San Francisquito: en lucha contra la gentrificación en Querétaro
Imagina que un día hay personal del gobierno tomando notas en las calles de tu colonia. Luego escuchas rumores sobre un programa de mejoramiento urbano. Acudes a una reunión vecinal y comprendes que las autoridades no quieren resolver el problema de la recolección de basura o la falta de agua, sino hacer “mejoras” que convengan a los empresarios y al turismo. Quieren gentrificar tu barrio.
Eso vivieron las y los vecinos de San Francisquito, en la ciudad de Querétaro, donde desde hace una década los gobiernos estatal y municipal han buscado desarrollar proyectos como un teleférico, un corredor turístico y un eje vial.
San Francisquito es codiciado por su ubicación, pues solo una avenida lo separa del centro histórico. Es un barrio similar a otros, de calles irregulares, casas modestas, uno que otro edificio de departamentos y algunas vecindades, pero lo distingue ser la cuna de la tradición conchera.
Escucha el podcast: La historia de San Francisquito, un barrio indígena urbano en Querétaro
Esos danzantes con ayoyotes (cascabeles) en los tobillos y penachos de plumas, que bailan en las plazas públicas de todo el país, tienen su raíz en este antiguo asentamiento otomí-chichimeca, ubicado en las faldas del cerro del Sangremal, donde, según la leyenda, se fundó la ciudad de Querétaro en 1531.
Conforme pasaron los años, la naturaleza indígena de San Panchito —como le dicen de cariño— se transformó a causa de las migraciones internas. Se perdió el uso de la lengua otomí y se convirtió en un espacio urbano donde viven 3 mil personas, pero conservó su esencia conchera, un atractivo natural para el turismo.
En 2015, el municipio quiso hacer un corredor y una placita, donde los domingos llegarían los camiones de turistas, que serían recibidos por concheros bailando. Esto causó el rechazo de los danzantes, quienes dijeron: “Esto es una tradición, no es una atracción”, recuerda Camila Vera, bióloga y conchera.
Fue entonces cuando los habitantes del barrio comprendieron que debían organizarse para impedir el avance de la gentrificación, que no solo amenazaba a sus viviendas, sino también a su espiritualidad, su cosmovisión y su historia.
Estrategia jurídica
Pero ¿cómo se organiza un barrio contra la gentrificación? Las vecinas y vecinos empezaron por informar sobre lo que estaba pasando. Fue Gerardo Bohórquez, historiador, profesor jubilado y cronista muy querido, quien convocó a un grupo de jóvenes para que repartieran volantes en cada casa de San Panchito.
Un día tocaron a la puerta de Trinidad Landa Herrera, mejor conocida como Jefa Triny, pues es común en San Francisquito llamar jefe o jefa a los líderes de la comunidad. “Díganme qué podemos hacer para la defensa del barrio. Entonces ellos dicen: vamos a conformar una asamblea, y me invitaron a participar”.
Gracias al volanteo, más personas se fueron sumando a La Asamblea: vecinos, vecinas, danzantes, artistas, y jóvenes como Braulio Ayala, Luis Cázares y Camila, quienes aunque no viven en San Francisquito, tienen interés en trabajar por el barrio.
La Asamblea, el antecedente de la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito, un órgano de autogobierno creado en septiembre de 2020, acordó en sus reuniones semanales dividir el barrio en cuatro sectores, con una persona responsable para cada uno, de modo que fuera más sencilla la organización y la comunicación.
“En varias de las reuniones que tuvimos estaba un abogado, cuya familia es del barrio, y él planteaba el hecho de que, para hacerle frente a la gentrificación, había que tener una herramienta jurídica”, cuenta Braulio, biólogo y danzante. Ese instrumento era el derecho a la consulta ciudadana, al que solo podrían acceder si obtenían el reconocimiento como barrio indígena. Y con ese objetivo inició la estrategia jurídica.
Resistencia conchera
Al Jefe Miguel Ángel Martínez Cardona, uno de los líderes concheros del barrio y de la lucha contra la gentrificación, en cuya casa se realizaron las primeras reuniones vecinales, le preocupaba la intención de las autoridades de organizar recorridos turísticos por los “cuarteles” o capillas de oración de las mesas concheras, como denominan a sus grupos de danza.
