Presumen inversión millonaria para La Escuela es Nuestra, pero se desconoce el destino del dinero
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que se han destinado más de 84 mil millones de pesos a La Escuela es Nuestra (LEEN) desde 2019, aunque desde entonces ha sido señalado por operar sin mecanismos que permitan comprobar en qué se usan los recursos entregados a las escuelas y cómo se decide el gasto.
Pamela López Ruiz, directora general de LEEN, detalló que dicha cifra se alcanzará al final de mes, y que la inversión ayudará a ampliar la atención al 99% de las escuelas públicas de educación básica del país.
Sin embargo, una investigación de Animal Político y Data Cívica encontró en 2022 que, hasta entonces, los apoyos sólo habían llegado al 36% de los planteles del país y las autoridades desconocían cómo se gastaron más de 23 mil millones de pesos de presupuesto público.
Mediante un análisis hecho a los padrones de beneficiarios reveló que las autoridades informan un número mayor de beneficiarios porque omiten detallar que los propios lineamientos de operación de esta política prioritaria contemplaron que una misma escuela podía recibir dos apoyos en años diferentes.
El análisis realizado a los padrones de LEEN entre 2019 y 2021 confirmó que en algunos municipios se benefició a más escuelas de las existentes, de acuerdo con datos públicos y actualizados del Sistema Interactivo de Consulta de Estadísticas Educativas de la SEP.
Por ejemplo, en Santiago Amoltepec, Oaxaca, la SEP da cuenta de la existencia de 83 escuelas de educación básica, pero los padrones de beneficiarios muestran que se han dado apoyos a 118 escuelas. En Sitalá, Chiapas, se reportan 84 escuelas, pero se ha beneficiado a 117.
De acuerdo con las reglas de operación del programa para 2024, la SEP entrega dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros. Ellos son los responsables de administrar el dinero, decidir en qué se puede emplear para mejorar la infraestructura escolar, y contratar a quien sea necesario para ejecutar los proyectos particulares de cada escuela.
“Los Comités Escolares de Administración Participativa, por conducto de su Tesorera(o), serán los únicos y absolutos responsables de la disposición, recepción, custodia, administración y ejercicio del subsidio, los cuales vigilarán y verificarán el uso de los mismos para los fines establecidos en las Reglas de Operación, así como el resguardo y conservación de la documentación original comprobatoria correspondiente”, señala.
La SEP ha informado que los recursos federales del Programa son subsidios y se regirán en los términos establecidos por el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero, señaló que al establecer el programa bajo la figura de subsidios y no un programa social, se hizo más laxa la posibilidad de contar con mecanismos de transparencia y fiscalización.
“Que sea un subsidio permite tener esta ambigüedad, esta discrecionalidad”, apunta Alcázar, quien dijo que luego de interponer un amparo, hace unas semanas una jueza federal ordenó que LEEN tenga un mecanismo efectivo de fiscalización por parte de las autoridades, ya que, al día de hoy, son las mamás y papás los responsables del destino de los recursos.
De hecho, si se busca información sobre el destino de los recursos, la respuesta oficial de la SEP es que debe preguntarse a cada escuela. Por ejemplo, en la solicitud de información 330026021000086, la dependencia señaló que no contaba con información sobre el detalle de las obras realizadas.
“Los expedientes físicos de las actividades realizadas en cada escuela beneficiada deberán ser resguardados en el plantel escolar y puestos a disposición de la comunidad escolar”, agregó.
Aumentan recursos sin transparencia para LEEN
En años anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que no hay certezas de que todos los recursos asignados hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, el objetivo principal del programa.
Por ejemplo, en 2020 la ASF reportó como “pendiente de aclaración” en qué se usaron 573 millones de pesos de La Escuela es Nuestra. Esto significa la mitad de los mil 187 millones de pesos del presupuesto auditado en 2020.
En los expedientes de mil 686 planteles beneficiarios en 2020, “no se cuenta con evidencia que demuestre que con los recursos otorgados se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades, por lo que no se pudo comprobar que estos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa”, advierte la Auditoría en el Informe de Cuenta Pública.
