Mogótavo: un siglo de resistencia contra el despojo en Chihuahua
Para entender mejor
Cuentan las crónicas que en 1919, en plena Revolución, llegó a Mogótavo, en Chihuahua, un hombre llamado Tirso Loya, que compró un rancho de dos hectáreas por una botella de aguardiente. Al año siguiente, la propiedad fue adquirida por Indalecio Sandoval, quien durante la reforma agraria, en la década de 1930, logró que el gobierno declarara “inafectables” sus tierras, que ya habían aumentado a mil 500 hectáreas. Así se concretó el despojo a los rarámuris de su territorio ancestral.
La comunidad de Mogótavo, con alrededor de 400 habitantes, se ubica en el municipio de Urique, a 44 kilómetros del pueblo mágico de Creel. Sus habitantes son rarámuri, con una forma de vida seminómada, pues subsisten tanto de la agricultura —principalmente de la siembra del maíz— como de la cría de ganado; son capaces de recorrer largas distancias en un territorio de montañas escarpadas y profundas barrancas, y tienen también un amplio conocimiento de las plantas medicinales. Cuentan con tres siríame (gobernadores) que se encargan de mediar en los conflictos internos y son elegidos en asambleas.
Localizada en una zona codiciada por su gran atractivo turístico, cerca de la comunidad se encuentra una estación del famoso tren de pasajeros Chepe —que atraviesa la Sierra Tarahumara—, conocida como Divisadero, un espectacular mirador a las barrancas del Cobre, Urique y Tararecua. Este paisaje ha sido invadido por hoteles de lujo y por el Parque Aventura, que entre sus atractivos incluye uno de los teleféricos más largos del mundo.
Por su organización y resistencia, que les ha permitido ganar luchas jurídicas y sociales, Mogótavo se ha convertido en un ejemplo para otras comunidades indígenas. Tras décadas en que sus tierras fueron entregadas a familias mestizas y se realizaron numerosos proyectos sin consultarlos, en 2016 lograron ser indemnizados por la instalación de un gasoducto que cruzaba sus montes, y en 2024 derrotaron por la vía penal a políticos y empresarios que buscaban expulsarlos de su hogar, debido a que no cuentan con documentos que los acrediten como dueños del territorio. A finales del siglo XIX, el etnógrafo noruego Carl Lumholtz documentó la presencia de rarámuris en la zona, y desde un par de centurias antes habían sido objeto de la labor evangelizadora de los jesuitas, que fundaron cerca de treinta misiones en la Tarahumara.
“Ese es el gran problema de Mogótavo y de muchas otras comunidades de la Sierra Tarahumara. Aunque se tiene registro de que Mogótavo está habitado por familias rarámuri desde hace más de cien años, los títulos de propiedad del territorio están en manos de familias mestizas que no viven ahí”, dice Carlos González, rarámuri y periodista del medio independiente Raíchali.
Las cicatrices del gasoducto
En rarámuri, gasoducto no tiene traducción, pero las áridas cicatrices de 25 metros de ancho que su construcción deja en el territorio son bien conocidas por los pobladores de Mogótavo. En 2014 comenzaron a ver banderines sobre caminos de tierra ya trazados; después supieron que, dos años antes, el Gobierno federal contrató a la compañía TransCanada (hoy TC Energy) para la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo, que transportaría 679 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente desde Texas a Sinaloa.
El gasoducto debía atravesar 572 kilómetros de la Sierra Tarahumara, lo que implicaba cruzar montes, siembras, ríos y barrancos. Un territorio, además, que no estaba despoblado, sino habitado por los rarámuris. Para instalarlo, debieron talar cientos de pinos.
Mogótavo y la cercana comunidad de Bosques de San Elías Repechique, en el municipio de Bocoyna, interpusieron amparos en 2014 que obligaron a TransCanada a detener la construcción y realizar un proceso de consulta a las comunidades indígenas —como lo establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México—, que retrasó varios meses el megaproyecto.
