No han “desaparecido” las detenciones arbitrarias en el país, como dijo la titular de la CNDH
Para entender mejor
La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, aseguró ante el Congreso que en México el nivel más alto de desapariciones y ejecuciones se registró entre 2008 y 2013, y que recientemente las detenciones arbitrarias “han desaparecido prácticamente del catálogo de violaciones a derechos humanos más frecuentes”. Pero sus dichos son engañosos.
Lo primero sobre Calderón es cierto, pero lo segundo es falso: persisten las detenciones arbitrarias.
En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se registró un nivel más alto de enfrentamientos de fuerzas armadas y muertes a manos de militares. Organizaciones y activistas denunciaron en su momento una crisis de derechos humanos desatada por la llamada “guerra contra el narco”, pero datos de la propia Comisión muestran que con los gobiernos de Morena desde 2018 persisten los casos de violaciones de derechos de parte de las fuerzas armadas y otras corporaciones de seguridad federales y locales. Ese problema no se ha erradicado.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias señaló en 2023 que “la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México”, afectando principalmente a grupos como los migrantes y personas indígenas, y con figuras como la prisión preventiva oficiosa, que encarcela a gente aunque no se haya probado que es culpable de un delito.
“Aunque se informó que las detenciones arbitrarias cometidas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina habrían disminuido, 60 de las 240 denuncias de detención arbitraria entre 2018 y 2023 siguen sin resolverse”, refirió entonces el Grupo de la ONU.
Los datos sobre desapariciones y detenciones arbitrarias
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador aumentaron los registros de personas desaparecidas y no localizadas, respecto a los dos sexenios previos, superando los 47 mil casos. En 2023 se sumaron al registro 9,305, y en 2024 un total de 13,530 casos de desapariciones. Un incremento del 45%.
En específico, sobre desapariciones forzadas en las que se señalan a autoridades como responsables, la CNDH registró al menos 1,451 hechos de esa violación a derechos humanos desde 2019 y hasta 2023, contabilizados tanto por ese organismo a nivel nacional como por los organismos estatales de derechos humanos, según datos revisados por el INEGI en sus censos nacionales de derechos humanos.
En el mismo periodo, en los expedientes de queja se registraron 30 mil 706 hechos de presunta detención arbitraria; 11 mil 935 de tortura; 19 mil 637 de tratos crueles o degradantes, y 285 de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
En cuatro de las cinco categorías se observa una baja entre 2019 y 2023, excepto en el rubro de ejecuciones extrajudiciales, ya que en ambos años se registraron 64 hechos.
La mayoría de los hechos son registrados por organismos estatales de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de detenciones arbitrarias, la CNDH sumó 158 hechos en 2023, y en los estados fueron 4 mil 609. CNDH registró 3 hechos de presunta ejecución extrajudicial, y en estados, fueron 61.
Esos son solo los casos que llegan a instancias como las comisiones de derechos humanos. Investigaciones como Permiso para Matar, de Animal Político, dan cuenta de cómo múltiples casos de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en los últimos sexenios nunca llegaron al registro oficial, y permanecen impunes.
Se buscó en la página de la CNDH los datos abiertos de presuntos hechos violatorios de derechos, ya que en su documento de informe 2024 solo se muestran los señalados “con mayor frecuencia”, pero no están disponibles y al llamar a su área de prensa mencionaron que era necesario solicitarlos por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En el caso de las cifras recopiladas por el INEGI, no se cuenta con datos previos a 2019 con la misma categoría, de tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Por lo que no se puede hacer una comparación más extensa.
Pero sí se tiene homologada la categoría de hechos que presuntamente afectaron el Derecho a la Seguridad Jurídica y la Libertad personal. En 2017 se registraron 61 mil 729 casos, en 2020, ya con López Obrador en el gobierno, se tuvo un pico de 105 mil 280 casos, y en 2023 aparecen 65 mil 326.
“En 2023, el total de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos a las personas quejosas y/o agraviadas registradas en los expedientes de queja calificados fue de 30 671 para la CNDH y 155 198 para los OPDH (Organismos Públicos de Derechos Humanos)”, refirió el INEGI.
“El hecho más frecuente cometido a los hombres fue detención arbitraria, mientras que para las mujeres fue violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública”, agregó.
También en 2023, en respuesta al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, la CNDH insistió en defender que se tenía una reducción drástica de violaciones a derechos de parte de las fuerzas armadas. Aunque en dicho documento usó comparaciones engañosas, el mismo confirma que aún no “desaparecen” las violaciones graves a derechos.