“¿Íbamos a abrir nuestros cuarteles, nuestras mesas, para que pudiesen pasar y todavía les íbamos a hacer acá show, como si fuéramos payasos? ¡No, jamás!”, advierte el Jefe Miguel.
Así que los danzantes decidieron manifestarse contra uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno: la construcción de un eje vial sobre la avenida Zaragoza. La razón fue que, de concretarse, obligaría a cortar el tradicional desfile de los concheros. “Ese es un punto principal [por] donde bajan todas las danzas; entonces, nos iban a dividir”, explica la Jefa Triny.
Entre mayo y junio de 2019, más de cien concheros danzaron en cuatro ocasiones frente al Palacio de Gobierno para protestar, portando mantas en las que advertían: “San Francisquito no se vende”. Fueron acciones de resistencia memorables, pues era la primera vez que usaban su danza para defender una causa.
“El análisis era que esa obra iba a profundizar la gentrificación, porque nosotros ya lo veíamos como un hecho, algo que estaba ocurriendo, pero de manera paulatina, muy lento”, dice Braulio. “De por sí ya había casos de gente que desde 2018 se había tenido que ir de San Pancho por el aumento de la renta. Entonces, eso era la alarma”.
Gracias a la movilización conchera y la presión vecinal, San Francisquito obtuvo una victoria en septiembre de 2019, cuando las autoridades estatales anunciaron la cancelación del eje vial.
Sin embargo, La Asamblea sabía que debían seguir adelante con la búsqueda del reconocimiento como barrio indígena, para evitar que los gobiernos insistieran con proyectos gentrificadores en su territorio.
No era una tarea fácil porque no había una ruta clara para conseguirlo. “En esa cuestión jurídica ha sido todo como una caja negra, donde nadie sabe cómo hacerle”, afirma Camila. “Las leyes se cumplen para los que tienen dinero, ¿no? Y para los que no, pues nos dan largas, evasivas”, agrega Alma Pájaro, danzante y vecina de San Panchito.
Un primer triunfo
Al principio creyeron que “por la condición urbana de la comunidad” no podrían obtener el reconocimiento, pero revisaron la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro y descubrieron que sí era posible, incluso a pesar de que en el barrio ya no se hablara una lengua indígena, recuerda Braulio.
Como parte de su estrategia jurídica enviaron una carta al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando su apoyo, y recurrieron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde les explicaron que necesitaban estar incluidos en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, pero primero debían ser reconocidos por el Ayuntamiento de Querétaro.
Para ese fin, integraron un expediente con las firmas de los habitantes del barrio que se identificaban como indígenas, y mapearon el territorio para determinar qué negocios habían desaparecido, qué mesas concheras fueron desplazadas, qué casas estaban abandonadas, y lo entregaron al INAH.
En 2021, el INAH emitió el dictamen que establece la condición indígena del barrio, un documento clave para que, finalmente, en abril de 2023, el Ayuntamiento reconociera a San Francisquito como barrio indígena urbano, el primero y único en Querétaro. Lo siguiente era un reto mayor: conseguir la declaratoria del Congreso del estado.
Del rechazo a la aceptación
Mientras tanto, la Confederación Indígena del Barrio de San Francisquito —surgida de La Asamblea— organizaba actividades culturales y artísticas, talleres de huertos urbanos, e impulsaba proyectos productivos. La idea era avanzar en la convivencia, la autonomía y el mejoramiento de los espacios comunitarios.
Las paredes del barrio se llenaron de murales, que recuerdan las luchas indígenas y campesinas, y las calles se convirtieron en un semillero de manifestaciones artísticas, como el grabado, el grafiti, la serigrafía y el rap freestyle, lo que nutrió la vida cultural de San Francisquito.
Pero fuera del barrio las cosas no marchaban bien. El Congreso de Querétaro no sabía cómo proceder ante la inédita solicitud de San Panchito, pero lo peor es que no había interés en el tema.
