridad ancladas a la comprobación a través de la investigación científica.
Las grandes audiencias y los aparatos clientelares están desconectados de este enfoque; ¿por qué? Porque la política ha controlado el relato de la seguridad en paralelo a la evaluación para lograr dos efectos interdependientes: evadir la rendición de cuentas y de esa manera poder manipular las decisiones por intereses políticos, político-electorales y criminales.
Cuando un gobernador o gobernadora dice cualquier ocurrencia luego de la masacre del día, estamos ante la representación extrema del divorcio entre la política pública de seguridad y las buenas prácticas reconocidas en el mundo con base en la evidencia. No le ha llegado su tiempo a la comprobación de la seguridad en la inmensa mayoría del país. Algo así como si el sector salud entregara medicinas que no han sido aprobadas por la ciencia, sin cuestionamiento alguno.
Los métodos permiten ponderar las acciones. Calderón contestó aquello de la piedra cuando le dijimos que debía ponderar su estrategia en función de las capacidades institucionales, las buenas prácticas y la rendición de cuentas. Se negó. López Obrador se refugió en el discurso de las causas sociales y militarizó la seguridad sin ofrecer métodos ni evaluación de impacto. Y si levantamos la mirada, esto es parte de una metástasis regional: <a href="https://lav-uerj.org/wp-content/uploads/2024/10/REVISION-SISTEMATICA-HOMICIDIOS-2024-FINAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">América Latina evalúa poco o nada sus políticas de prevención y reducción de homicidios, a pesar de ser la región con las tasas de letalidad por homicidio más altas del mundo</a>.
La peor decisión de Sheinbaum sería refugiarse en los indicadores convencionales, en especial en los llamados índices de delitos que cada vez enseñan menos y esconden más los fenómenos de violencias y delincuencia. “Afuera de los indicadores está la realidad”, me dijo una víctima que sobrevive en uno de los municipios más violentos del norte de México, abiertamente controlado por los grupos delictivos armados. “Solo me queda pedirle ayuda a uno de los líderes criminales y si lo hago el otro va a atacarnos”, me dijo un sacerdote del otro lado del país, al sur. “Lo que hace imposible la inversión es la inseguridad que está por todos lados”, me dijeron apenas varios empresarios, también del sur.
Creo que ella lo sabe bien, lo que no sé es si está en su proyecto girar el timón hacia el anclaje de las políticas de seguridad a la comprobación, superando los límites de todos sus antecesores; más aún, tampoco sé si puede, aun queriéndolo hacer, porque supone arrancarle el control de instituciones y territorios al poder criminal armado, cuya frontera con el Estado se diluye cada día.
Para decirlo más claramente, podríamos haber dejado atrás los tiempos en que la presidencia tenía la capacidad para hacer valer la autoridad del Estado sobre los grupos delictivos armados, al menos en porciones importantes del país.
Termino enfatizando el factor externo que podría pesar más y más sobre las decisiones de la presidenta, de una manera que no hemos entendido y con consecuencias de pronóstico reservado, me refiero al gobierno de Donald Trump. Ampliaré sobre esto en siguiente columna.
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De Calderón a López Obrador, el péndulo que entregó a Sheinbaum la barbarie

Hoy Donald Trump será presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión. En mi convicción personal es quizá el más grave, delicado y riesgoso evento político para ese país, para México y para el mundo entero. No creo exagerar; viene una etapa donde la lucha por el poder político y económico llegará a extremos que tal vez ni siquiera queremos imaginar, pasando la disputa por la depredación del planeta y la multiplicación al infinito de las violaciones a los derechos humanos, especialmente, por mucho, de quienes no tienen recursos para defenderse. Toda persona que desvalore los altísimos riesgos, en mi concepto, es porque no quiere o no puede valorar la evidencia sobre la trayectoria del sujeto. Lo he dicho, lo seguiré diciendo: las vidas son trayectorias y para entenderlas lo que hay que hacer es “conectar los puntos”. Trump es quien es, quien ha sido y quien será, solo que ahora con todo el poder porque los contrapesos funcionales que lo contuvieron relativamente en su primera presidencia han sido parcial o totalmente desmontados.
