El 9 de enero pasado entró en vigor en México la obligación de que las personas titulares de líneas telefónicas móviles vinculen su número con una identificación oficial, ello como resultado de las reformas legales publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que modifican el régimen de prestación de los servicios de telecomunicaciones.

La medida, que ya se puede consultar en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que los concesionarios deberán verificar la identidad de quienes contratan o mantienen una línea activa bajo el argumento de fortalecer la seguridad pública y reducir delitos cometidos mediante el uso de teléfonos móviles. 

No obstante, dicha normativa no define de manera explícita una finalidad concreta del uso de los datos personales más allá de su asociación con objetivos generales de seguridad; tampoco detalla con precisión los límites sobre su uso posterior o el acceso por parte de autoridades.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, en redes sociales comenzaron a detectarse anuncios de personas que ofrecen “datos para registro”, identidades prestadas o tarjetas SIM presuntamente ya vinculadas con nombres de terceros. Estas ofertas prometen mantener el servicio activo sin que el usuario entregue su información real al operador, ello a cambio de pagos que varían según el tipo de línea y la región

“A la fecha no se ha encontrado que exista una relación entre el registro obligatorio de líneas y la reducción de delitos, que es lo que se ha argumentado desde el gobierno”, señala.

Flores detalla que el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSMA, por sus siglas en inglés) ha documentado desde 2016 que los registros obligatorios no han demostrado ser una herramienta eficaz contra delitos como la extorsión y el secuestro virtual. Por el contrario, estudios internacionales han identificado otros efectos colaterales derivados de estas políticas.

En su informe Access to Mobile Services and Proof of Identity (2019), GSMA analizó la implementación de estos registros en más de 150 países y concluyó que no existe evidencia empírica concluyente de que el registro obligatorio de SIM reduzca directamente la incidencia delictiva, incluidos delitos como fraude, extorsión y secuestro.

En el mismo informe se advierte que, en numerosos casos, la imposición de registros estrictos de identidad ha derivado en consecuencias no previstas, como la exclusión de personas sin documentos oficiales, el aumento del robo de teléfonos móviles y la expansión de mercados informales de tarjetas SIM registradas a nombre de terceros, lo que debilita los objetivos de seguridad pública que se buscan con este tipo de políticas. 

Núñez Ronquillo advierte que esta falta de delimitación contraviene principios básicos de la protección de datos personales, como la finalidad y la proporcionalidad, y abre la puerta a usos secundarios de la información que no fueron evaluados al momento de legislar. 

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Esta no es la primera ocasión en la que se ha intentado implementar un registro de este tipo en el país. El primer antecedente fue el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), creado en 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Este padrón obligaba a los usuarios de telefonía móvil, principalmente de líneas de prepago, a registrar su número con datos personales como la CURP bajo el argumento de que la identificación de los titulares permitiría combatir delitos como la extorsión telefónica y el secuestro. 

Desde su puesta en marcha, el Renaut enfrentó problemas operativos, bajos niveles de cumplimiento efectivo y cuestionamientos sobre la seguridad de la base de datos, ya que se documentaron casos en los que información de usuarios apareció a la venta en mercados informales, por lo fue eliminado en 2011.

El segundo antecedente es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2021, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

A diferencia del Renaut, el Panaut contemplaba la recolección de datos biométricos de los usuarios como huellas dactilares, reconocimiento facial e iris, vinculados con cada línea

telefónica. El objetivo oficial volvió a centrarse en el combate a delitos cometidos a través de teléfonos móviles, pero el alcance del registro y la naturaleza de los datos exigidos generaron una reacción inmediata de organismos autónomos, especialistas en protección de datos y organizaciones de derechos digitales.

Así, el Panaut fue impugnado mediante acciones de inconstitucionalidad, entre ellas las promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el padrón era inconstitucional, al considerar que la obligación de entregar datos biométricos vulneraba derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales, y que el diseño de la medida no cumplía con los principios de proporcionalidad, necesidad y finalidad. 

Además, la Corte señaló la ausencia de salvaguardas suficientes para garantizar la seguridad de la información y la falta de una evaluación de impacto que justificara la recolección de datos sensibles a gran escala.

Vaivenes con el registro de líneas telefónicas actual 

Según José Flores, el cambio central consiste en que ahora el registro quedará en manos de las empresas privadas, lo que permite sortear el argumento de concentración directa de datos en el gobierno. Sin embargo, advierte que esa modificación no elimina los riesgos asociados con el acceso a la información.

“El acceso a esos datos no tiene los suficientes candados y salvaguardas”, señala, y explica que existen otros marcos normativos, como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que faculta a diversas autoridades a solicitar información para la generación de productos de inteligencia sin que necesariamente medie una orden judicial.

De acuerdo con la abogada, estas implicaciones representan riesgos, incluso para quienes cumplen con el registro por la vía regular. En un escenario de investigación penal, la simple vinculación de una línea con una persona puede generar presunciones que resultan difíciles de desvirtuar. “Se puede dar el caso de que se investigue un delito cometido desde un número telefónico y que la primera persona señalada sea el titular de la línea, aun cuando no haya participado”, señala.

Ambos especialistas coinciden en que este riesgo se agrava en delitos como la extorsión, donde la legislación reciente contempla sanciones severas y figuras como la cooperación o el auxilio, lo que podría colocar en una situación de vulnerabilidad a personas cuyo teléfono fue robado o cuya línea fue clonada antes de que pudieran reportarlo.

En este contexto, la venta de chips ya registrados o de identidades prestadas, tan en boga en redes sociales hoy en día, representa un riesgo adicional. Núñez Ronquillo advierte que el uso de datos de terceros puede configurar el delito de usurpación de identidad, que en entidades

como la Ciudad de México se castiga con penas de prisión y sanciona tanto a quien suplanta como a quien consiente la utilización de su identidad.

