Luego de dos meses de comunicación entre Artículo 19 y el INAI, y un llamado público emitido por organizaciones de la sociedad civil, colectivos, periodistas y defensores de derechos humanos para garantizar el respaldo ciudadano de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las organizaciones reclaman que los “han hecho a un lado” y durante este tiempo solo hubo “pretextos” para no concretar el respaldo de la información.
Además, cuestionan que el INAI esté ya en el proceso de entrega de la información a la Secretaría Anticorrupción, a cargo de Raquel Buenrostro, sin que exista una ley, en este momento que lo permita, ni que hayan informado los parámetros legales de ello.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, aseguró que hay muchas dudas de este proceso. “Se tiene que hacer público ese protocolo. Además, no sabemos por qué le van a dar toda la plataforma al Poder Ejecutivo Federal si todavía no está la Ley Secundaria. ¿Por qué se asume que el Poder Ejecutivo Federal va a tener la información de 7 mil 500 sujetos obligados? ¿Dónde está esa competencia? Hay muchos vacíos legales y técnicos que se tienen que transparentar”.
En tanto, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, responsable de la Plataforma Nacional de Transparencia, dijo que les entregará la información si lo solicitan vía transparencia.
“Vamos a hacer unas cintas magnéticas con el respaldo de la información, y las organizaciones tienen el derecho de petición, además el Artículo 6to constitucional sigue, y como organizaciones civiles pueden pedir una copia de las cintas magnéticas en una solicitud de información”, dijo Del Río en entrevista con Animal Político.
Sin embargo, desde noviembre pasado, Artículo 19 se acercó con la comisionada Norma Julieta del Río, responsable de la Plataforma, y el resto de comisionados del INAI para establecer un procedimiento de resguardo de los más de 15 mil millones de archivos públicos y asegurar que siga siendo accesible para los ciudadanos.
La comunicación continuó en los meses siguientes, pero no hubo concreción de un acuerdo formal para que Artículo 19 estuviera a cargo de un repositorio de la información. En cambio, el proceso de traspaso de información de la PNT está desarrollándose entre el INAI y la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, sin que exista una ley que así lo establezca, toda vez que no han reformado las legislaciones en materia de Transparencia que norme este traspaso de información.
En noviembre, las organizaciones sociales y el INAI habían acordado establecer el camino jurídico y técnico para descargar la información pública y publicada del Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), con al menos 16 teras de información para hacer un respaldo ciudadano junto con organizaciones sociales, academia y periodistas, explicó Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, en entrevista con Animal Político.
“Nos desconcierta que después de dos meses de trabajo no hayamos podido llegar a nada, pero ojalá ahora sí se cumplan con los compromisos asumidos desde el 23 de noviembre cuando nos reunimos con la comisionada Norma Julieta, con el presidente Adrián Alcalá y Blanca Lilia Ibarra, y el equipo de tecnologías, porque han puesto muchos pretextos para que no logremos avanzar en el respaldo ciudadano de la Plataforma. Estábamos sobre la mesa con la mejor disposición y básicamente nos han hecho a un lado.”
Este jueves, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas publicaron un comunicado para llamar al INAI a que garantice el resguardo, acceso público y la transferencia de los datos y la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia.
“La desaparición del INAI ha generado una grave incertidumbre sobre el futuro de la PNT, ya que la falta de claridad sobre su resguardo y transferencia plantea una profunda preocupación”, advierte la publicación.
Por ello, “urgimos que establezca un mecanismo de acceso y descarga de la información contenida en la PNT mientras la nueva institución encargada asuma las funciones, asegurando así la continuidad en el acceso a esta herramienta esencial”.
Norma Julieta del Río afirmó que durante las reuniones con las organizaciones sociales hicieron pruebas para la descarga de la información, pero “afecta la base de datos de la Plataforma”.
“Cuando tuvimos la reunión con la secretaria, le comenté del interés y la preocupación de las organizaciones civiles y ella dijo que la Plataforma iba a continuar y que incluso proponía hacer una validación criptográfica, que en términos llanos es como ‘poner una huella digital única’ de las cintas magnéticas de información, de tal manera que nadie pueda alterar la información que se entregue en la transición”.
Del Río ofreció retomar las reuniones con las organizaciones sociales y buscar una reunión con la secretaria Buenrostro.
En el comunicado de las organizaciones sociales, también hicieron un llamado a “dialogar con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien será la encargada de la transparencia desde el poder Ejecutivo, para colaborar en la preservación de la PNT y garantizar que siga siendo una herramienta accesible, eficiente y orientada a fortalecer la democracia en el país”.
Animal Político preguntó a la Secretaría Anticorrupción cuál sería su respuesta ante este llamado, pero no hubo respuesta.
Artículo 19 propuso ser el responsable del resguardo de la información, toda vez que tiene una experiencia previa con el “Proyecto Archivos de la Represión”, una plataforma que contiene las fichas de la Dirección General de Seguridad relativas al espionaje durante la Guerra Sucia, pues se trata de información de interés público.
Bajo esa misma premisa es que Artículo 19 quería replicar el ejercicio con la PNT, para que los ciudadanos no pierdan su derecho a la información si es que la Plataforma dejara de funcionar, tras la extinción del INAI.
Desde mayo de 2016, la PNT ha sido una herramienta mediante la cual cualquier ciudadano puede ejercer su derecho de acceso a la información, toda vez que puede consultar datos personales, y todo lo referente al actuar de gobiernos estatales, municipales y Federal, además de partidos políticos, fideicomisos o sindicatos y de cualquier ente que reciba recursos públicos.
Hasta el momento suma más de 14 mil millones de archivos, lo que equivale a 40 veces lo contenido en el Archivo General de la Nación. La PNT es resultado del cumplimiento durante más de diez años de obligaciones por parte de más de 7 mil sujetos obligados en todo el país y está estructurada en cuatro rubros diseñados para garantizar el ejercicio del derecho a saber. Se trata de lo siguiente:
“La relevancia de estos sistemas radica en su capacidad para garantizar que actualmente la información pública sea accesible, lo cual promueve una cultura de transparencia y apertura gubernamental que fortalece a la democracia y permite la protección de otros derechos humanos”, advierte el comunicado de Artículo 19.