La Escuela es Nuestra restringe recursos para planteles de tiempo completo: comités de padres solo podrán usar 21% de apoyos
Para entender mejor
En el discurso, la SEP aseguró que para este 2023 se garantizaría que 113 mil escuelas de educación básica se convirtieran en escuelas de tiempo completo; sin embargo, el objetivo estará lejos de alcanzar debido a las limitaciones impuestas del programa La Escuela es Nuestra.
De acuerdo con las reglas de operación del programa, publicado en noviembre de 2022, los comités de padres de familia -que son quienes reciben directamente el dinero- deberán decidir en qué componente destinar los recursos: horario extendido, alimentación o mejora de la infraestructura.
Si optan por los tres, la dependencia estipuló que para el horario ampliado no se podrá destinar más del 21% del dinero que reciban. En cambio, si deciden destinar los apoyos a la alimentación o mejora estructural, sí pueden hacer uso del 100% de los apoyos.
Escuelas de tiempo completo desaparecerán
Para Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero, las reglas de operación de este programa hacen un “borrado total de lo que sería la Escuela de Tiempo Completo”, pues aunque se prometieron más recursos, no se atienden ninguna de las necesidades.
Para este 2023, La Escuela es Nuestra cuenta con un presupuesto de 27 mil millones de pesos, un 86% más en términos reales respecto al 2022. Y aunque los apoyos que recibirán los colegios incrementaron, el experto alertó que no se alcanzarán los objetivos que tenía el extinto programa de Escuelas de Tiempo Completo porque el servicio de alimentación y horario extendido iban de la mano, contrario de lo que la SEP dispone para este 2023.
“Me parece muy tramposo por parte de quienes diseñaron estas reglas que separan el horario extendido del servicio de alimentación, pues el modelo de escuela de tiempo completo, uno de sus elementos que lo hacían efectivo, era que la extensión del horario estaba vinculada al servicio de alimentación”, detalló Fernando Ruíz, director de investigaciones de Mexicanos Primero.
Para dimensionar el impacto y la falta de recursos explicó lo que sucederá en las escuelas que tienen más de 151 estudiantes y a quienes les corresponde un apoyo de 600 mil pesos anuales.
“Dice la regla que de ese dinero solo pueden usar el 21% (en horario ampliado) que serían 126 mil pesos, pero cuando tú haces el cálculo de cuánto dinero se necesitaría para que funcione la ampliación a ocho horas, los gastos que estaría necesitando la escuela para tener extensión de horario ascienden a 684 mil 490 pesos, es decir, cinco veces más de lo que las reglas dicen; lo están haciendo inviable desde nuestro punto de vista”, detalló el investigador.
Incluso, las reglas de operación del programa contemplan como una acción de incumplimiento el destinar más del 21% de los recursos en la ampliación del horario. Aquellos padres de familia que lo hagan podrían enfrentar acciones legales ante las autoridades competentes.
La restricción en el uso del recurso se incluye también en la carta compromiso que los padres de familia deberán firmar al momento de confirmarse que su escuela será beneficiaria.
Para los especialistas, la decisión para limitar los recursos que se podrán ocupar en el pago de horas extra en las escuelas beneficiadas es resultado de una mala interpretación al artículo transitorio décimo tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023.
Dicho artículo, producto de una reserva promovida por la presidenta de la comisión de educación en la Cámara de Diputados, estipula que en las reglas de operación de La Escuela es Nuestra deben tener claramente definidos los recursos que se asignarán a cada componente.
En el caso del horario extendido, el decreto estipula que los recursos “podrán ser hasta el 21% del presupuesto asignado al programa”, no de los recursos asignados a cada plantel educativo, lo que hace la diferencia entre que alcance, o no, los recursos económicos.
Recursos insuficientes
En el caso de una escuela con 10 estudiantes, y que puede beneficiarse con 200 mil pesos, el 21% son alrededor de 40 mil pesos y sí podrían alcanzar para pagar a un docente que se quedara en la escuela por un par de horas más al día, contrario a lo que sucederá en los planteles que tienen una matrícula mayor.
Durante los trabajos con miras a la aprobación del presupuesto para 2023, el experto compartió que sostuvieron reuniones con la comisión de educación en la Cámara de Diputados y el ánimo e intención de adicionar el transitorio tenía como objetivo garantizar recursos para el horario extendido, no en todos los planteles que pueden ser beneficiados, pero sí para que aquellos que así lo determinaran y tuvieran la suficiencia presupuestaria para cubrir ese gasto.
