Presumen inversión millonaria para La Escuela es Nuestra, pero se desconoce el destino del dinero
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que se han destinado más de 84 mil millones de pesos a La Escuela es Nuestra (LEEN) desde 2019, aunque desde entonces ha sido señalado por operar sin mecanismos que permitan comprobar en qué se usan los recursos entregados a las escuelas y cómo se decide el gasto.
Pamela López Ruiz, directora general de LEEN, detalló que dicha cifra se alcanzará al final de mes, y que la inversión ayudará a ampliar la atención al 99% de las escuelas públicas de educación básica del país.
Sin embargo, una investigación de Animal Político y Data Cívica encontró en 2022 que, hasta entonces, los apoyos sólo habían llegado al 36% de los planteles del país y las autoridades desconocían cómo se gastaron más de 23 mil millones de pesos de presupuesto público.
Mediante un análisis hecho a los padrones de beneficiarios reveló que las autoridades informan un número mayor de beneficiarios porque omiten detallar que los propios lineamientos de operación de esta política prioritaria contemplaron que una misma escuela podía recibir dos apoyos en años diferentes.
El análisis realizado a los padrones de LEEN entre 2019 y 2021 confirmó que en algunos municipios se benefició a más escuelas de las existentes, de acuerdo con datos públicos y actualizados del Sistema Interactivo de Consulta de Estadísticas Educativas de la SEP.
Por ejemplo, en Santiago Amoltepec, Oaxaca, la SEP da cuenta de la existencia de 83 escuelas de educación básica, pero los padrones de beneficiarios muestran que se han dado apoyos a 118 escuelas. En Sitalá, Chiapas, se reportan 84 escuelas, pero se ha beneficiado a 117.
De acuerdo con las reglas de operación del programa para 2024, la SEP entrega dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros. Ellos son los responsables de administrar el dinero, decidir en qué se puede emplear para mejorar la infraestructura escolar, y contratar a quien sea necesario para ejecutar los proyectos particulares de cada escuela.
“Los Comités Escolares de Administración Participativa, por conducto de su Tesorera(o), serán los únicos y absolutos responsables de la disposición, recepción, custodia, administración y ejercicio del subsidio, los cuales vigilarán y verificarán el uso de los mismos para los fines establecidos en las Reglas de Operación, así como el resguardo y conservación de la documentación original comprobatoria correspondiente”, señala.
La SEP ha informado que los recursos federales del Programa son subsidios y se regirán en los términos establecidos por el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero, señaló que al establecer el programa bajo la figura de subsidios y no un programa social, se hizo más laxa la posibilidad de contar con mecanismos de transparencia y fiscalización.
“Que sea un subsidio permite tener esta ambigüedad, esta discrecionalidad”, apunta Alcázar, quien dijo que luego de interponer un amparo, hace unas semanas una jueza federal ordenó que LEEN tenga un mecanismo efectivo de fiscalización por parte de las autoridades, ya que, al día de hoy, son las mamás y papás los responsables del destino de los recursos.
De hecho, si se busca información sobre el destino de los recursos, la respuesta oficial de la SEP es que debe preguntarse a cada escuela. Por ejemplo, en la solicitud de información 330026021000086, la dependencia señaló que no contaba con información sobre el detalle de las obras realizadas.
“Los expedientes físicos de las actividades realizadas en cada escuela beneficiada deberán ser resguardados en el plantel escolar y puestos a disposición de la comunidad escolar”, agregó.
Aumentan recursos sin transparencia para LEEN
En años anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que no hay certezas de que todos los recursos asignados hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, el objetivo principal del programa.
Por ejemplo, en 2020 la ASF reportó como “pendiente de aclaración” en qué se usaron 573 millones de pesos de La Escuela es Nuestra. Esto significa la mitad de los mil 187 millones de pesos del presupuesto auditado en 2020.
En los expedientes de mil 686 planteles beneficiarios en 2020, “no se cuenta con evidencia que demuestre que con los recursos otorgados se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades, por lo que no se pudo comprobar que estos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa”, advierte la Auditoría en el Informe de Cuenta Pública.
