Jubilados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro preparan estrategia legal para defender sus pensiones
Para entender mejor
La posible reducción y establecimiento de un tope salarial en las pensiones de extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) lleva a que miles de jubilados se organicen para presentar amparos colectivos e individuales para proteger los ingresos que representan el sustento de sus familias. La movilización tiene como contexto el análisis gubernamental sobre cambios legales que afectan derechos constitucionales y la estabilidad económica de cientos de miles de pensionados del sector energético de México.
Los extrabajadores temen que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reduzca los montos y establezca un tope equivalente al salario presidencial, estimado en unos 133 mil pesos mensuales, sueldo neto tras deducciones por impuestos y otras retenciones.
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La organización cobró fuerza luego de que el gobierno federal exhibiera casos de trabajadores que presumiblemente reciben “pensiones exorbitantes” y advirtiera que se analiza modificar el esquema de pensiones en las empresas del sector energético.
La revisión podría afectar a casi 214 mil pensionados de Pemex, CFE y LyFC, si considera a empleados de confianza y sindicalizados. Al no quedar claro el alcance de la propuesta presidencial, los jubilados de Pemex han comenzado a mantener reuniones con firmas de abogados en busca de una estrategia para defender sus pensiones.
Animal Político tuvo acceso a una reunión en la que, vía Zoom, participaron más de 100 extrabajadores de Pemex. A petición de los propios pensionados, se reservan los nombres de quienes intervinieron.
“Ya sabíamos que venía algo así, porque desde dentro de la empresa nos han alertado sobre los cambios que quieren hacer”, dijo uno de los asistentes en el encuentro del viernes 29 de agosto con el abogado Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan & Roma Abogados y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
¿Qué preocupa a los pensionados de Pemex?
Los pensionados tomaron la palabra para expresar sus inquietudes en la reunión. Uno de ellos advirtió: “el movimiento adquiere cada vez más peso. Somos cientos, miles, quienes vamos a defender nuestros ingresos, si es necesario saliendo a las calles a protestar.”
Otro aseguró que ya existen acciones legales en curso: “a mí me han informado que ya hay muchas demandas de distintos despachos.”
Las preocupaciones personales también estuvieron presentes. “Mi esposa y yo salimos por problemas con la empresa y con un porcentaje de jubilación inferior al 100 %. Nuestra preocupación es que, además de tener una pensión incompleta, nos la van a recortar más.”
El temor al recorte se repitió en varias intervenciones. “Se empezó a manejar la idea de que solo afectaría a directores de Pemex, pero la respuesta es no, aunque no sabemos la magnitud del golpe.”
Algunos expresaron inquietud ante posibles cambios legales: “preocupa que, si es necesario, puedan cambiar la Constitución”. Hubo cuestionamientos a la independencia del Poder Judicial: “ahora tenemos el problema de que el sistema judicial está en sus manos. No nos van a salvar los jueces del Bienestar.”
¿Qué dice el paquete económico 2026 sobre las pensiones?
El proyecto de paquete económico para el ejercicio fiscal 2026, entregado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora al Congreso de la Unión, indica que el esquema de pensiones que rige a Pemex y la CFE, no será ajustado a la baja en el corto plazo.
El gobierno federal propone un aumento de 10.1 % en Pemex y 5.4 % en la CFE. En el caso de la petrolera el monto destinado a extrabajadores, tanto de confianza como sindicalizados pasará de 83 mil 827.6 millones de pesos contemplados en 2025 a 92 mil 333.4 millones en 2026. Se trata de un aumento de 8 mil 505.8 millones de pesos en el gasto de pensiones.
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En la CFE, los recursos etiquetados para el pago de pensiones y jubilaciones de 54 mil 217 extrabajadores aumentará de 64 mil 337.8 millones de pesos a 67 mil 841.7 millones. Es decir, se propone canalizar 3 mil 503.9 millones más para este concepto.
