¿Quién armó a ese adolescente?
En México, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado se ha convertido en un fenómeno social instalado en la vida cotidiana. Las noticias que leemos o escuchamos sobre delitos cometidos a manos de menores de edad han dejado de ser episodios aislados y se han convertido en ejemplificaciones de una persistente. Hoy no podemos pensar que reclutar es solo “levantar”; es seducir, disciplinar, endeudar, amenazar y convertir el miedo y la necesidad en un sistema de pertenencia. Todo eso, en un país donde la violencia no siempre estalla de forma visible, sino que se asienta, se normaliza y termina por moldear aspiraciones, expectativas y límites. De esa forma, entender el reclutamiento exige mirar más allá del acto delictivo y adentrarse en las condiciones que lo hacen posible.
Ante este fenómeno suele surgir la siguiente pregunta: ¿por qué habría niñas, niños y adolescentes queriendo arriesgar su vida dentro de un cártel? Para responderla es necesario observar la infancia que se vive en nuestro país. En 2022, cifras del CONEVAL mostraron que 45.8 % de las niñas, niños y adolescentes en México vivían en pobreza, y ese mismo año el INEGI reportó que 3.7 millones de personas de entre 5 y 17 años realizaban trabajos prohibidos o peligrosos para su desarrollo. A ello se suma que en 2025 el INEGI reportó que 34.3 % de la población ocupada se encontraba en pobreza laboral, lo que se traduce en personas proveedoras que no logran cubrir la canasta alimentaria básica con su trabajo. Estas cifras no solo describen carencias económicas, sino contextos donde las oportunidades reales son escasas y la cohesión familiar puede verse obstaculizada ante la prioridad de supervivencia. En ese escenario, la oferta criminal no aparece como una locura inexplicable, sino como una alternativa que compite con opciones profundamente limitadas.
Más allá del componente económico y social, el momento del desarrollo cognitivo en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes resulta determinante para comprender el reclutamiento. Durante esta etapa atraviesan procesos intensos de construcción de identidad, búsqueda de reconocimiento y necesidad de pertenencia, mientras que la valoración de riesgos y consecuencias aún no es una habilidad plenamente consolidada. Cuando a esa condición evolutiva se suman estrategias de captación basadas en manipulación, engaño, promesas de protección o amenazas directas, la aparente “decisión” pierde buena parte de su autonomía. En ese contexto, los grupos delictivos ofrecen ingreso inmediato, estatus, protección y un espacio donde son vistos y reconocidos, justo allí donde la escuela, la comunidad o incluso el entorno familiar no logran brindar certezas. Así, la integración a las filas del crimen no puede entenderse como una elección libre e informada, sino como el resultado de la convergencia entre vulnerabilidad estructural y captación estratégica.
Sin embargo, aun cuando la incorporación esté marcada por vulnerabilidad y coerción, las consecuencias que siguen a esa decisión son profundamente dolorosas y, en muchos casos, irreversibles. Una vez dentro, el impacto es devastador, y no solo porque la esperanza de vida suele reducirse drásticamente en un entorno atravesado por disputas territoriales, tareas de alto riesgo y una lógica de reemplazo constante, sino por el proceso interno al que son sometidos. El proceso mismo de permanencia implica adiestramiento sistemático y deshumanización: aislamiento progresivo, ruptura de vínculos familiares, exposición continua a la violencia y normalización del daño como forma de supervivencia. A través de ese entrenamiento se moldea la identidad en función de la utilidad para la organización, se inhibe la empatía y se aprende a obedecer sin cuestionar, generando heridas psíquicas profundas asociadas a trauma complejo. La paradoja es cruel: quienes son reclutados pueden experimentar una sensación inicial de respaldo y reconocimiento, al mismo tiempo que se les arrebata la infancia y la posibilidad de construir una identidad propia fuera de la lógica criminal. Así, lo que parece una elección atrevida es el resultado de un proceso sistemático que convierte a niñas, niños y adolescentes en piezas fundamentales de una economía criminal que se sostiene sobre su vulnerabilidad.