Integrantes de la confederación sostuvieron múltiples reuniones con legisladores y entregaron un cúmulo de documentación, que incluía un estudio etnográfico y el dictamen del INAH, pero aun así, en julio de 2024, la LX Legislatura resolvió no otorgarles el reconocimiento.
La noticia caló profundo en las calles de San Panchito. “Ese enojo, esa rabia [que provocó la decisión], pues lo que produjo fue la movilización, otra vez”, dice Luis Cázares, miembro de la confederación.
Tan solo un mes después del rechazo legislativo, a través de Alma Pájaro, recibieron una llamada: el Gobierno federal había decidido incluirlos en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para lo cual pedía que una representación del barrio viajara a la Ciudad de México. Después de años de lucha, al fin veían cumplido su sueño.
La tarde del 30 de agosto de 2024, cientos de concheros tomaron las calles; partieron de San Francisquito y pasaron frente al Palacio de Gobierno hasta llegar al templo de la Santa Cruz. “¡Él es Dios!”, gritaban en señal de agradecimiento y celebración. Luego cayó la noche y una ligera llovizna, pero nada detuvo su baile y su canto, hasta que alguien dijo: “Vámonos al barrio”. Y volvieron. Cansados, felices y listos para seguir danzando.
Esta historia es la versión escrita del pódcast “Querétaro: San Francisquito, el barrio indígena urbano que no se vende”, cuya investigación y guion fueron realizados por Alejandra Moreno, Mely Arellano y Marcela Turati. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—, que también puede ser escuchada aquí: https://periodismodeloposible.com/.
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Washington decidió centrarse inicialmente en Venezuela a pesar de que México y Colombia tienen un rol mayor en el narcotráfico.
Todavía no había aterrizado Nicolás Maduro en EE.UU. tras su captura en Venezuela cuando Donald Trump advirtió que México y Colombia podrían ser lo siguientes objetivos en su cruzada contra las drogas.
De su vecino fronterizo dijo que “había que hacer algo” y de Gustavo Petro, el presidente colombiano, avisó que “mejor se cuide” tras acusarlo de fabricar cocaína y mandarla a su país.
Las advertencias no caerán en saco roto. El arresto de Maduro, al que EE.UU. acusó de narcoterrorismo y vínculos con guerrillas colombianas y cárteles mexicanos, entre otros cargos, muestra que esta administración no se queda solo en amenazas.
EE.UU. lanzó un vasto despliegue militar en el Caribe y alrededor de Venezuela desde agosto pasado para detener -según Washington- el tráfico de drogas procedente del país sudamericano, al que acusa de ser base del Cártel de los Soles, una supuesta “organización narcoterrorista” con implicación de las fuerzas armadas venezolanas y liderada por Maduro.
Militares estadounidenses llevan meses bombardeando presuntas embarcaciones narco en aguas sudamericanos con un saldo de al menos 110 muertos.
Analistas consultados por BBC Mundo refuerzan que Venezuela, sobre todo, sirve de trampolín de la cocaína que fundamentalmente se cultiva en Colombia.
Daniel Rico, economista de la Universidad Nacional, señala que hay mucho laboratorio de cocaína venezolano, aunque no tanto cultivo.
“Venezuela se volvió funcional para ampliar rutas internacionales de la droga sudamericana, fortaleciendo la salida desde el Caribe colombiano al anexar el Caribe venezolano”, dice Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Pares en Colombia.
Los envíos se producen a mercados europeos, en mayor medida, y también norteamericanos.
México y Colombia son pieza clave en ese entramado global y grupos armados y cárteles de la droga son una amenaza a sus países y cualquier propósito de EE.UU. en la región.
Pero, ¿cómo se compara su rol en el narcotráfico con el de Venezuela? ¿Puede Trump realmente orquestar una operación similar como contra Maduro? ¿Esto va más allá de las drogas?
Las interrogantes se acumulan en un momento inédito en América Latina.
