India acusa a Pakistán de violar el alto el fuego horas después de entrar en vigor
India acusó este sábado a Pakistán de violar repetidamente el alto el fuego tan solo unas horas después de que las dos potencias nucleares acordaran poner fin a los combates de los últimos días, que han dejado al menos 60 muertos.
El secretario de Relaciones Exteriores de India, Vikram Misri, denunció “repetidas violaciones” del alto el fuego y aseguró que sus fuerzas armadas “están dando una respuesta adecuada y apropiada”.
Pakistán, sin embargo, afirmó que “seguía comprometido” con la tregua tras las acusaciones indias.
Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado un alto el fuego “total e inmediato” entre ambos países, después de varios días de ataques mutuos con aviones de combate, misiles, drones y artillería.
Nueva Delhi e Islamabad confirmaron la información minutos después de que Trump publicara el anuncio en su red Truth Social.
“Tras una larga noche de diálogo con mediación de Estados Unidos, me complace anunciar que India y Pakistán acordaron un ALTO EL FUEGO TOTAL E INMEDIATO”, escribió el mandatario.
La escalada entre las dos potencias nucleares hacía temer una guerra abierta.
Sin embargo, periodistas de AFP en Srinagar, en la Cachemira administrada por India, registraron una serie de fuertes explosiones horas después.
“¿Qué demonios acaba de pasar con el alto el fuego? ¡¡¡Se oyen explosiones en todo Srinagar!!!”, reaccionó también el ministro principal de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, en X.
Ataques y contraataques
El alto el fuego se selló tras cuatro días de ataques y contraataques de ambas partes, en los que murieron al menos 60 personas a lo largo de la frontera y en la dividida Cachemira.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aplaudió el cese al fuego y aspiró a que este “paso positivo” conduzca a una “paz duradera”, según su portavoz.
Puedes leer: Qué se sabe de la “operación Sindoor”, el ataque con misiles de India a Pakistán que dejó al menos 26 muertos
El conflicto empezó con el atentando del pasado 22 de abril en la Cachemira administrada por India en el que murieron 26 turistas, en su mayoría hombres hindúes, en un ataque que India atribuye a Pakistán.
India acusa al grupo Lashkar-e-Taiba, con sede en Pakistán, considerado “terrorista” por la ONU, de ser responsable, algo que Islamabad niega.
Los grupos armados que actúan en Cachemira han intensificado su actividad desde 2019, cuando el gobierno nacionalista hindú del primer ministro indio Narendra Modi revocó su limitada autonomía y puso al estado bajo el gobierno directo de Nueva Delhi.
Desde que ambos países lograron la independencia del dominio británico en 1947, se han enfrentado en varias guerras por el control total de la región.
Reconocen el alto al fuego entre India y Pakistán como un “paso positivo”
“El alto el fuego es un paso positivo” declaró Bilal Shabbir, consultor informático de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán.
“En la guerra, no sólo mueren soldados, sino sobre todo civiles, y en este caso habría sido la población de Cachemira”, añadió.
En Srinagar, Sukesh Khajuria se mostró más cauto. “El alto el fuego es bienvenido, pero es difícil confiar en Pakistán. Tenemos que estar alerta”, dijo.
Ambas partes pagarán un alto precio económico por el conflicto.
Fuentes militares paquistaníes afirmaron que sus fuerzas derribaron al menos 77 drones de alta tecnología de fabricación israelí, mientras que funcionarios indios dijeron haber destruido cientos de drones paquistaníes, muchos de ellos de fabricación turca.
Pakistán también afirma haber derribado cinco aviones de combate indios -entre ellos tres cazas Rafale franceses-, aunque Nueva Delhi no ha confirmado ninguna pérdida.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró que el alto el fuego se produjo después de que él y el vicepresidente JD Vance se entrevistaran con altos funcionarios de ambas partes.
“Me complace anunciar que los gobiernos de India y Pakistán acordaron un alto el fuego inmediato e iniciar conversaciones sobre un amplio conjunto de cuestiones en un lugar neutral”, escribió en X.
La noticia de la tregua fue celebrada en Reino Unido, antigua potencia colonial del subcontinente indio y hogar de una enorme diáspora de ambos países.
“El alto el fuego de hoy entre India y Pakistán es muy bienvenido”, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy. “Insto a ambas partes a que lo mantengan. La desescalada redunda en interés de todos”, añadió.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqaei, pidió a su vez a ambos países que aprovechasen “esta oportunidad para garantizar una reducción de las tensiones y una paz duradera en la región”.
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El secuestro y asesinato de 13 mineros ha sacudido a Perú, un país en el que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones.
El asesinato de 13 personas en una mina de Pataz, en el departamento de La Libertad, conmocionó a Perú y puso de relieve la crisis de seguridad que sufre el país.
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron hallados el domingo con indicios de haber sido ejecutados a sangre fría en un socavón dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa, después de días de rumores e informaciones sin confirmar sobre su presunto secuestro.
