Una mujer acomoda un paquete de libros sobre un carrito de trabajo, un librero móvil negro que lleva dos grabados: “Los Rescatadores” y “Gobierno de la Ciudad de México”, en los costados. Abre la mano, sopla el polvo que cubre las portadas y ordena pequeñas torres tambaleantes ante el menor roce. Son las 10 de la mañana. El Centro Histórico palpita con el tránsito apurado de oficinistas, turistas y estudiantes. Entre biografías de autoayuda, manuales universitarios y novelas juveniles, figuran títulos firmados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

Las cubiertas brillan más de lo habitual. El papel es fino, las letras se perciben apenas difusas y las imágenes comparten una misma escala de grises. Cada ejemplar cuesta 150 pesos. En librerías formales, la diferencia de precio apenas se nota. El vendedor no ofrece garantías: “Igual es pirata, pero se lee bien”. La frase se repite en el Callejón Condesa —antes Callejón de los Dolores—, ubicado entre Tacuba y 5 de Mayo, a unos pasos del Eje Central. 

La piratería editorial representa hoy 50 % del mercado del libro en el país. No se trata solo de copias callejeras mal impresas, es una red que aprovecha la tecnología, se adapta y se expande tanto en espacios físicos como en plataformas digitales. Un delito, tipificado en el Código Penal Federal como una violación a los derechos de autor y propiedad intelectual, del que no están exentos exmandatarios, activistas ni autores de renombre. Gracias y Grandeza —de López Obrador— circulan actualmente en ediciones pirata, igual que ocurre con otros títulos. La alta demanda, la popularidad y el interés político o social aumentan el incentivo para reproducirlos sin autorización. 

Si bien esta problemática ha existido desde hace más de una década, el fenómeno tiene nuevas dimensiones, donde México es víctima y victimario. Hay leyes, libros de texto que mencionan el tema y evidencias, pero, para Quetzalli de la Concha Pichardo, abogada especializada en propiedad intelectual y vicepresidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CeMPro), lo que falta es la voluntad colectiva de convertir la teoría en la práctica y una postura firme por parte de las autoridades.

“Este fenómeno, tolerado por las autoridades y el público, va creciendo exponencialmente. Y tampoco ya son tan baratos los títulos, quizás un 20 por ciento menos que el original”, comenta en entrevista con El Sabueso. “En los años 1990, hacer reproducciones ilícitas implicaba un esfuerzo titánico. Había que conseguir galeras completas de imprentas, esos pliegos enormes equivalentes a 16 páginas de un libro. El resultado era burdo, evidente: fotocopias mal hechas que cualquiera podía identificar como ilegales. Pero la tecnología, esa misma que prometía democratizar el conocimiento, también perfeccionó el crimen”.

La piratería producida en México viaja por Centroamérica y algunos países sudamericanos

En palabras de la abogada, la piratería producida en territorio nacional viaja por toda Centroamérica y llega hasta Colombia y Perú. Los ISBN mexicanos —código numérico que identifica a cada libro publicado— delatan el origen del botín. Pero hay una laguna que la abogada insiste en mencionar: si se piratean tantos libros es porque hay más lectores de los que las estadísticas oficiales reconocen.

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) apunta en sus indicadores del sector editorial 2024-2025 que se asignaron más de 343,000 números ISBN en 19 países de América Latina. Brasil y Argentina encabezan la lista con 62 y 9.2 % del total de registros, mientras México se sitúa en tercer lugar con 8 % de los ISBN asignados.

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Entre los géneros más leídos, en la población de 12 años o más, destacan la literatura; obras de autoayuda, superación personal o religioso; cultura general; específicos de alguna materia o profesión y manuales o recetarios. Sin embargo, si se habla de piratería, los registros marcan diferencias.

Hoy el problema no distingue géneros ni públicos. Afecta tanto al libro de interés general como al educativo. Uno de los títulos más pirateados en la historia reciente es el clásico Álgebra de Baldor, material formativo que, en su versión apócrifa, circula sin actualizaciones ni controles de calidad. Otro caso recurrente es Juguemos a leer, utilizado en educación básica, según la abogada.

Libros impresos y en el ámbito digital: la diferencia está en los perpetradores

A decir de la vicepresidenta del CeMPro, la amenaza se bifurca en dos frentes igualmente destructivos. La diferencia está en los perpetradores. La piratería impresa está vinculada directamente con grupos de delincuencia organizada. Estas redes son capaces de producir tirajes de hasta 20,000 ejemplares de un solo título, mientras que un editor regular en México imprime entre 1,500 y 2,000 copias por edición. 

“Además, hay que recordar que la industria editorial en México es pequeña y mediana. En 2019, durante el aseguramiento de una imprenta clandestina, se localizaron 20,000 ejemplares piratas de El psicoanalista, una cifra que evidencia no solo capacidad de producción, sino una red de distribución ágil y estructurada”, ejemplifica De la Concha Pichardo. “En bodegas clandestinas de la Ciudad de México, cuando se logra hacer un aseguramiento, hemos encontrado entre 1,500 y 3,000 ejemplares de una sola obra, pero, claro, tienen colecciones de distintos títulos”.

La piratería no es un fenómeno aislado. Comprar un teléfono, unos tenis o un libro pirata no solo implica adquirir un producto ilegal, también significa inyectar recursos a una economía en efectivo que sostiene actividades de alto impacto criminal, como el tráfico de armas, drogas y personas. En este entramado, cada eslabón forma parte de la misma cadena.

Un diagnóstico del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) da cuenta de ello. De acuerdo con el documento de 40 páginas, en los mercados de piratería existe una delgada línea entre tres fenómenos que se entrecruzan mediante la corrupción: la informalidad, la ilegalidad y el crimen organizado.

