
El crimen ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en lenguaje político central de la seguridad internacional. Ya no solo describe amenazas, también las ordena. Nombrar algo como criminal no es neutral. Antes bien, es una operación política para definir lo que puede negociarse o tolerarse. En ese sentido, el auge del discurso criminal no implica la desaparición de la política, sino su transformación. En la política internacional, al parecer, llegó para quedarse.
Venezuela no es una anomalía sino un síntoma de una tendencia más amplia. El régimen de Maduro carga un saco gigantesco que permite calificarlo como criminal, pero aquí me concentro en los efectos políticos de nombrarlo así. Cuando un gobierno deja de ser tratado como un actor político problemático y pasa a ser definido como una organización criminal, cambian las reglas del juego. El diálogo se vuelve sospechoso, la mediación irrelevante y la coerción una opción legítima. ¿Quién no va a querer que se capture al criminal? La solución, entonces, pasa por otro lado. El llamado Cártel de los Soles es un ejemplo de cómo, en la seguridad internacional contemporánea, la veracidad empírica puede volverse secundaria frente a la eficacia política de una narrativa centrada en la ideal del crimen. No es irrelevante saber si existe o no, pero tampoco es lo central. Lo decisivo es cómo su invocación materializa una ficción poderosa: la del Estado criminal como organización mafiosa homogénea, jerárquica y transnacional.
Esa representación no solo simplifica una realidad mucho más fragmentada, sino que cumple la función política de convertir un conflicto político complejo en un problema penal global, habilitando respuestas coercitivas que el derecho internacional y la diplomacia difícilmente justificarían. Este cambio no es menor. Durante buena parte del siglo XX, la seguridad internacional se estructuró en torno a la figura del enemigo político: un adversario con intereses, ideología y capacidad de negociación. Hoy, esa figura es sustituida cada vez más por la del objetivo criminal. Y al criminal no se le disuade ni se le convence; se le persigue, se le neutraliza, se le captura, o se le elimina. Este cambio semántico tiene consecuencias prácticas profundas: reduce el espacio de la diplomacia, debilita el derecho internacional clásico y normaliza formas de violencia excepcional que, en otro contexto, serían inaceptables.
No es difícil entender los incentivos políticos. Criminalizar permite construir consensos morales rápidos, evita deliberaciones incómodas y desactiva objeciones normativas: nadie quiere aparecer defendiendo criminales. En este sentido, lejos de que el crimen desordene al mundo, más bien lo ordena a partir de establecer fronteras entre lo que merece protección y lo que puede ser eliminado sin demasiadas preguntas ni justificaciones. Hay muchos riesgos vinculados. Uno de ellos es que, si todo se es criminal, todo admite soluciones punitivas; y si todo es una amenaza criminal, todo justifica la excepcionalidad. Migración, drogas, protesta social, disidencia política e incluso gobiernos incómodos comienzan a leerse bajo la misma óptica. El riesgo no es únicamente autoritario; es epistemológico pues se pierde la capacidad de entender los conflictos como conflictos, es decir, como disputas políticas que requieren interpretación, negociación y, en ocasiones, concesiones.
En este problema, América Latina es un laboratorio adelantado. Ya explicaba el profesor Héctor Schamis sobre los autoritarismos latinoamericanos del siglo XX, que no eran el resabio de la derecha fascista europea, sino una avanzada experimental de los gobiernos neoconservadoras que pulularían en los ochenta. Así hoy la región lleva décadas conviviendo con guerras contra el crimen, militarización de la seguridad y una peligrosa confusión entre enemigo y delincuente. Lo que hoy observamos en el centro del sistema internacional no es enteramente nuevo, sino la proyección global de lógicas que, aquí, se han aplicado con costos sociales y políticos enormes. Venezuela, en ese sentido, no inaugura una era; la proyecta a escala global.
Cuestionar este fenómeno implica defender la distinción entre crimen y política (vaya cosa), y con ello defender la idea de que no todo problema de seguridad se resuelve penalmente y que algunos conflictos, por más desagradables que sean sus protagonistas, requieren soluciones políticas. Mantener esa distinción es hoy una tarea contracorriente, pero también una condición mínima para evitar que la seguridad se convierta en sinónimo de castigo permanente.