Allá, acá y en cualquier parte del planeta, el camino más rápido a la destrucción del Estado democrático de derechos es la concentración del poder en una sola persona. Ningún secreto hay en ello, siempre lo hemos sabido y la novedad, si acaso, es que esa concentración se apoya cada vez más en los hombros del apoyo social.
¿Y México? Nuestro país recibe la segunda llegada de Trump en medio de una crisis sistémica, profunda y crónica del Estado en lo que se refiere a la seguridad, la justicia y la construcción de paz. El aparato de Estado camina sobre tres pistas: no sabe, no puede y no quiere hacer lo indispensable para terminar con esa crisis: reconstruir sus fundamentos de diseño y operación. Estamos secuestrados por los destructores del Estado que también se imponen a los escasos liderazgos que buscan el cambio. Las personas que llamo destructoras ejercen su parcela de poder desde la función pública ancladas a una o más entre estas tres opciones: a) sin conocimiento para hacerlo; b) sin poder para hacerlo, y c) sin querer hacerlo.
El epítome de las tres actitudes sumadas es la impunidad. El sello de la casa. La realidad que está por encima de cambios de gobiernos, por encima de las incontables reformas legales, de las interminables reorganizaciones institucionales, del gasto público, de la militarización y del rosario de promesas de las mujeres y los hombres del poder. ¿Alguien ha contado cuántas veces algún operador del Estado ha afirmado que no habrá impunidad, digamos, cuando menos en este siglo? ¿Alguien ha cuantificado la mentira?
Si alguien encarna el grado cero de autoridad moral para hablar de Estado de Derecho es precisamente Donald Trump, de eso no tengo la menor duda. La mala noticia es que eso importó nada de cara a su capacidad de representar el descontento, el odio y el impulso revanchista típico de los populismos; es más, habiendo sido él mismo condenado penalmente en medio de su exitoso camino a la Casa Blanca, estamos ante una incomparable representación del carácter estrictamente simbólico del sistema penal.
Vaya cita la que nos trajo la historia: Estados Unidos ha empoderado a quien representa un proyecto político nacionalista que al parecer será ejercido mediante los más agresivos impulsos de dominio global, un proyecto que llevará al extremo lo que el investigador Tony Payán caracteriza como la especialidad de ese país: exportar los costos de sus problemas; mientras en México, a casi dos décadas de la epidemia de homicidios y con un agujero negro por donde desaparecen decenas de personas al día, las y los gobernadores no se comprometen siquiera a trabajar todos los días por la seguridad, como lo dejó en claro la llamada de atención que les hizo la presidenta Sheinbaum el 10 de diciembre pasado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Trump nos va a embestir desde el día 1 de su gobierno y quizá no lo deje de hacer en toda su gestión; eso está claro. Y el gobierno federal, los estatales y los municipales podrán usar el ataque para llamar a la defensa de los intereses nacionales y todo eso. En la dimensión simbólica el embate será útil para la demagogia que siempre ha funcionado para esconder nuestros problemas estructurales.
El problema es que el soporte que debería sostener nuestra fuerza para contener el embate, especialmente en seguridad, justicia y construcción de paz, para mí no es otro que un Estado democrático de derechos sólido y el nuestro está roto hasta la médula misma por esa impunidad que lo atraviesa todo y ante la cual no saben, no quieren y no pueden.
Es como pelear con un boxeador de peso completo con la columna vertebral rota.
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La llegada de Trump y la columna vertebral rota

Este martes 14 de enero a las 16 horas conversaremos en Ni plata ni plomo por Ibero 90.9 FM con Jairo García Guerrero, actual secretario de Seguridad y Justicia de Cali, ciudad que logró en 2024 la reducción más significativa en la tasa de homicidios de los últimos 30 años.
