Ayotzinapa: sin condenas, sin justicia y con el fantasma de la “verdad histórica” a cuestas
A once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y la consumación de dos sexenios presidenciales, no hay información sobre el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ni sanciones contra los responsables de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización acompañante de las familias, señala en entrevista con El Sabueso que todavía no hay información en concreto que permita esclarecer este caso.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum inició su sexenio con la promesa de renovar el diálogo y avanzar en la investigación con nuevos métodos y tecnologías, las familias advierten —tras varias reuniones con la mandataria— un posible retorno a la “verdad histórica”.
El tiempo de las víctimas no corresponde al de las administraciones sexenales, puntualiza Aguilar. “Mientras que las autoridades están pensando: ‘vamos iniciando, tenemos 11 meses’, las familias están viéndolo como 11 años de buscar a sus seres queridos”.
Las desapariciones forzadas en el país continúan y, en el transcurso de la búsqueda de verdad y justicia, seis padres y madres de normalistas han fallecido sin conocer qué fue lo que ocurrió con sus hijos: Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello; Saúl Bruno García, padre de Saúl Bruno Rosario; Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Cantor; Ezequiel Mora Chona, padre de Alexander Mora Venancio; Donato Abarca Beltrán, padre de Luis Ángel Abarca Carrillo; y Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez Nava, quien fue asesinado.
158 personas procesadas, pero ni una sentencia condenatoria
De acuerdo con datos del Centro Prodh, 158 personas han sido procesadas por el caso Ayotzinapa: 120 están privadas de la libertad y 17 son elementos militares.
No todas enfrentan un cargo por el delito de desaparición, sino que hay quienes están siendo procesadas por delincuencia organizada, tortura y alteración de las escenas, irregularidades que fueron cometidas durante las investigaciones.
Con el paso del tiempo, varias pruebas han sido invalidadas por haber sido obtenidas bajo tortura o mediante otras irregularidades procesales. Hasta ahora, no se ha obtenido ninguna sentencia condenatoria.
La directora del Centro Pro espera la continuación de sentencias de libertad bajo reservas de ley. Estas sentencias suceden cuando no hay pruebas suficientes para declarar que una persona no es ni inocente ni culpable.
A esto se le suman dos sentencias absolutorias que fueron dictadas en procesos donde las familias están reconocidas como víctimas, una de ellas fue confirmada este año y corresponde a la acusación hecha contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, con base en la “verdad histórica”.
“Es algo que eventualmente iba a caer porque no había base científica para probar que la ‘verdad histórica’ fue lo que realmente sucedió”, sostiene Aguilar.
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¿Qué es la “verdad histórica”?
Fue el nombre que recibió la construcción de los hechos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con esta hipótesis, los 43 normalistas planeaban boicotear el informe de labores de la entonces presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde, José Luis Abarca, quien sigue preso por otras causas penales.
Pero esta versión no contó con el respaldo científico y fue rebatida por los peritos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito puntualizó que la investigación realizada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contaba con múltiples irregularidades y falsedades, pues incluso hubo acusaciones de coacción y actos de tortura contra algunos detenidos.
En su sentencia estableció que “al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”. De esta manera, no fue abordada la participación del Ejército mexicano y la Policía Federal, ni la responsabilidad de otros niveles de gobierno más allá del municipal.
Tras ello se ordenó la creación de una comisión de investigación que subsanara las investigaciones.
El GIEI documentó la participación de las Fuerzas Armadas en este caso, tanto en la desaparición de los estudiantes como en la tortura de las personas detenidas.
La promesa fallida de López Obrador
En su primer decreto presidencial, el expresidente Andrés Manuel López Obrador conformó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Su función fue promover la coordinación entre autoridades y otorgar asistencia a las familias. Sin embargo, a la fecha familiares de los normalistas denuncian que el mecanismo de la Covaj ya está agotado.
En sus primeros meses de trabajo, la Covaj facilitó gestiones con la FGR para establecer la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), fiscalía especial para el caso que ha sido encabezada desde entonces por tres titulares diferentes.
