La discusión sobre el “Plan C” de Morena está marcada en redes por confusiones sobre qué es Poder Judicial Federal (PJF) y cuáles son los poderes judiciales locales, aun cuando esta diferencia es clave porque cada instancia revisa casos distintos y tiene retos específicos para la impartición de justicia.
Especialistas consultados por El Sabueso criticaron que la reforma judicial impulsada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum no prioriza dar soluciones a los problemas que tiene la justicia local, para darle más presupuesto e infraestructura, más allá de que sus juezas y jueces sean elegidos por voto popular.
Según censos de impartición de justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 hubo 2 millones 154 mil 768 asuntos revisados por los poderes judiciales locales, mientras que, en total, al PJF le correspondieron un millón 274 mil 165.
“Las grandes problemáticas se están dando en los ámbitos locales y no necesariamente en el ámbito federal”, menciona en entrevista Héctor Carreón Perea, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Usuarios de X, antes Twitter, desinformaron recientemente culpando a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la absolución y liberación del exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del feminicidio en grado de tentativa de la saxofonista María Elena Ríos, quien sobrevivió a un ataque con ácido. Esto cuando la decisión correspondió en realidad al juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, José Gabriel Ramírez Montaño.
Lo mismo sucedió cuando usuarios aseguraron en X que Norma Piña ordenó o estuvo involucrada en la decisión de dejar insubsistente una orden de aprehensión de 2021 en contra de la conductora Inés Gómez Mont, aunque la resolución fue aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México, de manera unánime. En ambos casos se trata de resoluciones de la justicia local, y no la federal.
Por eso en El Sabueso te explicamos qué es la justicia local, qué es la justicia federal y qué asuntos le competen a cada una:
El artículo 40 constitucional establece que México está compuesto por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación.
De acuerdo con ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?, material didáctico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), eso implica que en el sistema jurídico existan leyes federales válidas en todo el país, leyes locales en las entidades y ordenamientos municipales en los municipios.
“Esto propicia que los estados puedan crear las leyes que establezcan los delitos para su estado y la federación las leyes que establecen delitos a nivel nacional. Esto trae como consecuencia que haya jueces locales para conocer de los delitos locales, y jueces federales para los delitos federales”, dijo el magistrado Juan José Olvera López en un video del Consejo de la Judicatura Federal.
De esta manera existe jurisdicción federal, que le corresponde al PJF; y local, que le compete al poder judicial de cada estado.
“La jurisdicción no es otra cosa que una función pública que tienen ciertos órganos para administrar justicia conforme a derecho. Es importante que la ciudadanía esté informada de cuáles son los alcances de esta función pública que implica la jurisdicción”, explica Carreón Perea, quien también es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
Al cierre de 2022, se reportaron 5 mil 25 servidoras y servidores públicos con el cargo de magistrados, magistradas y jueces o juezas en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales locales, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2023.
Durante 2022, los poderes judiciales estatales ejercieron un presupuesto de 45 mil 839 millones 663 mil 068 pesos. De dicho presupuesto, 52% correspondió a órganos jurisdiccionales, y 28.7%, a órganos administrativos y unidades administrativas.
Al cierre de 2022, la estructura organizacional y recursos del PJF se conformó por 941 órganos jurisdiccionales y 555 órganos y unidades administrativas, en los cuales huboe según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023.
En ese año, el PJF ejerció un presupuesto de 77 millones 407 mil pesos. Del presupuesto ejercido por el PJF, 70.8 % correspondió a órganos jurisdiccionales y 29.2 % a órganos y unidades administrativas.
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Los poderes judiciales locales, cuya configuración corresponde a cada entidad federativa, se encargan de los asuntos legales cotidianos de la ciudadanía: civiles, mercantiles, penales, laborales, agrarios, administrativos, fiscales, entre otros.
“La comisión de delitos en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, corresponde únicamente a asuntos que tengan competencia territorial dentro de la circunscripción del territorio de la entidad de la que hablemos. Es decir, estarán regulados, códigos estatales y las leyes locales”, explica Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.
Durante 2022, hubo 2 millones 154 mil 768 asuntos ingresados y un millón 320 mil 702 asuntos concluidos o determinados por los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales, en todas las materias, revela el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2023.
El PJF se encarga de interpretar leyes y resolver conflictos entre autoridades. Para que un asunto le corresponda debe existir una autoridad federal que demanda o denuncia, el problema o la controversia tiene que estar regulado por una ley federal o que una ley lo establezca así.
