“Somos de aquí”: comunidad rarámuri de Mogótavo gana juicio penal a políticos del PRI; los acusaron de despojo
La comunidad rarámuri de Mogótavo, localizada en el municipio de Urique en la Sierra Tarahumara, recibió un fallo favorable por el proceso penal que les tenían activo políticos del PRI desde el 2016, por el presunto delito de despojo del territorio que habitan ancestralmente.
Luego de varios recursos jurídicos que presentaron los priistas en tribunales locales, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua le dio la razón a la comunidad en una resolución emitida el 18 de diciembre del 2024.
Sin embargo, la comunidad aún mantiene la lucha de otros litigios, por la vía civil y agraria, que mantienen activos esos mismos políticos.
Los denunciantes son Omar Bazán Flores, expresidente del PRI estatal, exlegislador local y nombrado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, como director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); Ricardo Orviz Blake, exdiputado local y excandidato a la alcaldía de Delicias; Ricardo Valles Alvelais, Agustín López Daumas y Jesús Alberto Cano Vélez, exlegislador por Sonora.
Los cinco se ostentan como propietarios de las tierras ocupadas ancestralmente por la comunidad, pero el fallo reciente de la Sala Sexta de lo Penal establece que los demandantes no tienen prueba alguna para negar que la comunidad estaba antes de que ellos compraran la propiedad.
“No se aportaron datos de prueba tendientes a refutar la existencia de habitantes desde tiempos ancestrales en el inmueble objeto del delito que nos ocupa”, indica el fallo.
El resolutivo se derivó de comparecencias realizadas el 12 de junio del 2024, cuando fueron citadas ambas partes para emitir declaraciones y resolver la controversia. Desde julio del 2022 la comunidad ya había obtenido el fallo a su favor, pero los políticos insistieron para revertirlo con el recurso que les fue negado recientemente.
El juzgado estableció que para emitir el fallo se aplicaron lineamientos del Protocolo para Juzgar con perspectiva intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas.
Comunidad rarámuri sufre de hostigamiento judicial
La comunidad está ubicada en las Barrancas del Cobre, a 44 kilómetros del poblado mágico de Creel, en el límite entre el municipio de Bocoyna y de Urique.
Se encuentra también a un costado del desarrollo turístico llamado “Parque Barrancas del Cobre”. Tiene sus propios miradores naturales hacia las Barrancas y en su meseta principal hay varias casas de sus habitantes, salones de usos múltiples y su centro ceremonial indígena.
Esa paz que brinda la naturaleza de su entorno, se ha resquebrajado por el hostigamiento judicial del que han sido parte desde hace más de una década.
Los cinco empresarios adquirieron 154 hectáreas de la comunidad de Mogótavo en 2008 a la empresaria Odile Carolina Sandoval Almeida, y desde entonces han buscado que las personas de ese lugar se retiren para generar más desarrollos turísticos en la zona.
Los empresarios esperaban que Sandoval desalojara el territorio. En 2011 intentaron reubicar a la comunidad de unos 400 habitantes, pero no pudieron y Mogótavo inició los litigios para obtener el reconocimiento ancestral y las escrituras, lo cual no han conseguido a la fecha.
La familia Sandoval dividió el terreno de la comunidad en tres lotes en la extensión de la comunidad, mil 500 hectáreas desde 1985, cuando se hizo la primera adjudicación. En 2011 la controversia entre las partes ya estaba en marcha.
Finalmente frenaron la reubicación de la escuela “Rebelión del Tarahumara” y en 2011 promovieron el primer juicio de nulidad de la compraventa y de adjudicaciones, demandaron al estado y al Fideicomiso Barrancas del Cobre, porque el gobierno estatal le compró una superficie similar de la misma comunidad a Ivonne Sandoval, hermana de Odile y propietaria del hotel más importante de esa zona.
Y es que, en la región de Barrancas del Cobre, en el área turística ofrecían a 100 pesos la hectárea, pero la familia Sandoval vendió las hectáreas a los empresarios-políticos, en 2 mil 250 dólares, aseguraron los representantes de la comunidad.