Estos avances condujeron a que, en 2023, Encinas revelara hallazgos que contrastaban con la “verdad histórica”, pues se corroboró que la incineración en Cocula no era factible debido a condiciones climáticas y se reconoció el involucramiento de autoridades federales, estatales y de elementos del 27 y del 41 Batallón de Infantería en colusión con el grupo criminal de Guerreros Unidos.
Cuando el Ejército fue señalado y persistió su opacidad, López Obrador tomó la postura de defender a la institución por encima del acceso a la verdad y justicia. Su sexenio concluyó sin cumplir con la promesa de resolver el caso.
De acuerdo con el medio Quinto Elemento Lab, la administración de López Obrador desarticuló el área que investigaba la desaparición de los estudiantes normalistas y que los militares se negaron a entregar información sobre el caso.
En el último informe del GIEI, en 2023, el investigador Carlos Beristain mencionó que “el ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad. El GIEI ha llegado con este informe hasta el límite de donde se ha podido investigar como asistencia técnica. El GIEI ve imposible continuar con su trabajo. Para poder resolver el caso, se necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes.”
El regreso a la “verdad histórica” con la 4T
Aunque las administraciones de López Obrador y Sheinbaum nieguen que haya un regreso a la “verdad histórica”, la directora del Centro Prodh indica que las organizaciones y familias sí perciben un mensaje de continuidad con su modo de actuar.
“Al menos de lo que conocemos, la Fiscalía especial presentó dos acusaciones con versiones muy similares a la verdad histórica”.
A la par, está la resistencia por mantener en el cargo a personas que no cumplían con el perfil necesario. Como ocurrió con Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial del caso que fue destituido en julio de 2025 tras múltiples señalamientos en su contra —como denuncias que lo involucraron en apoyo a la campaña de una candidata a ministra de la Corte y acusaciones de incurrir en “excentricidades y opulencia”—, aunque retrasó la investigación durante tres años.
Para saber más: Sheinbaum confirma salida del fiscal especial del caso Ayotzinapa; lo sustituirá Mauricio Pazarán, cercano a Ernestina Godoy
Tras una década, Aguilar destaca algunos hallazgos importantes. “Ahora sabemos que, durante los hechos, el Ejército tenía información inmediata de lo que estaba sucediendo y que no la entregaron sino hasta 2020. Sabemos también que había un estudiante, igual desaparecido, que era elemento activo de las Fuerzas Armadas y que cumplía con el rol de dar información de inteligencia a la institución”.
El Ejército mexicano aún se niega a entregar más de 800 documentos de inteligencia con posible información sobre el paradero de los estudiantes o, por lo menos, de un grupo de 17 jóvenes que fueron presentados ante el juez de barandilla en el municipio de Iguala, esa noche.
También, continúa pendiente la extradición de figuras clave como Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, y Ulises Bernabé García, quien entonces era el juez de barandilla.
Las administraciones morenistas han demostrado un cambio de postura respecto a la presencia de militares en labores de seguridad pública, pues en los últimos meses, la mayoría de Morena en el Congreso aprobó en fast track reformas constitucionales que dotan a la institución de más poder.
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Con la intensificación de los ataques a través de la frontera entre ambos países, ¿cuáles son las raíces históricas de la actual tensión?
Pakistán lanzó una nueva serie de bombardeos contra las ciudades afganas de Kabul, Paktika y Kandahar, según informaron funcionarios gubernamentales, en medio de la intensificación de los ataques a través de la frontera entre ambos países.
Los bombardeos lanzados en la madrugada del viernes 27 de febrero sucedieron después de que el Talibán en Afganistán anunciara una importante ofensiva contra puestos militares fronterizos pakistaníes, el jueves en la noche.
Los dos países acordaron un frágil cese el fuego en octubre, tras mortales enfrentamientos en la frontera, pero las hostilidades se reavivaron en días recientes.
Ambas partes afirman haber infligido bajas severas al uno y al otro en los últimos choques.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó que su país tenía “la completa capacidad de aplastar cualquier ambición agresiva”, mientras que el ministro de Defensa, Khawaja M Asif, declaró una “guerra abierta” contra el gobierno de Afganistán.