Es un politólogo caleño, especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Me explica que aporta un enfoque diferenciado orientado hacia la gerencia de proyectos de cooperación público-privada para el desarrollo de políticas en áreas clave como el buen gobierno, la seguridad ciudadana, la convivencia y la justicia, perspectiva que sin duda explica en buena medida el “secreto” de sus éxitos.
Joven aún, pero con una larga carrera que incluye haberse desempeñado como Viceministro para la Estrategia y Planeación en el Ministerio de Defensa, Director para la Prevención del Crimen y la Violencia en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Director de Seguridad Ciudadana en la Secretaría de Gobierno de Bogotá y Director de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Excepcionalmente sencillo y abierto en su trato, no dudo en llamarlo amigo y he seguido con atención su trayectoria por décadas. Desde que trabajaba en la Cámara de Comercio de Bogotá en el fortalecimiento de capacidades de la fuerza pública, la innovación en el control social y el acceso a mejores programas para reducir la reincidencia delictiva en los jóvenes e interrumpir sus historias de violencia. Fue entonces cuando lo conocí, siendo él responsable del observatorio de Seguridad de esa entidad empresarial, el cual hacia la última década del siglo pasado y la primera de este se sumaba a la nueva tendencia a favor de la creación de herramientas digitales para incentivar el uso transparente de los datos publicando los delitos de mayor impacto.
Se involucró después, desde el Ministerio de Defensa, en la promoción de una reforma policial que incluyó modelos de participación comunitaria y prevención de la violencia y el fortalecimiento de las decisiones basadas en la evidencia, a su vez soportadas en altos estándares de desempeño. Desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá promovió programas como “La casita”, donde las personas adolescentes en conflicto con la ley penal atravesaban por un sistema de responsabilidad que incluía metodologías de atención psicosocial y modelos de reparación y acompañamiento que redujeron drásticamente la reincidencia. He sido testigo directo de múltiples iniciativas promovidas por Jairo y debo decir que La casita me impresionó y conmovió como pocos casos en más de 30 años visitando intervenciones en seguridad y justicia dentro y fuera de México.
En estas fechas, como responsable de la Secretaría Seguridad de Cali viene aprovechando las lecciones sobre programas de prevención de la violencia que permiten un acompañamiento que genera oportunidades para jóvenes, trabajando directamente en los barrios y con las comunidades, identificando oportunidades de formación y empleabilidad, promoviendo nuevos proyectos de vida que evitan que las personas jóvenes sean víctimas o victimarias. Con una visión que trasciende el corto plazo -algo muy poco común en nuestra región-, Cali avanza ahora mismo en el diseño de una política pública con prospectiva a diez años para consolidar una historia de éxito en la ciudad.
Sintoniza hoy a las 16 horas Ni plata ni plomo por Ibero 90.9 FM y ven a conversar con Jairo García Guerrero, quien confirma todos los días que la seguridad solo es nuestra cuando se trata de la seguridad ciudadana.
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Ven a conversar con quien en 2024 logró la mayor reducción de homicidios en 30 años en Cali, Colombia

Ven a conversar con quien en 2024 logró la mayor reducción de homicidios en 30 años en Cali

Tal vez cualquiera intuye que ofrecer dinero a cambio de armas es una buena idea, porque si la gente no las tiene entonces habrá menos muertes provocadas por su uso. Pero, ¿es así? Este ejemplo nos enseña muy bien la distancia que hay en México entre las decisiones en seguridad y su paso por la etapa de toda política pública que enseña si esta cumple o no lo que promete, es decir, la evaluación.
Seguimos en el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX haciendo todo lo que está a nuestro alcance para acercar la toma de decisiones en seguridad a la evaluación basada en evidencia. México y toda América Latina y el Caribe padecen una debilidad crónica en la evaluación de sus políticas de seguridad, a pesar de ser la zona del mundo con las más altas tasas de homicidios.