Durante la Semana Santa rarámuri, que se prolonga ocho días con danzas regidas por el ritmo de los tambores, en Mogótavo se pintan la cara de blanco y se ponen plumas en la cabeza para representar el bien, o portan una gorra con forma de cono y un palo largo con punta de fierro si quieren personificar el mal. Esos días de 2014, en plena celebración, se dieron cuenta, por el ruido de las excavadoras y el martillo hidráulico, que la empresa no había respetado la pausa para la consulta.
“Los meros días de Semana Santa pues es cuando empezaron ellos a trabajar, que derribaron. Este el bosque que había ahí en ese trazo que tenían y también la parte, pues, de maquinaria que entró para hacer la limpieza de toda el área ahí”, recuerda Miguel Manuel Parra, líder rarámuri y director de la organización civil Awé Tibúame de Mogótavo, quien estudió contabilidad y derecho para lograr una mayor incidencia de las decisiones de la comunidad.
Cuando los pobladores se acercaron a los trabajadores para pedirles que pararan la construcción, parte del daño estaba hecho: “ya habían abierto un camino ancho que pasaba por encima del monte, un camino donde ya no había pinos ni encinos”, dice Carlos.
Para ahorrarse el conflicto, la empresa ofreció 10 mil pesos por persona a la comunidad, pero no aceptaron, exigieron el respeto a la consulta. La construcción ya estaba avanzada al 50 %, pero aún podían negociar el paso por su territorio.
Como parte del proceso de consulta acudieron representantes de TransCanada y de su filial en México, Transportadora de Gas Natural del Noroeste, también de la Comisión Federal de Electricidad, y los pobladores comenzaron a organizarse para definir cómo proteger el territorio.
“Son fases, ¿no?”, recuerda Miguel Manuel sobre la consulta. “La primera es cómo ponerse de acuerdo; ahí es informativa. Ya de ahí, pues, es la fase deliberativa; la comunidad empieza a juntarse y ver, y pues también tienen que venir los técnicos y todos los que tienen que darnos información en videos y todo”.
“Nosotros exigimos lo justo”, agrega, “pues se discutía sobre los riesgos que tenía esa obra, si podía haber una explosión, o si caía un rayo, y pues esa parte se iba a quedar así por la afectación, ahorita no tiene vegetación, no pueden crecer pinos, solamente arbustos”.
La consulta significó para la empresa pérdidas millonarias. Finalmente, TransCanada accedió a indemnizar a Mogótavo y a otras comunidades por el daño ambiental y por violar su derecho a la consulta. Para los pobladores fue una “pequeña victoria” haber podido concretar la reparación, debido a que no figuraban como propietarios del terreno.
“Mogótavo tenía la experiencia de su lucha histórica por el reconocimiento de su territorio, lo que los ha hecho madurar para trabajar en colectivo”, dice Carlos. “Todos los acuerdos se tomaron en asamblea”.
Ya con el dinero del fideicomiso, pensaron en cómo gastarlo. Enrique Manuel Parra, uno de los siríame de la comunidad, cuenta que llegaron a la conclusión de que, si lo repartían, no quedaría nada, y lo importante era invertirlo en proyectos que beneficiaran a los pobladores, fortalecieran su cultura y les ayudaran a construir un mejor futuro. “Y así es como se hizo”. Parte del dinero fue para la escuela Rebelión del Tarahumara, que permite a las niñas y niños continuar con sus estudios.
En noviembre de 2016, constituyeron la asociación civil Awé Tibúame, integrada únicamente por rarámuris, como una herramienta para consolidar su unidad y sus luchas. Anteriormente, los asesoraba una asociación civil, pero sentían que quería imponer sus ideas y tomar decisiones sin consultarles. En asamblea, decidieron expulsarla y no aceptar personas externas que pudieran poner en peligro los procesos comunitarios.
Abé Tibúame es un instrumento de la asamblea. Su figura legal les ha permitido acceder a fondos, y organizar talleres —sobre temas como derechos de los pueblos indígenas y delitos ambientales— y actividades que acerquen a los habitantes, ya que en la Tarahumara es común que las casas se ubiquen a kilómetros unas de otras, e incluso a una hora (o más) de distancia.
“La historia es la que nos lleva, quienes no tienen conciencia de dónde vienen y a dónde van, crean conflictos en el interior y en ellos mismos. […] Ver los errores que tengan en otras partes, es ir viendo la historia de qué pasó para saber qué no debemos hacer. Eso nos da la fortaleza”, afirma el director de Awé Tibúame, nombre que significa “águila real, vigilante”.
