
Para entender mejor
Los servicios de atención médica para el personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) arrastran deficiencias que reflejan problemas crónicos del sector público de salud en el país. En el Plan Estratégico de la Subdirección de Salud 2020-2024 reconoció un amplio conjunto de fallas internas (24) y amenazas externas (13).
Entre las fallas y amenazas están el desabasto de medicamentos, mantenimiento incompleto de equipos e instalaciones, sistemas informáticos que no operan al 100 %, adquisiciones de baja calidad, ataques cibernéticos, desperdicio de recursos por costos elevados de recetas alternas, adquisición de fármacos e insumos de bajo nivel, y un enfoque prioritario en atención primaria con el consecuente descuido del segundo y tercer nivel, en donde se atienden enfermedades de alta especialización.

Detectaron, además, que el índice de satisfacción de los derechohabientes fue de 91 % en 2019, por debajo de lo que se tuvo en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto (94 %).
Además, en 2019 el porcentaje de surtimiento completo de recetas médicas fue de 73.9 %, cuando en 2016, 2017 y 2018 se cubrió el 87.30 %, 89.98 % y 100 %, respectivamente.
A pesar de esta problemática en el surtido de medicamentos en hospitales y clínicas de Pemex en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los organismos involucrados en el diseño del plan de salud eliminaron el porcentaje de surtimiento del programa para el periodo 2020-2024.
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El gobierno federal decidió “ajustar la estructura de costos y la estrategia de negocios a un escenario de precios bajos mediante disciplina financiera, eficiencia operativa del gasto y maximización de ingresos”.
Considerando criterios de liderazgo en la implementación de la atención, Pemex se propuso robustecer la calidad en las unidades de atención médica para alcanzar un acceso efectivo, costos razonables, satisfacción de la persona al transitar por el sistema, según se lee en su plan.
Seis años después, una parte importante del sistema de salud de Pemex, quirófanos, por ejemplo, afronta deficiencias por falta de mantenimiento, de acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En oficios de la Subdirección de Servicios de Salud y de la Gerencia de Atención Médica, con fecha del 23 de octubre de 2025, se detalla que en el Hospital General de Veracruz se llegó a trabajar con “material obsoleto y con falta de espacio para camas de recuperación de pacientes posoperados en 2024”, según el expediente DAS-SSS-GAM-HRPR-D-874-2025, en poder de Animal Político.
Este año, el mismo hospital reporta que solo funciona 1 de los 2 quirófanos que tiene disponibles, por limitación de iluminación de lámparas quirúrgicas y persiste la falta de espacio para camas de recuperación de pacientes posoperados.
En la Clínica Hospital de Huauchinango, Puebla, el único quirófano disponible está fuera de operación por “fallas en la mesa quirúrgica”; en el Hospital Regional Salamanca, Guanajuato, funcionan 3 de los 4 quirófanos disponibles, porque la lámpara quirúrgica de techo, del que está fuera de operación, no funciona y no cuenta con iluminación adecuada, y la sala en donde se encuentra funciona con limitaciones por la condición de la mesa quirúrgica, que es manual.

En el Hospital Central Norte, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, dos de los cinco quirófanos disponibles están fuera de servicio por falta de equipo funcional y de mantenimiento. Además, en Oaxaca, en el Hospital Salina Cruz, uno de los dos quirófanos no funciona por falta de mantenimiento y equipo funcional.
Además, en 2024 los servicios de salud de Pemex surtieron 8 millones 179 mil 704 fármacos, de los cuales en 140 mil 327 registros no se identificó el nivel de atención al que pertenecieron, según la evaluación de desempeño que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó como parte de la segunda entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024.
Testimonios de trabajadores de Petróleos Mexicanos dan cuenta de que la propuesta de mejorar el sistema de salud de la petrolera está lejos de cumplirse.
