“Eliminar el Seguro Popular fue una tragedia”; en Oaxaca, los más pobres deben comprar sus medicinas
Para entender mejor
María, de 24 años, vive en San Juan Chicomezúchil, en la sierra norte de Oaxaca, donde sólo hay un consultorio médico que atiende padecimientos menores como diarreas o gripes. Por eso debe recorrer media hora para ir a Ixtlán de Juárez, otro municipio en el que –igual que el suyo– seis de cada diez viven en pobreza, pero al menos ahí hay un hospital comunitario de la Secretaría de Salud. Es su segundo embarazo y cada mes acude a revisión porque el parto será ahí, donde sí tienen servicio, 18 camas para hospitalización.
Su esposo se emplea en diferentes oficios mientras ella se dedica a labores de la casa. Han tenido que pagar los medicamentos que le han prescrito porque en el hospital no hay, aunque no son más de 500 pesos mensuales, cuenta María.
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A la par de esos gastos, también están ahorrando para pagar el parto que, según le explicaron, serán 2 mil pesos si es parto natural o 4 mil si es cesárea. Tiene confianza del servicio porque en ese hospital también llevó el seguimiento de su primer embarazo hace siete años.
— ¿El parto también lo hicieron aquí? –se le pregunta.
— No, ese sí me mandaron a Oaxaca, pero porque se me complicó, era fin de semana y pues no había quién anestesiara. Pero al final lo tuve en parto normal, no hubo necesidad de eso.
— ¿Y allá te cobraron?
— No, porque lo cubrió el Seguro
— ¿Cuál, el Seguro Popular?
— Sí.
— ¿Siguen teniendo Seguro?
— No, ahorita ya no
— ¿Qué te dijeron, por qué ya no hay?
— Pues dijeron que no, que ya lo habían quitado y pues ya habría que ponerlo uno.
El personal del hospital explica que desde 2020 dejaron de recibir medicinas para surtir la farmacia, ni recursos para mantener el hospital, por eso es que ahora ya le tienen que cobrar a los pacientes, aún sabiendo que se trata de población en condiciones de pobreza, porque si no lo hicieran, no podrían seguir dando el servicio.
¿Qué era el Seguro Popular?
Se trata de otro de los efectos de la desaparición del Seguro Popular, una estrategia que había funcionado durante 20 años para dar atención médica a las personas sin seguridad social, los más pobres del país, pero que fue sustituida por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a partir de 2020, aunque fue extinto el año pasado.
El Seguro Popular consistía en financiar tratamientos de enfermedades consideradas catastróficas por su alto costo, como cánceres, pero también dotaba de medicinas e insumos y se hacía cargo del mantenimiento de hospitales de la Secretaría de Salud que daba servicio en las entidades.
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Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que “ni era seguro, ni era popular”; además, ya no sería necesario una vez que entrara en vigor el decreto de gratuidad de los servicios de salud y medicinas para toda la población.
Eliminar el Seguro Popular deja hospitales sin insumos en Oaxaca
A cuatro años de esa decisión, las unidades médicas y los habitantes de municipios tan marginados como Ixtlán de Juárez jamás tuvieron claro cuál sería la diferencia de transformar el servicio a Insabi, lo que sí padecieron es la falta de recursos y de insumos.
“Ahorita cada unidad tiende a cobrar porque no hay ingresos por parte de la Federación y hay poco estatal. Los únicos recursos que podemos tener son las cuotas de recuperación, que son pagos de consultas, pagos de cirugías, para que podamos comprar toda esa parte que la farmacia no tiene. Todo es costos, costos, costos”, explica un trabajador de la salud que pidió no publicar su nombre por temor a represalias.
“Con Seguro Popular Nos preguntaban ¿‘cuántas consultas diste’? 20, ah pues Seguro Popular nos pagaba las 20 consultas. Las cirugías, igual. Y no se le cobraba a la gente”.
Ahora sus finanzas se rigen bajo el modelo de “beneficencia pública”, en el que se registran los ingresos y egresos de las “cuotas de recuperación” y el poco presupuesto del gobierno estatal. Por eso “a muchos pacientes se les da la receta, pero se les dice ‘compren’”, dice el trabajador.
