
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en enero de 2026 iniciará la inscripción de los mexicanos en el sistema nacional de salud, el cual busca unificar gran parte de los servicios médicos. Pero este proyecto presenta dificultades como bajo presupuesto y falta de infraestructura informática.
El objetivo del proyecto es que, a partir de 2027, los pacientes puedan atenderse en cualquier institución pública de salud sin importar su afiliación. Para lo anterior, la mandataria federal explicó que se solicitará el consentimiento de los ciudadanos para que su historial clínico sea compartido entre las plataformas digitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS Bienestar.
Adolfo Martínez, doctor en políticas públicas y salud e integrante del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) de la UNAM, argumenta que el registro universal es un paso fundamental para avanzar en la construcción de un sistema de salud integral en México. Sin embargo, ante las deficiencias en la infraestructura tecnológica hospitalaria y un bajo presupuesto para la salud, ¿qué tan viable es ejecutar este proyecto?
Durante el anuncio, Sheinbaum explicó que todos los mexicanos tendrán una credencial que les permitirá, a partir de 2027, acceder a las tres instituciones de salud pública del país a partir de un sistema nominal que almacenará la información de cada paciente en un expediente clínico electrónico.
El expediente clínico integrará toda la información generada en la atención médica que se brinda a un paciente desde su ingreso y hasta su última consulta.
La propuesta del sistema nominal busca que todos los ciudadanos tengan un registro individualizado que integre las intervenciones que van recibiendo tanto en materia de atención médica como en materia de servicios de salud pública, destaca Emanuel Orozco, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
El doctor en políticas públicas detalla que la iniciativa de crear un sistema nominal de derechohabientes y otorgar una credencial que lo valide es un primer paso para unificar el sistema público de salud mexicano, que históricamente ha estado fragmentado por regímenes, presupuestos y sistemas de información diferentes.
Adolfo Martínez y Emanuel Orozco coinciden en que, a pesar de que la propuesta es prometedora, se enfrentará a “dificultades mayúsculas”, pues en términos de viabilidad este registro universal no es suficiente para permitir que las personas reciban atención indistintamente en el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar o incluso en el sector privado.
Implementar un sistema nominal en el que cada paciente cuente con un expediente individual requiere de una inversión importante en materia de software y hardware. De acuerdo con Adolfo Martínez, es un punto elemental que no se ha considerado hasta este momento y que implica una enorme inversión.
Para Emanuel Orozco, la inversión en tecnología informática es fundamental, pues destaca que hasta en este momento solamente 50 % de la población mexicana cuenta con un expediente electrónico, lo que para el especialista es una muestra de que las instituciones de salud no cuentan con la tecnología adecuada para crear un padrón de derechohabientes que sea eficiente, lo que ocasiona que a largo plazo no exista un control en la atención y distribución de los servicios médicos.
“El expediente médico electrónico en México se empezó a implementar a principios de este milenio y es la fecha en que ni el IMSS ni el ISSSTE lo tienen de manera universal. Es decir, no todos sus derechohabientes tienen expediente electrónico. Podemos afirmar categóricamente que todos los pacientes de la seguridad social tenemos un expediente clínico, pero ese no es electrónico”, recalca Emanuel Orozco.
Además de contar con la infraestructura necesaria, Cinthia García, especialista en informática, comparte con El Sabueso que el modelo informático requerirá de un marco normativo sólido, con el fin de que exista confidencialidad y que los datos personales de los derechohabientes estén protegidos, en cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
“Ahora que se tendrán que integrar las plataformas del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar se tendrá que fortalecer la ciberseguridad hospitalaria, ya que de no operarse de manera adecuada el intercambio entre los datos de un paciente de una institución a otra podría generar errores clínicos o vulneraciones a su privacidad”, señala la especialista en informática.
Cinthia García añade que, aunque se implemente un buen sistema para la creación de un padrón con expedientes electrónicos, es necesario que se realice una inversión constante para su mantenimiento, actualización del software y mejoras.
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Ambos especialistas ven como uno de los principales obstáculos la reducción del presupuesto en salud, pues el Paquete Económico 2026 proyecta una asignación de 995,000 millones de pesos en el sector, equivalente al 2.6 % del producto interno bruto (PIB).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países deben de presupuestar al menos 6 % del PIB al sector salud, es decir, México tiene que aumentar 2.3 veces más la inversión en salud para cumplir con el estándar internacional.
