
El dinero forma parte de la vida cotidiana, pero pocas veces se enseña a entenderlo. Cuando las personas comprenden cómo funcionan los créditos, los intereses o el ahorro, el dinero deja de ser un problema invisible y se transforma en un recurso controlable. Pese a su carácter de urgente, en México estos temas no forman parte de las aulas ni de las conversaciones en muchos hogares.
De acuerdo con datos de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) 2025-2030, 59 % de los mexicanos no recibe educación financiera por parte de sus padres —el equivalente a 6 de cada 10 personas—; en 62 % de los hogares no se ahorra; 83 % no realiza visitas a bancos; en 73 % no se lleva un presupuesto y en 69 % de las familias no se habla de dinero.
Ante este panorama, en diciembre pasado se presentó la ENEF 2025-2030 —impulsada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— como una hoja de ruta para fortalecer las capacidades financieras de la población.
El planteamiento busca dejar atrás un enfoque meramente informativo y avanzar hacia una formación que permita construir una base conductual orientada al control del dinero. La estrategia se compone de seis objetivos estratégicos dirigidos a fortalecer el bienestar financiero:
Para Jorge Meyrán Woo, profesor de Finanzas en la Universidad Anáhuac Querétaro y en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), algunos de los objetivos planteados en la ENEF no resultan del todo realistas en el contexto económico actual, ya que antes “se requiere combatir la pobreza multidimensional”.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que, en 2024, 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional. Es decir, 3 de cada 10 mexicanos no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales —como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación— y su ingreso mensual per cápita no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes o servicios necesarios.
“No visualizo que los objetivos que se están manejando sean realistas. Primero se necesita combatir la pobreza y fortalecer la educación financiera desde niveles iniciales. También es fundamental reforzarla en adultos que no la recibieron en su infancia y que, por lo tanto, no pueden transmitirla a sus hijos, quienes la adquieren con el paso del tiempo. Lo anterior también conlleva a bajos niveles de inclusión financiera”, señala en entrevista con El Sabueso.
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la educación financiera se refiere al conjunto de aptitudes, habilidades y conocimientos que la población debe adquirir para manejar y planear adecuadamente sus finanzas personales, tomar decisiones acordes con sus intereses, elegir productos que se ajusten a sus necesidades y comprender los derechos y obligaciones asociados con la contratación de servicios financieros.
La inclusión financiera implica que personas y empresas tengan acceso a productos y servicios útiles y asequibles —como pagos, ahorros, crédito y seguros—. Según el Banco Mundial, esta última fomenta el crecimiento económico y el empleo, promueve el empoderamiento económico de las mujeres y contribuye a la erradicación de la pobreza.
El documento oficial de la ENEF señala que, derivado de los programas sociales, la inclusión financiera ha aumentado significativamente. Hoy en día, tres cuartas partes de la población cuenta con al menos un producto financiero formal, como una cuenta bancaria, y 73.5 millones de mexicanos utilizan el sistema de pagos electrónicos, lo que facilita una mayor integración al sistema financiero y a los canales digitales de pago.
“Un aspecto relevante es que la educación financiera, por añadidura, genera inclusión financiera. En México, la inclusión se mide a partir de la tenencia de una cuenta en alguna institución, ya sea bancos, sociedades financieras populares (sofipos) o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps). Sin embargo, la inclusión no garantiza educación financiera: las personas pueden tener una cuenta de depósito o de ahorro y formar parte del sistema financiero, pero, aun así, mantener niveles muy bajos de educación financiera y gastar más de lo que deben”, explica.
Los datos respaldan esta afirmación. Información de la propia Estrategia Nacional indica que, en términos de control financiero, poco más de la mitad de las personas (53 %) lleva algún tipo de control de gastos, aunque solo 2 de cada 10 mantienen un registro sistemático de ingresos y egresos. En cuanto al futuro, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), publicada en marzo de 2025, muestra que 68.2 % de las personas utilizaría los apoyos del gobierno para cubrir sus gastos en la vejez, mientras que 67.3 % continuaría trabajando.
Es importante aclarar que cada uno de los seis objetivos se articula considerando dos ejes transversales: igualdad de género y la inclusión de grupos vulnerables. Los datos recientes de la ENEF evidencian la persistencia de brechas entre mujeres y hombres en el acceso, uso y aprovechamiento de los servicios financieros en México.
