
Durante 2025, los reportes por maltrato infantil que recibió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) de la Ciudad de México aumentaron 55.3 %, al pasar de 2,567 casos en 2024 a 3,987 el año pasado. Es decir, 2025 cerró con el nivel más alto en reportes por maltrato infantil en los últimos tres años (2023 sumó 2,465 casos).
A ello se suma que los reportes de alto riesgo (código dorado) aumentaron 29.6 % en 2025 respecto al año previo. El código dorado es el nivel más alto de gravedad que reconocen las autoridades capitalinas.
“Eso no significa que el maltrato infantil antes no existía, sino que era un tema que quedaba en el vacío, ni siquiera se nombraba; afortunadamente, ahora se nombra más y puede denunciarse”, destaca Viviana Capetillo, coordinadora estatal en la organización Pacto por la Primera Infancia, sobre el aumento de casos de maltrato infantil.
Cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un o una menor de 18 años —ya sea físico o afectivo— es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como maltrato infantil. Este fenómeno abarca desde la violencia física y psicológica hasta el abuso sexual, la negligencia y el abandono, muchas veces normalizados o invisibilizados dentro del entorno familiar, escolar o comunitario.
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De los 3,987 reportes de maltrato infantil en la Ciudad de México registrados en 2025, 35 fueron catalogados como código dorado, informa la subdirectora de Asuntos de Prevención y Defensa de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), Viridiana Osorio Marín.
En entrevista con El Sabueso, la funcionaria explica que, en cada caso de maltrato infantil, trabajadores sociales, psicólogos y abogados de la PFPNNA realizan un tamizaje con perspectiva de infancia para evaluar la gravedad del reporte. Este tamizaje está integrado por cuatro colores con los siguientes significados:
“El tamizaje y las visitas domiciliarias son una gran iniciativa, pues no solamente revisan el estado físico de las infancias, sino del entorno que habitan”, agrega Faviola Capetillo Hernández, coordinadora estatal de la Ciudad de México en la organización Pacto por la Primera Infancia. “Sin embargo, distintas organizaciones de la sociedad civil hemos reiterado que es vital interceder antes del daño, es decir, orientar a las y los cuidadores sobre una crianza respetuosa, promover espacios adecuados para las infancias y capacitar a las autoridades para que los casos se atiendan con respeto y cuidado para las víctimas”.
Datos de la PFPNNA revelan que de 2023 a 2024 hubo una disminución en los reportes clasificados como códigos dorados, pues pasaron de 35 a 27. Mientras, de 2024 a 2025 aumentaron 29.6 %, con 27 y 35 reportes, respectivamente.
Un comunicado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia también destaca que, cuando no existen redes de apoyo o estas no son viables o idóneas, la Procuraduría institucionaliza a niñas, niños y adolescentes (NNA) —cuando el Ministerio Público remite al SDIF los cuidados y atenciones y, con base en su perfil, se canalizan a algún Centro de Asistencia Social (CAS)— para garantizar que su desarrollo sea el adecuado y que sus derechos no sean vulnerados nuevamente.
“Debemos poner atención en el proceso completo, desde cómo se reporta, cómo se atiende, hasta lo más importante: cómo podemos prevenirlo”, destaca Faviola Capetillo.
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El total de reportes por maltrato de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México en 2025 fue el más alto en tres años. De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), de 2023 a 2025, los reportes por maltrato infantil en la entidad aumentaron 61.7 %, al pasar de 2,465 a 3,987 casos.

Más allá de los daños inmediatos, el maltrato infantil impacta el desarrollo emocional, cognitivo y social de las infancias, señala Faviola Capetillo, “y se traduce en problemas de salud, rezago educativo y mayor vulnerabilidad a otras formas de violencia en la edad adulta”.
Por ello, añade, comprender su magnitud, causas y consecuencias es un paso indispensable para dimensionar la urgencia de prevenirlo, detectarlo a tiempo y garantizar mecanismos eficaces de protección y justicia”.
La coordinadora estatal de la Ciudad de México en la organización Pacto por la Primera Infancia asegura que es un acierto que dentro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) exista un área especializada en la atención de casos de infancias. Sin embargo, “muchas veces el personal no está capacitado o está sobrepasado de trabajo para atender estos casos y los procesos de denuncia y atención son desgastantes, mucho más para una niña o un niño”.
Pese a ello, la especialista también reconoce que el DIF de la Ciudad de México ha implementado diferentes canales de reporte como un número para comunicarse vía WhatsApp y visitas domiciliarias para evaluar, detectar y priorizar los casos mediante un proceso de tamizaje.
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Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el maltrato infantil es una práctica arraigada en la sociedad que se asocia con factores culturales, sociales y emocionales. “Para lograr cambios sostenibles hay que comprender las causas que originan los comportamientos y trabajar con las personas en la búsqueda de soluciones”, señala en un artículo.
En México, la Secretaría de Salud previene el maltrato infantil a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), el cual busca fomentar la crianza humanizada, capacitar al personal de salud y fortalecer las redes de apoyo familiar para identificar los riesgos a tiempo.
“En casa es importante respetar a las infancias mediante la crianza respetuosa, la cual tiene como base la empatía, el amor y el respeto mutuo y reconocerlas como sujetos con derechos y necesidades propias”, destaca Faviola Capetillo.
