Permiso para matar: más de 1,500 víctimas asesinadas o desaparecidas por fuerzas de seguridad en tres sexenios
Nunca sabremos cuántas personas han muerto realmente por “culpa” de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Y nunca sabremos por qué murieron o quién las mató, porque más del 90% de homicidios quedan impunes.
Hablamos de todos los muertos, de los que oficialmente “se mataron entre ellos”, de los que “chocaron” con fuerzas de seguridad de cualquier nivel siendo supuestos integrantes del crimen organizado, de los que cayeron por el fuego cruzado y que se describe en informes oficiales como “víctimas colaterales”, de cientos de integrantes de fuerzas de seguridad, víctimas de algún ataque y, por supuesto, de las personas inocentes, indefensas, cuya vida fue truncada por policías, soldados o marinos con el pretexto del cumplimiento del deber, sobre las que trata esta investigación.
Claro que hay números oficiales que registran los asesinatos cometidos cada año y podemos decir que, desde 2006, se han reportado más de 370 mil homicidios dolosos y feminicidios.
Pero no hay forma de calibrar la precisión de los números oficiales, de saber cuáles de estas muertes deben contarse como resultado del conflicto armado.
Además, las víctimas registradas oficialmente por el INEGI no incluyen, para poner un ejemplo, 111 mil personas desaparecidas, un número incluso que las propias autoridades consideran que solo ofrece una idea aproximada del tamaño del problema, porque tampoco hay posibilidades de tener una cifra exacta.
Esos conteos, por supuesto, tampoco incluyen a las víctimas que yacen en cientos o miles de fosas clandestinas que permanecen ocultas a lo largo del territorio, a la espera de algún grupo de madres buscadoras, esas que recorren kilómetros cada día buscando a sus hijos e hijas.
¿Cómo confirmar hechos y cifras cuando un boletín oficial informa vagamente que hubo un enfrentamiento en el que murieron “cinco o diez presuntos delincuentes”, por ejemplo? ¿Qué hacer cuando el gobierno dice que un grupo delictivo “se llevó a sus muertos”? ¿Cuántos no fueron reportados por la propia autoridad? ¿De cuántos no habrán de encontrarse huellas?
¿Cuántas personas sin vínculo con la violencia han muerto o desaparecido a manos de la autoridad, pero no fueron reportadas?
Y si no sabemos con precisión cuántos, se alejan las posibilidades de saber por qué o quién lo hizo, porque hay que insistir y ser más precisos: 24 de cada 25 asesinatos intencionales quedan impunes.
¿Cuántos murieron sin empuñar un arma, sin retar a la autoridad? ¿Quién puede ir más allá de lo que informan los escuetos boletines de la Defensa Nacional o de la Guardia Nacional? ¿Los fallecidos sí eran del crimen organizado? ¿De veras le dispararon a la policía?
¿Quién investiga las causas reales de un asesinato? ¿Quién busca al homicida? ¿Quién certifica que sí “encontraron el cuerpo en un terreno” o verifica que efectivamente las autoridades sólo “repelieron una agresión”?
Oficialmente, no hay gobierno que reconozca abusos de las fuerzas de seguridad, así que tampoco podemos saber cuántas personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de desaparición forzada. Y cuando por una u otra razón quedan en evidencia los abusos, las autoridades solo los atribuyen a “manzanas podridas”, que excepcionalmente se filtran en sus filas, pero nunca se reconoce la existencia de un sistema pensado para permitir la impunidad de estas fuerzas, de sus mandos y de quienes diseñan las estrategias y marcan el rumbo de la “guerra”.
Hay datos para demostrar que todas estas preguntas son válidas, que se debe dudar de las cifras oficiales y, sobre todo, de una narrativa ofrecida por la autoridad que principalmente permite su actuar en impunidad.
Otro ejemplo. Los últimos tres gobiernos ―que han estado encabezados por cada uno de los tres principales partidos de México― tiene casos en los que se documentó que primero fue reportado un “enfrentamiento entre delincuentes y autoridades”, pero investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares dejaron al descubierto que los hechos no habían ocurrido como se reportaron, que ni siquiera los números de víctimas cuadran o descubierto que, en realidad, se trató de crímenes cometidos por las fuerzas públicas.
Ahí están Monterrey, Tanhuato, Tlatlaya, Nuevo Laredo…
Permiso para matar, una investigación de los crímenes de fuerzas de seguridad
La investigación que presentamos busca documentar un grupo específico de crímenes de guerra: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, o que fueron “detenidos” por estas mismas fuerzas, pero nunca llegaron a un ministerio público. Son las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Más específico: hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna investigación.
Este trabajo prueba que cualquier persona en México puede ser víctima del abuso de poder y las violaciones de derechos humanos que sostienen la política de seguridad del Estado.