“A pesar de que hay controversia sobre la magnitud de los costos de la piratería, es indudable que implica una afectación directa a nuestra seguridad (física y digital) por su conexión con otros delitos. Se identificaron algunos puntos de venta de piratería que tienen un doble giro, ya que también sirven para ventas de arma de fuego y narcomenudeo”, se lee en el texto.

En 2025, el ONC y el American Chamber of Commerce dieron a conocer 19 mercados notorios de piratería (de todos los productos) en México, de los cuales 31.6 % se concentran en la capital mexicana y 21 %, en Jalisco.

En el ámbito digital, el escenario no es menos preocupante. Datos de la CANIEM detallan que 48 % del consumo de libros digitales también es ilegal. Los archivos en PDF, que ninguna editorial comercializa como formato oficial, se distribuyen masivamente a través de buscadores, redes sociales y plataformas de compraventa. Con una conexión a internet y ciertos conocimientos básicos, cualquiera puede subir archivos o compartirlos en grupos de mensajería.

La industria editorial ha invertido durante más de una década en desarrollar formatos digitales profesionales —ebooks y audiolibros— que requieren contratos actualizados, procesos de maquetación especializada y, en el caso del audio, hasta 30 horas de grabación en estudio con locutores profesionales. Sin embargo, ese esfuerzo convive con una cultura digital que asume que “si está en internet, es libre”.

“La industria editorial lleva, por lo menos, 14 años trabajando arduamente para poder hacer un mercado digital óptimo, pero implica varios puntos”, comenta la especialista. “Un libro digital no es un PDF. No todo en internet es legal. Hay una falta de conciencia por parte del lector sobre la cadena del libro. También el consumo de piratería digital puede derivar en que alguien se deje de dedicar no solo a ser autor, sino a ser editor, corrector, diagramador, diseñador, impresor y librero”.

Las plataformas han comenzado a reaccionar. Desde 2022, una alianza entre la CANIEM, CeMPro y MercadoLibre permitió reducir en 32 % la venta de contenidos pirata dentro de ese sitio, mediante sistemas de inteligencia artificial que detectan precios sospechosamente bajos o colecciones completas ofrecidas en dispositivos usb. Aun así, el volumen de contenido ilegal en la red es difícil de contener. Tan solo a través de mecanismos de denuncia y automatización se logran dar de baja alrededor de 22,000 sitios mensuales que distribuyen de uno a 10,000 libros sin autorización.

“Falta una aplicación real por parte de las autoridades”

En el plano legal, México cuenta con herramientas suficientes. El artículo 424 del Código Penal Federal establece que se impondrá prisión de seis meses a seis años y una  multa de 300 a 3,000 días para quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

Además, en mayo de 2024 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó varias disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal para fortalecer la protección en el entorno digital. Las medidas establecen mecanismos claros para la remoción de contenidos no autorizados y sancionan la evasión de medidas tecnológicas de protección.

Puntualmente, la SCJN ratificó la validez del artículo 114 Octies, que permite a los proveedores de servicios en línea remover contenidos sin el consentimiento del titular de los derechos de autor. Esta remoción debe realizarse tras recibir un aviso del titular del derecho o una resolución de una autoridad competente.

Consultada al respecto, la abogada precisa: “En el Código Penal Federal fue un avance importante el que se reformara el que la piratería se persiguiera de oficio, ¿qué diferencias hay? Tenemos dos formas de persecución de un delito. La querella es cuando el interesado o el afectado tiene que denunciar para que la autoridad se active y entonces persiga al delincuente. En el caso de la persecución de oficio, no es necesario que vaya el titular de derechos o el directamente afectado. Cualquier ciudadano puede denunciar, cualquier autoridad observadora puede perseguir ese delito. Para la parte digital, la LFDA tuvo reformas relevantes porque se adicionó el mecanismo de notificación y baja de contenidos ilegales”.

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En 2020, aborda De la Concha Pichardo, cuando se discutió el impacto de la piratería editorial, el gobierno federal incorporó su combate como un eje dentro de la Estrategia Nacional de Lectura. La relación es directa: si autores y editores pierden hasta la mitad de su mercado por la venta ilegal de libros, su capacidad de subsistir se reduce de forma drástica. Sin creadores ni sellos nacionales sólidos, México arriesga su diversidad cultural y su autonomía en la producción de contenidos, y puede convertirse en un país que solo importe obras extranjeras.

A partir de esa preocupación se realizaron reuniones con distintas autoridades, entre ellas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). Mientras Indautor puede constatar y certificar la existencia de una actividad ilegal, no cuenta con facultades operativas para realizar decomisos. El IMPI mostró disposición, pero sus funciones administrativas no sustituyen la intervención de cuerpos de seguridad pública, indispensables para ejecutar operativos, asegurar mercancía y, en su caso, detener a los responsables. 

El problema no se limita a quien vende en la vía pública. Cualquier comerciante debería acreditar el origen legítimo de los libros que ofrece, mediante facturas o recibos de compra. En la piratería, esa trazabilidad no existe. Por ello, también se plantea que quienes soliciten permisos para participar en ferias, mercados o instalar quioscos deban demostrar que su mercancía es legal.

“Ahí está la norma, los artículos. Lo que nos falta es aplicación real por parte de las autoridades, principalmente de seguridad pública y por supuesto de las autoridades que administran cualquier espacio donde se puede realizar venta de libros para que les exijan a los vendedores que acrediten que obtuvieron esos libros legalmente”, concluye.

Actualmente, CeMPro lleva a cabo acciones que permiten erradicar la piratería editorial, entre las que destacan: cateos a imprentas y bodegas, operativos en la vía pública para evitar la venta de libros apócrifos y la deshabilitación de links en sitios web que lleven a la descarga ilegal de contenido editorial.

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