Los talibanes afganos indicaron que lanzaron la operación “a gran escala” el jueves en respuesta a los bombardeos de comienzos de la semana, que dicen mataron por lo menos a 18 personas.
¿Cuáles son las raíces históricas de la tensión y cuáles son algunos de los factores detrás de los renovados enfrentamientos?
1. Dos ejércitos desiguales
Las relaciones recientes entre Pakistán y Afganistán han sido turbulentas.
Antes de la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021, el antiguo gobierno de Kabul frecuentemente acusaba a Islamabad de facilitar los ataques del Talibán contra sus fuerzas, que aseguraban estaban siendo planeados en suelo pakistaní.
Durante este período, Pakistán negó tener vínculos con el Talibán, con el otrora portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní calificando dichas acusaciones de “ridículas”.
Pakistán tuvo un papel clave en posibilitar y negociar el Acuerdo de Doha que allanó el camino para la salida de EE.UU. de Afganistán y el rápido regreso al poder del Talibán.
Fue uno de los pocos países que reconoció oficialmente el gobierno talibán durante el primer período del grupo en el poder en Afganistán entre 1996 y 2001.
Pero las más recientes tensiones han demostrado que aún con el Talibán de vuelta en el poder en Afganistán, las relaciones entre los dos países continúa siendo frágil.
En términos militares, Pakistán tiene una ventaja abrumadora al ser una importante potencia militar con cientos de tanques, aeronaves y tecnología de defensa avanzada.
El gobierno talibán de Afganistán dispone del equipamiento militar que abandonaron las antiguas fuerzas afganas y extranjeras.
Los informes sugieren que, pese a las sanciones, ha podido adquirir parte de material militar a través del mercado negro.
No hay pruebas de que disponga de aviones ni de la capacidad para lanzar bombardeos en profundidad dentro de Pakistán.
Sin embargo, el Talibán libró durante más de 20 años una guerra contra Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, por lo que su capacidad para llevar a cabo ataques no convencionales y de guerrilla está ampliamente demostrada.
2. El Talibán, a los dos lados de la frontera
Pakistán afirma tener “pruebas concluyentes” de que el TTP ha estado detrás de una serie de ataques en el país, incluido el reciente atentado suicida contra una mezquita chiita en Islamabad en el que murieron más de 30 personas.
El grupo Estado Islámico (IS) reivindicó el ataque en Islamabad, pero Pakistán ha dicho que tiene “pruebas concluyentes” de que el responsable fue el TTP.
Pakistán también alega que los ataques están siendo llevados a cabo por orden del liderazgo y los coordinadores del TTP con base en Afganistán, quienes, según afirma, cuentan con el apoyo del gobierno talibán.
“Desde que el Talibán asumió el poder en Afganistán, Pakistán esperaba que grupos como el TTP… no siguieran recibiendo el apoyo como antes, y que las condiciones en la frontera mejoraran, pero eso no sucedió”, dijo a la BBC el exdiplomático pakistaní Masood Khan.
Esto puede no ser una sorpresa.
“Contrario a otros gobiernos, el Talibán afgano no es un gobierno tradicional. Llegaron al poder como un grupo vinculado históricamente al TTP”, expresó a la BBC el analista y periodista Sami Yousafzai, que monitorea de cerca las relaciones Afganistán-Pakistán.
“Si Pakistán creía que el Talibán afgano eliminaría o expulsaría al TTP de Afganistán, esa es una expectativa poco realista”, añadió.
En octubre del año pasado, el ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqui, visitó Nueva Delhi, para restablecer los lazos diplomáticos con India, el rival de Pakistán.
Ese mismo mes, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, en una entrevista con el canal Geo News, acusó a Afganistán de “pelear un guerra subsidiaria para Delhi”.
India ha negado de manera constante que apoye cualquier elemento antipakistaní dentro de Afganistán. Pero el deshielo entre India y Afganistán está siendo interpretado por observadores como Yousafzai como una “derrota simbólica” para Pakistán.
