“¿Por qué mataste a mi padre?”. Esa era la pregunta que el hijo de Esther, de apenas 10 años, le hacía al joven sicario que acababa de asesinar a su papá de un disparo en el rostro con un rifle de asalto. 

–Lo mató en la cocina. Cuando escuché el balazo y me levanté a ver qué pasaba, él todavía estaba vivo. Pero ya no pudo decirme nada. Tenía la cara destrozada.

Lee | En Chihuahua, 14 mil personas han sido desplazadas por la violencia; pérdida de empleo y vivienda, principales consecuencias

–El tipo se escuchaba joven. Le pedía a mi esposo que le fiara, que no traía dinero. Y mi esposo le dijo que no, que no le podía fiar porque nosotros nos endeudamos para poder comprar la mercancía que luego vendemos. ‘No, lo siento, no te puedo fiar’, escuchaba que le repetía. 

Hasta que el joven perdió la paciencia. 

Esther comenta que en su rancho no habían tenido hasta ese momento problemas con “los señores” del crimen organizado, aunque era muy frecuente que los vieran pasar rumbo al pueblo vecino, “donde sí están acumulados ellos”. Pero esa noche, por el motivo que fuera, sí se escuchaban las motos y cuatrimotos rugir por la comunidad, y a uno de ellos se le ocurrió ir a la tiendita de abarrotes por bebidas y algo de botana, y las quería gratis. El joven, dice la mujer, iba con la cara al descubierto y sin miedo a que nadie lo pudiera identificar, sabedor de la impunidad con la que operan los cárteles en gran parte del territorio mexicano. 

–Se miraba un mushasho como cualquier otro. Pero son gentes que solo por llevar un arma colgando del hombro ya se creen dioses. 

–El tipo le tiró desde la ventana. Cuando escuchamos el balazo salimos corriendo y mis dos hijos y yo lo vimos tirado en la cocina. Es una imagen que nunca se va a borrar de nuestras cabezas. Nunca. 

La mujer hace una pausa y suspira. Está sentada en una silla de plástico y con los codos apoyados en una mesa al interior de una vivienda ubicada lejos de la comunidad de la que tuvo que salir huyendo como desplazada con sus hijos. 

Tras el disparo, su hijo de 10 años salió corriendo de la casa despavorido. Fue a la vivienda del vecino gritando por ayuda, pero nadie lo auxilió. 

–Cuando regresó a la cocina, le agarró las manos a su papá. Yo pensaba que no le había visto la cara, pero luego me dijo que sí. Aunque… mi esposo ya casi no tenía cara.

Esther vuelve a tragar saliva. 

–Y pues ahí fue cuando mi niño encaró al mushasho y le preguntó enojado por qué había matado a su padre. Pero el otro no le decía nada. Sólo se quedó ahí un buen rato nada más viéndonos, todo drogado o tonto, no lo sé, hasta que se marchó sin decir nada. 

Al día siguiente, la familia llevó el cuerpo del hombre a su comunidad natal para que lo velaran y regresaron a su casa. Pero la vida ya les había cambiado para siempre. 

–Mi hija me dice que está bien, que no tiene nada. Pero yo la veo todos los días llorar –Esther ya no aguanta y se le quiebra la voz en este punto. 

–Pero fue ella la que, regresando a la casa, me dijo: ‘Mamá, qué hacemos aquí. Ya no vamos a poder dormir ni a estar en paz nunca. Todos los días vamos a estar viendo pasar a esos ‘señores’ y con miedo. Mejor vámonos de aquí’. Y pues claro que yo quisiera regresar a mi casa, a mi vida con mi esposo. Pero eso ya nunca más se va a poder. Así que mejor cerramos la puerta con llave y nos fuimos. 

Esther y su familia pasaron a engrosar la estadística que asegura que en México hay en la actualidad al menos 386 mil personas desplazadas a la fuerza por la violencia y la actividad de los grupos delictivos, de acuerdo con lo expuesto en marzo del año pasado por Daniel Muñoz, el oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos. 

Ahora, la chihuahuense y sus hijos están refugiados en algún punto del estado, en espera de analizar cuál será su siguiente paso: si intentar cruzar a Estados Unidos en busca de asilo, a pesar de la nueva administración de Donald Trump y su política antiinmigrante y antirefugio –en el primer minuto de su segundo gobierno en la Casa Blanca el republicano eliminó de un plumazo la aplicación CBP One que sirvió para que miles de solicitantes de asilo entraran al país legalmente en años pasados–, o si intentan establecerse en otro punto de México, lejos de su comunidad y de los asesinos de su esposo. 

El problema, lamenta Esther, es que la ayuda y la atención de las autoridades chihuahuenses para las personas desplazadas como ella y sus hijos es escasa, o prácticamente nula. Y no solo se refiere a la ayuda económica para rentar una vivienda, por ejemplo, o poder comprar una mínima despensa en lo que encuentra un trabajo para salir adelante –en la comunidad, además de atender la tiendita, la mujer se dedicaba a sembrar cilantro y papa, que luego vendía en la plaza del pueblo, además de a cuidar a unos pocos “animalitos”–, sino que tampoco han recibido, por ejemplo, apoyo psicológico por parte de ninguna autoridad. 

–Yo miro a mis niños muy afectados –dice con el gesto compungido–. Yo quisiera, por ejemplo, que le dieran unas pláticas a mi niño. Me preocupa que cuando crezca todo esto se le vaya a revelar en su cabeza y pues quién sabe qué vaya a pasar. Porque cuando crezca se puede quedar con ese remordimiento de cómo dejaron a su papá. 

La mujer deja pasar otro silencio con la mirada clavada en sus manos entrelazadas que descansan sobre la mesa.

–Tengo miedo de que cuando sea más grande, él también quiera tomar las armas. 

