Para entender mejor
María, de 24 años, vive en San Juan Chicomezúchil, en la sierra norte de Oaxaca, donde sólo hay un consultorio médico que atiende padecimientos menores como diarreas o gripes. Por eso debe recorrer media hora para ir a Ixtlán de Juárez, otro municipio en el que –igual que el suyo– seis de cada diez viven en pobreza, pero al menos ahí hay un hospital comunitario de la Secretaría de Salud. Es su segundo embarazo y cada mes acude a revisión porque el parto será ahí, donde sí tienen servicio, 18 camas para hospitalización.
Su esposo se emplea en diferentes oficios mientras ella se dedica a labores de la casa. Han tenido que pagar los medicamentos que le han prescrito porque en el hospital no hay, aunque no son más de 500 pesos mensuales, cuenta María.
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A la par de esos gastos, también están ahorrando para pagar el parto que, según le explicaron, serán 2 mil pesos si es parto natural o 4 mil si es cesárea. Tiene confianza del servicio porque en ese hospital también llevó el seguimiento de su primer embarazo hace siete años.
— ¿El parto también lo hicieron aquí? –se le pregunta.
— No, ese sí me mandaron a Oaxaca, pero porque se me complicó, era fin de semana y pues no había quién anestesiara. Pero al final lo tuve en parto normal, no hubo necesidad de eso.
— ¿Y allá te cobraron?
— No, porque lo cubrió el Seguro
— ¿Cuál, el Seguro Popular?
— Sí.
— ¿Siguen teniendo Seguro?
— No, ahorita ya no
— ¿Qué te dijeron, por qué ya no hay?
— Pues dijeron que no, que ya lo habían quitado y pues ya habría que ponerlo uno.
El personal del hospital explica que desde 2020 dejaron de recibir medicinas para surtir la farmacia, ni recursos para mantener el hospital, por eso es que ahora ya le tienen que cobrar a los pacientes, aún sabiendo que se trata de población en condiciones de pobreza, porque si no lo hicieran, no podrían seguir dando el servicio.
Se trata de otro de los efectos de la desaparición del Seguro Popular, una estrategia que había funcionado durante 20 años para dar atención médica a las personas sin seguridad social, los más pobres del país, pero que fue sustituida por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a partir de 2020, aunque fue extinto el año pasado.
El Seguro Popular consistía en financiar tratamientos de enfermedades consideradas catastróficas por su alto costo, como cánceres, pero también dotaba de medicinas e insumos y se hacía cargo del mantenimiento de hospitales de la Secretaría de Salud que daba servicio en las entidades.
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Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que “ni era seguro, ni era popular”; además, ya no sería necesario una vez que entrara en vigor el decreto de gratuidad de los servicios de salud y medicinas para toda la población.
A cuatro años de esa decisión, las unidades médicas y los habitantes de municipios tan marginados como Ixtlán de Juárez jamás tuvieron claro cuál sería la diferencia de transformar el servicio a Insabi, lo que sí padecieron es la falta de recursos y de insumos.
“Ahorita cada unidad tiende a cobrar porque no hay ingresos por parte de la Federación y hay poco estatal. Los únicos recursos que podemos tener son las cuotas de recuperación, que son pagos de consultas, pagos de cirugías, para que podamos comprar toda esa parte que la farmacia no tiene. Todo es costos, costos, costos”, explica un trabajador de la salud que pidió no publicar su nombre por temor a represalias.
“Con Seguro Popular Nos preguntaban ¿‘cuántas consultas diste’? 20, ah pues Seguro Popular nos pagaba las 20 consultas. Las cirugías, igual. Y no se le cobraba a la gente”.
Ahora sus finanzas se rigen bajo el modelo de “beneficencia pública”, en el que se registran los ingresos y egresos de las “cuotas de recuperación” y el poco presupuesto del gobierno estatal. Por eso “a muchos pacientes se les da la receta, pero se les dice ‘compren’”, dice el trabajador.
El Insabi también desapareció, y fue sustituido por el IMSS Bienestar a partir de 2023, pero la estrategia tampoco es clara.
“A nivel Oaxaca no se ha aterrizado nada. Nos dijeron que a partir de enero de 2024 en automático pasamos a ser IMSS Bienestar, pero no hay un documento como tal que nos lo diga, ni nadie que venga a decirnos. Solo queda como aviso parroquial”.
Los pacientes del hospital comunitario pintado de naranja confirman que ahora pagan por todo; por eso hace un par de años abrieron un local donde hacen estudios de laboratorio y rayos X justo enfrente, porque esos servicios dejaron de ser públicos.