Sus cifras revelan que 73 % de las mujeres de 18 a 70 años cuenta con al menos un producto financiero formal, en contraste con 81 % de los hombres. Estas diferencias se manifiestan, a la par, en distintos instrumentos; por ejemplo, tan solo 34 % de las mujeres tiene una cuenta de ahorro para el retiro (Afore), frente a 51 % de los hombres, una disparidad de 17 puntos porcentuales.
Otro asunto central en la agenda de las mujeres recae en su “falta de retribución”. La Estrategia Nacional expone que este sector representa 54 % de la población fuera del mercado laboral y, además, dedican en promedio 42 horas semanales al trabajo no remunerado del hogar, frente a 16 horas en los hombres, “reduciendo su tiempo disponible para capacitación o emprendimiento”, resume el documento.
En torno a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, la ENEF hace hincapié en los grupos que requieren una atención prioritaria, como hablantes de lenguas indígenas, personas que habitan en localidades rurales o de difícil acceso, con discapacidad, jóvenes y adultos mayores, y aquellas en informalidad laboral.

“La informalidad no es culpa de la población, seamos puntuales, sino del gobierno, la institución pública y las empresas; por decir un caso, que no los tengan dados de alta correctamente. Se requiere que haya una mayor observación y auditoría. Y otra vez, quienes están en nivel de formalidad suelen proyectar mayor educación financiera”, profundiza en este aspecto Meyrán Woo, también doctorante de Ciencias Financieras.
El observatorio económico México ¿Cómo Vamos? define a la informalidad como una situación en donde una persona trabajadora no cuenta con seguridad social o protección legal e institucional correspondiente al tiempo laborado. Mediciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al tercer trimestre de 2025, subraya que 55.4 % de la población ocupada tiene un empleo informal.
Aunque los datos sobre género resultan reveladores, para el especialista el problema de fondo se encuentra en el ámbito educativo. Meyrán Woo advierte que muchas personas cursan carreras altamente reconocidas, como medicina, arquitectura e ingeniería, pero no distinguen entre un préstamo y un crédito. Estas lagunas de conocimiento se originan desde edades tempranas.
“La brecha se genera a partir de la educación; es la más grave”, remata. Al reconocer el papel central de la educación financiera en el desarrollo integral de las personas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala en la ENEF que esta formación debe ser progresiva, transversal, pertinente y contextualizada. El objetivo consiste en acompañar al estudiantado desde la educación básica hasta la media superior, así como fortalecer su bienestar y proyecto de vida.
Las líneas de acción se dirigen tanto al alumnado como al personal docente. Por ello, este documento incorpora dicho enfoque con el fin de que las acciones contempladas en la estrategia mantengan coherencia con la perspectiva educativa de la Nueva Escuela Mexicana, a través del Plan y los Programas de Estudio, y contribuyan al desarrollo humano integral de las comunidades educativas del país.
En este marco, una de las primeras acciones plantea la valoración técnica y pedagógica de materiales educativos con contenidos de educación financiera. De acuerdo con su pertinencia, se busca promover su integración en los proyectos de los libros de texto gratuitos y en los contenidos establecidos en los programas sintéticos, con el propósito de asegurar su coherencia curricular y contextual.
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Otro de los propósitos de la ENEF es la generación de campañas que promuevan contenidos para la educación financiera, como incrementar la participación de jóvenes en concursos y programas por parte del Banco de México (Banxico).
En resumen, la ENEF 2025-2030 se concibe como una política pública integral orientada a fortalecer las capacidades financieras de toda la población en México, reconociendo los diferentes contextos socioeconómicos, territoriales, culturales, de infraestructura, entre otros.
Para cumplir con sus objetivos, el documento de 100 páginas especifica que la ENEF se acompañará de un proceso de monitoreo, evaluación y mejora continua que integrará metas e indicadores desagregados. Esto permitirá medir cambios reales en las condiciones de vida y en las capacidades financieras de la población, evaluar la reducción de brechas por sexo, edad, territorio o condición de vulnerabilidad, y distinguir entre resultados transformadores y actividades meramente ejecutadas.