Entre los casos revisados, por ejemplo, en una escuela de Puebla, la presidenta del Comité Escolar reportó que la tesorera le dijo que “tomó 82 mil pesos para atender necesidades personales sin que a la fecha de la visita de verificación los hubiese devuelto”.
Pese a que desde 2020 la Auditoría alertó sobre “falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados”, en los últimos 5 años el presupuesto para La Escuela es Nuestra ha ido en aumento.
De acuerdo con la cuenta pública, el programa inició ejerciendo un presupuesto de 2 mil 594 millones de pesos; para 2020 la cifra pasó a 7 mil 250 millones de pesos. En 2021, luego de la primera auditoría, el gasto se incrementó a 13 mil 549 millones de pesos. En 2022 el gasto fue de 12 mil 920 millones; y en 2023 se elevó hasta 26 mil 364 millones de pesos.
En suma, de 2019 a 2023 se han ejercido 62 mil 678 millones 949 mil 219 pesos para el programa. Para 2024 se aprobó un presupuesto de 28 mil 358 millones 345 mil pesos. Por lo que, hasta ahora se han asignado más de 91 mil 37 millones de pesos para LEEN.
Vale la pena recordar que en marzo de 2022, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó detener la operación del programa La Escuela es Nuestra. Por considerarlo violatorio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
Esto, luego de que en las reglas de operación del programa para 2022 se eliminara el que los planteles tuvieran horas adicionales de clase y servicios de alimentación —como sí se previó en 2021—, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al extinto programa Escuelas de Tiempo Completo.
De hecho, la entonces secretaria de educación, Delfina Gómez, justificó la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo con un supuesto estudio que demostró sus fallas.
Pero al hacer una solicitud de información y luego de impugnar una primera respuesta insatisfactoria, la Secretaría de Educación Pública confirmó a Animal Político que no tiene tal estudio, mencionado en un encuentro con diputados el 28 de abril.
El anuncio de Trump tiene como objetivo cortar los ingresos del gobierno de Nicolás Maduro, pero algunos analistas advierten que la medida podría profundizar la crisis económica en Venezuela y generar consecuencias negativas para Washington.
Para Venezuela, el petróleo no es simplemente un bien de exportación. Constituye el eje central de su economía y la principal fuente de ingresos y de divisas con las que el país importa alimentos, medicinas y otros bienes esenciales.
Por ello, el bloqueo “total y completo” contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela —anunciado el martes por el presidente de EU, Donald Trump— no solo podría afectar al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a amplios sectores de la población venezolana.
Varios expertos advierten que una medida de este alcance también puede resultar contraproducente para Washington.
Trump dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo “robado” para financiarse y para sostener el “narcoterrorismo, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”.
Sus declaraciones se producen una semana después de que Washington incautara un buque petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que Caracas denunció como “un robo descarado” y “un acto de piratería”.
El mandatario estadounidense también afirmó este martes en Truth Social que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y añadió que esta presencia militar “seguiría creciendo” y que sería “algo como nunca antes se había visto”.
Venezuela —que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— ha condenado la orden de bloqueo como una “amenaza grotesca”, que, según el gobierno de Maduro, busca “robar” la riqueza del país.
Desde septiembre, Estados Unidos ha acumulado una importante presencia militar frente a las costas venezolanas en el Caribe, que incluye a más de 15,000 efectivos y al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.
El ejército estadounidense también ha estado realizando una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental en los que han muerto al menos 95 personas.
El presidente Trump afirma que el objetivo de esta campaña militar es combatir el narcotráfico en la región y acusa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el llamado Cartel de los Soles.
Sin embargo, diversos analistas sostienen que la estrategia podría también estar orientada a impulsar un cambio de régimen en Venezuela.
Más de 30 buques sancionados operan en Venezuela
Venezuela produce actualmente cerca de 1 millón de barriles diarios de crudo, lo que representa aproximadamente el 1% de la producción mundial.
