La rentabilidad de la violencia y el contraste entre México y España
El 1 de noviembre, los asistentes al Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán escucharon el tronido de siete disparos antes de que comenzaran a correr. Entre flores de cempasúchil y velas se desangraba su presidente municipal, Carlos Manzo, otra víctima de la violencia homicida generada —según declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch— por presuntos operadores y células criminales vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación en el estado.
Un par de semanas después, al otro lado del Atlántico, una operación conjunta de la Policía Nacional española, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y autoridades policiales neerlandesas logró desmantelar “la oficina” del CJNG en España. El hecho dejó al descubierto su forma de operar en este territorio. Si bien han logrado infiltrarse en el territorio español gracias a que han podido aprovechar la gran infraestructura logística y, según informes del Ministerio Interior, abrirse paso hacia el resto del mercado europeo por medio de colaboración logística con redes vinculadas a la camorra napolitana, lo han hecho de manera extremadamente mesurada. Sin ejecuciones. Sin tiroteos. Sin matanzas.
El asesinato de Manzo y el mencionado desmantelamiento dan cuenta de cómo dos grupos pertenecientes al mismo cartel adaptan sus estrategias en contextos completamente opuestos. En Michoacán, violencia abierta; en España, discreción absoluta. Este cuestiona la narrativa impuesta de que los “cárteles son inherentemente violentos”, y que, en consecuencia, la única forma de combatir el fuego es con más fuego. No obstante, primero debemos entender que la violencia es una herramienta más de los grupos criminales, y es utilizada de manera estratégica en la consecución de objetivos específicos como gestionar conflictos, protegerse, o evitar la captura.
De acuerdo con Duran-Martínez, la violencia se forma a través de interacciones entre actores criminales y el Estado. Su frecuencia, así como su visibilidad dependen de un cálculo de costo-beneficio que involucra factores como la cohesión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la competitividad del mercado y la presencia de protección estatal hacia grupos criminales. Por otro lado, Lessing denomina condicionalidad de represión, a la capacidad del Estado para influenciar este cálculo. Al condicionar el nivel de represión estatal al comportamiento de los grupos criminales, el Estado aumenta el costo de violencia y se desincentiva su uso.
El caso español ilustra un ejemplo de cómo esta dinámica puede hacer más costosa la violencia y generar un escenario donde los criminales optan por establecer alianzas que les permitan obtener ganancias sin llamar la atención de las autoridades en lugar de disputarse territorios y mercados con otros grupos abiertamente. Esto no solamente se debe a las consecuencias inmediatas que puedan enfrentar, como el arresto de algunos de sus miembros, sino al aumento de las sanciones y represión que pueda imponer un Estado. Un claro ejemplo de esto fue la propuesta legislativa impulsada por el Partido Popular en diciembre del 2024, que buscaba endurecer las penas para delitos relacionados con el narcotráfico, y surgió a raíz del asesinato de dos guardias civiles por narcotraficantes en Cádiz un mes antes.
Según reportes de la Policía Nacional de España, pequeñas células del CJNG operan en las sombras en territorio español, internalizando sus tareas para evitar altercados, mediante personal especializado de confianza traído desde México. Colaboran con miembros de la camorra italiana, quienes facilitan la logística y distribución internacional de narcóticos, mientras que son empresarios españoles, no criminales “de oficio”, quienes prestan sus nombres y sociedades mercantiles como pantalla legal para el trasiego de cocaína y anfetaminas, así como el blanqueo de capitales.
El uso (o no) de la violencia criminal se adapta al contexto. Aunque las penas por narcotráfico y pertenencia a una organización criminal en España son sustancialmente menores que en México, la amenaza de que la represión por parte de la autoridades estatales aumente y el miedo a la captura evitan que la violencia escale. No solo existe un alto costo reputacional para los grupos criminales en España, sino que el Estado ha convertido a la violencia en una estrategia que no es viable. No obstante, en este caso debemos preguntarnos, ¿es la ausencia de violencia homicida lo mismo que la ausencia de daño social?
Michoacán presenta la imagen opuesta y evidencia lo que sucede cuando la fragmentación del Estado junto con su aparato de seguridad, una crisis de impunidad y políticas militaristas abaratan la violencia mientras que sus rendimientos se elevan por los cielos.
