Permiso para matar: más de 1,500 víctimas asesinadas o desaparecidas por fuerzas de seguridad en tres sexenios
Nunca sabremos cuántas personas han muerto realmente por “culpa” de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Y nunca sabremos por qué murieron o quién las mató, porque más del 90% de homicidios quedan impunes.
Hablamos de todos los muertos, de los que oficialmente “se mataron entre ellos”, de los que “chocaron” con fuerzas de seguridad de cualquier nivel siendo supuestos integrantes del crimen organizado, de los que cayeron por el fuego cruzado y que se describe en informes oficiales como “víctimas colaterales”, de cientos de integrantes de fuerzas de seguridad, víctimas de algún ataque y, por supuesto, de las personas inocentes, indefensas, cuya vida fue truncada por policías, soldados o marinos con el pretexto del cumplimiento del deber, sobre las que trata esta investigación.
Claro que hay números oficiales que registran los asesinatos cometidos cada año y podemos decir que, desde 2006, se han reportado más de 370 mil homicidios dolosos y feminicidios.
Pero no hay forma de calibrar la precisión de los números oficiales, de saber cuáles de estas muertes deben contarse como resultado del conflicto armado.
Además, las víctimas registradas oficialmente por el INEGI no incluyen, para poner un ejemplo, 111 mil personas desaparecidas, un número incluso que las propias autoridades consideran que solo ofrece una idea aproximada del tamaño del problema, porque tampoco hay posibilidades de tener una cifra exacta.
Esos conteos, por supuesto, tampoco incluyen a las víctimas que yacen en cientos o miles de fosas clandestinas que permanecen ocultas a lo largo del territorio, a la espera de algún grupo de madres buscadoras, esas que recorren kilómetros cada día buscando a sus hijos e hijas.
¿Cómo confirmar hechos y cifras cuando un boletín oficial informa vagamente que hubo un enfrentamiento en el que murieron “cinco o diez presuntos delincuentes”, por ejemplo? ¿Qué hacer cuando el gobierno dice que un grupo delictivo “se llevó a sus muertos”? ¿Cuántos no fueron reportados por la propia autoridad? ¿De cuántos no habrán de encontrarse huellas?
¿Cuántas personas sin vínculo con la violencia han muerto o desaparecido a manos de la autoridad, pero no fueron reportadas?
Y si no sabemos con precisión cuántos, se alejan las posibilidades de saber por qué o quién lo hizo, porque hay que insistir y ser más precisos: 24 de cada 25 asesinatos intencionales quedan impunes.
¿Cuántos murieron sin empuñar un arma, sin retar a la autoridad? ¿Quién puede ir más allá de lo que informan los escuetos boletines de la Defensa Nacional o de la Guardia Nacional? ¿Los fallecidos sí eran del crimen organizado? ¿De veras le dispararon a la policía?
¿Quién investiga las causas reales de un asesinato? ¿Quién busca al homicida? ¿Quién certifica que sí “encontraron el cuerpo en un terreno” o verifica que efectivamente las autoridades sólo “repelieron una agresión”?
Oficialmente, no hay gobierno que reconozca abusos de las fuerzas de seguridad, así que tampoco podemos saber cuántas personas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de desaparición forzada. Y cuando por una u otra razón quedan en evidencia los abusos, las autoridades solo los atribuyen a “manzanas podridas”, que excepcionalmente se filtran en sus filas, pero nunca se reconoce la existencia de un sistema pensado para permitir la impunidad de estas fuerzas, de sus mandos y de quienes diseñan las estrategias y marcan el rumbo de la “guerra”.
Hay datos para demostrar que todas estas preguntas son válidas, que se debe dudar de las cifras oficiales y, sobre todo, de una narrativa ofrecida por la autoridad que principalmente permite su actuar en impunidad.
Otro ejemplo. Los últimos tres gobiernos ―que han estado encabezados por cada uno de los tres principales partidos de México― tiene casos en los que se documentó que primero fue reportado un “enfrentamiento entre delincuentes y autoridades”, pero investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares dejaron al descubierto que los hechos no habían ocurrido como se reportaron, que ni siquiera los números de víctimas cuadran o descubierto que, en realidad, se trató de crímenes cometidos por las fuerzas públicas.
Ahí están Monterrey, Tanhuato, Tlatlaya, Nuevo Laredo…
Permiso para matar, una investigación de los crímenes de fuerzas de seguridad
La investigación que presentamos busca documentar un grupo específico de crímenes de guerra: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas, o que fueron “detenidos” por estas mismas fuerzas, pero nunca llegaron a un ministerio público. Son las víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Más específico: hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna investigación.
Este trabajo prueba que cualquier persona en México puede ser víctima del abuso de poder y las violaciones de derechos humanos que sostienen la política de seguridad del Estado.
