Desacato a suspensiones amerita sanción, pero no invalida proceso legislativo sobre reforma judicial: especialistas
El proceso para aprobar la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador acumula cuatro suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales que ordenaron frenar su discusión en la Cámara de Diputados el martes pasado, y luego en el Senado.
Estas suspensiones también ordenan impedir que la reforma, de ser aprobada en la Cámara Alta, pase a las legislaturas de los estados y la Ciudad de México para completar su trámite -de las cuales necesitan el aval de por lo menos 17-, hasta que se resuelvan los amparos en que jueces exigieron la defensa de sus derechos laborales y humanos.
Sin embargo, la Cámara de Diputados desoyó esa instrucción judicial, votó la iniciativa y la turnó al Senado para completar el trámite.
Y tanto el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, como el líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López, adelantaron que tampoco acatarán la orden judicial y hasta cuestionaron la posibilidad de que jueces federales aborden el tema.
Expertos consultados por El Sabueso explicaron que el desacato a estas medidas representa un delito, pero esto no puede invalidar el proceso de aprobación de la reforma en ambas cámaras.
Entonces, ¿cuál es el alcance de las suspensiones?
Con las suspensiones ordenadas por la jueza de Morelos Martha Eugenia Magaña López y el juez de Chiapas Felipe Consuelo Soto, la Cámara de Diputados debió frenar la discusión y votación en el pleno del dictamen de la reforma al Poder Judicial.
Pero esto no fue así. En ese sentido, las y los diputados que participaron de la sesión del pasado 3 y 4 de septiembre incumplieron con la orden judicial, lo que representa un delito, de acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Amparo.
“El delito que estamos ahorita mencionando amerita pena privativa de la libertad. Si hay multa, pero esa es la pena accesoria, la principal es prisión”, explicó a El Sabueso Alberto del Castillo, académico de la FES Aragón de la UNAM.
A esta sanción se suma también la inhabilitación para desempeñar un cargo público hasta por nueve años, según el mismo artículo.
Sin embargo, los legisladores no pueden ser procesados penalmente porque tienen fuero. Por lo que se requeriría de un juicio de procedencia (conocido como desafuero), el cual tendrían que resolver para retirar la protección constitucional a sí mismos, para que se les pueda sancionar, lo cual es poco probable que ocurra, detalló Del Castillo.
A pesar de que se trata de un delito, el desacato a la suspensión concedida por las personas juzgadoras no impacta en la validez del proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial.
Por lo que si el Senado vota y aprueba la reforma y luego esta pasa para su aprobación en las legislaturas estatales y de la CDMX, lo que está impedido por las suspensiones concedidas por los jueces, esto aún tendrá validez..
“El tema es el mensaje político que mandan estas autoridades. Al no cumplir con una suspensión, básicamente se está diciendo que las autoridades responsables tienen la facultad de decidir si cumplen o no una sentencia”, reprochó la abogada Melissa Ayala.
¿Es válida la suspensión ordenada por los jueces?
Tras darse a conocer la orden de suspensión del proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial, el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, rechazó que los jueces puedan frenar el proceso. Además, la diputada oficialista Dolores Padierna aseguró que esta resolución no tiene sustento.
“La demanda se debió desechar por tres razones: no cumple con el principio de parte agraviada (un proceso legislativo no puede dañar a persona alguna). Dos, el proceso legislativo no se puede controlar vía amparo porque no es un acto u omisión, sino un procedimiento soberano que no puede ser susceptible del recurso de amparo en los términos aceptados por los jueces que dieron entrada”, aseguró Padierna en un comunicado.
Agregó como tercer motivo que la propia Ley de Amparo reconoce en el artículo 61 que un juicio de amparo es improcedente “contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En los juicios de amparo se expone que, si se aprueba la reforma, los jueces demandantes serán separados de sus cargos “sin procedimiento previo ni derecho de audiencia, con consecuencias jurídicas, laborales, psicológicas y económicas”.
Aunque por otro lado la abogada Melissa Ayala explicó que esa disposición se refiere a reformas ya consumadas, por lo que no restringe la posibilidad de frenar el proceso legislativo, antes de que se apruebe una reforma.
Además, refirió que hay una tesis del Pleno de la Corte que prevé la aplicación de mecanismos de control constitucional, como el juicio de amparo, ante actos para reformarla.
En tanto, Alberto del Castillo resaltó la validez de la suspensión del proceso, en particular antes de que se turne a las legislaturas locales.
Los jueces federales, agregó, sí pueden tramitar esta demanda de amparo antes de la aprobación de la reforma, pues aunque es un hecho futuro, es de realización probable, “casi cierta, sobre todo, porque senadores y diputados han manifestado que van a aprobar esa reforma”.
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Un veredicto en su contra tuvo lugar menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión. Aún tiene pendientes varias acusaciones.
Dos bolsos Chanel, una concesionaria BMW y una polémica iglesia estuvieron en el centro del juicio a la ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee.
Esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, que fue destituido en 2025, fue arrestada en agosto por cargos que incluían soborno, manipulación bursátil e interferencia política, todos los cuales niega.
La fiscalía acusó a Kim, de 52 años, de ganar más de 800 millones de wones (US$552.570) al participar en una trama de manipulación de precios relacionada con las acciones de Deutsch Motors, una concesionaria de BMW en Corea del Sur, entre octubre de 2010 y diciembre de 2012.
También fue acusada de aceptar bolsos de lujo, un collar de diamantes y otros regalos por valor de hasta 80 millones de wones (US$56.000) como sobornos de la controvertida Iglesia de la Unificación a cambio de favores comerciales, y de recibir 58 encuestas de opinión gratuitas, por valor de 270 millones de wones coreanos, del empresario Myung Tae-kyun antes de las elecciones presidenciales de 2022.
