

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio datos falsos y engañosos sobre la situación de derechos humanos en el país, en su informe ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el lunes 26 de enero, de acuerdo con especialistas consultados por El Sabueso.
Sus declaraciones se presentan 13 días después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asesinaron a un joven de 23 años durante un operativo en Culiacán, Sinaloa.
Aunque las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos han aumentado en la gestión de Rosario Piedra Ibarra, especialistas coinciden en que estas han sido mal integradas y no atienden las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la Ley de la CNDH, la presidencia de la Comisión debe presentar un informe anual de actividades ante los Poderes de la Unión, el cual debe incluir la descripción de las quejas, recomendaciones, investigaciones, labores de conciliación y resultados obtenidos.
En El Sabueso te presentamos a continuación las frases que verificamos del informe de 2025 de la presidenta Piedra Ibarra.
“Esta es la realidad que se vive hoy en el país y lo decimos para que se tome nota: están reduciéndose las violaciones a derechos humanos”.
Calificación: Falso
Aunque, basándose en la disminución de quejas presentadas ante el organismo, la presidenta de la CNDH aseguró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades van a la baja, el especialista Adalberto Méndez, exconsejero de la CNDH, advierte que una reducción en el número de quejas no necesariamente significa menos violaciones, sino que puede estar vinculada con la pérdida de confianza de la ciudadanía en este organismo. “Cada sexenio la gente cree menos en la Comisión”, señala.
Al contrastar el discurso oficial con las acciones y pronunciamientos de organismos internacionales, la mencionada disminución de violaciones tampoco se sostiene. El 4 de abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó en México, por primera vez en la historia, el artículo 34 de la Convención tras encontrar indicios de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el país.
El artículo 34 de la Convención permite establecer si las desapariciones forzadas ocurren de forma sistemática y generalizada en un país.Además, esta situación será llevada ante el pleno de la Asamblea General con carácter de urgente para su análisis.
A ello se suma que, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), México figura de manera recurrente entre los 10 países con más asesinatos de periodistas que permanecen impunes, un indicador que contradice la narrativa oficial de una mejora en la situación de los derechos humanos.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos —el sistema de alerta de quejas de la Comisión—, durante 2023 la CNDH registró 19,916 quejas por violaciones de derechos humanos y en 2024 acumuló 16,208, lo que representó una disminución de 18.6 %.
Pero de 2024 a 2025, las quejas presentadas ante la Comisión aumentaron 16.2 %, pues en el último año se registraron 18,839, es decir, 2,361 expedientes más que en 2024.
De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos del Inegi, en la comparativa histórica desde 2017 se observa un incremento en los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos registrados en los expedientes de queja de la CNDH.
En 2017, la CNDH registró 24,183 presuntos hechos violatorios y, un año después, se reportaron 24,476. En 2019, la Comisión contabilizó 28,471 hechos y en 2020 registró 26,743.
En 2021, la Comisión Nacional detectó 20,211 presuntos hechos violatorios; en 2022 registró 23,749; en 2023 se contaron 30,671 y en 2024, 26,597. Los datos del Inegi muestran que las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas por la CNDH aumentaron desde 2018 y sólo disminuyeron en 2021 y 2022.
A pesar de que la presidenta de la CNDH aseguró que las violaciones a los derechos humanos han disminuido, se continúan reportando violaciones, tal como el caso de Fernando Chaidez asesinado por militares en Culiacán, el 13 de enero de 2026 y la denuncia de Leonardo Ariel Escobar, profesor de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, de que fue golpeado por elementos de la Guardia Nacional.
“Se han emitido recomendaciones en solo semanas para que sirvan a las víctimas y lo hemos hecho sin temores ni titubeos cuando ha sido preciso frente a cualquier autoridad”.
Calificación: Engañoso.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, durante la administración de Rosario Piedra la CNDH ha emitido 1,233 recomendaciones ordinarias y 170 por violaciones graves a derechos humanos, las cifras más altas registradas en los últimos 35 años. Sin embargo, como explicamos en esta nota, especialistas consultados por El Sabueso advierten que el incremento en el número de recomendaciones no necesariamente se traduce en una mejora en su calidad o en su impacto real.
