Desabasto de medicamentos y falta de atención en las instituciones incrementa hasta 40% el gasto de bolsillo en salud.
En México más de 31 millones de personas no tienen derecho a servicios médicos públicos, y los que sí los tienen enfrentan atención deficiente y desabasto en los medicamentos. Durante 2020 y 2021 se otorgaron la mitad de las consultas médicas que en 2017 y no se surtieron efectivamente 9.7% del total de las recetas expedidas por las instituciones públicas de salud. Esto ha provocado que el gasto de bolsillo para enfrentar las enfermedades suba en las familias mexicanas un 40%.
Así lo muestra el informe Radiografía del Desabasto en México, elaborado por la organización Cero Desabasto, en colaboración con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (Ciep) y el Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica (Inefam).
Tan solo en 2020, explicó Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas de Ciep, durante la presentación del informe, 5 millones de personas más que en 2018 tuvieron que pagar por recibir consulta o medicamentos.
Judith Méndez de @ciepmx explica que el desabasto y la caída en la atención a la salud ha provocado un aumento en el gasto de bolsillo para los hogares de menores recursos en el país. pic.twitter.com/hVO8FwAE8J
— Cero Desabasto (@cerodesabasto) March 2, 2022
Animal Político logró encontrar precisamente uno de estos casos. A la señora Silvia Valerio, de 69 años, no le surtieron completas sus recetas en la Clínica 186 del IMSS, en Tlalnepantla, Estado de México. Durante noviembre y diciembre de 2021 no había el fármaco Clopidogrel, que se usa para prevenir problemas graves del corazón y los vasos sanguíneos. Su esposo tuvo que comprarlo en la farmacia, la caja con 14 tabletas le costó 278 pesos en presentación genérica.
Tampoco le dieron Levetiracetam, para controlar crisis convulsivas, ni ipatropio, un broncodilator que facilita la respiración. Por ambos medicamentos, la familia tuvo que pagar en la farmacia 672 pesos.
El gasto de bolsillo promedio en las familias se incrementó 40%, de acuerdo con datos de Ciep, al pasar de 2 mil 358 en 2018 a 3 mil 299 en 2020. Este gasto se compone de tres conceptos: gasto en atención primaria o ambulatoria, atención hospitalaria y medicamentos sin receta.
En términos porcentuales, el mayor incremento se presentó en el gasto en medicamentos con 68% más que en 2018 y pasó de un gasto promedio de 376 pesos en ese año a 632 en 2020. En términos absolutos, la atención primaria tuvo el mayor aumento con una diferencia de 604 pesos.
Quienes más impacto tienen son las personas de menores ingresos y mayor condición de vulnerabilidad. El mayor incremento en el gasto de bolsillo se presenta en el decil X que tiene mayor capacidad de pago. Sin embargo, en términos porcentuales, los hogares de menores ingresos son los que enfrentaron mayores aumentos en el gasto de bolsillo por conceptos de salud.
En los deciles I-VI (los de menores ingresos), los aumentos por concepto de compra de medicamentos sin receta superan el 90%; el más alto se presenta en el decil III con un incremento de 125% al pasar de un gasto de 244 pesos en 2018 a 549 en 2020.
Las personas tienen que poner de su bolsillo para enfrentar problemas de salud porque no encuentran la atención adecuada en el sistema público sanitario, no tienen acceso a esto o no les surten las recetas.
Caídas en la atención y escasez de fármacos
En México, explicó Méndez, desde 2016 la tasa de atención del sistema público era inferior al 50%. Solo 4 de cada 10 personas que reportaban tener una necesidad de atención, la encontraban en el sistema público.
Con la pandemia por Covid-19, el uso de los servicios públicos se redujo al pasar de 44.6% en 2018 a 33.3% en 2020. Esto significa que alrededor de 7 de cada 10 personas que tuvieron una necesidad de salud se atendieron en el sistema privado, lo que conlleva a un gasto de bolsillo en los hogares.