Frente a esta complejidad, la reacción social suele reducirse a la indignación y criminalización automática. Se les señala como si hubieran actuado con plena información y libertad, sin considerar la violencia estructural, emocional y física que media su incorporación e incrementa después de la misma. No podemos seguir entendiendo la comisión de delitos por parte de infancias y adolescencias como una desviación individual. Al preguntarnos ¿quién armó a ese adolescente?, la respuesta no puede buscarse únicamente en una estructura criminal, también debe mirarnos de frente como sociedad. Lo armó un entorno desigual que normalizó la violencia, un Estado que no garantizó oportunidades ni protección a tiempo, comunidades fragmentadas que no lograron sostener redes de protección y una indiferencia colectiva que no quiso ver los signos de alerta. Pero, lamentablemente, no solo fallamos antes de que fuera reclutado; seguimos fallando cuando no nombramos, no prevenimos y no actuamos frente a la captura sistemática de vidas en formación.
Ahora, si ese es el diagnóstico, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué hay que hacer ante la situación? Hoy el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado no está tipificado como delito autónomo. En la práctica, las autoridades recurren a figuras como corrupción de menores o trata de personas, pero ninguna de ellas logra captar la complejidad del fenómeno. Ello da como consecuencia la posible sanción del delito visible, pero sin que este sea correctamente nombrado, investigado ni abordado de manera integral.
La falta de tipificación tiene consecuencias concretas. Si el reclutamiento no existe como tipo penal este no se mide como tal, no genera estadísticas diferenciadas y no activa protocolos especializados para frenar la captación. Y, más grave aún, quienes fueron reclutados quedan atrapados en una narrativa que los coloca exclusivamente como delincuentes, sin que se reconozca su cáracter de víctima en la previa captación y utilización.
Por ello, exigir la tipificación del reclutamiento responde a una necesidad impostergable que no nace de un deseo punitivo, sino de la urgencia de nombrar la conducta, de trasladar la responsabilidad hacia quienes se benefician de la captación, de otorgar a niñas, niños y adolescentes el estatus de víctimas de una forma particular de violencia y de construir respuestas institucionales coherentes y acordes a esa realidad. En un país donde la violencia corre el riesgo de confundirse con el paisaje cotidiano, las palabras importan. Tipificar el reclutamiento es, en ese sentido, el primer paso para parar el fenómeno.
* Sofía Martínez Paz es abogada e internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), especializada en derechos humanos, perspectiva de género, niñez, igualdad y no discriminación. Directora de Incidencia y Políticas Públicas en Reinserta.
Desde 1948 hasta el actual conflicto en Gaza, analizamos la fuerte alianza entre Guatemala e Israel y cómo conviven hoy las comunidades judía y palestina en el país centroamericano.
Frente al constante bullicio de motocicletas, autobuses y vendedores ambulantes de la concurrida 7ª Avenida de Ciudad de Guatemala, un muro custodiado por agentes resguarda el templo de la comunidad judía en el país centroamericano.
Con un imponente tejado blanco cuyas aristas componen la estrella de David, Sharei Binyamin es la principal sinagoga de Guatemala, un pequeño país fuertemente vinculado a Israel desde que jugó un papel relevante en la fundación de ese Estado en 1948.
Allí nos reunimos con miembros de esta comunidad y entrevistamos a su director ejecutivo, Ilan López, para hablar de los vínculos entre estos dos países separados por 12.000 kilómetros en un contexto político marcado por el conflicto en Gaza.
A pocas calles de distancia, en una cafetería, nos encontramos con Jamal Hadweh, presidente de la Comunidad Palestina.
Aunque ambos líderes insisten en el respeto mutuo, difieren en sus visiones sobre la historia compartida entre Guatemala e Israel, y la especial relación que une a ambos países.
Esta lleva afianzándose casi ocho décadas desde la histórica votación en la ONU para la fundación del Estado de Israel hasta el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén, pasando por una controvertida cooperación militar durante el siglo XX.