El caso colombiano
“Venezuela no es productor como tal, sino una suerte de cielos y puertos abiertos de la droga que se consolidó en los últimos 20 años”, describe Jorge Mantilla, doctor en criminología por la Universidad de Illinois en Chicago.
Mantilla apunta al entramado político, institucional y militar de Venezuela, así como la presencia de guerrillas colombianas en ese país, como habilitadores del fenómeno.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgido en los 60, es el principal actor armado en vastas zonas de la frontera colombo-venezolana.
Aquí controla rutas de la droga y tanto Daza como Mantilla cuentan que también está activo en diferentes estados venezolanos, donde se alió con integrantes corruptos de las fuerzas armadas bolivarianas.
Además del ELN, disidencias de las FARC (antiguas Fuerzas Armadas de Colombia) operan en la frontera y disputan su control. En los últimos años también se ha reportado la presencia del grupo conocido como Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia.
Todos confluyen en un corredor estratégico de la droga y otros negocios como la minería ilegal hacia un país, Venezuela, que parece jugar un rol secundario comparado al de México o Colombia en el narcotráfico mundial.
Ningún país produce más cocaína que Colombia ni nunca en la historia se había producido tanta cocaína en este país.
En 2024, la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que la producción de cocaína se disparó un 53 % en 2023 hasta alcanzar un récord de 2 mil 600 toneladas.
Es un récord cimentado en constantes mejoras en la producción y distribución, como la aparición de hojas de coca súper productivas y narcoembarcaciones capaces de recorrer grandes distancias, incluso de forma autónoma y camuflada.
La mitad de toda la cocaína de Colombia se produce en tres enclaves que ocupan alrededor del 15 % del territorio de zonas cocaleras. Uno es el Catatumbo, en la frontera con Venezuela en el noreste colombiano, y los otros quedan en el sur: en Putumayo, Cauca y Nariño.
Casi toda la cocaína que se consume no solo en EE.UU., sino también en el resto del mundo, la producen -además de Colombia- Perú y Bolivia.
“La hoja de coca se procesa predominantemente en laboratorios en esas tres naciones para transformarla en el producto de consumo (principalmente clorhidrato de cocaína), o a veces en un producto intermedio, ya que algunas partes del proceso también pueden ocurrir en una etapa posterior de la cadena”, explica Antoine Vella, quien dirige la Sección de Datos, Analíticas y Estadística de UNODC.
De allí se dirige hacia diversos mercados, generalmente de manera indirecta, transitando por uno o varios países.
De las naciones productoras puede cruzar primero a las limítrofes, como Ecuador o Venezuela, y luego ser transportada con algún tipo de embarcación -en lanchas rápidas, botes pesqueros o semisumergibles– a la zona costera de Centroamérica o directamente hasta México, ya sea por el Pacífico o por el Caribe, para continuar por tierra hacia el norte.
Es en el Pacífico sudamericano por donde pasa la gran mayoría de cocaína que llega a EE.UU., según estimaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Por allí transitó aproximadamente el 74% de los envíos dirigidos a EE.UU. en 2019, mientras el 16% lo hizo por el Caribe Occidental, recoge la Evaluación Nacional de las Amenazas de la Droga 2020.
BBC Mundo solicitó recientemente datos actualizados a la DEA, sin obtenerlos, aunque analistas consultados por este medio concuerdan en que los porcentajes seguirían vigentes.
Distintos grupos armados dominan las rutas de la cocaína en Colombia, como el Clan del Golfo, el ELN y distintas disidencias de las FARC.
Los dos primeros y las facciones FARC EP y Segunda Marquetalia son consideradas como organizaciones terroristas extranjeras por EE.UU.
México, fentanilo y acceso a EE.UU.
México y EE.UU. comparten más de 3 mil kilómetros de frontera.
Durante décadas, los cárteles mexicanos desarrollaron una sofisticada cadena de transporte y distribución de la cocaína que llega desde Sudamérica para introducirla en su mayoría en su vecino del norte.
Muchas veces ocurre por puertos oficiales de entrada.
Sin embargo, la mayor preocupación para Washington con respecto a México es la producción y distribución de sustancias sintéticas como mentanfetaminas y opioides como el fentanilo, la droga vinculada a una “epidemia de sobredosis” en EE.UU.
