Desde el 2014, el Seminario sobre Violencia y Paz genera conocimiento aplicado sobre la violencia criminal y de la construcción de la paz con raíces domésticas e internacionales. Este blog tiene como objetivo divulgar la investigación del Seminario y de sus colaboradores. El enfoque está inspirado en una lógica de investigación aplicada, lo que supone difundir el conocimiento que generamos desde el Seminario. 

El blog del Seminario sobre Violencia y Paz

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Los salones de belleza en la Ciudad de México son espacios complejos, liminales, de paso. Las personas dedicadas al oficio, al menos aquellas con quienes he tenido oportunidad de conversar, coinciden en que parte de su trabajo, más allá del servicio (como un tinte o un corte de cabello), es la escucha activa y, hasta cierto punto, la terapia. Si se toma en cuenta que la salud mental en México continúa siendo tabú, ‘terceros’ espacios como las cantinas o los salones de belleza, según la identidad de género, mantienen su atractivo terapéutico. La relación entre el cliente y quien ofrece un servicio, en este sentido, es resultado de una interacción cercana y de inquebrantable (inagotable) confianza, al menos desde un lado.
Viene a mí una historia que Guadalupe, una estilista veterana, compartió conmigo hace algunos años. Ella recordó a Jesús, un hombre solitario de mediana edad. Él mantenía distancia de su familia y nunca se casó. Jesús visitaba el salón de Guadalupe, sin falta, los jueves por la tarde. No pedía ningún servicio, para ello agendaba un espacio cualquier otro día de la semana. Él sólo iba a conversar con ella. Para Guadalupe se hizo normal apartar la cita de plática, como parte de un acuerdo tácito, hasta la inesperada muerte de Jesús. Aunque ella no consideraba que fueran amigos, haber escuchado a su cliente tantos años, sin reservas, la hacía sentir que lo conocía mejor que nadie: más que la familia y amistades.
Cuando le pregunté a Guadalupe el porqué no creía que su relación con Jesús fuese de amistad, ella me dio a entender que una interacción de esa naturaleza implicaba interés recíproco por conocer y reconocer al otro. Según entendí, la relación entre la estilista y su cliente tenía más parecido a la dinámica de una terapia psicológica convencional. Entendió muy pronto que, para que Jesús se sintiera cómodo, ella debía quedarse al margen, leer la habitación, y adaptarse a la posición que él adoptara en su narrativa: sin juicio, sin opinión. La experiencia de Guadalupe con Jesús es sólo un ejemplo de cómo el salón de belleza se puede configurar como un espacio de afirmación personal, de autenticidad, de libertad. “No se puede juzgar aquello que no se conoce del todo”, me compartió Guadalupe.
Con esto en mente, quisiera escribir desde mi experiencia. Hace algunos días hice una cita en el salón de María, estilista con una cartera de clientes sólida desde que empezó su carrera profesional. Las nuevas con ella, como yo, llegamos al salón por recomendación de algún cercano. Esto es importante ya que, de alguna forma, las historias que llegan a los oídos de María están interconectadas, forman parte de la narrativa de su colonia. Recuerdo haber aparecido en el salón mucho antes de la hora; María todavía estaba trabajando en el cabello de otra clienta, Beatriz. Con la mirada en el celular, alcancé a escuchar que “Betty” era profesora de letras en una universidad privada de la Ciudad de México.
No presté más atención a la conversación hasta que, algo molesta, Betty le contaba a María cómo ninguno de sus estudiantes aprobó su última evaluación. Esto dio pie a que se repartieran los pedazos de la culpa –a la generación, a los jóvenes– del fracaso: “son ociosos, el futuro del país está en las peores manos, ¡por eso estamos como estamos!”. María y yo, por un momento, intercambiamos una mirada de preocupación, pero ninguna reaccionó. Beatriz continuó, sus comentarios parecían seguir una línea que podrá resultar familiar al lector: los jóvenes no quieren trabajar, abandonan sus estudios a la menor dificultad, ellos abusan de la caridad de sus padres y necesitan mano dura para reponerse. María asintió sin juzgarla, sin responder. Yo regresé la mirada al teléfono. María continuó trabajando mientras Beatriz contestó una llamada telefónica.
Cuando Arturo, cliente de la colega de María, llegó al salón, el ambiente se aligeró. Se sentó al lado mío en la sala de espera y empezamos a platicar; para mi fortuna, tenemos una amiga en común. Entre las preguntas de rutina, y al compartir periodo de exámenes, hablar de temas como desgaste, depresión y desánimo se sintió como lo correcto: siempre ayuda el ánimo entre pares. Sin embargo, a diferencia de conversaciones anteriores con la misma temática, algo incomodaba a Arturo. Mencionar el burnout nos llevó a reflexionar sobre un contexto más grande: no éramos los únicos ni los últimos en experimentarlo. Los peligros y consecuencias de minimizar el problema podían ser fatales, y ésta –en una breve conversación de viernes– parecía ser una condición que, de alguna forma, resentimos los jóvenes en México: el que trabaja (con o sin remuneración), estudia, migra, milita…
“Recuerdo a Silvia”, compartió, “recuerdo su fatiga”, continuó. “¿De qué le servía tanto esfuerzo si al final su vida se perdería entre deudas, las expectativas rotas de sus padres, y sus sueños frustrados?”. Silvia, compañera de carrera de Arturo, se quitó la vida en 2019, sólo tenía 20 años. Al recordar la vida de su amiga, el salón quedó en silencio. Las tres –María, Betty, y yo– adoptamos un luto, condolencia, inconsciente. Nuestro voto de silencio se rompió con la llegada de Roberta, la colega de María. El ánimo en el espacio se armonizó lentamente a la personalidad y vivacidad de Roberta. No se habló sobre Silvia hasta que Arturo se despidió, y Roberta cerró la puerta del salón tras salir.
Aún en la sala de espera, ver cómo las canas de Betty, ahora cubiertas por el tinte, parecían pequeños destellos en contraste con el resto de su cabello fue la única manera que encontré para reprimir mis emociones. Al poco rato, María me pidió que me sentara en el asiento al lado de Beatriz, donde Roberta había atendido a Arturo, para empezar a trabajar conmigo. Después de explicarle a María mis preferencias para un corte de cabello, el salón volvió a quedar en silencio. Betty pagó, pero regresó a su silla. Noté que su respiración se agitó, presagio del fin para nuestro segundo luto. “Eso no está bien”, dijo, “no es posible, las cosas tendrían que cambiar: de verdad, era sólo una niña”, terminó. María y yo asentimos.
Aunque Betty haya olvidado a Silvia durante el fin de semana, todavía me pregunto hasta qué punto la recordó al entrar a su salón de clases el siguiente lunes. La conversación con Arturo –una plática entre conocidos, sin la intención de ser performativa para Beatriz; una charla entre quienes viven ser jóvenes en México en cierto contexto (evidentemente privilegiado)– tuvo un claro efecto en Betty. ¿Cambió en algo el regaño disfrazado de discurso que tal vez tenía pensado recitarles a sus estudiantes? Si no fuera el caso, me gustaría preguntarle en qué medida pudo ver a Silvia, a Arturo, o a mí en los rostros de sus aprendices. Así, las respuestas a estas preguntas constituyen un por qué: una razón más para hablar y escribir respecto a las diversas juventudes en el país desde la empatía –ponerles un nombre y un rostro, dotarles de vida–, una necesidad innegable para darle sentido al futuro que compartimos y que está, inexorablemente, sujeto a los sueños de la juventud.
* Mariana López Jiménez es tesista de la licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México.

De cómo olvidar: una breve mirada sobre la primera muerte (en vida) de las juventudes en México

Por segunda vez, Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos con un margen mucho más amplio del esperado, para sorpresa de muchos. La idea de que Kamala Harris compitiera contra Trump era atractiva: una mujer negra, que “rescató” la contienda de último minuto para mantener vivas las posibilidades del Partido Demócrata. Harris hizo un buen trabajo, el mejor que pudo. Era posible pensar que Harris saldría victoriosa de la contienda, y Trump regresaría a enfrentar sus procesos legales como cualquier ciudadano estadounidense común.
Durante todo el día seguí la cobertura en los medios de comunicación hispanos más importantes; dedicaron largos segmentos a hablar sobre “el voto latino”. Por la mañana y hasta entrada la tarde predominaba la idea de que la comunidad hispana con derecho a voto —más de 36 millones de personas, según el Pew Research Center— estaba más informada que nunca sobre los pros y contras de las dos opciones para presidente. Dada la tensa relación de Trump con América Latina durante su mandato, los analistas y las casas encuestadoras auguraban que la balanza se inclinaría hacia Kamala Harris. Sin embargo, no fue así.
Vivo en Estados Unidos desde hace cuatro años, en Carolina del Norte, uno de los 7 estados columpio que al final se pintó de rojo y en donde más del 10 % de la población es latina. Esto me ha permitido observar de cerca las dinámicas de la comunidad hispana. Mi interacción diaria con inmigrantes de primera y segunda generación me ha dado la capacidad de comprender mejor sus decisiones sin apresurarme a juzgarlas. A continuación, comparto algunos de los argumentos que considero claves para entender el voto de muchos latinos en esta elección.
Donald Trump se ha convertido en el “rey de la retórica” y no pocos latinos, incluso aquellos que aún no han migrado o que nunca han pisado Estados Unidos, lo ven como una persona que defiende la libertad y que está dispuesta a enfrentarse a &#8220;los socialistas&#8221; y a &#8220;los comunistas&#8221;. Para muchos, especialmente aquellos que han experimentado los desastres catastróficos de los gobiernos de izquierda en América Latina, Trump representa una opción que defiende la dignidad, las libertades y la seguridad, valores que resuenan profundamente entre quienes, por su historia personal o familiar, han carecido de ello.
Otro factor que representó la simpatía de los hispanos fueron los beneficios económicos que muchos recibieron durante su primera administración, especialmente durante la pandemia. Las ayudas económicas ortorgadas por su gobierno generaron una percepción de respaldo y buena administración de los recursos públicos entre varios sectores de la población latina, contrastando con el relato de abandono que algunos migrantes escucharon de sus familiares en América Latina y que fortaleció su percepción positiva de Trump.
Además, entre 2017 y 2021 se otorgaron incentivos para la creación y desarrollo de empresas en los Estados Unidos, lo que benefició de manera colateral a la población latina. Los sectores en los que se concentra una amplia fuerza laboral latina, como la construcción, la hostelería y la agricultura, tuvieron un crecimiento en oportunidades laborales, lo que tuvo un impacto positivo y tangible a corto plazo en muchas familias. Esto ocurrió, además, de manera paralela a las políticas migratorias de Trump, que incluyeron presiones sobre México para frenar y filtrar el flujo migratorio de América Central.
No menos importante es el factor cultural y religioso. Muchos latinos, especialmente los que llevan varias generaciones en Estados Unidos, se sienten más identificados con los valores tradicionales que Trump promueve, como la defensa de la familia tradicional y una visión conservadora sobre temas sociales como el aborto o la diversidad sexual. Estos valores se acercan, más que los promovidos por Kamala Harris en su campaña, a comunidades con una fuerte orientación cristiana, donde los factores sociales y morales juegan un papel clave en la toma de decisiones políticas.
Asimismo, hay un componente de identidad política que no se puede pasar por alto. Para algunos latinos, Trump representa una alternativa a las élites políticas tradicionales que existen en Estados Unidos, a quienes consideran lejanas y desconectadas de las realidades y necesidades de las comunidades latinas. Su discurso, que a menudo desafía la corrección política, ha encontrado resonancia en aquellos que sienten que los políticos de carrera no han hecho lo suficiente por abordar temas prioritarios para ellos, como la educación.
Gran parte de la comunidad latina sigue y seguirá siendo una base electoral clave para el Partido Demócrata, pero el apoyo de un grupo significativo de migrantes a los Republicanos el día de ayer refleja la complejidad del panorama. Los latinos reivindicaron a Trump como una opción viable, a pesar de ser un gobernante que vivirá desafiando a la diplomacia tradicional y tensando las relaciones con los países de América Latina.
La comunidad hispana en Estados Unidos es un crisol, y no es posible hacer generalizaciones. Cada uno de los 50 estados tiene su propio contexto, y los latinos de cada comunidad tienen historias y necesidades distintas. Esta diversidad hace que el voto latino sea uno de los más complejos de analizar y, por tanto, de obtener.
Estoy convencida de que, a partir de esta elección, republicanos y demócratas deberán entender que, para ganar, es necesario tratar a nuestra comunidad como lo que es: heterogénea, inteligente, capaz, escéptica y fundamental. Los latinos son esenciales para seguir escribiendo la historia de Estados Unidos.
* Valeria Hernández Almaguer (<a href="https://x.com/ValaAlmaguer" target="_blank" rel="noopener">@ValaAlmaguer</a>) es integrante del Seminario sobre Violencia y Paz desde 2016.

