TIJUANA.- El señor Juan está desesperado. Él no ha venido caminando por largos meses a través de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, como sí lo hicieron la gran mayoría de los venezolanos que junto a él hacen fila en la garita de ‘El Chaparral’, uno de los pasos fronterizos entre Tijuana y San Diego. Pero, como el resto de migrantes extranjeros, el michoacano también está cansado y desesperado, y, además, dice bajando mucho la voz, está “asustado”.
“La maña en Michoacán quería que trabajara para ellos, pero yo no quise meterme en todo eso. Ahora me buscan para matarme. Así que pa’trás ya no podemos regresar”, dice bajo el intenso frío de la mañana tijuanense.
A Juan y a su esposa, una mujer de unos cincuenta años, con cataratas en los ojos, también les tomó por sorpresa la cancelación fulminante -durante el primer minuto del nuevo gobierno de Donald Trump– del CBP One, el sistema de citas para pedir asilo a las autoridades de la Patrulla Fronteriza. De hecho, el michoacano, que se dedicaba al cultivo de limón en una comunidad rural de la que pidió omitir su nombre, confió tanto en que la noche del 20 de enero dormiría ya del lado estadounidense, que prácticamente él, su esposa y su hijo adolescente, llegaron con lo puesto, a diferencia de la inmensa mayoría de migrantes que arribaron a la garita cargados de ropa de abrigo, maletas y mochilas.
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“Solo traigo esto”, dice el hombre agarrando un pedazo de manga de una camisa vieja, sucia y raída, que poco o nada le cubre del viento gélido del norte, para a continuación encoger los hombros cuando se le pregunta qué piensa hacer ante la cancelación de las citas de asilo. “No sabemos”, murmura el hombre como única respuesta ante la mirada exhausta y temerosa de su mujer, que se limita a agarrar la bolsa que cargan para iniciar el camino hacia el laberinto interior de Tijuana.
Valeria, de 26 años, también es michoacana. Ella se encuentra en un albergue de la sociedad civil, donde el 90 % de las personas que pernoctan en él son mexicanos, especialmente de Michoacán y Guerrero, que vienen huyendo de la violencia del crimen organizado.
“Estoy aquí porque a mi esposo lo quisieron reclutar para andar con ellos en malos pasos”, dice la mujer, que no quiere referirse a ningún cartel en particular.
“Como él no quiso y se escapó, pues al día siguiente nos tiraron con unos drones para matarnos”, relata la mujer sentada en una silla de plástico en la cancha de futbol de este albergue ubicado en una colonia popular de Tijuana. Desde ahí explica que lo que les aventaron eran una especie de explosivos que hacían temblar el suelo. “Eran como las 11 de la noche y yo ya estaba dormida. Pensé que estaba temblando”.
Eso fue a principios del año pasado. Su esposo, un joven que apenas supera la mayoría de edad, logró escaparse del cártel. Pero ante el temor de que pudieran matar a su familia, decidió que lo mejor sería cruzarse para Estados Unidos, donde un hermano le echaría una mano para empezar una nueva vida.
Rápidamente, huyeron de la comunidad donde trabajaba en el cultivo de mango, y se movieron para el norte del país. Una vez en Tijuana, los ayudaron a solicitar la cita para pedir refugio a través de una app de celular, la famosa ‘CBP One’, y esperaron durante más de ocho meses viviendo en el albergue donde se encuentran ahora.
“Yo era feliz donde estaba, en mi comunidad. Mis hijas iban a la escuela, y ahora ya no pueden estudiar. Llevamos atorados aquí mucho tiempo. Y ahora, pues será decisión del señor Trump si llegamos a Estados Unidos, o no”, dice Valeria.
A continuación, a la michoacana se le comenta que, como si de un poderoso mensaje al mundo se tratara, ese ‘señor Trump’ del que habla firmó en el primer día de su gobierno un centenar de órdenes ejecutivas, entre las que destaca la de declarar el estado de emergencia en la frontera sur del país y la cancelación inmediata del programa de refugio, en espera, tal vez, de la implementación nuevamente del programa ‘Remain in Mexico’ (Quédate en México). Este programa, que ya se instauró de manera unilateral en la primera presidencia de Trump, busca que los solicitantes de asilo esperen en suelo mexicano la decisión de un juez estadounidense sobre su petición de asilo.