Ahora, en un contexto internacional polarizado en torno a lo que ocurre en Gaza, Guatemala ha reafirmado su cercanía con Israel, aunque con algunos giros inesperados.
Analizamos cómo se forjó esta peculiar relación y de qué manera los acontecimientos recientes en Oriente Medio la están poniendo a prueba.
Un voto decisivo
El 29 de noviembre de 1947, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Guatemala fue uno de los 33 países que votaron a favor del Plan de Partición de Palestina, establecido por la Resolución 181.
Esto implicaba, en efecto, respaldar la creación de Israel bajo un sistema de dos Estados en el antiguo protectorado británico.
Gobernaba Guatemala en aquel momento Juan José Arévalo -padre del actual presidente Bernardo Arévalo- que había iniciado una reforma democrática tras décadas de autoritarismo
“Su gobierno consideraba el genocidio judío entre 1933 a 1945 una gran catástrofe y además creía que había que poner fin al colonialismo británico en Palestina. Por eso apoyó desde el principio la Resolución 181 que proponía dos Estados: el Estado judío y el Estado árabe palestino”, explica Mauricio Chaulón, historiador y antropólogo social de la escuela de historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Fue clave en el proceso la figura de Jorge García Granados, embajador de Guatemala ante la ONU e integrante del Comité Especial para Palestina, que trabajó arduamente para lograr los votos en la Asamblea General a favor de la partición, rechazada por los países árabes.
Israel no ha olvidado el empeño de García Granados, a quien dedica sendas calles en Jerusalén y en el área metropolitana de Tel Aviv.
El 14 de mayo de 1948 Guatemala fue el segundo país del mundo, por detrás de EE.UU. y delante de la Unión Soviética, en reconocer la existencia del Estado de Israel.
“Guatemala estuvo ahí, en el medio, entre las dos potencias mundiales. Reconoció a Israel y, desde entonces, ha tenido un lugar fundamental en la historia moderna del Estado de Israel”, afirma Ilan López, director ejecutivo de la comunidad judía guatemalteca.
En 1956 Guatemala se convirtió en uno de los primeros países en abrir una embajada en Jerusalén, reconociendo de facto la soberanía israelí sobre una ciudad cuyo estatus estaba en disputa.
La consolidación de la alianza
La estrecha relación entre Guatemala e Israel se consolidó de forma tan decisiva como controvertida en los años más duros del conflicto armado interno de Guatemala.
Tras el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Árbenz en 1954 y la consolidación de un Estado autoritario y anticomunista alineado con EE.UU., la cooperación entre ambos países se orientó al terreno militar.
“El Estado sionista israelí, que va a empezar a hacer un viraje hacia el anticomunismo también de una manera bastante fuerte dentro del contexto de la Guerra Fría, entabla con el Estado de Guatemala una relación directa dentro de esos gobiernos militares contrainsurgentes”, indica el historiador Mauricio Chaulón.
A partir de los años 1970 esta alianza se intensificó hasta convertir a Israel -ya convertido en toda una potencia mundial en defensa- en el socio clave de los gobiernos militares guatemaltecos.
“En Guatemala el conflicto armado interno había tomado una característica de una guerra sucia desde el Estado, con graves violaciones de los derechos humanos. Cuando el Gobierno de Jimmy Carter, más democrático, decide ya no dar más ayuda militar a Guatemala, esa ayuda militar de Estados Unidos la sustituye Israel”, explica el académico.
Durante los gobiernos de Carlos Arana Osorio (1971-1974), Kjell Laugerud García (1974-1978) y Romeo Lucas García (1978-1982), Guatemala selló acuerdos con Israel que incluyeron venta de armas, municiones, aviones Aravá, helicópteros, sistemas de inteligencia y entrenamiento contrainsurgente.
La cooperación alcanzó su punto más intenso entre 1982 y 1983, durante la jefatura de Estado de Efraín Ríos Montt, una de las más sangrientas y oscuras del conflicto interno.
Además, señala el historiador, esta etapa añadió un tercer componente a la relación bilateral: el religioso.