Cierro este texto compartiendo que, a partir de hoy, dejo la coordinación de este espacio y mis labores en el Seminario sobre Violencia y Paz. El blog continuará, estoy seguro, con enormes contribuciones, así como el Seminario en su conjunto, pues es un espacio que busca precisamente eso: no ofrecer respuestas rápidas ni alinearse con consensos punitivos, sino insistir en la complejidad de fenómenos que suelen reducirse a etiquetas tranquilizadoras, y proponer soluciones respetuosas de la dignidad humana. Personalmente cierro aquí una etapa con la convicción de que esta labor sigue siendo necesaria y urgente. Cambian los espacios institucionales desde los que escribiré, pero no la preocupación de entender la violencia sin convertirla en coartada para el castigo, y analizar la seguridad sin renunciar a la política.
* Rodrigo Peña González es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Leiden. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Se trata de la declaración más contundente de un líder del territorio autónomo danés desde que el presidente estadounidense Donald Trump reactivara los planes para anexionarlo.
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo que su pueblo elegiría a Dinamarca antes que a Estados Unidos si se le pidiera que tomara esa decisión “aquí y ahora”.
Las declaraciones de Jens-Frederik Nielsen en una rueda de prensa conjunta con la primera ministra de Dinamarca son las más contundentes de un representante del territorio danés semiautónomo desde que el presidente de EU., Donald Trump, retomara su plan de apropiarse de la isla.
Trump afirma que Estados Unidos necesita “poseer” Groenlandia para defenderse de Rusia y China. La Casa Blanca ha sugerido comprar la isla, pero no ha descartado el uso de la fuerza para anexionarla.
Dinamarca es miembro de la OTAN y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que el uso de la fuerza militar supondría el fin de la alianza de defensa transatlántica.
A pesar de ser el territorio con menor densidad de población, la ubicación de Groenlandia entre América del Norte y el Ártico convierte a la isla en un lugar estratégico para los sistemas de alerta temprana en caso de ataques con misiles y para la vigilancia de embarcaciones en la región.
Trump ha afirmado repetidamente que Groenlandia es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, alegando sin pruebas que está “llena de barcos rusos y chinos por todas partes”.
Estados Unidos ya cuenta con más de 100 militares permanentemente estacionados en su base de Pituffik, en el extremo noroeste de Groenlandia, una instalación que está activa desde la Segunda Guerra Mundial.
Según los acuerdos existentes con Dinamarca, Estados Unidos tiene la potestad de desplegar tantas tropas como desee en Groenlandia.
Pero Trump declaró a los periodistas en Washington la semana pasada que un acuerdo de arrendamiento no es suficiente: Estados Unidos “tiene que ser propietario” y “la OTAN tiene que entenderlo”.
En la rueda de prensa de este martes en Copenhague, la capital danesa, Frederiksen no se anduvo con rodeos al condenar la “presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano”.
Advirtió que “hay muchos indicios de que la parte más difícil está por venir”.
El primer ministro groenlandés admitió que se enfrentan a una posible “crisis geopolítica”, pero subrayó que la postura de la isla es clara:
“Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca”.
Y añadió: “Una cosa debe quedar clara para todos: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos”.
La rueda de prensa en Copenhague se celebró un día antes de que el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, viajen a Washington DC para reunirse con el vicepresidente de EE.UU., JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Los aliados de Dinamarca en la OTAN, tanto los principales países europeos como Canadá, han mostrado su apoyo estos días con declaraciones que reafirman que “solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre los asuntos relativos a sus relaciones”.
Subrayando que comparten el mismo interés que Estados Unidos en la seguridad del Ártico, han afirmado que esta debe lograrse de forma colectiva entre los aliados, incluido EE.UU.
También hicieron un llamamiento a “respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas, que incluyen la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.
Las preocupaciones sobre el futuro del territorio resurgieron tras el uso de la fuerza militar por parte de Trump contra Venezuela el pasado 3 de enero, para derrocar a su presidente, Nicolás Maduro.
Trump ya ofreció comprar la isla en 2019, durante su primer mandato presidencial, pero le respondieron que no estaba en venta.
En los últimos años, ha aumentado el interés por los recursos naturales de Groenlandia, incluidos los minerales de tierras raras, el uranio y el hierro, cuyo acceso se facilita a medida que el hielo se derrite debido al cambio climático.
Los científicos creen que también podría albergar importantes reservas de petróleo y gas.
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