Según el fallo de la Sala Sexta de lo Penal, en la cláusula octava del contrato entre los priístas y Sandoval Almeida del 2011, se otorgó en comodato una pequeña superficie para instalar una escuela, dispensario, un albergue de tres o cuatro habitaciones ocupadas por igual número de familias; y obligaban a la vendedora a realizar gestiones de manera pacífica para obtener la desocupación de ese predio, es decir, con el conocimiento de que ya había personas ahí cuando se hizo el trato.
Uno de los aspectos que alegan los políticos es que la comunidad no tiene los documentos de propiedad del lugar que habitan. Pero el fallo penal reciente indica que, si bien existe un documento firmado por el Registro Agrario Nacional donde no aparece registro de la comunidad, “no menos cierto es que tratándose de comunidades étnicas, sus miembros desconocen trámites legales respecto a su inscripción, asignación de nombre, títulos de propiedad entre otras cuestiones, y no por ello se debe desconocer su existencia”.
Durante todo ese tiempo, las denuncias se han dirigido al gobernador indígena Luis González Rivas, a San Miguel Cruz Moreno, a Bertha Cruz Moreno, Rosario Batista Gutiérrez, Enrique Manuel Parra, Roberto Domínguez Vega, Angélica Cruz Estrada, Cruz Batista Rivas y Rosario Parra Vega, a quienes han hecho trasladarse en estos años hasta la ciudad de Chihuahua y a Cuauhtémoc para atender los recursos jurídicos en contra.
Pero también están integradas en las carpetas de investigación Micaela Batista Gutiérrez, Juan Campos Batista, Dolores Moreno Soto, Isidora Domínguez Vega y Isidora Cruz Batista, todas estas personas ya fallecidas.
“Nosotros somos de aquí”, dicen indígenas
En sus declaraciones judiciales, habitantes de la comunidad que han sido demandadas, coinciden en la ocupación ancestral de esa zona, un factor tomado en cuenta por el juzgado estatal para darles la razón y erradicar la demanda penal de los empresarios vinculados al PRI.
Por ejemplo, don Luis González Rivas, gobernador indígena de Mogótavo, expresó ante la Sala Sexta Penal: “Nosotros somos de aquí”.
En su declaración, cuyos fragmentos se integran en el resolutivo emitido en diciembre del año pasado, precisa que Mogótavo es un lugar habitado desde hace varios años, de generaciones atrás, que incluye a sus abuelos. “Ahí crecieron cuidando chivas y borregos”.
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Y no sólo viven ahí, señaló, sino que defienden el territorio de las amenazas externas y de las naturales, como los incendios en el bosque. Además de hacer lo posible por cuidar la cultura.
El 19 de diciembre pasado, Don Luis estuvo al lado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la visita que hizo la mandataria a Mogótavo, para entregar títulos de propiedad a dos comunidades indígenas.
Otra de las declaraciones recogidas por el juzgado es la del segundo gobernador de Mogótavo, Enrique Manuel Parra, la cual coincide con la de Don Luis. “Nosotros tenemos muchos años viviendo ahí. Yo tengo cuarenta años, ahí nací”, y alerta que hay quienes llegan a ese sitio para quererlos quitar.
En este sentido, el juzgado consideró que no hay elementos para desacreditar esos dichos y por eso es que, de momento, la comunidad puede descansar del proceso penal y continuar con el civil y agrario.
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En los años 80, Trump acusó al país asiático de aprovecharse de las políticas comerciales de EE.UU., iniciándose la obsesión del mandatario con los aranceles.
Cuando la suerte le fue adversa a Donald Trump en los años 90 y necesitaba conseguir dinero en efectivo con urgencia, el ahora presidente de EE.UU. navegó hacia Asia en su superyate, el Trump Princess, con la idea de atraer a los ricos japoneses.
No era la primera vez que el empresario buscaba ayuda entre los millonarios japoneses para que lo apoyaran en sus proyectos.