Ante lo anterior, la michoacana se limita a encoger los hombros.
“Trump no quiere mexicanos allá porque él piensa que todos somos iguales, pero la verdad es que no todos somos iguales”, reflexiona con voz queda.
“Nosotros queremos ir a su país por el problema que nos pasó aquí, pero no queremos hacer daño a nadie allá. Nosotros no tenemos nada ilegal, ni antecedentes, nada. Vamos limpios de todo”.
Acto seguido, la mujer, que se cubre del sol corrosivo de Tijuana con una gorra deslavada, admite que “no sabemos qué va a pasar con los emigrantes”.
“Pero el presidente Trump tiene que saber que el que decide todo es Dios”, agrega ahora en tono de advertencia y apuntando hacia el cielo azul. “No hay nadie con más poder que Dios, y nosotros esperamos que Él quiera recompensarnos por todo lo duro que hemos vivido”.
En ese mismo albergue está Cristal, una tabasqueña de unos 40 años, que si bien comenta que está agradecida porque en el refugio tienen “un techo y una cama”, necesitan algo de certeza por parte de las autoridades de Estados Unidos y de México para saber qué pasará con ellos en un futuro inmediato, que urge, y con sus trámites de asilo político en el país vecino.
“Necesitamos tener nuestra vida de vuelta”, exclama la mujer, que perdió a su marido a manos del crimen organizado a inicios del año pasado.
Y de vuelta a la garita de El Chaparral, a pesar de que el anuncio de la cancelación de las citas ya se ha convertido en nota mundial desde la mañana del 20 de enero, la mañana del 21 todavía recibía migrantes que necesitaban ver y comprobar con sus propios ojos que sí, que en efecto su cita para cruzar del otro lado ya era papel mojado. Entre esos migrantes se encontraban varias familias chiapanecas que llegaron, con todo y niños, huyendo de los embates de los cárteles en Chiapas, entidad que desde hace dos años se ha convertido en uno de los nuevos campos de batalla de los diferentes grupos del crimen organizado, especialmente en la zona fronteriza con Guatemala.
Albert Rivera, religioso activista en pro de los derechos de los migrantes en Tijuana, expone que el ‘golpe de efecto’ de la segunda administración Trump, de cancelar el programa de refugiados de manera intempestiva, sí ha generado mucho miedo entre las personas migrantes, especialmente en las que huyen, literal, para salvar sus vidas.
“Los migrantes siguen viniendo a esta frontera en busca de asilo. Y, quiera o no Trump, cuando las personas son desplazadas por la violencia, poco se puede hacer. Es otro tipo de caravana, una caravana legal”, plantea el activista, que ante la falta de información concreta por parte de las nuevas autoridades migratorias de Estados Unidos –el pasado 20 el activista se presentó en El Chaparral para tratar (sin éxito) de que las autoridades de la Patrulla Fronteriza le dieran algo de información que compartir con los migrantes, que estaban desesperados por la falta de noticias–, cuenta que lo que recomienda a los mexicanos que buscan asilo en aquel país preparen sus casos lo mejor posible, con todos los documentos y pruebas que tengan a su alcance.
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“El papel habla y da credibilidad”, hace hincapié. “Y es una manera de migrar ordenadamente. Porque mientras tú tengas tus pruebas y tus papeles, no importa lo que diga Trump, porque tienes evidencias, que es lo que está pidiendo el Gobierno. Si lo hacen de esta manera, la gente no debe de tener problema con Trump”, considera Rivera.
El problema, contrapone el activista religioso, es que la mayoría de las personas que huyen por la violencia en México, lo hacen prácticamente de un segundo para otro, para salvar la vida. Y en esa huida, muy pocos tienen el tiempo, ni el temple, para hacer una selección de todos los documentos que se necesitan, o de reunir las evidencias para que las autoridades consideren creíble un caso.