Respecto a las autoridades, “la jefa de gobierno Clara Brugada tiene una enorme área de oportunidad para integrar a las infancias en el sistema de cuidados con una política integral de atención donde ninguno de sus derechos se vean vulnerados; que esto se acompañe de acciones como brindar talleres de habilidades parentales a cuidadores, madres y padres de familia y la atención a la violencia de género”, añade.
Desde la PFPNNA, Viridiana Osorio asegura. “Apostamos por acciones informativas, mediante difusión a través de las plataformas oficiales y trabajo de campo; el personal especializado hace recorridos diariamente en toda la ciudad para detectar situaciones que pudieran vulnerar derechos de la infancia como el trabajo infantil, maltrato o abandono”.
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Casi 12 horas después de que dejara la celda donde permanecía, el opositor fue capturado nuevamente por hombres armados, denunció su familia. La fiscalía anunció su nuevo arresto por “incumplimiento de las condiciones impuestas”.
Casi 12 horas después de que fuera excarcelado en Venezuela, el opositor Juan Pablo Guanipa ha sido “secuestrado” por “un grupo de personas armadas”, según denunció su hijo Ramón Guanipa en redes sociales.
“Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas (…). Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, decía el mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de X del opositor.
A la denuncia se sumó rápidamente María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, quien también publicó un mensaje de alerta en su cuenta de X:
“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”.
Primero Justicia, el partido de Guanipa, también publicó un mensaje en X diciendo que su líder había sido “secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura” y hacían responsables a “Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”.
Poco después, la Fiscalía de Venezuela emitió un comunicado en el cual confirmó que el opositor había sido aprehendido nuevamente a solicitud suya.
“Se ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”, se lee en el escrito, en el cual no se aclara dónde se encuentra el político.
Aunque no se han informado las condiciones impuestas a Guanipa para excarcelarlo, en la mayoría de los casos los jueces venezolanos prohíben a los beneficiarios de estas medidas realizar declaraciones a los medios o a través de sus redes sociales, algo que el opositor hizo.
La Fiscalía también agrega que había solicitado al tribunal que pasara “a un régimen de detención domiciliaria”.
Juan Pablo Guanipa, de 61 años y cercano a María Corina Machado, había sido excarcelado horas antes tras pasar ocho meses en prisión.
Fue su hijo Ramón, quien también confirmó esa noticia en su cuenta de X hacia el mediodía hora local: “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos”.
Al poco tiempo se conoció un video del mismo Guanipa, ya fuera de su celda, en el que se dirigió a sus seguidores:
“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y 10 meses escondido, casi nueve meses aquí detenido, hoy, estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar del presente y futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.
Y aunque la de Guanipa no fue la única excarcelación ocurrida este domingo, sí ha sido quizá la más sorprendente, al tratarse de un abogado que fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y ganó la gobernación del Zulia en las elecciones regionales de 2017, pero jamás pudo asumir su cargo al negarse a reconocer a la Constituyente que entonces se instaló en el país.
Según la organización Foro Penal, este domingo hubo al menos “35 excarcelaciones de presos políticos y verificadas”. De esas personas, al menos seis formaron parte de los equipos y comandos de campaña de Machado.
Guanipa fue detenido por las autoridades venezolanas en mayo de 2025, dos días antes de que se llevaran a cabo los comicios regionales y legislativos.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo público el arresto en una rueda de prensa en la que mostró un video del momento de la captura del opositor, quien permanecía en la clandestinidad desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Nicolás Maduro como ganador sin publicar datos detallados. A su vez, la oposición denunció fraude electoral y mostró las actas de votación que convalidaban el triunfo de su candidato Edmundo González.
Foro Penal detalló que al menos 1.800 personas fueron detenidas en los días que siguieron a los comicios de 2024.
Al arrestar a Guanipa, Cabello precisó en ese entonces que 70 personas más fueron aprehendidas como parte de la llamada “Operación Tun Tun”, un operativo de seguridad que el gobierno venezolano ha aplicado en años anteriores contra políticos y activistas a los que acusa de organizar “actos desestabilizadores”.
Desde que EE.UU. atacó el territorio venezolano, el pasado 3 de enero, las autoridades venezolanas han excarcelado a decenas de personas.
En la intervención militar murieron más de 100 personas, según cifras del gobierno de Venezuela, y fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen en Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en días pasados que tras la intervención más de 600 prisioneros habían salido de las cárceles y comisarias policiales, pero Foro Penal dice que esa cifra ha sido inflada.
La misma ONG informó que hasta el 8 de enero habían sido excarcelados 158 detenidos y que el pasado 26 de enero otros 110 corrieron la misma suerte, a los cuales hay que sumar 35 de este domingo.
Entre los favorecidos de este domingo están el abogado Perkins Rocha, del equipo legal de Machado y preso desde agosto de 2024; Dignora Hernández, secretaria política del partido Vente Venezuela; María Oropeza, jefa del Comando ConVenezuela y coordinadora del partido opositor Vente Venezuela en el estado Portuguesa; Luis Tarbay, coordinador de los equipos internacionales del comando, y Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas del partido Vente Venezuela.
El caso de Guanipa revela que las excarcelaciones no pueden considerarse liberaciones en sentido estricto, porque los procesos penales contra opositores y disidentes continúan, y en cualquier momento las autoridades pueden aprehenderlos nuevamente si consideran que violaron las condiciones impuestas.
Sin embargo, esto podría cambiar si se aprueba la Ley de Amnistía anunciada por Rodríguez, la cual efectivamente cerraría los juicios e investigaciones en curso.
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