Todos los subsistemas de salud reportaron caídas en la tasa de atención; sin embargo, en Pemex la tasa alcanza 43% mientras que en el IMSS-Bienestar, a donde acude la población más desprotegida, esa tasa es de 12%.
Andrés Castañeda, coordinador de la organización Cero Desabasto explicó que hay una coyuntura que ha permitido llegar a este escenario de desabasto y falta de atención: el cambio del modelo de compra de medicamentos, el cambio del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar y la pandemia de COVID-19.
Estos sucesos, entre otros, han impactado de manera negativa el acceso a los servicios de salud en México. Por ejemplo, la cantidad de las atenciones ofrecidas por las unidades de la Secretaría de Salud se redujeron considerablemente al grado de que durante 2020 y 2021 se otorgaron la mitad de las consultas que en 2017 y se practicaron cerca de medio millón de procedimientos quirúrgicos menos.
Además, en México, de acuerdo con datos del censo de población y vivienda 2020 del INEGI, más de 31 millones de personas no tienen derecho a los servicios médicos.
La exclusión de servicios de salud afectó en mayor medida a los hogares más pobres, a población indígena y a quienes viven en zonas rurales. Entre 2018 y 2020, quedaron excluidas del acceso a la salud 2 millones de personas indígenas, 4.8 millones de personas en zonas rurales, 12.5 millones de personas en condición de pobreza y 4 millones de personas en pobreza extrema.
En tanto que el número de recetas surtidas en las principales instituciones públicas de salud ha ido disminuyendo en los últimos años. El peor escenario se ha tenido en 2021, de acuerdo con el informe Radiografía del Desabasto, el año pasado no se surtieron efectivamente un poco más de 24 millones de recetas en las principales instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar) Esto representa un 9.7% de recetas no surtidas.
Tan solo en el IMSS se negaron más de 18 millones de recetas en 2021, esto equivale a que no se surtiera medicamento más de un mes; mientras que en 2017, el número de recetas no surtidas era apenas de 1.7 millones.
Además del gasto de bolsillo, el desabasto tiene otras implicaciones, señala el informe, como alentar el mercado negro. En septiembre de 2021 se registraron 187 denuncias anónimas de medicamentos robados y falsificados, lo que significa un incremento del 136.7% con respecto a las 79 de 2020.
Sobre los cambios en el modelo de compra de medicamentos, Enrique Martinez, de Inefam, explicó que los resultados observados en 2021 exhiben un deterioro en el desempeño de la compra pública, denotando una caída en piezas, aproximada en 5.9% (apenas 1,078 mdpz) respecto a 2020, con un precio promedio unitario de 59.39 pesos.
Las adjudicaciones directas muestran la mayor participación en número de eventos con más de 70% respecto al total de los analizados por Inefam. Hacia 2021, crecen prácticamente al triple respecto a 2017, concentran más del 80% de procedimientos y explican más del 53% de piezas adquiridas, ganando terreno a las licitaciones (incluidas las consolidadas), que llegaron a concentrar más de 80% históricamente.
Como consecuencia, las adjudicaciones directas se convirtieron en la principal vía de pago en 2020 y 2021, con más de 40 mil millones de pesos en cada año, lo que representa más de 60% del total de importes.
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Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero la industria estatal ha estado desprovista de inversiones durante muchos años.
Trump afirma ahora que tiene previsto visitar Venezuela, aunque aún no se ha fijado una fecha.
Sus comentarios, realizados el viernes pasado, se produjeron después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, completara un viaje de dos días a Venezuela para ver cómo el país está empezando a reabrir su sector petrolero a las empresas estadounidenses.
La visita de Wright se produjo poco después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara una ley para permitir la inversión privada y extranjera en su industria petrolera, tras dos décadas de estricto control estatal.
A los ojos de Trump, se trata de una gran oportunidad de negocio para el sector petrolero estadounidense: “Vamos a extraer cantidades de petróleo como pocas personas han visto”, afirmó en una conferencia de prensa a mediados de enero, tras una reunión con los directivos del sector energético en la Casa Blanca.
