La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el que rechaza que haya militarización en México.
Además, el organismo destaca que hay una disminución notable en el número de quejas interpuestas ante el organismo contra las Fuerzas Armadas respecto a administraciones pasadas.
En el “Informe Especial sobre la Incursión de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, Prevención y Cultura de la Paz” se acusa a los medios de comunicación de alentar el discurso de la militarización y establecer la percepción de una intromisión militar en todos los ámbitos de la vida pública y privada del país y de que se vulnerarían los derechos humanos de manera sistemática.
“El manejo arbitrario de la idea de militarización en México está descontextualizado de la realidad nacional y constituye una crítica sin fundamento a la política integral de seguridad pública y pacificación del país, implementada desde hace seis años”, al inicio del gobierno del expresidente Andrés Manual López Obrador.
“Por el contrario, y con base en el análisis, es evidente que la estrategia ha sido una ruptura con la manera como se condujo la estrategia de seguridad de los gobiernos anteriores, que sólo expuso a la población a excesos y a las propias Fuerzas Armadas a verse involucradas en eventos desafortunados. La estrategia actual ha mostrado, en todo caso, resultados positivos en la contención e incluso la reducción de fenómenos que previamente estaban desborrados y fuera de control”, señala.
El organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra, impuesta por Morena para estar al frente de la CNDH por cinco años más, pese a ser la peor evaluada de las aspirantes, llegó a la conclusión que “no hay elementos que sustenten la afirmación de una militarización de la seguridad pública”.
Por el contrario, añade, “se observa un sistema renovado que coordina esfuerzos entre las autoridades, dentro de sus respectivas competencias, para fortalecer la paz, la convivencia democrática y la promoción de una cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos”.
Asimismo, considera que el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una acción innovadora en materia estratégica para la seguridad del Estado ya que responde a la necesidad de consolidar las capacidades operativas, logísticas y territoriales mediante el respaldo del Ejército.
Y concluye: “No se considera que exista tal militarización ya que la participación de las Fuerza Armadas está regulada por el marco normativo, y su intervención, al ser extraordinaria, se encuentra sujeta a fiscalización, subordinación y control por parte del poder civil (…) La Guardia Nacional como institución policial federal sigue siendo de carácter civil”.
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Sin embargo, el jefe de la Guardia Nacional es un general y no puede ser un civil y sus integrantes son militares formados por la Sedena. Aún así, el expresidente López Obrador, la actual mandataria Claudia Sheinbaum -y otros candidatos y dirigentes en Morena- sostienen que México no es un país militarizado e incluso han dicho que los integrantes de la Guardia Nacional tienen formación en seguridad pública y no en la guerra.
Sus dichos se enmarcan en una estrategia gubernamental que le ha entregado decenas de actividades de índole civil a militares, como la administración de aeropuertos, aduanas e incluso construcción de obras.
En México, las Fuerzas Armadas (Sedena, Semar, Guardia Nacional) reciben cada vez más presupuesto y funciones civiles para llevar a cabo labores para las que no están facultadas; su poder se amplía con acuerdos y decretos, de acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado.
De acuerdo con el informe, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, la Sedena tuvo 7 mil 868 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, principalmente por detención arbitraria, trato cruel e inhumano o degradante. En la actual administración se presentaron 2 mil 184, una reducción del 72 %.
En tanto, la Secretaría de Marina tuvo su pico más alto entre noviembre de 2012 y noviembre de 2018 con mil 808 quejas, pero en el sexenio de AMLO tuvo una disminución del 58 %.
Número de quejas por dependencia del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, según los datos de la CNDH
Asimismo, destaca que entre los presuntos hechos violatorios contra las Fuerzas Armadas durante la administración de AMLO ya no figuraron entre las principales quejas las detenciones arbitrarias, la tortura, y los tratos crueles inhumanos y degradantes.
Por el contrario, destacan casos como el incumplimiento de principios de legalidad; honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones; empleos, cargos o comisiones; la falta de cumplimiento de las formalidades en la emisión de órdenes de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias; y la prestación indebida del servicio público.
“Se observa una marcada disminución de las conductas que atentan contra los derechos inderogables de las personas, como la vida, la integridad personal, la dignidad y la libertad, que corresponden a violaciones graves de derechos humanos”, destaca.
De las recomendaciones emitidas por violaciones graves a derechos humanos, del 2018 al 2024, el 70 % corresponden a hechos ocurridos previo a la gestión de AMLO y “únicamente el 30 % de las recomendaciones corresponden a la gestión actual”.
Finalmente, el organismo hace algunas recomendaciones como incorporar contenidos de derechos humanos en sus planes de estudios y capacitar en derechos humanos a todo el cuerpo docente dedicado a la formación de la Guardia Nacional en sus diferentes niveles.
Así como garantizar salarios que les permitan una vida digna y generar el entrenamiento y conocimiento necesario en el uso adecuado y proporcional de la fuerza, con base en los principios del derecho humanitario universal sobre el uso de la fuerza y armas de fuego, entre otros.
Luigi Mangione fue arrestado este lunes en una ciudad de Pensilvania, y en su mochila se encontró un arma fantasma que podría ser importante en el caso en su contra. Te explicamos por qué.