Daniela, nombre ficticio de una trabajadora que pidió proteger su identidad por temor a perder su empleo, carga con una mala experiencia que le marcó la vida: “un mal tacto, muy brusco, que me realizaron residentes provocó el desprendimiento de placenta, lo que obligó a una cirugía de emergencia y a activar un código para que todo el personal se involucrara”.

No es algo que le pueda desear a nadie, porque es doloroso, comentó. Aún se pregunta: “¿Por qué pasó? Entiendo que los residentes deben aprender, pero creo que muchos de los problemas que se suscitan en emergencias son por falta de experiencia. No sé si pasa en todos los hospitales, seguramente sí, no lo sé”.
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Reveló que muchas de las trabajadoras de Pemex y familiares con derecho a servicios médicos prefieren recurrir a los servicios de salud privados cuando están en etapa de parto.
—¿Hay algo más que perciba en los servicios de salud que presta la empresa? —se le preguntó.
—Hay un descontento general, como un cierto abandono en los servicios que se otorgan y eso pega en la actitud de los trabajadores. Además, se percibe la falta de personal, de medicamentos, y problemas con los bancos de sangre.

De acuerdo con registros de los Servicios Médicos de Pemex, datos al 31 de diciembre de 2024, se atiende a un universo de 644 mil 413 derechohabientes, entre trabajadores petroleros activos —sindicalizados y de confianza—, jubilados y sus familiares.
Se proyecta que el universo de derechohabientes alcance las 800 mil personas en 2030. Hasta 2024 en las 60 unidades médicas se tenía contratada una plantilla de 72 mil 961 personas para la atención del personal de Pemex: 1,070 médicos especialistas y 933 generales. El equipo de enfermería estaba conformado por mil 890 profesionales: 310 enfermeros titulados, 863 licenciados en enfermería, 598 enfermeros especialistas, 80 supervisores de enfermería y 39 jefes de enfermería, entre otros.
Algo que tiene inquietos a los trabajadores es la falta de medicamentos, comentó a Animal Político un trabajador a quien se identifica como Jaime porque pidió proteger su identidad. Él opera en plataformas. Afirma que cuando se acude a consulta y “te recetan un medicamento que en las farmacias de Pemex no tienen, tú debes ir a comprarlo y pedir la factura para después llevarla a la oficina de reembolso”.
El Manual de Procedimiento para el Trámite de Reembolso de Medicamentos en Servicios Médicos de Pemex, vigente a partir de junio de 2022, informa al derechohabiente que el plazo para la compra de medicamentos es de 72 horas hábiles y 60 días para su reembolso vía transferencia bancaria.
“El problema es que te pagan el último día de vencimiento para el reembolso, y son muchos días. Muchos dejamos de cobrar medicamentos o de facturarlos porque tienes que ir al hospital central y realizar muchos trámites… creo que debería ser más fácil”, agregó.
Jaime afirmó que no es problema del derechohabiente el que no haya medicamentos disponibles. “Si tú estás comprometiendo y ofreciendo el servicio, al menos tienes que darlo íntegro. Estas condiciones a muchos de nosotros nos obligan a recurrir a los servicios médicos privados”, consideró.

Los Servicios de Salud de Pemex señalan en su página web que es prioridad la atención oportuna, por lo que se fortaleció el mecanismo de abastecimiento y entrega directa de medicamentos en las farmacias de las unidades, y en caso de que no haya en existencia, se obtienen en farmacias cercanas y se proporcionan; o bien (se recurre) a una receta alterna para que la o el paciente lo compre y posteriormente reciba el reembolso.
Añaden que para garantizar que los derechohabientes reciban de manera efectiva el tratamiento temprano, adecuado y completo, se optimizaron los procesos administrativos de surtimiento de medicinas e insumos médicos, y se robusteció el catálogo de medicamentos.
Actualmente, los servicios médicos de Pemex se ofrecen en dos hospitales centrales, el más importante de ellos está ubicado en Periférico Sur, en el Pedregal de San Ángel, Ciudad de México; así como en 12 hospitales generales, seis regionales, tres clínicas hospitales, cuatro clínicas, 31 unidades médicas de consulta externa, 153 unidades médicas en centros de trabajo, y 20 consultorios en Cendis.
