En medio del debate público sobre la magnitud de la crisis de desapariciones en México, el gobierno federal prepara la presentación de un informe que busca aclarar inconsistencias detectadas en los registros oficiales. 

La discusión al respecto se intensificó hace un par de semanas tras la difusión de análisis elaborados por organizaciones civiles, entre ellas México Evalúa, cuyos datos apuntan a un incremento superior al 200 por ciento en el número de personas desaparecidas en la última década. 

El gobierno federal reconoce que la plataforma “tiene muchos problemas”

Según reveló en la conferencia mañanera del pasado 10 de febrero, el gobierno federal ha identificado deficiencias en los esquemas de registro y múltiples casos con datos personales incompletos, lo que ha obstaculizado determinar si alguien fue localizado o incluso si existe una carpeta de investigación abierta. 

“Lo que vamos a presentar es cuántos de los registros están en esa condición, cuántos tienen información completa, carpetas de investigación; en la plataforma no viene cuántas personas se han encontrado”, añadió.

Todo ello, en palabras de la mandataria, ha dificultado el seguimiento, la búsqueda y la aplicación de la ley. Sin embargo, los “errores” en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas han sido provocados por las mismas autoridades, de acuerdo con especialistas consultados por El Sabueso.

El RNPDNO se encuentra contemplado en la Ley General en Materia de Desaparición (LGMD), vigente en México desde enero de 2018. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) tiene a su cargo su administración y coordinación. Esta herramienta sustituyó al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) e incorporó sus antecedentes históricos; la última actualización de esas bases ocurrió el 30 de abril de 2018.

El RNPED arrastró diversos problemas de confiabilidad, entre ellos, un elevado subregistro, omisiones en la actualización por parte de fiscalías estatales y una metodología de depuración que provocó controversia y desconfianza debido a la reducción de las cifras reportadas. 

Entre los fallos de esta iniciativa se cuenta la falsificación en los formularios de firmas de víctimas que presuntamente habían sido localizadas y de funcionarios que les daban validez, la pérdida de centenares de cuestionarios realizados a familias de personas desaparecidas y el borrado de nombres del registro oficial sin formalizar el proceso. 

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Presumiblemente, esos casos debieron corresponder a personas ya localizadas. Sin embargo, algunas familias detectaron el nombre de su ser querido entre los registros eliminados, pese a que hasta ese momento no contaban con información sobre su paradero. En otras palabras, volvieron a desaparecer, como Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en México en 1978 durante la llamada “guerra sucia” y quien fue borrada de la lista de la Estrategia Nacional, pese a que estaba registrada en el RNPDNO. Tras una denuncia de su hija, su nombre fue añadido al censo promovido por el gobierno de López Obrador.

Un caso más es el de Marco Antonio Orgen, desaparecido en 2013 en Huauchinango, Puebla, y quien hasta hace dos años no aparecía en el RNPDNO a pesar de que su hija, Irma Virginia Orgen, denunció la situación en tres instancias locales y federales. Hoy su nombre no especifica ningún dato y está bajo las letras de “confidencial”.

“El análisis de Data Cívica permitió detectar que en la versión pública del RNPDNO había campos del registro que no estaban bien llenados por la mayoría de las autoridades. Un dato fundamental para seguir el proceso de búsqueda, que es el contacto de la persona que denunció la desaparición, se dejó en blanco en siete de cada diez casos”, señaló entonces la organización.

“La responsabilidad es del Estado mexicano”

Para Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica desde 2017, mientras el Estado mexicano no aborde las causas de fondo —la incompetencia de las fiscalías, la falta de coordinación interinstitucional, la ausencia de recursos y voluntad política—, los registros seguirán siendo insuficientes y las familias continuarán sin respuestas.

“La ley establece que los registros deben recaer en el Sistema Nacional de Búsqueda, que incluye la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales y la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay un deber compartido; la responsabilidad de que esos registros no estén completos es del Estado”, apunta Meltis en entrevista con El Sabueso. 

“Por más que depuremos, entre comillas, como la presidenta lo ha dicho, la magnitud de desaparición es tan grande que de todas formas no es que vayamos a pasar de más de 130,000 desaparecidos a 30,000 como había en 2017 en el registro”, añade.

Un informe de 2025 de la iniciativa de evaluación ciudadana Red Lupa, impulsada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), da cuenta de ello. Desde que en 2022 se superó la cifra de 100,000 desaparecidos, los casos reportados no han dejado de crecer: aumentaron 7.3 % en 2023; 6.3 % en 2024, y un preocupante 12 % en 2025. 

Hasta el 16 de febrero de 2026, según el RNPDNO, hay un total de 131,822 personas desaparecidas y no localizadas. Los estados con el mayor número de casos son Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Nuevo León.

El documento expone que, si bien se han creado en los estados 124 instituciones responsables de la atención a las personas desaparecidas y sus familias, los avances en el aparato jurídico e institucional de cada entidad no se ha traducido en una disminución de los casos de desaparecidos ni en un aumento en su identificación o localización. Entre las principales deficiencias, la Red Lupa encontró lo siguiente.