¿La sorpresa del voto latino?

En 2003, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) creó una unidad especializada en lo que denominó “<a href="https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/ciencia-forense-al-servicio-de-la-accion-humanitaria" target="_blank" rel="noopener">acción forense humanitaria</a>”. Su objetivo es aliviar una forma particular de sufrimiento apremiante: el dolor y la incertidumbre de quienes han extraviado a sus seres queridos como consecuencia de conflictos armados, otras formas de violencia o catástrofes naturales. Su labor forense es estrictamente humanitaria en el sentido de priorizar el acceso a restos humanos. Su objetivo no es identificar a los responsables de la desaparición ni reconstruir los hechos que llevaron a la muerte, sino examinar los restos, establecer su identidad, notificar a familiares y seres queridos, y darles un digno entierro.
Siguiendo su orientación característica de neutralidad, confidencialidad y diplomacia humanitaria, el trabajo forense del CICR se ha desmarcado activamente de todo proceso de investigación penal y rendición de cuentas. Su <a href="https://international-review.icrc.org/es/articulos/memorando-el-privilegio-del-cicr-de-no-divulgacion-de-informacion-confidencial">privilegio de no contribuir a investigaciones penales</a> quedó firmemente establecido ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, donde se abstuvo de dar testimonio bajo el razonable argumento de que, si lo hiciera, arriesgaría su percepción de neutralidad en el terreno y, con ello, su interlocución y acceso para llevar a cabo exhumaciones y otras labores humanitarias.
En las últimas dos décadas, el campo del humanitarismo forense se ha establecido internacionalmente sobre dos premisas. La primera es que el sufrimiento de quienes buscan a sus desaparecidos es tan incapacitante y devastador como el sufrimiento físico de los civiles heridos durante un conflicto armado. El alivio de ambos es urgente y prioritario. La segunda es que, en el interés prioritario de aliviar este sufrimiento, la labor forense debe operar siguiendo los principios de la acción humanitaria y deslindarse de la lógica acusatoria y adversarial de la investigación penal. 
<h2>La desaparición forzada en México como crisis humanitaria</h2>
La desaparición de un hijo u otros seres queridos cercanos destruye la vida que se tenía, no solo por la ausencia sino también por la incertidumbre sobre su situación y paradero. Con la desaparición, la vida se vuelca a la preocupación, la incertidumbre y, para muchos, la imperativa necesidad de buscar para aliviar el sufrimiento. En palabras de una destacada madre buscadora de Sonora: “<a href="https://herder.com.mx/es/libros-books/madre-buscadora-cronica-de-la-desesperacion/ceci-patricia-flores-armenta/fondo-blanco" target="_blank" rel="noopener">yo no concibo esta vida sin mis hijos, yo necesito seguir en el camino, en el monte, buscando y encontrando para poder respirar, para poder sentir, porque en cada cuerpo que hemos encontrado siento una poca de paz</a>” (p. 32). En México, Colombia, Argentina y Perú, por mencionar solo casos latinoamericanos notables, colectivos de búsqueda, en particular de madres y abuelas de desaparecidos, han empujado tenazmente, en algunos casos por décadas, procesos de búsqueda y demandas de justicia.
<figure id="attachment_1466007" aria-describedby="caption-attachment-1466007" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1466007" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/fosas-clandestina.jpg" alt="Fosa clandestina en Ortiz, Valle de Guaymas." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/fosas-clandestina.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/fosas-clandestina-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/fosas-clandestina-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/fosas-clandestina-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1466007" class="wp-caption-text">Fosa clandestina en Ortiz, Valle de Guaymas Foto: Cecilia Flores Armenta.</figcaption></figure>
En sentido estricto, la <a href="https://adondevanlosdesaparecidos.org/" target="_blank" rel="noopener">gran crisis de la desaparición forzada en México</a> se debe a la incapacidad estatal de hacer investigación forense eficaz y suficiente. Esto no equivale a decir que la crisis sea el resultado de la impunidad. Tradicionalmente, en el mundo la investigación forense se ha asociado y subordinado a la investigación penal, cuyo objetivo es siempre encontrar al culpable de un crimen. Sin duda, la impunidad que gozan los perpetradores del crimen internacional de desaparición forzada en México ha contribuido a la crisis. Pero no es necesario identificar con certeza a los culpables del <a href="https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced" target="_blank" rel="noopener">crimen de desaparición forzada</a> para encontrar e identificar restos humanos. Si bien las ciencias forenses son hoy en día necesarias tanto para investigar un crimen como para identificar a sus víctimas, los procesos forenses de identificación de restos y responsabilización penal tienen orientaciones y demandas técnicas diversas.
Bajo el actual diseño institucional, la labor forense en México está asociada al <a href="https://international-review.icrc.org/es/articles/collaborating-with-organized-crime-in-search-of-disappeared-persons-mexico-914" target="_blank" rel="noopener">Ministerio Público y subordinada a los procesos de investigación penal.</a> Dado el gran rezago que arrastran los MP frente a las muchas violencias homicidas que azotan a México, esto ha llevado en la práctica a una gigantesca acumulación de cuerpos y restos humanos sin investigar ni identificar, cuya búsqueda debe siempre iniciar con la apertura de una carpeta de investigación penal.
Una alternativa que permitiría evitar el estrecho cuello de botella del sistema penal es enfocarse en la investigación forense de cuerpos y restos humanos bajo principios estrictamente humanitarios. México podría crear una infraestructura robusta de investigación forense dedicada exclusivamente a la búsqueda, identificación y digno entierro de cuerpos y restos. En el interés prioritario de acceder a estos restos, la institucionalidad forense humanitaria debe ser autónoma y desligarse de la investigación penal. Debe gobernarse por principios de neutralidad y confidencialidad, de modo que pueda acceder a información y territorios para la búsqueda e identificación. Y debe tener capacidades técnicas suficientes para la investigación forense, incluyendo especialistas en medicina, arqueología, antropología y genética forense y, quizás lo más importante, un sistema nacional centralizado de información forense, con capacidad operativa suficiente para procesar grandes volúmenes de información y un sistema adecuado de protección de datos.
Hoy en día, los colectivos de búsqueda en México pueden resultar amenazantes para actores poderosos implicados en casos de desaparición forzada, porque podrían descubrir y revelar públicamente información incriminatoria o recabar pruebas para un eventual proceso penal. En muchos casos, estos actores poderosos están en condiciones de crear obstáculos insuperables para las búsquedas. Al institucionalizar una garantía de confidencialidad y “neutralizar” las labores de búsqueda frente a la relación adversarial entre el ente acusador y el acusado, la búsqueda dejará de ser percibida como amenaza. Se removerá así un importante obstáculo en el camino hacia el cierre digno para quienes esperan o siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos.
<h2>Por una investigación forense estrictamente humanitaria en México</h2>
Con suficientes recursos y voluntad política, una infraestructura humanitaria forense robusta y eficaz contribuiría sin duda a mitigar e idealmente resolver la gran crisis de la desaparición forzada en México. El <a href="https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/mecanismo-extraordinario-de-identificacion-forense/" target="_blank" rel="noopener">Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF),</a> que actualmente existe dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, es un buen punto de partida para desarrollar un sistema de investigación forense capaz de hacer frente a una crisis de estas dimensiones. Este sistema no contribuiría a resolver la gran crisis de violencia homicida e impunidad en México, pero sí comenzaría a dar alivio a los cientos de miles de personas que esperan noticias o siguen buscando a sus seres queridos.
* Pablo Kalmanovitz es profesor e investigador titular en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM e investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. El autor agradece a Ángel Daniel Miranda Mora por el apoyo e interlocución en el proyecto de investigación que sustenta este texto.