Aquí hay más de mil 500 víctimas, con nombre y apellido. Víctimas de autoridades, de policías, soldados, guardias nacionales o marinos, no de la guerra contra el crimen. Aunque hablemos de un universo de 371 mil asesinatos en tres sexenios, mil 500 no son pocas porque en realidad son sólo una muestra, en la que se puede presumir que murieron o desaparecieron, impunemente, a manos de entidades gubernamentales. Triplemente grave.
Personas que salían de la escuela, estaban en casa, compraban algo en una tienda, jugaban futbol, transitaban por una carretera, comían en un restaurante… O que salían de la biblioteca de su escuela, el Tec de Monterrey, como les ocurrió a Jorge Antonio Mercado Alonso y a Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por el Ejército el 19 de marzo de 2010. Un caso muy conocido, y que aun así permanece impune.
Las fuerzas de seguridad, en estos mismos casos y según la versión oficial, simplemente “se equivocaron” o lo que hicieron solo fue un “acto de indisciplina” o “los culpan, pero seguro son inocentes” o…
En el caso de Jorge y Javier, como en cientos más, la autoridad buscó sembrarles pruebas a las víctimas para eludir su responsabilidad y si fueron “descubiertos” se debe únicamente a la insistencia de una familia o a la investigación de periodistas o al trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Nunca a gobernante alguno.
La suma de casos, las coincidencias en el modus operandi y la impunidad dejan en claro que no solo son un número inaceptable, también que son algo más que errores o casos aislados.
Revelan que las fuerzas del orden saben que no habrá consecuencias. Que lo hacen porque se puede. Que actúan a sabiendas de que tienen licencia a priori y un manto de complicidades a posteriori para disponer de la vida de cualquier persona. Que en México se cometen crímenes de lesa humanidad.
Éste es un listado inédito de víctimas que demandan justicia, que exigen una explicación: ¿por qué, si solo salió unos minutos a un mandado? ¿Y por qué el gobierno encubre a sus criminales?
La investigación se basa en fuentes hemerográficas, testimonios, investigaciones académicas, recomendaciones de todas las comisiones de derechos humanos y, particularmente, en las propias denuncias que han recabado decenas de colectivos de familiares.
La metodología para esta búsqueda inicia con el universo digital de Google y un buscador diseñado por Óscar Elton y Mónica Meltis, de Data Cívica, que permitió seleccionar decenas de miles de notas periodísticas o boletines que incluían información sobre asesinatos y detenciones en los que presuntamente había policías estatales o federales, militares en activo, marinos destacamentados en unidades dedicadas a la seguridad o elementos de la Guardia Nacional.
Utilizando palabras clave, se generó un primer listado con más de 60 mil coincidencias. Se revisaron una por una para seleccionar los casos que podían encuadrar en dos categorías seleccionadas: ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas perpetradas por presuntas fuerzas federales o estatales, pero que además hay elementos para probar que no estaban participando en hechos delictivos y que ni siquiera tenían órdenes de aprehensión ni una orden de juez para su arresto, o bien que estaban indefensos.
Además, se revisaron todas las recomendaciones de las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos y la Nacional.
Se acudió a algunas organizaciones de familiares de desaparecidos para conocer sus casos.
Se revisaron expedientes de los pocos casos que se abren al público y al periodismo.
Se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas.
Profundizamos también en la vida de 191 víctimas de ejecución y desaparición, en las que grabamos entrevistas con familiares que narran sus pesadillas y nos actualizan sobre el estado de la investigación.
Policías de distintas corporaciones, fiscalías, Guardia Nacional, Ejército y Marina. Decidimos no incluir a policías municipales, que también son parte del enfrentamiento armado, pues el número a identificar se podría multiplicar por 10, y esta investigación no contaba con tal alcance. Nos queda pendiente registrar, bajo la misma metodología, la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, la mera ineficiencia o el poder que da un arma y que permite a los policías de estas corporaciones matar, sin que pase nada.
La investigación a profundidad de estos 135 casos fue posible por el trabajo que hicieron periodistas de todo el país, que participaron por meses en esta investigación.
Participaron La Verdad de Juárez (Chihuahua), el Noroeste (Sinaloa), Amapola Periodismo (Guerrero), Lado B (Puebla), Elefante Blanco (Tamaulipas).
Y los periodistas Carlos Arrieta, Charbell Lucio y Carlos López (Michoacán), Miguel León (Veracruz) y el propio Paris Martínez (CDMX)
Todos y todas, coautores de este trabajo, que se nutre sobre todo de las propias indagatorias que hacen los familiares de las víctimas. Sin ellas ni siquiera podríamos saber lo poco que sabemos sobre la impunidad oficial cuando en México las autoridades matan personas inocentes, las ejecutan y las desaparecen.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
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