Con el fin de garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con los lineamientos necesarios para que las personas en prisión preventiva (PPP) puedan ejercer su voto.
De acuerdo con el anexo INE/CG672/2023, la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva se utilizará durante las visitas a los Centros Penitenciarios del 6 al 20 de mayo de este año, periodo establecido para la votación presencial anticipada para las PPP.
Con el acuerdo INE/CCOE/010/2024, se pretende garantizar el voto anticipado de 92 mil 792 personas que se encuentran en prisión preventiva en 282 centros penitenciarios en los 32 estados de la República -cifra contemplada hasta octubre del 2023- durante el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.
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¿Por qué las personas en prisión preventiva pueden votar?
El artículo 38 constitucional establece que los derechos de los ciudadanos se suspenden por diversas razones, una de ellas es estar sujeto a un proceso criminal por algún tipo de delito. Esta suspensión comienza a partir de la fecha del auto de formal prisión.
Por otro lado, el artículo 20 señala que dentro de un proceso penal, es derecho de toda persona imputada la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario, esto es cuando se le dicta una sentencia.
Es decir, mientras no se demuestre la responsabilidad de la persona detenida, continúa con su derecho al voto. Si bien no puede contender para un cargo, sí puede emitir su voto, pues así lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¿Qué es la prisión preventiva?
La prisión preventiva permite encarcelar a las personas que hayan sido acusadas de cometer un delito, que aunque no han sido condenadas, ameritan la aplicación de medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa. Esto de acuerdo con el artículo 19, que establece:
“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones…”.
En cambio, la prisión preventiva justificada es solicitada por el Ministerio Público (MP) ante un juez, cuando considera que las medidas cautelares son insuficientes. Por ejemplo, evitar que el imputado no comparezca, para el desarrollo de una investigación o la protección de la víctima o testigos.
Los delitos del fuero común son aquellos que se encuentran dentro de los códigos penales locales, y son los que se cometen con mayor frecuencia. En el caso de que se presuma que el o la probable responsable por un delito pudiera escapar de las acciones de justicia, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como indica su nombre, es Nacional, se puede solicitar prisión preventiva justificada, por parte del MP.
¿Cómo es el proceso?
María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, explicó a El Sabueso que desde el 25 al 31 de enero del 2024, personal de las Juntas Distritales Ejecutivas y, en su caso, las Locales del INE y con apoyo a las autoridades penitenciarias entregaron invitaciones y formatos de solicitudes para que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su voto.
“A las personas que ya estaban inscritas (al padrón electoral), hacerles una invitación y decirles ‘como estás en prisión preventiva, te invitamos a que salgas del listado de más de 90 millones y te incorpores a un listado nominal de prisión preventiva’”, refirió.
De este modo, las personas en prisión preventiva que están interesadas en emitir su voto deben llenar una solicitud con datos correctamente prellenados, firmados o plasmados con sus huellas dactilares para que puedan cambiarse a la lista nominal de PPP.
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Lista nominal de personsa en prisión preventiva
En caso de las PPP que resultaron como “no localizadas” en el padrón electoral, personal del INE les informa oportunamente que deben presentar el original de su acta de nacimiento o carta de naturalización, un comprobante de domicilio reciente y un documento de identidad con fotografía vigente, para una nueva credencial y puedan estar en la Lista nominal de prisión preventiva.
Flores Huerta dijo que únicamente pudieron entregar 447 invitaciones en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, de éstas, sólo 88 personas estaban interesadas en ser parte del listado nominal de PPP y puedan ser considerados para votar.
La documentación solicitada pueden entregarla con ayuda de familiares, pero de estas 88 finalmente solamente tres dijeron que podrían estar en posibilidad de tener sus documentos al interior del centro.
“Lo que sucederá es que se emitirá su (nueva) credencial y se quedará a disposición en el módulo durante dos años, para que en caso de que puedan obtener su libertad puedan recogerla”, refirió.
Domicilio del centro penitenciario
La Vocal de la Junta Local del INE de la Ciudad de México precisó que aunque la PPP entregue un domicilio específico para su nueva identificación, el Tribunal estableció que, para votar, el domicilio que se toma en cuenta es donde se ubica el centro penitenciario.
“Si alguien está recluido en un centro penitenciario de la Ciudad de México, únicamente votará, en el caso de las elecciones locales, por las opciones que hay en la Ciudad de México”, refirió.
En la sentencia SUP-JDC-352/2018 refiere que el Tribunal ordenó al INE realizar una etapa de prueba para el voto de PPP antes de los comicios del 2024, misma que fue aplicada en 2021.