Aquí hay más de mil 500 víctimas, con nombre y apellido. Víctimas de autoridades, de policías, soldados, guardias nacionales o marinos, no de la guerra contra el crimen. Aunque hablemos de un universo de 371 mil asesinatos en tres sexenios, mil 500 no son pocas porque en realidad son sólo una muestra, en la que se puede presumir que murieron o desaparecieron, impunemente, a manos de entidades gubernamentales. Triplemente grave.
Personas que salían de la escuela, estaban en casa, compraban algo en una tienda, jugaban futbol, transitaban por una carretera, comían en un restaurante… O que salían de la biblioteca de su escuela, el Tec de Monterrey, como les ocurrió a Jorge Antonio Mercado Alonso y a Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por el Ejército el 19 de marzo de 2010. Un caso muy conocido, y que aun así permanece impune.
Las fuerzas de seguridad, en estos mismos casos y según la versión oficial, simplemente “se equivocaron” o lo que hicieron solo fue un “acto de indisciplina” o “los culpan, pero seguro son inocentes” o…
En el caso de Jorge y Javier, como en cientos más, la autoridad buscó sembrarles pruebas a las víctimas para eludir su responsabilidad y si fueron “descubiertos” se debe únicamente a la insistencia de una familia o a la investigación de periodistas o al trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Nunca a gobernante alguno.
La suma de casos, las coincidencias en el modus operandi y la impunidad dejan en claro que no solo son un número inaceptable, también que son algo más que errores o casos aislados.
Revelan que las fuerzas del orden saben que no habrá consecuencias. Que lo hacen porque se puede. Que actúan a sabiendas de que tienen licencia a priori y un manto de complicidades a posteriori para disponer de la vida de cualquier persona. Que en México se cometen crímenes de lesa humanidad.
Éste es un listado inédito de víctimas que demandan justicia, que exigen una explicación: ¿por qué, si solo salió unos minutos a un mandado? ¿Y por qué el gobierno encubre a sus criminales?
La investigación se basa en fuentes hemerográficas, testimonios, investigaciones académicas, recomendaciones de todas las comisiones de derechos humanos y, particularmente, en las propias denuncias que han recabado decenas de colectivos de familiares.
La metodología para esta búsqueda inicia con el universo digital de Google y un buscador diseñado por Óscar Elton y Mónica Meltis, de Data Cívica, que permitió seleccionar decenas de miles de notas periodísticas o boletines que incluían información sobre asesinatos y detenciones en los que presuntamente había policías estatales o federales, militares en activo, marinos destacamentados en unidades dedicadas a la seguridad o elementos de la Guardia Nacional.
Utilizando palabras clave, se generó un primer listado con más de 60 mil coincidencias. Se revisaron una por una para seleccionar los casos que podían encuadrar en dos categorías seleccionadas: ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas perpetradas por presuntas fuerzas federales o estatales, pero que además hay elementos para probar que no estaban participando en hechos delictivos y que ni siquiera tenían órdenes de aprehensión ni una orden de juez para su arresto, o bien que estaban indefensos.
Además, se revisaron todas las recomendaciones de las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos y la Nacional.
Se acudió a algunas organizaciones de familiares de desaparecidos para conocer sus casos.
Se revisaron expedientes de los pocos casos que se abren al público y al periodismo.
Se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas.
Profundizamos también en la vida de 191 víctimas de ejecución y desaparición, en las que grabamos entrevistas con familiares que narran sus pesadillas y nos actualizan sobre el estado de la investigación.
Policías de distintas corporaciones, fiscalías, Guardia Nacional, Ejército y Marina. Decidimos no incluir a policías municipales, que también son parte del enfrentamiento armado, pues el número a identificar se podría multiplicar por 10, y esta investigación no contaba con tal alcance. Nos queda pendiente registrar, bajo la misma metodología, la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, la mera ineficiencia o el poder que da un arma y que permite a los policías de estas corporaciones matar, sin que pase nada.
La investigación a profundidad de estos 135 casos fue posible por el trabajo que hicieron periodistas de todo el país, que participaron por meses en esta investigación.
Participaron La Verdad de Juárez (Chihuahua), el Noroeste (Sinaloa), Amapola Periodismo (Guerrero), Lado B (Puebla), Elefante Blanco (Tamaulipas).
Y los periodistas Carlos Arrieta, Charbell Lucio y Carlos López (Michoacán), Miguel León (Veracruz) y el propio Paris Martínez (CDMX)
Todos y todas, coautores de este trabajo, que se nutre sobre todo de las propias indagatorias que hacen los familiares de las víctimas. Sin ellas ni siquiera podríamos saber lo poco que sabemos sobre la impunidad oficial cuando en México las autoridades matan personas inocentes, las ejecutan y las desaparecen.