En asamblea, las mujeres dijeron que querían juntarse a coser, pero no querían trabajar con máquinas, sino hacerlo a mano, de forma tradicional. Así nació Muki Súmi (“Mujer que Hila”) en junio de 2018, un colectivo de costureras rarámuri que ha logrado financiamiento para equipar su taller, en el que crean prendas tradicionales —blusas, faldas, vestidos— y también conservas.
Derechos ignorados
Apenas hace una generación, recuerdan los pobladores, aún se podían ver cóconos, búhos, ardillas, lagartijas y serpientes en la sierra, e incluso algunos venados entre los pinos.
El crecimiento de los poblados mestizos, la infraestructura turística, la tala y la minería fueron acabando con la fauna local. Y en algunas zonas se advierten en las montañas áreas sin vegetación, debido a que los árboles fueron talados.
Luis González Rivas, uno de los siríame de Mogótavo, vio cuando el Chepe llegó por primera vez al lugar en 1961, lo que detonó el turismo en la zona. De cada tren bajaba gente que les tomaba fotos vendiendo sus artesanías, o les llamaban la atención las faldas anchas y los blusones de colores de las mujeres. Luego construyeron un primer hotel con vistas a la barranca, y finalmente la carretera, pero nunca consultaron al pueblo rarámuri, solo a quienes tenían los títulos de propiedad: ejidatarios mestizos y empresarios turísticos.
En 1980, la comunidad de Mogótavo solicitó a las autoridades agrarias que la dotaran de tierras para constituir un ejido, pero en 1982 la petición fue rechazada porque el territorio que reclamaban ya había sido heredado por Indalecio Sandoval a sus hijos Efraín, Indalecio y Leopoldo, y en los siguientes veinte años lo recibirían sus nietas Odile e Ivonne.
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A diferencia de otros pueblos originarios, como los lacandones, los mayos y los yaquis, los rarámuri no han sido reconocidos como dueños de su territorio. Para Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), esto se debió a que las tierras indígenas en Chihuahua fueron acaparadas por particulares y por gobiernos que las repartieron a ejidatarios, o simplemente las declararon como propiedad de la nación. Influyó, para lograrlo, la geografía de la Tarahumara y la naturaleza organizativa de los pueblos rarámuri, ódami o tepehuanes, pimas u o’oba, y warihó, que son seminómadas y viven dispersos geográficamente.
En 2009, Odile Sandoval vendió 154 hectáreas de Mogótavo en más de 2 millones de dólares a cinco políticos y empresarios priistas: Ricardo Orviz Blake, exdiputado local; Omar Bazán Flores, expresidente del PRI estatal; Jesús Alberto Cano Vélez, exlegislador por Sonora, y Ricardo Valles Alvelais y Agustín López Dumas —falllecidos en 2015 y 2024, respectivamente—, como ha documentado Raíchali.
Según medios locales, entre sus planes estaba construir un hotel con paredes de cristal y un campo de golf en el centro de la población, donde se ubican el salón de reuniones de la asamblea comunitaria, la escuela bilingüe Rebelión del Tarahumara, una clínica, un comedor comunitario y el taller de Muki Súmi.
En 2021, una jueza de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial Benito Juárez citó a los tres gobernadores de Mogótavo —Luis González Rivas, Enrique Manuel Parra y Bertha Cruz Moreno—, tras ser acusados, junto con otros trece habitantes —cuatro ya fallecidos— de despojo agravado por los compradores, liderados por Orviz Blake.
El litigio continuó hasta que, en junio de 2024, el juez de control Mariano Armando Durazo Peregrino ordenó archivar el caso al considerar que no puede haber despojo, pues el pueblo rarámuri, representado por los acusados, “ejerce la posesión desde tiempos ancestrales sobre el territorio objeto del delito imputado”.
Este fallo fue confirmado en diciembre del mismo año por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, al determinar que, aunque no exista un documento registrado a nombre de Mogótavo en el Registro Agrario Nacional, “no menos cierto es que, tratándose de comunidades étnicas, sus miembros desconocen trámites legales respecto a su inscripción, asignación de nombre, títulos de propiedad, entre otras cuestiones, y no por ello se debe desconocer su existencia”.