Rehenes en sus propias comunidades

Linda Flores es la coordinadora de la Casa del Migrante San Agustín, en la ciudad de Chihuahua capital. En entrevista, la defensora de derechos humanos asegura que desde que abrieron en 2019 las puertas del refugio han visto pasar desplazados mexicanos, aunque ha sido en los últimos dos años cuando han comenzado a ver de manera más recurrente casos como el de Esther y su familia. 

–Es una población que ha ido mucho en aumento –subraya Flores–. La sierra de Chihuahua, ahorita, es una zona de guerra. Y por eso muchos de los desplazados vienen de comunidades indígenas, de la zona tepehuana, en la región limítrofe entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, aunque hace un par de años hubo un momento muy álgido de personas que venían desplazadas desde el municipio de Madera, cerca del estado de Sonora. Ahí era un foco rojo porque había enfrentamientos entre distintos grupos del crimen organizado.

De hecho, la situación por los enfrentamientos armados entre grupos criminales en otra región indígena, la Tarahumara, llevó al secretario de Desarrollo Humano estatal, Rafael Loera, a reconocer en septiembre del año pasado que en esa zona serrana había al menos 200 familias desplazadas por la violencia y atendidas en albergues del gobierno. 

Las comunidades más afectadas fueron Guachochi y Guadalupe y Calvo, donde entre los desplazados se contabilizaron al menos 300 menores de edad. Precisamente, en Guadalupe y Calvo, en las comunidades de Cinco Llagas, El Cajoncito, El Pie de la Cuesta, Las Casas, Los Placeres, El Silverio, y La Trampa, pobladores denunciaron ataques armados, amenazas, y que eran rehenes de grupos armados que no les permitían salir de sus casas, lo cual desencadenó un operativo de los tres niveles de gobierno para ‘liberar’ la zona. 

Según la Fiscalía General del Estado, grupos armados del Cártel de Juárez disputan todos estos territorios al Cártel de Sinaloa, lo cual provocó el incremento de enfrentamientos armados en la zona, y el aumento también de personas que se desplazan para huir de la violencia. Y esto, en un estado como Chihuahua, que solo en el primer cuatrimestre de este 2025 acumula casi 600 asesinatos; una cifra que sitúa la entidad en el top cinco de estados más violentos del país.

–La población desplazada nos supone un gran reto –continúa diciendo Linda Flores–, porque si con las personas migrantes extranjeras es complicado, con la comunidad indígena desplazada lo es aún más porque, para empezar, muchas veces un desplazado no sabe que es un desplazado. 

Esto implica, por ejemplo, que muy pocas de esas personas que huyen por motivos de violencia quieran denunciar sus casos ante las fiscalías, y a su vez eso impide, de entrada, que se pongan en marcha los mecanismos de ayuda, como la atención psicológica, de salud, educativa, o la intervención de la Comisión de Atención a Víctimas. 

–Muchas de esas personas, cuando llegan con nosotros sin nada, porque salieron huyendo con lo puesto para salvar sus vidas, es cuando empieza a caerles el 20 de lo que les sucedió y lo que les está pasando. Y de alguna forma, lo que nosotros tratamos es de ofrecerles la ayuda básica de comida, ropa, y un tiempo de hospedaje, pero es bien difícil para ellos, porque un migrante extranjero, por ejemplo, sabe a qué va a un albergue; sabe que es un refugio temporal en lo que sigue su camino hacia Estados Unidos o de vuelta a su país. Pero un desplazado no. Un desplazado dice: ‘me tratan muy bien aquí, pero esta no es mi casa. ¿Qué hago aquí? Esta no es mi vida’. 

Por eso, expone Linda Flores, la atención a la problemática del desplazamiento forzado interno debe ser integral e ir mucho más allá de la atención humanitaria que dan los albergues para migrantes y los refugios de la sociedad civil y de la Iglesia.

–Cuando vemos estos episodios tan cruentos, donde estas personas están en un riesgo tangible e inmediato porque muchos de ellos vieron a sus agresores, pues se necesita que la autoridad ayude, que le entre a este tema para que estas personas desplazadas tengan la protección del Estado mexicano. 

Por ejemplo, Flores plantea que en la casa del migrante hay voluntarios que ofrecen ayuda psicológica para las personas migrantes indocumentadas. Pero en el caso de los desplazados internos, darles la atención se complica mucho porque son personas víctimas directas o indirectas de delitos y violaciones graves a derechos humanos de grupos criminales que operan en Chihuahua. 

–Lo que nuestros voluntarios van a escuchar, es mejor que lo escuchen los psicólogos y terapeutas que pertenecen directamente a la Fiscalía de Chihuahua. Nosotros podemos hacer acompañamiento con la Comisión de Atención a Víctimas, podemos darle los insumos básicos y ofrecerles ayuda humanitaria durante sus procesos, pero todo ese acompañamiento psicológico y jurídico tiene que ser de la Fiscalía. 

El problema, no obstante, es que las autoridades raramente reconocen, al menos en público, el problema del desplazamiento forzado, lo cual complica aún más la atención a esta población, que, en su mayoría, sigue recayendo en la sociedad civil y en el voluntariado de organizaciones eclesiásticas como el albergue que coordina Linda Flores. 

Un ejemplo de lo anterior: luego de que el subsecretario de Desarrollo Humano estatal, Rafael Loera, informara del desplazamiento de al menos 200 familias por violencia en comunidades de Guadalupe y Calvo, y de que organizaciones como la Red TDT exigieran al gobierno federal que interviniera en la región –cosa que hizo–, el fiscal de la Zona Sur, Juan Carlos Portillo, salió a asegurar que no tenían identificadas legalmente a víctimas de desplazamiento forzado en dicha región.