El fentanilo es el mayor causante de muertes por esa causa en EE.UU., aunque de 2023 a 2024 el índice cayó a su punto más bajo en cinco años.
Según la DEA, el Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación del Congreso, el fentanilo ilícito se produce casi en su totalidad en México con precursores importados de países de Asia, incluida China, y tanto eso como su tráfico está controlado por carteles mexicanos.
Estos grupos, además, tienen un peso notorio en la formación y exportación de experiencia hacia otros países y mercados.
Se ha reportado presencia de “ingenieros agrónomos” mexicanos en Colombia, involucrados con la mejora de cepas de hoja de coca, así como la participación de cárteles como el de Sinaloa en redes europeas que dependen del apoyo logístico, experiencia y preparación de sus integrantes.
Es lo que se conoce como la exportación del “método mexicano”, tal y como describió recientemente a BBC Mundo Laurent Laniel, director de la oficina de Crimen, Precursores y Consumo de Drogas de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA, por sus siglas en inglés).
El centro de pensamiento y medio de comunicación Insight Crime señala a las organizaciones criminales mexicanas como las más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio occidental.
Surgieron de la larga historia de contrabando y proximidad a EE.UU., la mayor economía mundial, y se convirtieron en una amenaza regional con redes que se extienden de Argentina a Canadá y Europa.
Por qué Trump priorizó Venezuela
Que Trump centrara la primera fase de su guerra contra el narcotráfico en Venezuela, jugando este país un rol menor en la producción y distribución de drogas que México o Colombia, alimenta la teoría de aquellos que defienden que el verdadero propósito del mandatario estadounidense era forzar un cambio político en Caracas.
Sus declaraciones de “controlar” el país hasta que se produzca una transición y su énfasis en que compañías participen del petróleo venezolano dan pistas de un propósito mayor que todavía no se comprende del todo.
El propio Marco Rubio, el secretario de Estado, lo decía así en una entrevista este domingo con NBC: “No se puede convertir a Venezuela en el centro de operaciones de Irán, de Rusia, de Hezbolá, de China y de agentes de inteligencia cubanos que controlan a ese país”.
“Hemos visto que adversarios nuestros de todo el mundo explotan y extraen recursos de África y de cualquier otro país. No van a hacerlo en el Hemisferio Occidental”, agregó Rubio.
México y Colombia quedaron avisados como los posibles próximos objetivos de Trump.
De Petro, el estadounidense reiteró este domingo que era “un hombre enfermo” e insinuó que no le quedaba mucho tiempo en el poder al decir que no fabricaría y vendería cocaína a EE.UU. “por mucho más tiempo”.
Colombia celebrará comicios presidenciales en mayo y Petro no puede presentarse a la reeleción. No quedó claro si Trump se refería a eso o a posibles acciones contra el país.
Washington sancionó a Petro a fines de octubre por presuntos vínculos con el narcotráfico, señalando que desde su llegada al poder la producción de cocaína había explotado a las cifras más altas en décadas.
BBC Mundo conoció que en sectores del seno de la política colombiana preocupa un incremento de las acciones marítimas estadounidenses próximas a Colombia y más sanciones contra el país.
Por el momento se muestran incrédulos de que algo similar a lo de Maduro pase con Petro, teniendo en cuenta la proximidad de elecciones.
Sobre México, aunque Trump se muestra más cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum que con Petro, el mandatario se ha ofrecido a atacar directamente a los cárteles.
Esto parece ser una línea roja para Sheinbaum, quien apuesta por la colaboración con Washington frente a otro tipo de intervención.
La región permanece en vilo hacia los próximos pasos de Trump.
Tras lo ocurrido en Venezuela y sus amenazas a México, Colombia e incluso Cuba, tres países en las antípodas políticas del estadounidense, crece la inquietud de que esto puede tratarse de algo mucho más grande que el narcotráfico.
Con reportería adicional de Leire Ventas, corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles y Alejandro Millán, desde Londres.
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