El Insabi también desapareció, y fue sustituido por el IMSS Bienestar a partir de 2023, pero la estrategia tampoco es clara.
“A nivel Oaxaca no se ha aterrizado nada. Nos dijeron que a partir de enero de 2024 en automático pasamos a ser IMSS Bienestar, pero no hay un documento como tal que nos lo diga, ni nadie que venga a decirnos. Solo queda como aviso parroquial”.
Usan ahorros y pensión de adultos mayores para pagar tratamientos
Los pacientes del hospital comunitario pintado de naranja confirman que ahora pagan por todo; por eso hace un par de años abrieron un local donde hacen estudios de laboratorio y rayos X justo enfrente, porque esos servicios dejaron de ser públicos.
Afuera del hospital una familia está pegada a la pared cubriéndose de sol. Eva, de 66 años está en silla de ruedas, se fracturó el tobillo mientras cuidaba de sus borregos en su pueblo, Santiago Laxopa. Sus hijas la llevaron a Ixtlán, pero ahí no la pudieron atender porque no había médico en ese momento, y tuvieron que trasladarse hasta el hospital civil Aurelio Valdivieso, en la capital oaxaqueña.
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Necesitó una radiografía, pero no se la hicieron en el hospital, sino que la pagaron en una sucursal de Salud Digna, y compraron las medicinas que le recetaron. Solo de eso fueron 2 mil 800 pesos, más los gastos de transporte que hacen ahora por cada revisión. De su pueblo a Ixtlán les cobran 700 pesos y si van a Oaxaca, son 1,400.
Para pagarlo, han tenido que utilizar los ahorros que juntó su esposo Fidel Celis, de 68 años, trabajando como herrero. “Gracias a eso tenemos nuestro ahorrito y sacamos adelante este compromiso (el accidente de Eva)”; y para comer, Fidel siembra maíz, chícharo, haba y frijol.
Además de los ahorros, Fidel y Eva también utilizan la pensión para adultos mayores, el principal programa social del gobierno de López Obrador. Con todo eso apenas han solventado los gastos, aunque no saben cuánto ha sido en total. “Ahí tenemos los papelitos pero ni en cuenta cuánto hemos gastado, el caso es que estamos gastando (porque) nomás nos dan la receta y tienes que comprar las medicinas”.
Ellos eran usuarios del Seguro Popular, su hija mayor dio a luz ahí sin pagar nada, y a Fidel le detectaron hipertensión. “Empezó mi enfermedad y tenía yo el seguro, vine aquí porque el doctor del pueblo me mandó para hacer unos estudios en laboratorio y pues con el seguro no te cobraban nada. Y salió el resultado de que yo tenía triglicéridos, todavía estoy en tratamiento. Tengo mis citas cada dos meses.
Sin embargo, el tratamiento ya no se lo provee el Seguro Popular sino que el pueblo se organizó para que las autoridades municipales de Santiago Laxopa compraran las medicinas que los enfermos requerían.
“Cuando llegó el momento en que van para arriba las medicinas, entonces el pueblo dijo ‘¿y por qué no nos ayuda el municipio?’ Entonces ya está estipulado en un escrito que es un apoyo que trae el Municipio a la salud”.
A la espera de una operación que no llega
Froylán tiene 56 años. Pasó la noche afuera del hospital Aurelio Valdivieso en la capital de Oaxaca, junto con su hermana y sus sobrinos. Están esperando que operen a su madre, necesitan amputarle el pie a consecuencia de la diabetes. Trajeron el poco dinero que tenían, pero ya se gastaron 900 pesos en las medicinas, por eso también previnieron y para comer, trajeron tortillas y salsa, que en ese momento tienen en el suelo, a un lado de un cobertor color azul.
Él es campesino y gana 300 pesos al día cuando se integra a una cosecha. La familia también cría y vende pollos y guajolotes, pero quisieran tener más para poder pagar los 120 mil pesos que cobraría un hospital privado por la cirugía de su madre, el mismo donde la atendieron en julio pasado.
