CNDH defiende reforma sobre prisión preventiva oficiosa pese a advertencias de violaciones a derechos humanos
Contrario a las advertencias de organismos defensores de derechos humanos y a los acuerdos internacionales suscritos por México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que encabeza Rosario Piedra Ibarra respaldó la ampliación del catálogo de delitos merecedores de encarcelamiento automático en México.
La CNDH justificó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como una necesidad para el combate a la inseguridad en el país, que calificó como el mayor reto, y pidió que se considere el contexto de violencia que vive México.
“Uno de los obstáculos para una estrategia de construcción de paz es el sistema de justicia, por eso es imperioso frenar las graves omisiones en materia judicial, reflejo de la colusión de muchos juzgadores con grupos delincuenciales o intereses económicos o políticos”, señaló el organismo en un comunicado.
Según la CNDH, “la reforma considera el respeto a los derechos humanos de una manera preponderante”. Pero llamó a ministerios e integrantes de fiscalías a usar con ética el poder que se les ha otorgado para aplicar esta medida cautelar.
El organismo defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal y acusó que distintos actores utilizan el discurso a favor de los derechos humanos para descalificar las acciones contra la inseguridad.
La CNDH, sin embargo, aseguró que velará por la correcta aplicación de la medida y que atenderá las quejas y denuncias que se presenten por acciones en el combate a la inseguridad.
Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con Rosario Piedra al frente de la CNDH, el organismo emitió menos del 1 % de recomendaciones respecto al número de quejas presentadas contra la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
La respuesta de la CNDH ocurre a menos de dos meses del inicio de la segunda gestión de Rosario Piedra como titular del organismo, tras un proceso de elección ríspido en el Congreso, donde la coalición mayoritaria fue acusada de imponer a la funcionaria con tal de mantener a una titular cercana al gobierno federal.
Advertencias ignoradas
Desde 2018, ante las intenciones de ampliar el número de delitos merecedores de encarcelamiento automático en México, la oficina en México del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, debido a que vulnera los derechos humanos.
Ante representantes del Congreso mexicano, la ONU manifestó su preocupación debido a que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte.
El pasado 1 de enero, tras la entrada en vigor de la reforma constitucional aprobada en noviembre de 2024 en materia de prisión preventiva oficiosa, la representación en México de ONU-Derechos Humanos reiteró sus advertencias y señaló que en los hechos representa una detención arbitraria.
Entre las razones que ha destacado el organismo están que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad personal, además de que vulnera la independencia judicial. ONU-Derechos Humanos ha advertido que la ampliación del catálogo de delitos merecedores de su aplicación acentuaría esa transgresión ya que, además, afecta el funcionamiento de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública.
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Ampliación de encarcelamiento automático
El 31 de diciembre, el Poder Ejecutivo que encabeza Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión automática, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 19.
La reciente reforma incorporó el uso de facturas falsas, la extorsión y la comisión de un delito relacionado con el fentanilo como merecedores de la prisión preventiva oficiosa.
Esta medida se ha utilizado desde hace tres lustros en México, impulsada por gobiernos del panista Felipe Calderón y de los morenistas Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. La primera reforma para aplicar este recurso ocurrió con Calderón en 2008 y aumentó la lista al final de su administración. El listado creció al inicio del sexenio de López Obrador.
Con la nueva reforma, el Ministerio Público puede solicitar al juez la aplicación de la prisión preventiva cuando considere que otras medidas sean insuficientes para garantizar que la persona imputada comparezca en un juicio, o que se garantice la protección de víctimas o testigos. También aplicaría cuando la persona imputada esté siendo procesada o haya sido sentenciada antes por la comisión de un delito doloso.
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Yoon es investigado por insurrección por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, una medida que provocó una grave crisis política en Corea del Sur.
El destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue arrestado por las autoridades del país asiático en la mañana de este miércoles luego de varias horas de tensión en los alrededores de su residencia.
Yoon, quien está siendo investigado por insurrección y abuso de poder, es el primer presidente surcoreano en la historia en ser detenido durante su mandato. Su destitución aún debe ser confirmada por la Corte Constitucional surcoreana.
La operación se extendió durante casi seis horas, desde las 4:20 am (hora local) hasta pasadas las 10:00 am.
Los más de mil agentes de policía que llegaron a la residencia presidencial fueron recibidos por multitudes tanto a favor como en contra de Yoon, y tuvieron que superar varias barreras en su camino hacia la puerta de la residencia del mandatario.
El 3 de enero, más de 150 agentes de policía lo intentaron durante horas, pero fueron superados en número: primero por una multitud de seguidores del presidente, y luego por un muro humano de escoltas de seguridad dentro de la propiedad.
Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, después de que declarara la ley marcial en el país y desatara una caótica jornada en Seúl.
Tras una votación de los legisladores, quedó formalmente despojado de sus poderes y a la espera de un juicio.
Sin embargo, Yoon había permanecido hasta este miércoles refugiado en la residencia presidencial, protegido por la guardia presidencial, y se había negado a cooperar con las autoridades, ignorando todas las citaciones para ser interrogado.
El lunes 13 de enero comenzó el juicio de destitución en su contra, pero terminó a los cuatro minutos, porque Yoon no se estaba presente.
Por ello, los fiscales habían expresado que no les quedaba más remedio que detenerlo.
Tras consumarse la detención este miércoles, se hizo pública una declaración grabada en video del destituido presidente, en la que dice que aceptó comparecer ante la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC), a pesar de que considera que se está llevando a cabo una “investigación ilegal” en su contra.
En el video dice que lo hace para evitar “cualquier desagradable derramamiento de sangre”.
También, afirma que el Estado de derecho en el país se ha roto, y que ni el organismo que lo investiga, ni el tribunales que dictó la orden de detención, tienen potestad para hacerlo.
Los seguidores de Yoon permanecieron fuera de la residencia presidencial a lo largo de la mañana del miércoles expresando su apoyo al presidente destituido y tratando de evitar su arresto.
Quién es Yoon y por qué lo arrestaron
Yoon, un fiscal estrella convertido en político, llegó al poder tras ganar popularidad entre los votantes conservadores gracias a una plataforma antifeminista y una postura de línea dura respecto a Corea del Norte.
Pero tras llegar a la presidencia en 2022, se vio envuelto en escándalos personales y enfrentó a una oposición cada vez más poderosa.
A medida que se acumulaban sus problemas políticos, Yoon declaró la ley marcial el 3 de diciembre, con lo cual sumió a Corea del Sur, un país con una democracia estable desde hace 40 años, en el caos político.
Su apuesta resultó ser un fracaso, que desembocó en su destitución por parte del Parlamento e investigaciones penales.
Desde su destitución, Yoon ha resistido los intentos arrestarlo, lo que ha sumido al país en una mayor agitación política.
Aunque está suspendido, Yoon permanecerá en el cargo hasta que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirme su destitución.
Cuando Yoon hizo su breve declaración de ley marcial en diciembre, citó amenazas de “fuerzas antiestatales” y de Corea del Norte para justificar medida.
Pero pronto quedó claro que su decisión no había sido impulsada por amenazas externas, sino por sus propios problemas políticos internos.
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