Ahora corresponde al Poder Legislativo revisar y enriquecer el paquete económico de 2026 que incluye la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y es aquí donde podrían registrarse cambios a la propuesta de aumento en el gasto a pensiones de Pemex y CFE.
Cambios en las jubilaciones: ¿por decreto o reforma constitucional?
El abogado Rodolfo Martínez dijo que, aunque Morena tiene mayoría en el Congreso de la Unión, no puede modificar las jubilaciones mediante una reforma constitucional de manera retroactiva.
Aclaró que un eventual decreto solo aplicaría para quienes se retiren después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya que la ley no puede ser retroactiva y “si lo hacen, tendremos que recurrir a instancias internacionales”, advirtió.
Agregó que se debe esperar a conocer en qué términos se presentará el decreto o la reforma constitucional, pues podría entrar en vigor de inmediato o aplicarse hasta el ejercicio fiscal de 2026, dado que las pensiones de este año ya están garantizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
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El abogado advirtió que lo que pretende el gobierno es anticonstitucional y subrayó que el fondo de la discusión es serio: “aquí se juegan su patrimonio, su economía y su libertad, porque es el derecho de todos los servidores públicos a un retiro digno. Es el derecho a descansar y a reconstruir sus vidas.”
También consideró “irónico que quieran recortar un derecho garantizado por la Constitución, que permite pagar hipotecas, tener un respaldo sólido, acceso a la salud, algo que nunca se había visto en el país”.
Las pensiones, un derecho garantizado por la Constitución
Ramses Pech, analista del sector energético y socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects, firma especializada en temas de energía, sostuvo que no es correcto homologar la pensión de extrabajadores que dedicaron 30 o 40 años de su vida a las empresas estatales con el salario de alguien que apenas lleva un año en el cargo y cuyo tope, además, fue fijado por decreto o por criterios de austeridad financiera.
Es necesario recordar que la pensión es un derecho garantizado por la Constitución, concebido para asegurar un retiro digno tras años de servicio. Se trata de un principio constitucional que representa un respaldo económico tanto para los trabajadores como para sus familias.
Incluso si la reforma busca ajustar las pensiones solo de ex empleados de confianza, no debe perderse de vista que muchos no ocuparon cargos directivos, sino que estuvieron expuestos a riesgos o accidentes. Es importante dejar claro que hay jubilados tanto de oficina como de campo, señaló el especialista.
Por eso, dijo, debe cuidarse a todos por igual, pues haber entregado más de 60 % de su vida a estas empresas —en especial a la industria petrolera— merece ser reconocido con una pensión justa.
Pech recordó que los funcionarios de alto nivel de Pemex van del nivel 36 al 48, este último correspondiente al director general, quien percibe un salario neto de 134 mil 347 pesos, de acuerdo con el tabulador de sueldos y salarios que la empresa reporta en la Plataforma Nacional de Transparencia.
De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad 2024 de Pemex, 12 mil 637 funcionarios de alto nivel se encuentran en ese rango de categorías en el tabulador general.
En contraste, los restantes 117 mil trabajadores petroleros se ubican en las categorías 8 a 35, con salarios ordinarios diarios que van de 316.24 a 827.22 pesos, según el Contrato Colectivo de Trabajo vigente 2023-2025.
¿Altas pensiones sólo para funcionarios de primer nivel?
Aunque algunos extrabajadores de la CFE y de Pemex tienen pensiones por arriba de los 300 mil o 200 mil pesos mensuales, también hay quienes ganan más de 100 mil pesos sin que hayan sido funcionarios de alto nivel.
El socio de la firma Trusan & Roma Abogados mencionó los nombres y los montos de la pensión que reciben algunos ex trabajadores tanto de Pemex como de la CFE.
Víctor Manuel Fernández, coordinador Regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) con 502 mil pesos; Raúl López García, también coordinador Regional del SUTERM, 365 mil pesos; José Domingo Vázquez Hernández, coordinador Regional del SUTERM con 362 mil pesos; y José Benjamín Cárdenas, subgerente de la planta nuclear de Laguna Verde, 343 mil pesos.