La búsqueda de personas desparecidas como prioridad humanitaria

Carteles. Balaceras. Secuestros. Extorsiones. Reclutamiento. Desapariciones. Crimen organizado. Palabras y nuevas preocupaciones que se han integrado a las conversaciones y a las dinámicas de vida en Chiapas en los últimos años. En el año 2022 se registró uno de los primeros eventos que desataron la ola de violencia actual en Chiapas. El 22 de mayo de ese año, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qrYK-ayoTmM" target="_blank" rel="noopener">siete hombres fueron asesinados en el municipio Marqués de Comillas,</a> municipio ubicado en la Selva Lacandona y colindante a Guatemala. En septiembre del 2022, un grupo armado asesinó a 5 personas en Chenalhó, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=p0wQ-6N_N8A" target="_blank" rel="noopener">uno de los municipios con mayor número de desplazamientos forzados</a> a causa de la crisis de violencia en el estado.
Además de esto, se registraron emboscadas y enfrentamientos entre nuevos grupos de autodefensas en este mismo municipio junto con Pantelhó, ambos ubicados en la región de los Altos de Chiapas. El 29 de agosto del 2023, miembros del llamado Cártel Chiapas Guatemala se adjudicaron el <a href="https://www.eluniversal.com.mx/estados/ola-de-violencia-en-chiapas-recuento-de-los-ataques-armados-registrados-desde-2022/" target="_blank" rel="noopener">asesinato de ocho miembros supuestamente ligados al Cártel de Sinaloa</a>. Estos son solo algunos de los muchos eventos violentos registrados en Chiapas durante los últimos años a causa de la violencia criminal y que, hoy, representan un problema prioritario en un estado olvidado, empobrecido y marginado por las políticas económicas, sociales y de seguridad en México.
Con datos actualizados al 20 de septiembre del 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP) registró un total de 2,131 delitos contra la vida y la integridad corporal en el estado. 47.67 % de estos delitos corresponden a homicidios dolosos. Conforme a la información publicada, los primeros cinco meses del 2024 han sido los de mayor número de casos desde el año 2015, <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-perfila-2024-como-ano-mas-violento-en-Chiapas-20240702-0153.html" target="_blank" rel="noopener">comparando periodos similares</a>. Es así como el 2024 se perfila como uno de los años más violentos registrados en el estado, considerando que muchas personas no denuncian por falta de acceso al sistema de justicia.
Desde 1997, y a raíz del incremento de la violencia vinculado al surgimiento de grupos paramilitares y eventos trágicos como la Masacre de Acteal (22 de diciembre de 1997), no se había registrado un incremento del desplazamiento forzado de la magnitud actual. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señala que el <a href="https://frayba.org.mx/desplazamiento-forzado-en-chiapas-los-impactos-de-la-violencia-y-la-impunidad" target="_blank" rel="noopener">desplazamiento forzado por la violencia criminal en Chiapas es un fenómeno que ha surgido recientemente</a> y se ha integrado a las nuevas lógicas de vida de comunidades que habían vivido en relativa paz. A pesar de esto, comunidades enteras han sido víctimas del desplazamiento forzado a lo largo del tiempo, impulsado en gran medida por intereses políticos y económicos de las élites en el poder. Incluso, algunos de estos desplazamientos forzados han sido motivados por conflictos étnicos y religiosos en la región.
El incremento del desplazamiento forzado de comunidades en los últimos años ha sido efecto de la violencia generalizada en el estado, específicamente por la disputa entre los grandes grupos criminales que hoy pelean en la región, utilizando estrategias violentas para imponer sus intereses con el objetivo de facilitar el transporte y producción de productos ilícitos en el estado. La tierra fértil de Chiapas es un paraíso para el crecimiento y desarrollo de los mercados ilegales que operan a lo largo del territorio mexicano.
De acuerdo con el reportaje <a href="https://elpais.com/mexico/2024-04-14/chiapas-territorio-tomado.html" target="_blank" rel="noopener">Chiapas, territorio tomado</a> de El País, Chiapas es hoy un territorio en disputa entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En esta disputa, las fronteras entre municipios y regiones afectadas se disipan ante el incremento de la presencia de estos dos carteles y el surgimiento de nuevos grupos criminales, como el Cartel Chiapas-Guatemala. La lucha por el control de la frontera sur y de las rutas criminales de la región ha causado el desplazamiento de miles de personas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró el desplazamiento de <a href="https://frayba.org.mx/urge-atender-la-actual-crisis-de-desplazamiento-en-la-region-frontera-sierra-de-chiapas" target="_blank" rel="noopener">2,300 personas solo en el periodo del 15 al 23 de enero</a> del 2024 en municipios como Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia. El día 24 de julio, <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/7/24/casi-600-mexicanos-huyen-guatemala-por-ola-de-violencia-en-chiapas-333509.html" target="_blank" rel="noopener">Proceso registró la salida de casi 600 personas</a> de los municipios de Amatenango de la Frontera y de Mazapa de Madero en Chiapas a Guatemala. El 21 de agosto, <a href="https://cambiodemichoacan.com.mx/2024/08/21/desplazados-por-violencia-en-chiapas-suma-53-familias-mas/" target="_blank" rel="noopener">Cambio de Michoacán registró el desplazamiento de 53 familias</a> en el municipio de Chicomuselo debido a los enfrentamientos por la disputa de territorios.
La pérdida de redes de apoyo en las comunidades y la interrupción de las actividades económicas agravan las condiciones de vulnerabilidad de quienes son forzados a desplazarse, perpetuando ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión en la región. Asimismo, persiste el abandono y la prolongación de la crisis que enfrentan las personas desplazadas de comunidades indígenas y campesinas a causa de la violencia generalizada provocada por la acción de grupos armados paramilitares en el estado de Chiapas. El aumento de la crisis de violencia en la región perpetúa la invisibilización de las violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos de pueblos enteros e imposibilita el acceso a la justicia por parte de estos.
La búsqueda de paz en el estado implicará el rompimiento de los pactos de impunidad, la implementación de políticas de desarrollo social profundas y, en el mejor escenario, el rompimiento de las dinámicas que contribuyen al aumento de la vida criminal en la región. Es una responsabilidad compartida el no dejar de velar por Chiapas y sus pueblos.
* Mariana Paz es integrante del Seminario sobre Violencia y Paz y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana.

Desplazamiento forzado en Chiapas: entre impunidad, violencia e injusticia

En primer lugar, se asume que el homicidio es una de las múltiples expresiones de violencia que existen en México. Asimismo, se entiende que la violencia no es resultado de cuestiones naturales, sino de una o múltiples intenciones de grupos sociales y/o individuos. Es el resultado de desigualdades de poder y condiciones de vida, que responde a un interés o intención -dado que funge como un medio- y que está intrínsecamente relacionada con el poder. Es un <a href="https://edicioneseon.com.mx/shop/los-linchamientos-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">fenómeno social</a>.
En segundo lugar, conviene señalar que las características, motivos, modos/formas y frecuencia del homicidio varían de acuerdo a las condiciones del contexto en el que se suscite. Como cualquier tipo de violencia, este cuenta con sus particularidades, no obstante, no es inherente al resto de los diferentes tipos de violencia, inclusive, se relaciona o se presenta simultáneamente con el resto.
De acuerdo con las <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/edr/" target="_blank" rel="noopener">Estadísticas de Defunciones Registradas</a> (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desde 1990 hasta 2023 se han registrado 670,821 homicidios en todo el país.
Al observar la tendencia de este acto violento se destacan los siguientes aspectos: a) Entre 1990 y 2007 se presentó una disminución constante, alcanzando su nivel más bajo; b) No obstante, a partir de ese año la tendencia comenzó a subir, registrándose en 2011 el primer aumento significativo en el país; c) entre 2012 y 2014 volvió a disminuir, aunque a partir de 2014 los casos retomaron al alza, alcanzando en 2018 el pico más alto hasta el momento y d) desde dicho año los registros han ido a la baja (véase gráfica 1).
Gráfica 1. Total de homicidios en México 1990-2023
<figure id="attachment_1454084" aria-describedby="caption-attachment-1454084" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1454084" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-1.jpg" alt="Gráfica con el Total de homicidios en México 1990-2023." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1454084" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos de &#8220;Estadísticas de Defunciones Registradas”, INEGI.</figcaption></figure>
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Tal y como se señaló, el homicidio es heterogéneo, por ello, conviene desglosar las características generales del mismo. En razón de sexo, -de acuerdo con el EDR-, del total de homicidios cometidos, se tiene registro que 
en 594,126 casos la víctima fue hombre y en 73,065 lo fue una mujer. Resulta que durante el periodo 1990-2023, las principales víctimas de este tipo de violencia han sido los hombres (89 %).
Otra de las principales características del homicidio en México es que se distribuye y concentra en zonas geográficas muy específicas. Por ejemplo, durante el periodo 2017-2023 <a href="https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/conciliacion-demografica-de-1950-a-2019-y-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2020-a-2070" target="_blank" rel="noopener">las entidades con las tasas más altas por cada cien mil habitantes fueron: Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato y Zacatecas</a>.
Tabla 1. Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de las entidades federativas, 1990-2023
<figure id="attachment_1454086" aria-describedby="caption-attachment-1454086" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1454086" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-2.jpg" alt="Tabla con la Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de las entidades federativas, 1990-2023" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1454086" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recuperados de &#8220;EDR&#8221; y de &#8220;Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070”.</figcaption></figure>
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Destaca el caso de Colima al ser la entidad con mayor registro durante los años señalados. También es importante resaltar el caso de Chihuahua que desde el 2008 ha presentado números muy significativos, siendo así que en el año 2010 registró la tasa más alta hasta el momento en el país (186.3 homicidios por cien mil habitantes).
En lo que respecta al medio con el que se comete el homicidio, de acuerdo con el INEGI, desde 1990 hasta 2022 ha predominado el disparo con arma. En cuanto a los homicidios en los que las víctimas han sido hombres, la tendencia de este medio ha ido incrementando: entre 1990 y 1994 representaba el 57.4 %, durante 2005 y 2009 representó el 61.1 % y, para el periodo de 2020 y 2022 llegó a tener registro en el 70.9 % del total de los casos. Por otro lado, en los homicidios donde las víctimas han sido mujeres, entre 1990 y 2009 la tendencia oscilaba entre el 34.3 % y el 35.2 %. A partir de ese año ha ido en aumento, alcanzando el 58% durante el periodo 2020-2022. Cabe destacar que desde 2015 hasta 2022 el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación ha ido al alza como segundo medio en el homicidio de mujeres (<a href="https://sesesp.morelos.gob.mx/wp-content/uploads/2023/12/CUADERNO-26_HOMICIDIOS_EN_MEXICO-INEGI.pdf" target="_blank" rel="noopener">pasó de estar registrado en el 51,1 % de los casos a estarlo en el 58 % de los mismos durante el 2022</a>).
Como se apreció en la gráfica y en la tabla anterior, la cifra de homicidios se disparó a partir del 2007. Es así que, desde ese año y hasta el año 2023 se han registrado 425,307 homicidios con registro de edad. Del total de esos homicidios el 46.8 % de las víctimas eran hombres de entre 20 y 34 años. Por otra parte, en el 28.7 % de los homicidios registrados en el periodo 2007-2023, las víctimas eran mujeres que oscilaban entre la edad de 20 y 29 años (Véase gráfica 2).
Gráfica 2. Distribución de homicidios según grupo de edad y sexo, 2007-2023
<figure id="attachment_1454087" aria-describedby="caption-attachment-1454087" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1454087" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-3.jpg" alt="Gráfica con la Distribución de homicidios según grupo de edad y sexo, 2007-2023" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-3.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-3-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-3-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-3-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1454087" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos de &#8220;Estadísticas de Defunciones Registradas”, INEGI.</figcaption></figure>
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Ante tal fenómeno, Valenzuela  desarrolló el concepto de juvenicidio 1 con la finalidad de cumplir cuatro objetivos: 1) señalar y visibilizar; 2) hacer visible las condiciones que propician la muerte de la población joven; 3) implementar estrategias y propuestas desde la academia, e 4) identificar causas y responsables (p.61).
El autor destaca que este concepto se desarrolló a la par del de feminicidio. Esto resulta de gran interés puesto que demuestra la importancia de estudiar este fenómeno desde sus particularidades, es decir, no es lo mismo el asesinato de un joven en la vía pública en comparación al asesinato de una joven dentro de su hogar y por una persona con la que mantenía algún vínculo afectivo y/o familiar.
Es similar en el caso del juvenicidio: no es lo mismo el asesinato de un joven que pertenece a la guerrilla en la entidad de Guerrero, al asesinato de un joven que se encuentra en compañía de sus amigos en una cancha de fútbol o en algún espacio público celebrando algún logro. Aunado a ello, este concepto vislumbra el entramado de poder y desigualdad que acompaña este acto violento, puesto que “permite identificar al exterminio o eliminación permanente y sistemática de jóvenes [&#8230;] es producto y conclusión de diversas formas de precarización económica, social, cultural e identitaria” (Valenzuela, 2019, p.65).
El autor señala que dichas condiciones posicionan a este tipo de población en zonas de muertes, necrozonas, lo que da cuenta que la eliminación sistemática de jóvenes no hace alusión a la eliminación de todos los jóvenes, sino a los que comparten ciertas características de desigualdad.
En referencia a las reflexiones retomadas de este autor, se presenta la siguiente tabla en la que se aprecian las principales entidades con mayor registro de homicidios por cada cien mil habitantes en razón de sexo.
Tabla 2. Entidades federativas con mayor tasa de homicidios según sexo en intervalos de cinco años.
<figure id="attachment_1454092" aria-describedby="caption-attachment-1454092" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1454092" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-4.jpg" alt="Tabla con las entidades federativas con mayor tasa de homicidios según sexo en intervalos de cinco años." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-4.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-4-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-4-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/10/juvenicidio-4-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1454092" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos de &#8220;Estadísticas de Defunciones Registradas, INEGI.</figcaption></figure>
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Por dar un par de ejemplos: En 1990, Michoacán presentó las tasas más altas de homicidio con relación a hombres y mujeres (cuarto y primer lugar, respectivamente). Del total de casos registrados en esa entidad y durante ese año, el 50.8 % de las víctimas hombres tenían entre 15 y 34 años y, con relación a los homicidios en los que las víctimas eran mujeres, el 32 % oscilaba entre la edad de 15 y 29 años.
Sucedió lo mismo durante el 2010 en donde Chihuahua ocupó el primer lugar en ambos rubros (53.9 % de víctimas hombres contaban con una edad de entre 20 y 34 años, mientras que las víctimas mujeres con el mismo rango de edad, 20-34 años, representó el 50.3 %). Y ocurrió lo mismo durante 2023 en donde Colima se posicionó en el primer lugar en ambos rubros (<a href="https://www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabulados" target="_blank" rel="noopener">45 % de víctimas hombres oscilaban entre 20 y 34 años y 51.6 % de víctimas mujeres oscilaban entre 20 y 34 años)</a>.
Se podría revisar caso por caso en donde las tasas son altas y el resultado sería lo mismo. Es de vital importancia retomar el término de juvenicidio, ya que entre sus principales características asume que el principal responsable de este acto violento es el Estado. Por ende, vale la pena hacer y retomar las reflexiones con relación a la función y/o responsabilidad que ha tenido el Estado en cada uno de los casos mencionados.
* José Armando Ramos Bravo es sociólogo por la UAM-Azcapotzalco. Mario Pavel Díaz Román es sociólogo por El Colegio de México.
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1 Valenzuela, J. (2019). Tragos de sangre y fuego. Grupo editorial: Editorial Universidad de Guadalajara / Coeditorial: FLACSO Ecuador &#8211; Publicado en asociación con: Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS).

