Gobierno de Trump sabía que mayoría de venezolanos enviados a prisión de El Salvador no habían sido condenados por un crimen en EU
El gobierno norteamericano sabía que la gran mayoría de los 238 migrantes venezolanos que envió a una prisión de máxima seguridad en El Salvador a mediados del marzo pasado no había sido condenada por crimen alguno en Estados Unidos, aún antes de calificarlos de terroristas y deportarlos, según indican registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no revelados previamente.
El presidente Donald Trump y sus colaboradores han tildado a los migrantes de “violadores”, “salvajes”, “monstruos” y de ser “lo peor de lo peor”. Cuando múltiples medios noticiosos cuestionaron esas calificaciones con reportes que señalaban que muchos de los deportados carecían de antecedentes penales, el gobierno insistió en que había basado su evaluación de los deportados en un meticuloso escrutinio que incluía el examen de crímenes cometidos tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Pero los propios registros del gobierno, obtenidos por ProPublica, The Texas Tribune y un equipo de periodistas de Venezuela, demuestran que sólo 32 de ellos han sido condenados por crímenes en Estados Unidos, en su mayoría no violentos, como hurtos en tiendas o infracciones de tránsito.
La información oficial indica que el gobierno sabía que apenas seis de los migrantes habían recibido condenas por crímenes violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión de armas. Y que era consciente de que la mitad, o 130, de los deportados no tenían registros criminales o cargos pendientes en EE.UU. Solo figuran en sus propios archivos como infractores de las leyes de migración.
En cuanto a crímenes en el exterior, nuestra revisión de los registros de la policía y la justicia en Estados Unidos y los países latinoamericanos en que los deportados residieron previamente halló evidencia de arrestos o condenas en solo 20 de los 238 casos. De ellos, 11 se relacionaban con crímenes violentos como robo a mano armada, asalto o asesinato, incluido el caso de un hombre que el gobierno chileno pidió extraditar de Estados Unidos para juzgarlo por acusaciones de secuestro y drogas. Otros cuatro habían sido acusados de posesión ilegal de armas de fuego.
También investigamos cada uno de los casos de los deportados venezolanos. Es posible que haya crímenes u otros datos sobre su pasado que no encontramos en nuestra investigación o en la información oficial, que incluye sólo detalles mínimos sobre nueve de ellos. No hay una base de datos única, dedicada a los crímenes cometidos en Estados Unidos –mucho menos en el exterior– que esté disponible públicamente. Pero todo lo que sí encontramos contradice las afirmaciones del gobierno norteamericano.
ProPublica y el Tribune, junto con los medios venezolanos de la Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News, obtuvieron también listas de presuntos pandilleros utilizadas por las agencias policiales de Venezuela e Interpol. Incluyen 1,400 nombres; ninguno de ellos coincide con el de los 238 deportados.
Una de las deportaciones más trascendentes de los últimos tiempos
La rapidez en la remoción y el encarcelamiento en un tercer país han convertido ésta en una de las deportaciones más trascendentes de los últimos tiempos. Las batallas judiciales en torno de si el presidente Trump tiene autoridad para expulsar inmigrantes sin pasar por los tribunales puede trastocar fundamentalmente el modo en que Estados Unidos lidia con ellos, sea que residan legal o ilegalmente en su territorio. Funcionarios norteamericanos han sugerido públicamente que, para alcanzar el objetivo del presidente de deportar a millones de migrantes, el gobierno está considerando suspender el hábeas corpus, un histórico derecho constitucional que permite cuestionar la detención.
Horas antes de que los migrantes fueran subidos en Texas a los aviones que los llevarían a El Salvador, el gobierno justificó su deportación en nombre de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798, afirmando, sin prueba alguna, que la pandilla carcelaria Tren de Aragua había invadido Estados Unidos con ayuda del gobierno venezolano. Calificó a la pandilla como una organización terrorista foránea y sostuvo que ello daba al presidente la autoridad para expulsar a sus miembros y recluirlos indefinidamente en una prisión en el extranjero, donde los deportados han permanecido durante más de dos meses sin posibilidad de comunicarse con sus familias o abogados.
