La promesa fue tener el gobierno “más transparente de la historia”, pero al quinto año de la administración de Andrés Manuel López Obrador la estrategia que prevalece es la de la opacidad. No son casos aislados en que se oculta la información: la evidencia y los datos muestran un comportamiento sistemático en esa línea.
Los decretos con que las megaobras fueron declaradas de seguridad nacional y otros obstáculos para conocer su nivel de avance, contratos y gasto son una prueba de dicha opacidad, hasta el punto en que la Secretaría de Energía se niegue a informar cuál es el presupuesto ejercido en la refinería Dos Bocas, una de las obras emblemáticas del sexenio.
Otra evidencia es el debilitamiento deliberado del INAI y de las unidades de transparencia de las dependencias federales, al bajar sus recursos y frenar en el Poder Legislativo la designación de nuevas o nuevos comisionados del instituto de transparencia, que opera incompleto desde hace casi 200 días.
La falta de actualización de las bases de datos abiertos para conocer distintos indicadores públicos forma parte de la misma política de opacidad, así como el ocultamiento de contratos millonarios en el sector energético, como los del empresario Daniel Flores Nava, director de Proyecta Industrial de México SA de CV, quien era operador del ex aspirante presidencial Adán Augusto López, hasta antes de su muerte en un accidente ocurrido en el mes de julio.
También dan cuenta de la poca transparencia en el sexenio de la denominada “cuarta transformación” hechos como los señalamientos de víctimas, organizaciones internacionales como el GIEI e incluso instancias creadas por el propio gobierno -como el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH)-, sobre el ocultamiento de información por parte del Ejército, que ha sido denunciado por ocultar información del caso Ayotzinapa y de las violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965-1990, mientras el presidente insiste en defender a las Fuerzas Armadas y en negar que éstas actúen con opacidad.
Un hecho más es el ocultamiento de información sobre el uso de los aviones de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional que, ante los reportes de que fueron utilizados en 2021 para trasladar a funcionarios que promovieron la consulta de revocación de mandato, respondió que ni siquiera lleva un registro de las personas que abordan sus aeronaves.
Cuando se solicitó a Presidencia, vía la plataforma del INAI, la lista de personas a las que había trasladado el Ejército a Campeche para presenciar el quinto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su respuesta fue que no tenía la información, que mejor se le preguntara a la Sedena… y la Sedena también negó tener los datos, aconsejando preguntar a Presidencia.
Esta misma táctica de dilación en la entrega de datos se dio cuando se pidieron los resultados de todas las encuestas de opinión realizadas a habitantes en las zonas de construcción del Tren Maya. FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V remitió a Fonatur, y viceversa, finalmente sin transparentar la información.
Un punto más sobre la política de comunicación del gobierno es que, cuando periodistas tienen una consulta, las diferentes secretarías de Estado remiten de forma recurrente a las conferencias matutinas del presidente, en las que prevalece el discurso presidencial sobre los datos duros, y una narrativa en contra de la prensa crítica. El Sabueso ha detectado, en lo que va del sexenio, que el primer mandatario ha emitido más de 100 dichos falsos o engañosos.
Aumentan los recursos de revisión
El porcentaje de recursos de revisión —medio legal para manifestar inconformidad ante una respuesta o falta de ella— presentados respecto del total de solicitudes de información aumentó 3.1% del 2018 al 2022.
Mientras que en el 2018 se presentaron 10 mil 911 recursos de revisión —de un total de 216 mil 759 solicitudes de información—, en 2022 la cifra aumentó a 24 mil 648 en 2022 —de un total de 305 mil 973 solicitudes—.
En tanto, el presupuesto del INAI ha tenido una reducción del 24% entre 2018 y 2023, y acumula meses operando incompleto, luego de que la bancada gubernamental en el Senado de la República se negara, en abril pasado, a nombrar a dos comisionados pendientes desde el año pasado y al sustituto de un comisionado cuyo periodo concluyó en este 2023. Ante la ausencia de tres de los siete integrantes del pleno del Inai, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo en abril pasado que el gobierno y Morena no tenían ninguna prisa en nombrarlos.
“Estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia por que se nombre (a los comisionados)”, dijo el entonces secretario de Gobernación, según se escuchó en un audio filtrado de una reunión con legisladores.
Obstaculizan revisión de datos
Las nuevas plataformas de transparencia de Pemex y CFE no permiten una búsqueda ágil y completa de información en torno a sus licitaciones, ni permiten la descarga de sus bases de datos para su análisis.