El juvenicidio en México

Desde el Seminario Sobre Violencia y Paz se ha señalado en múltiples ocasiones la importancia de la participación ciudadana en el combate a la delincuencia. El caso de <a href="https://reconquistandolalaguna.colmex.mx/reconquistando-la-laguna.pdf" target="_blank" rel="noopener">La Laguna</a> es referente, pues tanto colectivos de búsqueda como empresarios tuvieron una participación destacada en la disminución de la violencia en la zona. 
Además de impulsar el Grupo Antisecuestros y la Fuerza Metropolitana—un Mando Especial que puede operar en toda la zona sin importar si es en Durango o Coahuila—algunos empresarios también apoyaron con el financiamiento del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, una organización de la sociedad civil que promueve la participación ciudadana y da seguimiento al desempeño de las instituciones públicas locales. Por su parte, colectivos de búsqueda como Grupa Vida y Fuundec se movilizaron para dar acompañamiento, crear redes de información y exigir justicia para las víctimas. Aunque para este último punto—la justicia—aún hay muchas deudas, queda clara la importancia de la participación ciudadana.  
<h2>¿Juventudes indiferentes?</h2>
Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta ciudadana es baja? ¿Y qué pasa si es incluso más baja dentro de la población joven? Según datos presentados en la <a href="https://ine.mx/wp-content/uploads/2024/07/ENCIVICA-VERSION-EJECUTIVA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2024-2026</a>, los jóvenes tienden a participar menos que el promedio en las jornadas electorales. Ahora bien, el voto no es la única manera de participación. De acuerdo a la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020</a>, son los jóvenes quienes más se incorporan a organizaciones estudiantiles, deportivas y culturales. No obstante, debe tomarse en cuenta que dados los ambientes en los que tiende a desenvolverse una persona, es natural que, entre más edad, haya menos posibilidades de pertenecer a una asociación estudiantil. 
En la misma encuesta; se encontró que, en promedio, el 18.6% de la población de entre 15 y 29 años se identifica como intermediario para ayudar a defender una injusticia o resolver un problema ante las autoridades de la comunidad, frente a 24.9% de las personas de 30 a 59 años. Una vez más, la edad podría ser un factor explicativo, pero incluso si solo se considera a la población de 20 a 29 años, el porcentaje sigue siendo menor con un 21.4 por ciento. Por otro lado, llama la atención que el 48.63% de la población joven considera el tema de la inseguridad como uno de los principales problemas en el país. Si bien es un porcentaje alto, debería cuestionarse si es proporcional a la magnitud del problema que enfrentamos. En 2023, se registraron más de <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/mexico-homicidios-2023-inegi" target="_blank" rel="noopener">31 mil homicidios dolosos</a> en todo el país, y alrededor de <a href="https://elpais.com/mexico/2024-03-18/casi-100000-desaparecidos-en-mexico-el-gobierno-reduce-en-20000-la-cifra-oficial.html" target="_blank" rel="noopener">100 mil personas desaparecidas</a>. Aunque es una cifra acumulada—sin contar la cifra negra—100 mil personas es casi equivalente a la población total del municipio de San Pedro, Coahuila.
<h2>Infancias interrumpidas, juventudes a la deriva</h2>
No es que las personas jóvenes sean ajenas a la violencia que azota al país. De hecho, tienden a ser el grupo etario más afectado, incluso en aquellos lugares en los que parece gozarse de una mayor seguridad. En el informe “<a href="https://violenciaypaz.colmex.mx/archivos/UHVibGljYWNpb24KIDk4CmRvY3VtZW50bw==/Informe%20CDMX-SVP%209%20sept%20OK.pdf" target="_blank" rel="noopener">La fortaleza capitalina. Análisis de las estrategias y políticas de seguridad de la Ciudad de México 1994-2024</a>”, Rodrigo Peña apunta a qué los jóvenes han sido el grupo con más víctimas de homicidio en la Ciudad de México. Otras investigaciones coinciden; en “<a href="https://panel.animalpolitico.com/mexico-destruyendo-el-futuro/">México destruyendo el futuro</a>”, se documentó la participación de más de 480 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años en violencia asociada con el crimen organizado durante el periodo que fue de 2016 a 2021. 
Ante estas cifras, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador optó un enfoque de “atacar las causas” con apoyos como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez y la construcción de las Universidades para el Bienestar. Parece ser que se mantendrá con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. 
Dichas estrategias parecen no ser suficientes pues las cifras siguen siendo alarmantes. Algo que ha estado ausente—entre otras cosas—es que aquellos que hoy están en el límite de lo que estadísticamente se categoriza como “los jóvenes”, hace dieciséis años—cuando la tasa de homicidios se disparó—tenían poco más de diez años.  Es una generación a la que se le enseñó a huir de las “camionetas negras”, a lidiar con extorsiones telefónicas e incluso a taparse los ojos para no ver un cadáver en la calle. Aunque, debe reconocerse que la experiencia pudo ser diferente dependiendo del lugar de residencia en ese momento: mientras algunos tendrán entre sus recuerdos de primaria simulacros de balaceras, otros recordaran más bien lo que escuchaban en las noticias; hay algunas consecuencias más generalizadas. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), desde 2013, el principal cambio de comportamiento entre la población a causa de la inseguridad es el no permitir que los hijos salgan de casa.  
Si nos encontramos ante un conjunto poblacional al que se le enseñó a desconfiar y que no tiene recuerdos de un México pacífico—si es que alguna vez hubo tal cosa—vale la pena preguntar qué consecuencias tiene esto en las estrategias en el combate a la violencia. Sin llegar a comparaciones, una pista puede venir de la “generación silenciosa” (nacidos entre 1928 y 1945) que vivió el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. El nombre viene de una “mayoría silenciosa” que prefería no movilizarse políticamente. Aunque es necesario matizar, pues precisamente los movimientos en contra de la Guerra de Vietnam se gestaron entre jóvenes de esta generación. El caso puede dar luz sobre cómo se desarrollan ciertas dinámicas sociales después de que buena parte de la población creció en un contexto de violencia generalizada.
La idea de una “mayoría silenciosa” y una “minoría estrepitosa” podría no estar muy alejada de una parte de la población que se ha acostumbrado a ver notas sobre desapariciones, asesinatos y ha aprendido a sobrevivir, y otra parte de la población (activistas, reporteros, organizaciones de la sociedad civil) que no sólo sobrevive, sino que resiste. Más allá de ser algo que pueda reprocharse, debería ser algo a considerar ¿cómo se dimensiona la magnitud del problema si no se conoce otra manera de vivir? Probablemente antes de reclamar por indiferencia, sea necesario regresar a cuestiones “básicas” y recordar que la violencia no debería ser parte de la cotidianidad. 
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*Alondra Reyna Rivera: tesista en la licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y miembro del Seminario sobre Violencia y Paz de la misma institución.

Infancias acostumbradas, juventudes ¿indiferentes?