En Pemex, añadió el abogado, están Roberto Ramírez Soberón, que fue director de Gas y Petroquímica con 273 mil pesos mensuales; Marcos Ramírez Silva, también director de Gas y Petroquímica, con 273 mil pesos; José Antonio Escalera, director de Exploración de Pemex Exploración y Producción, con 262 mil pesos; Juan Javier Hinojosa, director de Pemex Exploración y Producción, 262 mil pesos; y, Gustavo Hernández García con 262 mil pesos mensuales.
Pensiones exorbitantes: Raquel Buenrostro
El pasado 29 de agosto la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, afirmó que las pensiones en Pemex y la extinta LyFC “son exorbitantes comparadas con la actual situación del Gobierno y derivan de administraciones anteriores”.
Refirió que el padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro es de 14 mil 73 personas, por las cuales se pagan 28 mil 74 millones de pesos anuales.
La funcionaria federal explicó que 9 mil 457 extrabajadores, el 67 % del total, reciben una pensión que va de 100 mil a un millón de pesos mensuales, de los cuales 3 mil 504 tienen una jubilación superior al sueldo neto mensual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A los jubilados el gobierno les subsidia el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con recursos públicos que ascienden a 2 mil 367 millones de pesos, añadió Buenrostro, luego de precisar que los jubilados de LyFC reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional.
En Pemex, sostuvo, el padrón de jubilados pertenecientes al régimen de confianza es de 22 mil 316 personas, por las cuales se paga un monto anualizado de 24 mil 844 millones de pesos. Aproximadamente 15 de esas personas obtienen más de 340 mil pesos mensuales.
De acuerdo con los datos recabados por la funcionaria, un total de 544 personas pensionadas de Pemex reciben montos superiores a lo que gana la presidenta de la República. En 618 casos la pensión supera la percepción del director de Pemex y en mil 96 el monto anual bruto máximo establecido en el tabulador salarial vigente de Pemex. Esos pensionados reciben hasta 39 veces más que el promedio nacional.
¿Sí hay pensiones superiores al salario de la Presidenta?
Animal Político revisó de manera aleatoria el listado oficial de jubilados y pensionados de Pemex y la CFE reportados al primer semestre de 2025 en la Plataforma Nacional de Transparencia, y confirmó que sí existen extrabajadores que perciben más que la presidenta de México.
En Pemex se identificaron al menos tres empleados con pensión mensual de 195 mil 885 pesos; uno con 188 mil 119 pesos; y 23 cuyos montos van de 184 mil 17 a 170 mil 221 pesos mensuales.
También se registraron casos de pensiones equivalentes a 3.8 y 9.3 veces el salario mínimo vigente: mil 062.86 pesos por invalidez de riesgo no profesional y 2 mil 604.69 por convenio especial, respectivamente.
Según la Plataforma Nacional de Transparencia, Pemex tiene 145 mil 660 jubilados al primer semestre de 2025, cuya cobertura de salarios y prestaciones costará 83 mil 827 millones de pesos en el año, un promedio de 575 mil 502 pesos por pensionado.
En la CFE, al menos dos jubilados perciben 315 mil 232.68 y 259 mil 521.36 pesos mensuales. La empresa reporta una plantilla de 93 mil 79 trabajadores activos: 74 mil 140 permanentes, 15 mil 233 temporales y 3 mil 273 eventuales.
Además, tiene 54 mil 217 jubilados, lo que representa el 58.2 % de todos sus trabajadores. Para cubrir salarios y prestaciones de estos ex empleados, la CFE tiene comprometidos 64 mil 338 millones de pesos en 2025.
Pemex: ¿el problema son los montos de las pensiones?
El fondo del problema no son las pensiones que superan el salario de la Presidenta, sino el pasivo laboral que arrastra Pemex, es decir, la proyección de sueldos y prestaciones a futuro. Año tras año, algunos trabajadores cumplen con las condiciones para acogerse a la jubilación, apuntó Pech.