El miércoles, un tribunal la declaró culpable de aceptar sobornos de funcionarios de la Iglesia de la Unificación y la condenó a 20 meses de cárcel.
Sin embargo, fue absuelta de los cargos de manipulación del precio de acciones y de violar las leyes de financiación de campañas de Corea del Sur. Aún quedan dos acusaciones en su contra que el tribunal no ha escuchado.
El veredicto llega menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión por abuso de poder y obstrucción a la justicia en relación con su fallido intento de instaurar la ley marcial.
También marca la primera vez en la historia del país que la esposa de un presidente es acusada formalmente estando detenida.
Pero no es la primera vez que la propia Kim se ve envuelta en controversias.
Credenciales cuestionables
Antes de ser la primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, cuyo verdadero nombre es Kim Myeong-sin, era empresaria y amante del arte.
Se graduó con una licenciatura en educación artística de la Universidad Femenina de Sookmyung en 1999, pero posteriormente enfrentó repetidas acusaciones de plagio durante su época de estudiante allí.
La universidad anuló su título en 2025 después de que su comité de ética de investigación descubriera que la tesis de Kim tenía problemas.
Nunca ha respondido públicamente a estas acusaciones.
En 2009 fundó la empresa de exhibiciones de arte Covana Contents, de la que sigue siendo directora ejecutiva y presidenta. Sin embargo, en 2019 medios de comunicación surcoreanos informaron que Kim presuntamente había evadido impuestos y recibido sobornos por organizar exposiciones.
Kim fue absuelta de estos cargos en 2023, pero un fiscal especial está reexaminando el caso.
Posteriormente, antes de las elecciones presidenciales de 2022, que finalmente ganó su esposo, surgieron acusaciones de que Kim había presentado solicitudes a universidades y empresas con títulos y premios falsos, lo que desató un escándalo por posibles credenciales falsificadas.
En respuesta a estas acusaciones, que algunos miembros de la oposición intentaron utilizar como arma política contra Yoon, Kim emitió una disculpa pública por lo que describió como “exageraciones” en su currículum.
Además, prometió que si su esposo llegaba a la presidencia, se centraría exclusivamente en su rol como esposa.
Sin embargo, es su conducta durante ese periodo lo que ha provocado algunas de las críticas más duras en su contra.
El escándalo del bolso
A finales de 2023 aparecieron imágenes de una cámara espía que mostraban a Kim recibiendo un bolso de lujo de un individuo en una oficina de Seúl en septiembre de 2022.
Se informó que las imágenes fueron grabadas en secreto por el pastor Choi Jae-young con una cámara en su reloj, y su publicación intensificó el escrutinio público sobre Kim y Yoon.
Al parecer, mostraban a Choi caminando hacia una tienda para comprar un bolso de piel grisáceo, con un recibo que estimaba su costo en 3 millones de wones (US$2.200). Choi luego visitó Covana Contents, una empresa en Seúl propiedad de la primera dama, donde Kim le preguntó al pastor: “¿Por qué sigue trayéndome estas cosas?”.
La ley surcoreana prohíbe que los funcionarios públicos y sus cónyuges reciban regalos por un valor superior a 1 millón de wones(US$698) de una sola vez, o un total de 3 millones de wones en un año fiscal.
Si bien el video no muestra explícitamente a Kim aceptando el regalo, el diario Korea Herald informó en ese momento que la oficina presidencial confirmó la recepción de la bolsa y afirmó que estaba “registrada y almacenada como propiedad del gobierno”.
La oficina presidencial no respondió de inmediato a la grabación, lo que avivó aún más la controversia, ya que grupos cívicos presentaron denuncias ante la fiscalía alegando posibles violaciones de la Ley Anticorrupción.
Este incidente fue una de las 16 acusaciones investigadas por el equipo de fiscales especiales, 12 de las cuales fueron remitidas a la policía para su posterior investigación.
Sin embargo, el veredicto de este miércoles se centró en la presunta aceptación de sobornos por parte de Kim de la Iglesia de la Unificación, así como en su presunta participación en la manipulación de las acciones de Deutsch Motors y en una presunta manipulación electoral.
Kim negó los cargos, aunque admitió haber recibido bolsos de Chanel, que, según afirma, luego devolvió sin usar.
El mes pasado la fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión y una multa de 2.000 millones de wones, alegando que Kim había actuado “por encima de la ley” y conspirado con la Iglesia de la Unificación para socavar la “separación constitucional entre religión y Estado”.
Destituido
Si bien la serie de escándalos de Kim ensombreció la carrera presidencial de su esposo, fue el propio Yoon quien finalmente selló su destino como uno de los exlíderes más desacreditados de Corea del Sur.
El 16 de enero de este año Yoon fue declarado culpable de abuso de poder, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia al intentar, sin éxito, imponer la ley marcial en el país en 2024. También fue condenado a cinco años de cárcel.
Este fue el primero de los veredictos en cuatro juicios relacionados con el decreto de ley marcial de Yoon. Aunque efímero, la medida desató una agitación nacional, provocando protestas cuando los parlamentarios acudieron a la Asamblea Nacional para revocar la decisión de Yoon.
Las acciones de Yoon “sumergieron al país en una crisis política”, declaró un juez al emitir el veredicto, señalando que Yoon “no había mostrado remordimiento alguno”.
Fue durante una investigación de un año sobre el fallido intento de Yoon de instaurar la ley marcial que los fiscales especiales comenzaron a investigar muchas de las acusaciones contra Kim.
Juntos, la otrora poderosa pareja forma una dupla histórica: si bien Corea del Sur tiene antecedentes de expresidentes acusados y condenados, Yoon y Kim marcan la primera vez que un expresidente y una exprimera dama son encarcelados.
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