México, como América Latina, de unos años para acá se ha visto profundamente afectado por la violencia criminal. En ese sentido, si bien desde el Siglo XX -en el marco de la vecindad con Estados Unidos- ya estaban estructurados los mercados ilegales, será especialmente en el Siglo XXI cuando la violencia letal se desboque y, la delincuencia organizada genuinamente se convierta en una afrenta a las instituciones de seguridad y justicia.
Como ejemplo de esto, las tasas de homicidios dolosos en distintas ciudades de México (y América Latina) son significativamente superiores a la tasa global, que es de 6 víctimas por cada 100 mil habitantes. Los delitos de muy alto impacto social envuelven la inercia: desapariciones, hallazgos de restos óseos, feminicidios, juvenicidios, secuestro masivo de migrantes, persecución y asesinato de policías, periodistas y de gobernadores. Además de doloroso, el contexto es hipercomplejo y no da tregua.
Conscientes de ello, desde la academia se realizó, primero, la Conferencia Internacional de <a href="https://www.comecso.com/eventos/problemas-actuales-de-mexico-violencia-seguridad-y-justicia" target="_blank" rel="noopener">Problemas actuales de México: Violencia, Seguridad y Justicia</a> (2021) y, segundo, el <a href="https://www.juridicas.unam.mx/actividades-academicas/2890-seminario-metodologia-s-para-la-seguridad-y-la-paz-social" target="_blank" rel="noopener">Seminario Metodología(s) para la Seguridad y la Paz Social</a> (2022). Convocó el <a href="http://web.uabc.mx/iis/index.html" target="_blank" rel="noopener">Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California</a>, el <a href="https://violenciaypaz.colmex.mx/" target="_blank" rel="noopener">Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México</a>, y la <a href="https://enid.juridicas.unam.mx/" target="_blank" rel="noopener">Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México</a>. Los eventos se pensaron para dar a conocer a la comunidad, los esfuerzos analíticos que se suman al campo temático, al mismo tiempo que se comenzó a conformar un grupo de trabajo interinstitucional.
De tal forma que el resultado del arduo trabajo colectivo se materializó en la publicación de la obra intitulada “<a href="https://libros.colmex.mx/tienda/metodologias-para-la-seguridad-y-la-paz-social/" target="_blank" rel="noopener">Metodología(s) para la Seguridad y la Paz Social</a>”, bajo los tres sellos editoriales: UABC, Colmex y UNAM. En la obra participan académicos -de las tres instituciones- especializados en el campo de la seguridad y cultura de paz, quienes además presentaron ponencia en el Seminario. Las propuestas metodológicas abarcan la violencia de género, la violencia urbana, las desapariciones de personas, las autodefensas, y la violencia criminal.
Cabe destacar que las metodologías aquí presentadas, precisamente ante la complejidad del escenario que abraza a México y la América Latina, son pensadas “fuera de la caja”. Son metodologías multidisciplinarias, maduradas con rigurosidad, pero principalmente creatividad. En efecto, son metodologías que pretenden romper tabús, al considerar -por ejemplo- el uso de redes sociales para sistematizar información; al estudiar la legitimidad política que tiene la delincuencia organizada, e incluso, al comprender -desde la multidimensionalidad- el impacto que tiene el lavado de dinero en la ciudad multicultural.
Como se menciona en el texto, las metodologías no están talladas en piedra. Es decir, los autores ponen a disposición del público los instrumentos para que se los apropien e, incluso, los adapten y mejoren a sus investigaciones. La complejidad del escenario requiere salir de lo acartonado y pensar distinto, estar dispuestos a reflexionar desde una mente abierta y generosa. Sin embargo, la rigurosidad científica va de la mano con la creatividad. Es importante que ustedes sepan que la obra acreditó positivamente al menos cuatro dictámenes a doble ciego, cuyas observaciones fueron esenciales para producir, con la mayor calidad y seriedad, esta obra. Hay mucho trabajo detrás de cada renglón.
En efecto, si bien los autores han maduraron incluso en años sus propuestas metodológicas, quisiera aprovechar el espacio para destacar y agradecer públicamente todo el acompañamiento recibido por la Universidad Autónoma de Baja California, El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialmente el trabajo editorial, otro proceso de aprendizaje para los coordinadores de la obra, que fue muy amigable y llevadero. Como decía, hay mucho trabajo detrás de cada renglón, y nuestros editores se encargaron de pulir con el mayor esmero, ésta, nuestra primera obra publicada, con los tres sellos editoriales. Sin el apoyo y acompañamiento de nuestras instituciones, este ejercicio no hubiese sido posible.
El libro “Metodología(s) para la Seguridad y la Paz Social” deliberadamente se publicó en formato digital. Queremos que llegue a todos los rincones de nuestra América. Deseamos, profundamente, que la experiencia sume como herramienta hacia la pacificación del país y la región. Porque, como diría Winston Churchill, “La guerra es una intervención de la mente humana; y la mente humana también puede invitar a la paz”.
¿Qué sigue ahora? Madurar los procesos analíticos en el marco de la creatividad; trabajar en equipo, dando nuestro mejor esfuerzo, el cual refleje sólo seriedad y rigurosidad académica, y pensar -colectivamente- cómo, desde una perspectiva interactiva, podemos contribuir a la pacificación del país. Buscamos aliados.
* Zulia Orozco Reynoso es investigadora de Tiempo Completo adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales-UABC y miembro del SNII-CONAHCYT, Nivel 1.

Pensando en la pacificación del México y la América Latina del siglo XXI

En las calles, la capacidad de participar en el discurso se mide en función de la capacidad de ejercer la violencia, sea estatal o sea criminal. Una de las formas en las que el crimen organizado en México ejerce la violencia discursiva es el narcomensaje. Este <a href="https://www.researchgate.net/publication/320755716_Narcomensajes_y_cadaveres_el_discurso_del_narcotrafico_y_su_violentada_literalidad_corporal" target="_blank" rel="noopener">consta de dos partes</a>, un cuerpo, usualmente mutilado, al que se ha expuesto de manera pública y una manta o pancarta en el que se inscribe un mensaje, a veces ejemplificativo otras veces explicativo, en donde se relaciona al cuerpo, su destrucción y la composición de la escena. El reclamo del territorio, la advertencia a adversarios o al Estado suelen ser la inspiración de esta escenografía sangrienta, muchas veces de manera simultánea. 
Independientemente del objeto del comunicado, el carácter público del narcomensaje tiene a la población local como receptor implícito, quien muchas veces encuentra el cuerpo y la manta. La población, como actor, no cuenta con estrategia de comunicación de la violencia, sino que participa de la violencia pública de manera espontánea, principalmente por medio de los linchamientos. <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/salir-de-la-voragine-una-conversacion-con-gema-kloppe-santamaria/" target="_blank" rel="noopener">El linchamiento</a> es una forma de violencia extralegal colectiva cuyo objetivo es castigar conductas que se consideran transgresoras o amenazantes. <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/sed-de-justicia/" target="_blank" rel="noopener">En México este fenómeno se ha intensificado en los últimos años.</a> 
Esta expresión colectiva de la violencia pública ha aflorado en un contexto en que la amenaza generalizada del crimen y las deficiencias en la impartición de justicia han creado un ánimo de justicia por mano propia. Cuando se presenta la oportunidad, el castigo que se ejerce sobre el cuerpo del linchado no es proporcional al delito, sino a la amenaza que representa el crimen para la sociedad. Y es el cuerpo donde se descarga esta ira. Es una especie de castigo ejemplificativo que lo mismo puede ser una golpiza, un desnudo o quemar vivo al acusado. En la colectividad, la violencia escala de manera rápida. Todos participan del acto, pero ninguno puede reclamar la autoría. Es la turba la que lincha. 
A pesar de suceder en el mismo espacio, estos discursos raramente se contraponen, puesto que la amenaza del uso de la violencia del crimen organizado desincentiva a las turbas de linchar a sus miembros. La colectividad no ofrece la suficiente protección. De acuerdo con Nussio y Parás, <a href="https://redaccion.nexos.com.mx/sed-de-justicia/" target="_blank" rel="noopener">los linchamientos a miembros del crimen organizado son raros.</a> Pero en el espacio digital, donde miembros del crimen organizado tiene cuentas públicas a través de las cuales interacciones con miles de usuarios, se dan intercambios complejos, muchos de ellos violentos. La criminalidad con la que se asocia al usuario, la cantidad de personas y la agresión nos invita a preguntarnos si podemos representar estos episodios como linchamientos. 
<h2>El usuario X</h2>
Para explorar la manera en la que estas dinámicas se trasladan al espacio digital se analizaron 315 tuits y respuestas que corresponden a una semana de actividad en el perfil de X (anteriormente Twitter) de un usuario que afirma ser un sicario para una organización criminal en México. Se trata de un perfil de alto alcance y actividad intensa que cuenta con miles de seguidores. Sus publicaciones son variadas y compaginan publicaciones personales (fotos suyas, memes, canciones, etc.) con otras con referencia a su actividad criminal, fotos con armamento o videos donde ejecuta a personas. 
Una vez extraídos los datos se clasificaron las respuestas a los tuits del usuario X determinando si el contenido era o no una agresión verbal. Se determinó que más de la mitad de las respuestas (52.7%) contenía algún tipo de agresión verbal. Esta proporción aumenta ligeramente (53.2%) cuando el contenido del tweet del usuario X estaba relacionado expresamente con algún tipo de actividad criminal. Pero no es significativamente distinto del porcentaje de agresiones que recibió en cualquier otro caso (52.2%). 
<h2>La turba</h2>
Para quienes no estén familiarizados con las dinámicas del contacto con el crimen organizado en redes sociales quizá les sorprenda la intensidad con la que los usuarios interactúan con un miembro confeso del crimen organizado. Sin embargo, debemos contextualizar el escenario digital. 
Las redes sociales proveen barreras físicas, digitales y sociales que disminuyen la amenaza del uso de la violencia en represalia contra el continuo acoso del usuario X. Las cuentas que interactúan con el usuario X no comparten un contexto local espacial inmediato, pues las redes sociales permiten seguir su actividad desde cualquier parte del mundo. Además, existen barreras para identificar a los agresores, pues la mayoría suelen tomar precauciones, utilizando cuentas con nombre genérico o evidentemente ficticios, no incluyendo datos personales en sus tuits y biografías. El análisis de algunos de las cuentas de seguidores sugiere que se trata de perfiles desechables: pocos seguidores, nombres de usuario complejos o poco personalizados, poca o nula actividad, ausencia de foto de perfil, entre otros elementos. Otros seguidores, aunque los menos, muestran indicios de utilizar su cuenta personal para agredirlo verbalmente. 
Finalmente, participar en cualquier espacio de las redes sociales implica un proceso de socialización que transforma el paradigma de lo que consideras normal, un proceso que puede inhibirte de temores. Las cuentas con mayor intensidad de interacción con el usuario X, fueron también las más violentas. Solo el 16.2% de los usuarios respondió más de una vez a los tuits del usuario X durante el tiempo analizado, representando el 34.9% del total de las respuestas. Este grupo, sin embargo, cometió el 60% de los insultos con violencia física y el 46% de las amenazas. 
<h2>Violencia física</h2>
El 51.8% de las agresiones verbales hechas en los comentarios contenía algún tipo de referencia a la violencia física. En menor medida, pero de manera importante, esta violencia era representada por actos que implican algún tipo de agresión sexual. Las referencias al cuerpo del usuario X son explicitas. Los insultos de los usuarios implican actos de violencia sexual efectuados por sus mandos o grupos contrarios en contra del usuario X. 
Pero la gran mayoría de las agresiones verbales que implican algún tipo de violencia física se hace en referencia a la muerte del usuario X. Esta amenaza en ocasiones es velada y es mejor categorizarla como un enunciamiento ante el usuario X de que su profesión lo conducirá a la muerte. No obstante, el grupo que destaca es el que realiza amenazas explicitas, haciendo referencia a imágenes gráficas sobre el cuerpo del usuario X. En esta categoría, que corresponde a solo el 7.8% de las agresiones verbales, los usuarios hablan del desmembramiento o laceración del cuerpo del usuario X. En sus comentarios utilizan representaciones gráficas. Un comentario advierte al usuario X que será desmembrado vivo. 
El elemento más destacable de las agresiones de los usuarios es que cuando se intersectan con la violencia física, las personas hablan desde un imaginario que no los pone en el centro de la acción. Solamente en cuatro ocasiones, el 7.8% de las amenazas, el usuario se identifica como el actor de la amenaza, como afirmar que iría por él. El resto, el 92% de las amenazas, eran cometidas por una tercera persona, principalmente un actor no especificado (54.9%), el crimen organizado (27.5%) y de manera marginal alguna institución de las Fuerzas Armadas (3.8%). 
<h2>El linchamiento digital</h2>
La incitación a la violencia física sugiere que hay un sentimiento de ajusticiamiento. Las descripciones gráficas emulan los ejemplos de los narcomensajes que viven en el imaginario colectivo, por lo que tienen una especie de proporcionalidad entre la amenaza y el castigo, como en los linchamientos. Como sentencia un usuario en los tuits analizados: “quien a hierro mata, a hierro muere”. Sin embargo, es interesante que cuando se trata de descripciones de violencia extrema, ningún usuario se imaginó como quien lleva a cabo la acción. Podría ser que este tipo de violencia exista lejos de su realidad, y no puedan concebirse a sí mismo como autores. Pero, no es impensable ponerse en una situación ajena a la vida cotidiana, pues las redes sociales y el anonimato permiten que las personas vivan fantasías lejos de su realidad. 
Podría tratarse de que aún con estas barreras exista un temor de represalias. Pero una lectura desde la violencia colectiva nos da una tercera vía: la turba es quien debe llevar la acción, es la bola, la masa, el colectivo imaginario. Y tal como en los linchamientos en el plano físico, un solo individuo no puede reclamar la autoría de la acción colectiva. Entonces cuando de la agresión verbal se quiere pasar a transgredir el cuerpo, a linchar al individuo, incluso en plano digital, se trata de una invitación abierta, una incitación que se reduce al comentario de un usuario: “¿quién se anima?”.
*Jorge Araujo Justo es asistente de investigación en el Seminario sobre Violencia y Paz donde realiza investigación sobre odio, polarización y violencia en redes sociales. Graduado de Economía y Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Linchamientos digitales: odio y sicarios en redes sociales