Relacionado
El próximo gobierno de Alemania que saldrá de las urnas este domingo tendrá el difícil reto de relanzar su economía y robustecer su defensa.
Alemania elige este domingo a su nuevo gobierno en un momento crítico.
Con una economía estancada, un contexto internacional cada vez más hostil por el giro de la política exterior de Estados Unidos con Donald Trump y una ultraderecha en auge que cuestiona algunos de los consensos que han sustentado su modelo en las últimas décadas, los alemanes acuden a las urnas este domingo con la extendida sensación de que su país necesita cambios profundos y urgentes.
Las encuestas pronostican que la fuerza más votada serán los democristianos de la CDU, con Friedrich Merz como candidato, seguidos de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AFD), que obtendría los mejores resultados de su historia.
El Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller Olaf Scholz caería a la tercera plaza y pagaría el desgaste de los enfrentamientos y la división que ha sufrido su gobierno de coalición con liberales y ecologistas.
La gran incógnita que se perfila en los sondeos es si Merz será capaz de formar un gobierno lo bastante estable para acometer las reformas que requiere un país que fue durante décadas ejemplo de éxito y liderazgo europeo y cuyo modelo económico y papel global parecen ahora agrietarse.
¿Cómo llegó Alemania a la encrucijada actual?
1. El reto del regreso de Trump a la Casa Blanca
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca le ha dado un giro radical a la política exterior de Estados Unidos que ha obligado a Alemania, como a los otros miembros europeos de la OTAN, a replantear rápidamente la suya.
Trump es muy crítico con sus aliados europeos, a los que acusa de no gastar lo suficiente en defensa y abusar del paraguas militar de Estados Unidos desde hace décadas.
En menos de un mes en el poder, el presidente ha hecho temblar el suelo que pisaba Alemania con su decisión de iniciar una negociación sobre Ucrania con la Rusia de Vladímir Putin al margen de los europeos y ha dejado claro que ni Alemania ni el resto de los países de la UE pueden dar por sentado que Estados Unidos acudirá en su ayuda en caso de ataque a su territorio.
El discurso pronunciado por su vicepresidente, J. D. Vance, en Múnich el 14 de febrero, en el que lanzó duros ataques contra los líderes europeos causó perplejidad en Alemania y fue rechazado como “inaceptable” por su ministro de Defensa, Boris Pistorius.
Karl-Heinz Kamp, de la Academia Federal Alemana para Políticas de Seguridad, le dijo a BBC Mundo que “el modelo por el que los estadounidenses daban la seguridad y Alemania podía dedicarse a crecer y prosperar se ha acabado” con la segunda presidencia de Trump.
En un país en el que los gobiernos fueron durante décadas muy reticentes a invertir en su ejército por el traumático recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y el militarismo nazi, la invasión rusa de Ucrania de 2022 ha obligado a replantearse las cosas a los políticos y la población.
Alemania ha incrementado en los últimos años su gasto en defensa y el gobierno de Scholz rompió en 2022 con décadas de tradición pacifista al aprobar el envío de armamento letal a Ucrania para repeler la invasión rusa, un cambio histórico que, según las encuestas fue bien acogido por la ciudadanía.
Merz señaló que “fue un cambio fundamental en la política de Alemania, pero luego se detuvo”.
“El próximo canciller tendrá que profundizar en él y llevarlo al siguiente nivel”, indica el experto.
El gran problema estriba en que Alemania se ve obligada a invertir más en defensa en un momento malo para su economía.
El gasto social y la financiación de sus generosos servicios públicos han sido tradicionalmente la prioridad, pero las amenazas de un mundo en que las garantías de seguridad de Estados Unidos y la OTAN están en duda podrían obligar a los alemanes a tomar decisiones presupuestarias dolorosas si el próximo gobierno no logra reactivar el crecimiento económico.
2. Una industria desfasada y una economía estancada
Alemania lució muchos años con orgullo el título de “locomotora europea”, una etiqueta que a menudo le colgaba la prensa internacional para reflejar que lideraba e impulsaba el crecimiento económico en la Unión Europea.
Impulsada por su industria y la energía barata que llegaba de Rusia, Alemania crecía dinámicamente y generaba empleo principalmente gracias a la exportación de autos y otros productos de alto valor añadido a sus socios europeos y a los mercados masivos de Estados Unidos y China.
Pero ese crecimiento se ha detenido en los últimos años.
El Producto Interno Bruto de Alemania se redujo un 0,3% interanual en 2023 y se estima que un 0,1% en 2024. Según las previsiones de la Comisión Europea, el crecimiento se recuperará lentamente y este año no superará el 0,7%.
