Desaparece el INAI, pero no las obligaciones de transparencia; ¿cómo puedes ejercer ahora tu derecho a la información?
Para entender mejor
Con la reforma constitucional y la expedición de sus respectivas leyes secundarias impulsadas por Morena, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejan de operar, y sus funciones pasan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia federal bajo el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma se aprobó el pasado jueves 20 de marzo y con ella se crean nuevas leyes de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se confirma la desaparición del INAI.
Y entonces, ya sin el INAI, ¿qué pasará con las solicitudes, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los recursos de revisión y el derecho a la información? Te explicamos:
¿Qué cambia con la desaparición del INAI?
Hasta ahora, el INAI era el organismo encargado de garantizar la transparencia y vigilar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía. Su función era cuidar que dependencias de gobierno respondieran de forma adecuada las solicitudes de información de la gente por ejemplo sobre el gasto presupuestal, o la ejecución de programas.
Pero a partir de la desaparición del Instituto, estas tareas las deberán asumir distintas instancias.
En el caso del gobierno federal, la Secretaría Anticorrupción tendrá que crear el organismo Transparencia para el Pueblo. Este será el nuevo encargado de vigilar que se cumpla con las obligaciones de transparencia y acceso a la información de las secretarías de Estado, y los órganos descentralizados y desconcentrados del Poder Ejecutivo, como la Comisión Nacional del Agua o el DIF.
Aunque como ya te hemos mencionado, especialistas cuestionan que al ya no contar con un órgano autónomo el gobierno será juez y parte para decidir qué información debe entregarse y cuál no.
En el caso de las Cámaras de Diputados y el Senado, las contralorías internas estarán a cargo de vigilar que cumplan la ley en la materia. Mientras que en el Poder Judicial de la Federación, el órgano de control y disciplina actuará como instancia que garantice la transparencia.
Para los órganos constitucionales autónomos, como el Inegi, el Banco de México o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esa labor la tendrán que cumplir los órganos internos de control de cada institución.
Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo hará con los partidos políticos nacionales; y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cumplirán esta función para el caso de los sindicatos.
Por otro lado, cada entidad federativa tendrá que instalar su propia autoridad estatal similar a Transparencia para el Pueblo, para el Poder Ejecutivo local; mientras que en los poderes legislativo y judicial, así como en los órganos autónomos estatales, los órganos de contraloría interna vigilarán el cumplimiento de las obligaciones de la transparencia.
Al respecto, Gabriel Espinosa, académico de la UNAM, experto en transparencia, advirtió que estas medidas representan una dispersión para el ejercicio del derecho a la información, lo que se puede traducir en una falta de homogeneidad entre las distintas autoridades para su ejercicio.
¿Qué pasará con la PNT?
Desde 2016, la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo del INAI, concentra la información pública que están obligadas a presentar las instituciones y dependencias del gobierno federal, y de las entidades y municipios del país. En ella se encuentran reportes de contratos y gastos en comisiones oficiales, directorios, informes y currículas de sus funcionarios, entre otros datos.
La PNT ha sido el principal medio por el que la ciudadanía ejercía el derecho a la información. Con datos a 2022, el 98.6% de las solicitudes de información se realizaron por esa vía.
En caso de no encontrar la información pública que se busca, cualquier ciudadano podía realizar una solicitud de información a la dependencia o dependencias de su interés para obtenerla, y la Unidad de Transparencia de cada institución estaba obligada a responder.
Si la respuesta no correspondía con la información solicitada, estaba incompleta, se declaraba inexistente o no satisfacía la solicitud original, la persona podía interponer un recurso de revisión a través de la misma PNT, mismo que resolvería el INAI o su equivalente estatal para determinar si se tiene que reformular la respuesta o no.
También se podía denunciar el incumplimiento de las obligaciones de transparencia en caso de que la información no estuviera disponible en la PNT.
Pero con la entrada en vigor de las nuevas leyes de transparencia, el INAI dejará de existir y la administración de la PNT quedará a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La reforma menciona que si bien la PNT seguirá funcionando como hasta ahora, la Secretaría Anticorrupción tendrá un plazo de máximo 15 días hábiles para tomar control de ella.
Además, la Secretaría tendrá que conservar los archivos almacenados hasta la publicación de las nuevas leyes, mismas que establecen que se seguirá alimentando la PNT. Para ello, las instituciones tendrán que actualizar su información al menos cada tres meses.
Ante la creación de nuevas instancias para garantizar la transparencia, la Secretaría tendrá que adaptar la PNT para tramitar los recursos de revisión y dirigirlos a la autoridad de transparencia correspondiente, para, por ejemplo, los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Inegi.