El servicio opera 958 camas censables, 22 laboratorios clínicos, diez laboratorios patológicos, 32 salas de radiología, 27 salas de expulsión, 50 salas quirúrgicas, ocho bancos de sangre, mil 538 cubículos, y 44 farmacias.
Apenas el 24 de octubre pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una evaluación de desempeño a los Servicios Médicos de Pemex, correspondiente a 2024.
El alcance temporal de dicha evaluación incluye los resultados de 2024 y, como referencia el periodo 2020-2023, tomando en cuenta los indicadores de desempeño del programa presupuestario E013 “Servicios médicos al personal de Pemex”, la infraestructura médica, los recursos humanos, los servicios médicos, la contribución al fortalecimiento de la atención a la salud y la mejora de la calidad de los servicios médicos, la economía en el ejercicio de los recursos del programa y la evaluación del control interno.
Entre los resultados obtenidos destacan “inconsistencias en la información reportada en materia de infraestructura, de recursos humanos y servicios médicos otorgados”; por ejemplo, respecto de la infraestructura médica Pemex Corporativo informó que en 2024 hizo visitas de inspección a las unidades médicas y formalizó un contrato de mesas quirúrgicas, así como un convenio modificatorio para la ampliación de un contrato de arrendamiento y el traspaso de un tococardiógrafo.

Sin embargo, no proporcionó evidencia documental de las visitas de inspección ni de la evaluación de las condiciones estructurales e instalaciones de las áreas, que justifiquen la implementación de dichas actividades para atender las necesidades detectadas.
Para la ASF, Pemex Corporativo “careció de objetivos, metas e indicadores para evaluar la suficiencia de la infraestructura; además, careció de información relevante y de calidad del número de unidades médicas, infraestructura, capacidad instalada y equipo médico para la prestación de servicios médicos a trabajadores, jubilados y derechohabientes de Pemex, con el que contó en 2024”.
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En cuanto a recursos humanos Pemex reportó 115 vacantes de médicos especializados y servicio de urgencias, enfermeros, administrativos y personal de servicios en las unidades médicas, así como el requerimiento de 60 becas para la especialización del personal de enfermería y seis plazas a cubrir en el departamento materno infantil en 2024, “pero no se evidenció la atención de esas necesidades”.

Pemex Corporativo informó al órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados que en 2024 registró 4 millones 551 mil 128 de consultas médicas a nivel nacional —de las cuales en 634 mil 615 no se especificó el nivel de atención al que correspondieron—, 53 mil 529 hospitalizaciones, 670 mil procedimientos quirúrgicos, médicos, diagnósticos y terapéuticos —en 178 no se especificó el nivel de atención al que correspondieron.
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Asimismo, 22 millones 236 mil 571 estudios de laboratorio realizados, y 8 millones 179 mil 704 fármacos otorgados, de los que en 140 mil 327 registros no se identificó el nivel de atención al que pertenecieron.
Respecto de la aplicación del presupuesto aprobado para este programa en el ejercicio fiscal 2024, reconoció una reducción en su presupuesto de 7 %, al pasar de 19 mil 261.7 millones de pesos a 17 mil 922.5 millones, por una adecuación presupuestal.
De acuerdo con el Paquete Económico 2025, los Servicios de Salud tienen aprobado un presupuesto de 18 mil 415.8 millones de pesos y una partida estimada para 2026 de 18 mil 166.3 millones de pesos, por lo que difícilmente se pueden esperar grandes cambios en los servicios médicos al personal de Petróleos Mexicanos.

Según el gobierno ucraniano, Rusia recluta a través de Telegram a niños y adolescentes ucranianos para llevar a cabo sabotajes y atentados con explosivos.
En julio de este año, un joven de 17 años viajó 800 kilómetros desde su casa en el este de Ucrania para recoger una bomba y un teléfono escondidos en un parque de la ciudad Rivne, al oeste del país.