Una vez resuelto el litigio penal, aún enfrentan juicios por la vía civil y agraria, que están en proceso.
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Mogótavo lleva años en la resistencia. La lucha y la unión de sus habitantes, y la labor de Awé Tibúame han convertido esta comunidad en referente para otras poblaciones.
Apenas el pasado 17 de mayo, como parte del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó al pueblo de Mogótavo 317.9 hectáreas de las mil 500 que exigen les sean restituidas. Es una fracción del predio denominado Mesa de la Barranca, hoy Cinco Hermanos, que era propiedad de Odile Sandoval, nieta del dueño original. Fue la única que aceptó vender sus tierras al Estado, que a su vez entregó las escrituras en propiedad comunal a los rarámuri.
“Lo que hacemos hoy de regresar tierras a los pueblos indígenas, a darles la tierra que siempre fue de ustedes, lo que hacemos es […] reivindicar una justicia histórica”, les dijo Sheinbaum, dando la razón a sus años de reclamo, aunque para las comunidades las amenazas de despojo continúan.
“Yo lo veo [a Mogótavo] como un árbol muy grande, con raíces muy hondas”, dice Ernesto Vecin, un joven de la comunidad. “Va a estar muy difícil que tumben ese árbol tan grande, lo que hemos construido, y pues somos pura familia aquí nosotros”.
Esta historia está basada en el pódcast “Chihuahua: El vuelo de la resistencia de la comunidad rarámuri”, cuya investigación y guion fueron realizados por la comunidad de Mogótavo y el equipo del medio independiente Raíchali. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.
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Sobrevivientes al ataque de EU en Venezuela que condujo a la captura de Nicolás Maduro cuentan sus testimonios. Rosa González murió por el impacto de un misil estadounidense en su casa.
Eran las 2:00 de la mañana cuando un proyectil cayó en su departamento. “La onda explosiva me tiró contra la pared”, recuerda Wilman González.
Tirado en el suelo, abrió los brazos mirando al cielo y se despidió: “Dios, perdona todos mis pecados”.
En ese instante, recuerda, “sentí que había muerto”. Momentos después se dio cuenta que tenía enterrada en su cara una astilla de madera que se había desprendido de la puerta.
“Como pude me la saqué y fui a atender a mis hermanos que estaban aturdidos por el impacto”, cuenta a BBC Mundo el electricista de 54 años.
Aún con el pómulo derecho morado, apenas puede creer lo que le pasó a él y su familia este 3 de enero, cuando las fuerzas militares estadounidenses atacaron Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Wilman vivía en el Bloque 12, un antiguo edificio ubicado muy cerca de una importante base militar de Venezuela, la Academia de la Armada Bolivariana, en la ciudad costera Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 35 kilómetros por carretera de Caracas.
Habitado principalmente por personas de edad avanzada en un barrio popular, el Bloque 12, o lo que queda de él, es ahora un símbolo de uno de los mayores acontecimientos ocurridos en la historia reciente de Venezuela: el bombardeo de Estados Unidos ordenado por el presidente Donald Trump.
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Mientras Maduro permanece detenido en una cárcel de Nueva York acusado por cargos relacionados con narcoterrorismo, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, es quien asumió esta semana las riendas del país bajo la tutela de EU.
Según el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, la operación causó la muerte de unas 100 personas, incluyendo civiles y militares.
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“Ella empezó a gritar: ‘Ay, me duele, me duele el brazo’ (…). Había una lavadora encima de ella. Una lavadora que con el impacto voló y le cayó encima”, cuenta su sobrino que, con dificultad, logró sacarla y sentarla en una silla.
Fue en ese momento cuando la mujer le dijo que no podía respirar.
Desesperados, los familiares llevaron a Rosa González a un hospital donde recibió atención médica de urgencia. Pero pese a todos los esfuerzos, fue demasiado tarde.
Con el ataúd semi abierto para decirle adiós, dos días después del bombardeo, familiares y amigos velaron a Rosa en una pequeña capilla de paredes blancas frente a una estatua de Jesucristo en la cruz.