En el complejo mundo inmobiliario de Nueva York, Trump observaba desde la primera fila en su edificio de la Quinta Avenida a los inversores nipones que, en la década de los 80, estaban ávidos por comprar marcas y propiedades estadounidenses, incluido el icónico Rockefeller Center.
Ese fue el momento en el que la visión de Trump sobre el comercio y las relaciones con los aliados de EE.UU. se formó. Y también cuando comenzó su fijación por los aranceles, las tarifas impuestas a las importaciones.
“Tenía un tremendo resentimiento hacia Japón”, le dice a la BBC Barbara Res, una exejecutiva de la Organización Trump.
El entonces magnate observó, con muchos celos, cómo los japoneses eran considerados genios, señala Res.
Según Res, Trump sentía que EE.UU. no estaba recibiendo suficiente a cambio de asistir con ayuda militar a su aliado Japón.
A menudo, Trump se quejaba de que encontraba dificultades para hacer negocios con grandes grupos de empresarios japoneses.
“Estoy cansado de ver a otros países aprovecharse de EE.UU.”, señaló en ese entonces.
Esta frase, que podría haber sido dicha en 2016 durante su primera campaña presidencial, la dijo en realidad en los años 80, durante una entrevista con el periodista Larry King, de la cadena CNN, en lo que muchos ven como sus primeras intenciones en convertirse en presidente de EE.UU.
Poco después de publicar su filosofía sobre los negocios en su libro “El arte de negociar” en 1987, Trump dio varias entrevistas a nivel nacional.
En un animado intercambio con Oprah Winfrey frente al público del famoso The Oprah Show, señaló que él manejaría la política de comercio exterior de EE.UU. de otro modo y haría pagar a los aliados del país “el precio justo”.
Agregó que no existía libre comercio cuando Japón estaba “inundando” con productos el mercado estadounidense pero a la vez hacía “imposible hacer negocios” en el país asiático.
Una preocupación común
Jennifer Miller, profesora de historia en el Darmouth College, en EE.UU., señala que otros compartían esa preocupación de Trump por aquel entonces.
Los productos japoneses eran competencia para las manufacturas estadounidense, particularmente para los productos electrónicos y vehículos.
Mientras se cerraban fábricas en EE.UU. y nuevas marcas japonesas entraban en el mercado, los expertos en televisión señalaban que Japón pronto superaría a EE.UU. como la principal economía del planeta.
Antes de su entrevista con Oprah, Trump había gastado cerca de US$100.000 para publicar una “carta abierta” en los tres principales periódicos de EE.UU.
El titular de esa carta decía: “No hay nada malo en la Política de Defensa Exterior de EE.UU. que un poco de firmeza no pueda solucionar”.
En la carta, Trump afirmaba que Japón y otros países llevaban décadas aprovechándose de EE.UU. Señalaba que “los japoneses, sin el impedimento de un alto costo de defenderse a sí mismos (en tanto EE.UU. lo hace gratis por ellos), han construido una enorme economía con excedentes sin precedentes”.
Para Trump, la solución más obvia era poner aranceles a los productos de esas naciones ricas.
“El mundo se ríe de los políticos de EE.UU., mientras protegemos barcos que no nos pertenecen, transportando petróleo que no necesitamos, destinado a países aliados que no nos van a ayudar”, escribió.
De acuerdo a Miller, este anuncio sirvió como una potente presentación de la visión de Trump sobre la política exterior.
Una visión que partía de la concepción de que los aliados eran unos parásitos y el acercamiento liberal internacionalista que había dominado al mundo desde la II Guerra Mundial era débil y tonto en un mundo competitivo.
La solución, para él, era una política proteccionista y más agresiva en el mercado internacional.
“Yo creo que esa es la razón por la que a él le gustan tanto los aranceles, que no solo calzan con su ideología de comercio exterior sino que también tienen que ver con la idea que tiene de él mismo, como un exitoso hombre de negocios”, explica la académica.