Cómo emiten su voto las personas en prisión preventiva
Flores Huerta explicó a El Sabueso que personal del INE instala unas mamparas especiales dentro de cada centro penitenciario y se les entregan los sobres que contienen las boletas para las elecciones federales y locales, para que con la premisa del voto ‘libre y secreto’ puedan emitir el voto.
Posteriormente, el sobre se devolverá cerrado y sellado, mismo que será contabilizado hasta el día de la elección.
Este proceso de voto anticipado se realizará del 6 al 20 de mayo del 2024, y únicamente las personas que sí se cambiaron a la lista nominal de PPP podrán emitir su voto.
El voto en prisión preventiva se puede realizar tanto en comicios federales como locales. Sin embargo, en el caso de los estados de Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo, este tipo de voto ya está incorporado en la legislación electoral local y es obligatorio.
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Los tribunales de Chile empiezan a ver los casos contra miembros de la megabanda venezolana, que en los últimos años convirtió al país del sur en una gran base de operaciones.
“Hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar a las personas vivas”.
Así describió el fiscal Mario Carrera a Tele13 Radio los delitos por los que se persigue a Los Gallegos, la banda que desde esta semana protagoniza lo que se ha considerado el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile.
Los 38 acusados –34 venezolanos y cuatro chilenos– enfrentan cargos de homicidio calificado, secuestro, porte de armas y tráfico de drogas, y son considerados una célula del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que en los últimos años convirtió a Chile en un gran centro de operaciones, el mayor después de su país de origen, según funcionarios policiales chilenos.
El Tren es, de hecho, el “primer grupo criminal trasnacional” con el que se ha enfrentado la Justicia chilena y una de las causas de la violencia en un país que en los últimos años ha visto crecer el número de homicidios.
La Fiscalía incluso atribuye al grupo la muerte del exmilitar disidente de Venezuela Ronald Ojeda, y la propia existencia del Tren de Aragua ha sido motivo de disputa diplomática con el gobierno de Caracas, que llegó a negar la existencia de la megabanda, algo que Chile, uno de los países que más sufre la violencia del grupo, consideró un “insulto”.
Pero ¿cómo se estableció, cuál ha sido y es su presencia en el país y cómo empezó la justicia chilena a encarar una criminalidad a la que nunca antes se había afrontado?
Para entenderlo, hay que remontarse primero a otro caso judicial.
La muerte de Mariana
Mariana (nombre ficticio) se desplomó poco después de cruzar la frontera entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en el norte de Chile, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Había caminando alrededor de 40 minutos, soportando bajas temperaturas, en medio de fuertes vientos y lluvia, por un terreno desértico y con vestimenta no adecuada. Viajaba junto a su hijo de 5 años, su madre, un hermano menor de edad y otros 50 extranjeros.
Cuando los carabineros intentaron auxiliarla, la migrante venezolana de 32 años ya estaba muerta.
Su caso fue reportado, sin más detalles, como uno de los cinco fallecimientos de migrantes ocurridos en el primer trimestre de 2021, cuando intentaban cruzar por pasos irregulares hacia Chile.
Pero detrás de su muerte hay algo más que el desgaste físico de una joven madre. Mariana y su familia son parte de los 11 casos de víctimas del Tren de Aragua que figuran en la acusación presentada en marzo de 2022 contra 12 miembros de la organización criminal por Raúl Arancibia Cerda, quien entonces era fiscal regional de Tarapacá, en el norte de Chile.
“Se trata de la primera organización (el Tren de Aragua) que cumple con todas las características del crimen organizado trasnacional (…) en ser formalizada en el país (Chile)”, dice el documento de acusación al que tuvo acceso BBC Mundo.
El exfiscal regional Arancibia aseguró que, al menos hasta el momento en que formalizó el escrito, en 2022, “Chile estaba ajeno a este tipo de criminalidad”.
Pero ¿cómo un grupo criminal tan joven –con menos de 10 años de existencia–, comandado desde el interior de una prisión en un país a más de 4.700 kilómetros de distancia, logró establecerse con tanta fuerza y facilidad en el territorio chileno?
Las causas de su expansión
La migración aparece como un primer factor.
Hoy hay más de medio millón de venezolanos registrados en Chile, aunque la cifra podría ser el doble, debido a la gran cantidad de personas que han entrado por pasos informales.
