Tras 19 años de prisión, acusada del caso Wallace podría recuperar su libertad; FGR pide aplazar otra vez resolución
Tras pasar más de 19 años en prisión, Juana Hilda González Lomelí, una de las personas acusadas por el llamado caso Wallace, podría recuperar su libertad gracias a un proyecto de sentencia elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El proyecto, elaborado por la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propone ordenar la “inmediata y absoluta libertad” de Juana Hilda, al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar que ella secuestró y asesinó al hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace Miranda.
Sin embargo, a tan solo unas horas de que la Primera Sala de la Corte emita su sentencia, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió aplazar una vez más la discusión del asunto, argumentando el proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Aplazar la discusión del caso de Juana Hilda afectaría también a otras seis personas procesadas y sentenciadas por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, como Brenda Quevedo, en cuyos casos se comprobó que hubo pruebas obtenidas bajo tortura y diversas violaciones al proceso judicial.
Juana Hilda, casi 20 años en prisión sin pruebas en su contra
En 2006, Juana Hilda fue detenida luego de que la entonces PGR la señaló como presunta responsable de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cometidos en perjuicio de Hugo Alberto.
Años más tarde, fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por el secuestro de Hugo Alberto, una resolución que se basó en la supuesta confesión que hizo del crimen, misma que fue obtenida bajo tortura, sin acceso a una defensa adecuada y sin contar con una resolución sin perspectiva de género.
El caso de Juana Hilda llegó a la Suprema Corte hace tres años, cuando el máximo tribunal del país decidió asumir la resolución del amparo indirecto 26/2022, en el que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) argumenta que deben ser excluidas diversas pruebas ilícitas, entre ellas la declaración obtenida bajo tortura psicológica.
De acuerdo con el proyecto a discutirse, la acusada “solamente se autoincriminó durante el tiempo en el que estuvo detenida en el centro de arraigo. No lo hizo en sus declaraciones previas, ni tampoco en las posteriores. Solamente aceptó su participación en el secuestro de (Hugo Alberto) cuando estuvo retenida en un centro de arraigo operado por la entonces procuraduría General de la República, responsable de armar la investigación”.
Pese a ello, la FGR insiste en dejar a Hilda en prisión, al tramitar un impedimento contra el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, “derivado de la situación por la que atraviesa nuestro sistema jurídico mexicano, al enfrentarnos a la idea de un nuevo poder judicial tanto federal como local y en específico la zozobra que rodea la nueva conformación de la Suprema Corte”.
“Ha sido una pesadilla”, lamenta Brenda Quevedo
Brenda Quevedo es una de las personas que podría verse beneficiada en el caso de que la Corte falle a favor de la libertad de Juana Hilda.
Pese a que se comprobó que fue víctima de tortura sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Brenda continúa a la espera de su libertad, desde su domicilio, en el que se encuentra arrestada, custodiada por elementos de la Guardia Nacional.
“Pasé de una vida muy tranquila, llena de sueños, a dar un vuelco de 180 grados que cambió radicalmente mi situación y la de mi familia. Antes de la detención había vivido dos años en Londres, y al volver conocí a Jacobo Tagle, otro de los acusados, y por ser su novia me implicaron en el caso”, una situación que de acuerdo con Quevedo “ha sido una pesadilla llena de terror y sinsabores”.
Entre lágrimas, Brenda señala que la “pesadilla” comenzó cuando se vió en diversos espectaculares en los que la señalaban como delincuente y ofrecían una recompensa por su información, y continúa hasta el día de hoy, ya que, aunque se encuentra en su domicilio, “esto no se ha acabado, y ni siquiera puedo salir al hospital, aunque tengo pendiente una cirugía por las secuelas que me provocó la tortura”.
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En los 19 años que lleva su proceso, su familia tuvo que vender casi todas sus posesiones, por lo que actualmente reside con ellos en un pequeño departamento en la Ciudad de México, desde donde espera con ansias la resolución que podría poner fin a su encierro.
“Ha sido muy difícil, ver de este lado todo el tiempo que pasó, lo que se perdió, ha sido un gran impacto que me llevó a una depresión, porque uno idealiza el estar fuera de prisión, ver a la familia, pero estar aquí no es fácil, porque me partieron la vida en pedazos, porque sigo encerrada y eso me genera mucho estrés y ansiedad… pero espero que pueda pegarlos pronto para volver a vivir”, expresa.
“Entre lo más difícil está la soledad, porque la mayoría de las personas que conocía de alejaron, y sólo mi mamá, alguna tía y pocas amistades mantienen contacto conmigo, ya que no puedo salir y el lugar donde vivo está permanentemente custodiado, y eso espanta a la gente porque creen que va a pasar algo”, detalla en entrevista.