“Una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es proteger el orden constitucional. Para ello se vale de diversos medios, entre ellos, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación”, se lee en el material didáctico ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?.
Los expertos consultados por El Sabueso consideran que es necesaria una reforma al PJF pero no como la propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Julio Jiménez Martínez, doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, ninguna reforma funcionará si se sigue ignorando la justicia local.
“La reforma propuesta por el Ejecutivo Federal no está atendiendo a los tribunales locales, es decir, no está tocando el origen del conflicto de la impartición de justicia. El conflicto no nace en el Poder Judicial de la Federación. La percepción de injusticia, corrupción, impunidad o negligencia institucional no se genera a nivel federal”, sostiene Jiménez Martínez.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, 66% de la población de 18 años y más considera que los jueces son corruptos.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021 revela que la población de 18 años y más en áreas urbanas no confía más de 54.2% en jueces y magistrados.
La reforma de López Obrador propone en el artículo 116 constitucional que las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados establezcan las condiciones para la elección por voto directo de jueces y magistrados también a nivel local.
Pero el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados hace un llamado a considerar el presupuesto para la justicia local.
“Hay muchas áreas de oportunidad, hay muchas materias que podrían ser objeto de revisión de reforma o de adición en lo local y son de urgente resolución. Los tribunales locales carecen de infraestructura, carecen de personal suficiente, carecen de recursos materiales indispensables para que cumplan y atiendan los procesos, también carecen de capacitación y actualización. Eso genera impunidad, genera corrupción y se vuelve un nicho de una percepción de una negativa de acceso a la justicia”, señala.
En una conferencia de prensa del Poder Judicial del Estado de México, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar sostuvo que existía una desproporción entre los asuntos que se resuelven en la justicia local y el presupuesto que se les asigna.
“Actualmente la gran mayoría de los asuntos se resuelven en los tribunales superiores locales, pero no contamos con los recursos que tiene la Federación. Una desproporción muy, muy, muy marcada”, dijo.
Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo para la explotación de minerales. El presidente Donald Trump insistió en la necesidad del convenio mientras el país europeo lucha contra la invasión rusa de su territorio.
Estados Unidos y Ucrania firmaron este miércoles un esperado acuerdo para la explotación de minerales en la nación europea.
Según informó en un comunicado el Departamento del Tesoro estadounidense, este acuerdo contribuirá a los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania tras la guerra.
El presidente Donald Trump insistió repetidamente en la necesidad de este convenio como requisito previo para ofrecer futuras garantías de seguridad a Kyiv, mientras Ucrania lucha contra la invasión rusa de su territorio.
En su comunicado, el gobierno de Estados Unidos dijo que el acuerdo “envía a Rusia una señal” de que la administración Trump está “comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera”.
El acuerdo firmado este miércoles implicará la creación de un fondo de inversión conjunto para buscar las llamadas “tierras raras” y establece cómo se dividirán los ingresos entre los dos países.
Este acuerdo demuestra la importancia de estos minerales, pero ¿para qué sirven y qué pueden ofrecer a Estados Unidos?
“Tierras raras” es un término colectivo para 17 elementos químicamente similares que se utilizan mucho en la tecnología y la industria modernas.
Estos elementos son cruciales para la fabricación de teléfonos inteligentes, computadoras y equipos médicos, entre otros.
Se trata del escandio (Sc), el itrio (Y), el lantano (La), el cerio (Ce), el praseodimio (Pr), el neodimio (Nd), el prometio (Pm), el samario (Sm), el europio (Eu), el gadolinio (Gd), el terbio (Tb), el disprosio (Dy), el holmio (Ho), el erbio (Er), el tulio (Tm), el iterbio (Yb) y el lutecio (Lu).
Estos minerales se denominan “raros” porque es muy poco habitual encontrarlos en estado puro, aunque existen yacimientos de algunos de ellos en todo el mundo.
Sin embargo, las tierras raras suelen hallarse con elementos radiactivos, como el torio y el uranio, y para separarlos se necesitan muchos productos químicos tóxicos, por lo que el proceso de extracción resulta a veces difícil y caro.
Ucrania posee 21 de las 30 sustancias que la Unión Europea (UE) define como “materias primas críticas”, lo que representa alrededor del 5 % de las reservas mundiales.
Muchas de las zonas que contienen estos elementos se encuentran al sur de lo que es conocido como Escudo Cristalino ucraniano, principalmente bajo el mar de Azov. La mayoría de estos territorios están actualmente ocupados por Rusia.
Sin embargo, sigue habiendo proyectos prometedores en el Buzh Medio, así como en las regiones de Kyiv, Vinnytsia y Zhitómir.