También se mantiene la obligación de las instituciones de usar la PNT para recibir y responder las solicitudes de información, y difundirlas a través de la misma.
¿Qué va a pasar con las solicitudes de información?
La reforma aprobada este jueves contempla a las solicitudes de información como medio para acceder a información pública que no esté disponible en la PNT, o en portales públicos del gobierno y las otras instituciones.
Las solicitudes realizadas antes de la promulgación de la nueva ley y que no hayan sido respondidas tendrán que ser contestadas conforme a lo establecido en las leyes General y Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales vigentes al momento de su realización, por lo que en ellas no aplicarán las nuevas causales para negar información.
Como te contamos, la nueva ley contempla poder negar información sobre materiales o instalaciones nucleares, sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, satelitales, de telecomunicaciones o defensa operados por el gobierno federal.
También prevé reservar información hasta por 10 años en caso de que consideren que la información ponga en riesgo proyectos, planes o servicios estratégicos, prioritarios y de defensa.
Por ejemplo, si antes del 22 de marzo, realizaste una solicitud de información sobre instalaciones nucleares, como la planta de Laguna Verde, a la Comisión Federal de Electricidad, esa dependencia no podrá aplicar la nueva ley y tendrán que entregarte la información.
¿Qué va a pasar con los recursos de revisión?
Los recursos de revisión son mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para inconformarse en caso de que la respuesta a sus solicitudes de información no sea adecuada, esté incompleta o no haya cumplido con lo requerido.
Los recursos de revisión a solicitudes de información a dependencias e instituciones a cargo del Poder Ejecutivo Federal crecieron 72% entre 2018 y 2024, al pasar de 9 mil 448 a 16 mil 255, según estadísticas del INAI.
Este crecimiento, que se observó desde el inicio del sexenio del expresidente López Obrador, estuvo relacionado con la curva de aprendizaje de los funcionarios, según refirieron en su momento algunos comisionados del Instituto, aunque luego también se criticó una actitud del gobierno en contra de la transparencia, para por ejemplo guardar datos en torno a megaproyectos a cargo del Ejército.
Al INAI le correspondía resolver los recursos de revisión de todas las instancias federales e incluso podía atraer recursos relevantes de las entidades.
Pero ahora, con la reforma aprobada en San Lázaro, los recursos de revisión relacionados con información de instituciones del Poder Ejecutivo Federal los tramitará Transparencia para el Pueblo.
Mientras que los recursos relacionados con solicitudes de información a los poderes Legislativo y Judicial, sindicatos, partidos políticos o los órganos autónomos, los tendrá que resolver la autoridad de transparencia correspondiente.
En el caso de los recursos de revisión y otros medios de impugnación pendientes de resolverse, promovidos ante el Poder Judicial de la Federación, la Cámara de Diputados y el Senado, los sindicatos, los partidos políticos y los órganos autónomos, quedarán en pausa durante 90 días.
Ello debido a que esas instituciones tendrán que crear nuevas instancias para vigilar el cumplimiento del derecho de acceso a la información.
La nueva ley establece la creación de un recurso de revisión en materia de seguridad nacional. Este mecanismo permite que la Consejería Jurídica de la Presidencia pueda solicitar a la Corte revocar una decisión de Transparencia del Pueblo sobre un recurso de revisión cuando considere que pone en peligro la seguridad nacional, con lo que se puede obstruir la entrega de información pública.
La reforma también establece la creación de juzgados y tribunales especializados en transparencia y protección de datos personales para que, en caso de no estar de acuerdo con la resolución de un recurso de revisión, se pueda presentar un juicio de amparo. Estos juzgados y tribunales se tendrán que crear en los 120 días siguientes a la aprobación de la ley.
A la par, se tendrán que suspender por 180 días después de aprobada la ley los juicios de amparo relacionados con acceso a la información y protección de datos vigentes en juzgados de distrito y tribunales de circuito.
Mientras que si no estás de acuerdo con una respuesta a un recurso de revisión por parte de un órgano de transparencia estatal, podrás presentar un recurso de inconformidad ante Transparencia para el Pueblo. Pero esto sólo será posible en caso de que en dicha solicitud se involucre información sobre el gasto de recursos federales.
Relacionado
Una investigación de la BBC que siguó el trayecto que realizaron dos cajas de armas revela una cadena de leyes laxas, controles ausentes y sospechas de corrupción.
Los fusiles de asalto y las pistolas llegaron a Haití escondidos en dos cajas de cartón, entre paquetes de comida y ropa, en un carguero repleto de contenedores de color rojo óxido.
Provenían de Estados Unidos, país que un experto describe como un “supermercado” que alimenta una carrera armamentista entre bandas que ha sembrado el caos en la nación caribeña.