Pero para las empresas petroleras estadounidenses que Trump quiere que inviertan fuertemente en Venezuela, la pregunta es sencilla: ¿salen las cuentas?
Complicado
William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics, afirma que el objetivo del presidente estadounidense es “reactivar el sector petrolero de Venezuela y utilizar esa energía para aumentar la oferta y reducir los costos para el consumidor, lo que posiblemente proporcionaría una fuente de ingresos para que un gobierno venezolano más favorable reconstruyera la economía tras años de mala gestión”.
Sin embargo, para las empresas energéticas estadounidenses hay enormes dificultades prácticas que superar. La petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), es una sombra de lo que fue.
Los gobiernos de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, exprimieron la empresa al máximo y utilizaron el dinero para financiar el gasto social en vivienda, salud y transporte, así como una inédita expansión del Estado.
Pero no invirtieron en mantener los niveles de producción de petróleo, que se han desplomado en los últimos años, en parte, pero no solo, debido a las sanciones de Estados Unidos, que ahora podrían revisarse.
“En Venezuela, se trata de una infraestructura que se ha degradado tras muchos años de abandono”, afirma Jackson. “Hace diez o quince años, Venezuela producía 1,5 millones de barriles al día más que en la actualidad”.
Mónica de Bolle, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, coincide en que PDVSA se encuentra en una situación precaria.
“Hay muchas cosas que hay que desechar por completo y reconstruir desde cero”, afirma a la BBC. “De hecho, si las restricciones políticas no importaran, lo mejor sería desmantelar PDVSA, pero eso no va a suceder”, continúa.
“Es un gran símbolo nacionalista, está ligada a la soberanía. ¿Estarían los venezolanos dispuestos a hacer lo que diga Estados Unidos y rendirse? No lo creo”.
Muchas reservas, poca producción
Trump ha pedido a las empresas petroleras estadounidenses que inviertan al menos US$100. 000 millones en restaurar la maltrecha infraestructura de Venezuela, algo absolutamente necesario para que su plan de aumentar las ventas pueda hacerse realidad.
Oficialmente, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo, pero en 2023 solo exportó 211,6 millones de barriles, por un valor aproximado de US$4.000 millones.
Comparado con Arabia Saudita, que ocupa el segundo lugar, con 267.000 millones de barriles de reservas, el país de Medio Oriente tuvo exportaciones por valor de US$181.000 millones en el mismo periodo, es decir, 45 veces más.
Así que, al menos sobre el papel, hay margen para mejorar.
Sin embargo, Jackson afirma que existen dudas sobre el verdadero tamaño de las reservas petroleras de Venezuela.
Durante la presidencia de Chávez, Venezuela reclasificó sus reservas. Anteriormente, se pensaba que solo había 80.000 millones de barriles de petróleo extraíble, pero en 2011 la cifra comunicada casi se había cuadruplicado.
Ese cambio estadístico fue posible gracias a los altos precios del petróleo en ese momento, que permitieron que proyectos anteriormente inviables parecieran factibles.
“Hubo un gran salto que la gente ha cuestionado”, afirma Jackson. “Pero ahora el mundo está inundado de petróleo y no está claro que los mismos cálculos sigan siendo válidos”.
Factores en contra
Cuando Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, los precios del petróleo estaban subiendo. A principios de la década de 2010, un barril solía alcanzar unos US$100, lo que proporcionaba a Caracas mucho dinero para invertir en programas sociales. Pero con los precios actuales rondando los US$65, el país parece menos atractivo como inversión.
El petróleo de Venezuela también es de peor calidad que el de Arabia Saudita. Su crudo ácido y pesado es difícil de extraer y refinar, mientras que su alto contenido en azufre lo hace corrosivo para los oleoductos.