El pasado 25 de julio se abrió una grieta en la relación bilateral. Por vez primera, en una conferencia mañanera (26 de julio) los funcionarios del gobierno mexicano reconocieron que no saben nada. El presidente López Obrador está exigiendo información a Estados Unidos de algo que sucedió en México y, por ende, sus servicios de inteligencia “algo” debían saber. En otras palabras, “algo” pasó que aparecieron dos grandes criminales en un aeropuerto de Estados Unidos, proveniente de México, sin rasguños, ningún herido o muerto, todo pacífico. Parece que hubo “abrazos, no balazos”, pero por parte de Estados Unidos hacia ellos.
Para evitar conflictos de disputa de la “soberanía”, que podían congelar la relación bilateral de cooperación en seguridad, los dos gobiernos se curan en salud. México buscará una explicación a su “ignorancia” del caso, y Estados Unidos tendrá que judicializar impecablemente lo que ocurrió “en su territorio”. De lo contrario, quedará en el baul de lo increíble la forma cómo llegaron dos grandes criminales a Estados Unidos y se entregaron así nada más.
Sin embargo, hay ganadores y perdedores. Gana quien tiene bajo su custodia a los dos criminales. El presidente Biden se anotó un gol olímpico contra Donald Trump, que ya estaba emocionado afirmando que usaría a las fuerzas armadas de su país para atacar a los carteles en territorio mexicano si gana las elecciones del 5 de noviembre, pues el gobierno demócrata era inepto. Parece que no lo fue y Biden ganó, y Trump no se ha pronunciado.
Otro que gana es el Cartel de Jalisco, pues su competencia, el de Sinaloa, se debilita, fractura y probablemente entre en un grave conflicto interno con mucha violencia. O sea, tiene las puertas libres para avanzar en su conquista hegemónica por la actividad criminal en México.
Gana también la vilipendiada y odiada DEA, aunque parece que ella no fue, sino el FBI (información por comprobar), pero triunfaron las instituciones de inteligencia antinarcóticos del vecino del norte, y pierden las mexicanas. No de a gratis, como se dice en México, fueron a El Paso, Texas, para aterrizar, pues allí se localiza la instalación más importante para la guerra anticriminal en Estados Unidos y el continente: El Paso Intelligence Center (EPIC). ¿Quién le dijo al piloto de la enigmática aeronave que aterrizara allí? En otras palabras, el Departamento de Justicia y sus diferentes instancias son ganadores.
Por el momento, dos políticos, uno de cada país, presidente aquí y expresidente allá, son perdedores. A los dos les gusta mucho hablar y están de forma notable auto-reprimiéndose. Como en un juzgado, cualquier cosa que digan puede usarse en su contra.
El fentanilo está causando estragos, no solo en la salud de los más de 70 mil muertos en Estados Unidos durante 2023 por su consumo (que sumado a otras drogas químicas superan los 100,000), sino en las relaciones entre los dos países. Se identifican en numerosos reportes de inteligencia hechos públicos (por ejemplo, los informes anuales de la DEA que se publican a inicios de cada año) al Cártel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación como importadores de insumos químicos desde Asia, fabricantes de fentanilo en sus laboratorios clandestinos, y su exportación a Estados Unidos. Ninguno de los dos gobiernos puede controlar las introducciones ilegales en las aduanas de químicos y, sobre todo, en las aduanas terrestres de Estados Unidos, por donde pasa la mayoría de los cargamentos. O sea, ambos gobiernos son igualmente responsables de esas incapacidades de seguridad fronteriza.
La aparición del fentanilo en el escenario subió de rango la amenaza de la nueva droga a la seguridad de Estados Unidos, mucho más letal que la cocaína andina. La secrecía del operativo lleva a pensar que el combate al fentanilo se hará con todos los medios al alcance de Estados Unidos, legales o no. Hoy tenemos un operativo impecable, sin un solo disparo. Ojalá y el combate a las drogas fuera así, en México y Estados Unidos, y que disminuya el riesgo a la salud de los estadounidenses vulnerables, y que se puedan reducir las capacidades, riquezas de las grandes organizaciones criminales mexicanas y su principal modus operandi, la violencia y la corrupción.
* Raúl Benitez Manaut es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y miembro del Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México.