El año pasado Ignacio Cano, Emiliano Rojido y Doriam Borges publicaron la investigación <a href="https://lav-uerj.org/wp-content/uploads/2024/10/REVISION-SISTEMATICA-HOMICIDIOS-2024-FINAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">¿Qué funciona para Reducir Homicidios en América Latina y el Caribe?</a>, desde el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Los autores dedicaron tres años a realizar una tarea monumental que localizó, cuantificó y valoró cualitativamente cada programa evaluado. “En total se identificaron y analizaron 65 evaluaciones, 42 de ellas provenientes de Brasil, 10 de Colombia y 5 de México, con una menor representación de otros países”.
En cuanto a la eficacia de las intervenciones, se presenta una tabla “que resume el impacto de cada tipo de programa sobre los homicidios”. La entrega voluntaria de armas aparece en la categoría de intervenciones que no funcionan, con 4 evaluaciones identificadas. “De las cuatro evaluaciones encontradas, dos están referidas al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF) en Argentina y otras dos a programas en Brasil (estados de Río de Janeiro y Paraná, respectivamente). Entre las cuatro evaluaciones, tres no obtienen resultados significativos atribuibles a la entrega voluntaria de armas. La única evaluación que muestra un impacto significativo tiene severas limitaciones…”. La metodología de cada una de las evaluaciones sobre la entrega voluntaria de armas y sobre la totalidad de los 65 casos en múltiples áreas están explicadas en el anexo del documento.
Ninguna de las cinco evaluaciones de México que aparecen en el estudio tiene que ver con la entrega voluntaria de armas. No puedo afirmar que no existen, pero lo cierto es que, al parecer, no hay ninguna disponible. El estudio hace notar que “En el ámbito de la evaluación es común que algunos estudios sean confidenciales o se mantengan en sigilo durante un tiempo determinado. Además, la evaluación de intervenciones locales podría no estar muy difundida. Por tanto, es probable que algunas evaluaciones no estén incluidas aquí”.
Me interesa destacar que, a casi dos décadas de la epidemia de homicidios intencionales en México, el Estado no ofrece y la sociedad no exige -salvo mínimas excepciones- que el anuncio de las políticas de seguridad incluya base de comprobación científica. No se muestra que se cuenta con investigaciones realizadas en México y tampoco se avisa que se ha revisado las que se elaboran en otros países.
Si la presidenta Claudia Sheinbaum tiene en la mano la evidencia de que la entrega voluntaria de armas reduce homicidios, sentaría un precedente mayor mostrándola para fundamentar su decisión. Si no la tiene y tampoco la exigimos, estaremos dando continuidad a una costumbre histórica del gobierno federal y la inmensa mayoría de los gobiernos del país: decidir e implementar políticas de seguridad que no son evaluadas, aprovechando que nadie -o casi- lo exige y ni siquiera lo menciona.
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La entrega voluntaria de armas no reduce los homicidios; investigaciones lo comprueban

Fue en octubre pasado. El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX (PSC) había sido invitado a exponer su diagnóstico y propuestas a un aula donde convergían estudiantes de múltiples licenciaturas. Hacemos esto cada vez con más frecuencia porque estamos construyendo una casa universitaria donde las y los estudiantes, el personal académico y administrativo tomemos conciencia crítica y acción propositiva a favor de políticas de seguridad con derechos humanos.
Así que era un encuentro más a donde llevábamos la noticia de la crisis de violencias, delincuencia e impunidad e invitábamos a reflexionar, conversar y construir ideas para superarla, todo esto con fundamento en la amplia evidencia que el PSC y otras entidades independientes y oficiales han construido.
Como siempre hacemos, invitamos al diálogo desde el inicio de la sesión, pero algo parecía no ir muy bien. Las dos personas que representábamos ahí al Programa y el profesor de la materia comenzamos a sentir el peso del silencio del grupo porque nuestras invitaciones a responder preguntas y opinar sobre la información proyectada en pantalla parecían no ser escuchadas. Primero, debo confesarlo, sentí un poco de molestia, luego empezó a sacudirme una fuerte impresión, porque si bien hemos tenido experiencias similares, no recuerdo haber vivido tal extremo de inacción prolongada en prácticamente la totalidad de las y los estudiantes en un aula.