Aunque el presupuesto para el próximo año propone un incremento de 5.9 % en el gasto en salud con respecto a 2026, el mismo monto implica una reducción de 4.7 % ejercido sobre el gasto asignado durante 2024, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) desglosa que, a diferencia de 2025, para el próximo año el IMSS se verá beneficiado con un aumento de 4.60 %, pero en el caso de la Secretaría de Salud y del ISSSTE se contempla una reducción de 3.20 % y de 0.90 %, respectivamente.
Bajo el contexto anterior, el integrante del CIPPS, Adolfo Martínez, señala que será necesario contar con un fondo nacional solidario de salud para compensar las diferencias entre instituciones y equilibrar las diferentes fuentes de financiamiento con la que cada institución paga sus servicios.
“Como las tres instituciones reciben una cantidad de fondos diferente y su financiamiento es distinto, para que todas las personas puedan acudir a cualquiera para recibir atención médica sería necesario que tuvieran equidad de recursos, pues de lo contrario habría una desestabilización entre las instituciones”, puntualiza.
Adolfo Martínez detalla que se requiere adicionalmente estandarizar tarifas de atención primaria per cápita y tarifas por intervenciones más especializadas bajo determinadas condiciones de calidad y oportunidad en cualquier institución.
El gasto per cápita se refiere a la cantidad promedio de dinero que se gasta por cada persona en una población por un periodo determinado, es decir, para que los recursos de las tres instituciones de utiliza de manera óptima, es necesario que se establezcan precios únicos para que exista una rentabilidad a largo plazo.
Los especialistas afirman que otras dificultades que se pueden presentar derivado del presupuesto para salud, en este sentido, es el abasto oportuno de insumos y la contratación y capacitación del personal.
Pese a los puntos que se deben atender, los especialistas comparten que durante los próximos meses, la administración de Sheinbaum tendrá la misión de trazar los mecanismos que operarán para el almacenamiento de información y las rutas de financiamiento que aseguren que la propuesta de salud pública universal sea operable e incluso que se llegue a consolidar.
“Si la iniciativa consigue consolidarse y es funcional, podría convertirse en la base de un sistema nacional más eficiente, que pueda llegar a responder las necesidades en materia de salud de los mexicanos”, recalca Emanuel Orozco.
Adolfo Martínez concluye que pese a que se trata de una propuesta que puede presentar carencias y que se va a enfrentar a diferentes obstáculos, ayudará a tener certeza de quién usa, cómo y cuándo los servicios de salud. Con ello, es posible planear mejor cuánto se requiere invertir en términos de recursos financieros, humanos y materiales como medicamentos para poder gradualmente alcanzar una cobertura universal de salud.

El gobierno de Venezuela asegura que tras la incautación del buque petrolero, quedan al descubierto “las verdaderas razones” de la agresión prolongada de Estados Unidos contra Venezuela.
El gobierno de Venezuela calificó de “robo descarado y acto de piratería internacional” la incautación de un buque petrolero llevada a cabo por fuerzas estadounidenses este miércoles frente a las costas de la nación sudamericana.
“La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”, se lee en un comunicado publicado por el gobierno de Nicolás Maduro
“No es la primera vez que lo admite, ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”, se le en la nota.
Previamente, fue el propio Trump quien anunció la interceptación y posterior incautación del buque.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, declaró el presidente estadounidense frente a la prensa en la Casa Blanca.
Un alto mando del Ejército de EE.UU. le dijo a la cadena CBS News, socio estadounidense de la BBC, que la misión se lanzó desde un buque militar y que participaron dos helicópteros, diez miembros de la Guardia Costera, diez marines y fuerzas especiales.
En su comunicado de este miércoles, el gobierno de Venezuela asegura que “en estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela“, añadió.
“No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”.
El gobierno venezolano volvió a llamar a la ciudadanía a “mantenerse firme en defensa de la patria” y exhortó a la comunidad internacional a rechazar lo que considera una “agresión vandálica, ilegal y sin precedentes”.
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