Una cifra que contrasta con los más de 3 millones de barriles diarios que el país produjo en 1998, el año previo a la llegada al poder del mentor político e ideológico de Maduro, el expresidente Hugo Chávez.
El desplome de la producción responde a una combinación de mala gestión, falta de inversión en el sector, pérdida de personal calificado, corrupción y sanciones internacionales.
Por ello, el impacto de un bloqueo petrolero sobre el mercado mundial sería limitado, al menos en el corto plazo.
Pero, para millones de venezolanos, las consecuencias podrían ser mucho más profundas y directas.
Cuando el presidente Donald Trump impuso un paquete de sanciones económicas estrictas a Venezuela en 2018, durante su primer mandato, la medida profundizó la ya grave crisis económica y humanitaria que atravesaba el país sudamericano.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), solo ese año la economía venezolana se contrajo en torno al 15%, una de las caídas más pronunciadas de su historia reciente.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, afirma que el bloqueo anunciado por Trump podría tener un efecto “aún más devastador si lo mantiene y persiste”.
“Creo que la administración Trump espera poder darle un giro rápido a esta medida. Espera que el lenguaje hiperbólico e incendiario que usó en Truth Social ponga al círculo íntimo de Maduro en su contra y promueva una transición rápida“, le dice a BBC Mundo.
“Pero si eso no pasa, se prevé una gran crisis, porque un gran porcentaje de las exportaciones venezolanas viaja por este tipo de embarcaciones sancionadas”, agrega.
“Y los ingresos provenientes de esas exportaciones no sólo se usan para pagar y sobornar a burócratas, sino para comprar medicinas y alimentos, por lo que se prevé una gran escasez de ambas cosas”.
Un informe reciente de la organización Transparencia Venezuela reveló que el 41% de los buques petroleros (40) que operaron en las costas venezolanas en noviembre fueron buques sancionados, parte de la llamada flota de buques fantasma.
Por su parte, el servicio independiente de seguimiento Tanker Trackers estima que unos 37 buques incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estaban operando en aguas venezolanas a principios de este mes.
El economista venezolano Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston, señala que la medida anunciada por Trump también forzará al gobierno de Nicolás Maduro a ofrecer mayores descuentos en el petróleo que vende a través de canales informales para sortear las sanciones.
“En cualquier escenario, esto provocará una reducción de los ingresos, lo que a su vez causará una devaluación del bolívar y un aumento de la inflación. Y si la situación se prolonga, es probable que genere una caída significativa del PIB”, añade.
El FMI proyectó que la inflación en Venezuela cerrará 2025 en aproximadamente 269,9 %, según su informe World Economic Outlook publicado el 14 de octubre de 2025.
Consecuencias negativas para Trump
Expertos advierten que el bloqueo también podría tener consecuencias negativas tanto para la oposición venezolana como para el propio gobierno de Donald Trump.
“Si la medida no logra desalojar al gobierno de Nicolás Maduro y los venezolanos comunes comienzan a sufrir sus efectos, es posible que muchos terminen culpando a la oposición y a Trump de la crisis”, señala Sabatini.
Y una mayor pobreza en Venezuela probablemente también impulse una nueva ola migratoria hacia países de América Latina y a Estados Unidos.
Según datos de la ONU, cerca de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde el inicio de la crisis económica y política, convirtiendo la situación en una de las mayores crisis migratorias del mundo.
El economista estadounidense Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), considera que el bloqueo anunciado por Trump podría terminar perjudicándolo políticamente si se mantiene en el tiempo.
“Cerca del 90% de las divisas extranjeras que obtiene Venezuela provienen de las exportaciones de petróleo, por lo que un bloqueo como el anunciado podría generar más pobreza y más migración”, le dice Weisbrot a BBC Mundo.
“Es un riesgo considerable para Trump: si la migración venezolana hacia Estados Unidos aumenta de forma significativa, es probable que sus votantes le hagan pagar el precio en las elecciones de medio mandato del próximo año”.
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