Afirma que le prometieron US$2.000 por colocar la bomba en una furgoneta utilizada para el servicio militar obligatorio de Ucrania.
“Cuando estaba conectando los cables, pensé que podía explotar en ese momento. Pensé que podía morir”, declaró a la BBC.
Vlad es uno de los cientos de niños y adolescentes que, según el gobierno ucraniano, han sido reclutados en línea por Rusia y a quienes se les ha ofrecido dinero para llevar a cabo sabotajes u otros ataques contra su propio país. Cambiamos su nombre para proteger su anonimato.
Dice que le ordenaron configurar el teléfono para transmitir en directo la escena a su contacto, de modo que este pudiera detonar el dispositivo a distancia cuando alguien entrara en el vehículo.
Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) estaba vigilando y frustró el ataque. Vlad, ahora con 18 años, espera juicio por cargos de terrorismo que podrían acarrearle una pena de hasta 12 años de prisión.
Sentado en el centro de detención de Rivne, férreamente custodiado, junto a su abogado, reconoce que pudo haber participado en un asesinato.
“Lo pensé. Pero a nadie le caen bien los reclutadores”, afirma. “Pensé: bueno, seré como todos los demás”.
El SBU afirma que en los últimos dos años se ha identificado a más de 800 ucranianos reclutados por Rusia, 240 de ellos menores de edad, algunos de tan solo 11 años.
Sin embargo, la experta en ciberseguridad Anastasiia Apetyk, que imparte cursos sobre seguridad en internet en Ucrania, tiene conocimiento de casos aún más extremos: “Intentaron reclutar a niños de nueve o diez años”.
Andriy Nebytov, subdirector de la Policía Nacional de Ucrania, cree que existe una estrategia deliberada para buscar a personas vulnerables que puedan ser manipuladas.
“Los niños no siempre comprenden del todo las consecuencias de sus actos”, afirma.
Alega que “el enemigo no tiene reparos en utilizar a menores para fabricar explosivos con productos químicos domésticos y colocarlos en diversos lugares, como oficinas de reclutamiento militar o comisarías”.
El SBU afirma que el reclutamiento se realiza principalmente a través de la aplicación Telegram, pero también en TikTok e incluso en plataformas de videojuegos.
Según las autoridades, quienes son reclutados casi siempre están motivados por el dinero, más que por simpatías prorrusas.
Vlad asegura que no apoya a Rusia y que no tenía antecedentes penales.
Se unió a dos canales de Telegram y publicó que buscaba trabajo remoto. Media hora después, un hombre que se hacía llamar Roman le respondió. Cuando hablaron por teléfono más tarde, Vlad cuenta que Roman hablaba ruso con acento callejero.
Vlad relata que al principio se mostró reacio, pero que lo convencieron para realizar una serie de tareas cada vez más peligrosas.
Primero, le ordenaron recoger una granada, pero al llegar al lugar indicado, no estaba. Aun así, le pagaron US$30.
Unos días después, surgió otro encargo: incendiar una furgoneta de un centro de reclutamiento, grabarlo y huir.
Por ese ataque, Vlad asegura haber recibido unos US$100 en criptomonedas, mucho menos de los US$1.500 que le habían prometido. Roman le dijo que recibiría el resto si colocaba la bomba en Rivne.
Los canales de Telegram que ha visto la BBC donde se lleva a cabo el reclutamiento no son explícitamente prorrusos, pero amplifican la indignación que sienten algunos ucranianos hacia el servicio militar obligatorio, plagado de acusaciones de brutalidad y corrupción.
Usando un teléfono desechable y un alias, nos unimos a varios canales de los que nos habían contado.
Los canales contenían vídeos de incendios y explosiones que, según afirmaban los administradores, se habían llevado a cabo bajo sus órdenes. La BBC no ha podido verificar las circunstancias que muestran esos vídeos.