Explicó que además de los 145 mil 660 pensionados que reporta la petrolera, al cierre del año pasado 28.7 % de su plantilla laboral tenía más de 50 años de edad, lo que los convierte en potenciales jubilados: 31 mil 786 hombres y 11 mil 437 mujeres, un total de 43 mil 223, según datos del Informe de Sostenibilidad de Pemex 2024.
La Cláusula 134 del Contrato Colectivo de Trabajo de Pemex estipula que para alcanzar el beneficio de la jubilación se deben cumplir algunos requisitos, como tener una antigüedad de 15 años; acreditar 25 años de servicio y 55 de edad; una edad mínima de 60 años por vejez; y 65 años por incapacidad.
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Aunque las pensiones están garantizadas en los paquetes presupuestales anuales, en el caso de Pemex ese pasivo laboral asciende a un billón 232 mil millones de pesos, hasta el primer semestre de este año.
Otro problema es que el número de jubilados supera en 15 mil 649 a los trabajadores activos: por cada trabajador que mantiene operando a la empresa hay 1.1 pensionados.
En la CFE el pasivo laboral asciende a 442 mil 224 millones de pesos. Es decir, entre Pemex y CFE tienen compromisos futuros con pensionados que superan un billón 674 mil millones de pesos, una suma de dinero que tiene que irse comprometiendo anualmente en los presupuestos aprobados por el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Frente a esta situación, los pensionados de Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro refuerzan su organización y buscan asesoría legal para defender el sustento que les garantiza una vida digna tras años de servicio, así como para “tomar decisiones correctas, porque de otro modo, amigas y amigos…”, como expresaron en su reunión vía Zoom.
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Cinco países de la región tienen cita en las urnas para elegir presidente en este año nuevo, incluidas dos de las mayores democracias latinoamericanas y hay indicios de que Trump podría intentar incidir otra vez en las urnas latinoamericanas.
Cinco países de América Latina prevén elegir a sus presidentes en 2026, incluidas dos de las tres mayores democracias de la región por número de habitantes: Brasil y Colombia.
Se espera que, en estos dos casos, los comicios se celebren bajo una fuerte polarización política y definan el poder que mantendrá a nivel continental la izquierda, que hoy gobierna desde Brasilia y Bogotá.
Pero esta vez una pregunta adicional sobrevuela las urnas latinoamericanas: ¿cuánto podrá influir en ellas una figura ajena a la región como el presidente de Estados Unidos?
Donald Trump demostró a lo largo de 2025 su voluntad de volcar el peso de su investidura (y del Tesoro de EE.UU.) en votaciones a lo largo del subcontinente.
Lo hizo en las legislativas de Argentina y en las presidenciales de Honduras, al apoyar a fuerzas de derecha y advertir que EE.UU. cortaría su ayuda financiera a esos países si las mismas eran derrotadas.
En ambos países, así como en Ecuador con la reelección del presidente Daniel Noboa en abril, las opciones respaldadas por Trump ganaron.
“A un nivel sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría, el gobierno de Trump y el propio presidente han puesto su dedo en la balanza para influir en los resultados electorales y los procesos políticos en América Latina”, dice Cynthia Arnson, una experta sobre la región en la Universidad Johns Hopkins de EE.UU., a BBC News Mundo.
Al comenzar el año nuevo, ya hay indicios de que Trump podría intentar incidir otra vez en las urnas latinoamericanas.
La duda, en todo caso, es si seguirá en racha favorable.
Las primeras del año
Además de Brasil y Colombia, está previsto que Costa Rica, Perú y Haití elijan presidentes y legisladores en 2026.
La primera de esas citas electorales es en el país centroamericano el 1º de febrero, cuando los costarricenses deberán escoger, además de a su jefe de Estado y dos vicepresidentes, a los 57 miembros de la Asamblea Legislativa.
Si ningún candidato presidencial supera el 40% de los votos en esa instancia, habrá una segunda vuelta el 5 de abril entre los dos más votados.