En 32 estados hay comisiones locales de búsqueda, pero falta personal: el artículo 50 de la Ley General en Materia de Desaparición establece que cada entidad federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.  

Estas comisiones deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos necesarios para establecer acciones de búsqueda específicas, en coordinación con otras instituciones estatales. Sin embargo, la iniciativa observó que, en algunos estados, principalmente del sureste del país, las comisiones están compuestas por una o dos personas. Por ejemplo, la comisión de Campeche durante 2023 contaba con una plantilla de solo cuatro servidores públicos.

Falta de manejo adecuado de víctimas y de fiscalías especializadas en desaparición: a tenor del mapeo de Red Lupa, Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán carecen de una fiscalía especializada, pese a estar referido en el artículo 68 de la Ley General en Materia de Desaparición. Y, aunque algunos estados cuenten con las unidades, estas enfrentan desafíos relacionados con recursos y capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos.

Panteones forenses y centros de identificación humana: los artículos 128 y 129 de la Ley General en Materia de Desaparición establecen que los cuerpos o restos de personas no identificadas, o que no han sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos ni desintegrados, tampoco se puede disponer de sus pertenencias; las autoridades de los estados correspondientes deben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, que integra el Banco Nacional de Datos Forenses.

No obstante, aunque algunos estados cuentan con centros de resguardo temporal, en la mayor parte del país no existen centros de identificación humana ni panteones forenses (menos de un tercio de los estados del país cuentan con ellos, según el informe). Esta carencia ha derivado en una crisis: no existe un registro adecuado de personas fallecidas sin identificar, tampoco una base de perfiles genéticos homologada a nivel nacional.

Esta situación provoca que muchas familias busquen durante años a personas desaparecidas que en realidad fallecieron o fueron asesinadas, mientras sus cuerpos permanecen bajo resguardo de las fiscalías, quienes en ocasiones desconocen en qué fosa común fue inhumado dicho cuerpo.

Impunidad frente a los casos de larga data: a las desapariciones ocurridas tiempo atrás se les ha comenzado a clasificar como “casos de larga data”. Sin embargo, el criterio temporal para ubicarlas en esa categoría resulta discrecional: puede abarcar desde varios años hasta apenas unos meses.

En la mayoría de estos expedientes no se registran avances sustanciales en las investigaciones y, cuando existe algún progreso, suele depender de la información que aportan las propias familias. Quedar etiquetado así, en palabras de la directora de Data Cívica, termina por convertirse, en los hechos, en una ruta hacia la impunidad.

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El regreso a las carpetas de investigación

Un punto especialmente delicado es la intención de volver a centralizar el conteo en torno a las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías. En 2017, las familias exigieron separar la búsqueda de la investigación penal. La razón era clara: la búsqueda debía ser inmediata y no depender de procesos ministeriales que históricamente han sido lentos, ineficientes o incluso revictimizantes. Durante años, las familias enfrentaron el llamado “vuelva en 72 horas”, que retrasaba acciones urgentes.

La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda aspiraba precisamente a que la localización de personas no dependiera exclusivamente de la lógica penal. Muchas familias optaron por no abrir carpetas de investigación por miedo, desconfianza o sospecha de colusión entre autoridades y perpetradores. Si ahora el registro se vincula nuevamente a la existencia de una carpeta, miles de casos podrían quedar fuera del conteo oficial.

En contexto, antes de su declaración del 10 de febrero de 2026, Sheinbaum precisó su intención en diciembre de 2025, en donde señaló: “Ahora, por ley, solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación; precisamente por este tema de que se registraba un nombre y no había datos adicionales”.

“Regresar ahora a las carpetas de investigación implica problemas importantes, no solamente en términos de la información que tenemos o vamos a tener disponible. Será volver a la responsabilidad de las fiscalías que, sabemos, son absolutamente ineficientes y que por eso se creó la CNB para enfocarse en la búsqueda y no en la investigación “, apunta Mónica Meltis.

Además, en 2025 se anunció la implementación de una Plataforma Única de Identidad con datos biométricos y un mayor intercambio de información entre instituciones, incluidas corporaciones policiales y fuerzas armadas. Aunque en el papel podría interpretarse como un esfuerzo de coordinación, persiste la pregunta central: si las fiscalías no han sido capaces de registrar correctamente la información hasta ahora, ¿qué garantiza que lo harán con nuevas plataformas?

“Desde una perspectiva técnica, el problema no radica en la ausencia de plataformas, sino en la falta de coordinación efectiva y voluntad institucional. Existen pendientes fundamentales, como el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas y el Banco Nacional de Datos Forenses, que no han sido plenamente consolidados”, añade.

Los registros deben ser herramientas para la búsqueda, añade la especialista, no sustitutos de ella. Crear nuevas bases de datos sin resolver la incapacidad estructural de las fiscalías y sin garantizar transparencia puede reproducir las mismas inconsistencias bajo un nuevo formato.

“Mientras no se garantice información completa, verificable y transparente, cualquier reducción en las cifras seguirá generando más preguntas que respuestas”, concluye.

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