Froylán cuenta que su madre tenía el dedo del pie morado y la llevaron a un hospital particular “porque ahí luego luego atienden. Nos dijeron ‘el dedo chiquito ya no sirve, como una fruta, y cuando ya está así hay que quitarlo’, y se lo quitaron”.
De esa operación, explica, fueron 25 mil pesos. Pudo pagarlo al vender su yunta (dos bueyes) en 60 mil pesos, pero ya no tienen nada. “El dinero se va rápido”, dice. Esta segunda vez que se puso mal, la llevaron a consulta al particular también, y le dijeron que “ya no le circulaba la sangre en el pie, y ya hasta tiene gusanitos”, dice Froylán.
Llevan un día esperando afuera del hospital, y nadie les dice cuándo podrán operarla. “No nos dicen ni cuándo, y ella tiene sed y tiene hambre, y no le dan porque dicen que no debe de comer. Tiene puro suero nomás ahí por la vena”.
“Lo que pasa es una tragedia”
El hospital Aurelio Valdivieso recibe a pacientes de todo el estado de Oaxaca. Lo mismo atiende fracturas como la de Eva, que pie diabético como la madre de Froylán, y 700 partos al mes como el de María.
Por eso es que las 180 camas que tiene, siempre están ocupadas. Pese a que el hospital está rebasado, nunca han logrado que sea declarado de segundo nivel y que los partos sean atendidos en un hospital para la mujer, que inauguraron en el gobierno de Gabino Cué, pero que no ha vuelto a funcionar.
José Manuel Salcedo, el jefe de Pediatría, lleva más de 30 años laborando ahí. Explica que sí vio diferencia cuando eran parte del Seguro Popular porque tenían medicamentos e insumos necesarios para atender a los pacientes. Cuando se le pregunta cuál es la diferencia ahora, responde de manera tajante:
“Fue una tragedia con este gobierno. La verdad no puedo mentir, y a quien quiera que le pregunte va a decir lo mismo: ha sido una tragedia. No tenemos medicamentos, no tenemos cómo hacer las cosas, lo hacemos porque los pacientes están ahí, porque nuestra ética nos dice hay que hacerle y buscarle pero la verdad es que sí ha sido muy muy difícil. Ha habido marchas, ha habido huelgas, ha habido de todo, corridos de directores porque no funciona”.
“Se iban a morir a su casa” ante falta de insumos médicos
Salcedo explica que la ocupación de camas es de 100%, lo cual representa un riesgo porque ante tanto trabajo “algo te va a salir mal”, pero además, ya no tienen lo suficiente para atenderlos. Hasta 2018, con los recursos del Seguro Popular les surtían el almacén dentro del hospital y al que solicitaban lo que requerían para cada atención, pero después comenzaron las carencias y, luego, la pandemia de Covid-19 las agudizó aún más.
— ¿Cómo funcionaba el Seguro Popular aquí en un hospital como este, doctor?
— Había programas, por ejemplo, el de los niños que se llamaba de Gastos Catastróficos era para todos los recién nacidos con insuficiencia respiratoria, cardiopatías, y tenían atención total. Otro era el Nueva generación, donde todos los niños de un año hasta los 5 años, todo lo que les pasara tenían atención total. Todos los niños con leucemia, con problemas neuroquirúrgicos. En adultos, por ejemplo todo lo que fuera columna, cadera, huesos largos; medicina interna todo, había hasta diálisis peritoneal y todo para el manejo de los diabéticos. Cuando llegó este nuevo se los quitaron o sea toda esa gente se murió.
— ¿O sea ya no tuvieron seguimiento de sus tratamientos?
— Ya no, se acabó, ya no hubo para diálisis, ya no hubo para nada.
— ¿Y qué hacían los pacientes, doctor?
— Pues se iban a morir a su casa.
— ¿Y ustedes qué les decían?
— Que no tenemos con qué atenderlos, ni lugar, ni nada porque lo quitaron.
— ¿Qué les dijeron cuando se dio el cambio de Seguro Popular a Insabi?
— Ni siquiera nos dijeron del Insabi, solo que quitaban el Seguro Popular. Por eso empezamos a pedir que nos dieran recursos. Por eso hubo muchas marchas y huelgas, plantones y todo porque no era posible ni agua, ni alcohol, ¡ni gasas!
