Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registró la mayor caída en el surtimiento de recetas en siete años en los hospitales del IMSS-Bienestar, antes Seguro Popular, donde atienden a la población sin seguridad social, los más pobres del país.
De acuerdo con informes de la institución, el surtimiento de recetas completas fue de 76 % a nivel nacional en 2020, el menor número registrado desde 2014, cuando comenzó la aplicación de encuestas a los usuarios de las Unidades Médicas Rurales y de las que se desprenden estos resultados.
En contraste, en 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el año con mayor porcentaje de surtimiento de recetas, pues entregaron todos los medicamentos recetados en 9 de cada 10 recetas.
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En 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, comenzó el primer descenso, con un registro de recetas surtidas en su totalidad de 82 %, pese a que en 2015, 2017, 2018 el porcentaje de cobertura fue de 85 % y en 2014 de 84 %.
El último registro público de la aplicación de estas encuestas fue en 2020, por lo que no se sabe, mediante este instrumento, el porcentaje en la entrega de todos los medicamentos que los enfermos deberían de recibir de manera gratuita en los hospitales instalados en las zonas más marginadas del país.
Solo al comparar 2019 con 2020, las entidades que registraron decrecimiento en su porcentaje de recetas surtidas fueron Veracruz Norte (-22 %), Chihuahua (-14 %), Michoacán (-13 %), San Luis Potosí (-12 %), Nayarit (-10 %), Campeche, Veracruz Sur, Hidalgo (-8 %), Zacatecas (-7 %), Chiapas (-6 %), Yucatán (-6 %), Baja California (-4 %), y Puebla (-1 %).
Y las que incrementaron el surtimiento sólo fueron Durango (8 %), Guerrero (7 %), México Poniente (2 %), Sinaloa y Oaxaca (1 %).
Respecto a los medicamentos recetados que no fueron surtidos a nivel nacional, se trata de Losartán, Metformina y Paracetamol, el primero no incluido en el cuadro básico para las Unidades Médicas Rurales; aunque se trata de “un patrón de desabasto es muy similar al registrado en años previos, en los que los medicamentos del cuadro básico con menor disponibilidad han sido: Paracetamol, Metformina, Captopril y Glibenclamida”, dice el informe.
Con la información de esta encuesta se confirma que la entrega de medicamentos para enfermos descendió en el gobierno de López Obrador antes de la Covid-19, aunque su administración justificó todas las bajas de atención médica para todas las enfermedades distintas debido a la pandemia.
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Aunque el lema del gobierno morenista ha sido “primero los pobres”, la atención médica que recibe esta población ha ido en decremento, como lo denuncia personal médico de diversos hospitales y usuarios. A tal grado que en hospitales como el General Aurelio Valdivieso suspendió las cirugías, el servicio de comedor para el personal y la recepción de pacientes debido a la falta de insumos, material, medicamentos y recursos financieros.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó sin consultas médicas a la mitad de los enfermos más pobres del país y dejó de hacer 20 millones de estudios de laboratorio, al comparar con el sexenio pasado. Además, medio millón de personas más no pudieron lograr que les hicieran una cirugía que necesitaban, como Animal Político reveló en la investigación periodística No fuimos Dinamarca.
El número de consultas en los servicios que ofreció la Secretaría de Salud pasó de 95 millones en 2018 a 51 millones en 2022. Una caída de 44 millones, es decir, 46 % menos consultas para quienes no tienen seguridad social, como demuestran cifras oficiales.
Esto, porque con el pretexto de la austeridad, el sexenio de López Obrador hizo recortes a las principales áreas de Salud o hasta en servicios tan básicos como el agua (a la que le quitaron 39 % de su presupuesto) o el mantenimiento de equipo médico como rayos X o esterilizadores en los hospitales de la Secretaría de Salud (a los que les quitaron el 37 % de sus recursos).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al gobernante federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos mil soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, ante una escalada en las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad californiana.
La decisión del mandatario se impuso sobre la autoridad del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien calificó la medida de “provocación deliberada”.
En la última semana, al menos 118 inmigrantes fueron arrestados en operativos realizados en varias partes de la ciudad. Esto generó un ambiente de tensión cuando multitudes se congregaron frente a negocios que presuntamente iban a ser blanco de redadas.
Según la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles, los manifestantes se tornaron “cada vez más agresivos, lanzando objetos y mostrando comportamientos violentos”, lo que obligó a la policía a emplear gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.
Las autoridades locales informaron que hubo 29 detenidos.
Trump justificó su decisión alegando que Los Ángeles vive una “invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales”, según escribió en su plataforma Truth Social.
“Ahora, turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, agregó.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó.