Afuera del hospital una familia está pegada a la pared cubriéndose de sol. Eva, de 66 años está en silla de ruedas, se fracturó el tobillo mientras cuidaba de sus borregos en su pueblo, Santiago Laxopa. Sus hijas la llevaron a Ixtlán, pero ahí no la pudieron atender porque no había médico en ese momento, y tuvieron que trasladarse hasta el hospital civil Aurelio Valdivieso, en la capital oaxaqueña.
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Necesitó una radiografía, pero no se la hicieron en el hospital, sino que la pagaron en una sucursal de Salud Digna, y compraron las medicinas que le recetaron. Solo de eso fueron 2 mil 800 pesos, más los gastos de transporte que hacen ahora por cada revisión. De su pueblo a Ixtlán les cobran 700 pesos y si van a Oaxaca, son 1,400.
Para pagarlo, han tenido que utilizar los ahorros que juntó su esposo Fidel Celis, de 68 años, trabajando como herrero. “Gracias a eso tenemos nuestro ahorrito y sacamos adelante este compromiso (el accidente de Eva)”; y para comer, Fidel siembra maíz, chícharo, haba y frijol.
Además de los ahorros, Fidel y Eva también utilizan la pensión para adultos mayores, el principal programa social del gobierno de López Obrador. Con todo eso apenas han solventado los gastos, aunque no saben cuánto ha sido en total. “Ahí tenemos los papelitos pero ni en cuenta cuánto hemos gastado, el caso es que estamos gastando (porque) nomás nos dan la receta y tienes que comprar las medicinas”.
Ellos eran usuarios del Seguro Popular, su hija mayor dio a luz ahí sin pagar nada, y a Fidel le detectaron hipertensión. “Empezó mi enfermedad y tenía yo el seguro, vine aquí porque el doctor del pueblo me mandó para hacer unos estudios en laboratorio y pues con el seguro no te cobraban nada. Y salió el resultado de que yo tenía triglicéridos, todavía estoy en tratamiento. Tengo mis citas cada dos meses.
Sin embargo, el tratamiento ya no se lo provee el Seguro Popular sino que el pueblo se organizó para que las autoridades municipales de Santiago Laxopa compraran las medicinas que los enfermos requerían.
“Cuando llegó el momento en que van para arriba las medicinas, entonces el pueblo dijo ‘¿y por qué no nos ayuda el municipio?’ Entonces ya está estipulado en un escrito que es un apoyo que trae el Municipio a la salud”.
Froylán tiene 56 años. Pasó la noche afuera del hospital Aurelio Valdivieso en la capital de Oaxaca, junto con su hermana y sus sobrinos. Están esperando que operen a su madre, necesitan amputarle el pie a consecuencia de la diabetes. Trajeron el poco dinero que tenían, pero ya se gastaron 900 pesos en las medicinas, por eso también previnieron y para comer, trajeron tortillas y salsa, que en ese momento tienen en el suelo, a un lado de un cobertor color azul.
Él es campesino y gana 300 pesos al día cuando se integra a una cosecha. La familia también cría y vende pollos y guajolotes, pero quisieran tener más para poder pagar los 120 mil pesos que cobraría un hospital privado por la cirugía de su madre, el mismo donde la atendieron en julio pasado.
Froylán cuenta que su madre tenía el dedo del pie morado y la llevaron a un hospital particular “porque ahí luego luego atienden. Nos dijeron ‘el dedo chiquito ya no sirve, como una fruta, y cuando ya está así hay que quitarlo’, y se lo quitaron”.
De esa operación, explica, fueron 25 mil pesos. Pudo pagarlo al vender su yunta (dos bueyes) en 60 mil pesos, pero ya no tienen nada. “El dinero se va rápido”, dice. Esta segunda vez que se puso mal, la llevaron a consulta al particular también, y le dijeron que “ya no le circulaba la sangre en el pie, y ya hasta tiene gusanitos”, dice Froylán.
Llevan un día esperando afuera del hospital, y nadie les dice cuándo podrán operarla. “No nos dicen ni cuándo, y ella tiene sed y tiene hambre, y no le dan porque dicen que no debe de comer. Tiene puro suero nomás ahí por la vena”.
El hospital Aurelio Valdivieso recibe a pacientes de todo el estado de Oaxaca. Lo mismo atiende fracturas como la de Eva, que pie diabético como la madre de Froylán, y 700 partos al mes como el de María.
Por eso es que las 180 camas que tiene, siempre están ocupadas. Pese a que el hospital está rebasado, nunca han logrado que sea declarado de segundo nivel y que los partos sean atendidos en un hospital para la mujer, que inauguraron en el gobierno de Gabino Cué, pero que no ha vuelto a funcionar.