La familia de Mariana figura entre miles de víctimas del tráfico de migrantes, y su historia combina algunas de las variables que explican cómo el Tren de Aragua se instaló en Chile y convirtió este país en su “segundo hogar”, según confirmó a BBC Mundo un funcionario de la Policía de Investigación de Chile (PDI) que investigó al grupo entre 2021 y 2023 y que prefirió no dar su nombre.
A comienzos de 2021, cuando todavía el impacto de la pandemia por covid-19 mantenía cerradas varias fronteras y la situación de los venezolanos se agravaba en sus países de acogida, Edgar, un hermano de Mariana que vivía en Chile, contrató los servicios de una supuesta agencia de viajes para trasladar a cuatro miembros de su familia desde Colombia hasta Iquique, en la frontera norte del país sureño, según se relata en la acusación formalizada por el fiscal Arancibia.
Edgar accedió a pagar US$2.400 para que sus parientes se reunieran con él. Pagó US$600 dólares por cada uno: Josefina, su mamá; Juan Carlos, su hermano menor de edad; Mariana, su hermana de 32 años; y José, su sobrino de 5 años, hijo de Mariana. (Todos los nombres son ficticios; en la acusación se les identifica sólo con siglas)
El grupo familiar emprendió el trayecto a comienzos de marzo de 2021.
Pero cuando llegaron a Tumbes, en Perú, los hombres que los trasladaban les exigieron US$80 más por persona para continuar el viaje hasta Lima, y US$250 por cabeza para llegar a Colchane, en Chile. Así que Edgar transfirió otros US$1.360.
En ese punto ya se había percatado de que no había tal agencia de viajes. Estaban en manos de coyotes del Tren de Aragua, una organización que desde Venezuela ya se ha expandido al menos a seis países de América Latina.
La noche del 22 de marzo de 2021, luego de permanecer ocultos un par de días en el hotel España, en Pisiga, Bolivia, los familiares de Edgar iniciaron la travesía para cruzar la frontera y llegar a Chile.
A la cabeza de la “expedición” estaban tres hombres que, según la acusación, se identificaban por sus apodos: “Estrella” (Carlos González Vaca), quien ha sido señalado de ser uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile; “Zeus” (Zeus Velásquez Aquino) y “Águila” (Juan José Trejo Varguilla). Todos de nacionalidad venezolana y miembros de la megabanda, según arrojó la investigación realizada por autoridades chilenas.
Ellos eran los que daban las instrucciones y expusieron a los migrantes “a condiciones extremas”, poniendo en riesgo la “integridad física y la vida” de todos, se lee en el documento elaborado por la fiscalía de la región de Tarapacá.
Poco después de cruzar la frontera, Mariana comenzó a sentirse mal y su madre le pidió ayuda a alias Águila, quien golpeó a la joven por sentirse mal. Como consecuencia se desvaneció y acabó muriendo en suelo chileno.
“Al menos desde el año 2021 en la región de Tarapacá ha operado esta organización criminal trasnacional, vinculada con la Mega Banda Venezolana, el Tren de Aragua, cuya célula (…) se ha asentado en diversas ciudades de la región (…) como también se ha extendido hasta otras partes del país (…)”, concluye la acusación.
Los tres coyotes, entre otros, fueron detenidos en marzo de 2022.
El caso está actualmente en proceso de preparación para el inicio del juicio. Hay 12 acusados, incluido Carlos González Vaca, alias “Estrella”.
Considerado el líder de la primera célula del Tren identificada y desarticulada en Chile, la Fiscalía pide para él dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de prisión por delitos como secuestro con homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y tráfico de migrantes, entre otros.
El estallido, la pandemia y la economía
“Creemos que la llegada del Tren de Aragua tiene que ver con el aprovechamiento de esta migración que hubo desde Venezuela a Chile”, le explicó a BBC Mundo Mauro Mercado Andaur, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigación (PDI) de Chile.
“La persona que emigra a través de distintas fronteras muchas veces tiene pocos recursos económicos y la necesidad rápida de llegar a su país de destino. El grupo criminal aprovecha la necesidad de los migrantes para hacer sus negocios ilícitos, los seduce y hasta les asignan tareas menores”, agregó.
Pero hay otros elementos que explican que Chile fuera el terreno escogido por la banda para instalarse.
Por un lado, coincide con el estallido social de 2019, “momento en el que teníamos otros focos de interés que estábamos abordando”, reconoció Mercado Andaur, apuntando a la pandemia por coronavirus.