“Y ve los aranceles como una amenaza que se puede aplicar sobre otro país”, añade.
Problema sin solución
Clyde Prestowitz fue el líder de las negociaciones de EE.UU. con Japón durante el gobierno de Ronald Reagan.
Prestowitz, quien ha sido un crítico de las políticas de libre comercio, señaló que nadie que se considere medianamente serio intelectualmente hablando podría sumarse a las ideas de Trump o a su aproximación simplista al tema.
Prestowitz tiene claro que Trump no ha ofrecido una solución real al problema que él ha señalado.
“Los aranceles son algo que se puede mostrar, es como ‘Miren lo que hice, le puse aranceles a estos tipos’ y eso te hace ver como el tipo duro. Ahora, si esas medidas son efectivas o no es debatible”.
Prestowitz cree que el verdadero problema, entonces y ahora, es que EE.UU. no tiene una estrategia para su política manufacturera, a pesar de que se queja de un comercio injusto.
Por supuesto, los temores ante el ascenso de Japón se calmaron con el tiempo y ahora el país asiático es un aliado.
En cambio, el nombre del “enemigo” es ahora China, el competidor más feroz de Estados Unidos. Esta semana, Trump dio la bienvenida al primer ministro de Japón en la Oficina Oval como una de las primeras visitas extranjeras de su segundo mandato.
Pero la filosofía de gobierno de Donald Trump sigue siendo la misma que cuando era un joven empresario inmobiliario.
Sigue creyendo con la misma fuerza en los aranceles como herramienta para presionar a otros países para que abran sus mercados y reduzcan los déficits comerciales.
“Simplemente dice esto todo el tiempo a cualquiera que escuche cuando alguien pregunta, y eso ha sido así durante 40 años. Y para ser justos con él, sabes que es una forma muy natural de ver el comercio internacional”, señala Michael Strain, economista del conservador American Enterprise Institute.
El experto dice que los estudiantes a menudo comparten el pensamiento intuitivo de Trump sobre la economía, y uno de los grandes desafíos que enfrentan los profesores es convencerlos de que su comprensión es errónea.
Strain dice que a pesar del control de Trump sobre el Partido Republicano, con una postura que va en contra de décadas de apoyo al libre comercio, el mandatario no ha convencido a los legisladores, líderes empresariales y economistas escépticos.
El conflicto es su opinión de que las importaciones extranjeras son malas, que el tamaño del déficit comercial sirve para medir el éxito de las políticas gubernamentales o que el estado ideal para la economía estadounidense es importar sólo bienes que físicamente no puedan fabricarse en Estados Unidos.
Strain cree que las amenazas de aumentar los aranceles a los aliados de Estados Unidos podrían reducir la inversión empresarial y debilitar las alianzas internacionales.
Joseph LaVorgna, economista jefe del Consejo Económico Nacional durante el primer mandato de Trump, cree que ha habido un enfoque demasiado cerrado en el tema de los aranceles y no se ha hecho el ejercicio de tratar de entender el panorama general de lo que Trump está tratando de lograr.
Asegura que el presidente estadounidense quiere impulsar la industria nacional, en particular la fabricación de alta tecnología.
La administración, dice LaVorgna, cree que puede alentar a más corporaciones a venir a EE. UU. utilizando aranceles combinados con desregulación, energía más barata e impuestos corporativos más bajos. Eso, si el Congreso lo aprueba.
“Creo que el presidente Trump entiende algo que es muy importante, como hombre de negocios que es y con una visión transaccional, y es que el libre comercio es genial en teoría, pero en el mundo real se necesita tener un comercio justo y eso implica igualdad de condiciones”, indica LaVorgna.
El analista apuesta a que Donald Trump tendrá razón. Pocos republicanos se han opuesto públicamente al presidente, mientras éste exige lealtad a su agenda.
Aún así, algunos que han permanecido en silencio entienden que sus electores podrían verse afectados por el aumento de los precios y esperan poder convencer a Trump de que no siga adelante con sus preciados aranceles.
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