Wilman, que por ahora está viviendo en la casa de un cuñado, se para frente al que alguna vez fue su hogar y mira los escombros sin explicarse lo que pasó. “Mira cómo quedó… No es justo, no es justa esta vaina”, dice profundamente molesto, mientras señala los restos del Bloque 12.
“La parte más grande del proyectil quedó en el cuarto de mi tía”.
Los restos del misil estadounidense, cuenta, se los llevó el gobierno. Pero el trauma de la experiencia se queda. “Estamos asustados, nosotros nunca hemos estado en una guerra”, cuenta desconsolado.
“Señores, ¡no a la guerra, no a la guerra!. La guerra no hace falta, lo que hace falta es comer, vivir”, grita con rabia frente al edificio. Lo único que hay frente a sus ojos son paredes demolidas, vidrios quebrados, trozos de objetos personales, y los restos de una vida que nunca volverá a ser como antes.
Su vecino, Jorge Cardona, de 70 años, estaba en la sala de su departamento cuando cayó el misil.
De repente, sintió un ruido y luego vino el impacto. “Escuché la explosión y la llamarada de candela y todo voló”.
Quedó tirado en un pasillo. “La pared del vecino se vino para mi casa y se llevó muebles, se llevó todo”. Cuando logró reaccionar, comenzó a sacudirse el polvo y los escombros que habían caído sobre su cuerpo. Rápidamente se puso un pantalón y unos zapatos, y fue a hablar con los vecinos.
“Yo pensé que nos estaban atacando, pero nunca pensé que me iban a atacar a mí”. El proyectil, cuenta, “pegó en la platabanda (techo) de arriba, en el pasillo, y pasó por la ventana del baño de los vecinos”.
“Estamos vivos de milagro”, le dice a BBC Mundo. “Fue algo que se vive una sola vez en la vida y se ve nada más en las películas de Hollywood, donde el muchacho se salva”.
¡Al suelo, tírate al suelo!
Jesús Linares, de 48 años, estaba durmiendo cuando un zumbido fuerte lo despertó. Lo primero que se le vino a la cabeza es que podía tratarse de un fuego artificial de las celebraciones de fin de año.
Pero cuando llega el impacto, su hija de 16 años, que estaba durmiendo en la misma habitación, le preguntó: “¿Papá qué pasa?”. Él le contestó: “Hija, nos están invadiendo”.
En ese momento la sacó de la cama y mientras iba camino al cuarto de su madre, sintió un nuevo zumbido. Era el misil que impactó el edificio, destruyendo la entrada principal de su casa.
“La onda expansiva me arrojó al piso y sentí que algo me golpeaba la cabeza. Cuando me levanté le grité a mi hija: ‘¡Al suelo, tírate al suelo!'”.
Descalzo, pasó por encima de unos vidrios para buscar zapatos y alcanzó a empacar alguna ropa para él, su hija, y su madre, de 85 años. Luego entró al departamento de su vecina y la encontró tirada en el suelo, totalmente desorientada y con heridas en el cuerpo.
Coronel de bomberos, con 28 años de servicio en la institución, Jesús se dio cuenta que la mujer requería ayuda inmediata. Con una sábana improvisó un vendaje en la cabeza y otro en la pierna para detener la hemorragia.
Su madre y su hija, afortunadamente, solo quedaron con traumatismos leves.
Recordando lo que pasó esa noche, llega a la conclusión de que automáticamente había aplicado el protocolo que se utiliza en caso de un terremoto. Eso le permitió rescatar con vida a su vecina y ponerse a resguardo junto a sus parientes.
Ahora está colaborando en las tareas de reconstrucción del Bloque 12 y permanece alojado en la casa de un familiar junto a su hija y su madre, con la expectativa de volver a su hogar.
Y aunque Jesús está acostumbrado a lidiar con situaciones difíciles, la caída del misil en su edificio le ha dejado algunas secuelas.
Desde el ataque, Jesús se levanta todos los días a eso de las 2:00 de madrugada, la hora en que el proyectil impactó en su vivienda.
A esa hora, “retrocede la película”, y recuerda lo que vivió el día en que Estados Unidos atacó Venezuela e impactó al Bloque 12.
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