En 2019, tras el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la SEP puso en marcha el programa La Escuela Es Nuestra que de inicio tuvo como objetivo atender la infraestructura escolar; sin embargo, a partir de 2021 -cuando la administración federal elimina el programa Escuelas de Tiempo Completo-, suma a sus objetivos el dar alimentación a los estudiantes.
La decisión tomada por las autoridades fue duramente criticada, así que se vieron obligados a modificar las reglas de operación del programa para 2022 y comprometerse que para el 2023 todas las escuelas recibirían los beneficios que solo tenían 27 planteles educativos de tiempo completo.
Sin embargo, los recursos resultan insuficientes para cumplir la promesa, por lo que los padres de familia tendrán decidir entre los tres componentes.
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BBC Mundo analiza, con la ayuda de expertos, los efectos del levantamiento de esta y otras sanciones a Cuba anunciado por la Casa Blanca.
En una inesperada decisión, el presidente estadounidense Joe Biden retiró a Cuba de la lista de EE.UU. de países patrocinadores del terrorismo.
La nación caribeña llevaba cuatro años en esa “lista negra” desde que el expresidente Donald Trump la incluyera en 2021 como una de las últimas medidas de su anterior mandato.
Cuba también formó parte de esta lista elaborada por el Departamento de Estado desde 1982 hasta 2015, cuando Obama la sacó como parte de su política de “deshielo” hacia el régimen entonces liderado por Raúl Castro y hoy a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel.
La retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo anunciada por la Casa Blanca podría durar poco, ya que Trump regresará a la presidencia el lunes 20 de enero.
Trump podría revertir la decisión de Biden de forma relativamente sencilla, sin necesidad de consultar con el Congreso.
Además, su designado secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles frente al Senado estadounidense no tener “duda alguna” de que el régimen de Díaz-Canel patrocina el terrorismo internacional.
Qué implica estar en la lista
Tras la salida de Cuba solo quedan tres países en la lista negra del Departamento de Estado: Corea del Norte, Irán y Siria.
Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global.
Por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.
Además, facilita demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países.
En el caso particular de la isla, estas sanciones ahondaban las que ya habían sido impuestas de manera más extensa por el embargo económico y comercial vigente desde la década de 1960.
“Desde entonces Cuba ya estaba sometida a duras restricciones incluidas en el embargo, así que la mayoría de las disposiciones que implicaba estar en la lista tampoco causaban mucho daño adicional”, le explica a BBC Mundo Robert L. Muse, abogado especializado en las sanciones de EE.UU. al país caribeño.
Pese a esto, Muse y otros expertos destacan al menos tres beneficios que le aporta a Cuba abandonar la lista de patrocinadores del terrorismo.
Incentivo al turismo
En primer lugar, podría favorecer a un sector clave en la economía cubana: el turismo.
Desde que en 2021 el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su lista negra, toda persona que haya viajado a la isla está sometida a un escrutinio más severo para ingresar a Estados Unidos.
Por ejemplo, los ciudadanos de la UE y otros países como Chile, Corea del Sur o Japón que visitan un país incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo pierden el privilegio de la exención de visado de turismo a EE.UU. bajo el programa ESTA.
Al eliminar a Cuba del listado, estas personas ya pueden viajar a la isla sin miedo a que en el futuro les exijan visado para ingresar a territorio estadounidense, lo que en teoría incentivará los viajes a la isla.
En todo caso, se desconoce cuál será el alcance real de la medida a la hora de reactivar el maltrecho sector turístico del país caribeño, que pasó de recibir 4,2 millones de visitantes en 2019 a menos de 2,4 millones en 2024, según estimaciones y a la espera de datos oficiales.
“Uno podría esperar que crezca la demanda de visitas de países de la Unión Europea, pero hay otros factores que influyen de forma negativa en el turismo, como la crisis económica, la escasez, los apagones y los problemas eléctricos”, indica a BBC Mundo el economista cubano Ricardo Torres, investigador de la American University en Washington DC.
Cuba vive una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y casi todos los productos, así como frecuentes cortes eléctricos, lo que ha provocado en los últimos tres años un éxodo migratorio de sus habitantes, y también se considera un factor clave en el descenso del turismo.
Acceso a financiación e imagen internacional
En segundo lugar, la inclusión en la lista negra suponía para Cuba un obstáculo adicional a la hora de acceder a financiación exterior y participar en negocios internacionales.