José Manuel Salcedo, el jefe de Pediatría, lleva más de 30 años laborando ahí. Explica que sí vio diferencia cuando eran parte del Seguro Popular porque tenían medicamentos e insumos necesarios para atender a los pacientes. Cuando se le pregunta cuál es la diferencia ahora, responde de manera tajante:
“Fue una tragedia con este gobierno. La verdad no puedo mentir, y a quien quiera que le pregunte va a decir lo mismo: ha sido una tragedia. No tenemos medicamentos, no tenemos cómo hacer las cosas, lo hacemos porque los pacientes están ahí, porque nuestra ética nos dice hay que hacerle y buscarle pero la verdad es que sí ha sido muy muy difícil. Ha habido marchas, ha habido huelgas, ha habido de todo, corridos de directores porque no funciona”.
Salcedo explica que la ocupación de camas es de 100%, lo cual representa un riesgo porque ante tanto trabajo “algo te va a salir mal”, pero además, ya no tienen lo suficiente para atenderlos. Hasta 2018, con los recursos del Seguro Popular les surtían el almacén dentro del hospital y al que solicitaban lo que requerían para cada atención, pero después comenzaron las carencias y, luego, la pandemia de Covid-19 las agudizó aún más.
— ¿Cómo funcionaba el Seguro Popular aquí en un hospital como este, doctor?
— Había programas, por ejemplo, el de los niños que se llamaba de Gastos Catastróficos era para todos los recién nacidos con insuficiencia respiratoria, cardiopatías, y tenían atención total. Otro era el Nueva generación, donde todos los niños de un año hasta los 5 años, todo lo que les pasara tenían atención total. Todos los niños con leucemia, con problemas neuroquirúrgicos. En adultos, por ejemplo todo lo que fuera columna, cadera, huesos largos; medicina interna todo, había hasta diálisis peritoneal y todo para el manejo de los diabéticos. Cuando llegó este nuevo se los quitaron o sea toda esa gente se murió.
— ¿O sea ya no tuvieron seguimiento de sus tratamientos?
— Ya no, se acabó, ya no hubo para diálisis, ya no hubo para nada.
— ¿Y qué hacían los pacientes, doctor?
— Pues se iban a morir a su casa.
— ¿Y ustedes qué les decían?
— Que no tenemos con qué atenderlos, ni lugar, ni nada porque lo quitaron.
— ¿Qué les dijeron cuando se dio el cambio de Seguro Popular a Insabi?
— Ni siquiera nos dijeron del Insabi, solo que quitaban el Seguro Popular. Por eso empezamos a pedir que nos dieran recursos. Por eso hubo muchas marchas y huelgas, plantones y todo porque no era posible ni agua, ni alcohol, ¡ni gasas!
En todo este tiempo sus demandas han sido ignoradas. Funcionan con lo mínimo e incluso, el mismo personal hace vaquitas para comprar medicinas o pagar los estudios que requieren cuando las familias de sus pacientes no tienen para solventarlos. Por eso, dice Salcedo, el Seguro Popular funcionaba bien en ese hospital.
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“Gracias a Dios no hubo un paciente que se pudiera ir diciendo ‘no me apoyaron’. Aquí no se robaban nada, no se perdía nada. Si (el presidente) dice que se robaban, debió haber puesto candados para que no sucediera, ir fiscalizando bien cada estado, cada unidad, pero no quitarlo, porque eso fue como una decapitación”.
Las carencias han impactado en la capacidad de atención. Antes realizaban 50 mil consultas y unos 22 mil egresos hospitalarios, pero ha bajado a la mitad, lo que, por supuesto, genera reclamos por parte de los usuarios. Pero Salcedo, como el resto de sus compañeros intentan, como lo que pueden, atender a sus pacientes y salvar vidas, por eso apela a que, una vez conociendo sus condiciones, los comprendan.
“Hacemos lo más que podemos por sus pacientes. No nos reclamen cuando de repente no tenemos porque ni ellos tienen ni nosotros tenemos qué ver. No nos culpen de alguna impericia porque nosotros también estamos desesperados pero ¿cómo le hacemos? Entiéndanos, tengan comprensión. Esperemos que las cosas cambien. Yo digo que cambiarán si el Seguro Popular volviera otra vez y no que nos dejaran sin nada”.
La cifra de personas asesinadas durante el fin de semana podría alcanzar hasta 184, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
Algunos recibieron disparos, otros puñaladas o machetazos. Todos eran señalados de brujería.
Al menos 110 personas, en su mayoría de edad avanzada, fueron brutalmente asesinadas por miembros de pandillas en la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un grupo de derechos humanos.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) dijo que un líder de una pandilla local los había atacado después de que su hijo enfermara y posteriormente muriera.