Una investigación del Servicio Mundial de la BBC y BBC Verify rastreó el recorrido de las dos cajas, mostrando cómo las armas procedentes de EE.UU. llegan a Haití.
Revela una cadena de leyes laxas, ausencia de controles y presunta corrupción utilizada por los traficantes para eludir un embargo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La confiscación
La policía haitiana anunció en abril de 2024 la incautación de las dos cajas. Contenían 12 fusiles de asalto, 14 pistolas y 999 cartuchos de munición.
Una foto policial muestra claramente armas de dos fabricantes estadounidenses diferentes.
El cargamento había recorrido casi 1.200 km, desde Fort Lauderdale, en Florida, hasta Cabo Haitiano, en el norte de Haití, a bordo del carguero Rainer D.
El contenedor se llenó en un patio de almacenamiento en Fort Lauderdale, según un Panel de Expertos de la ONU encargado de supervisar las sanciones impuestas a Haití, que investigó el envío.
Los haitianos en EE.UU. envían con frecuencia alimentos y otros artículos esenciales al país.
Un hombre llamado Anestin Predestin dijo al Miami Herald que, a finales de febrero de 2024, alquilaba espacio en el contenedor.
Declaró al periódico que un hombre que se identificó como “Diamortino” metió dos cajas diciendo que contenían “ropa”, y que se sorprendió al descubrir más tarde que contenían armas.
Los intentos de la BBC por contactar con Predestin fueron infructuosos.
No está claro dónde se compraron las armas. Las mismas no se fabrican en Haití y en incautaciones anteriores se han hallado armas compradas en Florida.
A veces apodado el “estado de la venta de armas”, Florida fue uno de los aproximadamente 30 estados donde, hasta 2024, los vendedores privados sin licencia podían vender armas de fuego, por ejemplo, en ferias de armas y en línea, sin realizar verificaciones de antecedentes.
Como presidente, Joe Biden endureció estas normas a nivel nacional.
El panel de la ONU afirma que dos hermanos haitianos residentes en EE.UU. habían utilizado “compradores testaferros” (personas que compraban en su nombre) para adquirir las armas del cargamento incautado.
Los expertos afirman que este es un método común, a menudo con armas transportadas en múltiples cargamentos de pequeñas cantidades, un proceso denominado “tráfico hormiga”.
El envío
El contenedor fue enviado por la compañía naviera Alliance International Shipping, con sede en Florida, según la policía haitiana.
Alliance International Shipping no posee buques que viajan a Haití, sino que compra espacio en los barcos y lo vende a clientes como Predestin.
El presidente de la compañía, Gregory Moraille, declaró a la BBC que proporciona contenedores vacíos a los clientes, pero no interactúa físicamente con la carga.
“Desafortunadamente, no tenemos medios viables para prevenir los envíos ilícitos”, declaró, y añadió que la empresa coopera con las autoridades y cuenta con muchos empleados originarios de Haití.
“Trágicamente, muchas de nuestras propias familias han sido víctimas de la violencia armada en Haití”, añadió.
Saliendo de EE.UU.
La BBC contactó con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. para averiguar si el envío podría haber sido inspeccionado al salir de ese país, pero no recibió respuesta.
El panel de la ONU declaró en septiembre pasado que los chequeos en EE.UU. habían aumentado, pero que “la gran mayoría de los 200 contenedores que se dirigen semanalmente del sur de Florida a Haití no son inspeccionados”.
Bill Kullman, exfuncionario de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés), declaró a la BBC que las inspecciones de la carga saliente son “muy aleatorias” y que el volumen de envíos es “increíble”.
Llegada a Haití
La policía haitiana afirma haber descubierto las armas durante una “revisión selectiva” del contenedor.
Según el panel de la ONU, un alto funcionario de aduanas haitiano había introducido una de las cajas con armas en su vehículo y fue arrestado y despedido pocos días después.
La policía indicó que buscaba a un hombre llamado Wilmane Jean, quien figura en los datos aduaneros como el destinatario del envío, es decir, la persona responsable de recibirlo.
La BBC, a través de fuentes en Haití, entiende que es un agente de aduanas, está prófugo y es sospechoso de estar vinculado con actividades de pandillas en el norte del país.
Un informe anterior de la ONU señala que las operaciones aduaneras haitianas adolecen de falta de capacidad, corrupción entre altos funcionarios y amenazas y ataques de pandillas.
Los intentos de la BBC por contactar con las autoridades aduaneras haitianas para obtener comentarios fueron infructuosos.
El poder de las pandillas
Aproximadamente al mismo tiempo que las armas eran empacadas en el contenedor, una ola de violencia pandillera azotaba la capital haitiana, Puerto Príncipe.
