Presumen inversión millonaria para La Escuela es Nuestra, pero se desconoce el destino del dinero
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que se han destinado más de 84 mil millones de pesos a La Escuela es Nuestra (LEEN) desde 2019, aunque desde entonces ha sido señalado por operar sin mecanismos que permitan comprobar en qué se usan los recursos entregados a las escuelas y cómo se decide el gasto.
Pamela López Ruiz, directora general de LEEN, detalló que dicha cifra se alcanzará al final de mes, y que la inversión ayudará a ampliar la atención al 99% de las escuelas públicas de educación básica del país.
Sin embargo, una investigación de Animal Político y Data Cívica encontró en 2022 que, hasta entonces, los apoyos sólo habían llegado al 36% de los planteles del país y las autoridades desconocían cómo se gastaron más de 23 mil millones de pesos de presupuesto público.
Mediante un análisis hecho a los padrones de beneficiarios reveló que las autoridades informan un número mayor de beneficiarios porque omiten detallar que los propios lineamientos de operación de esta política prioritaria contemplaron que una misma escuela podía recibir dos apoyos en años diferentes.
El análisis realizado a los padrones de LEEN entre 2019 y 2021 confirmó que en algunos municipios se benefició a más escuelas de las existentes, de acuerdo con datos públicos y actualizados del Sistema Interactivo de Consulta de Estadísticas Educativas de la SEP.
Por ejemplo, en Santiago Amoltepec, Oaxaca, la SEP da cuenta de la existencia de 83 escuelas de educación básica, pero los padrones de beneficiarios muestran que se han dado apoyos a 118 escuelas. En Sitalá, Chiapas, se reportan 84 escuelas, pero se ha beneficiado a 117.
De acuerdo con las reglas de operación del programa para 2024, la SEP entrega dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros. Ellos son los responsables de administrar el dinero, decidir en qué se puede emplear para mejorar la infraestructura escolar, y contratar a quien sea necesario para ejecutar los proyectos particulares de cada escuela.
“Los Comités Escolares de Administración Participativa, por conducto de su Tesorera(o), serán los únicos y absolutos responsables de la disposición, recepción, custodia, administración y ejercicio del subsidio, los cuales vigilarán y verificarán el uso de los mismos para los fines establecidos en las Reglas de Operación, así como el resguardo y conservación de la documentación original comprobatoria correspondiente”, señala.
La SEP ha informado que los recursos federales del Programa son subsidios y se regirán en los términos establecidos por el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero, señaló que al establecer el programa bajo la figura de subsidios y no un programa social, se hizo más laxa la posibilidad de contar con mecanismos de transparencia y fiscalización.
“Que sea un subsidio permite tener esta ambigüedad, esta discrecionalidad”, apunta Alcázar, quien dijo que luego de interponer un amparo, hace unas semanas una jueza federal ordenó que LEEN tenga un mecanismo efectivo de fiscalización por parte de las autoridades, ya que, al día de hoy, son las mamás y papás los responsables del destino de los recursos.
De hecho, si se busca información sobre el destino de los recursos, la respuesta oficial de la SEP es que debe preguntarse a cada escuela. Por ejemplo, en la solicitud de información 330026021000086, la dependencia señaló que no contaba con información sobre el detalle de las obras realizadas.
“Los expedientes físicos de las actividades realizadas en cada escuela beneficiada deberán ser resguardados en el plantel escolar y puestos a disposición de la comunidad escolar”, agregó.
Aumentan recursos sin transparencia para LEEN
En años anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que no hay certezas de que todos los recursos asignados hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, el objetivo principal del programa.
Por ejemplo, en 2020 la ASF reportó como “pendiente de aclaración” en qué se usaron 573 millones de pesos de La Escuela es Nuestra. Esto significa la mitad de los mil 187 millones de pesos del presupuesto auditado en 2020.
En los expedientes de mil 686 planteles beneficiarios en 2020, “no se cuenta con evidencia que demuestre que con los recursos otorgados se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades, por lo que no se pudo comprobar que estos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa”, advierte la Auditoría en el Informe de Cuenta Pública.
Entre los casos revisados, por ejemplo, en una escuela de Puebla, la presidenta del Comité Escolar reportó que la tesorera le dijo que “tomó 82 mil pesos para atender necesidades personales sin que a la fecha de la visita de verificación los hubiese devuelto”.
Pese a que desde 2020 la Auditoría alertó sobre “falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados”, en los últimos 5 años el presupuesto para La Escuela es Nuestra ha ido en aumento.