Cuando este lunes las autoridades capturaron a Luigi Mangione, un joven de 26 años sospechoso de asesinar de un disparo en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealth, encontraron entre sus pertenecías lo que se conoce como un arma fantasma.
El artefacto, que las autoridades creen que habría sido utilizado por el acusado para cometer el crimen, podría convertirse en una pieza clave en el proceso legal en su contra.
Mangione, un experto en programación, fue detenido en un McDonald’s de la ciudad de Altoona, en Pensilvania, tras ser reconocido por alguien en el restaurante.
El lunes fue acusado de asesinato y de otros cargos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego.
Además del arma, el presunto asesino también tenía en su mochila “varias identificaciones falsas” y un manifiesto escrito a mano de tres páginas que incluía quejas contra el sistema de salud de EE.UU.
“Estaba en posesión de una pistola fantasma que tenía la capacidad de disparar una bala de 9 mm”, dijo el lunes Joe Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York.
“Puede haber sido fabricada en una impresora 3D”, agregó.
El arma estaba cargada con seis balas de nueve milímetros. Además, la policía también encontró un silenciador, que de igual manera habría sido producido en una impresora 3D.
Para las autoridades podría ser un reto investigar el origen de la pistola.
Este tipo de armamento se conoce como armas fantasma precisamente porque, en su mayoría, son fabricadas por individuos que ensamblan las piezas en casa, por lo que pueden quedar fuera de los registros oficiales.
De acuerdo con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés), las armas fantasma o armas de fabricación privada son completadas, ensambladas o producidas por cualquier persona que no sea un fabricante con licencia.
Son difíciles de rastrear porque hasta agosto de 2023 no era obligatorio colocarles un número de serie que permita seguir su rastro ni tampoco realizar una verificación de antecedentes al comprador.
En EE.UU., generalmente, los fabricantes e importadores de armamento colocan un número de serie y marcas en las armas de fuego, que identifican al fabricante o importador, marca, modelo y calibre, según explican reportes del Centro Ley Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas.
“La investigación de delitos que involucran armas de fuego de fabricación privada no serializadas puede generar dificultades para rastrear el origen de las armas de fuego y vincularlas con delitos relacionados”, dice la página web de ATF.
Las autoridades las categorizan en diez tipos: pistola, revolver, rifle, escopeta, armazón o cajón de mecanismos, dispositivo de conversión de ametralladora, dispositivo destructivo, ametralladora, silenciador de arma de fuego y cualquier otra arma.
Elaborar un arma fantasma en EE.UU. es tan sencillo como comprar por internet un kit con las diferentes partes y herramientas.
Se han conocido incidentes en los que menores poseen este tipo de artefactos, así como personas con trastornos mentales.
Las partes con las que se fabrican no están técnicamente terminadas y requieren algunos pasos adicionales en el hogar, como perforar algunos agujeros, antes de que puedan usarse para hacer una pistola funcional.
Más de una decena de estados, incluyendo Nueva York, han establecido leyes para regularizar las armas sin número de serie, pero es difícil prevenir que se utilicen, pues sus partes pueden ser enviadas de forma individual a casi cualquier lugar.
El asesinato de Thompson renovó el escrutinio de las armas fantasma, que el gobierno de Biden trata de reglamentar para que sean consideradas de la misma manera que las armas de fuego disponibles comercialmente.
Los fabricantes de kits de armas fantasma ahora deben incluir números de serie en sus productos y realizar verificaciones de antecedentes a los compradores.
En octubre, la Corte Suprema evaluó los argumentos de este estatuto que fue retado en los tribunales, y pareció que una mayoría se inclinaba a apoyarlo.
Un fallo a favor marcaría un cambio para el grupo de nueve jueces de una supermayoría conservadora que ha sido en gran medida escéptica con las regulaciones de armas.
En cuanto a las armas en general, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se ha posicionado como un firme defensor de la Segunda Enmienda, que otorga el derecho a portarlas.
A principios de este año, le dijo a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que era el mejor amigo del grupo.
Los expertos han calificado las armas fantasma como el problema de seguridad de armas de más rápido crecimiento en el país. Se han utilizado cada vez más en tiroteos de alto perfil.
Según cifras de la ATF, las fuerzas del orden encontraron 20.000 armas fantasma sospechosas en investigaciones criminales en 2022, un número diez veces mayor que en 2016.
Las autoridades dicen que sin números de serie en sus armazones, es prácticamente imposible rastrear a los comerciantes que venden estas armas ilegalmente a menores o a personas sin licencia.
Una exfuncionaria del gobierno estadounidense duda de que la gente cambie de opinión con el asesinato de Thompson.
“Las armas fantasma son un factor nuevo en un país muy complicado y violento”, le dijo Juliette Kayyem al programa Today de BBC Radio 4.
A EE.UU. le resulta “muy difícil” restringir las armas de fuego, añadió Kayyem, exsecretaria adjunta de política del Departamento de Seguridad Nacional.
Más de 48.000 personas murieron por armas de fuego en Estados Unidos en 2022, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
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