Los observadores comentan que India tiene la intención de invertir en la región mientras que el Talibán busca romper su aislamiento estableciendo relaciones con los países de la región.
Pero Yousafzai opina que eso no es tan simple: “La capacidad de India de dar apoyo técnico al gobierno talibán es limitada, pues Kabul opera bajo un estricto sistema ideológico yihadista”.
Eso podría representar algún tipo de alivio para Islamabad.
3. ¿Qué han dicho los otros países?
Funcionarios de Naciones Unidas han expresado preocupación frente a las recientes hostilidades, llamando al diálogo y la diplomacia para resolver las diferencias entre ambas partes.
China afirmó que estaba “profundamente preocupada” sobre la situación, según su Ministerio de Exteriores, que exhortó a las partes a “resolver sus diferencias y disputas a través del diálogo y la negociación”.
El vecino Irán anunció que estaba dispuesto a mediar en el diálogo entre los dos países, como lo escribió su canciller Abbas Araghchi en X, instando a ambas partes a “resolver sus diferencias a través de una política de buen vecino y el diálogo”.
Qatar y Turquía mediaron entre ambas partes, con conversaciones celebradas en Doha y Estambul.
Pakistán comparte una frontera de 2.600 km con Afganistán. También es sabido que lo que se conoce como la Línea Durand fue trazada arbitrariamente por los británicos en 1893 y es una línea fronteriza disputada por Afganistán y millones de pastunes étnicos que viven a lado y lado de la frontera.
Esto también ha llevado a los observadores a interpretar las continuas tensiones como arraigadas también en reclamos territoriales legítimos.
Miles de personas cruzan la frontera diariamente. A pesar del estado de las relaciones gubernamentales, las comunidades tribales viven en cada lado de la frontera, unidas por lazos familiares y sociales, aumentando la urgencia para que las relaciones entre los dos países se normalice.
4. ¿Por qué hay enfrentamientos ahora?
Los ataques se producen tras meses de hostilidades entre ambos países. La última confrontación grave se produjo en octubre, tras lo cual se alcanzó un frágil alto el fuego negociado por Turquía y Qatar.
Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de apoyar a “terroristas antipakistaníes” a los que culpa de llevar a cabo atentados suicidas en su territorio, incluido uno reciente en una mezquita de Islamabad.
Esta afirmación es rebatida por el Talibán, que ha afirmado en repetidas ocasiones que el territorio de Afganistán no se está utilizando para amenazar la seguridad de otros países.
A su vez, acusa a Pakistán de llevar a cabo ataques no provocados en los que han muerto civiles. Islamabad afirma que solo ataca a militantes.
A principios de esta semana, las fuerzas pakistaníes también lanzaron múltiples ataques aéreos nocturnos contra Afganistán que, según los talibanes, causaron la muerte de al menos 18 personas, entre ellas mujeres y niños.
5. ¿Por qué ahora es diferente?
Superados en armamento por Pakistán, que cuenta con armas nucleares, los analistas creen que es poco probable que los talibanes libren una guerra convencional contra Pakistán.
Sin embargo, los talibanes afganos tienen una amplia experiencia en la guerra de guerrillas.
Lo que hace que la última ronda de ataques pakistaníes sea significativa es que se han dirigido contra instalaciones gubernamentales talibanes en lugar de objetivos terroristas en Afganistán, según explicó a la BBC Michael Kugelman, investigador principal para Asia Meridional del Atlantic Council.
“Ahora se está atacando al propio régimen”, afirmó.
Por su parte, la retórica de los talibanes sugiere que están decididos a “lanzar ataques implacables” contra Pakistán, una “situación precaria” que podría desembocar en un conflicto real.
El jefe militar de los talibanes afganos, Qari Muhammad Fasihuddin, afirmó en un mensaje en video este viernes que Pakistán podía esperar “una respuesta aún más decisiva” en el futuro.
Los ataques contra lugares como Abbottabad y Swabi demuestran su capacidad para adentrarse más en Pakistán de lo que se pensaba.
Información adicional de los servicios afgano y urdu de la BBC.
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