Adalberto Méndez, exconsejero del Consejo Consultivo de la CNDH (2021–2023), señala que el análisis no debe centrarse en la cantidad de recomendaciones, sino en su solidez, seguimiento y resultados. También plantea la necesidad de revisar qué temas ha priorizado la comisión y en cuáles ha habido omisiones.
En el análisis realizado por El Sabueso se identificó, por ejemplo, que de las 387 quejas presentadas en 2025 contra la Guardia Nacional por presuntas violaciones a derechos humanos, la CNDH emitió únicamente una recomendación.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han señalado la falta de recomendaciones y de posicionamientos públicos de la CNDH frente a violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
En 2023, la CNDH hizo público su posicionamiento frente a la reforma legal que otorgó a la Sedena el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, pese a que organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia e Intersecta, así como personas expertas de la ONU, han advertido sobre los riesgos de ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“(A las víctimas) se les escucha, se les acompaña y toman decisiones con base en sus experiencias, no solo suman expedientes”
Calificación: Engañoso
Como te contamos en este Te Explico, la CNDH emite recomendaciones para cumplir con las estadísticas, no para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Un análisis de El Sabueso a 23 recomendaciones —emitidas entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025— arroja que entre las acciones ordenadas por la Comisión destacan medidas de capacitación como cursos en derechos humanos y derechos de las personas en contexto de migración, planes de formación integral para el personal militar y entrega de constancias de capacitación sobre el uso de la fuerza.
Por ejemplo, en el caso del Protocolo de Estambul —instrumento internacional para investigar y documentar tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes— de Mario Aburto Martínez, presunto asesino material del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, no ameritó una recomendación de la comisión.
En entrevista con Proceso, el abogado del caso, Jesús González Schmal, afirmó que el Protocolo de Estambul dio positivo a tortura y redactó un primer borrador de recomendación, pero la CNDH indicó “esperaban instrucciones, que la recomendación no debía de ser tan directa y que primero se hiciera una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciara una nueva investigación (…) y entonces me pidieron que mejor ayudara en casos de tortura en reclusorios y dejáramos el caso Aburto”.
Sobre esto, la CNDH emitió un comunicado en el que desvirtúa el trabajo de los medios de comunicación y declaró que la información publicada es falsa. En este contexto, el Centro Prodh destaca que el organismo ha emitido pronunciamientos públicos del organismo buscando desvirtuar los cuestionamientos a su labor por parte de defensores de derechos humanos, periodistas o víctimas.
Además, el informe CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024, realizado por el Centro Prodh, visibiliza reclamos públicos de víctimas y personas defensoras de derechos humanos por una indebida actuación de la CNDH en el seguimiento de quejas. “En suma, en la gestión de las quejas, el balance de la actual CNDH no es positivo”, afirma el Centro Prodh en el mismo documento.
Por ejemplo, Cimacnoticias advirtió que víctimas de ataques policiales ocurridos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo del 2024 en Zacatecas denunciaron que la recomendación de la CNDH minimiza la violencia que vivieron, omite la responsabilidad de los altos mandos y culpa únicamente a las mujeres policías.
“Se superó en solo 6 años lo realizado en los 17 años anteriores”.
Calificación: Engañoso
Aunque es cierto que durante los últimos años aumentó el número de recomendaciones emitidas por la CNDH, ese incremento no se ha traducido en un mayor cumplimiento. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre 2020 y 2024, de las 1,424 recomendaciones ordinarias emitidas solo cuatro alcanzaron un cumplimiento total, lo que equivale a apenas 0.3 %.
En el caso de las 697 recomendaciones por violaciones graves, únicamente 1.9 % logró un cierre pleno, lo que equivale a 1 de cada 51. En conjunto, solo 16 de 2,031 recomendaciones, alrededor de 0.7 %, han sido cumplidas totalmente.
Al comparar estas cifras con administraciones anteriores, la caída en el cumplimiento resulta aún más evidente. Durante la primera presidencia de Jorge Carpizo MacGregor (1990–1993), el cumplimiento total de las recomendaciones ordinarias alcanzó 94 %. Con Diego Valadés (1993–1996) el cumplimiento fue de 59.4 %. Y en el periodo de Mireille Roccatti Velázquez (1997–1999), 53 de 344 recomendaciones lograron un cierre pleno (15.4 %, una de cada seis).
