Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando considere que un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) violó derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados interamericanos. A su vez, de acuerdo con la hoja informativa para presentar una petición, la queja puede presentarla directamente la persona afectada o ser representado por un tercero. 

La Comisión Interamericana, con sede en Washington, funciona como la puerta de entrada al sistema. Su utilidad principal es permitir que personas y colectivos que no encontraron justicia en su país puedan denunciar al Estado a nivel internacional.

Si la petición es aceptada, se analizan las posibles soluciones y, si no hay acuerdos, se emiten una serie de recomendaciones al Estado. Y aunque estas recomendaciones no son obligatorias jurídicamente, sí tienen peso político, ya que el incumplimiento queda documentado a nivel internacional y puede derivar en que el caso sea enviado a la Corte IDH, que en un juicio internacional más formal decide si el Estado es responsable y qué medidas debe tomar.

Es importante aclarar que la CIDH no funciona para reabrir juicios solo porque una persona no está conforme con una sentencia, tampoco revisa disputas entre particulares sin participación del Estado y no funciona como una cuarta instancia judicial. Su análisis se centra exclusivamente en violaciones a derechos humanos y en la responsabilidad del Estado.

¿Cómo funciona la Corte IDH?

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no reemplaza a los tribunales judiciales de ningún país, pero sí funciona como una vía internacional para visibilizar abusos e impunidad ejercida por los Estados. Además, está dividido en dos principales órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que a su vez pertenecen a la Organización de los Estados Americanos (OEA), integrada por 35 países del continente. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, es uno de los tres tribunales regionales para la protección de los derechos humanos, junto con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.  

Analiza violaciones graves y estructurales de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violaciones al debido proceso, discriminación o falta de acceso a la justicia.

Si un gobierno no cumple una sentencia, el incumplimiento queda registrado y se convierte en un problema diplomático. La Corte mantiene la supervisión del caso y el Estado enfrenta presión internacional constante. Aunque el tribunal no tiene fuerza coercitiva directa, sus resoluciones tienen un peso jurídico y simbólico que ha obligado a países como México a cambiar leyes, reconocer abusos y modificar políticas públicas.

En conjunto, la Comisión y la Corte Interamericana funcionan como una última vía para quienes no encontraron justicia en su país. No garantizan soluciones rápidas, pero han sido clave para que violaciones graves no queden en el olvido y para recordar a los Estados que la protección de los derechos humanos no es opcional, sino una obligación internacional. Las víctimas no pueden acudir directamente a la Corte, el caso debe llegar a través de la Comisión.

Casos presentados en la CIDH contra el Estado mexicano 

De acuerdo con el portal del órgano defensor de derechos humanos, desde finales de los años 1990 y principios de 2000, varias peticiones fueron presentadas ante la CIDH por violaciones graves en México. Entre las más conocidas se encuentra: 

• El caso de Rosendo Radilla Pacheco: este caso se inició como Petición 777/01 presentada a la CIDH. Rosendo Radilla fue detenido por militares en Guerrero en 1974 y, desde entonces, se desconoce su paradero. La CIDH declaró admisible la petición y encontró que el Estado violó derechos como la integridad, la libertad y  la protección judicial. Por ello, fue remitido a la Corte IDH y esta determinó una serie de medidas de reparación, entre las cuales se encuentra continuar con la investigación de Radilla Pacheco, sancionar a los responsables, implementar programas de capacitación para funcionarios sobre desaparición forzada y derechos humanos. Sin embargo, 51 años después el Estado sigue sin cumplir con todas las medidas.

•  Campo algodonero: también es conocido como el caso González y otras, donde tres mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, desaparecieron entre septiembre y octubre de 2001, y posteriormente fueron encontradas sin vida el 6 de noviembre del mismo año. El caso fue llevado a la Comisión luego de que las autoridades del estado se limitaran únicamente a elaborar registros de desaparición y la toma de declaraciones.  Ante la falta de justicia, el caso fue presentado ante la CIDH en 2002. Esta Comisión documentó no solo las omisiones en estos tres casos, sino un patrón estructural de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Tras constatar que el Estado no cumplió con sus recomendaciones, la CIDH llevó el caso a la Corte IDH en 2007.En 2009 la Corte condenó a México y reconoció por primera vez en su jurisprudencia la responsabilidad internacional de un Estado por no prevenir feminicidios y ordenó reparaciones a las familias y la reapertura de investigaciones.

• Valentina Rosendo Cantú: el 16 de febrero de 2002, en una comunidad indígena del municipio de Acatepec, Guerrero, Valentina Rosendo Cantú fue interceptada por militares mientras se encontraba en un arroyo. Según su testimonio, fue agredida sexualmente y torturada. Al denunciar los hechos, enfrentó barreras lingüísticas, discriminación y la negativa de las autoridades a investigar de forma adecuada. El caso fue enviado al fuero militar, lo que impidió que avanzara. Tras años sin resultados, en 2004 el caso fue presentado ante la CIDH. La Comisión concluyó que México había violado los derechos de Valentina y, ante el incumplimiento de sus recomendaciones, remitió el caso a la Corte IDH en 2009. En 2010, la Corte condenó al Estado mexicano, ordenó investigar los hechos en la jurisdicción civil, sancionar a los responsables y otorgar reparaciones integrales. Además, estableció medidas de no repetición, como capacitación a las fuerzas armadas y acciones específicas para proteger a mujeres indígenas frente a la violencia.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México no forma parte del Sistema Interamericano, su participación es relevante, ya que discute o establece criterios para adaptar la jurisprudencia nacional a las obligaciones internacionales. Por ejemplo, tras el caso Rosendo Radilla y otras polémicas relacionadas con fuero militar, la SCJN adoptó criterios para que casos de violaciones graves cometidas por militares sean juzgados en tribunales civiles, alineándose con estándares interamericanos. 

Los casos de México ante la CIDH y la Corte IDH han servido para poner en relieve fallas estructurales en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, para establecer parámetros internacionales obligatorios y para presionar al Estado mexicano a cumplir con estándares constitucionales e internacionales. 

El camino comienza con una petición ante la Comisión, y si el Estado no cumple, puede llegar a la Corte Interamericana, cuyos fallos son vinculantes. A pesar de eso, el cumplimiento sigue siendo un reto en muchos casos, y la participación de la SCJN y otros órganos nacionales es clave para que las sentencias sean atendidas.