El Portal Público de Contratos, donde supuestamente Pemex publica todas las contrataciones que realiza, actualmente no permite la descarga de información de las contrataciones en archivos de Excel, para su análisis, como anteriormente podía realizarse en una página que hoy se encuentra deshabilitada.
Esto mismo sucede en el caso del Sistema Electrónico de Contrataciones de la CFE, en donde la búsqueda de un contrato exige el conocimiento exacto del número de procedimiento y donde es imposible descargar los archivos en una base de datos para su revisión.
Mientras que con el gobierno de López Obrador han aumentado las adjudicaciones directas de contratos, un procedimiento que incrementa las posibilidades de corrupción en las compras públicas.
Este año registra el porcentaje de adjudicaciones directas más alto de los últimos 17 años, dado que el 82% de los contratos se han dado bajo esta modalidad.
De los 92 mil 660 contratos que reporta CompraNet este año, 75 mil 896 han sido por adjudicación directa; un dato que contrasta con cifras del 2007 o 2008 en los que solo el 31% de los contratos se otorgaron de esta forma.
Lee: Morena presume transparencia del gobierno pero ya son casi 8 meses sin datos abiertos de vacunación
Bases desactualizadas
A lo anterior se agrega que un gran número de bases con información del gobierno en la plataforma datos.gob.mx se encuentran desactualizadas, abandonadas y muestran algún tipo de error o no se encuentran disponibles.
En este análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con corte a diciembre del 2022, identificó que “de las 12,570 bases de datos con información del gobierno que están disponibles en la plataforma de datos.gob.mx, actualmente el 71% se encuentran abandonadas, sin ninguna actualización al menos en los últimos 24 meses”.
Si se quiere descargar la tabla de sitios con conectividad a internet, como parte del programa México Conectado, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; o bien si desea consultar el archivo con los municipios declarados en estado de emergencia y en estado de desastre debido a los sismos del 07 y del 19 de septiembre del 2017 encontrará que los enlaces marcan un Error 404 y que los recursos no fueron encontrados.
Lo mismo al intentar consultar el Compendio de remuneraciones brutas y netas de los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación durante el ejercicio 2022, se encontrará un mensaje de error que le indicará que el archivo no fue encontrado.
Esto aunque la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que “toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal” debe ser pública y accesible a cualquier persona.
Archivos bajo llave
La administración de López Obrador ha restringido el acceso a información sobre sus proyectos prioritarios, o bien de episodios en los que se cuestiona al gobierno por sospechas de corrupción y espionaje.
Tren Maya
El mismo día en el que la Suprema Corte invalidó el acuerdo emitido por el presidente en 2021 —mediante el cual clasificaba los proyectos prioritarios como “de interés público y seguridad nacional”— en el Diario Oficial de la Federación se notificó un decreto en el que el presidente blindó el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque, de nuevo, como proyectos de seguridad nacional y de interés público.
“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”, se lee en el decreto.
En el decreto se justifica la decisión de considerar estos proyectos “de seguridad nacional y de interés público” porque el Tren Maya es el proyecto de infraestructura más importante del Gobierno, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum “por su ubicación geográfica” y porque resultan “estratégicos para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur,” y el Corredor Interoceánico “por su ubicación geográfica” “que permite comunicar el océano Pacífico con el golfo de México y el océano Atlántico”.
Asimismo, en El Sabueso se consultaron más de 23 solicitudes de información que diferentes dependencias del gobierno federal respondieron argumentando la reserva de la información. Las solicitudes en cuestión intentaban conocer información en torno a las tierras que fueron expropiadas para la realización de este megaproyecto (330016321000009), demandas de amparo en contra de su realización (330010722000257), así como los trámites en materia de impacto ambiental y cambio uso de suelo forestal (330026722004056).
Aeropuerto Felipe Ángeles
En 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó por cinco años el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), esto luego de considerar que existe riesgo de sabotaje y de vulneración de la seguridad nacional.
En una respuesta a la solicitud de información con folio 332724322000167 en la que se solicitaba una copia íntegra del Plan Maestro. A lo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles indicó que “no se puede efectuar su entrega toda vez que los doce capítulos del mismo están clasificados”.
“Los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12 están clasificados como reservados toda vez que contienen información relacionada con datos técnicos, objetivos específicos, problemática del origen del proyecto, conflictos comerciales y sociales”, entre otros.
El AIFA argumentó que el entregar esta información “constituye un riesgo a la seguridad nacional, ya que la difusión de la información podría ser utilizada por miembros de la delincuencia organizada para consumar delitos de espionaje, sabotaje, terrorismo en contra de las instalaciones del aeropuerto”.