A diferencia de aquellas que operan en España, las células del CJNG en Michoacán se permiten la subcontratación de servicios —entre los cuales se encuentran niños y jóvenes reclutados, como quien disparó contra Manzo—, el uso de la fuerza para competir por territorio, rutas y mercados locales con otros cárteles, resolver disputas y demostrar su fortaleza de una manera creíble como lo plantea Gambetta. La fragmentación entre diversas autoridades gubernamentales y de seguridad convierte a la violencia en una estrategia perfectamente redituable mientras que la militarización y un sistema penal que no ofrece incentivos para la moderación, rompen con cualquier esquema de condicionalidad e imposibilitan la construcción de respuestas estatales efectivas.
Las 12,069 víctimas que, de acuerdo con Lantia Intelligence, han muerto en Michoacán derivado del problema del crimen organizado en los últimos siete años son resultado no solo de las acciones de grupos criminales, sino del sistema de incentivos que el Estado mexicano ha construido mediante su fragmentación institucional, y estrategias militarizadas de represión indiscriminada. La impunidad estructural —con un Índice Federal de Impunidad de 95.5% en el 2022 según un reporte de México Evalúa— reduce las posibilidades de que los crímenes sean castigados y abarata el uso de la violencia.
La fragmentación entre autoridades federales, estatales y municipales impide respuestas coordinadas y permite que los grupos criminales exploten jurisdicciones débiles. La militarización y la represión sin distinción entre el narcotráfico violento y no violento elimina cualquier incentivo para la automoderación: si el castigo potencial es el mismo, la violencia se convierte en una herramienta eficiente y mucho más valiosa que la negociación.
El aparato estatal ha generado un contexto donde la violencia es la opción más rentable para los grupos criminales, y comparte la responsabilidad causal en los resultados de este sistema. El contraste entre España y México no implica la existencia de una receta transferible: los contextos históricos, políticos, geográficos y de mercado son muy distintos. Sin embargo, lo que si evidencia es que la violencia criminal está sujeta a cálculos racionales que pueden ser influenciados para alterar los resultados con los que vivimos día a día.
* Sonia Hedrosa Medina es asistente de investigación en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.
Según cifras del gobierno, 14,2 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza en Reino Unido. Algunas familias dependen de bancos de alimentos para cubrir todas sus necesidades.
El esposo de Nicole, una madre de cinco hijos que vive en el Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, trabaja a tiempo completo, pero el dinero no le da para llegar a fin de mes.
Y aunque asegura que a sus pequeños no les falta lo esencial, la familia ha tenido que recurrir a bancos de alimentos para atender todas sus necesidades.
Esto pese a la presión social generada por las personas que ven con recelo las prestaciones sociales para los más necesitados en Reino Unido.
“Me avergonzaba usar los bancos de alimentos, especialmente con mi esposo empleado. Pero algunas personas no se dan cuenta de los problemas [económicos] que pueden enfrentar las familias aun cuando trabajan”, sostuvo Nicole el pasado noviembre en una entrevista con la BBC sobre un posible aumento de ayudas sociales para los hogares con más de dos niños.
“Ellos no se dan cuenta de que las circunstancias de todos no son iguales. Y son los niños los que están sufriendo por ello, ¿cómo puede la gente ignorar eso?”, agregó.
La familia de Nicole no está sola en esta problemática.
El gobierno estima que 14.2 millones de personas están bajo el nivel de pobreza luego de pagar los costos relacionados con la vivienda.
Mientras que el número de niños en situación de pobreza en Reino Unido alcanzó su nivel más alto desde que comenzaron los registros comparativos en 2002.
Para abril de 2024, 4.5 millones de menores eran parte de un hogar con ingresos relativamente bajos, según la medida oficial del gobierno para definir la pobreza.
La cifra, publicada por el Departamento de Trabajo y Pensiones, supone un aumento de 100 mil niños respecto al año anterior, y equivale al 31% de los niños del país.
El número aumentó drásticamente desde 2021, y Child Poverty Action Group (CPAG), una ONG que investiga sobre la pobreza infantil en Reino Unido, predice que 4.8 millones de niños estarán en situación de pobreza para el final de término del actual gobierno laborista (2029-30).
Adam Corlett, un economista del think thank Resolution Foundation, le dijo a la BBC en marzo que “los datos más recientes son un recordatorio contundente de la magnitud de la privación entre las familias, con casi un tercio de los niños en Gran Bretaña viviendo ahora en la pobreza”.