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Japón enciende un reactor en la planta nuclear más grande del mundo a 15 años de haber cerrado sus 54 reactores luego de que un terremoto y un tsunami provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Japón reinició las operaciones en la central nuclear más grande del mundo por primera vez desde que el desastre de Fukushima obligara al país a clausurar todos sus reactores hace 15 años.
La decisión de reactivar el reactor número 6 en Kashiwazaki-Kariwa, al noroeste de Tokio, se tomó a pesar de las preocupaciones de seguridad de los residentes locales.
Su puesta en marcha se retrasó un día debido a un fallo en la alarma y está previsto que comience a operar comercialmente el próximo mes.
Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, fue uno de los primeros países en adoptar la energía nuclear.
Sin embargo, en 2011 sus 54 reactores tuvieron que cerrarse después de que un terremoto y un tsunami masivos provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Esta es la última etapa en la reactivación de la energía nuclear de Japón, que aún tiene un largo camino por recorrer.
No se espera que el séptimo reactor en Kashiwazaki-Kariwa se reactive hasta 2030 y los otros cinco podrían ser desmantelados. Esto deja a la planta con mucha menos capacidad que la que tenía cuando los siete reactores estaban operativos: 8,2 gigavatios.
Desencadenada por el terremoto más potente jamás registrado en Japón, la fusión de los reactores de Fukushima Daiichi, 220 kilómetros al noreste de Tokio, provocó una fuga radiactiva en la costa.
Las comunidades locales fueron evacuadas y muchas no han regresado a pesar de las garantías oficiales de que es seguro hacerlo.
Los críticos afirman que la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (Tepco), no estaba preparada y que su respuesta y la del gobierno no estuvieron bien coordinadas.
Un informe gubernamental independiente lo calificó de “desastre provocado por el hombre” y culpó a Tepco, aunque un tribunal posteriormente absolvió de negligencia a tres de sus ejecutivos.
Aun así, el miedo y la falta de confianza alimentaron la oposición pública a la energía nuclear y Japón suspendió sus 54 reactores poco después del desastre.
Durante la última década, el país intentó reactivar estas centrales eléctricas, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Desde 2015, Japón ha reactivado 15 de sus 33 reactores operativos. La central de Kashiwazaki-Kariwa es la primera de las que posee Tepco en reactivarse.
Antes de 2011, la energía nuclear representaba casi el 30% de la electricidad de Japón y el país planeaba alcanzar el 50% para 2030.
Su plan energético del año pasado reveló un objetivo más moderado: Japón quiere que la energía nuclear cubra el 20% de sus necesidades eléctricas para 2040.
Pero incluso eso puede ser complicado.
La energía nuclear está cobrando impulso a nivel mundial.
El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la capacidad mundial de energía nuclear podría duplicarse para 2050.
En Japón, la energía nuclear representaba tan solo 8,5% de la electricidad en 2023.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha enfatizado la importancia de la energía nuclear para la autosuficiencia energética de Japón, especialmente considerando que se prevé un aumento repentino de la demanda de energía debido a los centros de datos y la fabricación de semiconductores.
Los líderes japoneses y sus empresas energéticas llevan mucho tiempo impulsando la energía nuclear.
Afirman que es más fiable que las energías renovables, como la solar y la eólica, y más adecuada para el terreno montañoso de Japón.
Sin embargo, los críticos afirman que el énfasis en la energía nuclear se produce a costa de la inversión en renovables y la reducción de emisiones.
Mientras Japón intenta revitalizar sus ambiciones en materia de energía nuclear, los costos de funcionamiento de los reactores se dispararon, en parte debido a las nuevas comprobaciones de seguridad que exigen cuantiosas inversiones por parte de las empresas que intentan reactivar las centrales.
“La energía nuclear se está volviendo mucho más cara de lo que jamás se hubiera imaginado”, afirma la doctora Florentine Koppenborg, investigadora principal de la Universidad Técnica de Múnich.
El gobierno podría subvencionar los costos o trasladarlos a los consumidores, pero ambas opciones son inaceptables para los líderes japoneses, que durante décadas han elogiado la asequibilidad de la energía nuclear.
Una factura energética elevada también podría perjudicar al gobierno en un momento en que los hogares protestan por el aumento de los costos.
El gobierno “tiene las manos atadas para apoyar financieramente la energía nuclear, a menos que esté dispuesto a ceder en uno de sus principales argumentos de venta”, señala Koppenborg.