Según se informa, el líder de la pandilla consultó a un sacerdote vudú que culpó de la misteriosa enfermedad del niño a los ancianos locales que practicaban “brujería”
Naciones Unidas afirmó que el número de personas asesinadas en Haití en lo que va del año a causa de la creciente violencia de las pandillas había alcanzado “una asombrosa cifra de 5,000”.
Aunque todavía se están conociendo los detalles de la masacre, el alto responsable para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, elevó el lunes a 184 el número de personas asesinadas durante el fin de semana “en actos de violencia orquestados por el líder de una poderosa banda”.
Los asesinatos ocurrieron en el barrio Cité Soleil de la capital.
Según los informes, los miembros de la banda secuestraron a decenas de residentes mayores de 60 años de sus casas en la zona de Muelle Jérémie, los acorralaron y luego los mataron a tiros o a puñaladas, con cuchillos y machetes.
Los residentes informaron haber visto cuerpos mutilados quemados en las calles.
La RNDDH estimó que el viernes murieron 60 personas, mientras que el sábado se detuvo y asesinó a otras 50, después de que el hijo del líder de la banda muriera a causa de su enfermedad.
Si bien la RNDDH dijo que todas las víctimas tenían más de 60 años, otro grupo de derechos humanos dijo que también habían sido asesinadas algunas personas más jóvenes que habían tratado de proteger a los ancianos.
Los medios locales informaron que las pandillas habían buscado a personas mayores que se cree que practican el vudú porque al líder de la banda le habían dicho que la enfermedad de su hijo había sido causada por ellos.
Los grupos de derechos humanos dijeron que el hombre que había ordenado los asesinatos era Monel Felix, también conocido como Mikano.
Se sabe que Mikano controla Muelle Jérémie, una zona estratégica en el puerto de la capital.
Según Romain Le Cour Grandmaison, un experto en Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), la zona es pequeña pero difícil de penetrar para las fuerzas de seguridad.
Los medios locales dijeron que la banda de Mikano había impedido a los residentes salir de Muelle Jérémie, por lo que la noticia de los asesinatos tardó en difundirse.
El grupo forma parte de la alianza de pandillas Viv Ansanm, que controla gran parte de la capital haitiana.
Haití se ha visto envuelto en una ola de violencia de pandillas desde el asesinato en 2021 del entonces presidente, Jovenel Moïse.
Los datos recopilados por GI-TOC muestran que hubo un descenso en la tasa de asesinatos entre mayo y septiembre de este año, después de que las bandas rivales alcanzaran una tregua incómoda.
Sin embargo, los intentos de las bandas de expandir su territorio más allá de sus bastiones en la capital han dado lugar a incidentes particularmente sangrientos en los últimos dos meses, en los que los residentes comunes son cada vez más los blancos de los ataques, en lugar de los miembros de bandas rivales.
El 3 de octubre, 115 habitantes locales fueron asesinados en la pequeña ciudad de Pont-Sondé, en el departamento de Artibonite.
Al parecer, la banda Gran Grif llevó a cabo esa masacre en represalia por el hecho de que algunos residentes se unieran a un grupo de vigilantes para resistir los intentos de Gran Grif de extorsionar a los lugareños.
Si se confirma la cifra de muertos que ha dado la ONU por los asesinatos de este fin de semana en Cité Soleil, se trataría del incidente más mortífero de lo que va de año.
Dado que las bandas controlan aproximadamente el 85% de Puerto Príncipe y zonas cada vez más extensas del interior, cientos de miles de haitianos se han visto obligados a huir de sus hogares.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 700.000 personas (la mitad de ellas niños) están desplazadas internamente en todo el país.
Los miembros de las bandas suelen recurrir al abuso sexual, incluida la violación en grupo, para sembrar el terror entre la población local.
En un informe publicado hace dos semanas, la investigadora de Human Rights Watch Nathalye Cotrino escribió que “el estado de derecho en Haití está tan quebrado que los miembros de los grupos criminales violan a niñas o mujeres sin temer ninguna consecuencia”.
Los intentos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, dirigida por Kenia, de sofocar la violencia han fracasado hasta ahora.
La fuerza policial internacional llegó a Haití en junio para reforzar a la Policía Nacional Haitiana, pero no cuenta con los fondos necesarios ni con el equipo necesario para enfrentarse a las bandas fuertemente armadas.
Mientras tanto, el Consejo Presidencial de Transición (TPC, por sus siglas en inglés), el organismo creado para organizar las elecciones y restablecer el orden democrático, parece estar en crisis.
El TPC reemplazó al primer ministro interino el mes pasado y parece haber hecho pocos progresos en la organización de las elecciones.
“Reinan sobre una montaña de cenizas”, escribe Romain Le Cour Grandmaison, de GI-TOC, sobre el consejo en su informe.
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