Lee Gelernt, abogado que lidera la lucha de la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) contra las deportaciones, afirmó que éstas representan una “flagrante violación de los más elementales principios del debido proceso”. De acuerdo con las leyes, dijo, un migrante que ha cometido un crimen puede ser acusado y expulsado, pero “ello no significa que puede ser sometido a una potencial condena de por vida en un gulag extranjero”.
Ante nuestros hallazgos, la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, replicó que “ProPublica debería avergonzarse de estar sirviendo a unos ilegales extranjeros criminales que son una amenaza” y añadió que “el pueblo americano apoya firmemente” la agenda del presidente en materia de inmigración.
Consultada sobre las discrepancias entre las declaraciones públicas del gobierno sobre los deportados y la forma en que éstos están catalogados en la propia información oficial, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, repitió comunicados públicos ya difundidos. Insistió, sin proveer evidencia, en que los deportados son peligrosos. “Estos individuos caracterizados como ‘no criminales’ son, en realidad, terroristas, violadores de los derechos humanos, pandilleros y más — es sólo que no tienen un prontuario en Estados Unidos”.
En cuanto a la afirmación del gobierno de que el Tren de Aragua intentó invadir el país, un análisis de funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyó que la pandilla no obedece órdenes del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Tulsi Gabbard, directora nacional de inteligencia de la administración Trump, despidió a los autores de ese informe después de que se hizo público. Según reportes periodísticos, la oficina de Gabbard explicó que ella busca “poner fin a la instrumentalización y politización” de la comunidad de inteligencia.
Nuestra investigación se enfocó en los 238 venezolanos deportados el 15 de marzo a CECOT, la prisión en El Salvador, cuyos nombres figuraban en una lista publicada primero por CBS News. El gobierno ha transferido allí también a decenas de otros migrantes, incluido Kilmar Abrego García, un salvadoreño que el gobierno admite fue enviado por error. Las cortes han ordenado al gobierno que tramite su regreso a Estados Unidos.
Entrevistamos a familiares y abogados de un centenar de deportados. Muchos de ellos se comunicaron en la misma mañana del 15 de marzo con sus seres queridos, cuando éstos creían que serían regresados a Venezuela. Estaban felices porque se reunirían con sus familias, entusiasmadas con prepararles sus platos favoritos y organizarles fiestas.
Algunos de los familiares compartieron con nosotros o en las redes sociales videos grabados en los centros de detención norteamericanos. En ellos, los detenidos dicen que tienen miedo de ser enviados a Guantánamo, la instalación de Estados Unidos en territorio cubano en la que Washington ha retenido y torturado a detenidos, algunos de ellos sospechados de planear los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El gobierno de Trump había enviado aviones con migrantes venezolanos allí a principios de este año.
Ninguno de ellos tenía idea de que los estaban por mandar a El Salvador.
Entre ellos estaba Leonardo José Colmenares Solórzano, de 31 años, quien abandonó Venezuela y su trabajo como entrenador de fútbol juvenil en julio último.
Según relató su hermana, Leidys Trejo Solórzano, Leonardo atravesaba tiempos difíciles tratando de mantener a su madre y a sí mismo: le costaba conseguir mejor empleo en medio del colapso de la economía venezolana. Fue detenido al asistir a una cita con las autoridades migratorias en octubre debido a sus muchos tatuajes, contó ella. Estos incluían nombres de familiares, un reloj, una lechuza y una corona que, explicó, estaba inspirada en el logotipo del club de fútbol Real Madrid.
En la información del DHS que obtuvimos no hay indicación de que Colmenares tuviera prontuario criminal alguno. Tampoco encontramos condenas o cargos en su contra en los Estados Unidos o el extranjero.