El episodio ha sacudido a un país en el que la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y copa el debate político.
El hecho de que la provincia de Pataz llevara en estado de emergencia desde febrero del año pasado para frenar la delincuencia no impidió las muertes y ha agravado las dudas en torno a la gestión de las autoridades.
El auge del crimen ha llevado al gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, a declarar el estado de emergencia en diferentes lugares del país, incluida Lima, y la matanza de Pataz ha abierto el debate sobre si se le está dando la respuesta adecuada al problema.
Este mismo lunes, Boluarte declaró un toque de queda en Pataz y les otorgó el control de la zona de la minera a las Fuerzas Armadas.
Qué se sabe de la matanza de mineros de Pataz
El pasado viernes, después de días de especulaciones, la minera Poderosa denunció en un comunicado que un grupo de “mineros ilegales coludidos con criminales” atacaron una de sus instalaciones en la provincia de Pataz y secuestraron a 13 trabajadores.
Según relató la empresa, los trabajadores prestaban servicios a un “minero artesanal” que mantiene “un contrato de explotación” con la minera.
La empresa señaló que lo ocurrido “pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz”.
Denunció que la minería ilegal se ha adueñado de gran parte de sus instalaciones pese a la declaración del estado de emergencia y el despliegue de 800 policías en un operativo realizado la semana pasada.
El domingo, los medios peruanos informaron del hallazgo de 13 cadáveres en un socavón de la mina, confirmando los peores temores de los familiares, que fueron llegando a la zona desde diferentes lugares del país.
Fuentes policiales citadas por el medio peruano RPP indicaron que las víctimas se encontraban “maniatadas, vendadas y desnudas cuando fueron ejecutadas con un disparo en el cuello”.
Aunque no se ha publicado una lista oficial de víctimas, los medios peruanos ya han comenzado a difundir algunos nombres, y algunos familiares se han presentado en la morgue de la ciudad de Trujillo, donde esperan a que se completen los trámites legales y forenses con los cuerpos de sus seres queridos.
Enrique Carbonell, que se identificó como padre de uno de los trabajadores asesinados, se mostró muy crítico con la gestión de las autoridades en declaraciones a Canal N.
“No hay ni un puesto policial ni un puesto de auxilio rápido” en la zona, se quejó Carbonell.
Cuál es la situación de la minería ilegal en Perú
Según el relato de la compañía, las 13 personas fueron asesinadas tras ser secuestradas en el ataque de un grupo armado que se hizo con el control de la zona de las instalaciones en la que trabajaban.
Los ataques armados y las muertes en minas de Perú han aumentado y la compañía informó que ya son 39 los “colaboradores, mineros artesanales y trabajadores ultimados” por los grupos criminales que han tomado el control de la zona.
Perú tiene una inmensa riqueza minera. Es uno de los mayores productores de oro del mundo y aporta cerca del 4 % del suministro mundial.
Y muchos buscan, especialmente en el Perú rural, donde no abundan las oportunidades económicas, ganarse la vida en el negocio de la minería, un sector en el que prevalece la informalidad y en torno al que en los últimos años han proliferado los grupos criminales.
Muchas de las explotaciones clandestinas se encuentran en zonas de difícil acceso, con frecuencia en áreas de sierra o de selva, donde el Estado y sus fuerzas de seguridad tienen escasa presencia.
La extorsión, la trata de personas y la explotación sexual son algunos de los problemas que suelen acompañar a la expansión de estos grupos criminales.
El gobierno peruano estableció en 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que permitía registrarse y formalizar su situación a los mineros artesanales.
Aunque nació como un mecanismo temporal, se ha ido prorrogando y los últimos intentos de ponerle fin se han topado con la fuerte oposición de los grupos de interés creados en torno a la minería artesanal.
Sus detractores denuncian que el Reinfo se ha convertido en la práctica en la vía que permite actividades ilícitas sin una fiscalización efectiva y está siendo utilizado por redes de crimen organizado implicadas en la minería ilegal para crear tapaderas y blanquear sus activos.
La minería ilegal ha sido identificada por los expertos como uno de los motores del aumento de la criminalidad y violencia que sufre Perú.
El país había registrado más de 640 homicidios hasta mediados de abril de este año, lo que supone un 19 % más que las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.
La respuesta del gobierno
Días antes de que se hallaran los cadáveres, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad de las informaciones sobre los 13 secuestrados en Pataz.
En una rueda de prensa el pasado miércoles, Adrianzén dijo: “Nuestros cuerpos de seguridad no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz”, y añadió que no constaba “ninguna denuncia hasta el momento”.
Pero Carbonell dijo que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en la noche del martes y calificó los comentarios de Adrianzén como “una mentira muy grande”.
Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que “desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas”.
Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06:00 am y las 06:00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar.
La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para “facilitar la instalación” de militares y policías en la zona.
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