
Tras el despliegue operativo de fuerzas federales en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, que derivó en la detención de Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que junto con él fueron detenidas siete personas más, además del aseguramiento de armamento de alto poder, municiones, drogas y vehículos con reporte de robo.
A través de su cuenta de X, el funcionario federal, señaló que la detención se realizó durante un despliegue federal en el municipio serrano y precisó que es señalado por su presunta relación con una facción vinculada a los Beltrán Leyva.
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De acuerdo con la información oficial, “El Mantecas” y siete de sus presuntos operadores fueron detenidos cuando agentes de seguridad que realizaban trabajos de investigación, al realizar recorridos en una brecha de la localidad El Rincón de los Monzón, en Badiraguato, detectaron a un grupo de personas armadas que, al notar la presencia de las autoridades, realizaron disparos de arma de fuego, tras lo cual, los efectivos repelieron la agresión y controlaron la situación.

Luego de someter a los ocho detenidos, las autoridades aseguraron una ametralladora, un fusil Barrett, ocho armas largas, nueve cargadores, 350 cartuchos útiles y una cinta metálica con 200 cartuchos, además de un centro de producción de drogas sintéticas operado por esta célula delictiva, donde se localizaron 14 mil pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y cinco vehículos con reporte de robo.

Desde temprana hora del domingo 18 de enero trascendió que se había desplegado un amplio operativo por aire y tierra, encabezado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, en la región serrana entre los poblados de Rincón de los Monzón y Alcoyonqui.
Fue hasta este lunes cuando las autoridades federales confirmaron de manera oficial los hechos ocurridos durante la madrugada de ese mismo domingo.
Esta detención llega días después de que el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, señaló que “el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es “inaceptable”, y exigió a México resultados “concretos y verificables” contra los cárteles y el tráfico de fentanilo y armas.
“Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera”, señaló.
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Dicho mensaje se emitió luego de que Marco Rubio, secretario de Estado, tuviera una llamada con Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores mexicano. En la comunicación, ambos reafirmaron la importancia de la colaboración basada en el respeto mutuo a la soberanía, y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas.

Además, reconocieron que, aun con el progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos, por lo que acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el día 23 de enero.

Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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