México y Estados Unidos: la trampa del fentanilo y El Mayo

Lamentablemente, la desaparición de personas migrantes en México no es un fenómeno nuevo, pero sí uno cuya complejidad y gravedad ha incrementado en los últimos años. Esto se debe a las múltiples causas que constituyen la condición de vulnerabilidad de los migrantes, a saber: las prácticas violentas de grupos criminales en las rutas del flujo migratorio —como el tráfico de personas, la extorsión y el reclutamiento forzado de jóvenes—, la presunta participación de autoridades coludidas con estos grupos, y la arbitrariedad de los tratos a los migrantes a raíz de la militarización en las fronteras norte y sur del país. Más aún, el problema radica en la existencia de políticas migratorias que han sido constantemente contradictorias.
Aunque el marco legal en materia migratoria se ha formulado desde una preocupación humanitaria —lo cual es visible en la despenalización de la entrada no oficial de migrantes en 2008—, mecanismos de gestión migratoria como la Iniciativa Mérida de 2011, el Plan Frontera Sur de 2014, y los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) de 2019 bajo el gobierno de López Obrador, en la práctica han funcionado bajo la idea de que la migración es una cuestión primordialmente de seguridad nacional. Después de todo, la cuestión de los migrantes desaparecidos es intersecada por la lucha contra el narcotráfico y la presión estadounidense para la contención por medio de políticas unilaterales. Esto para decir que los migrantes son percibidos por el Estado —y, según el aumento de discursos xenofóbicos, también la sociedad—, como la otredad, o bien, como una amenaza potencial a los intereses de México que reivindica una lógica de exclusión y deshumanización. Así, se ha documentado el aumento de detenciones, deportaciones y redadas, que también fueron llevadas a cabo en espacios considerados seguros para los migrantes como albergues y centros de atención humanitaria.
Estas medidas tienen como objetivo disuadir a los migrantes de su movimiento, pero lejos de evitar los flujos migratorios, sólo se ha orillado a los migrantes a buscar rutas alternativas todavía más peligrosas para evitar a las autoridades fronterizas. Esto supone una instrumentalización de la probabilidad de su muerte, que convierte su desaparición en un mero “efecto colateral” de su propia “irresponsabilidad”. Más aún, su “ilegalidad” no permite el acceso de sus familiares a la justicia. En pocas palabras, esta “habilitación” de las desapariciones constituye una especie de “muerte política”, pues los migrantes son relegados a los márgenes de la sociedad y despojados de derechos.
Dentro de esta narrativa, si los migrantes son un problema incómodo, un obstáculo que erradicar, entonces sus cuerpos pueden ser usados y desechados sin consecuencia alguna. De esto se explica la ineficacia de las autoridades competentes en la recolección de datos y en programas de búsqueda de desaparecidos. Organismos como la Fundación para la Justicia han advertido que no existen bases de datos confiables unificadas entre los gobiernos estatales ni esfuerzos de análisis sobre quiénes son los responsables. Además, las fiscalías no siempre reportan los números reales de denuncias por desaparición. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas identificó una alza en la tasa de desaparecidos desde enero de 2018 hasta marzo de 2024 con 193 migrantes no localizados, pero <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desaparicion-de-migrantes-en-el-pais-en-aumento-20240331-0070.html" target="_blank" rel="noopener">especialistas advierten que este número podría ser significativamente mayor</a>.
Por todo lo anterior, hay una profunda necesidad de una nueva forma de hacer política migratoria que tendrá que ser atendida por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El incremento en los flujos migratorios y la alza en el número de migrantes desaparecidos evidencian que la fórmula tradicional de la seguridad nacional, la militarización de la frontera y la política migratoria reaccionaria ante Estados Unidos no ha logrado estabilizar la crisis migratoria. Pero ¿cómo se vería este cambio en la gestión? ¿Sería compatible con lo que ha sugerido Sheinbaum en materia migratoria? 
Un primer indicio está en la cooperación estrecha con organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC), tanto en México como en los países fronterizos, incluyendo a las Caravanas de Madres Buscadoras Centroamericanas. Estos agentes han creado una red alternativa transnacional de cooperación que suple al Estado en sus labores de protección a migrantes. Han desarrollado estrategias de búsqueda complejas y conocimientos técnicos, forenses y legales necesarios para la identificación y repatriación de restos de migrantes encontrados en territorio mexicano, que desafían la indiferencia del Estado y la normalización de la tragedia.
Esta posible colaboración, sin embargo, ha sido dificultada por la creación de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) en 2019, ente que desplazó a algunas agencias responsables en materia de búsqueda y protección de migrantes. Esto se debe a que no incluye en su equipo de trabajo a las OSC, a menos que sean invitadas a sesiones consultivas, por lo que los canales institucionales para estos grupos siguen siendo endebles. Durante su campaña presidencial, <a href="https://www.forbes.com.mx/sheinbaum-asegura-que-el-instituto-nacional-de-migracion-requiere-de-cambios/" target="_blank" rel="noopener">Sheinbaum expresó su intención de fortalecer al Instituto Nacional de Migración (INM)</a> por medio de una mejor delegación de las tareas, para que sea claro “qué instituciones se dedican a qué”. Si bien esto refleja un interés por el fortalecimiento institucional, no se ha especificado en qué consistiría exactamente este esfuerzo, y de qué manera esto podría o no abrir paso a la comunicación con grupos de la sociedad civil.
En segundo lugar, es importante buscar una mayor autonomía en la formulación de la política migratoria. Si bien el proyecto inicial de política migratoria de López Obrador estaba sustentado en una gestión humanitaria, la amenaza del expresidente Donald Trump de imponer aranceles si no se lograba la contención de los flujos migratorios llevó a México a adoptar una política de contención. Así, se dio pie a una alineación de las políticas migratorias de los países norteamericanos que debilitó el papel de México como potencial mediador frente a Centroamérica. A la luz del posible regreso de Trump a la Casa Blanca, el riesgo de mantener una política reaccionaria que proteja los intereses de seguridad de Estados Unidos es alto. Sin embargo, Sheinbaum ha insistido en la búsqueda de la corresponsabilidad, que atienda directamente las causas de la migración y considere las necesidades de los países involucrados.
Para ello, Sheinbaum propone la cooperación para el desarrollo a nivel transnacional mediante la industrialización para ofrecer mayores oportunidades de trabajo a los migrantes, que pretende hacer funcionar con Guatemala y Estados Unidos. En este respecto, la presidenta electa también afirmó que, sin importar el ganador en las próximas elecciones estadounidenses, la colaboración con Washington no sería un problema, en tanto que el margen de negociación de México está en que Estados Unidos “necesita la mano de obra”. Ahora bien, aunque esto parece promover una imagen positiva de la migración, dista de ser una comprensión real de los migrantes como personas y sujetos políticos, pues su valor se reduce al de su productividad en proyectos exclusivos para migrantes. Esta iniciativa no contempla la posibilidad de movilidad social, ni ofrece mecanismos para su integración social, ni corrige su situación de vulnerabilidad. Sobre todo, de nada sirve si no se ofrecen mecanismos de protección concretos contra la arbitrariedad de las autoridades y la injerencia del crimen organizado, pues las personas migrantes seguirán desapareciendo.
Esto lleva a un tercer elemento de una gestión migratoria auténticamente humanitaria, quizá la más importante: es imperioso sustituir el enfoque de seguridad nacional por uno de seguridad humana. Este requisito está vinculado con la necesidad de colaborar con buscadores y OSC, y con la importancia de una política migratoria más autónoma que busque activamente la colaboración no sólo con Estados Unidos, sino también con Centroamérica, pues ambas apuntan a la desecuritización de la cuestión migratoria. Esto implicaría la implementación de mecanismos de monitoreo efectivo de las actividades de autoridades fronterizas por parte de corporaciones independientes, y una mayor regulación (si no es que el retiro) de la Guardia Nacional (GN) —una entidad de naturaleza militar—, de las fronteras. Claudia Sheinbaum ha declarado que el papel de la GN para la prevención y la vigilancia es fundamental, y que su intención es reforzarla para llevar a cabo labores de investigación e inteligencia, pero su participación no ha resultado en un mejor control de grupos criminales ni de los flujos migratorios; por el contrario, ha perpetuado la opacidad del INM y la criminalización de personas migrantes.
Queda esperar a que la presidenta electa asuma su cargo para analizar con atención cuál es el futuro de la política migratoria de México. Pero, no cabe duda, el fortalecimiento de la protección a los migrantes y el combate a las desapariciones es necesario en términos humanitarios, y deseable incluso en términos de política exterior, pues permitiría reivindicar el papel de México como interlocutor regional. Promover un carácter propositivo de México en materia de migración, leal a los acuerdos internacionales a los que está suscrito y a su narrativa humanista, sólo será posible si hay un cambio en la percepción de quiénes son los migrantes: no una amenaza, sino sujetos de derechos cuya dignidad debe reconocerse y respetarse.
* María José Rodríguez González es tesista de la licenciatura en Relaciones Internacionales de El Colegio de México.

Migrantes desaparecidos en México: sobre la necesidad de una nueva fórmula para la política migratoria

Migrantes desaparecidos en México: necesaria, una nueva fórmula para la política migratoria

Cada año, desde 1993, la ONU establece una temática en torno a la importancia del agua con el fin de hacer conciencia a nivel mundial. Este año se tituló: Agua para la Paz y se afirma que, cuando hay escasez, contaminación, difícil acceso, o éste es desigual entre las personas, se originan tensiones y conflictos. <a href="https://www.unwater.org/water-facts/water-and-peace" target="_blank" rel="noopener">1</a> Esto ocurre desde la escala transnacional, como el caso de Israel contra Palestina, al privarla del aprovechamiento del río Jordán, siendo que ambos tienen derechos conforme a acuerdos internacionales. <a href="https://revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/51147/57579" target="_blank" rel="noopener">2</a> Hasta la intrafamiliar, como el caso de la keniana Pilot Lenaigwanai, quien fue brutalmente golpeada y maltratada por su esposo al saber muerto de sed el ganado del que dependía el sustento de la familia. <a href="https://elpais.com/planeta-futuro/2023-04-21/la-crisis-climatica-aumenta-el-riesgo-de-agresiones-de-genero-en-el-mundo-advierten-varios-estudios-academicos.html" target="_blank" rel="noopener">3</a> Desde esta perspectiva, como señala el organismo internacional, los conflictos relacionados con el agua son un factor muy relevante para la seguridad y la calidad de vida de la población mundial, sobre todo en aquellos países donde el acceso al agua es distribuido injusta e inequitativamente.
México, como país subdesarrollado, no está exento de estas problemáticas. Huachicoleo de agua, secuestro de piperos, intimidación, desaparición forzada de activistas ambientales son algunos de los síntomas en nuestro país. En los últimos meses se ha hablado constantemente de la sequía que padece gran parte del país y de numerosos conflictos por el acaparamiento del recurso por parte de grupos de poder que violan los derechos de los más vulnerables. El ejemplo más reciente fue el abatimiento de los hermanos Cortina Vázquez durante el proceso de desalojo de la protesta encabezada por la Comunidad de Totalco, Veracruz, en denuncia contra el acaparamiento y vertido de contaminantes en cuerpos de agua por parte de la empresa de cárnicos Granjas Carroll. <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/06/20/estados/en-veracruz-mueren-dos-campesinos-durante-desalojo-de-protesta-por-agua-4096" target="_blank" rel="noopener">4</a>
<h2>¿Cómo abordar estos conflictos? </h2>
Debe concederse que el problema del agua representa lo que Horst Rittel y Melvin Webber definen como problemas perversos. Estos son eminentemente sociales, carecen de solución única e, inevitablemente, la mejora en un aspecto empeora otro diferente. Además, la decisión está sujeta a la frivolidad de un juicio político porque en realidad este tipo de problemas no se solucionan. En el mejor de los casos, señalan los autores, se resuelven una y otra vez. <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/BF01405730" target="_blank" rel="noopener">5</a> Es decir, es ingenuo pensar que un gobierno resolverá para siempre los problemas en materia hídrica, en todo caso seleccionará la vía de arranque y las acciones más adecuadas para hacer el menor daño posible.
Precisamente en el contexto de nuestro país el reto no es únicamente resolver el abastecimiento del agua, o corregir errores u omisiones de administraciones anteriores, sino actuar con un panorama del problema cada vez más amplio y dimensionado para incidir y tomar la “mejor” decisión. Hacerlo indudablemente requiere del análisis y perspectiva de múltiples disciplinas, sectores y estratos sociales. No es prioritaria ni exclusivamente un problema de ingeniería, como dijo la excandidata a la presidencia Xóchitl Gálvez en el Segundo Debate Presidencial. <a href="https://youtu.be/TkbKp7PFzwE?t=103" target="_blank" rel="noopener">6</a> Los trasvases y construcción de presas e hidroeléctricas generan complejos conflictos socio-ecológicos en los que se afecta mayormente a los grupos más vulnerables, y que quedan fuera del alcance de la ciencia dura y la tecnología por sí solas.
<h2>¿Qué rutas, en la próxima administración, podrían reducir violencia, tensiones y conflictos por el agua?</h2>
Uno de los asuntos pendientes, y quizá el más urgente, es la actualización de la Ley Hídrica que lleva rezagada desde 2013, año en que debió haber sido sustituida la de 1992. Este instrumento legal es el obstáculo más importante para una distribución equilibrada dado que, al privilegiar concesiones a grandes empresas y privados, margina la posibilidad de un acceso equitativo a la población en general. Además, funciona bajo términos arcaicos y desfasados de la realidad actual social y ambiental del país y en la que el cambio climático incide directamente.
En la propuesta en materia hídrica de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum se menciona que, por encima de los intereses particulares de todos los usuarios del agua, se pondrán los de la nación y los de la gente. <a href="https://claudiasheinbaumpardo.mx/proyectodenacion" target="_blank" rel="noopener">7</a> ¿Cómo se planea recopilar las heterogéneas necesidades de los distintos grupos sociales del país? Hay incluso grupos para los que el agua es también un bien patrimonial y paisajístico, lo que constituye una dimensión cultural que compite con la utilitarista que la ve solo como un bien estratégico del desarrollo económico. Resulta entonces importante mejorar los mecanismos de involucramiento y participación ciudadana que, hasta ahora, han quedado mucho a deber. El fracaso del proceso de consulta del proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de México fue un claro ejemplo de la falta de compromiso con la sociedad, en especial de los núcleos agrarios y pueblos originarios.
Otro pendiente es incrementar el presupuesto que se destina para el sector agua. El monto para el año en curso se redujo en al menos un 12 % con respecto al año pasado, quedando en aproximadamente 62,600 millones de pesos. Esto, aun cuando el Consejo Consultivo del Agua ha calculado que el presupuesto para atender las necesidades de la población mexicana asciende hasta a 120,000 millones de pesos anuales. <a href="https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-es-un-crimen-el-presupuesto-de-Conagua-para-2024-20231020-0017.html" target="_blank" rel="noopener">8</a>
Estos tres conceptos (reforma normativa, mejora de instrumentos de participación y aumento de presupuesto), entendidos desde una perspectiva alejada de la tecnócrata, son clave para la distribución equitativa del agua y ayudarían a reducir tensiones que provocan violencia y conflictos. Las personas, al sentirse tomadas en cuenta, podrían responder positivamente a escenarios de cooperación, necesarios para la estabilidad social. <a href="https://www.unwater.org/water-facts/water-and-peace" target="_blank" rel="noopener">9</a> En cambio, si los gobiernos ocultan o niegan el conflicto se provoca mayor malestar social.
Como problema perverso, no será posible llegar a una solución definitiva y perfecta en materia hídrica. Pero definitivamente urge duplicar esfuerzos para que, cada vez que se intente, se atienda desde el panorama más amplio posible y ponga en primer término la dimensión social del agua en toda su complejidad.
* Bibiana Monsivais Montoliu es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad y Profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Agua y conflicto en México