Y es que la emergencia sanitaria forzó un cambio en la dinámica y la operatividad de los cuerpos de seguridad —precisa el policía—, que debieron ocuparse de problemas vinculados con la enfermedad al tiempo que desatendían tareas propias de sus funciones.
Asimismo, Chile fue uno de los primeros países de la región en tener vacunas disponibles y eso atrajo a muchas personas que buscaban servicios de salud de calidad.
“Tuvimos que buscarlo en Google”
Arancibia, el exfiscal de Tarapacá, relató que la primera vez que escuchó hablar del Tren de Aragua fue en diciembre de 2020, cuando dos mujeres peruanas fueron detenidas mientras intentaban ingresar a Chile ketamina, una droga alucinógena.
“Ellas explicaron que habían sido obligadas a transportar la droga por gente del Tren de Aragua. Hasta ese momento no sabíamos nada de una megabanda venezolana, ni de una prisión de Tocorón (en Venezuela). Tuvimos que buscarlo en Google”, contó Arancibia.
Aunque al final comprobaron que las mujeres mentían y que no habían sido forzadas por ningún grupo criminal, el hecho abrió camino a la primera investigación sobre el Tren de Aragua en Chile. “Nos dieron a conocer lo que estaba pasando”.
Para entonces, las autoridades chilenas ya habían notado cambios en las dinámicas criminales en las regiones fronterizas del norte y la aparición de nuevos delitos sin tener claras las causas: más explotación sexual de extranjeras; tráfico de sustancias poco convencionales, extorsiones; más homicidios y tráfico de migrantes.
Aunque en esa frontera de Chile con Bolivia históricamente había habido actividad del crimen organizado, no había grupos, ni locales ni extranjeros, que ejercieran un control de las acciones ilícitas y se impusieran con violencia como lo hacía el Tren de Aragua.
“Encontraron la facilidad para apoderarse de territorios. Tomaron zonas casi despobladas para establecer sus negocios. También comenzaron a ofrecer servicios, como pasar migrantes de una frontera a otra, brindar seguridad a comercios o falsificar los documentos de identidad que las autoridades chilenas entregan a los migrantes”, detalló Mercado Andaur.
Todo esto fue más fácil en Chile, entre otras cosas, por la ausencia de otros grupos de delincuencia organizada o competidores criminales.
“Históricamente nuestro grupos criminales han tendido a evolucionar hacia el lavado de activos, pero no hacia el control de un territorio por la fuerza. Tampoco tenían un gran poder de fuego. Por eso fueron sometidos fácilmente por los grupos extranjeros, como el Tren de Aragua, y terminaron cediendo los espacios y sometiéndose a ellos”, apuntó Mercado Andaur, que admitió la presencia de organizaciones colombianas y de otros países.
Exportación de crímenes
La capacidad de adaptación y el amplio portafolio criminal de la megabanda -se le atribuyen unos 20 delitos- también le permitió establecerse en Chile con actividades criminales que no eran practicadas por otros grupos, como la explotación sexual.
“Aquí la prostitución es legal, pero no había la figura del proxeneta. Ellos la trajeron y ahora controlan este delito en el país”, dijo el funcionario de la PDI.
Y a estos factores se suma que Chile tiene una de las economías más sólidas de América Latina, por lo que “la estabilidad económica del país y la cantidad de dinero circulante eran muy atractivos”, subraya Mercado Andaur.
Por eso Larry Amauri Álvarez Nuñez, alias “Larry Changa”, uno de los jefes y creadores del Tren de Aragua, escogió Chile para establecerse junto a su familia, según revelaron funcionarios de la PDI, Interpol y de la inteligencia colombiana.
Llegó en un vuelo comercial desde Caracas en 2018, regentaba un local de comida en el Jockey Club, a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda, y además tenía varios establecimientos comerciales. Se instaló en Santiago y logró montar una operación de tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización.
En 2022, cuando ocurrieron las primeras detenciones de sus compañeros, huyó y hoy se desconoce su paradero.
En la jerarquía de la organización tiene casi el mismo rango que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe máximo del Tren, uno de los hombres más buscados de América Latina.
“Ahora hay 70 personas de la organización en prisión”, aseguró Mercado Andaur, quien añadió que “el grupo comenzó a fragmentarse después de la detención del líder (alías “Estrella”) y producto de la acción policial”.
“No negamos que siguen operando, pero al quedar tan expuestos han perdido sus redes de protección. Tienen una operación pequeña. Sin embargo, seguimos con la alerta alta para evitar que se articulen las células” del Tren de Aragua, el primer gran grupo trasnacional del crimen organizado en Chile.
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