Más allá de las razones de Trump para movilizar a la Guardia Nacional, BBC Mundo plantea otras 4 preguntas para comprender lo que está ocurriendo.
Para contener los disturbios, Trump recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al presidente federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
Normalmente, la Guardia Nacional de cada estado se activa únicamente cuando lo solicita el gobernador.
Sin embargo, en esta ocasión Trump eludió ese procedimiento invocando una disposición especial del Código de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (10 U.S.C. §12406), que contempla tres circunstancias bajo las cuales el presidente puede poner bajo control federal a la Guardia Nacional.
Trump indicó en su memorando que las protestas en Los Ángeles constituyen “una forma de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos”.
Expertos aseguran que esta es la primera vez desde 1965 que la Guardia Nacional es activada por orden presidencial sin el consentimiento del gobernador estatal.
En 1992, durante los disturbios provocados por la absolución de policías acusados de golpear al automovilista afroestadounidense Rodney King, el entonces presidente George HW Bush envió tropas federales, pero en ese caso fue el gobernador de California, Pete Wilson, quien solicitó el apoyo.
En 2020, tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas en algunos estados tras las protestas por la muerte de George Floyd.
Altos funcionarios del gobierno de Trump respaldaron la movilización militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en redes sociales que era una decisión “de sentido común” y agregó: “La violencia y destrucción contra agentes e instalaciones federales NO serán toleradas”.
El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, declaró a CNN: “¿Parece que las protestas están bajo control? Absolutamente no”.
Sin embargo, varios funcionarios californianos rechazaron la intervención militar al asegurar que la policía local puede controlar los disturbios y que la presencia del ejército es innecesaria.
La congresista demócrata Nanette Barragán, quien representa a Paramount, una localidad de las afueras de Los Ángeles donde se registraron protestas, le dijo a CNN: “No necesitamos esa ayuda”.
“La Guardia Nacional solo empeorará las cosas”, añadió.
Sus palabras coinciden con las del gobernador Newsom, quien denunció en la red social X: “El gobierno federal está tomando el control de la Guardia Nacional de California y enviando dos mil soldados a Los Ángeles, no porque falten policías, sino porque quieren montar un espectáculo”.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, declaró también a ABC7 que el despliegue militar es innecesario.
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron redadas el viernes en zonas mayoritariamente latinas de Los Ángeles como parte de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración irregular.
Un portavoz confirmó que 44 personas fueron arrestadas ese día.
Estos operativos forman parte del objetivo presidencial de realizar “la mayor operación de deportación en la historia de EU”.
Los Ángeles, que tiene una numerosa población migrante, se ha convertido en un foco importante para esta política migratoria.
A principios de mayo, ICE anunció la detención de 239 migrantes indocumentados en una operación de una semana en la ciudad, aunque las cifras de arrestos generales no han cumplido las expectativas del gobierno.
En junio, la Casa Blanca incrementó su meta, estableciendo que ICE debería realizar al menos tres mil arrestos diarios.
Las autoridades han extendido cada vez más sus operativos a lugares de trabajo como restaurantes y tiendas minoristas.
Las recientes redadas en Los Ángeles, que generaron protestas, ocurrieron en un comercio mayorista de ropa y en una sucursal de la cadena de ferreterías Home Depot.
“Van a ver más redadas en lugares de trabajo de las que se hayan visto en la historia de este país”, afirmó Thomas Homan, el “zar de la frontera” del gobierno de Trump.
Esta agresiva campaña de deportaciones ha incluido el traslado de migrantes en aviones militares hacia la base de Guantánamo, centro militar estadounidense criticado por abusos contra los derechos humanos, antes de llevarlos a Luisiana.
Otros fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, incluyendo al menos un migrante con estatus legal en EE.UU.
Algunos incluso fueron enviados a países con los que no tienen ningún vínculo de origen.
Muchas de estas acciones han enfrentado desafíos legales en los tribunales.
El viernes, varios manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente a un comercio mayorista de ropa. Lanzaron objetos e intentaron impedir los arrestos. Los agentes federales respondieron usando granadas de estruendo y gas pimienta.
En Paramount, ubicada a unos 32 kilómetros del sur del centro de Los Ángeles, también se usaron gases lacrimógenos y granadas de estruendo contra manifestantes frente a una tienda Home Depot.
En redes sociales, ICE describió la situación así: “Nuestros valientes agentes fueron ampliamente superados en número: más de mil manifestantes rodearon y atacaron un edificio federal”.
En respuesta a las protestas, la policía de Los Ángeles confirmó que realizó 29 arrestos, casi todos por negarse a dispersarse, una falta menor, según informó CBS News, medio asociado de la BBC en EU.
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