Flores agrega que este tipo de mercados informales suele operar sin transparencia y sin garantías, y que incluso puede involucrar a personas en situación de vulnerabilidad que aceptan registrar líneas a su nombre a cambio de pagos mínimos, asumiendo sin saberlo riesgos legales significativos.

El impacto de la medida también alcanza a grupos que históricamente han dependido del anonimato para protegerse, como periodistas, activistas, comunidades indígenas y personas migrantes. Flores señala que, para muchos de estos grupos, el uso de líneas no identificables ha sido una herramienta de comunicación y organización frente a contextos de riesgo. “El problema no es solo el registro, sino quién puede acceder a esa información y con qué fines”, apunta.

Núñez coincide en que las personas migrantes en situación irregular enfrentan obstáculos particulares, ya que los lineamientos asumen la disponibilidad de documentos oficiales. Al tratarse de un servicio público, explica, la telefonía móvil está vinculada con derechos humanos como el acceso a la información, la libertad de expresión y el ejercicio de actividades laborales.

Aunque los lineamientos contemplan plataformas para que los usuarios puedan consultar cuántas líneas están registradas a su nombre, no existe un mecanismo que permita conocer cuántas veces esa información ha sido consultada por autoridades ni bajo qué criterios, lo que limita la posibilidad de control por parte de los titulares de los datos.

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Juicio de amparo como medida contra el registro de líneas telefónicas

En paralelo a la implementación del registro obligatorio de líneas móviles, organizaciones civiles y especialistas han señalado la posibilidad de recurrir al juicio de amparo como vía legal para impugnar la medida. Desde la perspectiva legal, Núñez asegura que, aunque el amparo es un mecanismo constitucional disponible para las personas usuarias, su uso enfrenta obstáculos prácticos que limitan su alcance real.

La abogada advierte que promover un juicio de amparo implica costos económicos, tiempos prolongados y asesoría legal especializada, lo que lo convierte en una opción poco viable para amplios sectores de la población. En ese sentido, subraya que, si bien el amparo existe como herramienta jurídica, no puede considerarse una solución accesible o generalizada frente a una obligación que afecta a millones de usuarios de telefonía móvil.

Núñez Ronquillo señala además que, en casos como este, la carga económica del litigio recae completamente en las personas usuarias, quienes deben asumir gastos de representación legal y seguimiento del proceso sin garantía de una suspensión inmediata o de un fallo favorable. Esto genera una desigualdad entre el alcance de la política pública y las posibilidades reales de impugnación individual, particularmente para personas en contextos de vulnerabilidad o con acceso limitado a servicios jurídicos.

Desde la R3D, la lectura del amparo es distinta. José Flores explica que, aunque el juicio de amparo puede resultar complejo y costoso a nivel individual, su valor reside en la posibilidad de generar criterios judiciales que frenen o acoten la aplicación de medidas que consideren desproporcionadas. Desde esta perspectiva, los litigios no buscan necesariamente que millones de personas se amparen de manera individual, sino sentar precedentes que obliguen a las autoridades a revisar el diseño y la implementación de este tipo de registros.

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¿De qué se encarga la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?

Desde el gobierno, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sostiene que el registro obligatorio de líneas móviles no implica la creación de una base de datos gubernamental y que la responsabilidad de recabar y resguardar la información corresponde exclusivamente a las compañías telefónicas, afirma Adán Román, director general de Planeación de la CRT, en entrevista con El Sabueso. 

“No es un registro que esté haciendo el gobierno, es un registro que hacen las compañías telefónicas y que ya tienen mucha experiencia haciéndolo”, afirma.

Román explica que desde hace más de una década las personas que cuentan con planes de telefonía fija o móvil entregan datos personales a las empresas para contratar servicios, y que estas compañías están obligadas a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. En ese sentido, subraya que la obligación de proteger la información recae en los concesionarios, no en el Estado. 

Sobre la supervisión y auditoría del resguardo de datos, el funcionario aclara que la CRT no es la autoridad facultada para sancionar vulneraciones de datos personales. De acuerdo con la legislación vigente, estas atribuciones corresponden a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que puede iniciar investigaciones y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

En relación con los reportes de una presunta filtración de datos en plataformas de registro, Román sostiene que la CRT no tiene conocimiento de vulneraciones a datos personales de usuarios. Explica que, en el caso de Telcel, lo que se detectó fue la exposición de datos del desarrollador de la plataforma, una práctica común en entornos de desarrollo que fue corregida de manera inmediata tras un mantenimiento.

Respecto al llamado “mercado negro” de chips, el funcionario rechaza que exista como tal. Según su explicación, lo que se ha detectado son estafas que aprovechan la confusión de la población. Señala que muchos de los chips ofrecidos como “ya registrados” fueron vendidos antes del 9 de enero y estaban preactivados como parte de prácticas comerciales previas, pero deben cumplir igualmente con el registro antes del 30 de junio para no ser suspendidos.

Román detalla que, en algunos casos, grandes lotes de chips fueron facturados a nombre de una sola persona antes de la entrada en vigor del registro, lo que provocó que aparecieran asociados a un solo titular. Las compañías telefónicas, explica, están individualizando esas líneas para permitir su registro correcto y evitar confusiones.

Sobre la responsabilidad legal, contrario a lo mencionado por los especialistas consultados, asegura que en caso de que una línea registrada a nombre de una persona sea utilizada para cometer un delito, el funcionario sostiene que el registro es solo uno de los elementos que consideran las autoridades investigadoras. 

“No es definitivo para determinar culpabilidad; la presunción de inocencia se mantiene”, concluye, comparando el caso con situaciones como el uso de un vehículo o una vivienda para cometer un ilícito.