En tanto llega el momento en el que se determine su libertad, dice que ha aprendido a cocinar, “algo que nunca intenté antes” y se entretiene realizando rutinas de ejercicio con apoyo de videos de YouTube; en un “intento de realizar distintas actividades para mantenerme a flote”.
“Hubo muchas fabricaciones, tortura y otras cuestiones que quedaron fuera del marco legal en la investigación, por lo que espero que este sea el principio del fin, porque una respuesta favorable para Juana Hilda nos ayudaría a todos los que estamos implicados, porque ya ha pasado demasiado tiempo, demasiado desgaste y demasiado sufrimiento, porque somos inocentes”, subraya.
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El caso Wallace
El llamado caso Wallace inició el 11 de julio de 2005, cuando la empresaria Isabel Miranda de Wallace denunció el presunto secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda.
Tras realizar una “investigación propia”, la empresaria acusó a Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales y los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz por ser los presuntos responsables del secuestro de su hijo, incluso publicando sus rostros y datos personales en decenas de espectaculares que fueron colocados en toda la Ciudad de México.
Según la versión de Isabel Miranda, los presuntos responsables asesinaron a su hijo en un departamento de la capital, lugar donde metieron el cuerpo sin vida de su hijo al baño, lo desnudaron, le tomaron diversas fotografías, lo cortaron con una sierra eléctrica para meterlo en bolsas de plástico y maletas, y lo llevaron a “las aguas negras”, donde lo desecharon.
Por esta denuncia, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación que finalmente derivó en el arresto de los seis implicados, acusándolos de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que lleva el caso de los seis implicados, las pruebas clave del caso carecen de “validez jurídica”, pues se basan en una confesión obtenida bajo tortura psicológica, pruebas obtenidas en cateos si haber preservado el lugar ni la cadena de custodia y una fotografía obtenida sin resguardo adecuado.
Estas violaciones han sido objeto de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a los derechos humanos. Incluso, instancias internacionales como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen en sus manos tres casos que están en “etapa de fondo” y dos peticiones que están en “trámite”.
Además, asegura que los casos enfrentaron una participación “irregular” de Isabel Miranda de Wallace que, en aquiescencia con autoridades, posibilitaron violaciones a derechos humanos y fabricación de pruebas.
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Irán ya ha vivido protestas antes, las más recientes en 2022, pero ¿por qué las manifestaciones actuales se consideran diferentes en alcance y objetivos?
Las protestas antigubernamentales en Irán, que, según corresponsales de la BBC y un funcionario iraní ya han dejado al menos dos mil muertos, han alcanzado un nivel nunca visto en los 47 años de historia de la República Islámica, según numerosos expertos y testigos presenciales.
Jiyar Gol, corresponsal de la BBC en persa, aseguró que el número de muertos debe ser de miles, y añade que, si bien el gobierno ya ha recurrido antes a la fuerza, esta vez no tiene precedentes.
La agencia de noticias Reuters, por su parte, informó que un funcionario de seguridad iraní afirmó que el número de muertos podría rondar las 2.000 personas. La fuente indicó que la estimación incluía tanto a personal de seguridad como a civiles, y culpó a “terroristas” de las muertes.
Mientras la gente sale a las calles en ciudades de todo el país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con “dar duro donde más duele” si las autoridades reprimen a los manifestantes y ha afirmado que EE.UU. “está listo para ayudar”.
Si eso ocurre, las autoridades iraníes han prometido responder con ataques a los aliados e intereses estadounidenses en la región.
Pero ¿en qué se diferencian estas protestas —y la respuesta del gobierno iraní a los levantamientos— de las manifestaciones anteriores en el país?
Amplio alcance
Los expertos sostienen que la escala y la extensión de las protestas de este año no tienen precedentes.
El investigador en sociología Eli Khorsandfar afirma que, si bien se han producido manifestaciones en las principales ciudades iraníes, también se han extendido a pequeñas localidades, “cuyos nombres quizá muchos desconozcan”.
Irán ya ha vivido protestas. El llamado Movimiento Verde de 2009 lideró la protesta de la clase media contra el presunto fraude electoral. Aunque fue de gran magnitud, se centró en las grandes ciudades. Otras protestas importantes en 2017 y 2019 se limitaron a las zonas más pobres.
Las protestas recientes más comparables se produjeron en 2022, cuando estallaron manifestaciones tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, de 22 años.
La joven había sido detenida por la policía moral iraní por su forma de llevar el velo.
Esas protestas se intensificaron rápidamente tras la muerte de Amini, pero alcanzaron su punto álgido seis días después, según múltiples informes.
En cambio, las protestas actuales parecen más grandes, más amplias y parecen crecer de manera más consistente desde que comenzaron el 28 de diciembre.