Calendario electoral de América Latina en 2026
Costa Rica: elecciones presidenciales y legislativas el 1º de febrero; eventual balotaje presidencial el 5 de abril.
Perú: elecciones presidenciales y legislativas el 2 de abril; eventual balotaje presidencial el 7 de junio.
Colombia: elecciones legislativas el 8 de marzo; primera vuelta de las presidenciales el 31 de mayo; eventual balotaje presidencial el 21 de junio.
Haití: elecciones generales el 30 de agosto; eventual balotaje presidencial el 6 de diciembre.
Brasil: Elecciones generales el 4 de octubre; eventual balotaje presidencial el 25 de octubre.
Los de Costa Rica tal vez también sean los primeros comicios con polémica del año en la región: el Tribunal Supremo de Elecciones pidió levantar el fuero del presidente, Rodrigo Chavez, por presunta intervención indebida en el proceso electoral, pero el legislativo bloqueó esa solicitud en diciembre.
Chaves, que niega haber actuado de forma incorrecta y tiene prohibida la reelección, goza de buenos índices de aprobación que pueden favorecer a la candidata de su partido para sucederlo, su exjefa de gabinete Laura Fernández.
La exprimera dama de centroizquierda Claudia Dobles, el diputado de ultraderecha Fabricio Alvarado en su tercer intento, y el exjefe de la caja de seguridad social Álvaro Ramos figuran entre otros posibles contendientes por la presidencia costarricense.
En Perú, una extraordinaria fragmentación política hace que las elecciones del 2 de abril sean impredecibles.
Hay un récord de al menos 34 candidatos inscritos para intentar ser el noveno mandatario peruano en una década. Y por ahora ninguno de ellos superaría la mitad de los votos en primera vuelta, según las encuestas, por lo que es probable que haya un balotaje presidencial el 7 de junio.
Entre los aspirantes figuran el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declarado simpatizante de Trump, y la derechista Keiko Fujimori, en su cuarto intento por alcanzar el cargo que ocupó su padre, Alberto Fujimori, fallecido en 2024.
Pero en Perú también prevén postularse a la presidencia desde un comediante hasta un exarquero de fútbol.
Y, en un clima de fuerte apatía política, con la seguridad pública al tope de las preocupaciones de los peruanos, quizás elijan a un virtual desconocido como ocurrió en 2021 con el maestro y sindicalista Pedro Castillo, quien al año siguiente fue destituido y detenido acusado de intentar un autogolpe de Estado.
Dos retos para la izquierda
En Colombia, el ciclo electoral de 2026 promete ser extenso y acalorado: el 8 de marzo son los comicios legislativos y las consultas interpartidistas para seleccionar candidatos presidenciales, el 31 de mayo la primera vuelta por la presidencia y, si nadie supera la mayoría absoluta de votos, habría un balotaje el 21 de junio.
Se perfilan dos bloques bien marcados, cada uno con varios precandidatos presidenciales.
Uno está vinculado al oficialismo de izquierda (con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero como posibles postulantes) y otro a la oposición de derecha (con Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia entre los precandidatos).
Sin embargo, pueden surgir más competidores por la presidencia de figuras como el centrista Sergio Fajardo, el conservador Miguel Uribe (padre del senador homónimo asesinado el año pasado), la exalcaldesa progresista Claudia López o el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.
A la seguidilla de votaciones se añade la iniciativa impulsada desde el gobierno de Gustavo Petro de recolectar firmas para llamar a una asamblea constituyente, lo cual podría dar un envión extra a la izquierda en plena campaña electoral y es visto con recelo por la oposición.
Petro, que tiene vedada la reelección, registra altos índices de desaprobación, pero mantiene una base de respaldo firme de cerca de un tercio del electorado. Y ambos datos podrían incidir en la definición de su sucesor.
Luego de las elecciones colombianas y antes de las brasileñas, Haití prevé celebrar sus primeros comicios en casi una década, en medio de una crisis humanitaria y la descomunal violencia desatada por bandas armadas.