En todo este tiempo sus demandas han sido ignoradas. Funcionan con lo mínimo e incluso, el mismo personal hace vaquitas para comprar medicinas o pagar los estudios que requieren cuando las familias de sus pacientes no tienen para solventarlos. Por eso, dice Salcedo, el Seguro Popular funcionaba bien en ese hospital.
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“Gracias a Dios no hubo un paciente que se pudiera ir diciendo ‘no me apoyaron’. Aquí no se robaban nada, no se perdía nada. Si (el presidente) dice que se robaban, debió haber puesto candados para que no sucediera, ir fiscalizando bien cada estado, cada unidad, pero no quitarlo, porque eso fue como una decapitación”.
Carencias provocan que den menos consultas
Las carencias han impactado en la capacidad de atención. Antes realizaban 50 mil consultas y unos 22 mil egresos hospitalarios, pero ha bajado a la mitad, lo que, por supuesto, genera reclamos por parte de los usuarios. Pero Salcedo, como el resto de sus compañeros intentan, como lo que pueden, atender a sus pacientes y salvar vidas, por eso apela a que, una vez conociendo sus condiciones, los comprendan.
“Hacemos lo más que podemos por sus pacientes. No nos reclamen cuando de repente no tenemos porque ni ellos tienen ni nosotros tenemos qué ver. No nos culpen de alguna impericia porque nosotros también estamos desesperados pero ¿cómo le hacemos? Entiéndanos, tengan comprensión. Esperemos que las cosas cambien. Yo digo que cambiarán si el Seguro Popular volviera otra vez y no que nos dejaran sin nada”.
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Un número récord de soldados rusos está siendo procesado por deserción. Muchos están siendo ayudados y ocultados por sus familias.
Los tribunales rusos han registrado un número récord de casos de soldados que desertan de sus unidades o no regresan a casa tras su tiempo de permiso, según una investigación del servicio ruso de la BBC. Muchos desertores se refugian en casa de familiares, quienes también corren el riesgo de ser procesados.
En la mañana del 23 de marzo de 2023, en un pueblo de la región de Stavropol en el sur de Rusia, un joven llamado Dmitry Seliginenko llevó a su novia en motocicleta para que pagara sus facturas en las oficinas de la autoridad local.
Seis meses antes había sido llamado a filas para combatir en Ucrania, en el marco de la movilización militar del presidente ruso Vladimir Putin.
En marzo de ese año debería haber vuelto al frente de combate.
Pero no regresó a su unidad tras 10 días de baja médica y ahora figuraba en la lista de personas buscadas por Rusia.
De camino por el pueblo, el joven fue localizado por su antiguo compañero de clase Andrei Sovershennov, que se había unido al cuerpo de policía tras terminar los estudios.
Sovershennov alertó a la policía militar y, poco después, tres hombres intentaron detener a Seliginenko mientras esperaba a su novia.
Seliginenko consiguió ponerse en contacto con su madre y su padrastro, que se dirigieron al pueblo para intervenir. Hay dos versiones diferentes de lo que ocurrió después.
Según la versión oficial de la policía, el padrastro de Seliginenko, Aleksandr Grachov, agarró las esposas de Sovershennov y gritó: “Arréstenme a mí”. A continuación, supuestamente empujó a un oficial al suelo y empezó a golpearle.
Según la versión de la familia, fue Aleksandr Grachov quien supuestamente fue empujado al suelo y golpeado tras exigir ver una orden de detención contra su hijastro.
Ambos acabaron en el hospital, y Grachov fue acusado posteriormente de agresión a un policía.
Seliginenko, por su parte, se subió al coche de sus padres y se marchó.
El incidente generó un acalorado debate en un grupo de chat creado por los habitantes del pueblo.
La familia de Seliginenko afirma que su hijo ni siquiera estaba destinado a alistarse en el ejército; que no se le sometió a un examen médico adecuado para ver si realmente era apto para el servicio, y que fue enviado al frente a pesar de dar positivo en las pruebas del coronavirus.