Ríos Montt y otros miembros de su gobierno provenían del movimiento neopentecostal, lo que generó una identificación ideológica religiosa con el Estado de Israel, basada en interpretaciones bíblicas sobre el pueblo elegido y la Tierra Prometida.
Pese a la estrecha relación que unía a ambos países en aquel momento, y la dependencia guatemalteca de apoyo militar israelí, en 1980 el país centroamericano trasladó su embajada de Jerusalén a Tel Aviv en cumplimiento de una resolución de Naciones Unidas.
Tras casi cuatro décadas después, en 2018, Guatemala se convirtió en el segundo país, después de EE.UU., en reubicar su legación diplomática en Jerusalén.
La acción, marcada por el alineamiento de los entonces gobiernos de Jimmy Morales y Donald Trump, supuso para Guatemala romper con el consenso internacional de mantener las embajadas en Tel Aviv, y reforzar su vínculo político y simbólico con el Estado de Israel.
Unos años antes, en 2013, el gobierno de Otto Pérez Molina había reconocido en la ONU a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano”, lo que se considera una excepción en el alineamiento proisraelí de Guatemala.
Hoy ambos países mantienen una activa agenda de cooperación, reforzada con la puesta en vigor en 2024 de un tratado de libre comercio bilateral.
Guatemala exporta sobre todo productos agrícolas a Israel, que provee al país centroamericano de tecnología, farmacéuticos y maquinaria, entre otros productos, además de brindarle asistencia técnica en recursos hídricos, innovación o seguridad pública.
Ambos Estados también mantienen frecuentes intercambios educativos y culturales, así como programas de cooperación científica y transferencia tecnológica.
La comunidad judía y el sionismo cristiano
Emplazada en un complejo junto a canchas deportivas, un comedor y un extenso jardín, la sinagoga Sharei Binyamin, construida en 1959, resume más de un siglo de presencia de los judíos en Guatemala.
“La comunidad judía en Guatemala se fundó como institución hace 110 años, aunque hay evidencia de comunidades judías desde el siglo XVI, cuando escapaban de la Inquisición en España”, explica Ilan López.
El director de la comunidad, autodefinida como ortodoxa, sionista y moderna, asegura que “Guatemala siempre ha tenido una política abierta hacia la migración judía, lo que no es el caso de todos los países en América Latina”.
Sin embargo, la población de judíos apenas supera el millar, según estimaciones, en un país con aproximadamente 18,5 millones de habitantes, el más poblado de Centroamérica.
Pese a su reducido número, la comunidad judía asume un papel activo en la vida religiosa y política de Guatemala, algo que López señala como su principal rasgo distintivo.
A diferencia de otras comunidades judías del continente, con estructuras más cerradas por seguridad o tradición, en Guatemala los judíos mantienen intercambios constantes con otros grupos de la sociedad, e incluso su guardería está abierta a niños de familias de cualquier credo.
En todo caso, sus principales aliados son los cristianos evangélicos, que en Guatemala ya superan a los católicos en número de fieles, aproximadamente la mitad de la población.
López atribuye esta cercanía a una base doctrinal: para muchas iglesias evangélicas, el Antiguo Testamento es central y promueve “el amor y respeto al pueblo de Israel”.
“Tenemos una relación sumamente cercana con la Iglesia evangélica, en la que discutimos temas que tenemos en común: valores, la defensa del Estado de Israel, etcétera”, asegura.
Esa afinidad ha contribuido a que la reducida comunidad judía adquiera conciencia pública a través de actos interreligiosos, celebraciones y, sobre todo, los mensajes que los pastores evangélicos transmiten a sus fieles en cada sermón.
Las críticas de la comunidad palestina
No muy lejos de la sinagoga, nos reunimos en una cafetería de la capital con Jamal Hadweh, presidente de la Asociación Palestina Guatemalteca.
Hadwed es cristiano, como la mayoría de los palestinos asentados en el país centroamericano, “más de 25.000 de varias generaciones, aunque en la comunidad tenemos inscritos a unos 7.000”, afirma.
Explica que el primer registro de un palestino en Guatemala data de 1882.