Las pandillas liberaron a miles de reclusos de la prisión principal y bloquearon los puertos y el aeropuerto de la capital.
En marzo de 2024, el entonces primer ministro Ariel Henry, incapaz de regresar de un viaje al extranjero, acordó dimitir.
Un récord de 5.601 personas murieron a causa de la violencia pandillera en Haití en 2024, según la ONU. Sus agencias afirman que casi una décima parte de la población —más de un millón de personas— ha huido de sus hogares y la mitad de la población se enfrenta a una hambruna extrema. Los secuestros y la extorsión son moneda corriente.
Wilson, un trabajador de mantenimiento de Puerto Príncipe, recibió un disparo en la pierna mientras intentaba huir de las pandillas que se disputaban el territorio en su barrio.
“Era un caos, todos huían de sus casas”, declaró a la BBC. “Mi pierna dejó de funcionar. Cuando miré hacia abajo, la sangre manaba a borbotones”.
Ahora vive junto a cientos de personas en una escuela que se utiliza como refugio.
Los expertos afirman que las autoridades no tienen la capacidad de recuperar el control, a pesar del apoyo de una fuerza de seguridad internacional que incluye al menos 800 policías kenianos.
Las pandillas han ganado territorio en los últimos seis meses y ahora controlan al menos el 85% de la capital, afirma Romain le Cour, experto en Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una ONG con sede en Ginebra.
Los pandilleros posan frecuentemente en redes sociales con armas de alto calibre.
Los expertos declararon a la BBC que algunas de las armas exhibidas fueron definitivamente fabricadas en EE.UU., y es probable que otras también sean de allí.
Sin embargo, “siguen llegando armas y municiones”, afirma Le Cour, lo que constituye “una importante causa de violencia e inestabilidad”.
Cientos de envíos
Para investigar la posible magnitud del tráfico desde EE.UU. utilizando rutas de envío similares, la BBC analizó datos aduaneros que nos compartió la plataforma de datos de envío CargoFax.
Recopilamos una lista de personas que actualmente se encuentran bajo sanciones por presuntas conexiones con pandillas en Haití, y otras que han sido arrestadas en Haití o EE.UU. acusadas de ser presuntos traficantes de armas.
Verificamos estos nombres con miles de registros de envíos desde EE.UU. a Haití durante cuatro años.
En total, 26 personas de la lista fueron nombradas como consignatarias de 286 envíos, que tuvieron lugar antes de que las personas fueran sancionadas o arrestadas. No está claro si estos envíos contenían armas.
Prophane Victor, exmiembro del parlamento haitiano, figuraba 24 veces como consignatario y posteriormente sancionado por la ONU y EE.UU. por armar a pandillas y traficar armas. Fue arrestado en Haití en enero.
¿Se puede detener a los traficantes?
“Ante todo, las autoridades estadounidenses no están haciendo lo suficiente”, afirma el Le Cour.
Kullman, exfuncionario estadounidense de la ATF, dice que los comerciantes de armas no tienen la obligación legal de denunciar a compradores sospechosos.
Los cambios en las leyes de armas estadounidenses son “muy difíciles de lograr políticamente”, señala, pero le gustaría ver un código de conducta voluntario para los vendedores de armas de fuego que abarque cuestiones como las ventas a compradores sospechosos y el intercambio de información.
Además, el registro de armas, similar al de los automóviles, está vigente en algunos estados y podría ser “muy útil” si se adoptara de forma más generalizada, añade Kullman.
Jonathan Lowy, presidente de Acción Global contra la Violencia con Armas, afirma que los fabricantes de armas son informados cuando se investigan armas de contrabando y saben qué comerciantes venden armas a los traficantes.
“Si los fabricantes eliminaran a estos comerciantes, se detendría de inmediato la mayoría de las rutas de tráfico desde Estados Unidos”.
La BBC contactó con la ATF y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para obtener comentarios, pero no recibió respuesta.
Le Cour afirma que el escrutinio internacional del problema ha aumentado, pero no hay un impacto visible: “Sabemos que tenemos el diagnóstico, sabemos cuáles son los síntomas, pero no estamos haciendo nada para curarlo realmente”.
Información adicional de Thomas Spencer, BBC Verify.
Gráficos de Daniel Arce-López, Jake Friend, Kate Gaynor, Gerry Fletcher y Caroline Souza.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- “Los grupos armados en Haití están infligiendo horrores inimaginables en los niños”
- Puerto Príncipe, la ciudad fantasma donde gran parte de sus habitantes han tenido que abandonar sus casas por la violencia
- La multimillonaria indemnización que Haití le pagó a Francia por convertirse en el primer país de América Latina en independizarse