Wolfgang Münchau, economista y director del medio especializado Eurointelligence, le dijo a BBC Mundo que “el milagro económico alemán se ha terminado” debido a decisiones tomadas en la época de bonanza de la canciller Angela Merkel.
“En la década de 2010, Alemania aumentó su dependencia del gas ruso, invirtió menos en fibra óptica e infraestructura digital, e incrementó su dependencia de las exportaciones”, dijo Münchau, que cree que su país no ha sabido adaptarse a tiempo a la era digital y ahora ve cómo su hasta hace poco prestigiosa industria del motor se ve superada en la carrera hacia los autos eléctricos por una mejorada competencia china.
La guerra de Ucrania y la rivalidad abierta de la UE con Putin llevaron a un encarecimiento del gas y el petróleo rusos que alimentaban los hogares y fábricas del país, contribuyendo a la inflación, uno de los problemas que más mella han hecho en los alemanes.
Hoy España un país mucho menos dependiente de los gasoductos que conectan Rusia con la Europa occidental, ha desplazado a Alemania como líder del crecimiento de la UE.
Diana Luna, asesora de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, le dijo a BBC Mundo que “Alemania es uno de los países donde quienes quieren generar riqueza tienen que enfrentar más impuestos y burocracia”, lo que se suma a los costes de la energía como uno de los lastres de la actividad.
Sin embargo, Kamp recuerda que Alemania conserva fortalezas fundamentales que deberían ayudar al nuevo gobierno en la búsqueda de una nueva senda de prosperidad.
“Tenemos una mano de obra muy bien formada y una deuda pública muy por debajo de la de la de otros países, lo que nos da margen de maniobra”.
Merz ha abogado en la campaña por reducir la burocracia, las regulaciones ambientales y los impuestos para relanzar la economía.
Pero antes que nada Merz tendrá que lograr formar un gobierno estable. Las encuestas pronostican que tendrá que formar una coalición con socialdemócratas o liberales para tener suficiente apoyo parlamentario.
También tendrá que evitar las desavenencias y contradicciones que acabaron tumbando la liderada por Scholz.
3. La inmigración y el auge de la ultraderecha
En 2015 la entonces canciller Merkel decidió abrir las puertas de Alemania a los refugiados que huían de la guerra en Siria, mientras otros vecinos europeos llenaban sus fronteras de alambradas y tropas.
Inmigrantes de otros países también se instalaron en Alemania y más de 2 millones de personas llegaron al país aquel año.
La población no ha dejado de crecer en los últimos años como resultado de la inmigración, lo que ha contribuido a compensar la caída de la natalidad y el envejecimiento entre los autóctonos.
Sin embargo, la inmigración masiva ha traído consigo también problemas de integración y algunos ataques masivos cometidos por solicitantes de asilo musulmanes han causado consternación en el país, el último hace solo unos días en Múnich.
La actitud favorable de los alemanes hacia la inmigración parece haber variado en los últimos años.
Si en 2016 Alemania resultaba con un 7,1 en el índice de Aceptación de la Inmigración de la encuestadora Gallup, había caído a un 6,4 en 2023. Según Gallup, Alemania es la única de las principales economías europeas en las que la aceptación de los inmigrantes es significativamente inferior a la de 2016.
Diana Luna cree que “fue un error abrir totalmente las fronteras en 2015 sin haber logrado un consenso europeo sobre cómo hacer frente a la crisis de refugiados provocada por la guerra en Siria”.
“Hay pueblos que están sobrepasados y sus servicios colapsados”, indica.
Esto ha engordado a la ultraderecha de la Alternativa por Alemania (AFD), que concurre a estas elecciones con las mejores perspectivas de su historia y con el apoyo del millonario estadounidense Elon Musk, estrecho aliado de Trump.
Después de haber alcanzado varias esferas de poder local y regional en comicios recientes, la AFD se ha convertido ya en una fuerza de referencia nacional y su discurso antiinmigración ha obligado a otros partidos a adoptar también un tono más duro.
El resto de partidos siguen aplicando el veto a la ultraderecha que ha sido uno de los consensos de la política alemana durante décadas por la aversión a todo atisbo de reedición del trauma del nazismo, por lo que parece improbable que la AFD vaya a ser parte de la futura coalición de gobierno.
Sin embargo, cree Luna, “la ultraderecha es especialmente fuerte en la antigua Alemania oriental y tras estas elecciones va a tener una voz cada vez más fuerte”.
“Si el nuevo gobierno logra ser estable, generar empleos y ordenar la inmigración, le quitará a la ultraderecha el capital político que ha acumulado y volverá demostrarles a los alemanes que su democracia es un sistema que sigue dando resultados”, sostiene la experta.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