Desde entonces las llegadas se intensificaron con oleadas entre 1912 y 1926, y posteriormente con las migraciones de 1930, 1948 -fundación de Israel-, 1967 -Guerra de los Seis Días- y las décadas de 1980 y 1990, la mayoría cristianos de Belén, Betjala y otras localidades de Cisjordania.
Estas familias de tercera, cuarta e incluso quinta generación están muy integradas en la vida económica: “Son empresarios, gente que tuvo que ver con la construcción de Guatemala, familias que hoy siguen brillando en el comercio, en la industria, como empresarios”, subraya.
Al igual que la comunidad judía, la Asociación Palestina Guatemalteca representa a la comunidad y organiza actividades sociales, culturales y humanitarias en el país.
Sin embargo, la relación entre ambas es fría y distante.
“La comunidad judía aquí trabaja con la Iglesia Evangélica, trabaja para destruir a Palestina, para destruir la imagen de un Estado palestino”, responde Hadweh cuando le pregunto por el trato con sus homólogos judíos.
Como cristiano nacido en la llamada Tierra Santa, el representante de los palestinos critica el apoyo incondicional de los evangélicos al Estado de Israel.
“Ellos no van a venir a enseñarme mi religión cuando yo nací donde nació Cristo. Si hoy son cristianos es por la resistencia de mi pueblo a lo largo de siglos, cuidando las iglesias y el patrimonio en Tierra Santa, no por Netanyahu. Te lo digo claro y sin miedo: el evangélico aquí es muy ciego”, sentencia.
Gaza y Guatemala
El ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y el conflicto que desde entonces se desarrolla en Gaza han impregnado el debate público en Guatemala, cuya sociedad muestra una marcada polarización.
El apoyo incondicional al gobierno de Benjamin Netanyahu por parte de la extensa comunidad evangélica contrasta con el rechazo frontal de grupos de izquierda y estudiantiles, reflejado en ocasionales grafitis de protesta en el centro de la Ciudad de Guatemala.
Ilán López asegura que la crítica legítima al Estado de Israel “no solamente es aceptada, sino bienvenida” y recuerda que el gobierno de Netanyahu “hoy en día recibe una crítica importante de parte de los propios israelíes”.
Puntualiza, sin embargo, que “cuando se vandaliza el museo, entendemos que se cruza una línea”, en relación a las pintadas sobre Gaza que aparecieron recientemente en las paredes del Museo del Holocausto de la capital.
El conflicto también se deja sentir dentro de la comunidad judía: “tenemos grupos que están a favor del gobierno israelí, grupos que están en contra, y creo que eso es completamente natural”,
Aun así, sostiene que la comunidad coincide en un punto fundamental: “Siempre vamos a defender el derecho de Israel de existir, y parte de esa defensa es ser críticos cuando ocurren cosas con las que no estamos de acuerdo”.
La postura favorable al Estado de Israel que el gobierno de Guatemala ha mantenido históricamente no cambió demasiado con la guerra, salvo excepciones, como el apoyo del gobierno guatemalteco a una resolución de la ONU para reconocer al Estado palestino tras el 7 de octubre.
“Eso fue, de alguna forma, premiar el terrorismo”, censura el líder de la comunidad judía.
Del lado palestino, Jamal Hadweh se queja de que el gobierno guatemalteco “está comprometido hasta el fondo con Israel, porque tiene mucha presión de la comunidad cristiana y la comunidad sionista”.
“Guatemala tiene una muy buena amistad con Israel, pero hay cosas que no pueden ser. Si tu amigo está haciendo el mal frente a ti, tienes que pronunciarte, y Guatemala nunca se ha pronunciado cuando matan a niños y mujeres palestinos”, alega.
Así, en un país que acoge a palestinos y judíos desde hace más de un siglo, las diferencias entre ambas comunidades sobre el conflicto que las enfrenta en una tierra lejana parecen difíciles de reconciliar.
Los dos lados coinciden, sin embargo, en el posible motivo de la falta de diálogo: a su juicio, la postura del otro es demasiado extremista.
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