La tendencia a la baja continuó en las siguientes administraciones. En la presidencia de José Luis Soberanes Fernández (1999–2009), solo 63 de 698 recomendaciones alcanzaron un cumplimiento total, equivalente a 9 % —1 de cada 11—, frente a 411 cierres parciales. Con Raúl Plascencia Villanueva (2009–2014) el cumplimiento total descendió a 1.3 %, es decir, 1 de cada 79; y con Luis Raúl González Pérez (2014–2019) fue de 1.7%, 1 de cada 58.
Pese a los bajos niveles registrados en años previos, Mexicanos Contra la Corrupción subraya que el periodo más reciente representa el punto más bajo en 35 años de historia de la CNDH: un cumplimiento total por cada 356 recomendaciones ordinarias, el nivel más reducido desde la creación del organismo.
Los datos oficiales también reflejan una disminución en las sanciones derivadas de las recomendaciones. De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), durante 2024 solo dos personas servidoras públicas fueron sancionadas como resultado de recomendaciones emitidas por la CNDH, frente a 464 sanciones derivadas de recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos estatales. En comparación con 2023, el número total de personas sancionadas se redujo 34.8 % en 2024.
En años anteriores, las cifras eran significativamente más altas. En 2017 se sancionó a 546 personas servidoras públicas por recomendaciones de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) y a 117 por recomendaciones de la CNDH; en 2018, a 499 por los OPDH y a 89 por la CNDH; y en 2019, a un total de 792 servidoras y servidores públicos como resultado de recomendaciones emitidas tanto por la CNDH como por los organismos estatales.
Además, especialistas afirman que la CNDH ha apostado por la cantidad de las recomendaciones emitidas sobre la calidad. Es decir, las recomendaciones emitidas no atienden las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos y están mal integradas, por lo que no pueden prevenir futuras transgresiones.
Como te explicamos en esta nota, el aumento en la emisión de estas recomendaciones corresponde a hechos previos a los gobiernos de Morena, incluso de la década de 1990, y no a violaciones de derechos humanos ocurridas durante la administración actual.
“En la emisión de recomendaciones por violaciones graves, la CNDH concentró sus esfuerzos en mayor medida en analizar eventos ocurridos en administraciones previas a las del presidente López Obrador”, se lee en el informe de gestión de la CNDH del Centro Prodh.
“El número de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos por autoridades federales, casos que son competencia de esta Comisión, es menor en el plano local, según el documento elaborado por el Inegi. En el 2024, se registraron 142,391 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. Las cifras representaron una disminución respecto a 2023 de 13.3 % en la CNDH”.
Categoría: Verdadero
Es verdad que en 2024 hubo 142,391 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, una disminución de 13.3 % menos que en 2023, como afirmó Rosario Piedra Ibarra. Sin embargo, Adalberto Méndez afirma en entrevista que se debe hacer un análisis cualitativo más que cuantitativo por parte de las autoridades.
Porque “lo cuantitativo se ve muy bien en el papel, pero lo cualitativo permite saber si la recomendación está siendo eficiente o está atendiendo a una agenda nacional de derechos humanos”.
“El mayor número de quejas por violaciones vinculadas a desapariciones y detenciones arbitrarias se concentró entre 2008 y 2013 en el contexto de la llamada guerra contra el narco. Desde el 2019 esas prácticas han mostrado una tendencia clara a la baja”.
Calificación: Discutible
La afirmación es verdadera si se limita a los datos de la CNDH, pues de acuerdo con sus registros históricos, el periodo con mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos relacionadas con desapariciones y detenciones arbitrarias fue entre 2008 y 2013. Esta afirmación también aparece en su informe anual de actividades 2024 y en otras publicaciones institucionales, como el documento Cambios positivos en la situación de los derechos humanos en México.
Y la misma documentación indica que, desde 2019, la violencia vinculada a esas prácticas ha mostrado una tendencia a la baja, especialmente en los últimos años. Pero organizaciones como Amnistía Internacional colocan a México con más de 120,000 desapariciones registradas hasta 2025, con incrementos significativos en los últimos años.