En enero de 2023, Seliginenko presentó afecciones en su piel, causadas por el frío extremo, y se le dio tiempo libre para descansar. Dos días después de llegar a casa, fue sometido a una operación gástrica. La familia argumentó que Dmitry no era apto para el servicio militar y que debería haber sido evaluado por una comisión médica militar.
No todos en el grupo de chat simpatizaban con sus argumentos, y en respuesta la familia publicó este emotivo llamamiento a sus vecinos.
“Aquí estás viviendo cómodamente en nuestro pueblo, pero ¿quién de ustedes vendrá con nosotros a un hospital de Pyatigorsk, Budyonnovsk o Rostov para ver cuántos soldados heridos yacen ahí?… Antes de juzgar a los demás, pónganse en la piel de la madre y su hijo que ya han sufrido tanto… Tienen a sus maridos e hijos a su lado; ¡será mejor que recen para que a ustedes no les pase lo mismo!”.
En marzo de 2024, Aleksandr Grachov fue encontrado culpable de agresión y multado con 150.000 rublos (US$1.500).
Dmitry Seliginenko no ha vuelto a su unidad militar y se desconoce su ubicación actual.
Ninguno de los involucrados quiso hablar con la BBC.
“Nos han quitado a todos los hombres”
A cientos de kilómetros del pueblo de la región de Stavropol, otros dos casos han sido llevados ante el juez en un tribunal de Buriatia, una república al otro lado de Rusia.
En el banquillo estaban el soldado Vitaly Petrov, que había desertado de su unidad, y su suegra, Lidia Tsaregorodtseva, que había intentado impedir que la policía local lo detuviera.
La BBC ha reconstruido lo sucedido a partir de documentos judiciales y del testimonio de personas familiarizadas con el caso, que no nombramos por razones de seguridad.
Vitaly Petrov, de 33 años, padre de dos hijos y originario de Sharalday, fue llamado a filas para combatir en Ucrania en 2022.
La región es una de las más pobres de Rusia. En otoño de 2022, tenía uno de los índices de movilización más altos del país, y también uno de los índices de muertes más elevados, según una investigación de la BBC y el medio de noticias independiente ruso Mediazona.
En junio de 2023, Petrov escapó de un hospital militar al que había sido enviado tras ausentarse previamente sin permiso y ser devuelto a la fuerza a su unidad a principios del mismo año.
Su suegra dice que él no era apto para el servicio militar y que sufría dolores de cabeza. Ella también declaró ante el tribunal que Petrov había sido objeto de violencia y extorsión en su unidad militar.
Los fiscales militares afirman que Petrov simplemente intentaba evitar ser enviado de nuevo al frente.
Durante el verano y el otoño de 2023, Petrov se escondió en casa de su suegra. Pasaba la mayor parte del día en el bosque cercano, buscando piñones, setas y frutos rojos, y volvía a casa de vez en cuando por la noche para dormir.
Grigory Sverdlin, activista de la ONG Run to the Forest, que ayuda a los soldados que han desertado a huir del país, calcula que alrededor del 30% de los desertores se quedan dentro de Rusia, mientras que el resto se va al extranjero. Según Mediazona, hay más de 13.000 casos en los tribunales rusos por cargos de deserción y ausencias sin permiso.
En diciembre de 2023, la policía armada se presentó en la casa por la noche para detener a Petrov.
Lo que ocurrió después tiene de nuevo versiones diferentes.
Tsaregorodtseva afirma que la policía derribó la puerta e irrumpió en la casa, apartándola a ella y a sus dos nietas pequeñas aterrorizadas mientras empezaban a registrar la vivienda y a levantar las tablas del suelo con un hacha.
También afirma que la policía no le mostró su identificación ni una orden judicial, algo que las autoridades niegan, según los documentos judiciales. También señalan que no registraron la casa ni movieron nada.
Tanto la familia como la policía afirman que Petrov salió de su escondite en el sótano y sus hijas corrieron hacia él.
En los documentos judiciales, tanto la familia como la policía se acusan mutuamente de violencia, ya que se produjo un altercado mientras los policías intentaban detener a Petrov.