De acuerdo con la cuenta pública, el programa inició ejerciendo un presupuesto de 2 mil 594 millones de pesos; para 2020 la cifra pasó a 7 mil 250 millones de pesos. En 2021, luego de la primera auditoría, el gasto se incrementó a 13 mil 549 millones de pesos. En 2022 el gasto fue de 12 mil 920 millones; y en 2023 se elevó hasta 26 mil 364 millones de pesos.
En suma, de 2019 a 2023 se han ejercido 62 mil 678 millones 949 mil 219 pesos para el programa. Para 2024 se aprobó un presupuesto de 28 mil 358 millones 345 mil pesos. Por lo que, hasta ahora se han asignado más de 91 mil 37 millones de pesos para LEEN.
Vale la pena recordar que en marzo de 2022, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó detener la operación del programa La Escuela es Nuestra. Por considerarlo violatorio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
Esto, luego de que en las reglas de operación del programa para 2022 se eliminara el que los planteles tuvieran horas adicionales de clase y servicios de alimentación —como sí se previó en 2021—, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al extinto programa Escuelas de Tiempo Completo.
De hecho, la entonces secretaria de educación, Delfina Gómez, justificó la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo con un supuesto estudio que demostró sus fallas.
Pero al hacer una solicitud de información y luego de impugnar una primera respuesta insatisfactoria, la Secretaría de Educación Pública confirmó a Animal Político que no tiene tal estudio, mencionado en un encuentro con diputados el 28 de abril.
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Glas fue condenado por malversación de fondos públicos durante el proceso de reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa ecuatoriana en abril de 2016.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó este lunes a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos al exvicepresidente Jorge Glas por malversación de fondos públicos.
Glas malversó dichos fondos durante el proceso de reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la costa ecuatoriana en abril de 2016 y dejó cientos de víctimas fatales.
Junto a Glas, también recibió los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de implementar las obras de mayor urgencia para socorrer a la población duramente golpeada por el sismo.
La sentencia judicial determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del comité para “abusar de dineros públicos” que debían utilizarse para atender a las víctimas en el caso denominado Reconstrucción de Manabí.
La jueza Mercedes Caicedo, quien leyó la sentencia, indicó que los recursos recaudados de los ecuatorianos —a través de impuestos y contribuciones— para la reconstrucción, se destinaron a la creación de “construcciones inservibles, inutilizadas e innecesarias bajo el nulo respeto a la Ley de Solidaridad, pero sobre todo, bajo el nulo respeto a las víctimas del terremoto”.
Bajo el cargo de peculado, la justicia determinó que Glas y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran prioritarias ni estaban relacionadas con las labores de reconstrucción, y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados, generando un perjuicio al Estado de más de US$225 millones.
Glas está actualmente en una prisión de máxima seguridad cumpliendo condenas previas de seis y ocho años de cárcel en otros dos casos de corrupción, en uno de los cuales también fue condenado el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra en Bélgica en calidad de asilado político y prófugo de la justicia ecuatoriana.
Durante el juicio, tanto Glas como otros procesados negaron las acusaciones.
El exvicepresidente afirmó ante el tribunal no haber manejado fondos ni haberse beneficiado personalmente y se declaró inocente.
Glas fue separado del cargo de vicepresidente al inicio de la gestión de Lenín Moreno, acusado de corrupción en el caso Odebrecht por la justicia ecuatoriana en enero del 2018.
Conflicto diplomático entre Ecuador y México
La captura de Glas en abril de 2024 provocó un conflicto diplomático entre Ecuador y México.
El quiebre se produjo luego que Glas solicitara asilo en la embajada mexicana en Quito y un grupo de policías ecuatorianos irrumpiera en la sede diplomática para capturarlo.
Tras el asalto, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Ecuador.
“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”, aseguró el mandatario.
El embajador encargado de México en Ecuador, Roberto Canseco, se hallaba en la sede diplomática cuando comenzó el operativo policial y confrontó a los agentes.
“A riesgo de mi vida defendí el honor y soberanía de mi país”, le dijo a la prensa.
El gobierno ecuatoriano liderado por Daniel Noboa acusó a la embajada mexicana de haber “abusado de las inmunidades y privilegios”, y denunció que el asilo diplomático concedido a Glas era “contrario al marco jurídico convencional”.
“Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad“, señaló en un comunicado.
El operativo en la embajada mexicana en Quito provocó una amplia reacción de rechazo por parte de los gobiernos de América Latina y de organizaciones internacionales por considerarlo una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo.
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