Dos Bocas
Petróleos Mexicanos (Pemex) reservó por cinco años información relacionada con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.
Como respuesta a la solicitud de información 1857200027119, en la que le solicitaron a Pemex copia de las licencias, constancias de uso de suelo, en relación con la construcción, desarrollo, y/o instalación del proyecto denominado y conocido como la refinería del puerto de Dos Bocas”
Petición a lo que la empresa respondió que se reservó por cinco años el “Caso de Negocio Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, “debido a que dar a conocer la información contenida” en dicho documento “dejaría en desventaja competitiva, económica, crediticia, comercial e industrial entre otras, frente a los competidores”. “Así como de seguridad nacional” —señaló Pemex— “por tratarse de la ubicación exacta de una insolación industrial”.
El espionaje de la Sedena
En enero de este año la Sedena reconoció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que contrató el software de espionaje Pegasus. Sin embargo, ese mismo mes reservó por cinco años información con respecto al software, pese a que el INAI resolvió que la dependencia federal debía de publicar los contratos que mantuvo con la empresa comercializadora Antusa, proveedora de Pegasus.
La Sedena clasificó esta información bajo el argumento de que al dar a conocer esta información se ponía en riesgo la seguridad nacional. Asimismo —en la resolución número CT/RIR/006059/44-2023— la dependencia señaló que divulgar esta información podría poner en riesgo “la prevención de delitos como sabotaje, espionaje y terrorismo”.
Avión presidencial
En respuesta a la solicitud de información 330016323000212 en la que un usuario solicitó la “copia digital del avalúo realizado por este Sujeto Obligado al avión presidencial que fue vendido hace unas semanas al gobierno de la República de Tayikistán” el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) respondió que esta información “es clasificada y reservada en forma total”.
Asimismo, en otra solicitud de información (330003123000209) en la que se solicitaban, en esta ocasión al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), mayores detalles sobre el desperfecto que se encontró en el avión José María Morelos y Pavón, la dependencia respondió que “la información se considera que tiene el carácter de reservada”.
Declaraciones de generales
La SCJN confirmó recientemente la resolución del INAI de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), las cuales habían sido reservadas por la Sedena “por motivos de seguridad nacional”.
La Corte argumentó que los elementos del Ejército, en su carácter de servidores públicos, “están obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, las que deberán hacerse públicas” y que no se demostró “que esa entrega represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional”.
A pesar de esta sentencia de la Corte, hasta la fecha no son públicos dichos documentos.
Relacionado
5 preguntas para consultar a los venezolanos si respaldan la reclamación de un enorme territorio en disputa con otro país.
Eso planteó el gobierno de Venezuela este domingo 3 de diciembre al convocar un referendo sobre el futuro del Esequibo, un territorio controlado por Guyana pero que Caracas considera como suyo.
Los venezolanos aprobaron las propuestas del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen la creación del estado Guayana Esequiba como parte del territorio venezolano, además de un plan para otorgarles la ciudadanía venezolana a sus habitantes.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que se computaron 10.554.320 votos, sin aclarar si corresponden al mismo número de votantes o se contaron 5 votos por elector en referencia a las 5 diferentes preguntas.
Todas las cuestiones planteadas recibieron un respaldo de más del 95%, según el CNE.
“Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica para luchar por lo nuestro, para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba”, afirmó Maduro tras la jornada electoral.
“El pueblo venezolano ha hablado alto y claro y esta victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela sin discriminación”, añadió.
Pero mientras el gobierno de Maduro celebraba lo que consideró como una “victoria nacional”, Guyana, que ha asegurado que no tiene nada que discutir sobre la soberanía del Esequibo, les ha pedido a sus ciudadanos que no se dejen “infundir miedo” por los eventos en el vecino país.
El presidente de Guyana, Irfaan Alí, aseguró el domingo en un evento con música y bailes en el Estadio de Providencia, al sur de la capital, Georgetown, que su país no sería “pisoteado”.
“Tengo un mensaje para el presidente Maduro y el vicepresidente, nada de lo que digan, ninguna cantidad de propaganda o mentiras generará miedo en mi corazón o en el corazón de cualquier guyanés”, declaró.
El pasado viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Venezuela “abstenerse de cualquier acción que altere la situación que prevalece en el territorio en disputa”, aunque no prohibió la realización del referendo, tal y como solicitaba Guyana.