“Creo que este resurgimiento es una gota en el océano, porque no cambia el panorama general del declive de la energía nuclear en Japón”.
Además del temor a otro desastre como el de Fukushima, una serie de escándalos también socavaron la confianza pública.
La central de Kashiwazaki-Kariwa, en particular, se vio envuelta en un par de ellos.
En 2023, uno de sus empleados perdió un fajo de documentos tras colocarlo encima de su auto y olvidar que estaba allí antes de arrancar.
En noviembre, se descubrió que otro empleado había manipulado de forma inadecuada documentos confidenciales.
Un portavoz de Tepco dijo que la compañía informó de los incidentes a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) y añadió que su objetivo era mejorar la gestión de seguridad.
Estas revelaciones son una “buena señal” para la transparencia, apunta Koppenborg. Pero también indican que Tepco “está teniendo dificultades para cambiar sus métodos y su enfoque de seguridad”.
A principios de este mes, la NRA suspendió su revisión para reiniciar los reactores nucleares en la planta de Hamaoka de Chubu Electric, en el centro de Japón, tras descubrirse que la compañía había manipulado datos sísmicos en sus pruebas.
La compañía se disculpó y declaró: “Seguiremos respondiendo con sinceridad y en la mayor medida posible a las instrucciones y directrices de la NRA”.
Hisanori Nei, un antiguo alto funcionario de seguridad nuclear, declaró a la BBC que si bien estaba “sorprendido” por el escándalo en Hamaoka, creía que la severa sanción impuesta a su operador debería disuadir a otras empresas de hacer lo mismo.
“Las compañías eléctricas deberían reconocer la importancia de no falsificar datos”, dijo. Añadió que las autoridades “rechazarán y castigarán” a las empresas infractoras.
Lo ocurrido en Fukushima hizo que la opinión pública japonesa se opusiera a lo que se había proclamado como una forma de energía asequible y sostenible.
Miles de residentes presentaron demandas colectivas contra Tepco y el gobierno japonés, para exigir indemnizaciones por daños materiales, angustia emocional y problemas de salud supuestamente relacionados con la exposición a la radiación.
En las semanas posteriores al desastre de marzo de 2011, el 44% de los japoneses consideraba que se debía reducir el uso de la energía nuclear, según una encuesta del instituto de estudios Pew.
Esa cifra aumentó al 70% en 2012. Pero luego, las encuestas realizadas por la publicación empresarial japonesa Nikkei en 2022 mostraron que más del 50% de la gente apoyaba la energía nuclear si se garantizaba la seguridad.
Aún persiste el miedo y la desconfianza. En 2023, el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi generó ansiedad e ira tanto en el país como en el extranjero.
Y muchos siguen oponiéndose a la reactivación de las centrales nucleares.
En diciembre, cientos de manifestantes se congregaron frente a la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra Kashiwazaki-Kariwa, expresando su preocupación por la seguridad.
“Si algo ocurriera en la central, seríamos nosotros quienes sufriríamos las consecuencias”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
La semana pasada, antes de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, una pequeña multitud se congregó frente a la sede de Tepco para protestar de nuevo.
Las normas de seguridad nuclear se reforzaron tras el desastre de Fukushima.
La NRA, un órgano ministerial establecido en 2012, supervisa ahora la reactivación de las centrales nucleares del país.
En Kashiwazaki-Kariwa se han construido muros de contención de 15 metros de alto para protegerse de grandes tsunamis y se instalaron puertas estancas para resguardar los equipos críticos de la instalación.
“Con base en las nuevas normas de seguridad, [las centrales nucleares japonesas] podrían sobrevivir incluso a un terremoto y tsunami similares al que tuvimos en 2011”, defiende Nei, exalto funcionario de seguridad nuclear.
Sin embargo, Koppenborg sigue preocupada por la situación: “Se están preparando para lo peor que han visto en el pasado, pero no para lo que está por venir”.
A algunos expertos les inquieta que estas políticas no ofrezcan suficiente planificación frente al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, o del megaterremoto, único en un siglo, que Japón ha estado anticipando.
“Si el pasado se repite, Japón está muy bien preparado”, admite Koppenborg.
“Pero si ocurre algo realmente inesperado y se produce un tsunami más grande de lo esperado, no lo sabemos”.
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