Entre los casos revisados, por ejemplo, en una escuela de Puebla, la presidenta del Comité Escolar reportó que la tesorera le dijo que “tomó 82 mil pesos para atender necesidades personales sin que a la fecha de la visita de verificación los hubiese devuelto”.
Pese a que desde 2020 la Auditoría alertó sobre “falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados”, en los últimos 5 años el presupuesto para La Escuela es Nuestra ha ido en aumento.
De acuerdo con la cuenta pública, el programa inició ejerciendo un presupuesto de 2 mil 594 millones de pesos; para 2020 la cifra pasó a 7 mil 250 millones de pesos. En 2021, luego de la primera auditoría, el gasto se incrementó a 13 mil 549 millones de pesos. En 2022 el gasto fue de 12 mil 920 millones; y en 2023 se elevó hasta 26 mil 364 millones de pesos.
En suma, de 2019 a 2023 se han ejercido 62 mil 678 millones 949 mil 219 pesos para el programa. Para 2024 se aprobó un presupuesto de 28 mil 358 millones 345 mil pesos. Por lo que, hasta ahora se han asignado más de 91 mil 37 millones de pesos para LEEN.
Vale la pena recordar que en marzo de 2022, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó detener la operación del programa La Escuela es Nuestra. Por considerarlo violatorio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
Esto, luego de que en las reglas de operación del programa para 2022 se eliminara el que los planteles tuvieran horas adicionales de clase y servicios de alimentación —como sí se previó en 2021—, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al extinto programa Escuelas de Tiempo Completo.
De hecho, la entonces secretaria de educación, Delfina Gómez, justificó la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo con un supuesto estudio que demostró sus fallas.
Pero al hacer una solicitud de información y luego de impugnar una primera respuesta insatisfactoria, la Secretaría de Educación Pública confirmó a Animal Político que no tiene tal estudio, mencionado en un encuentro con diputados el 28 de abril.
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La ley aprobada en el Congreso, que será promulgada este viernes por el presidente, incluye cambios radicales en los impuestos, la seguridad social y más.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el extenso proyecto de ley de impuestos y gastos de Donald Trump, lo que representa una victoria significativa y reñida para el presidente y su agenda nacional.
Tras una ardua sesión en el Capitolio, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 218 votos a favor y 214 en contra este jueves por la tarde. El martes, el proyecto fue aprobado en el Senado por un solo voto.
Trump había dado al Congreso, controlado por los republicanos, hasta el 4 de julio para enviarle la versión final del proyecto de ley y así promulgarlo, algo que hará este viernes en una ceremonia especial.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el proyecto de ley podría añadir US$3,3 billones al déficit federal en los próximos 10 años y dejar a millones de personas sin cobertura sanitaria, una previsión que la Casa Blanca cuestiona.
La legislación genera ahorros mediante recortes a las prestaciones publicas para alimentación y sanidad, y la reducción de las exenciones fiscales para proyectos de energía limpia.
Además, cumple dos de las principales promesas de campaña de Trump: hacer permanentes sus recortes de impuestos de 2017 y eliminar los impuestos sobre las propinas, las horas extras y los beneficiarios de la Seguridad Social, con un coste de US$4,5 billones en 10 años.
Se destinarán unos US$150.000 millones a seguridad fronteriza, centros de detención y agentes de inmigración. Otros US$150.000 millones se destinarán a gasto militar, incluyendo el programa de defensa antimisiles “cúpula dorada” del presidente.
Los demócratas, que habían recurrido a maniobras procesales para retrasar la votación en la Cámara de Representantes, criticaron duramente el proyecto de ley final.
Lo describieron como una medida que priva a millones de estadounidenses de la atención médica y los subsidios alimentarios, a la vez que otorgaba recortes de impuestos a los ricos.
A continuación, te presentamos algunos de los puntos clave de la polémica ley.
1. Prórroga de los recortes de impuestos de Trump de 2017
En su primer mandato, Trump firmó la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, que bajó los tributos a corporaciones y personas de la mayoría de los niveles de ingresos.
Trump había promocionado la ley como una norma que estimularía el crecimiento económico, pero expertos argumentan que ha beneficiado más a los estadounidenses adinerados.