Vaya paradoja, justamente en ese mes de octubre pusimos en marcha el experimento llamado Aula en acción, donde hemos comenzado a recibir personas que vienen precisamente a conversar y problematizar en torno a la seguridad ciudadana. Pero este otro ejercicio que les cuento, lejos de ser un aula en acción, era más bien algo así como un aula congelada.
Viene a cuento un breve paréntesis: todos los martes a las 16 horas en Ibero 90.9 FM transmitimos el programa Ni plata ni plomo y hace unos meses una persona responsable de un medio de comunicación opinó, palabras más palabras menos: divulgan bien lo que nadie quiere saber.
En efecto, en algunas elaboraciones teóricas hace tiempo encontré que quienes hablamos de los problemas sociales merecemos la etiqueta de “portadores de malas noticias”; supe de esto cuando estudié el fracaso de campañas globales de concientización ante la emergencia climática.
El PSC es un programa de incidencia. No es un programa académico en estricto sentido, tampoco es una organización de la sociedad civil, más bien es un híbrido que utiliza los saberes científicos y comunitarios para construir estrategias que impacten entre audiencias internas y externas a la Ibero CDMX a favor de la seguridad ciudadana. Nuestra tarea es, parafraseando pedagogías alternativas, pensar para transformar.
Cuando el aula se congeló recibimos un golpe de realidad que al parecer nos enseñó una pequeña muestra de la distancia que puede haber entre nuestra propuesta pedagógica orientada a la acción y la práctica orientada a la inacción.
En el libro Nexus de Yuval Noah Harari, haciendo historia de la relación entre la información y la verdad, el autor habla de los “mecanismos de autocorrección”, es decir, “lo que una entidad emplea para autocorregirse”; eso sucede en el cuerpo humano y en las instituciones y en ambos casos, si no funcionan, tanto aquel como estas mueren, explica el afamado historiador. Harari me recordó la teoría de la rendición de cuentas que hemos promovido desde la propuesta de reforma policial democrática y la seguridad ciudadana por décadas, porque hemos enfatizado una y mil veces la relevancia de construir sistemas de auto observación y aprendizaje a partir de la experiencia. En Nexus aprendemos sobre la diferencia entre los relatos auto proclamados infalibles (las religiones) frente a los que ponen en el centro justamente su falibilidad (la ciencia).
En los últimos dos años de operaciones, cada evento del PSC ha merecido una asistencia promedio superior a las 300 personas (durante o en visita posterior al registro grabado). En efecto, el crecimiento ha sido inusitado en el periodo 2023-2024, pero nuestra visión y nuestra misión de incidencia transformativa se enfoca principalmente en el quizá más difícil de todos los impactos: el cambio conductual. Nada menos. Por eso, en el 2025 profundizaremos nuestras indagaciones y ampliaremos nuestras alianzas con quienes en la Ibero CDMX y en otras entidades están en la frontera del conocimiento en materia de innovación educativa.
Ayer entrevisté a uno de mis hermanos, quien ha sido profesor y tallerista en Biología por 25 años y me regaló fascinantes relatos sobre la manera como, si se tienen las metodologías y herramientas adecuadas, las niñas, niños y adolescentes se apropian del aprendizaje a través de la creatividad y la autogestión -yo mismo tuve el privilegio de vivirlo así en esas edades-. Y antes de eso, él habló de la diversión, recordándome a aquella neurocientífica que también me habló de la importancia de esta en la educación a cualquier edad.
Alguien desde Sinaloa me dijo hace poco “ya no sabemos qué hacer”. Lo he escuchado a lo largo del país durante todo este siglo cuando hablamos de las violencias. Mirándonos en el PSC y aprendiendo de nuestra experiencia y de la historia, debemos revisar y corregir, a la manera de esos “bucles de retroalimentación internos” del cuerpo humano que leemos en la obra citada.
Esa aula congelada acaso representa en mucho a buena parte de este país. Invitamos a la autocorrección para descongelar.
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