En peligro la Navidad
Danielle, una madre de cuatro niños, tuvo una relación de 15 años con el padre de sus hijos que terminó en enero.
Ahora está sola y sin empleo; dejó su trabajo para cuidar a uno de sus pequeños que tiene una discapacidad.
En una entrevista con la BBC también en noviembre, comentó que tuvo que advertirle a sus niños sobre la posibilidad de no poder regalarles “mucho” por Navidad.
“Ahora estoy sola y es difícil”, sostuvo.
Cuando Danielle se separó de su pareja, ella y sus hijos, de entre dos y 13 años, recibieron apoyo de la organización benéfica para personas sin hogar The Wallich.
La familia fue trasladada a un alojamiento temporal, pero la mudanza significó que “perdió parte de su red de apoyo”, comentó, por su parte, Jamie-Lee Cole, quien trabaja en la ONG.
“Y ahora estoy en esta situación en la que no puedo ir a trabajar, pero espero que algún día pueda volver a hacerlo”, añadió Danielle, de 32 años.
La mujer afirmó que sus hijos carecen de “muchas cosas” y que está preocupada por la temporada festiva.
“Hoy en día nada es barato”, indicó.
“Les dije que pueden tener lo que yo pueda permitirme, y si no lo tienen, no hay nada que pueda hacer”.
Danielle y Nicole, ambas en entrevistas realizadas en fechas separadas, afirmaron que una nueva política impulsada por el gobierno Laborista del primer ministro Keir Starmer podría ser de gran ayuda para sus familias.
La iniciativa, sin embargo, no entrará en vigor hasta 2026.
Un aumento en las ayudas
Desde 2017, por una política aprobada durante el gobierno del conservador David Cameron, en Reino Unido las familias de bajos ingresos están impedidas de reclamar ayuda social para más de dos hijos.
Datos publicados por BBC News en noviembre señalan que esto hizo que 1.6 millones de niños que pertenecen a familias numerosas no pueden solicitar ayudas.
Este límite se eliminará a partir de abril de 2026, según anunció la actual ministra de Hacienda, Rachel Reeves, en la presentación del nuevo presupuesto.
La organización benéfica Trussell Trust, que dirige una red de bancos de alimentos, dijo que el límite de dos hijos es “el principal factor que impulsa la pobreza infantil” y eliminarlo sería “lo correcto”.
La organización afirmó que la limitación empujó a millones de familias a una mayor precariedad e impide que los niños tengan un “buen comienzo en su vida”.
“Cada semana, los bancos de alimentos en la red de Trussell apoyan a padres que han hecho todo lo posible para proteger a sus hijos del hambre”, dijo Helen Barnard, directora de políticas en Trussell.
“Se saltan comidas durante semanas para que los niños tengan suficiente para comer, convirtiendo en juegos el envolverse en mantas para evitar encender la calefacción, intentando fingir que todo está bien, pero no lo está”, agregó.
El gobierno laborista recibió críticas de la oposición en el Parlamento, que alega que ha perdido el control del sistema de bienestar, y que el coste de su medida caerá sobre los contribuyentes.
Revees insiste en que está “totalmente financiado”, porque su administración atendió los problemas de fraude y los errores en el sistema de bienestar, y tomó medidas contra la evasión fiscal y reformó los impuestos sobre las apuestas de juego.
Un concepto errado
Nicole afirma que hay un “concepto errado” sobre las familias que reciben ayudas del gobierno.
Y que esa idea hace que sus problemas sean peores.
“He trabajado desde que tengo 13 años, siempre le he pagado al sistema y ahora, cuando lo necesito, siento que no está ahí para nosotros”, comentó.
De acuerdo con el Departamento del Trabajo y Pensiones, 59% de los hogares que se vieron afectados por la restricción de dos hijos tienen personas que trabajan.
Desde que tuvo su hijo más joven, dice que el costo de vida ha incrementado. Ahora está constantemente preocupada por el dinero.
Y siento que ha sido “castigada” por tener más de dos hijos.
“Nuestros hijos siempre tienen lo necesario, nos aseguramos de ello, pero es una preocupación constante. Comida, libros, uniforme escolar”, señaló.
“Llevo 12 años usando la misma ropa”, dijo la mujer de 30 años”.
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