Una cuenta con la que nos pusimos en contacto ofreció de inmediato un pago, en criptomonedas o mediante transferencia bancaria, por provocar incendios. Nos indicaron que contactáramos con una segunda cuenta para obtener más detalles y después recibimos un mensaje con una lista de precios que detallaba cuánto ofrecían pagar por diferentes objetivos.
Los pagos oscilaban entre US$1.500 por incendiar una oficina de correos y 3.000 por un banco. Explicaron que los bancos valían más porque el cristal de seguridad dificultaba los ataques.
“Hay que verter gasolina dentro o lanzar varios cócteles molotov adentro”, aconsejaba la cuenta.
Incluso ucranianos comunes que buscan empleo pueden recibir ofertas de dinero para realizar sabotajes.
Encontramos anuncios que ofrecían una alta remuneración por trabajos de medio tiempo no especificados en diversos grupos ucranianos de Telegram no relacionados entre sí, incluidos algunos sobre refugiados o incluso consejos de belleza.
Al contactar con uno de ellos, un reclutador volvió a ofrecer miles de dólares por ataques incendiarios y nos pidió que enviáramos vídeos como prueba.
“Necesito todos los incendios que pueda conseguir”, escribió. “Encontrar a alguien de confianza es mucho más difícil que pagar. Por eso pago exactamente lo que digo y lo hago muy rápido, normalmente un par de horas después de recibir el vídeo”.
La BBC denunció varios de estos canales, cuentas, chats y bots a Telegram, que eliminó algunos, pero no la mayoría.
Uno de los canales que sigue activo ha crecido en más de 750 suscriptores desde que empezamos a monitorizarlo; también permanece abierta una cuenta que, como informamos a Telegram, nos ofreció directamente un pago por un ataque incendiario.
En un comunicado, Telegram afirmó: “Las incitaciones a la violencia o a la destrucción de la propiedad están explícitamente prohibidas en Telegram y se eliminan inmediatamente al detectarlas”.
Funcionarios ucranianos han nombrado públicamente a miembros de los servicios de inteligencia rusos sospechosos de ser responsables de este tipo de sabotajes.
La BBC no ha podido verificar de forma independiente que el propio Estado ruso sea responsable.
Sin embargo, varios gobiernos europeos han afirmado tener pruebas de que agentes rusos reclutan a jóvenes para llevar a cabo actos de vandalismo, incendios o inclusive vigilancia en sus países.
En Reino Unido, seis hombres fueron encarcelados por su participación en un ataque incendiario, ordenado por Rusia, contra un almacén de Londres que suministraba ayuda a Ucrania.
En Ucrania cientos de presuntos saboteadores esperan juicio, pero para otros las consecuencias pueden ser mortales: varios sospechosos murieron por cuenta de los explosivos que llevaban consigo.
El SBU afirma que agentes rusos han detonado deliberadamente dispositivos a distancia, a sabiendas de que sus agentes morirían.
En marzo, un joven de 17 años murió y otro de 15 resultó gravemente herido cuando explotó una bomba que, según se cree, llevaban a una estación de tren en Ivano-Frankivsk.
La BBC remitió las acusaciones del SBU a la Embajada rusa en Londres, que en un comunicado acusó a Ucrania de una campaña de sabotaje similar utilizando a ciudadanos rusos.
“Las prácticas que ustedes mencionan se han convertido en una marca registrada de los servicios especiales ucranianos. En particular, el reclutamiento de civiles, incluidos niños, para llevar a cabo incendios, sabotajes o atentados con bombas contra personas, edificios o vehículos”, señala el comunicado.
Aunque se han publicado informes que atribuyen actos de sabotaje dentro de Rusia al reclutamiento ucraniano a través de Telegram, es muy difícil verificar exactamente quién está detrás de estos ataques.
Mientras tanto, Vlad tiene un mensaje para quienes se sientan tentados por los reclutadores.
“No vale la pena. O te engañan y vas a la cárcel como yo, o acabas con una bomba en las manos que te volará por los aires”, afirma.
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