Disposiciones clave de esa ley vencerán en diciembre, pero el extenso proyecto de ley presupuestaria votado este jueves hará que esas reducciones de impuestos sean permanentes.
2. Fuertes recortes a los subsidios de salud
Para ayudar a financiar los recortes de impuestos en otras áreas, los republicanos han añadido restricciones y requisitos adicionales a Medicaid, el programa de salud del que dependen millones de estadounidenses con discapacidades y bajos ingresos.
Los cambios a Medicaid, uno de los componentes más importantes del gasto federal, han sido una fuente importante de conflicto.
Uno de los cambios son los nuevos requisitos laborales para adultos sin hijos y sin discapacidades.
Para calificar, a partir de diciembre de 2026 deberán trabajar al menos 80 horas al mes.
Otro cambio propuesto al programa es exigir que la reinscripción a Medicaid pase de ser anual a semestral.
Los inscritos también tendrán que proporcionar verificaciones adicionales de ingresos y residencia.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que casi 12 millones de estadounidenses podrían perder su cobertura médica para finales de la próxima década como resultado de los cambios propuestos.
3. Impuestos a la Seguridad Social
En la campaña electoral, Trump prometió eliminar los impuestos sobre las prestaciones del Seguro Social: pagos por jubilaciones o pensiones para personas con discapacidad.
El proyecto de ley no cumple esa promesa, pero sí aumenta temporalmente la deducción estándar hasta en US$6.000 anuales para algunas personas mayores de 65 años. Esta deducción estaría vigente entre 2025 y 2028.
No podrán beneficiarse las personas mayores con ingresos más bajos que ya no pagan impuestos sobre el Seguro Social, quienes optan por solicitar sus beneficios antes de cumplir los 65 años y quienes superan un umbral de ingresos definido.
4. Recortes a los beneficios en alimentos
También se han incorporado reformas al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), utilizado por más de 40 millones de estadounidenses de bajos ingresos.
El proyecto de ley exige que los estados contribuyan más al programa, que actualmente está financiado en su totalidad por el gobierno federal.
El gobierno seguirá financiando íntegramente las prestaciones para los estados con una tasa de error en los pagos inferior al 6%, pero los estados con tasas de error más altas asumirán entre el 5% y el 15% de los costos del programa.
El cambio entrará en vigor en 2028.
El proyecto de ley también añade requisitos de trabajo para los afiliados al programa SNAP sin discapacidades que no tengan dependientes.
5. Sin impuestos sobre horas extras o propinas
La disposición de “sin impuestos sobre las propinas” del proyecto de ley fue una de las promesas de campaña de Trump.
La versión final del proyecto de ley permitirá a los trabajadores deducirse hasta US$25.000 en propinas y hasta US$12.500 (US$25.000 en el caso de una declaración conjunta) en horas extras, pero estas deducciones son temporales y terminan el 31 de diciembre de 2028.
6. Recortes de impuestos a las energías limpias
Una de las divisiones más notables entre los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado era la propuesta del Senado de exenciones fiscales para energías limpias.
Aunque ambos pedían el fin de los créditos fiscales federales para energías limpias de la era Biden, los republicanos del Senado aprobaron una eliminación gradual.
Por ejemplo, el Senado ha ampliado el plazo para que las empresas que construyen parques eólicos y solares sigan beneficiándose de los créditos fiscales.
Sin embargo, tanto la versión de la Cámara baja como la del Senado buscaron denegar los créditos a empresas cuyas cadenas de suministro puedan tener vínculos con una “entidad extranjera preocupante”, como China.
Las empresas que comiencen la construcción este año podrían calificar para la exención fiscal completa. Esta se reduce al 60% si comienzan la construcción en 2026 y al 20% si comienzan en 2027. El crédito desaparecería en 2028.
¿Qué pasa a partir de ahora?
Ahora que el proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, su siguiente paso es pasar por el despacho del presidente para su promulgación oficial.
La Casa Blanca afirma que el presidente Trump lo firmará en una ceremonia el 4 de julio a las 17:00 hora local (21:00 GMT).
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó a la aprobación del proyecto de ley con un mensaje breve en redes sociales: “¡VICTORIA!”, escribió, junto a una imagen de la bandera estadounidense.
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