Después de un mes de que un tribunal colegiado le ordenara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicar de manera íntegra las 2 mil 543 recomendaciones emitidas entre 1990 y 2015 por agravantes a los derechos humanos en México, entre ellas, lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos −luego de haberlas bajado de su página de internet en 2023− el organismo cumplió finalmente con su obligación de garantizar la transparencia y el derecho a la verdad.
La organización Articulo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informaron que en enero la CNDH acató la sentencia y publicó íntegramente todas las recomendaciones emitidas en casos como la represión ocurrida en Atenco, en 2006, o las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, en 2014.
El 28 junio de 2023, Animal Político publicó que la Comisión había eliminado de su página de internet las más de 2 mil recomendaciones de su sitio web sobre casos de ejecución, desaparición, tortura, abusos sexuales y otras violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, la Marina y organismos federales, estatales y municipales de Seguridad Pública.
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El organismo encabezado por Rosario Piedra eliminó su consulta a pesar de que el artículo 74-II de la Ley General de Transparencia establece que todas las recomendaciones de la CNDH obligatoriamente deben estar “a disposición del público” en “versión pública”, es decir, habiéndose suprimido los datos personales de las víctimas y perpetradores involucrados en cada violación a los derechos humanos.
Además, el artículo 70 de la misma ley estipula que dicha información deberá divulgarse a través de “medios electrónicos”, también de forma obligatoria.
En los meses siguientes, la Comisión publicó en su portal versiones testadas de las recomendaciones, en las que gran parte de la información –en ocasiones páginas enteras– fue censurada, incluyendo aspectos tan relevantes como la descripción de hechos.
La CNDH argumentó que las recomendaciones se testaron por proteger “información personal sensible y la que correspondía a los hechos violatorios que habían sufrido”, es decir, cumplir con la legislación en materia de protección de datos personales.
Por ello, Elvira Martínez, esposa de uno de los trabajadores atrapados en la mina Pasta de Conchos, promovió un amparo.
En mayo de 2024, un juzgado concedió parcialmente el amparo, sin embargo, ordenó solo la publicación íntegra de la Recomendación 26/2006. Inconforme, Elvira interpuso un recurso de revisión, en el que argumentó que la eliminación de todas las recomendaciones afectaba el derecho a la verdad de la sociedad.
El 11 de diciembre de 2024, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió a favor de Elvira, ordenando a la CNDH restituir íntegramente todas las recomendaciones emitidas entre 1990 y 2015, para garantizar su acceso público y sin censura para toda la sociedad.
“En un contexto donde se han visto debilitados e incluso eliminados los organismos garantes de derechos humanos, incluyendo los protectores al derecho al acceso a la información, esta resolución judicial es un logro de las familias y un llamado al organismo público de derechos humanos para dar cumplimiento completo y consistente de sus responsabilidades de proteger derechos”, señaló Articulo 19 y el Centro Pro Juárez.
A diferencia de los migrantes no autorizados cuya entrada Trump había prometido detener, esta medida contra los refugiados afecta a miles de personas que durante meses o años cumplieron con los trámites requeridos para ingresar a ese país.
Todos los viajes de refugiados con destino a Estados Unidos han sido cancelados por el Departamento de Estado, según una directriz interna obtenida por la cadena CBS News, aliada de la BBC.
Los funcionarios han recibido la instrucción de detener los trámites para la concesión de asilo en el extranjero y un programa aprobado por el gobierno de Joe Biden por el que particulares estadounidenses podían patrocinar a potenciales refugiados.
“La llegada de refugiados a Estados Unidos ha sido suspendida hasta nuevo aviso”, indica la directriz.
La medida no afecta por ahora a los beneficiados con una visa especial por haber colaborado con el ejército de Estados Unidos en el exterior.
El documento fue emitido escasas 48 horas después de que Trump jurara su cargo en Washington y firmara una orden ejecutiva para suspender el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés).
El presidente dijo que su país “carece de la capacidad para absorber un gran número de inmigrantes y, en especial refugiados, en sus comunidades de modo que no comprometa la disponibilidad de recursos para los estadounidenses”.
La instrucción establece que “todos los viajes de refugiados a Estados Unidos previamente programados quedan cancelados y no se harán nuevas reservas de viaje” e indica a los funcionarios que “no deben solicitar viajes para ningún otro refugiado en este momento”.
La medida afecta a miles de refugiados en países afectados por violencia, conflictos bélicos y otros peligros, que habían conseguido que se les reconociera ese estatus y el derecho a viajar a Estados Unidos después de un trámite engorroso que se prolonga meses o años.
Fuentes conocedoras del proceso citadas por la cadena estadounidense CNN estimaron en aproximadamente 10.000 los refugiados que ya tenían sus viajes reservados.
Las mismas fuentes indicaron que muchos de los afectados quedarán ahora varados en diferentes lugares del mundo.
Según la agencia AP, entre los afectados están alrededor de 1.600 afganos a los que Estados Unidos había concedido asilo tras la retirada de sus tropas de Afganistán y que ya tenían sus viajes reservados.
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