“Entonces, lo que les digo es, ‘ok, ahora vas a estar esperando un tiempo en el albergue hasta que te llamen de allá (de Estados Unidos) para presentar tu caso. Aprovecha ese tiempo para poner todos tus documentos en orden, y cuando tengas tu cita puedas ganar y quedarte allá’”.
“Porque si tú tienes pruebas en papel –subraya una vez más el religioso–, no tienes que tener miedo de Trump, porque las leyes de Estados Unidos te amparan”.
El retardante de incendios que se usa en California es uno de los más extendidos a nivel mundial.
Mientras los equipos de rescate luchan contra los devastadores incendios forestales en el sur de California, han surgido imágenes vívidas de aviones cisterna arrojando un polvo rojo y rosa brillante sobre los suburbios de Los Ángeles.
La llamativa sustancia, un popular retardante de fuego, es ahora una imagen común en la zona, cubriendo las entradas de las casas, los techos y los automóviles.
Las autoridades dijeron que se arrojaron miles de galones de la sustancia en la última semana para detener la propagación de las llamas.
Pero, ¿qué contiene exactamente y cómo ayuda a combatir los incendios forestales?
El retardante de llama es un producto llamado Phos-Chek, que vende una empresa llamada Perimeter.
Se ha utilizado para combatir incendios en los EE.UU. desde 1963 y es el principal retardante de fuego a largo plazo utilizado por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. También es el retardante de fuego más utilizado en el mundo, según un informe de 2022 de Associated Press.
La fórmula exacta de Phos-Chek no es de conocimiento público, pero la empresa ha dicho en presentaciones anteriores que el producto es 80% agua, 14% sales de tipo fertilizante y 6% agentes colorantes e inhibidores de corrosión.
En cuanto a su color, la empresa dijo que es “una ayuda visual para pilotos y bomberos por igual”. Después de unos días de exposición a la luz solar, el color se desvanece a tonos tierra, dijo.
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El retardante generalmente se rocía alrededor de un incendio forestal en la vegetación y la tierra que es propensa a incendios para evitar que las llamas se propaguen a esa zona.
Según el Servicio Forestal de EE.UU., los retardantes “ralentizan la velocidad de propagación enfriando y recubriendo los combustibles, agotando el oxígeno del fuego y ralentizando la velocidad de combustión de los materiales a medida que las sales inorgánicas del retardante cambian la forma en que se queman los combustibles”.
Su uso ha sido controvertido en el pasado por sus posibles efectos sobre el medio ambiente.
Una demanda presentada en 2022 por los Empleados del Servicio Forestal por la Ética Ambiental, una organización formada por empleados presentes y pasados del Servicio Forestal de Estados Unidos, acusó a la agencia federal de violar las leyes de agua limpia del país al arrojar retardantes de fuego químicos desde aviones sobre los bosques.
Argumentó que el químico mata a los peces y no es efectivo.
Al año siguiente, una jueza de distrito de Estados Unidos estuvo de acuerdo con los empleados, pero en su fallo permitió que el Servicio Forestal continuara usando el retardante mientras busca un permiso de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).
El caso atrajo la atención de las comunidades devastadas por incendios forestales en el pasado, incluida la ciudad de Paradise, California, que fue destruida por un incendio en 2018.
Su entonces alcalde, Greg Bolin, elogió la decisión del juez y dijo que garantiza que las comunidades “tengan una oportunidad de luchar” frente a los incendios.
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El Servicio Forestal le dijo a la cadena de radio NPR que este año eliminó gradualmente el uso de un tipo de fórmula Phos-Chek, Phos-Chek LC95, a favor de otro, MVP-Fx, diciendo que este último es menos tóxico para la vida silvestre.
El Servicio Forestal también tiene una prohibición obligatoria de arrojar retardantes de fuego en áreas ambientales sensibles, como vías fluviales y hábitats de especies en peligro de extinción.
Sin embargo, existen excepciones a la prohibición en los casos “en los que la vida humana o la seguridad pública estén amenazadas”.
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