Él fue arrastrado afuera de la casa y, según sus hijas pequeñas, la policía lo golpeó con una pistola eléctrica. El investigador principal del caso fue trasladado al hospital con quemaduras producidas por agua hirviendo durante el altercado.
Tanto Petrov como Tsaregorodtseva fueron procesados. Petrov fue condenado a seis años de prisión por ausentarse sin permiso. Su suegra fue condenada a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de 100.000 rublos (casi US$1.000) al agente de policía que resultó herido durante el altercado.
Una fuente familiarizada con el caso declaró a la BBC que la esposa de Vitaly Petrov se sentía aliviada de que su marido estuviera en la cárcel y no de vuelta en el frente de guerra.
Una fuente de la BBC también dijo que la guerra estaba pasando factura a los habitantes de las zonas rurales.
“Nos han quitado a todos los hombres de los pueblos, no queda nadie para hacer el trabajo duro, cuidar de los animales y prepararse para el invierno. Un niño está enfermo, el otro está muerto de miedo. Si me perdonan la expresión, en los pueblos sólo quedan las mujeres silbando al viento”.
La misma fuente dijo que muchos hombres de la localidad se sentían en “una situación imposible”: enviados a la guerra quisieran o no, mientras sus familias se quedaban luchando solas en casa.
Siete años por deserción
Otro caso visto por la BBC fue el de un soldado condenado.
En enero de 2023, Roman Yevdokimov, de un pueblo de la frontera ruso-mongola, fue condenado a siete años de prisión por desertar de su unidad.
Este hombre de 34 años, que había sido condenado en dos ocasiones por robo, fue llamado al servicio militar en octubre de 2022 como parte de la movilización nacional de Putin.
Yevdokimov pasó sólo un mes en el ejército antes de ausentarse sin permiso y regresar a casa. Pasó un tiempo escondido en el bosque y sus familiares lo ocultaron en el sótano de la casa de su suegra, hasta que finalmente las autoridades militares lo atraparon y fue enviado a prisión.
Pero como delincuente convicto, le ofrecieron la oportunidad de ir a luchar a Ucrania, en lugar de cumplir su condena. Yevdokimov sobrevivió seis meses como soldado de asalto y, según las normas de entonces -que se han modificado-, fue liberado y regresó a casa en abril de 2024.
Su familia dice que los seis meses que pasó en el frente le han dejado traumatizado e incapaz de volver a su vida anterior. Ahora pasa gran parte del tiempo en el bosque, donde antes se escondía de la policía militar.
Como soldado de asalto reclutado en prisión en 2023, cuenta con un indulto oficial que anula su condena de siete años de cárcel por deserción, pero no hay documentos que demuestren que luchó en el ejército y resultó herido en acto de servicio.
Muchos veteranos de combate reclutados en prisión intentan ahora llevar al Ministerio de Defensa ruso ante los tribunales para exigir el reconocimiento de su estatus.
Pero para Yevdokimov, el viaje de cuatro horas a la oficina de reclutamiento más cercana para tratar de resolver sus problemas es simplemente demasiado como para considerarlo.
“Cuando lo fui a ver, él con algunos tragos encima, dijo: ‘¿Quizás debería inscribirme para ser un soldado por contrato?'”, dijo su hermana a la BBC.
“No lo dejaré ir y tiene miedo de dejarme porque sabe lo mucho que me preocupo por él. Pero quiere volver con sus compañeros, porque algunos se están muriendo y está preocupado por ellos. Está sufriendo por estar allí”.
Estos casos son sólo una pequeña fracción del elevado número que llega ahora a los tribunales.
Los registros oficiales muestran que en 2024, alrededor de 800 soldados fueron condenados cada mes por ausentarse sin permiso, no cumplir órdenes o desertar de sus unidades. Según Mediazona, esta cifra duplica la del año anterior y multiplica por más de 10 el número de condenas antes de la guerra.
No hay estadísticas oficiales sobre cuántos familiares han sido también condenados por ayudar a soldados que se han fugado.
*Información adicional de Olga Ivshina
Editora: Olga Shamina
Ilustraciones del equipo de periodismo visual ruso de la BBC
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