Mientras los venezolanos aprobaron una consulta que Guyana ha denunciado como una amenaza existencial, te resumimos la disputa que enfrenta a ambos países sudamericanos y explicamos por qué es controvertido el referendo.
1. Qué es el Esequibo
El Esequibo -también conocido como la Guayana Esequiba- es un territorio al oeste del río Esequibo, en el norte de Sudamérica, que comprende 159.500 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales.
Alberga seis de las diez regiones que constituyen la República Cooperativa de Guyana, así como un tercio de sus 800.000 habitantes.
“El Esequibo es un territorio tres veces más grande que Costa Rica, donde viven casi 300.000 personas”, le dice a BBC Mundo el geógrafo guyanés Temitope Oyedotun, profesor de la Universidad de Guyana.
2. Por qué el territorio es tan importante
El Esequibo se encuentra en pleno corazón del Escudo Guayanés, una región geográfica al noreste de América del Sur que, además de ser una de las formaciones más antiguas de la Tierra, está minada de recursos naturales y minerales.
Según el geógrafo venezolano Reybert Carrillo, el territorio comparte características similares con su vecino Arco Minero del Orinoco, un área de explotación de más de 111.800 kilómetros cuadrados que cuenta con grandes reservas de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita y aluminio, entre otros minerales.
En el Esequibo se encuentra la mina de oro Omai, una de las más grandes del Escudo Guayanés y una de las mayores fuentes de ingresos de Guyana.
Sólo entre 1993 y 2005 Omai produjo más de 3,7 millones de onzas de oro.
Pero en las aguas territoriales de la zona en disputa también se encuentra una inmensa riqueza petrolera.
Desde 2015 hasta la fecha, la multinacional ExxonMobil y sus socios han realizado 46 descubrimientos que han elevado las reservas de petróleo de Guyana a alrededor de 11.000 millones de barriles, lo que representan cerca de 0,6% del total mundial.
La mayoría de las reservas se encuentran en un bloque de petróleo y gas de 26.000 kilómetros cuadrados conocido como Stabroek, frente a la costa atlántica del país, que se encuentra parcialmente en aguas territoriales de la región disputada por Venezuela.
Los inesperados hallazgos han hecho que Guyana, un país de 800.000 habitantes, se convierta en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo y se espera que su PIB crezca 25% este año, tras haberse expandido 57,8% en 2022.
Además de los recursos minerales, el Esequibo cuenta con importantes recursos hídricos.
“Hay una extensa red de ríos como Cuyuní, Mazaruní, Kuyuwini, Potaro, Rupununi”, explica el geógrafo Temitope Oyedotun, de la Universidad de Guyana.
Para Reybert Carrillo, ese será el recurso más importante de la región en varias décadas.
3. Cuál es el origen de la disputa y por qué se agudizó
Cuando España fundó la Capitanía General de Venezuela el Esequibo formaba parte de la subentidad territorial y tras obtener su independencia en 1811 Venezuela se quedó con el control de su soberanía.
Pero la situación comenzó a complicarse cuando Reino Unido firmó un pacto con Países Bajos para adquirir alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados al oriente de Venezuela.
El tratado no definía la frontera occidental de lo que pasaría a ser la Guayana Británica y por eso Londres designó en 1840 al explorador Robert Schomburgk para definirla.
Poco después se dio a conocer la “Línea Schomburgk“, un trazado que reclamaba cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales.
Cuatro décadas después se publicó una nueva versión de la Línea Schomburgk que reclamaba aun más territorio.
En el año 1895 Estados Unidos intervino bajo la Doctrina Monroe tras denunciar que la frontera había sido ampliada de “manera misteriosa” y recomendó que la disputa fuera resuelta en un arbitraje internacional.
En 1899 se emite el Laudo Arbitral de París, un dictamen favorable a Reino Unido con el que el territorio queda oficialmente bajo dominio británico.
Pero cuatro décadas después se hizo público un memorándum del abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost -parte de la defensa de Venezuela en el Laudo Arbitral de París-, en el que denunció que el laudo fue una componenda política y que los jueces no fueron imparciales.
Las revelaciones de Severo Mallet-Prevost y otros documentos sirvieron para que Venezuela declarara el laudo como “nulo e írrito” y reactivara su reclamo.
Tres meses antes de otorgarle la independencia a Guyana en 1966, Reino Unido pacta con Venezuela el Acuerdo de Ginebra que reconoce el reclamo de Venezuela y que busca encontrar soluciones satisfactorias para resolver la disputa.