“Muerte al dictador”
Al igual que las protestas de 2022, los levantamientos actuales tienen sus raíces en un reclamo específico que pronto se transformó en demandas de un cambio sistémico profundo.
“El movimiento de 2022 comenzó con el problema de las mujeres. Pero también se reflejaron en él otras reivindicaciones… Las protestas de diciembre de 2025 comenzaron con cuestiones que parecían económicas y, en muy poco tiempo, llegaron a transmitir mensajes compartidos”, afirma Khorsandfar.
A finales de diciembre, los comerciantes del bazar se declararon en huelga en el centro de Teherán, en respuesta a las fuertes fluctuaciones del tipo de cambio del rial iraní frente al dólar estadounidense.
Las protestas se extendieron a las regiones más pobres del oeste del país. Al igual que en 2022, las provincias de Ilam y Lorestán fueron algunos de los principales epicentros.
Hacia finales de diciembre, se llevaron a cabo marchas en las que participaron miles de personas mientras millones de iraníes, también de clase media, se enfrentaban a una grave crisis económica y a un rápido aumento de los precios. Desde entonces, la gente que marcha por las calles corea “¡Muerte al dictador!”.
Exigen la destitución del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y del régimen que preside.
El factor Pahlavi
Las protestas de 2022 parecieron no tener líderes y pronto se desvanecieron.
En cambio, las manifestaciones actuales cuentan con figuras —algunas como el exiliado Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado en 1979— que intentan moldear o liderar las marchas desde la distancia.
Esto podría explicar en parte por qué se mantienen durante más tiempo.
En las protestas actuales, los cánticos que exigen el regreso de los Pahlavi se han escuchado más que nunca.
Pahlavi se autoproclamó sha de Irán durante su exilio en Estados Unidos.
Sus llamamientos a corear consignas en las calles han sido ampliamente compartidos. Los jóvenes iraníes se han animado indirectamente a unirse a las manifestaciones a través de las redes sociales.
La magnitud de las recientes protestas en ciudades como Teherán demuestra la eficacia del llamamiento de Pahlavi.
Analistas afirman que, como resultado, la presencia de una figura conocida de la oposición parece haber reforzado para algunos manifestantes la idea de que existe una alternativa viable en caso de la caída del gobierno actual.
Otros indican que cualquier indicio de apoyo a Pahlavi no implica necesariamente un deseo de retorno a la monarquía.
Más bien, es una expresión de desesperación por encontrar cualquier alternativa al gobierno clerical, sobre todo ante la ausencia de figuras visibles y laicas de la oposición dentro del país.
Amenaza de intervención de Trump
Otro factor que distingue a las protestas de 2025, incluso de las de 2022, es Estados Unidos.
Las manifestaciones de este año, a diferencia de las anteriores, parecen contar con el apoyo de la Casa Blanca.
Trump ha amenazado con atacar las posiciones del gobierno en apoyo a los manifestantes, algo que nunca había ocurrido antes.
Durante el movimiento de protesta de 2009 contra el presunto fraude en las elecciones presidenciales, los manifestantes coreaban: “¡Obama, Obama, o con ellos o con nosotros!”.
El expresidente estadounidense Barack Obama, que asumió el cargo en 2009, lamentó más tarde no haber apoyado de forma más visible a los manifestantes en las calles en aquel momento.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que las manifestaciones están siendo manipuladas por “los enemigos de Irán”.
Sin embargo, el problema para él es que su país tiene menos amigos que en los últimos años.
Las autoridades iraníes han perdido aliados clave: Bashar al Assad ha sido derrocado como presidente de Siria y Hezbolá en Líbano también se ha visto significativamente debilitado por la acción militar israelí.
El legado de la guerra
A diferencia de las manifestaciones de 2022, las protestas de este año se concretaron meses después de la guerra de 12 días con Israel y de los posteriores ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
El periodista Abbas Abdi cree que estos incidentes brindaron a las autoridades iraníes la oportunidad de forjar cierto tipo de solidaridad y cohesión social, pero que el gobierno no la aprovechó.
Algunos expertos también sugieren que el duro golpe al ejército iraní el año pasado ha destrozado el aura y el prestigio de la Guardia Revolucionaria Islámica como principal institución militar del país ante los ojos de los iraníes.
Inspirándose en el espíritu de las manifestaciones de 2022, Khorsandfar ve un cambio duradero en las protestas actuales: en entrevistas con mujeres que salieron a las calles hace tres años, muchas le dijeron que su mayor logro fue superar el miedo a un estado represivo.
*Con información y análisis de BBC News Persian, BBC Global Journalism y Neda Sanij, periodista de Oriente Medio.
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