El Consejo Electoral Provisional del país caribeño marcó el 30 de agosto para la primera vuelta y el 6 de diciembre para un posible balotaje. Pero advirtió que deberá haber un marco de seguridad y recursos financieros: sin esos requisitos, es probable que las elecciones haitianas vuelvan a postergarse.
En Brasil, la polarización política de cara a las elecciones del 4 de octubre es tal que una publicidad reciente de la marca de chanclas Havaianas llevó a un llamado de boicot de la derecha porque invitaba a iniciar el 2026 “con los dos pies” y no sólo “con el pie derecho”.
Todo indica que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará ser reelecto en una posición de ventaja frente a la derecha, que llega golpeada y dividida tras la condena en septiembre del exmandatario Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro indicó como precandidato presidencial a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. Pero esto parece lejos de convencer a todo el espectro de derecha, donde se barajan posibles alternativas de postulantes como los gobernadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Ratinho Junior (Paraná) o Romeu Zema (Minas Gerais).
“Por los números actuales de las encuestas, esa división podría llevar a una victoria de Lula en la primera vuelta, sin precisar de un balotaje (previsto para el 25 de octubre). Eso sería inédito: las tres veces que Lula fue electo presidente, ganó en segunda vuelta”, dice el politólogo brasileño Maurício Santoro a BBC Mundo.
Pero recuerda que Lula cumplió 80 años en octubre, es el presidente de mayor edad en la historia de Brasil y, si bien parece gozar buena salud, cualquier eventual percance o enfermedad que le impida competir otra vez dejaría a la izquierda sin un candidato natural para sucederlo.
Una derrota del oficialismo en Brasil o Colombia dejaría a la izquierda latinoamericana aún más debilitada tras una reciente serie de triunfos conservadores en la región, el último de ellos del ultraderechista chileno José Antonio Kast el mes pasado para suceder al presidente izquierdista Gabriel Boric.
El factor Trump
Una de las claves por las que Lula logró revertir una caída en sus índices de aprobación el año pasado fue su fuerte enfrentamiento con Trump, observan expertos.
El presidente de EE.UU. impuso en julio aranceles y sanciones a Brasil para intentar detener el juicio contra su aliado Bolsonaro, pero Lula respondió que el suyo “es un país soberano con instituciones independientes que aceptará ser controlado por nadie”.
Al final, Bolsonaro fue preso, Trump y Lula hicieron las paces y EE.UU. desistió de buena parte de los aranceles productos de Brasil, cuyo presidente se presentó como defensor de los intereses nacionales.
“Brasil hoy es una gran paradoja”, observa Santoro. “Tal vez sea el único país del mundo donde Trump terminó amistándose con un presidente de izquierda y su interferencia en la política brasileña terminó beneficiando a un gobierno de izquierda”.
Por eso, quizás Trump busque influir en otros comicios de la región antes que en las brasileñas.
“De las elecciones que se celebrarán en 2026 en la región, ninguna es más trascendental que las de Colombia y Brasil”, observa Arnson desde EE.UU. “Ya hay indicios sutiles y no tan sutiles de apoyo del gobierno (de Trump) a la derecha colombiana”.
EE.UU. ha sancionado a Petro por presunta falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, algo que el presidente colombiano rechaza enfáticamente.
El pulso con Trump puede tener riesgos para Petro: el principal socio comercial de Colombia sigue siendo EE.UU. y cuatro de cada cinco colombianos cree importante que su candidato presidencial tenga buenas relaciones con Washington, según una encuesta reciente de Invamer.
Sin embargo, aún está por verse que efecto causaría Trump si decidiera apoyar abiertamente una opción electoral en ese u otros países de la región este año, como hizo con Argentina y Honduras en 2025.
Al menos en el caso de Colombia, advierte Arnson, “la interferencia política (de Trump) podría provocar una reacción adversa, tal como ocurrió en Brasil”.
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