“Como patrocinador estatal del terrorismo, los bancos e instituciones financieras rechazan las transacciones relacionadas con Cuba. Incluso si se les explica que son legales, se niegan a hacerlo. Es casi una reticencia supersticiosa a involucrarse en cualquier tipo de comercio con países que están en esa lista”, afirma el jurista Robert L. Muse.
Muse asegura que “es beneficioso salir de la lista porque tiene un efecto inhibidor en las instituciones financieras y los inversionistas”.
Pero, aunque Cuba se libra de un importante obstáculo, no implica que los bancos y organismos internacionales vayan a estar dispuestos a aportar financiación a un país técnicamente en bancarrota que en los últimos años ha incumplido la mayoría de los compromisos con sus acreedores, desde sus aliados China y Rusia hasta el Club de París.
Y si, pese a esto, hubiera entidades dispuestas a financiar a Cuba, podrían temer repercusiones si el país regresa más adelante a la lista de patrocinadores del terrorismo.
“Cuba estaba en la lista, Obama la eliminó, después Trump la introdujo de nuevo y ahora Biden la quita; entonces, durante el periodo en el que no están las sanciones, puedes involucrarte en transacciones que, si luego se reintroducen las sanciones, pueden crearte problemas”, explica el economista Ricardo Torres.
En tercer y último lugar, ser considerado por Estados Unidos un patrocinador del terrorismo perjudica la percepción internacional sobre Cuba, cuyo gobierno ha priorizado históricamente proyectar una imagen favorable al exterior.
“Quizás lo más irritante para los cubanos es el oprobio moral asociado con ser designado como una nación terrorista. Implica ser un régimen fuera de la ley, y Cuba se siente ultrajada por esa caracterización”, afirma Robert L. Muse .
Salir del listado, agrega, “tiene para la isla un beneficio simbólico: es una acción que elimina ese estigma”.
Los efectos de las medidas adicionales
La retirada de Cuba de la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU. es parte de un acuerdo más amplio entre Washington y La Habana, coordinado con la mediación de la Iglesia católica y que incluye la liberación de presos políticos en la isla.
Además de la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo, según medios estadounidenses, Washington se comprometió en el acuerdo a revertir dos decisiones con importantes implicaciones económicas adoptadas durante el primer gobierno Trump.
En primer lugar, rescinde un memorando de 2017 que prohíbe las transacciones de personas bajo jurisdicción estadounidense con una lista de empresas y subentidades controladas por las fuerzas militares, de inteligencia o de seguridad cubanas, como la poderosa GAESA que controla varios negocios en la isla.
Esto podría facilitar la reanudación del envío de remesas de cubanos en Estados Unidos a sus familiares en la isla por la vía legal, es decir, a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, que acaparan gran parte del poder económico del país.
En la práctica, sin embargo, los cubanos cuentan con otros modos más efectivos y baratos de enviar y recibir dinero, como transferencias electrónicas no afectadas por las sanciones o efectivo a través de “mulas” que viajan entre los dos países.
En segundo lugar, la Casa Blanca suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses presentar demandas ante los tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano desde la Revolución de 1959.
Trump activó en 2019 este título de la ley, que permanecía suspendido desde su promulgación en 1966 para evitar conflictos diplomáticos con países aliados cuyas empresas operan en Cuba.
“A partir de hoy, no se pueden presentar demandas contra, por ejemplo, una compañía hotelera española que ocupe terrenos sobre los cuales alguien reclama derechos de propiedad bajo el lenguaje de la Ley Helms-Burton”, explica Muse.
Así, las demandas ya presentadas seguirán adelante pero no se pueden iniciar nuevas.
En todo caso, matiza el abogado, “la responsabilidad por el uso de propiedades confiscadas sigue existiendo y esto crea un desincentivo a largo plazo para invertir en Cuba, ya que siempre persiste la posibilidad de que las demandas se reactiven”.
Como compensación por el alivio de sanciones, Cuba se comprometió a liberar a un número “significativo” de disidentes, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes encarcelados a raíz de las históricas protestas de julio de 2021, las mayores en las últimas seis décadas a las que siguió una dura ola represiva.
El régimen de Díaz-Canel, que según organizaciones mantiene encerrados a más de un millar de presos políticos, se comprometió este martes a liberar de forma gradual a 553 personas condenadas por diversos delitos -sin especificar más detalles- y el miércoles sacó de la prisión a los primeros 14.
Según Muse, la decisión de espaciar la liberación de los presos podría ser una herramienta de negociación ante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.
“Si Cuba regresa a la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿dejará de liberar a prisioneros y podría culparse a la administración Trump de que permanezcan en la cárcel? Eso está por ver”, plantea el jurista.
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