Trejo aseguró que su hermano nunca se metió en problemas y que tampoco tiene antecedentes penales en Venezuela. Definió su expulsión de Estados Unidos como un secuestro perpetrado por el gobierno.
“Ha sido bastante difícil. Hablar del tema me cuesta”, dijo Trejo, que ha buscado en internet videos y fotos de su hermano en la prisión de El Salvador. “Muchísimas noches estoy sin dormir por la ansiedad”.
Los registros internos del gobierno indican que, con excepción de unos pocos casos, los funcionarios etiquetaron a todos los deportados como miembros del Tren de Aragua, sin ofrecer mayor información sobre cómo llegaron a esa conclusión.
Presentaciones judiciales y documentos que obtuvimos muestran que el gobierno se basó, en parte, en publicaciones en las redes sociales, conexiones con miembros conocidos de la pandilla y tatuajes, entre ellos, de coronas, relojes, armas, granadas y el logotipo Jumpman de Michael Jordan. Según comprobamos, al menos 158 de los venezolanos cautivos en El Salvador tienen tatuajes. Pero fuentes policiales expertas en el Tren de Aragua en Estados Unidos, Colombia, Chile y Venezuela nos dijeron que los tatuajes no son un indicio de membresía en la pandilla.
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McLaughlin, vocera del DHS, declaró que el Departamento confiaba en su propio análisis de quién pertenecía a la pandilla, pero que no proveería información para justificarlo.
“Creo que el gobierno quiere presentar esto como un gran esfuerzo en pos de la seguridad pública de los Estados Unidos por razones políticas”, opinó John Sandweg, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Pero “incluso parte de la información del propio gobierno demuestra que hay una brecha entre lo que se dice y la realidad”, apuntó, en referencia a los registros oficiales internos que obtuvimos.
En ellos, 67 de los deportados figuran con cargos criminales pendientes, aunque no se proporcionan detalles sobre sus supuestos crímenes. Hallamos registros policiales, judiciales y de otro tipo sobre 38 de ellos. En algunos casos, su historia criminal difería de la indicada en los registros oficiales. Algunos acusados ya habían sido condenados y otro fue deportado aun después de que los cargos hubieran sido desestimados.
Nuestra investigación comprobó que, al igual que en los casos de deportados que recibieron condenas, la mayoría de esos cargos criminales pendientes se referían a crímenes no violentos, como hurtos en tiendas, posesión de drogas o infracciones de tránsito.
Seis de los 67 tenían cargos pendientes por intento de asesinato, agresión, robo armado, posesión de armas de fuego o violencia doméstica. Los defensores de derechos de los migrantes dicen que enviarlos a prisión en El Salvador antes de que sus casos sean resueltos implica que Trump, apelando a la autoridad del poder ejecutivo, eludió completamente el sistema de justicia.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias al “parole” con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023.
El gobierno de Estados Unidos le garantizó a una niña mexicana de 4 años un año más de permiso humanitario para permanecer en el país y así poder seguir con el tratamiento del que depende su vida.
Así se lo confirmó a la BBC este martes su abogada, Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel.
En abril la familia de la menor -identificada con el seudónimo de Sofía- fue notificada de la revocación del también llamado parole con el que había ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 y gracias a cual recibía atención médica para su grave síndrome.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”, contó la madre de la niña, Deysi Vargas, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Los Ángeles, California, y que puso el caso bajo los focos.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo.
La abogada Amato informó entonces que habían vuelto a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición estaba bajo evaluación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas a Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era Estados Unidos.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en Estados Unidos de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532 mil personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EU, mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Permisos revocados
Desde que el republicado Donald Trump llegó a la Casa Blanca, habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EU”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EU bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EU por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, rezaba la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EU, a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, decía la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó la abogada Gina Amato.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Este martes les fue notificada la extensión de la autorización por un año.
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