En este gráfico la CNDH mostró datos de los “expedientes de queja” por desaparición forzada. Y ahí se observa el pico de 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, pero en el de López Obrador el acumulado es más alto, incluso solo contabilizando 5 años de gobierno:
En el siguiente, se observa cómo también han persistido las quejas contra la Sedena, aunque a un nivel mucho menor, que en el sexenio de Felipe Calderón:
La CNDH emitió durante el sexenio de López Obrador distintas recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos cometidas por fuerzas armadas. Como la 83VG dirigida a la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, por las acciones de al menos 14 elementos adscritos a la Guardia Nacional contra una persona víctima de retención ilegal, tortura, desaparición y privación de la vida, en el municipio de Vicente Guerrero, Durango.
En 2022 se dio el caso de la desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo, perteneciente a la alcaldía Tlalpan en la CDMX, a manos de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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El suministro ha empezado a restablecerse en algunas partes del país. Las autoridades estudian las causas del apagón.
La electricidad empezó a regresar a Chile tras un apagón masivo que afectó este martes a un 80% de los clientes del servicio eléctrico del país, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile, y que obligó al gobierno a decretar el estado de excepción y un toque de queda nocturno.
Millones de hogares estuvieron sin suministro eléctrico durante horas desde el principio de la tarde debido a una desconexión del sistema de transmisión de una importante línea eléctrica situada en el norte del país.
El apagón provocó un enorme caos circulatorio, especialmente en la capital, Santiago, e impidió la actividad bancaria, financiera, minera y comercial, además de poner en riesgo a hospitales y otros servicios esenciales.
Miles de agentes de agentes de Seguridad tuvieron que ser movilizados para controlar el orden público.
“Lo ocurrido hoy nos indigna. No es tolerable que por responsabilidad de una o de varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de personas”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, en una declaración institucional.
Boric culpó al sector de la empresa privada del corte masivo, y calificó de “indignante” el apagón. Aseguró que es el “deber del Estado de Chile” investigar y “hacer valer” presuntas “responsabilidades”.
“No es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas”, aseguró.
El presidente explicó que el apagón fue “producto de una falla de la empresa ISA Chile que produjo un corte de luz masivo en gran parte del país… Como Gobierno tenemos el deber de estar muy encima de ello a todo momento”.
El suministro fue regresando poco a poco a parte de los hogares, aunque de manera inestable.
Para cuando Boric se dirigió a la nación, en torno a las 22:00 hora local, la electricidad había sido restablecida en 4.150.000 hogares, un poco menos del 50% del total de afectados, según sus propias cifras.
Situación inédita
El apagón se produjo a las 15:15 hora local (18:15 GMT), lo que obligó al gobierno chileno a convocar al Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para analizar la inédita situación.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que se decretaba el estado de excepción por catástrofe y un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Esta medida se aplicaría desde la región de Arica, en el extremo norte del país, hasta la región de Los Lagos, en la zona sur, abarcando una gran extensión del territorio chileno.
A pesar de que el servicio se fue restableciendo, el presidente decidió mantener el estado de emergencia y el toque de queda para garantizar la “seguridad de las personas”.
El gobierno también decidió suspender este miércoles las clases en las escuelas del país, según informó Gabriel Boric, quien advirtió que esa medida se mantendrá incluso si se restablece el servicio, pues la idea es dar tranquilidad a las familias.
Según el Coordinador Eléctrico Nacional, un organismo autónomo que organiza la operación del sistema, entrada la noche de esta martes ya se había iniciado la recuperación del servicio en lugares como “Arica, la zona del centro cívico de Santiago y algunas comunas, San Fernando, Chillán, Concepción y otras de la zona sur”.
Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo de ese organismo, dijo que el apagón fue causado por “una operación no deseada”.
Explicó que inicialmente se produjo una desconexión de una línea importante y que eso produjo una “reacción en cadena”, que hizo que se desconectaran también las centrales generadoras, lo que ocasionó el apagón.
Olmedo aseguró que indagarán en detalle sobre lo ocurrido para identificar las causas de fondo y que en caso de que se encuentren con incumplimientos por parte de las empresas responsables de operar el sistema eléctrico se informará a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que se determinen las responsabilidades.
La entidad informó haber activado el Plan de Recuperación de Servicio, tras el corte del suministro eléctrico que afectó al país a partir de las 15:16 hora local, desde la región de Arica hasta la de Los Lagos.
El corte de luz causó el cierre de comercios, bancos, oficinas y centros comerciales, además de un caos vial debido a la interrupción en el servicio de los semáforos.
El Metro en Santiago quedó paralizado, afectando la movilidad de miles de personas en la capital.
Los hospitales del país, según informó el Ministerio de Salud, continuaron funcionando con normalidad.
En el sector del transporte aéreo, algunas aerolíneas como Latam y Sky informaron a sus pasajeros que algunos de sus vuelos “podrían verse afectados” debido a la emergencia.
El apagón también obligó a suspender la tercera noche del afamado Festival de Viña del Mar.
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