Pese a que el organismo sostiene que estas prácticas han mostrado tendencias a la baja, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas también afirma que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en el país y que existen deficiencias en el sistema penal y con las fuerzas armadas que dificultan su reducción, como la figura del arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones.

El ejército israelí confirmó los ataques, que se producen durante un alto el fuego que Israel y Hamás se acusan mutuamente de haber roto. La agresión alcanzó apartamentos residenciales, tiendas de campaña, refugios y una comisaría de policía.
Al menos 28 personas han muerto en una oleada de ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza el sábado, según las autoridades locales.
La agencia de defensa civil, gestionada por Hamás, afirma que entre los fallecidos hay niños y mujeres. Añadió que, en uno de los ataques, helicópteros artillados alcanzaron una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la ciudad meridional de Jan Yunis.
Los palestinos han calificado estos ataques como los más intensos desde que entró en vigor a principios de este mes la segunda fase del alto el fuego, negociado por el presidente estadounidense Donald Trump en octubre.
El ejército israelí confirmó que se llevaron a cabo varios ataques en respuesta a lo que, según afirmó, fue una violación del acuerdo por parte de Hamás el viernes.
Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de violar la tregua desde que entró en vigor el año pasado.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que “se identificó a ocho terroristas saliendo de la infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah”, una zona de Gaza donde las fuerzas israelíes están desplegadas en virtud del acuerdo de octubre.
Las FDI afirmaron que, junto con la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, por sus siglas en inglés), habían atacado objetivos en varios lugares, entre ellos “cuatro comandantes y otros terroristas”, así como un almacén de armas, una fábrica de armas y “dos bases de lanzamiento pertenecientes a Hamás en el centro de la Franja de Gaza”.
Hamás ha condenado los ataques y ha instado a Estados Unidos a tomar medidas inmediatas, añadiendo que “estas continuas violaciones” confirman que el Gobierno israelí “continúa su brutal guerra de genocidio contra la Franja”.
Afirmó que siete de las víctimas pertenecían a una familia desplazada de Jan Yunis, y un portavoz de la defensa civil añadió que los ataques alcanzaron apartamentos residenciales, tiendas de campaña, refugios y una comisaría de policía.
Funcionarios del hospital Shifa de la ciudad de Gaza dijeron que un ataque aéreo sobre la ciudad alcanzó un edificio de apartamentos, matando a tres niños y dos mujeres.
“Encontramos a mis tres sobrinas pequeñas en la calle. Dicen ‘alto el fuego’ y todo eso. ¿Qué hicieron esos niños? ¿Qué hicimos nosotros?”, dijo Samer Al Atbash, tío de las tres niñas fallecidas, según la agencia de noticias Reuters.
Las imágenes de video y fotografías tomadas a lo largo de Gaza muestran varios cadáveres siendo sacados de entre los escombros y numerosos edificios destruidos.
Los ataques se producen cuando el paso fronterizo de Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto, está previsto que reabra el domingo, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel recuperaran el cadáver del último rehén israelí a principios de esta semana.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto condenó los ataques en un comunicado al que ha tenido acceso la agencia de noticias AFP, e instó a todas las partes a “actuar con la máxima moderación”.
La guerra entre Israel y Hamás comenzó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.
Israel respondió lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual han muerto más de 71.660 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.
El ministerio afirma que al menos 509 palestinos han muerto desde que comenzó el alto al fuego el 10 de octubre de 2025. También han muerto cuatro soldados israelíes.
Aunque Israel ha cuestionado anteriormente las cifras del Ministerio de Sanidad de Hamás, los medios de comunicación locales informaron de que una fuente de alto rango de seguridad afirmó que el ejército acepta que más de 70.000 palestinos han muerto durante la guerra en Gaza.
Las cifras del Ministerio de Sanidad son consideradas fiables por la ONU y otros grupos de derechos humanos, y han sido ampliamente citadas por los medios de comunicación internacionales.
Israel no permite que las organizaciones de noticias, incluida la BBC, entren en Gaza para informar de forma independiente.
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