Entre 1982 y 1999 ambos países intentaron resolver el diferendo a través del mecanismo de buenos oficios de la ONU, que nunca arrojó resultados concretos.
Durante el gobierno de Hugo Chávez el diferendo se archivó, en parte debido a las buenas relaciones entre el fallecido presidente venezolano y Georgetown.
Pero esto cambió cuando comenzaron a descubrirse decenas de yacimientos de petróleo en áreas costeras de la zona en disputa en el año 2015.
Las tensiones entre Venezuela y Guyana han aumentado progresivamente desde entonces.
Ahora, sin embargo, los intereses del gobierno de Maduro no son sólo económicos, sino también políticos.
Críticos aseguran que el referendo tiene un tinte nacionalista en un momento en el que en 2024 se celebrarán elecciones presidenciales y poco después de las primarias de la oposición, en la que se eligió a María Corina Machado como rival de Maduro.
El oficialismo ha convocado varias manifestaciones “de unión nacional” para “defender” el Esequibo y está tratando de que figuras del mundo del entretenimiento se involucren en la disputa. El llamado es la unión nacional.
“Es hora de dejar de lado todas las parcialidades, las políticas, religiosas o personales”, ha pedido el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
4. Qué se preguntó en el referendo
A mediados de septiembre el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, propuso organizar un referendo para consultar a los venezolanos sobre los “derechos” del país sobre el Esequibo.
Un mes más tarde, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, anunció que la consulta tendría lugar el 3 de diciembre.
Según el gobierno guyanés, el referendo representa una amenaza para la integridad territorial de Guyana y le pidió a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que lo detenga
Pero Venezuela finalmente lo llevó a cabo.
El referendo en cuestión constó de cinco preguntas, para las que el gobierno pidió cinco síes:
- ¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
- ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
- ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
- ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?
- ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
El presidente Maduro inició a principios de noviembre una campaña que calificó como “pedagógica, alegre e inclusiva” de cara al referendo, que incluye lecciones de historia televisadas ofrecidas por él mismo, así como concentraciones en varias partes del país en las que se reparten folletos al ritmo del reguetón.
Su gobierno está alentando a los votantes a responder “sí” a todas las preguntas, pero no ha detallado cómo crearía el estado si los votantes aprueban sus propuestas.
5. Qué dicen los gobiernos de cada país
Para Caracas se trata de “recuperar” un territorio que siempre ha visto como suyo.
Venezuela considera que el río Esequibo al este de la región es una frontera natural reconocida al momento de la independencia de España.
Pero Guyana alega que el asunto quedó zanjado con el Laudo Arbitral de París de 1899.
Sin embargo, Caracas afirma que esa sentencia es nula debido a las irregularidades encontradas en la decisión y además rechaza cualquier intromisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el asunto. En abril de este año la CIJ se declaró competente para ver el caso, aunque cualquier dictamen podría demorar años.
Venezuela no reconoce que la CIJ tenga competencia. Sólo reconoce el Acuerdo de Ginebra como único instrumento válido para solucionar el conflicto y dice que la disputa debe ser resuelta entre ambos países.
Georgetown ve el referendo del 3 de diciembre como un “plan siniestro de Venezuela para apoderarse de territorio guyanés” y dice estar barajando “todas las opciones” para defenderlo.
El vicepresidente Bharrat Jagdeo anunció a finales de noviembre la visita al país de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos y no descartó el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio guyanés.
“Vamos a trabajar con nuestros aliados para garantizar que planifiquemos para todas las eventualidades (…) Nunca estuvimos interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional”, aseguró.
Maduro, quien se muestra inflexible en su nueva misión, afirma que los distintos sectores políticos y sociales de su país se encuentran unidos en defensa del Esequibo y ha ofrecido discursos junto a las Fuerzas Armadas sobre la disputa.
Su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó el 24 de noviembre que la disputa “no es una guerra armada, por ahora”, pero acusó al presidente de Guyana, Irfaan Alí, de provocar a Venezuela con apariciones recientes desde el territorio en disputa vestido de militar y rodeado del ejército.
Los analistas anticipan un apoyo masivo a las propuestas del gobierno venezolano, en un país en el que la reivindicación del Esequibo efectivamente une a chavistas y opositores como ningún otro tema.
El resultado del referendo no será vinculante para el derecho internacional, pero muchos temen una escalada mayor.
“Que nadie cometa ni un solo error. El Esequibo es nuestro, cada centímetro cuadrado”, ha advertido el presidente de Guyana, precisando que Georgetown no cederá ni una “pulgada” de territorio.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