El resurgimiento de la industria venezolana podría plantear problemas a Canadá, que produce un petróleo igualmente viscoso y exporta gran parte de él a Estados Unidos, pero los analistas consideran que el riesgo es menor.
Según un estudio de Capital Economics, el petróleo canadiense debería seguir teniendo un precio competitivo, incluso si aumenta la producción venezolana.
Mientras tanto, la crisis económica de Venezuela ha provocado el éxodo de casi ocho millones de personas que se han marchado en busca de una vida mejor.
Esto incluye conocimientos técnicos esenciales para mantener en funcionamiento las bombas de petróleo: ahora que los ingenieros cualificados que antes trabajaban para PDVSA ejercen su profesión en otros lugares, el sistema sigue funcionando a duras penas con una plantilla mínima.
¿Puede lograrlo EE.UU.?
Thomas Watters, director general y responsable del sector del petróleo y el gas de la empresa de investigación S&P Global Ratings, afirma que las empresas estadounidenses tienen la capacidad de reparar la infraestructura de Venezuela, pero que debe tener sentido desde el punto de vista económico.
“Al fin y al cabo, las empresas petroleras y de gas tienen que aportar valor a los accionistas”, afirma. “Cuentan con muy buenos gestores. Se puede construir cualquier cosa, siempre y cuando se pueda pagar”.
“Pero se necesita un precio del petróleo que lo haga rentable. A menos que se pueda generar suficiente dinero para justificarlo, es muy difícil que la industria se recupere”.
Además, las empresas petroleras estadounidenses ya han sufrido consecuencias negativas por operar en Venezuela en otras ocasiones. En 2007, grandes firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips vieron cómo se embargaban sus activos al negarse a permitir que PDVSA tomara el control mayoritario de sus proyectos.
Acudieron a los tribunales internacionales y se les concedieron enormes indemnizaciones por daños y perjuicios -US$8.300 millones en el caso de ConocoPhillips- que nunca se han pagado.
Dado que el actual gobierno venezolano sigue prácticamente intacto, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria interina, será muy difícil disipar los temores de una nueva expropiación.
Además, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha declarado que el gobierno de Trump no tiene previsto ofrecer garantías de seguridad a las empresas petroleras en Venezuela, una omisión preocupante en un país donde los grupos paramilitares vinculados al gobierno, conocidos como “colectivos”, suelen actuar como bandas criminales.
Sin mayores incentivos gubernamentales, las empresas petroleras se mostrarán reacias a dar un paso que podría resultar muy costoso. No es de extrañar, pues, que el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, haya calificado a Venezuela de “inviable para la inversión” en su estado actual.
Es revelador que Trump no haya vuelto con una oferta de incentivos para promover la inversión. En cambio, amenazó con bloquear la inversión de ExxonMobil en Venezuela. La política es “todo palo, nada de zanahoria”, afirma De Bolle, del Instituto Peterson usando la expresión en inglés que significa “todo castigo, nada de premio”.
“Y no parece que entiendan que necesitan zanahorias”, añade.
En opinión de De Bolle, el gobierno de Trump tiene una “visión imperialista” de América Latina que la lleva a considerar los recursos de la región como de su propiedad. Para ella, la aversión de las empresas petroleras privadas hacia Venezuela es una barrera bienvenida a ese tipo de apropiación de recursos.
“Es un momento en el que uno piensa: ‘Gracias a Dios que Estados Unidos no tiene una empresa petrolera estatal'”, afirma. “Necesitan al sector privado, pero por el momento, este no se mueve. ¿Y qué empresa en su sano juicio va a invertir dinero en Venezuela?”.
Pero si la producción petrolera de Venezuela acaba aumentando, ¿podría hacer bajar los precios mundiales del petróleo? Los analistas se niegan a pronunciarse.
“Depende de la escala en la que se produzca”, afirma Jackson, de Capital Economics.
“La situación es muy fluida, muy opaca, y hay un gran ángulo geopolítico. Estamos en las primeras etapas en lo que respecta a la producción venezolana”, apunta.
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