Los expertos afirman que, aunque se han identificado varios centenares de lugares geológicos prometedores, sólo algunos de ellos podrían convertirse en yacimientos si su explotación se considera económicamente viable.
“Las estimaciones que se han publicado son muy aproximadas”, afirma Adam Webb, responsable de materias primas para baterías de Benchmark Mineral Intelligence.
“Hay que trabajar mucho más para demostrar que esos depósitos minerales se pueden convertir en reservas económicas”.
En cuanto a otros importantes recursos minerales ucranianos, cerca del 70 % de ellos se encuentran, según Forbes Ukraine, en las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Luhansk. Es decir, muchos están en territorio invadido y aún ocupado por Rusia.
Además de los minerales de tierras raras, Ucrania también posee lo que se conoce como minerales esenciales, como el litio.
Según el gobierno ucraniano, el país tiene unas 450 mil toneladas de reservas de litio. No se están explotando, aunque ha habido planes para empezar a hacerlo.
Rusia ha ocupado al menos dos yacimientos de litio: Shevchenkivske, en la región de Donetsk, y el yacimiento del complejo de Kruta Balka, en la región de Berdyansk.
Los yacimientos de litio de la región de Kirovohrad siguen bajo control ucraniano.
El interés de Estados Unidos por controlar la producción de tierras raras y muy posiblemente de minerales esenciales se debe en gran medida a la competencia con China, que actualmente domina la oferta mundial.
En las últimas décadas, China se ha convertido en líder tanto en la extracción como en el procesamiento de minerales de tierras raras, con un 60-70 % de la producción mundial y casi el 90 % de la capacidad de procesamiento.
La dependencia estadounidense de China en esta cuestión preocupa a la administración Trump, tanto en términos de seguridad nacional como de economía.
Estos materiales son necesarios para tecnologías muy sofisticadas, desde coches eléctricos hasta equipos militares.
En diciembre, China prohibió la exportación de algunos minerales de tierras raras a Estados Unidos, tras haber limitado previamente las exportaciones de minerales a este país el año anterior.
Pekín impuso entonces más controles a la exportación de minerales de tierras raras como parte de una creciente guerra comercial con Estados Unidos, desatada por el anuncio de Trump de imponer aranceles muy elevados a los productos chinos en abril.
El republicano también ha sugerido que la presencia de contratistas estadounidenses en Ucrania actuará como garantía de seguridad para disuadir la agresión rusa en el futuro, pero Ucrania y los líderes europeos han insistido en que eso no sería suficiente.
Análisis de Navin Singh Khadka, corresponsal de Medio Ambiente del Servicio Mundial de la BBC.
A primera vista, parece una paradoja.
Trump ha ordenado la expansión de la producción de combustibles fósiles, abandonando las políticas de energías renovables. Pero, al mismo tiempo, quiere asegurarse minerales cruciales -que son clave para la transición a la energía limpia- de donde pueda.
Sin embargo, esos minerales son también los componentes básicos de la electrónica de consumo, los equipos militares y de navegación y, lo que es más importante, los centros de datos de Inteligencia Artificial (IA).
Trump ha anunciado un gran estímulo para la expansión de la infraestructura de IA en Estados Unidos. Para ello se necesitará un enorme suministro de minerales esenciales, principalmente cobre, silicio, paladio y elementos de tierras raras.
Y el suministro de minerales estratégicos ya ha empezado a disminuir, convirtiéndose en una de las principales causas de la ralentización del crecimiento mundial de las energías limpias.
Según los expertos, el principal factor es el dominio chino de los minerales esenciales, entre ellos las tierras raras, en gran parte debido a la geopolítica entre Estados Unidos y China.
Tras haber perfeccionado durante décadas sus técnicas de procesamiento, China controla actualmente el 100 % del suministro refinado de grafito natural y disprosio, el 70 % del cobalto y casi el 60 % de todo el litio y manganeso procesados, según la Agencia Internacional de Energías Renovables.
También produce mayoritariamente elementos de tierras raras y mantiene un férreo control sobre metales clave en todo el mundo, con la titularidad de importantes minas en África, Asia y Sudamérica.
“Para contrarrestar el creciente control de China sobre la cadena de suministro global”, el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante la administración de Biden afirmó que “es esencial que Estados Unidos asegure su propio suministro innovador de minerales críticos y estratégicos”.
La administración Trump parece ver en lugares como Ucrania y Groenlandia zonas en las que utilizar métodos innovadores para añadir a su cadena de suministro.
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