Las pasadas elecciones del 2 de junio resultaron ser, de nuevo, un proceso sumamente violento. De acuerdo con la investigación realizada por <a href="https://votar-entre-balas.datacivica.org/datos-votar-entre-balas" target="_blank" rel="noopener">Data Cívica, México Evalúa y México Evalúa</a> en estas elecciones perdieron la vida 37 candidatos, 70 funcionarias y funcionarios públicos, 17 autoridades de elección popular y 29 integrantes de partido, además de 19 familiares de personas relacionadas con el proceso electoral y 97 miembros de las fuerzas de seguridad que se encontraban inactivas.
La violencia electoral es un problema grave para el desarrollo de la vida política mexicana. Además de representar un atentado en contra de los derechos humanos de las víctimas directas, afecta a la sociedad en su conjunto, pues reduce las opciones de elección e incluso llega a afectar la participación ciudadana en las elecciones.
Analizar el panorama general del proceso electoral 2023-2024 muestra dos realidades por demás preocupantes: 1) la tendencia general hacia la ocurrencia de ataques violentos en las elecciones va al alza y 2) la misma violencia electoral cada vez se torna más compleja por la gran cantidad de puntos de encuentro que tiene con otras violencias.
Estas expresiones de violencia en contra de candidatas y candidatos a puestos de elección no son nuevas; forman parte de un fenómeno visible desde hace mucho tiempo, pero que se ha incrementado desde la década pasada. Sin embargo, tanto las investigaciones, como las políticas y programas para su atención se encuentran, apenas, en sus primeros pasos.
<h2>¿Qué sabemos hasta el momento sobre la violencia electoral?</h2>
Esfuerzos previos como los de <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-018-9344-9" target="_blank" rel="noopener">Aldo Ponce</a>, <a href="https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1248489/" target="_blank" rel="noopener">Amalia Pulido</a>, <a href="https://www.cambridge.org/core/books/votes-drugs-and-violence/A2C0F345D1B34B8046D8C3F6B3F1D672" target="_blank" rel="noopener">Guillermo Trejo</a>, <a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022002717708600" target="_blank" rel="noopener">Sandra Ley</a> y <a href="http://politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/1307/1026" target="_blank" rel="noopener">Víctor Huerta</a> han realizado una labor importante para dilucidar la participación del crimen organizado en la violencia electoral letal. Sus trabajos han arrojado elementos sumamente relevantes para comprender cómo el crimen organizado se ha interesado en ingresar a la arena política, especialmente a nivel local, para capturar puestos clave en materia de seguridad y presupuesto.
Por otra parte, la investigación realizada por el Seminario Sobre Violencia y Paz arrojó nuevos indicios para comprender mejor la violencia electoral. Mostró que la violencia electoral no solamente es atribuible al crimen organizado, sino que existen dinámicas al interior de los partidos que resultan en ataques letales al competir por las candidaturas.
Otra explicación involucra, precisamente, la intersección entre las motivaciones criminales y las motivaciones políticas de los asesinatos. Es decir, entran en lo que Guillermo Trejo y Sandra Ley denominan “zona gris de criminalidad,” un espacio en el que actores criminales y actores políticos tienen una posible colaboración, lo que dificulta identificar un móvil claro detrás de los ataques letales.
Recientemente, el Seminario Sobre Violencia y Paz publicó un nuevo producto de la investigación realizada sobre las elecciones pasadas. El libro “<a href="https://violenciaypaz.colmex.mx/publicacion/violencia-y-elecciones-en-veracruz-los-candidatos-asesinados-en-el-proceso-electoral-2021" target="_blank" rel="noopener">Violencia y Elecciones en Veracruz: los candidatos asesinados en el proceso electoral de 2021</a>,” coordinado por Víctor Andrade, Miguel León y Violeta Santiago, analiza la situación de violencia electoral en la entidad más peligrosa del proceso. Uno de los hallazgos más importantes de este análisis es que los municipios donde ocurrieron los homicidios comparten alguno (o algunos) de los siguientes factores:
<ol>
<li>Conflictos por tierra.</li>
<li>Existencia de grupos armados.</li>
<li>Antecedentes de violencia política.</li>
<li>Presencia del organizado y de grupos civiles armados.</li>
<li>Porcentajes elevados de población en situación de pobreza extrema.</li>
</ol>
<h2>¿Qué hace falta para transformar el conocimiento en protección?</h2>
Todas estas explicaciones a la violencia electoral han sido parte de un proceso largo de sistematización y acumulación del conocimiento en la materia. Pero, aún más importante, su desarrollo tiene la oportunidad de retroalimentar los programas de protección destinados a prevenir la violencia electoral. Ahora bien, para que esto ocurra, hace falta un elemento muy importante: la voluntad política.
La apertura de las instituciones, y de quienes las lideran, para mejorar los mecanismos de atención son un punto esencial para prevenir esta y otras violencias. Necesitamos cuestionar y replantear el discurso actual que culpa al crimen organizado de todas las expresiones de violencia en el país; separar el discurso del “partido del crimen organizado” de las fórmulas que dictan el funcionamiento de los programas, ser responsables del uso político de este discurso y comenzar a atender la evidencia generada por las distintas investigaciones.
Actualmente, las instituciones reconocen que la violencia electoral está relacionada con dinámicas partidistas. En 2022 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció, en una solicitud de información realizada por el autor, difundir información ­[de quienes fueron beneficiados por la Estrategia de Protección en Contexto Electoral] ­­podría traer como consecuencia que miembros de partidos opositores e incluso el crimen organizado tomen venganza sobre las candidatas o candidatos electos, desestabilizando las acciones tendientes a garantizar la seguridad pública. Por desgracia, este conocimiento no ha permeado en el discurso oficial, lo que impide mejorar el diseño de las estrategias de protección.
Las elecciones involucran a una gran diversidad de actores que pueden apoyar, desde su posición, a tener proceso verdaderamente democráticos y pacíficos. Por eso, en el 2023, desde el Seminario Sobre Violencia y Paz elaboramos un conjunto de <a href="https://violenciaypaz.colmex.mx/publicacion/recomendaciones-para-la-seguridad-de-los-candidatos-y-candidatas-a-los-cargos-de-eleccion-popular-en-las-elecciones-de-coahuila-y-el-estados-de-mexico-2023" target="_blank" rel="noopener">recomendaciones</a> que atañen a candidatas y candidatos a puestos elección, a las instituciones responsables federales y locales, a los partidos políticos, a medios de información y a la sociedad civil en general.
Una de las recomendaciones generadas a los partidos políticos fue modificar el corpus jurídico penal para tipificar el homicidio con motivaciones políticas, considerando los agravantes que dicho móvil conlleva. No obstante, estas recomendaciones no han alcanzado el impacto esperado. Por el contrario, más allá de “lamentar el hecho” y “exigir justicia,” los partidos políticos se muestran indolentes.
De igual forma, el documento de recomendaciones identificó que la existencia de amenazas no debía ser un criterio determinante para otorgar la protección, pues la mayoría de las personas candidatas asesinadas no habían reportado haber sido víctimas de este hecho. Sin embargo, fue hasta el 15 de abril del 2024 cuando el presidente <a href="https://lopezobrador.org.mx/2024/04/15/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-1160/" target="_blank" rel="noopener">determinó</a> que “había que agilizar los trámites de protección”. Pasaron más de 14 meses entre las recomendaciones y esta decisión.
El 1 de octubre de este año Claudia Sheinbaum asumirá el cargo como titular del ejecutivo federal. Durante su <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AwOmv6SEtzg&amp;t=528s" target="_blank" rel="noopener">discurso de victoria</a> se comprometió “a llevar al país por un sendero de paz y de libertades”. Esta coyuntura de cambio político abre la puerta para que el siguiente gobierno atienda esta y otras situaciones de violencia, pero, para lograrlo, es vital que los programas de protección trabajen con una perspectiva integral y se abran al escrutinio y la participación pública.
La <a href="https://claudiasheinbaumpardo.mx/wp-content/uploads/2024/03/CSP100.pdf" target="_blank" rel="noopener">política de seguridad</a> de la presidenta electa consta de 3 ejes: la consolidación de la Guardia Nacional, la coordinación con las policías locales y la atención a las causas de la violencia. Las organizaciones de la sociedad civil y los centros académicos hemos tomado la iniciativa para comprender las causas de la violencia electoral. Ahora, es turno del gobierno y de las instituciones responsables de atender las recomendaciones realizadas para mejorar sus sistemas de protección.
Desafortunadamente, el panorama para que esto ocurra no es el mejor. De acuerdo con el último informe de <a href="https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">World Justice Project</a>, el gobierno en México tiene todavía mucho trabajo por delante en la materia. Aunque el indicador de gobierno abierto (entendido como aquel que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones) avanzó notablemente en la primera mitad del sexenio, también tuvo un leve retroceso comparado con los últimos dos años.
Sin embargo, esto no quiere decir que no haya posibilidades de mejora. Más bien, retrata un área de oportunidad para que tanto sociedad civil como instituciones gubernamentales colaboren y encuentren puntos de acuerdo para transformar nuestra realidad. Si queremos comicios pacíficos y verdaderamente democráticos, la sociedad civil debe seguir monitoreando y exigiendo a las autoridades. Mientras tanto, el gobierno debe asumir su responsabilidad y responder a las exigencias un México en paz.
* Roberto Roldán Vargas es Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. Desde 2022 trabaja el tema de violencia electoral letal en México de la mano del Seminario Sobre Violencia y Paz. Coautor de los productos arrojados de esta investigación: las “Recomendaciones Para La Seguridad De Los Candidatos Y Candidatas A Los Cargos De Elección Popular En Las Elecciones De Coahuila Y El Estado De México 2023,” y “Urnas Y Tumbas. Análisis De Los 32 Homicidios De Candidatos Durante El Proceso Electoral De 2021”.

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